Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00463-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00463-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2021-00463-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de febrero de 2025
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00463-01 (4971-2023)
Demandante: Manuel Antonio Rojas Alegría
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00463-01 (4971-2023)1
Demandante: Manuel Antonio Rojas Alegría
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema: el docente nacional nombrado por el Vicariato
Apostólico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño del 5 de mayo de 2023, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El accionante, quien fue nombrado docente por el Vicariato Apostólico de Sibundoy,
solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron la pensión gracia, por
tratarse de un docente nacional. Como fundamento de la demanda sostiene que
cumple con todos los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia en la
calidad de docente nacionalizado desde antes del 30 de diciembre de 1980.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. El señor Manuel Antonio Rojas Alegría, mediante apoderado judicial, presentó
demanda2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, con las siguientes
pretensiones:
1 Expediente electrónico.
2
31 de agosto de 2020.
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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00463-01 (4971-2023)
Demandante: Manuel Antonio Rojas Alegría
Demandado: UGPP
(i) Se declare la nulidad de las resoluciones RDP 004354 del 6 de febrero de 2018
y RDP 015777 del 2 de mayo de 2018, que le negaron al actor el reconocimiento de la
pensión gracia.
(ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene que la UGPP le
reconozca y pague una pensión gracia, liquidada con todos los factores salariales
devengados por el docente en el año anterior a la fecha de consolidación del estatus
pensional.
(iii) Igualmente, pidió que las sumas adeudadas sean actualizadas con el índice de
precios al consumidor; que la entidad cumpla el fallo en los términos del artículo 192
del CPACA; que se ordene el pago de intereses moratorios; y que se condene en
costas a la parte demandada3.
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. El señor Manuel Antonio Rojas Alegría cumplió 50 años el 17 de junio de 2000
y prestó sus servicios como docente nombrado por el Vicariato Apostólico de Sibundoy
(Putumayo), por más de 20 años, así:
Acto administrativo Tiempo
Resolución 75 del 7 de diciembre de 1973 1° de noviembre de 1973 al 30 de marzo de
1974
Resolución 45 Bis del 1° de abril de 1974 1° de abril de 1974 al 30 de agosto de 1976
Resolución 37 del 11 de agosto de 1976 1° de septiembre de 1976 al 15 de enero de
1978
Resolución 84 del 13 de agosto de 1978 1° de septiembre de 1978 al 26 de febrero de
2004
4. El 31 de octubre de 2017, el demandante solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia a la UGPP, sin embargo, la entidad negó lo pedido al considerar que el
tiempo docente laborado fue nacional.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. En la demanda se citaron como normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 1°, 2, 6, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 90, 121, 125,
128 y 209.
De la Ley 114 de 1913, los artículos 1°, 2, 3 y 4.
De la Ley 116 de 1928, el artículo 6.
De la Ley 37 de 1933, el artículo 3.
Del Decreto 2285 de 1955, los artículos 1° y 3.
La Ley 43 de 1975.
De la Ley 6 de 1945, el artículo 17.
De la Ley 33 de 1985, el artículo 2.
3 Índice 2 Samai, doc. 0024.
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Demandante: Manuel Antonio Rojas Alegría
Demandado: UGPP
De la Ley 91 de 1989, el artículo 15.
6. Al explicar el concepto de violación, la parte actora expuso que las resoluciones
demandadas están viciadas de nulidad, ya que desconocen el derecho al debido
proceso y el principio de favorabilidad en la interpretación de las normas laborales, en
atención a que cumple con todos los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia en la calidad de docente nacionalizado desde antes del 30 de diciembre de
1980.
7. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio expidió la
certificación del tiempo de servicios del docente, sin embargo, desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha definido que el tipo de vinculación
depende de la autoridad que profirió el acto administrativo de nombramiento. De modo
que solamente son docentes nacionales los nombrados por el Ministerio de Educación
Nacional.
8. A juicio de la parte actora, según la sentencia de unificación del 21 de junio de
2018, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado 4, se corrigió la
arbitrariedad de las Secretarías de Educación que certificaban a los docentes con
vinculación nacional, pese a que los dineros transferidos por la nación son propiedad
de la entidad territorial y, por ende, dichos docentes son nacionalizados.
2.2. Contestación de la demanda
9. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, al
indicar que la vinculación del maestro fue nacional, nombrado por el Vicariato
Apostólico de Sibundoy; así, resaltó que, en la certificación del 25 de octubre de 2006,
la Secretaría de Educación de Putumayo estableció que los tiempos laborados entre
el 1° de noviembre de 1973 y el 30 de septiembre de 2006 fueron nacionales.
10. Dicho tiempo de servicio no es válido para el reconocimiento de la pensión gracia,
en tanto, el actor fue nombrado por el Intendente Nacional del Putumayo (sic), cuyo
presupuesto dependía del Gobierno nacional. En consecuencia, para la UGPP el actor
no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que la Ley 114 de
1913 impide computar los tiempos laborados con ocasión del nombramiento efectuado
por el Ministerio de Educación Nacional.
11. Propuso las excepciones que denominó «inexistencia de vulneración de
principios constitucionales», cobro de lo no debido y prescripción5.
12. Sentencia de primera instancia
13. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 5 de mayo de 2023,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
Como fundamento de la decisión consideró que para el reconocimiento de la pensión
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, proceso con radicado 25000-23-42-
000-2013-04683-01 (3805-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
5 Índice 2 Samai, doc. 0040.
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gracia se requiere acreditar 20 años de servicios como maestro departamental, distrital
o municipal, sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional.
14. En el asunto bajo estudio, el accionante fue vinculado al servicio docente por el
Vicariato Apostólico de Sibundoy, mediante las resoluciones 75 del 7 de diciembre de
1973, 45 bis del 1° de abril de 1974, 37 del 11 de agosto de 1976 y 84 del 13 de agosto
de 1978. Agregó que, de la lectura de estos actos administrativos, se establece que el
docente fue nacional, toda vez que el nombramiento obedecía a las instrucciones del
jefe de la rama administrativa del Ministerio de Educación Nacional y al Inspector
Central de Educación Pública del Putumayo.
15. Igualmente, afirmó que el nombramiento del demandante si bien es anterior al 30
de diciembre de 1980, lo cierto es que fue nacional, de modo que no cumple con los
requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.
16. El Tribunal condenó en costas a la parte actora al estimar que no prosperaron las
pretensiones de la demanda, en aplicación del artículo 365 del Código General del
Proceso6.
2.4. Recurso de apelación
2.4.1. Parte demandante
17. El señor Manuel Antonio Rojas Alegría, mediante apoderado, interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los
siguientes argumentos:
18. Para el recurrente, el fallador de primera instancia negó el reconocimiento de la
pensión gracia sin efectuar un análisis del certificado de tiempo de servicios, expedido
por la Secretaría de Educación de Putumayo, que obra a folio 51, y la Resolución 75
del 7 de diciembre de 1973. Tampoco, se realizó un pronunciamiento respecto a la
certificación del 6 de julio de 20157, donde el Ministerio de Educación Nacional informó
que no obraban registros sobre el maestro le hubiera prestado sus servicios, a partir
de lo cual sostuvo que no era un docente nacional.
19. Contrario a lo considerado por el Tribunal, el actor afirmó que los nombramientos
realizados por el Vicariato Apostólico de Sibundoy, a través de las resoluciones 75 del
7 de diciembre de 1973, 45 bis del 1° de abril de 1974, 37 del 11 de agosto de 1976 y
84 del 13 de agosto de 1978, configuraron una vinculación nacionalizada, puesto que
estos actos no fueron dictados por el Ministerio de Educación.
20. Entonces, el maestro acreditó 20 años de servicio de carácter territorial y
nacionalizado, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y, por tanto, tiene
derecho al reconocimiento de la pensión gracia8.
6 Índice 2 Samai, doc. 0059.
7 Índice 2 Samai, doc. 0003Demanda, pág. 51.
8 Índice 2 Samai, doc. 0061.
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
21. Mediante auto del 8 de febrero de 20249, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y al no existir solicitud
de pruebas se prescindió del periodo para correr traslado a las partes.
2.6. Concepto del Ministerio Público
22. La procuradora delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se confirme el
fallo apelado, dado que los argumentos presentados por la recurrente carecen de
sustento tanto fáctico como jurídico para ser considerados. En este contexto, no se ha
demostrado el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder a la
prestación reclamada. En particular, según el material probatorio contenido en el
expediente, el docente no logró acreditar el cumplimiento del requisito de tiempo de
servicio en el ámbito territorial antes del 31 de diciembre de 198010.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
23. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
3.2. Problema jurídico
24. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que negó el
reconocimiento de la pensión gracia, si:
25. ¿Tiene derecho el señor Manuel Antonio Rojas Alegría al reconocimiento de la
pensión gracia, dado que sus nombramientos fueron realizados por el Vicariato
Apostólico de Sibundoy y no por el Ministerio de Educación Nacional?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
26. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de
191311, beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran los siguientes
requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; y (ii) no recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
9 Índice 4 Samai.
10 Índice 10 Samai.
11 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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27. La Ley 116 de 192812 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
28. Posteriormente, la Ley 37 de 193313 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
29. Por su parte, la Ley 91 de 198914, en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
30. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa fecha
a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la educación que
se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
1015 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar haya sido creada
exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.
31. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
12 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
13 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
14 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
15 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
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del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199716, en los
siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en
el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
32. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201817, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
33. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los recursos
que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales, cuando
ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes territoriales,
de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del Ministerio
de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado que
es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes
reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados18, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].
34. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
35. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
• Edad
36. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años de edad. En el caso concreto, el señor Manuel Antonio Rojas Alegría nació el 17
de junio de 1950, como consta en la cédula de ciudadanía19, en consecuencia, acreditó
18 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
19 Índice 2 Samai, 0003Demanda, pág. 25.
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la edad de 50 años el 17 de junio de 2000.
• Vinculación docente
37. Según el «Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral»
del 25 de octubre de 2006, proferido por la Secretaría de Educación del Putumayo, se
certificó un tiempo total laborado de 32 años y 11 meses del actor, nombrado mediante
la Resolución 75 del 7 de diciembre de 1973, con vinculación nacional20.
38. Acorde con el «Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral» del 27 de abril de 2015, firmado por la Secretaría de Educación del Putumayo,
se indicó que el actor fue nombrado por la Resolución 037 del 11 de agosto de 1976,
con régimen de pensiones nacional, y un tiempo total de 38 años, 7 meses y 25 días21.
39. De conformidad con la certificación del 26 de febrero de 2004 de la Secretaría de
Educación Nacional Contratada (diócesis de Mocoa en el departamento de Putumayo),
el actor ejerció la docencia, así22:
Acto administrativo Institución Educativa Tiempo
Resolución 45 bis de 1974 Colegio Alvernia de Puerto 1° de abril de 1974 al 30 de
Asís agosto de 1976: 2 años y 5
meses.
Resolución 037 de 1976 Colegio Santa María Goretti de 1° de septiembre de 1976 a
Mocoa 15 de enero de 1978: 1 año,
4 meses y 15 días.
Resolución 006 de 1978 Colegio Alvernia de Puerto 16 de enero de 1978 al 30 de
Asís agosto de 1978: 7 meses y
15 días.
Resolución 084 de 1978 Institución Educativa Santa 1° de septiembre de 1978
María Goretti hasta el 26 de febrero de
2004: 25 años, 5 meses y 26
días.
Total 29 años, 5 meses y 26 días.
40. También obra en el proceso, la Resolución 75 del 7 de diciembre de 1973,
expedida por el vicario apostólico de Sibundoy (Putumayo), que nombró al señor
Manuel Antonio Rojas Alegría docente de tiempo completo, firmada igualmente por el
secretario de la Inspección General de Educación23.
41. Consta la Resolución 45 bis del 1° de abril de 1974, dictada por el vicario apostólico
de Sibundoy, «en su carácter de Inspector General de Educación Pública del Territorio
Escolar del Putumayo y en uso de las atribuciones que le confiere el art. 9 de la
Convención de Misiones entre la Santa Sede y la República de Colombia», en el que
se asignan sueldos del situado fiscal, indicando que el maestro quedaría con carácter
de maestro nacional24. Se aportó al proceso, el acta de posesión del 14 de mayo de
20Índice 2 Samai, 0003Demanda, pág. 52.
21Índice 2 Samai, 0003Demanda, págs. 53 a 58.
22 Índice 2 Samai, 0003Demanda, pág. 59.
23 Índice 2 Samai, 0003Demanda, pág. 60.
24 Índice 2 Samai, 0003Demanda, págs. 61 a 65.
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1974 del demandante como profesor del Colegio Alvernia, dependiente del Ministerio
de Educación Nacional, nombrado en la Resolución 045 del 1° de abril de 1974, con
efectos fiscales desde el 1° de abril de 197425.
42. Igualmente, obra en el proceso la Resolución 037 del 19 de agosto de 1976 del
vicario apostólico de Sibundoy, por la cual se nombró el personal docente de
educación nacional del Vicariato Apostólico de Sibundoy, entre ellos, al accionante en
el cargo de profesor de tiempo completo del Colegio Santa María Goretti de Mocoa 26.
Se aportó al proceso, la copia del acta de posesión del 3 de septiembre de 1976, ante
el alcalde de Mocoa27.
• Actos demandados
43. Mediante la Resolución RDP 004354 del 6 de febrero de 2018, dictada por el
subdirector de determinación de derechos pensionales de la UGPP, se le negó al señor
Manuel Antonio Rojas Alegría el reconocimiento de una pensión gracia con
fundamento en que los nombramientos fueron nacionales, de conformidad con el
certificado de tiempos de servicios, del 25 de octubre de 200628, expedido por la
Secretaría de Educación del Putumayo, el cual indicó que los tiempos del 1° de
noviembre de 1973 hasta el 30 de septiembre de 2003, fueron con vinculación
nacional29. Esta decisión fue confirmada en la Resolución RDP 015777 del 2 de mayo
de 2018 del director de pensiones de la UGPP.
3.5. Caso concreto
44. En el asunto bajo análisis, el actor solicitó la nulidad de las resoluciones que le
negaron el reconocimiento de la pensión gracia por tratarse de un docente nacional.
Como fundamento de la demanda alegó que los actos acusados están viciados por
violación del derecho al debido proceso, en tanto, desconocen la calidad de docente
nacionalizado.
45.El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que el señor Manuel
Antonio Rojas Alegría fue docente nacional nombrado por el Vicariato Apostólico de
Sibundoy desde el año 1973, según las instrucciones del Ministerio de Educación
Nacional y el Inspector Central de Educación Pública del Putumayo.
46. Inconforme con esta decisión, el accionante interpuso recurso de apelación
alegando que sí tenía calidad de nacionalizado y que la providencia apelada no tuvo
en cuenta el certificado de tiempo de servicios de la Secretaría de Educación del
Putumayo, la Resolución 75 del 7 de diciembre de 1973 ni la certificación del Ministerio
de Educación, donde se informó que el docente no prestó sus servicios para dicha
entidad nacional.
47. Ahora bien, con el objeto de responder el problema jurídico se destaca que en el
25 Índice 2 Samai, 0003Demanda, pág. 66.
26 Índice 2 Samai, 0003Demanda, págs. 67 a 72.
27 Índice 2 Samai, 0003Demanda, pág. 73.
28 Índice 2 Samai, 0003Demanda, pág. 52.
29 Índice 2 Samai, 0003Demanda, págs. 38 a 42.
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proceso constan las certificaciones y formatos únicos de historia laboral expedidos por
la Secretaría de Educación del Putumayo, así como la copia de las resoluciones de
nombramiento proferidas por el vicario apostólico de Sibundoy (Putumayo).
Documentos que, según la regla de unificación de la sentencia del 21 junio de 201830,
constituyen la prueba de la calidad docente, al considerar que:
Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
48.En este orden de ideas, corresponde valorar en primera medida las siguientes
resoluciones de nombramiento y actas de posesión:
(i) Resolución 75 del 7 de diciembre de 1973, expedida por el vicario apostólico de
Sibundoy (Putumayo), que nombró al señor Manuel Antonio Rojas Alegría docente de
tiempo completo, firmada igualmente por el secretario de la Inspección General de
Educación31.
(i) Resolución 45 bis del 1° de abril de 1974, dictada por el vicario apostólico de
Sibundoy, «en su carácter de Inspector General de Educación Pública del Territorio
Escolar del Putumayo y en uso de las atribuciones que le confiere el art. 9 de la
Convención de Misiones entre la Santa Sede y la República de Colombia», en la que
se asignan sueldos del situado fiscal, indicando que el maestro quedaría con carácter
de maestro nacional32. Acta de posesión del 14 de mayo de 1974 del demandante
como profesor del Colegio Alvernia, dependiente del Ministerio de Educación Nacional,
nombrado en la Resolución 045 del 1° de abril de 197433.
(i) Resolución 037 del 19 de agosto de 1976 del vicario apostólico de Sibundoy, por
la cual se nombró el personal docente de educación nacional del Vicariato Apostólico
de Sibundoy, entre ellos, al accionante en el cargo de profesor de tiempo completo del
Colegio Santa María Goretti de Mocoa34. Acta de posesión del 3 de septiembre de
1976, ante el alcalde de Mocoa35.
49. Nótese que las citadas resoluciones fueron proferidas por el vicario apostólico de
Sibundoy (Putumayo), e incluso algunas fueron firmadas por el secretario de la
Inspección General de Educación o el mismo vicario actuó como inspector general de
educación pública. En este punto debe decirse que la jurisprudencia de esta
corporación ha determinado que los nombramientos ordenados por los vicarios
apostólicos, a la luz de los convenios con la Santa Sede y el Estado, también
denominados educación contratada, son del orden nacional, así:
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, proceso con radicado 25000-23-42-
000-2013-04683-01 (3805-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
31 Índice 2 Samai, 0003Demanda, pág. 60.
32 Índice 2 Samai, 0003Demanda, págs. 61 a 65.
33 Índice 2 Samai, 0003Demanda, pág. 66.
34 Índice 2 Samai, 0003Demanda, págs. 67 a 72.
35 Índice 2 Samai, 0003Demanda, pág. 73.
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Sobre la educación contratada, cabe anotar que en los términos del Decreto 2155 de
198736, «[l]os contratos que de conformidad con el artículo trece del Concordato, se
celebren entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica en el sector de la educación
oficial […] tienen como objeto la administración por parte de [aquella] de los Centros
Educativos del Estado y de la Iglesia Católica que se rigen por las normas del Estado
[…]» (artículo 1°).
Por su parte, el artículo 4° del mismo Decreto establece que «[e]l ordinario
competente nombrará provisionalmente al personal directivo docente, docente y
administrativo de cada centro educativo o de cada conjunto de centros educativos y lo
presentará para su ratificación al Ministerio de Educación Nacional […]».
En ese orden de ideas, destaca la Sala que conforme a la normativa que regula la
modalidad de vinculación contratada con la Iglesia católica, la designación del
demandante, ratificada por el Ministerio de Educación Nacional, es de naturaleza
nacional, habida cuenta de que los recursos con los que se financiaban los contratos
provenían de la Nación, debido a que su finalidad era prestar el servició de educación
pública a los sectores más necesitados y apartados del país, a los que el Estado no
podía llegar directamente37.
50. En lo que respecta a los nombramientos de las Inspecciones Generales de
Educación, se ha considerado que la vinculación es nacional. Así se pronunció esta
Subsección de la Sección Segunda del Consejo de Estado al analizar un caso de un
docente vinculado por el inspector nacional de educación38.
51. En igual sentido, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación39,
en un caso con hechos similares al presente, estableció que, tratándose de la labor
docente, la vinculación adquiría el carácter de nacional cuando era firmada por el
inspector nacional de educación del territorio escolar, destacando que ni la prestación
del servicio en la educación primaria ni el origen de los recursos eran criterios
determinantes para establecer la naturaleza de la designación; porque lo relevante era
la plaza ocupada y la autoridad que expidió el nombramiento, para lo cual citó la
sentencia de unificación del 21 de junio de 201840. Con fundamento en estas
consideraciones, la Subsección A estimó que:
Revisado el expediente, se observa que la señora […] fue nombrada mediante
Resolución 003 de enero 01 de 1971 expedida por el Inspector Nacional de
Educación del Caquetá en uso de sus atribuciones legales, tomando posesión
del cargo el 4 de mayo de 1972, pero con efectos fiscales a la fecha de la
designación. […]
36 «Por el cual se derogan los Decretos 2768 de 1975 y 2484 de 1976 y se dictan otras disposiciones».
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 19001-23-33-000-2017-00393-
01(2462-19), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. En el mismo sentido, puede verse la sentencia de 4 de mayo de 2023.
Sección Segunda, Subsección A, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Radicado 52001233300020160004901 (2859-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de agosto de 2018, proceso con radicado
19001-23-33-000-2014-00503-01(4611-15), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de noviembre de 2024, proceso con
radicado 18001-23-33-000-2019-00209-01 (2446–2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
2018, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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[…] encuentra la Sala que, tal como lo sostuvo el tribunal de instancia, la
designación efectuada a la demandante a partir del 01 de enero de 197 (sic) es
del orden nacional, pues provino del inspector nacional de educación del
territorio escolar del Caquetá, y existen certificaciones en el plenario que
con claridad respaldan lo anterior. […] (Negritas de la Sala).
52. Por estos motivos, contrario a lo sustentado por el apelante, el Tribunal aplicó en
debida forma la normativa y la jurisprudencia que rige la materia pensional, según la
cual solo se puede reconocer la pensión gracia una vez demostrado el vínculo
nacionalizado o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y los restantes requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913, siendo relevante, para estos efectos, definir, como
punto de partida, la naturaleza de la plaza ocupada.
53. Tampoco se comparte la afirmación del apelante en el sentido que el a quo no
valoró el certificado de tiempo de servicios de la Secretaría de Educación del
Putumayo, en tanto, la prueba de la vinculación docente está contenida en las
resoluciones de nombramiento que fueron debidamente estudiadas para concluir que
la plaza era nacional. Así mismo, se valoró el «Formato Único para Expedición de la
Historia Laboral», que expuso los actos administrativos de designación. Y, a partir de
ello concluyó que el docente no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia.
54. En lo que concierne a la Resolución 75 del 7 de diciembre de 1973, que nombró al
accionante en el cargo de profesor de tiempo completo, debe decirse que el tribunal
de primera instancia también la valoró, al indicar que con dicho acto inició la vinculación
docente en razón del nombramiento ordenado por el Vicariato Apostólico de Sibundoy,
y que correspondía a la modalidad de educación contratada, ratificada por el Ministerio
de Educación Nacional.
55. Por otra parte, tampoco es cierto que la providencia apelada no se haya
pronunciado respecto del certificado del Ministerio de Educación Nacional, del 6 de
julio de 201541, al que se alude en el recurso de apelación, según el cual no obraban
registros sobre que el docente hubiere laborado para el citado Ministerio, comoquiera
que para el Tribunal ello «no implica que su vinculación como docente no califique
como del orden nacional». Consideración que se comparte, en atención a que las
demás pruebas aportadas al proceso demuestran que la plaza docente era nacional.
56. En consecuencia, se confirmará el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
3.6. Conclusión
57. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y acorde con la valoración en
conjunto de los hechos probados en el proceso, según los principios de la sana crítica,
se concluye que el señor Manuel Antonio Rojas Alegría no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, dado que su vinculación con la docencia oficial
fue nacional a partir del año 1973.
41 Índice 2 Samai, doc. 0003Demanda, pág. 51.
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4. Costas
58. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario42 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas y
se revocará la condena en costas dispuesta en primera instancia contra la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Nariño del 5 de mayo de 2023, que negó las pretensiones de la
demanda, presentada por Manuel Antonio Rojas Alegría contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), salvo el numeral segundo que condenó en costas a la parte
actora.
SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Edgar José Polanco Pereira para
actuar como apoderado principal de la UGPP, identificado con cédula de ciudadanía
16.918.747 de Cali y tarjeta profesional 140.742 del Consejo Superior de la Judicatura,
en los términos del poder que consta a índice 14 de Samai.
CUARTO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
42 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00463-01 (4971-2023)
Demandante: Manuel Antonio Rojas Alegría
Demandado: UGPP
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
NJCC/HGM
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