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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00215-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00215-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, el 30 de junio de 2022, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, en tanto, se revoca la condena en costas a la parte actora. SEGUNDO. Sin condena en costas en las dos instancias. TERCERO. Reconocer como apoderado de la UGPP, a Édgar José Polanco, identificado con cédula de ciudadanía número 16.918.747 y portador de la tarjeta 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 18001-23-33-000-2019-00215-01 (1616-2023) Demandante: Édgar Almario Arias Demandado: UGPP profesional número 140.742 del Consejo Superior de la Judicatura en los términos del poder conferido como representante legal de Lexius Consultores de Colombia SAS; y, como sustituto de la misma entidad a John Edison Londoño Hernández, identificado con cédula de ciudadanía número 1.088.258.716 y portador de la tarjeta profesional número 383.443 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del memorial de sustitución otorgado de conformidad con los artículos 75 y 77 del CGP. CUARTO. Aceptar la renuncia al poder presentada por Édgar José Polanco Pereira en los términos del memorial que obra a índice 17 de Samai, al reunir los requisitos dispuestos por el artículo 76 del CGP, la cual se hace igualmente extensiva al apoderado sustituto. QUINTO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2019-00215-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de febrero de 2025

Radicación: 18001-23-33-000-2019-00215-01 (1616-2023)
Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-33-000-2019-00215-01 (1616-2023)
Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: vinculación antes del 31 de diciembre de
1980. Subtema 2: naturaleza de la plaza. Subtema 3: no se acreditan los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia,
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el 30 de junio de 2022, que negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas al extremo apelante.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Édgar Almario Arias solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la UGPP.
El demandante aduce que los actos administrativos expedidos por la UGPP, a través
de los cuales se le negó el reconocimiento de la pensión gracia, deben ser declarados
nulos porque se apartaron de la normativa y de la jurisprudencia del Consejo de Estado
que en casos similares ha concedido el derecho pensional.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Édgar Almario Arias radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
el 18 de noviembre de 2019, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones:

i) Que se declare la nulidad de la Resolución número RDP 025494 del 27 de agosto
de 2019 en la que la UGPP le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia; y
de la Resolución número RDP 031628 del 23 de octubre de 2019, que resolvió el
recurso de apelación interpuesto en contra de la primera.

1

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Radicación: 18001-23-33-000-2019-00215-01 (1616-2023)
Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: UGPP

ii) Como consecuencia de lo anterior, y a modo de restablecimiento del derecho, que
la UGPP le reconozca y pague la pensión gracia de la que es titular por haber cumplido
50 años y tener 20 años de servicios.

iii) Condenar a la UGPP al pago de la mesada pensional desde cuando adquirió el
estatus pensional, 12 de abril de 2014, esto es, cuando cumplió los 20 años de
servicios y los 50 de edad;

iv) Condenar a la UGPP al pago de todos los factores salariales del año anterior a
aquel en que adquirió el estatus de pensionado.

v) Ordenar el reconocimiento y pago de los valores de acuerdo con los artículos 192 y
195 del CPACA y a partir de la variación del IPC.

vi) Ordenar el pago de intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia y hasta
el cumplimiento de la condena1.

2.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

i) Que se vinculó a la educación en entes territoriales, de la siguiente manera: a) en el
departamento del Caquetá, a través de la Resolución número 004 del 1° de enero de
1975, como profesor seccional de la escuela rural «Costarrica»2, Milán; y por medio
del Decreto núm. 00116 del 7 de febrero de 1983, como docente en la escuela Caro y
Cuervo en el distrito de San José Yurayaco, como seccional en comisión en el colegio
Las Lajas de ese mismo distrito; y b) en el municipio de Florencia, mediante el Decreto
número 0188 del 31 de diciembre de 2003, como docente territorial.

ii) Que es un docente nacionalizado en propiedad, al haber sido nombrado por un ente
territorial quien asumió el pago de los recursos.

iii) Que el 16 de abril de 2019, le solicitó a la UGPP el reconocimiento y el pago de la
pensión gracia.

2.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El actor citó como normas violadas las siguientes: la Ley 4ª de 1966, Ley 114
de 1913, Ley 116 de 1928, Ley 37 de 1933, Ley 91 de 1989, Ley 60 de 1993, Ley 115
de 1994 y Ley 715 de 2001. También citó la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 21 de junio de 20183.

4. En cuanto al concepto de violación, indicó que la UGPP, al negarse a reconocer
el pago de la pensión gracia, se apartó de la normativa y de la jurisprudencia del
Consejo de Estado que ha accedido al derecho en casos como el suyo. En efecto,

1
Samai, índice 2, ED_18001233300020190021(.zip) NroActua 2, 18001233300020190021500,
01CuadernoP1.pdf, páginas 2 a 28 del archivo digital.
2
Ibidem.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018,
exp. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
2

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Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: UGPP

explicó que la entidad incurrió en una confusión frente a los conceptos de docencia
nacional, nacionalizada y territorial, en especial porque en su caso contó con una
vinculación territorial antes de 1980, por lo cual debía ser considerado nacionalizado.

2.4. Contestación de la demanda

5. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y pidió que estas se
negaran, con el argumento de que Édgar Almario Arias no cumplía con los requisitos
para acceder a la pensión gracia en los términos de la Ley 114 de 1913, porque los
tiempos en que trabajó del 1° de enero de 1975, al 10 de marzo de 1982, y del 18 de
abril de 1983 al 3 de febrero de 2004, fueron a través de una vinculación nacional.

6. Planteó, como argumentos defensivos, la inexistencia de la obligación
demandada, la ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, la prescripción
y la excepción genérica4.

2.5. Sentencia anticipada de primera instancia

7. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 30 de junio de
2022, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora,
fijando como agencias en derecho el equivalente al 3% de las pretensiones de la
demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del
5 de agosto de 2016.

8. Como sustento de su decisión, tuvo por acreditado que Édgar Almario Arias
completó los 50 años en 2003, porque nació el 26 de octubre de 1953 según está
demostrado con su registro civil de nacimiento y su cédula de ciudadanía. De tal forma
que, a la fecha tenía 68 años.

9. Seguidamente, determinó que la Resolución número 004-BIS del 1° de enero de
1975, a través de la cual el inspector nacional de educación nombró a Édgar Almario
Arias como docente de la escuela Costa Rica5, la suscribió «el Inspector Nacional de
Educación y la Secretaría»6. Frente a esto, explicó que el Consejo de Estado, en
sentencia del 21 de octubre de 20217, analizó el caso de un docente cuya vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980 fue realizada por el inspector nacional de
educación, y determinó que estos tiempos no podían tenerse en cuenta para la pensión
gracia, porque su vinculación era nacional.

10. Por esta razón, en este asunto, aplicó lo dicho por el Consejo de Estado y
concluyó que el señor Édgar Almario Arias no contó con una vinculación territorial o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980. De modo que, al no estar
demostrado uno de los requisitos para acceder a la pensión gracia, estaba relevado

4
Samai, índice 2, ED_18001233300020190021(.zip) NroActua 2, 18001233300020190021500,
5ContestacionDemandaUGPP, páginas 3 a 13 del archivo digital.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Radicación número:
52001-23-33-000-2018-00187-01(2047-20).

3

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Radicación: 18001-23-33-000-2019-00215-01 (1616-2023)
Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: UGPP

para abordar el análisis de los restantes, que, aclaró, debían cumplirse total y no
parcialmente8.

2.6. Recurso de apelación

11. Édgar Almario Arias solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
para, en su lugar, acceder íntegramente a las pretensiones de la demanda, ya que a
diferencia de lo considerado por el Tribunal Administrativo del Caquetá, las pruebas y
la jurisprudencia aplicable daban cuenta de que sus nombramientos no fueron
nacionales sino en propiedad, de carácter nacionalizado y territorial, en el
departamento del Caquetá y en el municipio de Florencia9; por lo cual, tenía derecho
a que se le reconociera la pensión gracia.

12. En estos términos, consideró que, el hecho de que el inspector nacional de
educación firmara su nombramiento, no implicaba que el mismo tuviera un carácter
nacional, toda vez que, por un lado, este caso no podía compararse con el que utilizó
como referencia la sentencia apelada; y, por otro lado, quienes obraban como
delegados del Ministerio de Educación Nacional debían refrendar los actos
administrativos expedidos por los nominadores u ordenadores del gasto de acuerdo
con sus funciones establecidas en el Decreto 525 de 1990.

13. Particularmente, destacó que fue designado como docente por el ente territorial
respectivo y prestó directamente sus servicios a este último, quien asumía el pago de
su salario y prestaciones con recursos propios, de ahí que debía primar la
interpretación de la normativa avalada en la jurisprudencia aplicable, en especial en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018.

14. Precisó que reunía los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión
gracia, esto es, encontrarse vinculado como docente al 31 de diciembre de 1980 y
contar con 20 años de servicios. Por tanto, adujo que el Tribunal realizó una lectura
equivocada de los actos administrativos de nombramiento al considerar que estos
permitían establecer que era un docente nacional, cuando lo cierto es que, revisados
los certificados de servicios, era posible constatar que su vinculación fue de carácter
nacionalizado por un ente territorial y no nacional. De esta forma, resaltó que incurrió
en una aplicación indebida de la ley, de acuerdo con la jurisprudencia que le ha servido
de soporte.

15. Finalmente, consideró que no existen criterios objetivos valorativos que permitan
demostrar la causación de algún tipo de erogación, ni que se actuó de manera
fraudulenta o de mala fe. Por el contrario, a su juicio, está acreditado que se procedió
con lealtad procesal y buena fe. Agregó que, en su caso particular, la demanda no fue
presentada con manifiesta carencia de fundamento legal en los términos del artículo

8
Samai, índice 2, ED_18001233300020190021(.zip) NroActua 2, 18001233300020190021500, 22Sentencia.pdf.El
Tribunal Administrativo de Caquetá, en auto del 11 de marzo de 2022, estimó que en el presente caso concurría
una de las causales para dictar sentencia anticipada, dado que no había pruebas por practicar distintas de las
documentales aportadas por las partes, por lo que fijó el litigio y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión.
9
Expresó que de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso: i) fue nombrado profesor seccional de la escuela
rural Costar Rica a través de la Resolución número 004 del 1 de enero de 1975; ii) fue nombrado profesor en la
escuela Caro y Cuero del Distrito de San José Yurayaco a través del Decreto núm. 00116 del 7 de febrero de 1983;
iii) fue nombrado docente territorial en el municipio de Florencia a través del Decreto 0188 del 31 de diciembre de
2003.
4

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188 del CPACA modificado por la Ley 2080 de 202110 11.

2.7. Trámite procesal en segunda instancia

16. Mediante auto del 2 de mayo de 202412, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Determinó que no había lugar al
traslado para alegar de conclusión en segunda instancia, toda vez que las partes no
solicitaron la práctica de pruebas y le reconoció personería al apoderado de la UGPP.
No obstante, el apoderado de la UGPP presentó alegatos de conclusión13, sin que
como quedó visto se haya concedido oportunidad para ello.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 150 y 152 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

18. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación que
presentó la parte actora contra el fallo de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda, si:

19. ¿Édgar Almario Arias tuvo una vinculación docente de carácter nacionalizado o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980?

20. En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, la Sala deberá
determinar si el recurrente cumplió con los requisitos restantes exigidos por el artículo
4 de la Ley 114 de 1913, sus disposiciones complementarias y la jurisprudencia
aplicable.

21. Asimismo, deberá establecerse si procede revocar la condena en costas impuesta
en primera instancia.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

22. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de

10
Samai, índice 2, ED_18001233300020190021(.zip) NroActua 2, 18001233300020190021500,
24MemorialRecurso.
11
La Sala se concentrará en los reparos puntuales que hicieron parte del recurso de apelación y que atienden al
caso en concreto. Por lo cual, aunque también asume que están incorporados a la alzada, no hará mención a las
referencias normativas o jurisprudenciales genéricas que no guardan relación puntual con los motivos expresos de
inconformidad. Esto sin dejar de lado que, en la sustentación del recurso de apelación, la demandante incluyó
varias referencias a providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado.
12
Samai, índice 6.
13
Samai, índice 11.
5

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Demandado: UGPP

191314, para beneficiar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran los siguientes
requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; y (ii) no recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

23. La Ley 116 de 192815 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

24. Posteriormente, la Ley 37 de 193316 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

25. Por su parte, la Ley 91 de 198917, en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

26. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1018 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a

14
Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
15
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
16
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
17
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
18
“En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
6

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Demandado: UGPP

ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

27. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199719, en los
siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se
les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…)
También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia
(…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que
sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de
su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.

28. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201820, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente
en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor
de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980;
haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez,
consagración y buena conducta.

29. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los recursos
que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales, cuando
ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes territoriales,
de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del Ministerio
de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado que
es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes
reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales

19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
7

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Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: UGPP

pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso
2º de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados21,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas
de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los
educadores territoriales (…).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este
último, certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y
(ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar (…).

30. Adicionalmente, la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-202122 estableció la
siguiente regla en cuanto al entendimiento del artículo 15, numeral 2, literal a), de la
Ley 91 de 1989:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

21
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de
2022, exp. 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
8

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Radicación: 18001-23-33-000-2019-00215-01 (1616-2023)
Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: UGPP

31. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, con una vinculación
territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20
años de servicio en establecimientos educativos de orden departamental, distrital o
municipal, con vinculación territorial o nacionalizada. No es posible acumular tiempos
de servicio del orden nacional.

3.4. Caso concreto

3.4.1. Primer problema jurídico: vinculación nacionalizada o territorial antes del
31 de diciembre de 1980

32. El apelante aduce que, a diferencia de lo considerado por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, las pruebas y la jurisprudencia aplicable permitían
considerar que sus nombramientos no fueron nacionales sino nacionalizados y
territoriales, tanto en el departamento del Caquetá como en el municipio de Florencia,
por lo cual tenía derecho a que se le reconociera la pensión gracia.

33. Explicó que, el hecho de que el inspector nacional de educación haya firmado
su nombramiento, no implicaba que su vinculación había sido nacional, y que, por
ende, no era merecedor del reconocimiento de la pensión gracia, ya que su caso no
era comparable con el que el Tribunal utilizó como antecedente para sustentar su
decisión.

34. Agregó que, sus nombramientos eran territoriales ya que fue designado por el
ente territorial y prestó sus servicios ante este, quien asumía el pago de su salario y
prestaciones, de tal forma que la interpretación que debía primar era la que emanaba
de la normativa aplicable y que había desarrollado la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, puntualmente en la sentencia de unificación del 21
de junio de 201823.

35. Por estas razones, consideró que el Tribunal incurrió en un yerro al leer el
contenido de los actos administrativos de nombramiento y de los certificados de
servicios, los que permitían constatar que sí reunía los requisitos de ley para acceder
a la pensión gracia.

36. Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra acreditado, a partir de las
pruebas incorporadas al expediente de la referencia, que Édgar Almario Arias fue
nombrado por primera vez como docente de primaria, en Costa Rica, en el municipio
de Milán, a través de la Resolución núm. 004-BIS del 1° de enero de 197524, expedida
por el inspector nacional de educación del territorio escolar del Caquetá25, a quien
se le pagó con dinero del situado fiscal y cuyo nombramiento tuvo una vigencia fiscal
a partir del 1° de febrero de 1975.

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018,
exp. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
24
Samai, índice 2, ED_18001233300020190021(.zip) NroActua 2, 18001233300020190021500,
01CuadernoP1.pdf, páginas 83 a 85 del archivo digital.
25
Con firma legible de la secretaria de la Inspección Nacional de Educación del Caquetá.
9

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Radicación: 18001-23-33-000-2019-00215-01 (1616-2023)
Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: UGPP

37. Este acto de nombramiento, de acuerdo con el artículo cuarto de la Resolución,
se le remitió a la Dirección General de Educación Primaria, a la Contraloría General
de la República, a la Caja Nacional de Previsión Seccional y a la Procuraduría General
de los Territorios de Misiones.

38. En relación con la naturaleza de este nombramiento, el certificado de tiempo de
servicio expedido por la Coordinación de Educación del Caquetá del Ministerio de
Educación Nacional, el 10 de marzo de 200626, con el consecutivo PENG-055/2006,
da cuenta de que el hoy demandante se desempeñó como docente a partir del 1° de
febrero de 1975, en la escuela Costa Rica del municipio de Milán, con una vinculación
nacional que mantuvo hasta el 11 de mayo de 1982, cuando presentó su renuncia, en
los siguientes cargos y períodos de servicio consignados en su historia laboral:

CERTIFICA:

Que ALMARIO ARIAS EDGAR, identificado (a) con Cedula de Ciudadanía No.
17.628.972 de Florencia Caquetá, nombrado como Profesor en la escuela Costa
Rica, del municipio de Milán Caquetá, a partir del 01 de febrero de 1975, según
Res. No. 004 Bis Art. 2°. Ord 215 del 01 de enero de 1975. Renuncia a partir del
11 de mayo de 1982, según Res. No. 26590 del 21 de diciembre de 1982 del
Ministerio de Educación Nacional (DOCENTE CON VINCULACIÓN
NACIONAL).

PRESTÓ (A) SUS SERVICIOS:

DESDE (Fecha de ingreso) Hasta (Fecha retiro)
DD MM AAA DD MM AAA
01 02 1975 10 05 1982

HISTORIA LABORAL:

CARGOS/SECCIÓN/LUGAR DESDE HASTA

DD MM AAA DD MM AAA
Profesor, primaria, Escuela 01 02 1975 31 01 1976
Costa Rica municipio Milán
Profesor, secundaria, Colegio 01 02 1976 31 01 1978
Santa Ramos, municipio Puerto
Rico
Profesor, secundaria, Centro de 01 02 1978 10 05 1982
Capacitación Indígena Mama
Bew Reojache, municipio de
Milán

INTERRUPCIONES: NINGUNA

TOTAL TIEMPO DE SERVICIO:

DIAS: 09 MESES: 05 AÑOS: 07 TOTAL DIAS: 2619

26
Samai, índice 2, ED_18001233300020190021(.zip) NroActua 2, 18001233300020190021500,
01CuadernoP1.pdf, página 107 del archivo digital.
10

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Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: UGPP

(Período de vinculación menos licencias y/o interrupciones) […]27.

39. Lo anterior se corrobora con el Formato Único para la Expedición del Certificado
de Historia Laboral expedido por la coordinadora de archivo, registro y control de la
Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, el 29 de octubre de 2018, con el
consecutivo núm. 393328, en el que se consignó que Édgar Almario Arias desempeñó
el cargo de docente de primaria, fue nombrado por la Resolución núm. 004 del 1° de
enero de 1975, y se retiró voluntariamente el 11 de mayo de 1982, como consta en la
Resolución núm. 26590 del 21 de diciembre de 1982, con un régimen de pensiones
nacional.

40. También se registró como primera novedad, en su historia laboral, que ingresó
y reingresó a la escuela de Costa Rica, a partir del 1° de febrero de 1975, y de forma
subsiguiente se anotó que perteneció a los planteles educativos del colegio San Pablo
de Santa Ramos y del Centro de Capacitación Indígena Mama Bwe Reojache de Milán,
por traslado.

41. Asimismo, está demostrado que el señor Édgar Almario Arias fue nombrado
maestro de educación primaria dependiente de la Secretaría de Educación, en la
escuela Caro y Cuervo, en el distrito de San José de Yurayaco, como seccional en
comisión en el colegio Las Lajas de ese mismo distrito, través del Decreto número
00116 del 7 de febrero de 198329 expedido por el gobernador del Caquetá con la firma
del secretario de educación.

42. En el marco de esta vinculación, fue trasladado por la gobernadora del Caquetá,
como presidente de la «Junta Adm. FER», al colegio San Pablo de Currillo, como
seccional, a través de la Resolución núm. 0057 del 5 de marzo de 198430 expedida por
la gobernadora del Caquetá con la firma del secretario de educación; y, posteriormente,
fue trasladado al colegio Santa Elena en comisión, a través del Decreto núm. 0124 del
13 de abril de 198731 expedido por el gobernador del Caquetá, con la firma del
secretario de educación.

43. Luego de esto, el alcalde municipal de Florencia expidió el Decreto núm. 018832
a través del cual dispuso la incorporación del aquí demandante, como docente, a la
planta de cargos adoptada de acuerdo con el artículo 2° del Decreto 3020 de 2002.

44. Ahora bien, con relación a las plazas ocupadas a partir de 1983, Édgar Almario
Arias tuvo una vinculación de tipo nacionalizada con un nombramiento en propiedad
como docente de básica secundaria, según da cuenta el Formato Único para la
Expedición de Certificados de Historia Laboral, expedido por el asesor administrativo

27
Ibidem.
28
Samai, índice 2, ED_18001233300020190021(.zip) NroActua 2, 18001233300020190021500,
01CuadernoP1.pdf, páginas 102 y 103 del archivo digital.
29
Samai, índice 2, ED_18001233300020190021(.zip) NroActua 2, 18001233300020190021500,
01CuadernoP1.pdf, páginas 86 y 87 del archivo digital.
30
Samai, índice 2, ED_18001233300020190021(.zip) NroActua 2, 18001233300020190021500,
01CuadernoP1.pdf, páginas 90 y 91 del archivo digital.
31
Samai, índice 2, ED_18001233300020190021(.zip) NroActua 2, 18001233300020190021500,
01CuadernoP1.pdf, páginas 92 a 94 del archivo digital.
32
Samai, índice 2, ED_18001233300020190021(.zip) NroActua 2, 18001233300020190021500,
01CuadernoP1.pdf, páginas 97 a 101 del archivo digital.
11

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Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: UGPP

de la Secretaría de Educación municipal de Florencia, Caquetá, el 30 de noviembre de
201833.

45. De lo expuesto, la Sala corrobora que Édgar Almario Arias no tuvo una
vinculación docente de carácter nacionalizado o territorial antes del 31 de diciembre
de 1980, porque con antelación a esta fecha, solo obra el nombramiento nacional,
efectuado a través de la Resolución núm. 004-BIS del 1° de enero de 1975, que se
mantuvo hasta 1982 con algunas novedades de traslado.

46. En este punto, es importante recordar que la autoridad que suscribió el acto de
nombramiento, esto es, el inspector nacional de educación del territorio escolar del
Caquetá desarrollaba funciones vinculadas al Ministerio de Educación Nacional, en los
términos de los artículos 1 y 2 del Decreto núm. 642 de 1949, vigente para cuando se
expidió la Resolución núm. 004.

47. De ahí que, el nombramiento que este efectuó debía entenderse como realizado
por el Gobierno Nacional, como se desprende del encabezado del acto administrativo,
sin que tengan vocación de prosperar los fundamentos del apelante que, amparados
en el Decreto 525 de 1990, pretenden dar cuenta de que la instrucción era ejercida por
las autoridades territoriales, con el fin último de que se entienda que la Inspección
General del Caquetá era asimilable a la entidad del orden territorial.

48. Así se pronunció esta subsección de la Sección Segunda del Consejo de Estado
al analizar un caso de vinculación docente, a través de acto administrativo suscrito por
quien fungía como inspector nacional de educación, destacando las funciones que
cumplían los inspectores nacionales, en los siguientes términos:

41. Pues bien, la Sala observa que el actor fue nombrado mediante Resolución
No. 011 del 1º de septiembre de 1973 por el Vicario Apostólico de Tumaco
(Nariño), ejerciendo la función de Inspector Nacional de Educación, como
docente del Internado Agrícola de Candelilla, y en el artículo tercero de dicho
acto administrativo, se indicó que se remitirían copias al Ministerio de Educación
Nacional, lo que denota que debido a que el Vicario Apostólico ejerció funciones
de Inspector Nacional34, la vinculación fue de carácter nacional, pues
estaba atada al Ministerio de Educación Nacional y en virtud del Decreto No.
642 de 1949, artículo 1º y 2º, los inspectores desarrollarían las siguientes
funciones y cumplirían la misión así: […]

44.De este modo, encuentra la Sala, que contrario a lo afirmando en la alzada,
el actor no cumple con los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia,
pues dentro del expediente como en su momento en la actuación administrativa,
militan documentos que en su conjunto permiten confirmar el ejercicio de la
profesión docente nacional, pues el nombramiento fue efectuado por una
autoridad nacional, como lo refleja la Resolución No. 011 del 1º de septiembre
de 1973 expedida por el Vicario Apostólico de Tumaco, como Inspector
Nacional, y los certificados de historia laboral que contiene el expediente, entre
los periodos del 3 de octubre de 1977 al 30 de agosto de 1984, según consta en
el certificado de la Secretaria Administrativa y Financiera de la Gobernación del
Departamento del Cauca, y como rector desde el 1º de septiembre de 1984 al

33
Samai, índice 2, ED_18001233300020190021(.zip) NroActua 2, 18001233300020190021500,
01CuadernoP1.pdf, páginas 104 y 105 del archivo digital.
34
Decreto No. 642 de 1949 “Por el cual se reglamenta la Inspección Escolar en todos los grados de enseñanza”.
12

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Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: UGPP

11 de julio de 1989, y posteriormente se trasladó al Internado Indígena de Tóez,
en el municipio de Páez (Cauca), donde laboró desde el 12 de julio de 1989 al
14 de diciembre de 2003.

45. En virtud de las anteriores consideraciones, tal como lo concluyó el Tribunal
de primera instancia, y el Agente del Ministerio Público ante esta Corporación; la
documentación obrante en la actuación es concluyente en cuanto a que el actor
tuvo una la vinculación como docente nacional y no cumple con los requisitos
establecidos en la ley para que le sea reconocida la pensión gracia, razón por la
cual se confirmará la sentencia apelada sin consideración adicional respecto del
fondo del asunto. […]35. Destacado fuera del texto.

49. En igual sentido, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación,
en un caso similar al presente, estableció que, tratándose de la labor docente, la
vinculación adquiría el carácter de nacional cuando era suscrita por el inspector
nacional de educación del territorio escolar, destacando que, ni la prestación del
servicio en la educación primaria, ni el origen de los recursos, eran criterios
determinantes para establecer la naturaleza de la designación. Estos aspectos llevaron
a la Subsección a emitir las siguientes conclusiones:

Revisado el expediente, se observa que la señora Alceldas Rodríguez fue
nombrada mediante Resolución 003 de enero 01 de 1971 expedida por el
Inspector Nacional de Educación del Caquetá en uso de sus atribuciones legales,
tomando posesión del cargo el 4 de mayo de 1972, pero con efectos fiscales a
la fecha de la designación. […]

[…] encuentra la Sala que, tal como lo sostuvo el tribunal de instancia, la
designación efectuada a la demandante a partir del 01 de enero de 197 (sic) es
del orden nacional, pues provino del inspector nacional de educación del
territorio escolar del Caquetá, y existen certificaciones en el plenario que
con claridad respaldan lo anterior […]36. (Negritas de la Sala).

50. Bajo este entendido, no son de recibo los argumentos del apelante según los
cuales, al prestar sus servicios como docente en el municipio de Milán, Caquetá,
contaba con una vinculación territorial y nacionalizada, antes del 31 de diciembre de
1980, que lo hacía beneficiario de la pensión gracia. Dado que, como se explicó, el
nombramiento efectuado por el inspector nacional de educación del territorio escolar
del Caquetá tuvo un carácter nacional.

51. De otra parte, en relación con los supuestos errores y deficiencias que el
recurrente alega en los certificados de tiempos de servicios, debe señalarse que dichos
documentos fueron aportados con la demanda y no fueron objeto de tacha o
desconocimiento en la oportunidad procesal correspondiente. En consecuencia, gozan
de plena validez probatoria para este asunto.

52. Por estos motivos, contrario a lo sustentado por el apelante, el Tribunal
Administrativo del Caquetá efectuó una adecuada valoración probatoria y aplicó en
debida forma la normativa y la jurisprudencia unificada que rige la materia pensional,

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24
de agosto de 2018, exp. 19001-23-33-000-2014-00503-01(4611-15).
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de noviembre de 2024, exp. 18001-23-
33-000-2019-00209-01 (2446–2022).
13

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Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: UGPP

según la cual solo se puede reconocerse la pensión gracia una vez demostrado el
vínculo nacionalizado o territorial antes del 31 de diciembre de 198037 y los restantes
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913, siendo relevante, para estos efectos, definir,
como punto de partida, la naturaleza de la plaza docente ocupada.

53. De este modo, la Sala coincide con el Tribunal de primera instancia, en el
sentido de que las pruebas debidamente incorporadas al expediente son concluyentes
para establecer que, como la vinculación del señor Édgar Almario Arias, antes del 31
de diciembre de 1980, fue nacional y no territorial, ni nacionalizada, no cumplió con el
primer requisito necesario para conceder la pensión gracia. De ahí que no resulte
determinante entrar a establecer si, además de la acreditación de la edad, aspecto
sobre el cual no discrepó el apelante, este reunía los restantes presupuestos para
acceder al derecho reclamado por contar, entre otros, con los 20 años de servicios.

54. Como la respuesta al primer problema jurídico planteado es negativa, la Sala
está relevada para analizar el que se deriva de este, relacionado con el reconocimiento
de la pensión gracia reclamada.

3.4.2. Segundo problema jurídico: condena en costas

55. En este punto la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Caquetá en la
sentencia apelada impuso condena en costas a la parte vencida, sin embargo,
teniendo en cuenta que en el recurso de apelación se discute esta condena, la
presente providencia acogerá el criterio de interpretación mayoritario38 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de ponderación
subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, en
el caso concreto, habrá lugar a revocar dicha condena en atención a que no se advierte
que la parte vencida haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite de
las dos instancias. En línea con esto, no habrá lugar a imponer costas en segunda
instancia.

3.5. Conclusión

56. En atención a lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de
2022, exp. 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
38
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
14

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Radicación: 18001-23-33-000-2019-00215-01 (1616-2023)
Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: UGPP

Administrativo del Caquetá, el 30 de junio de 2022, en cuanto negó las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada por Édgar Almario
Arias en contra de la UGPP, por las razones expuestas en esta providencia; y la
revocará, en cuanto a la orden de condenar en costas en primera instancia a la parte
actora.

3.6. Reconocimiento de personería y revocatoria de poder

57. Encontrándose el expediente para dictar fallo, la UGPP radicó memorial en el
índice 14 de Samai en el que aportó la escritura pública núm. 4326 del 20 de agosto
de 2024 que le revocó el poder que le había conferido a la firma Viteri Abogados S.A.S,
representada legalmente por Omar Andrés Viteri Duarte, y le confirió poder general a
Édgar José Polanco Pereira, representante legal de Lexius Consultores de Colombia
SAS. A este apoderado se le otorgó expresamente la facultad de sustituir el poder.

58. Por tanto, la Sala reconocerá como apoderado de la UGPP, a Édgar José
Polanco, identificado con cédula de ciudadanía número 16.918.747 y portador de la
tarjeta profesional número 140.742 del Consejo Superior de la Judicatura en los
términos del poder conferido como representante legal de Lexius Consultores de
Colombia SAS; y, como sustituto de la misma entidad, a John Edison Londoño
Hernández, identificado con cédula de ciudadanía número 1.088.258.716 y portador
de la tarjeta profesional número 383.443 del Consejo Superior de la Judicatura, en los
términos del memorial de sustitución otorgado de conformidad con los artículos 75 y
77 del CGP.

59. Sin embargo, con posterioridad, Édgar José Polanco Pereira allegó memorial a
índice 17 de Samai en el que renunció al poder que le había conferido la UGPP, al
haberse terminado el contrato de prestación de servicios de representación judicial
suscrito entre las partes. Dispuso que se entendería igualmente presentada la renuncia
del apoderado sustituto, y envió la constancia de que radicó esta renuncia ante la
UGPP, en correo electrónico del 9 de enero de 2025.

60. De acuerdo con lo anterior, la Sala aceptará la renuncia al poder presentada por
Édgar José Polanco Pereira al reunir los requisitos dispuestos por el artículo 76 del
CGP, la cual se hace igualmente extensiva al apoderado sustituto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caquetá, el 30 de junio de 2022, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, en tanto,
se revoca la condena en costas a la parte actora.

SEGUNDO. Sin condena en costas en las dos instancias.

TERCERO. Reconocer como apoderado de la UGPP, a Édgar José Polanco,
identificado con cédula de ciudadanía número 16.918.747 y portador de la tarjeta
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 18001-23-33-000-2019-00215-01 (1616-2023)
Demandante: Édgar Almario Arias
Demandado: UGPP

profesional número 140.742 del Consejo Superior de la Judicatura en los términos del
poder conferido como representante legal de Lexius Consultores de Colombia SAS; y,
como sustituto de la misma entidad a John Edison Londoño Hernández, identificado
con cédula de ciudadanía número 1.088.258.716 y portador de la tarjeta profesional
número 383.443 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del memorial
de sustitución otorgado de conformidad con los artículos 75 y 77 del CGP.

CUARTO. Aceptar la renuncia al poder presentada por Édgar José Polanco Pereira
en los términos del memorial que obra a índice 17 de Samai, al reunir los requisitos
dispuestos por el artículo 76 del CGP, la cual se hace igualmente extensiva al
apoderado sustituto.

QUINTO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

VMP/HDGM

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