Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00209-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 18001-23-33-000-2019-00209-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00209-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2019-00209-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-33-000-2019-00209-01 (2446–2022)
Demandante: Lilia Aceldas Rodríguez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Pensión gracia. Prestación de servicio antes de 31 de
diciembre de 1980. Nombramiento por Inspector Nacional en
Educación. Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 15 de abril de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, que negó a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
La señora Lilia Aceldas Rodríguez, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 033825 de 29 de agosto de 2017
y RDP 041656 de 03 de noviembre de la misma anualidad, por medio de las
cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia y resolvió de manera negativa recurso de apelación,
respectivamente.
Como restablecimiento del derecho, deprecó que se ordene a la UGPP
reconocerle la pensión gracia, en cuantía del 75% de lo devengado en el año
anterior a la fecha de adquisición del estatus pensional con inclusión de todos los
factores salariales; se disponga el ajuste de las mesadas adeudadas de acuerdo
al IPC, el pago de intereses moratorios y se cumpla la sentencia en los términos
de lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.
1 01Demanda.pdf
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00209-01 (2446-2022)
Demandante: Lilia Aceldas Rodríguez
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
La señora Lilia Aceldas Rodríguez nació el 3 de mayo de 1948, por lo que cumplió
50 años de edad el 3 de mayo de 1998. Prestó servicios como docente oficial al
departamento del Caquetá, siendo nombrada a través de la Resolución 003 del
01 de enero de 1971 hasta el 31 de enero de 2005.
Se afirma que la labor docente la desempeñó de manera honrada y con buena
conducta, razón por la cual, el 11 de agosto de 2017 presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la UGPP, la cual fue resuelta de
manera negativa por la entidad a través de la Resolución RDP 033825 de 29 de
agosto de 2017 y confirmada con la Resolución RDP 041656 de 03 de noviembre
del mismo año, con la cual se desató el recurso de apelación de manera
desfavorable.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Se indica que la entidad demandada infringió los artículos 1°, 2º, 4º, 5º, 13, 46,
48, 53, 58 y 336 de la Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, 115 de 1994, 4° de 1992; y el Decreto 2277 de
1979. Expuso que se cumplieron todos los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó
el derecho prestacional de la docente, en clara omisión de la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre la materia.
1.4. Contestación de la demanda
Presentada la demanda el 03 de diciembre de 2019, la misma fue admitida el 05
de diciembre de la misma anualidad, y una vez notificada la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, ejerció su derecho de defensa
oponiéndose a las pretensiones de la demanda, alegando que la actora no
acreditó los requisitos exigidos por la ley para ser beneficiaria de la pensión
gracia, principalmente el haber estado vinculada como docente departamental,
distrital, municipal o nacionalizado por 20 años, estimando así, que los actos
acusados se ajustan a derecho.
Además, no acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la
oportunidad procesal de cuatro meses ordenada en la sentencia de tutela de
fecha 01 de agosto de 2005, que reconoció la pensión gracia a un grupo de
docentes. E indicó que con la certificación de tiempos expedida por la Secretaría
de Educación de Florencia se evidenció que los nombramientos de la accionante
son de carácter nacional.
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00209-01 (2446-2022)
Demandante: Lilia Aceldas Rodríguez
Sostuvo que a partir de 1975 comenzó el proceso de nacionalización de la
educación primaria y secundaria, el cual culminó en 1980; esto en razón a que
dicha prestación solo sería reconocida a los empleados que estaban incluidos en
el proceso de nacionalización, por lo que la pensión gracia no puede ser
reconocida a pensionados, ni a docentes nacionales.
Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación
demandada, ausencia de vicios en el acto administrativo demandado
prescripción e innominada o genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Caquetá – Sala Segunda de Decisión, en sentencia
de 15 de abril de 2021 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
al margen de que la actora hubiera estado vinculada con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 al servicio docente y que sus sueldos hubieren sido
cancelados con recursos del situado fiscal, lo realmente determinante es la
calidad de la designación, que para el presente caso es del orden nacional, toda
vez que el nombramiento a través de la Resolución 003 de 01 de enero de 1971
fue efectuado por el Ministerio de Educación Nacional.
1.6. Recurso de apelación
La parte actora, por intermedio de apoderado, presentó recurso de apelación
contra la anterior decisión con el fin de que se revoque y en su lugar se acceda
a lo pretendido.
Luego de traer a colación el marco normativo que regula la pensión gracia, la
diferencia entre los tipos de docentes (nacionales, territoriales y nacionalizados)
y de referirse a los Fondos Educativos Regionales y a jurisprudencia emitida por
esta Corporación, adujo que cumple todos los requisitos para ser beneficiaria de
la pensión gracia, pues cumplió con la edad mínima requerida, prestó servicio
docente con una designación de naturaleza territorial por un término de 20 años
y además tuvo una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, esta última
del orden territorial, dado que el nombramiento fue en educación primaria.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Con auto de 23 de marzo de 2023, se admitió el recurso de apelación.
La parte demandada intervino en esta instancia, allegando memorial con el que
solicitó confirmar la decisión.
La demandante y el agente del Ministerio Público delegado ante esta
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00209-01 (2446-2022)
Demandante: Lilia Aceldas Rodríguez
Corporación guardaron silencio.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, comoquiera que, únicamente la parte demandante presentó
recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Lilia Aceldas
Rodríguez, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para
dicho reconocimiento.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige iv) que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00209-01 (2446-2022)
Demandante: Lilia Aceldas Rodríguez
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera
de texto].
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas
que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la
Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar
ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para
los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00209-01 (2446-2022)
Demandante: Lilia Aceldas Rodríguez
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»2
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20183 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a
las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban
a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del
Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados
para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las
entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto
de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto
de 1997.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00209-01 (2446-2022)
Demandante: Lilia Aceldas Rodríguez
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de
la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11
de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la
Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».4
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos
en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4. Actuación administrativa
La demandante, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 11 de agosto
de 2017 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-
2017).
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00209-01 (2446-2022)
Demandante: Lilia Aceldas Rodríguez
Protección Social – UGPP, la cual fue negada mediante la Resolución RDP
033825 de 29 de agosto de 2017, al considerar que la vinculación a la docencia
de la señora Lilia Aceldas Rodríguez fue de carácter nacional.
Inconforme con el anterior acto administrativo, aquélla interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto de manera negativa mediante la Resolución RDP
041656 del 03 de noviembre de 2017.
2.5 Caso concreto
Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema jurídico
planteado, en orden a verificar si la actora cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del
Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia prestacional en
discusión.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
• Edad
Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado
la Sala encuentra acreditado que la señora Lilia Aceldas Rodríguez nació el 03
de mayo de 1948, razón por la que, el 03 de mayo de 1998, cumplió 50 años de
edad.
• Buena conducta
En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.
• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios
• A partir del 01 de enero de 1971
Revisado el expediente, se observa que la señora Alceldas Rodríguez fue
nombrada mediante Resolución 003 de enero 01 de 19715 expedida por el
Inspector Nacional de Educación del Caquetá en uso de sus atribuciones legales,
tomando posesión del cargo el 4 de mayo de 1972, pero con efectos fiscales a la
fecha de la designación. Véase:
5 Expediente digital –archivo 01Demanda.pdf - folio 23 a 25
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00209-01 (2446-2022)
Demandante: Lilia Aceldas Rodríguez
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00209-01 (2446-2022)
Demandante: Lilia Aceldas Rodríguez
Así mismo, figura constancia emitida el 17 de marzo de 1998, por el asistente
administrativo del Ministerio de Educación Nacional - Coordinación de Educación
del Caquetá, en el cual precisa que la señora Aceldas Rodríguez estuvo
vinculada a dicha entidad desde el año 19716; también certificación expedida el
31 de enero de 2013 por la Secretaría de Educación de Florencia, en la que se
indica que la actora prestó servicios como docente del orden nacional7; y
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emanado
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Secretaría de
Educación del Municipio de Florencia, en el que se certificó el 06 de noviembre
de 20148, que el tipo de vinculo fue nacional, y se mantuvo en el desde el 01 de
enero de 1971 hasta el 01 de febrero de 2005, esto es, durante 34 años y 1 mes
de servicio, encontrándose retirada la educadora.
Analizado el material probatorio en comento, encuentra la Sala que, tal como lo
sostuvo el tribunal de instancia, la designación efectuada a la demandante a partir
del 01 de enero de 197 es del orden nacional, pues provino del inspector nacional
de educación del territorio escolar del Caquetá, y existen certificaciones en el
plenario que con claridad respaldan lo anterior.
Sobre el particular, la Ley 91 de 1989, en el artículo 1º, dejó claro que un docente
«nacional» es el que es nombrado por el Gobierno nacional, a saber:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional».
En igual sentido, esta Corporación en reciente sentencia de unificación SUJ-030-
CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022 sentó la siguiente regla jurisprudencial:
«Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar
la siguiente regla en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la
pensión gracia de jubilación:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del
29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una
vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento.» (Negrilla de la Sala)
Sumado a ello, esta Corporación en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997,
citada por el apoderado de la demandante en el escrito de apelación, se señaló:
6 Pg 36 01Demanda.pdf
7 Expediente digital – archivo 01demanda.pdf- folio 38
8 Expediente digital – archivo 01Demanda.pdf - folios 28 y 29
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00209-01 (2446-2022)
Demandante: Lilia Aceldas Rodríguez
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. […].»9
Ahora, del escrito de apelación advierte la Sala que, luego de citarse la normativa
que regula la pensión gracia y distintos pronunciamientos jurisprudenciales,
frente al requisito de la existencia de una vinculación docente (territorial o
nacionalizado) antes de 31 de diciembre de 1989, simplemente se alega que, por
el solo hecho de que la actora prestó servicios en educación primaria debe
entenderse que se trató de una educadora territorial.
Dicha argumentación para la Sala no tiene asidero jurídico, dado que lo
determinante para establecer la naturaleza jurídica de la designación, es la plaza
que materialmente ocupó la demandante, así como la autoridad que dispuso el
nombramiento; siendo pertinente indicar que, incluso, el origen de los recursos
con los cuales se sufragaron las acreencias laborales con ocasión de la labor
prestada, no es un criterio único y determinante en torno a la naturaleza del
nombramiento, como así se señaló por esta Corporación en sentencia de
unificación de 21 de junio de 2018, a la cual se hizo referencia en el marco
normativo y jurisprudencial de esta providencia.
En ese orden de ideas, no se encuentra acreditado el requisito de la existencia
de una vinculación como docente territorial o nacionalizado con anterioridad al 31
de diciembre de 1980, pues, se itera, el nombramiento efectuado a partir del 01
de enero de 1971 fue de carácter nacional. Lo anterior impide a la Sala analizar
lo relativo al requisito de 20 años de servicio docente, el cual se aduce se cumplió,
en tanto aquélla laboró hasta el año 2005, para un total de 34 años y 1 mes de
servicio.
2.5. Conclusión
En vista que la demandante no cumple con el requisito de vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 al servicio territorial o nacionalizado para
ser beneficiario de la pensión solicitada, ya que como se mencionó su
nombramiento fue del orden nacional; no queda otro camino a la Sala que
confirmar la sentencia de primera instancia.
2.7. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26
de agosto de 1997.
www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00209-01 (2446-2022)
Demandante: Lilia Aceldas Rodríguez
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa
jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando
lo aquí resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas
jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de
2018 y del 11 de agosto de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 15 de abril de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó a las pretensiones de la demanda;
de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.