Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00049-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00049-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2016-00049-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
4 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2 023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 52001233300020160004901 (2859-2018)
Demandante: Luis Humberto Villota Ortega
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social 1.
Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso d e apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño el 21 de marzo de 201 8,
que negó las súplicas de la demanda .
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 2
1.1. Pretensiones
El señor Luis Humberto Villota Ortega , por intermedio de apoderado
en ejercicio del me dio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, requirió
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 010847 del 19 de
1 En a d el a nt e UG P P
2 Fo l i os 1 a 1 3.
3 C ód i g o d e Pr oc e d i m ie nt o A d m in is tra t iv o y d e l o Co n te nc i os o Ad m i n is tr at iv o e n
ad e l an te C P A C A
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Luis Humberto Villota Ortega
marzo de 2015 y RDP 027323 del 6 de julio de 2015 , por medio de
las cuales, la UGP P negó la solicitud de reconocimiento y pago de
la pensión gracia.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó con denar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia
liquidada con el 75% del promedio mensual de los salarios
devengados entre el 23 de enero de 2010 y el 23 de enero de 2011,
fecha de constitución del estatus pensional ; (ii) reconocer y pagar
los reajustes a que haya lugar; (iii) in dexar las sumas reconocidas
y (iv) cumplir la sentencia.
1.2. Hechos que funda mentan la demanda
a) El señor Luis Humberto Villota Ortega expuso que nació el 23
de mayo de 1950 y estuvo vinculado como docente de manera
interrumpida desde el 24 de septiembre de 1977 hasta el 23
de enero de 2011 .
b) El 26 de noviembre de 2014 solicitó ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Pro tección Social – UGPP,
el reconocimiento y pago de la pensión gracia, sin embargo,
a través de los actos administrativos demandados le fue
negado e l derecho por considerar que se trataba de un
docente de carácter nacional.
1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
El actor a rgumentó que los actos adm inistrativos demandados
negaron el derecho a la pensión gracia del accionante por
considerar que su labor como docente fue de carácter na cional . Sin
embargo, ello no resulta cierto pues tomó posesión como docente
del nivel municipa l en el año 1969 , nombrado mediante decreto
departamental , y la prestación del servicio se dio en un
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establecimiento educativo del mismo orden, por lo que no hay razón
para indicar que se trata de una vinculación nacional.
2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 4
La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda por carecer de fundamentos de derecho .
Aclaró que , de acuerdo con las documentales allegadas en sede
administrativa, no fueron aportadas las piezas exigidas y en ese
orden, no existe certeza sobre los tiempos de servicio, ni prueba
idónea del tipo y fecha de vinculación , del origen de los recursos
con los que se financió el pago de los salarios, ni lo s actos de
nombramiento y de posesión respectivos .
Adicionalmente, indicó que no se encuentra agotada la prueba
principal, pues no aportó certificados de las entidades nominadoras
y pagadoras, o de la alcaldía municipal , donde conste que no
existen archivos de los actos de nombramiento, por lo que se puede
concluir que el accionante ha desatendido los requisitos
establecidos en la Ley 50 de 1886.
En ese orden, la certificación laboral aportada resulta incompleta,
pues no acredita en debida forma la vinculación y los t iempos por
lo que no es posible acceder a las pretensiones enarboladas.
En relación con la vinculación corre spondiente al 1 de enero de
1980, indicó que no es computable para acreditar los 2 0 años de
servic io por ser nacional y en ese orden , no demostró tener
vinculación como docente territorial o nacionalizad o antes del 31
de diciembre de 1980.
4 Fo l i os 8 3 a 9 0.
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Demandante: Luis Humberto Villota Ortega
Sobre el tiempo prestado en el departamento del Putumayo a partir
del 23 de abril de 1993, este no puede ser tenido en cuenta por ser
de carácter nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley 91 de 1989, que establece que el carácter del r égimen de los
docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 es del
orden nacional y porque, además, previo a dicha fecha se presentó
retiro y posterior vinculación del accio nante , de modo que perdió la
inicial.
Indicó también , que el accion ante no acreditó la buena conducta en
el desempeño del cargo y en ese orden no cumplió con los
requisitos establecidos en los literale s b), c) y d).
Propuso las siguientes excepciones (i) inexistencia de vulneración
de principios constitucionales y legales; (ii) cobro de lo no debido;
(iii) prescripción y (iv) la genérica.
3. AUDIENCIA INI CI AL 5
El Tribunal Administrativo de Nariño, e n acatamiento al artículo 180
del CPACA, llevó a cabo la audiencia inicial el 16 de noviembre de
2016, oportunidad en la que fijó el problema jurídico en los
siguientes términos:
«¿Debe dec lar ar se l a nul idad de las R e soluci ones R DP 010 847 de
m ar zo En acat am ient o al ar t í culo 180 del CPA CA, de 2015 y RDP
027 323 de 6 de j uli o de 2015, que nieg an el r econocim ie nt o de la
pensión gr aci a al ac cionant e?
Con base e n la a nt er ior declar aci ó n de nul idad, ¿C u m ple el
dem andant e con la t ot alidad de los r equ i sit os que la ley ex ig e par a
el r econocim ie nt o y pago de la pens ión gr acia de j ubilac ión ? »
4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6
El Tribunal Administrativo de Na riño en sentencia del 21 de marzo
5 Fo l i os 1 18 a 12 2 . CD a ll e ga d o a f ol i o 1 2 3.
6 Fo l i os 2 00 s 2 07 Vt o.
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de 2018 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
al demandante.
Como fundamento de la decisión, indicó que el demandante se
vinculó por primera vez como docente mediante la Resolución 075
del 24 de septiembre de 1977, es decir, con anteriorid ad al 31 de
diciembre de 1980. Sin embargo, de acuerdo con el contenido de
este acto de nombramiento , se evidencia que fue de carácter
nacional pues se realizó con sueldos de la Nación y fue suscrito por
el director de educación nacional del vicario Apostólico de
Sibundoy. Lo anterior se reafirma con la certificación emitida por la
Secretaría de Educación del departamento del Putumayo que
señala que la vinculación era de carácter nacional y los salarios
fueron pagados con recursos provenientes de la Nación.
Respecto de la Resolución 011 del 11 de marzo de 1980 , el
accionante fue nombrado docente con cargo al Fondo Educativo
Regional –FER– del Putumayo, suscrito por el intendente nacional
del Putumayo como presi dente del mencionado fondo , los salarios
fueron pagados con recursos de la Nación y la vinculación fue
nacional.
Respecto del nombramiento contenido en el Decreto 001056 del 22
de diciembre de 1993 , indicó que, si bien es cierto que fue expedido
por el gobernador del departamento del Putumayo y nombrado
docente de tiempo completo del Colegio Normal Nacional para
señoritas Núcleo Educativo de Sibundoy , dicho periodo se
encuentra debidamente certificado por la Secretaría de Educación
del departamento del Putumayo como nacional, en tanto que lo s
salarios fueron pa gados con recurso s provenientes de la Nación.
En apoyo de lo anterior , el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio –FOMAG–, en el certificado de historial
laboral y en e l de salarios aport ados señala que el tipo de
vinculación fue nacional .
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Por lo anterior, adujo que no existía mérito para revisar e l
cumplimiento de los demás requisitos ni cabida para la p rosperidad
de las pretensiones de la demanda, dado que no se logró desvirtuar
la legalidad de los actos administrativos demandados.
Condenó en costas a la parte demandante teniendo en cuenta que
resultó vencida en esa instancia.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7
El señor Luis Humberto Villota Orteg a solicitó revocar la decisión y ,
en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, in dicó que el tribu nal negó las súplicas de la
demanda por considerar que , a pesar de que ostentaba la calidad
de docente nacionalizado y territoria l, el segundo nombramiento se
realizó en un colegio nacional y su remuneración se efectuó con
dineros provenientes de la Nación.
Al respecto , solicit ó tener en consideración que el nombramiento
efectuado en 1993 no tiene carácter nacional y que , de acuerdo con
la jurisprudencia d el Consejo de Est ado, los recursos del Situado
Fiscal o Sistema General de Participaciones, una vez entran a las
arcas de los entes territoriales para la destinación específica de
salud o educación, se convierten en recursos propios por mandato
constitucional.
Adicionalmente, señaló que el a quo adujo que el demandante no
cumple uno de los requisitos enumerados en la Ley 113 de 1914,
en lo referente a percibir recompensa del tesoro nacional , por lo
que debe tenerse en cuenta que actualmente se permite la
compatibilidad de la p ensión gracia y la de jubilación, aun en el
evento de que esta última sea reconocida y pagada por la Nación,
7 Fo l i os 1 49 a 15 3 .
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como efectivamente ocurre con los docentes nacionalizados .
6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A
6.1 La parte demandante no se pronunció.
6.2 La entidad demandada 8 allegó escrito, sin embargo, la
apoderada que lo suscribió no ha sido reconocida y no allegó poder
para actuar en el presente proceso, por lo no será tenido en cuenta.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público guardaron silencio según el informe secretarial obrante a
folio 235.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
El Consejo de Est ado es competente para resolver el recurso de
apelación de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328
del Código General del Proceso 10, la competencia del juez de
segunda instanci a está circunscrita a los argumentos expuestos por
el apelante .
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apela ción interpuesto por la parte
demandante , le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:
8 Fo l i os 2 32 a 23 4 .
9 « E l C o ns ej o d e Es ta d o, e n Sa l a de l o Co nt e nc ios o A dm i n is tr at iv o c on oc er á e n
s eg u nd a ins ta nc i a d e l as a p e lac i o nes d e l as s e nt e nc i as d ic ta d a s e n pr i m era
i ns t anc i a p or l os tr ib u na l es a d mi n is tr a ti v os [ …] ».
10 «C o m pe te nc i a de l s u p er ior . E l j uez d e s e gu n da i ns ta nc i a d e b erá pr on u nc iars e
s o la m en t e s o br e l os a r gu m e nt os ex p u es t os por e l a pe l a nt e, s i n p e rj uic i o d e las
dec is i on es q u e d eb a a do p tar d e o f ic io , e n l o s c as os pr ev is t os p or l a l ey . »
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¿El señor Luis Humberto Villota Ortega , en su calidad de
docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión
gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de
1913 y demás normas que regulan dicha prestación?
Para resolver el asunto, se desarrol la rá el siguiente orden
metodológico: (i) la pensión gracia y (ii) el análisis del caso
concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.
2.3.1. La pensión gracia.
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio oficial con anterio ridad al 1.º
de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspe ctores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.
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Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º , distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los sig uient e s
t ér m inos t endr án el alcance ind icado a cont inuación de ca da uno
de ellos:
Per sonal naci ona l . Son los docent es vinculados por
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vinculados por
nombrami ent o de ent i dad t err i t ori al ant es del 1 de ener o d e 1976
y los vincula dos a par t ir de est a f echa, de conf or m idad con lo
dispuest o por la Ley 43 de 1975.
Per sonal t erri t orial . Son los docent es vinculados por
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al , a par t ir del 1 de ener o de
1976, sin e l cum pl im ient o de l r equis it o e st ablecido en e l ar t í culo 10
de la Ley 43 de 197 5. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«A rt í cul o 15. A par tir de la vigencia de l a pr esent e Ley el per sonal
docent e nacional y nacional izado y el que se vincule con
post er ior idad al 1. de ener o de 1990 será r egido por las siguient es
dispos icion es:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980 que
por m andat o de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
dem ás nor m as que las hubier an desar r ol lado o m odif icado, t uviesen
o llegar en a t ener de r echo a la pensión d e gr acia, se les r econocer á
siem pr e y cuando cum plan con la t ot al i dad de los r equ isit o s . Est a
pensión segu ir á r econociénd ose por la Caj a Naciona l de pr evisió n
Socia l conf or m e al Decr et o 081 de 197 6 y ser á com pat ible con la
pensión or d inar ia d e j ubilac ión, aún en el event o de est ar ést a a
car go t ot al o par cial de la nación. [ …] »
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De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha
advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente
que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacion alizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 11 señaló:
«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón grac i a no
quedan i ncl ui dos los docent es naci onal es sino, exclusiva m ent e,
los naciona liz ados que, com o dice la Ley 91 de 1989, adem ás de
haber est ado vincula dos hast a el 31 de di ciem br e de 1980 “ t uviesen
o lle gar en a t ener d er echo a la pe nsión de gr acia ( …) siem pr e y
cuando cum plan con la t ot alidad de r equisit os” . Y por últ im o, que
sin la Ley 91 de 1989, en especial la nor m a cont enida en el lit er al
A, num er al 2, de su ar t í culo 15, dichos ser vidor es no p odr í an
benef iciar se del r ec onocim ient o de t al pensión, pues habié ndose
naciona liz ado la ed ucación pr im ar ia y secundar ia of ici ales , dicha
pr est ación, en r eali dad, no t endr í a el car áct er de gr aciosa que
inic ialm ent e le as ign ó la ley. [ …]. »
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 12 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los r ecur sos de l si t uado f i scal que ot r or a t r ansf erí a o cedí a la
Nación a l as ent idad es t er r it or iales, en vigencia de la Car t a de 1886
y hast a cuando p er m anecier on e n vig or e n la C onst it ució n de 1991,
no obst ant e su or igen o f uent e naciona l, una vez se incor por aban
a los pr esupuest os local es pasaban a ser de pr opiedad exclusiv a
de los r ef er idos ent es en calidad de r ent as exógenas .
ii) Los ent es t err it or iales son los t it ular es dir ect os o pr opiet ar ios de
los r ecur sos que les gir a la Nación, pr ovenient es del si st ema
general de part i ci paci ones , por asigna ción dir ect a del ar t í culo 356
de la Car t a Polí t ica de 1991.
11 Co ns ej o d e Es ta d o, S al a P l e na d e l o C o nt enc i os o Ad m i n is tr at iv o , Se n te nc ia
nú m . S- 69 9 d e 2 6 d e a gos t o de 19 9 7.
12 C ons ej o d e Es ta d o, S ec c i ó n S e gu n da . R a d ic ac i ón 25 0 00 - 2 3- 42 - 00 0- 2 01 3-
04 6 83 - 0 1 ( 3 80 5 - 2 01 4) .
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ii i) La f inanciación de los gast os que gener aban los fondo s
educat i vos regi on al es no solo de pe ndí a de los r ecur s os que
gir aba la Nac ión a las ent idades t er r i t or iales por concep t o del
si t uado f i scal , sino que t am b ién cor r espondí a a los ent es l ocales
dest inar par t e de su pr esupuest o par a at ender al sost enim ie nt o de
los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í cul os 29 del Decr et o 3 157 de
1968; y 60, inciso 2. º , de la Ley 24 de 1988) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regional es at endí an los gast os
que gener aban los s er vicios educat iv os de los docent es naci onales
y nacional izados, r esult a f act ible coleg ir de m aner a r azonada que
lo pr opio acont ecí a con algunas de las er ogaciones sal ar iale s
or igina das por el ser vicio que pr est aban los educador es
t er r it or iales, ya que los r ecur sos dest ina dos par a t al f in pr ov ení an
t ant o de la Nac ión —si t uado f i scal — com o de las ent i dades
t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o caso, el univer so de esos
r ecur sos le per t enecí a de f or m a exclusiv a a los ent es locales dado
que ingr esab an a su s pr esupuest os en c alid ad de r ent as exó genas
y endógenas .
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los docent es t err it or ial es y/ o
naciona liz ados se c onvier t en en educad or es naciona les ( i) cuando
en el act o de su vin culaci ón int er vie ne, adem ás del r epr ese nt ant e
lega l de la ent idad t er r it or ial, el delegado per m anent e del M inist er io
de Educación Nac io nal com o m iem br o de la j unt a admi ni st radora
del r espect ivo f o n do educat i vo reg i onal , así , est e últ im o,
cer t if ique la vacan cia del car go j unt o con la dispon ib il idad
pr esupuest al; y ( ii) p or el ar gum ent o de que los r ecur sos dest i nados
par a su sost enim ien t o t ienen su or igen o f uent e en la Nación .
vi) Prueba de cal i da d de docent e t erri tori al . Se r equier e copia de
los act os adm inist r at ivos donde const e el ví nculo, en los que
adem ás se pueda est ablecer con suf icient e clar idad que la plaza a
ocupar sea de aquell as que el legi slador ha pr evist o com o
t er r it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede acr edit ar con la
r espect i va cer t if icación de la aut or idad nom inador a que dé cuent a
de m aner a inequí voca que el t ipo d e vinculac ión a l cual s e
encuent r a som et ido el docent e of icia l es de car áct er t er r it or ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a ent i dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elev ant e, f r ent e al r econocim ient o de la p ensió n
gr acia, es la acr editación de la plaza a ocupar , est o es, que sea de
car áct er t err it or ial o naciona lizad a, pues conf or m e a los
line am ient os f ij ados por la Sal a en est a pr ovidenc ia, en l o que
r espect a a los educador es t er r it or iales, el pago de sus acr eencias
pr ovení a dir ect am ent e de las r ent as endógenas de la r es pect iva
local idad, o d e la s exógenas —si t u ado f i scal — cuando se
suf r agaban los ga st os a t r avés de los f ondos edu cat i vos
regi onal es ; y en lo que t iene que ver con los educador es
naciona liz ados, las er ogaciones q ue est os gener aban se en m ar can
en los r ecur sos d el si t uado f i scal , hoy si st ema general de
part i ci paci ones . » (Resalt ado de l t ext o or igina l)
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Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 13 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docent es pued en acceder a la pens ión gr aci a ant es y de spués
del 29 d e dic iem br e de 1989, si em pr e y cuando acr ed it en un a
vincul ación t er r it or i al o naciona liz ada con ant elación al 31 de
diciem br e de 1980 y cum plan con los dem ás r equisit os legal m ent e
est ablecid os par a su r econocim ient o».
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2 La educación contratada
En relación con la educación contratada, esta Corporación en
sentencia del 24 de julio de 2008 14, con ponencia de la doctora
Bertha Lucía Ramírez de Páez, sostuvo lo siguiente:
13 Co ns ej o d e Es t a do , S ec c ió n S eg u nd a . R ad ic a do : 15 0 01 - 2 3- 3 3 - 00 0- 2 01 6-
00 2 78 - 0 1 ( 3 01 8 - 2 01 7) .
14 R ad ic ac ió n i n ter n a 2 3 87 - 2 0 06 .
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«M ediant e la Ley 20 de 1974, se apr obó el Concor dat o y el
Pr ot ocolo Fina l ent re la Repúblic a de Colom bia y la Sant a Sede,
suscr it o en Bogot á el 12 de j ul io de 1 973 y sur ge la Edu cación
M isiona l Cont r at ada . Est a m odalidad de pr est ación de l s er vicio
educat ivo pos ib il it ó la am pl iaci ón de la educación en l os se ct or es
m ás apar t ados del paí s y en los ant i guos t er r it or ios nacionales a
t r avés de la suscr ipción de cont r at os ent r e el G obier no Naci onal y
la I glesia Cat ól ica.
“ ( …) Com o ser vicio a la com unidad en las zonas m ar ginadas,
necesit adas t em por alm ent e de un r égim en canónic o especi a l, la
I glesia colabor a r á en el sect or de la educación of icia l m ediant e
cont r at os que desarr ollen los pr ogr am as of iciales r espect iv os y
cont em plen las cir cunst ancias y exigen cias especí f icas de cada
lugar . Tales cont r at os celebr ados con el G obier no Naci on al se
aj ust ar án a cr it e r ios pr eviam ent e acor dados ent r e ést e y la
Conf er encia Ep isco pal, de conf or m idad con lo dispuest o en el
Ar t í culo VI . ( …) ”
Con el f in de des ar r ollar los cont r at os m encionados en la nor m a
t r anscr it a, el G obier no expidió e l Dec r et o 2768 de 1975, que
consagr ó nor m as par a la celebr ac ión de los cont r at os ent r e el
G obier no Naciona l y la I glesia Cat ól ic a y est ableció que ser í an
f ir m ados por el M in ist er io de Ed ucació n Nacion al a nom b r e del
G obier no Nacio nal y por el r espect ivo O r dinar io Com pet ent e a
nom br e de la I g lesia, y t ienen com o obj et o la adm inist r ación por
par t e de est a de los cent r os educat ivos en el sect or de la educación
of icia l, su t enor lit er al es el sigu ient e:
“ Ar t í culo cuar t o. El nom br am ient o de r ect or es y dir ect or es, del
per sonal docent e, a dm inist r at ivo y de ser vicio, en los cent r os
educat ivos baj o cont r at o, se har á de acuer do con el sigui ent e
pr ocedim ient o:
1. El nom br am ient o de los r ect or es o dir ect or es de cada cen t r o
educat ivo o de cada conj unt o de cent r os educat ivos baj o r égi m en
cont r act ual, lo h ar á el M in ist er io de E du cación N acion al ent r e los
candidat os que pr es ent e el O r dinar io com pet ent e. ( …)”
El Decr et o 2484 de 1976 m odif icó el Decr et o 2768 de 1975 y
est ableció qu e el O r dinar io Com pet ent e ( I glesia Cat ólica)
pr esent ar á al M inist er io de Educa ción Nacion al los nom br es del
per sonal dir ect ivo, docent e y adm inist r at ivo de cada Cent r o
Educat ivo o de cada conj unt o de Cent r os Educat ivos, par a que est e
r at if ique las noveda des de per sona l, su t enor lit er al es el s ig uient e:
“ El M inist er io de E ducación N acion al pr oceder á a r at if icar las
novedades de per so nal de los Cent r os Educat ivos baj o cont r at o
de acuer do con el si guient e pr ocedim i en t o:
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1. El Or dinar io Com pet ent e pr esent ar á al M inist er io de Educación
Nacion al los nom br es del per sonal dir ect ivo, docent e y
adm inist r at ivo de ca da Cent r o Educat ivo o de cada conj unt o de
Cent r os Educat ivos. ( …) ”
M ediant e el Decr et o 2155 de 1987, se der ogar on los De cr et os
ant er ior es y en su lugar dispuso:
“ Ar t í culo 1º Los cont r at os que de conf orm idad con el ar t í culo
t r ece d el Concor dat o, se celebr en ent r e el G obier no Nacional
y la I glesia Cat ó lic a en el sect or de la educación of ic ial en la s
zonas cont em plada s en el ar tí culo sext o del Tr at ado, se
aj ust ar án a las sigui ent es r eglas:
1. Los cont r at os ser án celebr ados po r el Pr esident e de la
Repúb lica y el M ini st r o de Educación Nacion al, o por este
últ im o, de conf orm idad con las nor m as sobr e com pet encia
vigent es al m om ent o de la f ir m a, en nom br e del G obier no
Nacion al y p or el r es pect ivo or din ar io co m pet ent e a nom br e de
la I glesia Cat ól ica.
2. Los cont r at os t ienen com o obj et o la adm inist r ación por par t e
de la I glesia Cat ólic a de los Cent r os Educat ivos del Est ado y
de la I gles ia Cat ól ic a que se r igen por l as nor m as del Est ado
y cum plan lo s r equis it os f ij ados en est e Decr et o.
3. Par a cada j ur isdicción ecl esiást ic a se celebr ar á un solo
cont r at o, en cuyos anexos quedar án enum er ados, por
r egiones, los inst it ut os docent es que sean obj et o de est e
r égim en cont r act ual.
En caso de que un a j ur isdicción ec lesi ást ica abar que var i as
j ur isdiccion es civi l es, se podr án hacer t ant os contr atos
cuant as sean la s j ur isdicciones civi les, según la s
convenienc ias o exi gencias le gales.
4. En cada cont r at o se est ablecer á la po sibi lid ad de su r evisi ó n
y act ualizac ión se gú n lo ex ij a el cam bi o de las c ir cunst ancia s
dur ant e su vigencia.
5. La dur ación de cada cont r at o ser á por un t iem po mí nim o de
t r es años y m áxim o de cinco, y podr án ser r enovados p or
acuer do ent r e las par t es.
6. Com o anexo de cada cont r at o f igur a un invent ar i o de lo s
bienes m ueb les e i nm uebles que p er t enezcan a cada cent r o
educat ivo.
7. Cuando el edif icio de l cent r o e ducat ivo de l Est a do
per t enezca a la I glesia Cat ólica, en el cont r at o se m encionar á
expr esam ent e el car áct er eclesiást ico de la pr opiedad d el
edif ic io.
8. Con car go a las sum as señaladas en l a ley de pr esupuest o
de cada año y su s adici ones, se pa gar án los sue ldos y
pr est aciones social e s del per sonal dir ect ivo docent e, docente
y adm inist r at ivo de los cent r os educat ivos baj o cont r a t o, así
com o los gast os inh er ent es a la buen a m ar cha de los cent r os
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educat ivos, sost eni m ient o de edif ic ios , ser vicios púb lico s,
m at er ial pedagóg ico y dem ás concept os que apar ezcan de nt r o
de la ley de pr esupuest o. Las par t idas por apor t e de cesantías
y Ley 27 de 1974, las gir ar á dir ect ament e el M inist er io de
Educació n Nac iona l al Fond o Nac iona l d e Ahor r o y al I nst it ut o
Colom bi ano de B i enest ar Fam ili ar , de acuer do con l a
apr opiac ión pr esupu est al r espect iva.
9. Cada cont r at o r equier e par a su valide z:
a) Pag o de im puest o de t im br e en la Adm inist r ación de
Hacien da Naci onal;
b) Apr obación y r egi st r o pr esupuest al;
c) Publicac ión en el DI ARI O O FI CI AL. (…) ”
Con la exped ición del Decr et o 1268 de 2001 que r eglam ent ó el
ar t í culo 200 de la Ley 115 de 1994 la com pet encia par a la
suscr ipción d e est os cont r at os con I glesias y C onf esione s
Rel igios as se t r aslado a las Ent idades Ter r it or iales con ca r go de
sus pr esupuest os, baj o la cont inua in spección y vig ilanc ia de l
M inist er io de Educa ción Nac iona l.
Lo ant er ior per m it e conclu ir que el cuer po docent e adscr it o a los
Cent r os Educat ivos Cont r at ados, cuyos nom br am ient os pr ovení an
por r at if icación del M inist er io de Educa ción Nacio nal, ost ent aban el
car áct er de docent es Naciona les.
Lo ant er ior signif ica que los sueldos y pr est aciones socia l es del
per sonal d ir ect ivo d ocent e, docent e y a dm inist r at ivo de los cent r os
educat ivos baj o cont r at o, est ar án a car go de la Nación.
La educación cont r a t ada se t r at a de una de las diver sas f or m as de
pr est ar educación p úblic a, ent endida co m o aquella que se f i nancia
con r ecur sos of iciales, se of r ece en condic iones de gr at uidad y
debe l legar a los sec t or es sociales m ás p obr es, en los que el Est ado
no puede pr opor cio n ar educación d ir ect am ent e sino por int er m edio
de est os cont r at os que quedan a car go de la Nación. [ …] »
2.4. Caso concreto
Atendiendo las anteriores precisio nes, la Sala procederá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verifica r si
al demandante le asiste el de recho al reconocimiento de la pensión
gracia, por cumplir con los requisitos legales, concretamente frente
al tiempo de servicio acreditado.
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2.4.1 Actuación admini strativa
I) El accionante solicitó el 26 de noviembre de 2014 el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
II) Mediante Resolución RDP 010847 del 19 de marzo de 2 015 15,
la UGPP negó la petición, para lo cual, argumentó:
• Q ue al 31 de diciembr e de 1980 no se encont r aba vinculado a la
docencia of ic ia l.
• Conf or m e a los t iem pos labor ados entr e el 23 de diciem br e de
1993 y e l 30 de diciem br e de 2012 , f ue r on pr est ados con
nom br am ient o del or den naciona l.
• Algunos docum ent os f uer on apor t ados en copia sim ple por l o que
car ecen de valor pr obat or io.
• El Decr et o 011 del 11 de m ar zo de 1980, indica qu e el
nom br am ient o f ue ef ect uado por el Int endent e Naciona l del
Put um ayo com o pr esident e de la Junt a Adm inist r ador a del Fondo
Educat ivo Reg iona l del Put um ayo, por lo que se est ablece que el
nom br am ient o f ue de car áct er Nacional.
• De acuer do con el cer t if icado de f act or es salar iales de 18 de
noviem br e de 2014, expedido por la Sec r et ar í a de Educació n del
Put um ayo, se indica que la vincul ación e s de car áct er nacional.
• Revisad a la base de dat os del FO MAG , se det er m ina que el
pet icionar io se enc uent r a vinculad o al ser vicio desde e l 23 de
diciem br e de 1993.
III) El accionante in terpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto mediante la Resolución RDP 027323 del 6 de julio de
2015 16, que confirmó la decisión y reite ró los argumentos expuestos
en el acto recurrido en el sentido de que (i) empezó a labora r desde
el 24 de septiembre de 1977 con vinculación nacional , y (ii) que no
fueron aportados nuevos tiempos de servicio dif erentes, ni
elementos de juicio que permitan variar la determinación adoptada.
15 Fo l i os 1 5 a 1 7.
16 Fo l i os 1 9 a 2 1.
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2.4.2 Hechos probados y análisis del caso concreto
2.4.2.1 El demandante nació el 23 de mayo de 1950 17, por tanto,
el mismo día y mes de 2000 cumplió 50 años de edad.
2.4.2.2 Respecto del tiempo de servicio docente, se observa lo
siguiente:
➢ Del 24 de septiembre de 1977 al 31 de diciembre de 1979 ,
nombrado mediante Resoluci ón 075 del 24 de septiembre de 1977 18:
«RESOLUCIÓN NUMERO 075 DE 1.977
• - - -- - - -- - -- - -- - - -- - -- - --- - - -- - - -
Por la cual se nom br an unos Pr of esor es par a el Coleg io Alv e r nia
de Puer t o Así s ( Putum ayo) , con sueldo Nal.
El PRO - VI CARI O AP O STÓ LI CO DE SI BUNDO Y,
En uso de sus at r ibuciones,
R E S U E L V E
Ar t í culo 1º . - Ef ectúanse los sigu ient es nom br am ient os de
Pr of es or es de t iem po com plet o par a el Co legi o Alver n ia de
Puer t o Así s:
[ …]
2. LUI S HUM BER TO VI LLO TA O RTEG A, sin escalaf ón…$
5. 040. 00
[ …]
Adem ás c. / u. devengar á la sum a de $ 324. oo por concepto de
Pr im a de alim ent aci ón.
Devengar án a par t ir del veint i cuat r o ( 24) de Sept iem br e/ 77.
PARAG RA FO . - Los nom br ados deber án af ili ar se a l a Caj a Nal.
de Pr evisión S ocia l - Secciona l de Nar iñ o - Past o; y posesiona r se
ant e la aut or ida d c ivi l com pet ent e así : [ …] y Luis Hum ber t o
Vil lot a, ant e el Sr . Alcald e M unicip a l de Puer t o Así s; […] .
Enví ese copi a de la pr esent e Resol ución al Jef e de Per sonal del
M inist er io de Educa ción Nac iona l, par a su inf or m ación y dem ás
17 As í c ons ta e n l a c é d u l a d e c i u da d an í a q ue s e e nc u e ntr a a fo l i o 3 4 y e l r eg is tr o
c iv i l de nac i m ie n to a f o li o 2 3.
18 Fo l i o 1 27 .
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f ines consig uient es; y al Secr et ar io Ej ecut ivo de l a Com i sión
Per m anent e, M onseñor Alf onso Rob ledo M ej í a, Coor dinador de
los Ter r it or ios M isio nales de Co lom bia – con sede en Bogot á.
CO M UNI Q UESE.
[ …]
EL DI RECTO R D E EDU CA CI O N NACI O NAL DEL VI CA RI ATO
APO STÓ LI CO DE SI BUNDO Y,
EL SECR ETA RI O GENER AL. »
• Mediante Acta 076, el demandante tomó posesión el 6 de
octubre de 1977 19 ante el alcalde municipal de Puerto Asís, en
el cargo de «PROFESOR COLEGIO ALVERNIA», con efectos
a partir del 24 de septiembre de 1977.
• El FOMAG, mediante certificado de historia laboral 20, indicó
que, respecto del periodo comprendido e ntre el 24 de
septiembre de 1977 al 31 de diciembre de 1979, el accionante
fungió como docente de primaria y estuvo regido por el
régimen de pensiones nacional , afiliado a la Caja Nacional de
Previsión Social y acumuló 2 años, 3 meses y 8 días.
• En respue sta al requerimiento elevado por el a quo 21, la
Secretaría de Educación, mediante Oficio 2016RE4551 del 29
de noviembre de 2016 22, indicó lo siguiente:
«Respect o de las so lic it udes 1, 2 y 3, me per m it o m anif est ar:
Según m em or ando HL - 42 de 25/ 11/ 2016, em it ido por la Of icin a
de Hist or ias Labor ales de la SED, el señor HUM BER T O
VI LLO TA O RT EG A, ident if icado con la cédula de ciudadaní a
No. 12. 961. 320, r egist r a tr es vinculacio n es así :
1. Del 24/ 09/ 1977 a l 3 1/ 12/ 1979 – Tot al t i em po labor ado en el
Vicar iat o Apost ó lico de Sibundoy ( Edu cación Cont r at ada) : 2
19 Fo l i o 1 28 .
20 Fo l i o 1 75 y 1 76 , d e fe c ha 29 d e n ov ie m br e d e 2 01 6.
21 M ed i a nt e of ic io 3 5 88 de l 2 1 de n ov ie m br e d e 20 1 6 (f o l io 1 2 4), d e ac u er d o c o n
l o or de n ad o e n a ut o d i c ta d o de n tro de la au d i enc i a d e pr ue b as c e le bra d a e l 1 6
de nov i e mbr e d e 2 01 6 .
22 Fo l i os 1 25 y 1 26 .
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años, 3 m eses y 8 dí as. Vi ncul aci ón: Naci onal . El t i empo
l aborado f ue pagado por el Vi cari at o A post óli co de
Si bundoy con recu rsos de l a Naci ón.
2. Del 01/ 01/ 1980 a l 3 0/ 11/ 1982 – Tot al t i em po labor ado en l a
Junt a Adm inist r ado r a del Fondo Edu cat ivo Reg iona l d el
Put um ayo ( FER) : 2 años, 11 m eses y 0 dí as. Vi ncul aci ón:
Naci onal i zado , lab or ó. ( sic) El ti empo l aborado f ue paga do
con recursos de l a Naci ón. ( ant er ior m ent e denom inado
sit uado f iscal, hoy S G P) .
3. Del 23/ 12/ 1993 a l 31/ 01/ 2015 – Tot al t iem po labor ado par a el
Depar t am ent o del Put um ayo: 21 año s, 1 m es y 9 dí as.
Vi ncul aci ón Naci on al . El t i empo l aborado f ue paga do co n
recursos de l a Naci ón.
[ …] »
Del análisis del re ferido acto de nombramiento, lo que c onstituye
relevancia para determinar si el docente tiene el derecho o no al
reconocimiento de la pensión gracia, es si ocurrió antes del 31 de
diciembre de 1980, y si se t rató de una vinculación de carácter
territorial.
Al respecto , es pre ciso resalta r q ue desde la expedición de la Ley
39 de 1903 , las entidades territoriales, por regla general, estuvieron
únicamente a cargo y bajo la dirección de la educación primaria
(artículo 3), sin embargo, por disposición expresa conforme al
artículo 4 ibidem, también quedaron habilitadas para administrar
establecimientos de enseñanza secundaria, por lo que el
nombramiento que aquí se analiza, sería consecuente con la
atribución que con antelación había otorgado el legislador, máxime
si en el acto de nombramiento no se especifica que la plaza sea
nacional, ni p roviene directamente del Ministerio de Educación
Nacional. Además, por disposición de la Ley 114 de 1913 se
consagró por primera vez la pensión gracia para docentes de
escuelas de primaria oficiales (a rtículo 1).
Sin embargo, en este caso particular resulta pertinente resaltar que,
el Vicariato Apostólico de Sibundoy nombró al accionante en
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condición de profesor de tiempo completo del Colegio Alvernia de
Puerto Asís.
En ese orden, al haber sido expedido precisamente por el Vica rio
Apostólico en calid ad de director de E ducación Nacional, es posible
concluir que , para dicho momento, el cuerpo docente adscrito a los
centros educativos contratados, cuyos nombramientos provenían
por ratificación de dicho Ministerio, ostentaban indudablemente el
carácter de docentes nacionales 23, pues tal y co mo se ha
mencionado previamente por esta Sala, el tiempo en que la
educación fue administrada por las denominaciones católicas , se
encontraban sujetas a las disposiciones y directrices expedidas por
el Ministe rio de Educación Naciona l y financiadas con recursos
directos de la Nación , y así se determinó en dicho acto en el que
se señaló que el pago se encuentra a cargo al «sueldo Nal».
Así, se colige que el carácter oficial de la Educación Misional
Contratada que se desarrolló en el país desde 1975, en tanto era
administrada por las denominaciones católicas con su jeción a las
disposiciones y directrices expedidas por el Ministerio de Educación
Nacional y financiada con recursos directos de la Nación hasta el
año 2001, permite concluir, que el cuerpo docente adscrito a los
centros educativos contratados, cuyos nombramientos provenían
por ratificación de dicho Ministerio, ostentaban indudablemente el
carácter de docentes nacionales.
La anterior información resulta coincid ente con l os datos contenidos
en el oficio que dio respuesta al requerimiento del tribunal, en el
sentido de que dicha vinculación fue nacional y fue pagado por el
Vicariato Apostóli co de Sibundoy c on recursos de la Nación .
23 Al r es pec t o, v é as e l a s en t enc i a d e 7 d e a br i l d e 2 0 16 c on r a dic a d o 1 5 00 1- 2 3-
31- 0 0 0- 2 0 08- 0 00 0 2 - 01 ( 32 6 1- 20 1 4) p ro fer i d a por e l Co ns ej o d e Es t ad o , S ec c i ón
S eg u nd a .
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Cabe advertir que s obre ese periodo no existe debate por parte del
demandante quien siempre ha manifestado que este periodo debe
ser desestimado para efectos de tramitar y reconocer la pensión
gracia por t ratarse de una vinculación nacional.
➢ De 1 de enero de 1980 al 30 de noviembre de 1982 ,
nombrado mediante la Resolución 0 11 del 11 de marzo de 1980 24
así:
«RESO LU CI Ó N 011
DE 11 M AR 1980
«Por m edio de la cual se adscr iben uno s est ablecim ient os
educat ivos y se nom br a sus r espect ivos docent es con cargo al
FER del Put um ayo.
EL I NTEND ENT E DEL PUTUM A Y O , COM O
PRESI D ENTE DE L A JUNT A ADM I NI S TRADO RA
DEL FO NDO EDUCATI VO REG I ONAL DEL
PUTUM AYO en uso de sus at r ibuciones lega les, y
C O N S I D E R A N D O
Q ue el 31 de dici em br e de 1979 vence la pr ór r oga del
cont r at o celebr ado en 1975, según el Acuer do No. 24 de la
Com isión P er m anent e;
Q ue m ediant e el A cuer do No. 40 del 10 de diciem br e de
1979, apr obado por l a Com isión P er m anent e en s esión No. 66 del
19 de diciem br e de 1979, ent r egan de par t e de Educación
Cont r at ada al Fondo Educat ivo Regio n al del Put um ayo, unos
est ablecim i ent os educat ivos con sus r espect ivos docent es;
Q ue es necesar io legal izar la sit uación de l os
est ablecim i ent os y docent es en el Fondo Educat ivo Reg iona l ;
R E S U E L V E
ARTÍ CULO PRI M ERO . - A par t ir del 1º de ener o de 1980
adscr í bese al Fondo Regiona l del P ut um ayo, los siguient es
plant eles ed ucat ivos y nóm br ase sus r espect ivos docent es.
ESTAB LECI M I ENTO S DO CENTE S
1º Colegio A lver n ia Pt o. Así s […] 15. Luis H. Vil lot a O r t ega.
[ …]
CO M UNI Q UESE Y C UM PLASE
Pr esident e Junt a Ad m inist r ador a FER
Deleg ado M in. Educ ación Pt yo.
24 Fo l i os 1 38 y 1 39 .
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Secr et ar io de Educa ción
Secr et ar io de Hacie nda
Dir ect or r egional I C CE »
• Por medio del Acta 785 del 4 de septiembre de 1980 25, el
accionante tomó posesión del cargo de «PRO FESO R DE TI EM PO
CO M PLETO CO LEGI O ALVERNI A PTO ASI S» , ant e el secret ar io de
educación de l Put u m ayo.
• El FOMAG, por medio del certificado de historia laboral 26, indicó
que, respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero de
1980 y el 30 de noviembre de 1982, el accionante fungió como
docente de primaria y estuvo regido por el régimen de pensiones
nacionalizado, afiliado a la Caja Nacional de Previsión Social y
acumuló 2 años y 11 meses.
De la lectura del referido acto administrativo se evidencia que este
fue firmado antes de 1989, lo que por regla general correspondería
a un nombramiento nacionalizado o territo rial; fue e manado del
Intendente Nacional del Putumayo como presidente de la Junta
Administradora del FER del Putumayo, y suscrito por un delegado
del Ministerio de Educación Nacional y los secretarios de educación
y el de hacienda, lo que no supone que sea una vinc ulación del
orden nacional, pues como se indicó en la sentencia unificadora de
2018, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales cuando en
el acto de su vinculación interviene, además del rep resentante legal
de la entidad territ orial, el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la Junta Administradora del
respectivo Fondo Educativo Regional.
Ahora bien, en dicho acto administrativo se indicó que este tuvo por
objeto adscribir unos establecimientos educa tivos y nombra r
25 Fo l i o 14
26 Fo l i o 1 73 y 1 74 , f ec h a 2 9 de nov i e mbr e d e 20 1 6.
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sus respectivos docentes , lo cual quiere decir que no se trat ó de
nuevo nombramiento , en tanto que lo que se hizo fue p rorroga r e l
contrato que venía vigente hasta el 31 de diciembre de 1979 , toda
vez que no hubo solución de continuidad y en ese orden, la
naturaleza jurídica del vínculo continuó siendo nacional .
Si bien, de acuerdo con la información suministrada por la
Secretaría de Educación del Putumayo al requerimiento elevado por
el a quo, este indicó que dicho periodo «[...] fue laborado en la
Junta Administradora del FER del Putumayo », y que «[…] fue
pagado con recursos de la Nación (anteriormente denominado
situado fiscal )»(subraya del texto original) , y conclu yó que la
vinculación fue «Nacionalizad o», dicha afirmación no resulta de
recibo para la Sala, toda vez que , se contradice en tanto que en
esta misma establece expresamente que fue pagado con recursos
de la Nación, máxime cuando con los din eros del situado fiscal se
atendían los gastos que generaban los servicios educativos
nacionalizados, territoria les y también nacionales, de manera que,
con base en dicha aclaración es posible recabar en que el carácter
es nacional y, adicionalmente , se opone al análisis rea lizado a la
luz de lo dispuesto en la Resolución 011 del 11 de marzo de 1980,
documento que resulta relevante para definir la naturaleza jurídica
del vínculo.
A su vez, cabe resaltar que, en la resolución analizada,
expresamente se indicó que se entregaban de parte de la
Educación Contratada al Fondo Educativo Regional del Putumayo,
unos establecimientos educativos con sus respectivo s docentes ,
situación que evid encia que la vinculación co mo docente nacional
permaneció en el tiempo y, por tanto, no se modificó .
En ese orden , es dable concluir que el carácter de la vinculación
fue nacional, toda vez que lo que se hizo fue una adscripción o
incorporación de la plaza docente con cargo al FER del Putumayo,
sin solución de continuidad , lo que permite afirmar que no se trató
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de un nuevo nombramiento ni hubo una renuncia , por lo que las
características del nombramiento anterior no mutaron o modificaron
y, por lo tanto , conservó la vinculación anteriormente relacionada,
es decir, nacional . Interpretación adoptada por esta Sala en
oportunidades anteriores 27.
Por consiguiente, esta Corporación concluye que el accionante
ocupó el cargo de educador entre el 1 de enero de 1980 y el 30 de
noviembre de 1982 y el carácter de la vinculación fue nacional, por
ende, estos tiempos no resultan válid os para ser tenidos en cuenta
para la pensión gracia .
Así, con fundament o en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la
sana crítica, a esta Sala no le queda duda que el accionante no
colmó los requisit os necesarios para acceder a la pensión gracia
dado que no acreditó la vinculación antes del 31 de diciembre
de 1980 del orden territorial , situació n que impide seguir adelante
con el análisis de los restantes tiempos, y los requisitos
contemplados en las normas que regulan la materia.
En estas condicio nes, los argumento s expuestos por el apelante
carecen de fundamento fáctico y legal por cuanto, como quedó
demostrado, no acreditó el cumplimiento de los requisito s legales y
jurisprudenciales exigidos para ser beneficiario de la prestación
reclamada.
3. Conclusión
Conforme a lo expuesto, al señor Luis Humberto Villota Ortega no
le asiste el derecho a la pensión gracia, por lo que esta Subsección
confirmará la sent encia de 21 de marzo de 2018, proferida por e l
27 Se r at i f ic a l a p os t ur a as u m i da po r es ta S ec c i ón en o por tu n i da d es a n ter i or es ,
v éas e e ntr e o tr as , s e nt e nc i a d e l 1 6 de mar z o d e 20 2 3, ra d ic ad o 17 0 01 23 3 3
00 0 2 0 15 0 0 69 5 0 1 ( 4 21 0 –2 0 17 ) pro f er id a p or es t a Sa l a y p o ne n te .
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Tribunal Administrativo de Nariño , por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
4. Condena en costa s
Respecto de las costa s procesales, se debe tener en cuenta el
numeral 8 .º del artículo 365 del Código General del Proceso, que
señala expresamente que « solo habrá lugar a cos t as cuando en el
expedient e apar ezc an que se causaron y en la m edida de su
com pr obación », pre supuesto que fue desarrollado en providencia del
7 de abril de 2016 .
No obstante, teniendo en cuenta que la decisión que aquí se adopta
es fruto de lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales t razadas en
la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, no se impondrán
costas a cargo de ninguna de las partes con el fin de salvaguardar
los principios de b uena fe y confianza legítima.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia de 21 de marzo de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño , que negó las
súplicas de la demanda presentada por Luis Humberto Villota
Ortega contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecció n Social –
UGPP–, de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte motiva de la presente sentencia.
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SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia .
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023 ) .
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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