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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00210-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00210-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 28 de abril de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda dentro del proceso de la referencia. SEGUNDO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Caquetá. 6 Radicación: 18001 23 33 000 2019 00210 01 (3379-2022) Demandante: Fabio Leiva Quino TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2019-00210-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 18001 23 33 000 2019 00210 01 (3379-2022)
Demandante: Fabio Leiva Quino
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación docente bajo la
modalidad de Educación Misional Contratada. Vinculación docente
de carácter nacional

Decisión: Se confirma sentencia de primera instancia porque el demandante
no probó vinculación docente del nivel territorial o nacionalizada
antes del 31 de diciembre de 1980

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia del 28 de abril de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El demandante presentó el medio de control de la referencia con el objetivo de que
se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones RDP
35872 del 18 de septiembre de 2017 y 42760 del 15 de noviembre del mismo año,
mediante las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia.

2. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la parte demandada
a reconocer y pagarle dicha prestación periódica equivalente al 75 % del promedio de los
salarios y factores salariales devengados durante el año de servicio anterior a la
adquisición del estatus pensional, ocurrida el 12 de diciembre de 2006. Esta suma deberá
ser debidamente indexada conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor
y liquidada con los intereses moratorios correspondientes.

1
En adelante UGPP.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 18001 23 33 000 2019 00210 01 (3379-2022)
Demandante: Fabio Leiva Quino

3. Adicionalmente, requirió que se ordene a la entidad demandada el cumplimiento
de la sentencia en los términos establecidos en los artículos 192 y 195 del CPACA, así
como la condena en costas procesales.

4. Como sustento de sus pretensiones, relató que el 12 de diciembre de 2006 cumplió
50 años de edad y, en consecuencia, adquirió el estatus necesario para acceder a la
pensión gracia. Asimismo, indicó que desde el 19 de marzo de 1978 se vinculó como
docente y cuenta con más de 20 años de servicios.

5. Manifestó que el 1° de junio de 2017 solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento de la pensión gracia, la cual le fue negada mediante los actos
administrativos impugnados. Sin embargo, añadió que mediante la Resolución 044 del
15 de marzo de 1978 fue nombrado por el Vicariato Apostólico de Florencia y el Ministerio
de Educación, resaltando que en esa época este tipo de designaciones docentes tenían
carácter nacionalizado ya que eran financiadas con recursos del Situado Fiscal.

Contestación de la demanda2

6. El ente demandado se opuso a las pretensiones al considerar que los actos
administrativos acusados se ajustan a derecho y a la normativa que regula la pensión
gracia.

7. Expuso que el demandante no ostentó vinculación como docente oficial de
carácter territorial y/o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 e indicó que el
certificado de información laboral del 7 de febrero de 2017 de la Secretaría de Educación
del Caquetá informa que su vinculación desde el 1° de marzo de 1978 hasta el 6 de marzo
de 1983 fue de carácter nacional.

8. Propuso como excepciones de fondo las que tituló como «inexistencia de la
obligación demandada», «ausencia de vicios en el acto administrativo demandado»,
«prescripción» y la genérica o innominada.

Sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo del Caquetá dictó sentencia el 28 de abril de 2021, en la
cual determinó que el actor no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

10. La decisión se basó en que la vinculación al servicio docente del actor, anterior al
31 de diciembre de 1980, fue de naturaleza nacional y no nacionalizada o territorial. Se
destacó que, en esa época, el demandante fue nombrado como docente mediante la
Resolución 044 de 1978 expedida por el Ministerio de Educación bajo el régimen
nacional, circunstancia que conforme al artículo 15 de la Ley 91 de 1989 lo excluye del
beneficio de la pensión gracia.

11. En consecuencia, el tribunal negó las pretensiones y le impuso al actor el pago de
las costas y agencias en derecho, fijadas en un 3% del valor de las súplicas de la
demanda.

2
Folios 133 al 138.
2

Radicación: 18001 23 33 000 2019 00210 01 (3379-2022)
Demandante: Fabio Leiva Quino

Recurso de apelación

12. La parte demandante interpuso recurso de apelación señalando que el certificado
de historia laboral expedido por la gobernación del Caquetá indica que el nombramiento
como docente de primaria realizado mediante la Resolución 044 del 15 de marzo de 1978
correspondió al nivel nacional; sin embargo, el juez de primera instancia no consideró
que existe otra certificación emitida por la misma entidad territorial, la cual acredita que
sus salarios fueron pagados con recursos provenientes del Situado Fiscal.

13. Según el recurrente —citando la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de
junio de 2018 emanada de la Sala Plena de esta Sección— esto significa que dichos
periodos de servicio son computables para efectos de la pensión gracia por cuanto
evidencian que ejerció funciones como docente territorial.

14. Bajo tales argumentos, sostuvo que se cumplen todos los requisitos exigidos por
la ley para acceder a la pensión gracia dando lugar a la revocatoria de la sentencia de
primera instancia.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

15. Mediante auto del 3 de noviembre de 2022 se admitió el recurso de apelación y se
le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para
pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta antes de
que el expediente ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.

16. La entidad demandada solicitó confirmar la sentencia debido a que las pruebas
demuestran que el demandante no cumple los requisitos para la pensión gracia. El tiempo
laborado como docente entre el 1° de marzo de 1978 y el 6 de marzo de 1983
corresponde a una vinculación de carácter nacional, lo que impide el reconocimiento de
dicha prestación según las Leyes 91 de 1989 y 114 de 1913.

17. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

18. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

19. En atención a los reparos concretos expuestos en el recurso de apelación, la
Subsección analizará si el vínculo docente del demandante, derivado del nombramiento
realizado mediante la Resolución 044 del 15 de marzo de 1978, corresponde al orden
nacional, territorial o nacionalizado.

3

Radicación: 18001 23 33 000 2019 00210 01 (3379-2022)
Demandante: Fabio Leiva Quino

20. Este análisis tiene como finalidad determinar si se cumplió con el requisito de la
vinculación como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980,
condición necesaria para acceder a la pensión gracia. En caso de establecerse que el
demandante se desempeñó como docente nacional, ello llevaría a la confirmación de la
sentencia apelada ya que el aludido beneficio no está destinado a esa categoría de
maestros oficiales.

Análisis del problema jurídico

21. En el expediente consta la Resolución 044 del del 15 de marzo de 1978, por medio
de la cual el coordinador ordinario para la Educación Nacional Contractual en el
Vicariato Apostólico de Florencia (Caquetá), adscrito al Ministerio de Educación Nacional,
nombró al demandante como profesor de la escuela Indígena Cusumbe y se ordenó
remitir copia de ese acto administrativo al Ministerio de Educación. El actor se posesionó
en el empleo el 20 de marzo de 1978 ante el representante de dicha cartera ministerial3.

22. Asimismo, se observa copia del Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral expedido el 7 de febrero de 2017 por la Secretaría de Educación
Departamental del Caquetá, en el que se detalla que el demandante fue nombrado
docente de primaria en la escuela Indígena Cuzumbe de Solano (Caquetá) mediante la
Resolución 044 del 15 de marzo de 1978, desempeñándose desde el 1° de marzo de
1978 hasta el 6 de marzo de 1983.

23. Según certificado expedido el 26 de junio de 2019 por la coordinadora de nómina
de la gobernación del Caquetá, el actor laboró como docente grado 14 en el escalafón
nacional docente, dependiente de la Secretaría de Educación Departamental, en el
periodo comprendido desde el 1° de marzo de 1978 hasta el 2001, subrayando que sus
salarios fueron cancelados con recursos del Situado Fiscal, girados por el Ministerio de
Educación. A partir del 21 de diciembre de 2001, los recursos provinieron del Sistema
General de Participaciones – Educación.

24. Del análisis de los documentos previamente reseñados, se concluye que la
vinculación iniciada mediante la Resolución 044 del 15 de marzo de 1978 posee un
carácter nacional, debido a que dicha vinculación se originó a partir de actividades
docentes desarrolladas dentro del programa de Educación Misional Contratada, así
como en el hecho de que el nombramiento fue realizado por el Ministerio de Educación
Nacional, a través del Vicariato Apostólico de Florencia.

25. Esta interpretación ha sido reiteradamente sostenida por esta Subsección en
diversas oportunidades4, fundamentándose en la Ley 39 de 19035, la cual estableció la
Educación Misional Contratada como resultado del convenio celebrado entre el Estado y
el Episcopado colombiano. El objetivo de dicho acuerdo era permitir que las actividades

3
4
Al respecto, ver: i) sentencia del 4 de mayo de 2023, rad. 52001233300020160004901 (2859-2018),
C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 30 de noviembre de 2023, rad. 76001 23 33 000 2015
01484 01 (3342-2018); ii) sentencia del 8 de agosto de 2024, rad. 19001-23-33-000-2020-00019-01
(0511-2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; iii) sentencia del 27 de marzo de 2025, rad. 50001-23-33-
000-2018-00336-01 (5945-2024), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
5
«Sobre instrucción pública»
4

Radicación: 18001 23 33 000 2019 00210 01 (3379-2022)
Demandante: Fabio Leiva Quino

misionales y educativas de las comunidades religiosas llegaran a las zonas más
apartadas del país, donde no existían docentes ni infraestructura adecuada 6.

26. Así pues, la jurisprudencia de esta Corporación ha consolidado el criterio de que
los docentes vinculados a través de esta modalidad mantienen un vínculo de carácter
nacional habida cuenta que los salarios y las prestaciones sociales del personal directivo,
docente y administrativo, en virtud de los convenios suscritos entre el Gobierno Nacional
y la Iglesia Católica, son responsabilidad de la Nación7.

27. En lo que respecta a la pensión gracia, se ha sostenido jurisprudencialmente8 que
no es procedente considerar que el servicio prestado por los docentes en instituciones
administradas bajo la modalidad de Educación Misional Contratada posea el carácter de
territorial, teniendo en cuenta el origen de la relación legal y reglamentaria y en la finalidad
que persigue tanto la Nación como la Iglesia.

28. Ahora bien, el recurrente sostiene que el vínculo laboral en cuestión posee un
carácter territorial, argumentando que fue financiado mediante recursos provenientes del
Situado Fiscal. No obstante, este planteamiento carece de la solidez necesaria para
desvirtuar el análisis previamente realizado por la Sala.

29. De acuerdo con lo señalado en la sentencia de unificación jurisprudencial emitida
por esta Sección el 21 de junio de 20189, si bien los recursos del Situado Fiscal estaban
destinados a sufragar los servicios educativos de las entidades territoriales, en el caso
concreto la plaza objeto de estudio es de naturaleza nacional, conforme lo establece
expresamente el acto administrativo de nombramiento y la propia naturaleza del régimen
especial de la Educación Misional Contratada. Incluso, la aludida Resolución dispuso que
el acto fuera remitido al Ministerio de Educación Nacional, entidad ante la cual el actor
tomó posesión del empleo.

30. Por consiguiente, la Sala no tomará en consideración el periodo comprendido entre
el 1° de marzo de 1978 hasta el 6 de marzo de 1983 para cumplir con el requisito de
vinculación territorial y/o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, dado que fue
de carácter nacional. A propósito, de acuerdo con las normas jurisprudenciales
establecidas en la sentencia de unificación S-699 del 26 de agosto de 1997 de esta
Corporación10, los docentes nacionales no son beneficiarios de la pensión gracia.

31. En conclusión, el demandante no logró estructurar su derecho a la pensión gracia
debido a que no cumplió con el requisito de la vinculación docente de carácter territorial

6
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Contratacion-del-
servicio-educativo/Historia-del-Programa/358040:LA-HISTORIA-DE-LA-MATRICULA-CONTRATADA
7
Para mayor referencia sobre esta regla jurisprudencial, pueden consultarse, entre otras, las siguientes
sentencias de esta Sección: i) sentencia del 31 de julio de 2025, radicado 76001 23 33 000 2015 00084
01 (4098-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; ii) sentencia del 24 de julio de 2025, radicado 76001
23 33 000 2021 00192 01 (5930-2024), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
8
Ver, entre otras, sentencias del 21 de julio de 2011 (Actor: Andrés Avelino López Quintero. N. interno:
2442-10. M.P.: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero) y del 24 de febrero de 2011 (Actor: Jorge Ayerbe
Salinas. No. interno: 1605-10. M.P.: Dra. Bertha Lucia Ramírez De Páez.).
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Actora: Gladys Amanda Hernández Triana.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
5

Radicación: 18001 23 33 000 2019 00210 01 (3379-2022)
Demandante: Fabio Leiva Quino

y/o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, tal como lo exige el numeral 2 del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Por lo tanto, se confirmará la sentencia de primer grado,
en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

32. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

33. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

34. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

35. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo del Caquetá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 28 de abril de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y
las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Caquetá.

6

Radicación: 18001 23 33 000 2019 00210 01 (3379-2022)
Demandante: Fabio Leiva Quino

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

7

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