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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00584-01

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00584-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 6 de marzo de 2020, que negó las súplicas de la demanda , presentada por Vivian de Jesús Guevara Soto contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones P arafiscales de la Protección Social – UGPP–, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO. Condenar en costas al demandante, según lo explicado. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2017-00584-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

13 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2 023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 66001233300020170058401 (2951-2020)
Demandante: Vivian de Jesús Guevara Soto
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social 1.

Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Educación Contratada.
Vicariato. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso d e apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 6 de marzo de 2020 ,
que negó las súplicas de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones

El señor Vivian de Jesús Guevara Soto , por intermedio de
apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previst o en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011 3, deprecó declarar la nulidad de las Resoluciones

1 En adelante UGPP.
2 Folios 49 a 62.
3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En adelante CPACA.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 66001233300020170058401 (2951-2020)
Demandante: Vivian de Jesús Guevara Soto

RDP 046076 del 7 de diciembre de 2016, RDP 009960 del 13 de
marzo de 2017, RDP 06523 del 22 de febrero d e 201 7 y la RDP
0018373 del 4 de mayo de 2017 , por medio de las cuales la UGPP
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó con denar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia a
partir del 16 de julio de 2000 , y el retroactivo a que haya lugar,
debidamente reajustados conforme a lo dispuesto en la Ley 71 de
1988; (ii) indexar conforme al Índice de Precios al Consumidor de
2005 a 2009, de acuerdo con el artículo 193 del CPACA y demás
normas concordantes, el promedio mensual del último año , dado
que «el docente se retiró del servicio oficial desde el 13 de octubre
de 2005 y sólo adquiere el estatus de pensionado por edad el 14 de
noviembre de 2010 » (sic); (iii ) cumplir la sentencia dentro del
término previsto en el artículo 192 ejusdem o de lo contrario, pagar
intereses moratorios a partir de la ejecutoria del fallo conforme a lo
dispuesto en el mencionado artículo y en el 195; y (iv) pagar las
costas y agencias del proceso.

1.2. Hechos que funda mentan la demanda

El señor Vivian de Jesús G uevara Soto expuso que nació el 14 de
noviembre de 1960 y estuvo vin culad o como docente del
departamento del Caquetá en Educación Contratada desde el 4 de
mayo de 1979 al 30 de enero de 1981, y con el departamento de
Risaralda, del 12 de abril de 1982 hasta el 12 de octubre de 2005.

Indicó que solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento y
pago de la pensión gracia, petición que le fue negada mediante los
actos administrativos demandados, por considerar que los tiem pos
docentes anteriores al 31 de diciembre de 1980 fueron nacionales ,
en tanto que fueron prestados a travé s de la modalidad de
Educación Contratada.

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Demandante: Vivian de Jesús Guevara Soto

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

El actor señaló que laboró por más de 20 años con vinculación
territorial en enseñanza primaria en zonas de difícil acceso y
rurales a través d e la Educación Contratada en los antiguamente
denominados «Territo rios Nacionales» en desarrollo de los
contratos celebrado s por los vicariato s de la iglesia católica, según
lo acordado en el artículo 13 del Concordato a través de la
Coordinación Educativa para cada intendencia y comisaría
existentes para ese entonces.

Refirió que dichos nombramientos, con posterioridad fueron
avalados y ratificados por el Ministerio de Educación a través de
una oficina especial de Coordinación p ara la Educación Contratada ,
pero su esencia era prestar servicios netamente territoriales , lo que
evidencia que quienes más desplegaron sus servicio s como
educadores y deben ser protegidos p or los presupuestos y espíritu
de la Ley 114 de 1913, son precisamente los docentes que sirvieron
en esa clase de zonas.

Por lo anterior, y habiendo demostrado que laboró más de 20 años
en la modalidad de Educaci ón Territorial, considera que no resulta
válida la discrimina ción efectuada por la accionada en cuanto a que ,
no es posible reconocer tales tiempos por haber sido vinculado por
la Nación.

2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 4

La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda por carecer de fundamentos de derecho .

Aclaró que los durante los tiempos laborados entre el 1 de febrero
y el 31 de marzo de 1979 en el departamento del Caquetá, el
carácter de la vinculación fue nacio nal y, por tanto, no cumple con

4 Folios 136 a 145.

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el requisito establecido en la ley para ser merecedor de la pensión
gracia.

Propuso las siguie ntes excepciones (i) inexistencia de la obligación
y cobro de lo no debido; (ii) buena fe; (iii) prescripció n ; y (iv) la
genérica .

3. AUDIENCIA INI CI AL 5

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal
Administrativo de Risaralda, el 19 de febrero de 2019 , llevó a cabo
la audiencia inicial , oportunidad en la que fijó el proble ma jurídico
en los siguientes términos:

«[ …] se concr et a al e st udio de leg al idad de los act os dem andados
baj o los pr ecisos t ér m inos de los c oncept os de la v i olaci ón
pr esent ados por la (sic) dem andant e en cot ej o con las nor mas que
se dicen han sido vulner adas, debié ndo se analizar si a la act or a
( sic) le asist e el de r echo al r econocim i ent o de la pensión gr acia,
calcul ada con el pr om edio del 75% de t odos los f act or es de salar io
devengado en el año ant er ior al est atus j urí dico de pensionado,
debidam ent e ind exa da. » ( sic)

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTAN CIA 6

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 6
de marzo de 2020, negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de la decisión, in dicó que , de acuerdo con el
material probatorio allegado, el demandante cumplió el requisito de
la edad.

En cuanto al tiempo de servicios p restados, encontró probado que
el demandante laboró como docente nacional para el Instituto
Educativo Parroquial del departamento de Caquetá, nombrado en
provisionalidad del 1 de febrero al 31 de marzo de 1979 y,

5 Folios 84 a 89. CD allegado a folio 89A.
6 Folios 200 s 207 Vto.

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posteriormente , del 1 de mayo de 1979 al 31 de enero de 1981 en
un establecimiento educativo perteneciente a la Educación Nacional
Contratada .

En ese orden, teniendo en cuenta que el carácter territorial o
nacional no lo det ermina la ubicación del plantel educativo donde
preste los servicios, sino el ent e que profiere el acto de
nombramiento se observa que en el presente caso fue el Ministerio
de Educación Nacional, por lo que el actor ostentó el carácter de
docente nacional y, por tanto, no tiene derecho a la pensión gracia .

Así las cosas, co ncluyó que , si bien el accionante prestó sus
servicios como docente en el departamento de l Caquetá, con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, también lo es , que dicho
periodo lo acreditó como docente nacional, con lo cual, incumple el
presupuesto establecido en la norma antes referida , así
posteriormente hubiese acumulado 20 años de servicio con
vinculación territorial.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

El señor Vivian de Jesús Guevara Soto solicitó revocar la decisión ,
y en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, indicó que el tribunal al negar las súplicas de la
demanda contrarió normas de carácter sustancial y constitucional,
pues se centró en el formalismo de la clase de vinculación y dejó
de lado el espírit u de la norma que beneficia a un grupo de
educadores en consideración a la esp ecial tarea que desarrollaban
y la baja remuneración que percibían.

Señaló qu e la vinculación se hizo bajo la modalidad de Educación
Contratada por lo que debe tenerse en cuenta que, para la época,

7 Folios 200ª 2004 Vto.

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los docentes realizaban constante sacrificios para cumplir a
cabalidad la profesión de enseñar y su esencia eran servicios
netamente te rritoriales, y por ello , el legislador quiso , en aras de
equipararlos con los docentes vinculados del orden nacional ,
mejorar su calidad de vida a través de la pensión gracia , como
muestra de gratitud por su trabajo .

De acuerdo a lo anterior , considera q u e la conclusión a la cual llegó
el a quo resulta d esafortunada , en tanto que se niega un derecho
pensional constitucional con base en una interpretación exegética
de las normas y la jurisprudencia por no haber prestado sus
servicios en educación territorial y ha ber recibido sus e molumentos
por parte del Tesoro Nacional a través de un tercero, siendo ese
tipo de educación un o que fue prestado en condiciones
especialísimas y afrontando difíciles circunstancias.

En ese orden, ruega tener en cuenta la ubicación geo gráfica y la
situación específica en los que laboró como docente , y en ese
sentido, considera que deben computarse los tiempos nacionales
para recibir la p ensión gracia, pues no es posible clasificar a los
docentes en sólo dos categorías a saber , nacionales o territoriales ,
dado que , docentes como el accionante , no le corresponde ninguna
de las anteriores categorías teniendo en cuenta que fue vinculado
por la Coordinació n de Educación Contratada , y en ese orden , debe
ser reconocida la prestación deprecada.

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A

6.1 La parte demandante 8 anunció que allegaba escrito de
alegatos, sin embargo, no los adjuntó.

6.2 La entidad demandada 9 solicitó desatender los argumentos
expuesto en el recurso y confirmar la decisión en tanto que el

8 Visible en el índice 1 3 de la plataforma SAMAI.
9 Visible en el índice 12 y 14 de la plataforma SAMAI.

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demandante no cumplió con los requisitos para ser acreedor de la
pensión gracia pues su vinculación inicial fue nacional .

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público guardaron silencio según el informe secretarial obrante a
folio 214.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto.

De igual manera, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 328
del Código General del Proceso 11, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
el apelante .

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apela ción interpuesto por la parte
demandante , le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

¿El señor Vivian de Jesús Guevara Soto , en su calidad de
docente oficial al servicio de la E ducación Contratada con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 , tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen

10 « E l
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los c asos previstos
por la ley.»

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consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan
dicha prestación?

Para resolver el asunto, se desarrol la rá el siguiente orden
metodológico: (i) la pensión gracia y (ii) el análisis del caso
concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia.

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1
de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspe ctores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.

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Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º , distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los siguient es
t ér m inos t endr án el alcance indic ado a cont inuaci ón de ca da
uno de ellos:
Per sonal naci onal . Son los docen t es vinculados p or
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vinculados p or
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o de
1976 y los vinculad os a par t ir de est a f echa, de conf or m idad
con lo dis puest o por la Ley 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los docent es vinculados po r
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al , a par t ir del 1 de ener o
de 1976, sin e l cu m plim ient o de l r equ isit o est ab lecid o en el
ar t í culo 10 de la Ley 43 de 1975. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

«A rt í cul o 15. A par t ir de la vigencia de la pr esent e Ley el
per sonal docent e na ciona l y nacional iza do y el que se vincule
con post er ior idad a l 1. de ener o de 1990 ser á r egido por la s
sigui ent es dispos ici ones:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 11 4 de 1 913, 116 de 1928, 3 7
de 1933 y dem ás nor m as que las hu bier an desar r ol lado o
m odif icado, t uviese n o llegar en a t ener der echo a la pensi ón
de gr acia, se les r econocer á siem pr e y cuando cum plan con l a
t ot alidad de los r equisit os . Est a pensión segu i r á
r econociéndos e por la Caj a Naci onal de pr evisión S oci a l
conf or m e al Decr et o 081 de 1 976 y s er á com pat ible co n la
pensión or d inar ia d e j ubilaci ón, aún en e l event o de est ar ést a
a car go t ot al o par cial de la naci ón. [ …]»

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De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha
advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente
que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacion alizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 12 señaló:

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón graci a
no quedan i ncl ui dos l os docent es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que , com o dice la Ley 91
de 1989, adem ás d e haber est ado vinc ulados hast a e l 31 de
diciem br e de 1980 “ t uviesen o lle gar en a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la
t ot alidad de r equisit os” . Y por últ im o, que sin la Ley 91 de 1989,
en especial la nor m a cont enida en el lit er al A, num er al 2, de su
ar t í culo 15, dichos ser vidor es no podr í an benef iciar se del
r econocim ient o de t al pens ión, pues ha biéndose n acion al iz ado
la educación pr im ar i a y secundar ia of iciales, dicha pr est ación,
en r ealid ad, no t endr í a el car áct er de gr aciosa que inic ialm en t e
le asignó la ley. [ …] . »

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 13 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los r ecur sos del si t uado f i scal que ot r or a tr ansf er í a o
cedí a la Nac ión a la s ent idades t er r it or i ales, en vi genci a de la
Car t a de 1886 y hast a cuando per m anecier on en vigor en la
Const it ución de 199 1, no obst ant e su or igen o f uent e nacional,
una vez se incor poraban a los pr esupuest os locales pasaba n a
ser de pr opiedad ex clusiva d e los r ef er id os ent es en calid ad de
r ent as exógenas .
ii) Los ent es t er r it or iales son los t it ular es dir ect os o
pr opiet ar ios de lo s r ecur sos que les gir a la Nació n,
pr ovenient es del si st ema general de part i ci paci ones , por

12 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
13Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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asignac ión dir ect a del ar t í culo 356 de la Car t a Polí t ica de
1991.
ii i) La f inanciació n de los gast os que gener aban los f ond os
educat i vos regi ona l es no solo dependí a de los r ecur sos q ue
gir aba la N ación a l as ent idades t er r it or iales por conce pt o del
si t uado f i scal , sino que t am b ién cor respondí a a los entes
local es dest inar par t e de su pr esupuest o par a at ender al
sost enim ient o de los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í culos 29
del Decr et o 31 57 d e 1968; y 60, inc is o 2. º , de la Ley 24 de
1988) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regi onal es at endí an los
gast os que gener aban los ser vicios educat ivos de los docent es
naciona les y nacio n aliza dos, r esult a f act ible col egir de m aner a
r azonada que l o pr opio acont ecí a con algun as de l as
er ogaciones sa lar ia l es or iginad as por el ser vicio que pr est ab an
los educador es t er r it or iales, ya que lo s r ecur sos dest inados
par a t al f in pr ovení an t ant o de la Nación —si t uado f i scal—
com o de las ent ida des t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o
caso, el univer so d e esos r ecur sos le per t enecí a de f orm a
exclusiv a a los ent es loca les dado q ue ingr esaba n a s us
pr esupuest os en cal idad de r ent as exógenas y endógenas .
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los docent es t er r it or ial es
y/ o nacional izados s e convier t en en educador es naciona les ( i)
cuando en el act o de su vinculac ión i nt er viene, adem ás del
r epr esent ant e legal de la ent idad t er r it or ial, el delega do
per m anent e del M inist er io de E duca ción Nac iona l com o
m iem br o de la j unt a admi ni st radora del r espect ivo f ond o
educat i vo regi onal , así , est e últ im o, cert if ique la v acancia d el
car go j unt o con la dispon ibi li dad pr esu puest al; y ( ii) por el
ar gum ent o de que los r ecur sos dest inados par a su
sost enim ient o t iene n su or igen o f uent e en la Nación.
vi) Prueba de cal i dad de docent e t e rri t ori al . Se r equier e
copia de los act os a dm inist r at ivos dond e const e el ví ncul o, en
los que adem ás se pueda est ablec er con suf icient e c lar id ad
que la plaza a ocupar sea de aquella s que el legisl ador ha
pr evist o com o t err it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede
acr edit ar con la r espect i va cer t if icac ión de l a aut or ida d
nom inador a que dé cuent a de m aner a inequí voca que el t i po
de vincul ación a l cu al se encuent r a som et ido el docent e of ic ial
es de car áct er t er r itor ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a enti dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, f r ent e al reconocim ie nt o de la
pensión gr acia, es la acr edit ación de la plaza a ocupar , esto
es, que sea de car áct er t er r it or ial o nacional izada, pues
conf or m e a los lin eam ient os f ij ados por la Sala en est a
pr ovidenc ia, en lo que r espect a a los educador es t er r it or iales,
el pago de sus acr eencias pr ovení a dir e ct am ent e de las r entas

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endógenas de la r espect iva local idad, o de las exógenas —
si t uado f i scal — cuando se suf r agaban los gast os a tr avés de
los f ondos educat i vos regi onal es ; y en lo que t iene que v er
con los educador es naciona liz ados, las er ogaciones que est os
gener aban se enm ar can en los r ecur sos del si t uado f i scal , hoy
si st ema general de part i ci paci ones . » ( Resalt ado del t ext o
or igina l)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 14 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docent es pued en acceder a la pens ión gr aci a ant es y de spués
del 29 d e dic iem br e de 1989, si em pr e y cuando acr ed it en un a
vincul ación t er r it or i al o naciona liz ada con ant elación al 31 de
diciem br e de 1980 y cum plan con los dem ás r equisit os legal m ent e
est ablecid os par a su r econocim ient o».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

14Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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2.3.2 La Educación Contratada

En relación con la educación contratada, esta Corporación en
sentencia del 24 de julio de 2008 15, con ponencia de la doctora
Bertha Lucía Ramírez de Páez, sostuvo lo siguiente:

«M ediant e la Ley 20 de 1974, se apr obó el Concor dat o y el
Pr ot ocolo Fina l ent re la Repúblic a de Colom bia y la Sant a Sede,
suscr it o en Bogot á el 12 de j ul io de 1 973 y sur ge la Edu cación
M isiona l Cont r at ada. Est a m odalidad d e pr est ación del ser vici o
educat ivo pos ib il it ó la am pl iaci ón de la educación en l os se ct or es
m ás apar t ados del paí s y en los ant iguos t er r it or ios nacionales a
t r avés de la suscr ipción de cont r at os ent r e el G obier no Naci onal y
la I glesia Cat ól ica.

“ ( …) Com o ser vicio a la com unidad en las zonas m ar ginadas,
necesit adas t em por alm ent e de un r égim en canónic o especi a l, la
I glesia colabor ar á en el sect or de la educación of icia l m ediant e
cont r at os que desarr ollen los pr ogr am as of iciales r espect iv os y
cont em plen las cir cunst ancias y exigen cias especí f icas de cada
lugar . Tales cont r at os celebr ados con el G obier no Naci on al se
aj ust ar án a cr it er ios pr eviam ent e acor dados ent r e ést e y la
Conf er encia Ep isco pal, de conf or m idad con lo d ispuest o en el
Ar t í culo VI . ( …) ”

Con el f in de des ar r ollar los cont r at os m encionados en la nor m a
t r anscr it a, el G obier no expidió e l Dec r et o 2768 de 1975, que
consagr ó nor m as par a la celebr ac ión de los cont r at os ent r e el
G obier no Naciona l y la I glesia Cat ó l ic a y est ableció que ser í an
f ir m ados por el M in ist er io de Ed ucació n Nacion al a nom b r e del
G obier no Nacio nal y por el r espect ivo O r dinar io Com pet ent e a
nom br e de la I glesia, y t ienen com o obj et o la adm inist r ación por
par t e de est a de los cent r os educat ivos en el sect or de la educación
of icia l, su t enor lit er al es el sigu ient e:

“ Ar t í culo cuar t o. El nom br am ient o de r ect or es y dir ect or es, del
per sonal docent e, a dm inist r at ivo y de ser vicio, en los cent r os
educat ivos baj o cont r at o, se har á de acuer do con el sig ui ent e
pr ocedim ient o:

1. El nom br am ient o de los r ect or es o dir ect or es de cada cen t r o
educat ivo o de cada conj unt o de cent r os educat ivos baj o r égi m en
cont r act ual, lo har á el M in ist er io de E du cación N acion al ent r e los
candidat os que pr es ent e el O r dinar io co m pet ent e. ( …)”

15 R a d i c a c i ó n interna 2387-2006.

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El Decr et o 2484 de 1976 m odif icó el Decr et o 2768 de 1975 y
est ableció qu e el O r dinar io Com pet ent e ( I glesia Cat ólica)
pr esent ar á al M inist er io de Educación Nacion al los nom br es del
per sonal dir ect ivo, docent e y adm inist r at ivo de cada Cent r o
Educat ivo o de cada conj unt o de Cent r os Educat ivos, par a que est e
r at if ique las noveda des de per sona l, su t enor lit er al es el s ig uient e:

“ El M inist er io de E ducación N acion al pr oceder á a r at if icar las
novedades de per so nal de los Cent r os Educat ivos baj o c ont r at o
de acuer do con el si guient e pr ocedim i en t o:

1. El Or dinar io Com pet ent e pr esent ar á al M inist er io de Educación
Nacion al los nom br es del per sonal dir ect ivo, docente y
adm inist r at ivo de ca da Cent r o Educat ivo o de cada conj unt o de
Cent r os Educat ivos. ( … ) ”

M ediant e el Decr et o 2155 de 1987, se der ogar on los De cr et os
ant er ior es y en su lugar dispuso:

“ Ar t í culo 1º Los cont r at os que de confor m idad con el ar t ículo
t r ece del Concor dat o, se celebr en ent r e el G obier no Naci on al y
la I glesia Cat ó lica en el sect or de la educación of ic ia l en las
zonas cont em pladas en el ar t í culo sext o del Tr at ado, se
aj ust ar án a las sigui ent es r eglas:
1. Los cont r at os ser án celebr ados p or el Pr esident e d e la
Repúb lica y e l M in ist r o de Educac ión Nac iona l, o por est e últ i m o,
de conf or m idad con las nor m as sobr e com pet encia vigent es al
m om ent o de la f ir m a, en nom br e del G obier no Nac iona l y p or el
r espect ivo or dinar i o com pet ent e a nom bre de la I gles ia Cat ó li ca.
2. Los cont r at os t ienen com o obj et o la adm inist r ación por p ar t e
de la I glesia Cat ól ic a de los Cent r os Educat ivos del Est ado y de
la I glesia Cat ó lica que se r igen por las nor m as del Est ado y
cum plan los r equis it os f ij ados en est e Decr et o.
3. Par a cada j ur is dicció n ecles iást ica se celebr ar á un solo
cont r at o, en cuyos anexos q uedar án en um er ados, por r egiones,
los inst it ut os docent es que sean obj et o de est e r égim en
cont r act ual.
En caso de que una j ur isdicción ecl e siást ica abar que va r ias
j ur isdiccion es civi le s, se podr án hacer tant os cont r at os cuant as
sean las j ur isd icci ones civ iles, seg ú n las conve nienc ia s o
exigenc ias lega les.
4. En cada cont r at o se est ablecer á la po sibi lid ad de su r evisión
y act ualizac ión s eg ún lo ex ij a el cam bio de las c ir cunst an cias
dur ant e su vigencia.
5. La dur ación de cada cont r at o ser á por un t iem po mí nim o de
t r es años y m áxim o de cinco, y podr án ser r enovados por acuer do
ent r e las par t es.

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6. Com o anexo de cada cont r at o f igur a un invent ar io de los
bienes m uebl es e i nm uebles que per t enezcan a cada ce nt r o
educat ivo.
7. Cuando el edif icio del cent r o educ at ivo del Est ado per t enezca
a la I gl esia Cat ól ica, en el co nt r at o se m encionar á ex pr esam ent e
el car áct er eclesiást ico de la pr opie dad del edif ic io.
8. Con car go a las sum as señaladas en l a ley de pr esupuest o de
cada año y sus adic i ones, se pagar án lo s sue ldos y pr est aci ones
social es del per sona l dir ect ivo docent e, docent e y adm inist r at ivo
de los cent r os educat ivos baj o cont r ato, así com o los gast os
inher ent es a l a b uena m ar cha de l os cent r os educat i vos,
sost enim ient o de edif icios, ser vic ios públ icos, m at er ial
pedagóg ico y dem á s concept os que ap ar ezcan dent r o de l a ley
de pr esupuest o. Las par t idas por aport e de cesant í as y Ley 27
de 1974, las g ir ar á dir ect am ent e el M inist er io de Educ ación
Nacion al al Fondo N aciona l de Ahor r o y al I nst it ut o Colom biano
de Bie nest ar Fa m iliar , de acuer d o con la apr opi ación
pr esupuest al r espec t iva.
9. Cada cont r at o r equier e par a su valide z:
a) Pago de im puest o de t im br e en la Adm inist r ación de
Hacien da Naci onal;
b) Apr obación y r egi st r o pr esupuest al;
c) Publicac ión en el DI ARI O O FI CI AL. (…) ”

Con la exped ición del Decr et o 1268 de 2001 que r eglam ent ó el
ar t í culo 200 de la Ley 115 de 1994 la com pet encia par a la
suscr ipción d e est os cont r at os con I glesias y C onf esione s
Rel igios as se t r aslado a las Ent idades Ter r it or iales con ca r go de
sus pr esupuest os, baj o la cont inua in spección y vig ilanc ia de l
M inist er io de Educa ción Nac iona l.

Lo ant er ior per m it e conclu ir que el cuer po docent e adscr it o a los
Cent r os Educat ivos Cont r at ados, cuyos nom br am ient os pr ovení an
por r at if icación del M inist er io de Educa ción Nacio nal, ost ent aban el
car áct er de docent es Naciona les.

Lo ant er ior signif ica que los sueldos y pr est aciones socia l es del
per sonal d ir ect ivo d ocent e, docent e y a dm inist r at ivo de los cent r os
educat ivos baj o cont r at o, est ar án a car go de la Nación.

La educación cont r a t ada se t r at a de una de las diver sas f or m as de
pr est ar educación p úblic a, ent endida co m o aquella que se f i nancia
con r ecur sos of iciales, se of r ece en condic iones de gr at uidad y
debe l legar a los sec t or es sociales m ás p obr es, en los que el Est ado
no puede pr opor cio n ar educación d ir ect am ent e sino por int er m edio
de est os cont r at os que quedan a car go de la Nación. [ …] »

Así, es posible afirmar que los docentes adscritos a los Centros
Educativos Contratados, c uyos nombramientos provenían por
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ratificación del Ministerio de Educación Nacional, ost entaban el
carácter de docentes Nacionales y sus sueldos y prestaciones
provenían de recursos a cargo de la Nación.

2.4.1 Actuación admini strativa

1) El accionante solicitó el 29 de abril de 2016 el reconocimiento
y pago de la pensión gracia.

2) Mediante la Resolución RDP 046076 del 7 de diciembre de
2016 16, la UGPP negó la petición, por considerar que de acuerdo
con los tiempos de servicio aportados «estos fueron prestados con
nombramiento del orden nacional ».

Al respecto agregó que:
«Ver if icado el exp ed ient e se obser va que la Reso luci ón 098 d el 15
de m ayo de 1979 fue expedida por el M inist er io de Educación
Nacion al, de lo que podem os concluir que el nom br am ient o
docent e a par t ir del 05 de m ayo de 1979 es del or den nacion al, t al
y com o r egist r a el cer t if icado No. 5063 del 27 de sept iem br e de
2016, expedido por el Depar t am ent o de Caquet á.

Por lo t ant o , los t i e m pos de ser vicio pr est ado al D epar t am ent o de
Caquet á son de l or den nacio nal y p or lo t ant o no puede n ser
consider ados en el c óm put o de t iem pos, par a el r econocim ie nt o de
la pensió n gr acia.

Es im por t ant e señalar que no obr a en el expedient e or ig ina l o copia
aut ent ica de l act o d e n om br am ient o No. 018 de l 10 de oct ubr e de
1979, así m ism o tam poco f ue allega da la r espect iva a ct a de
posesión. »

3) El accionante interpuso recurso apelación , que fue resuelto a

16 F o l i o s 2 a 4.

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través de la Resolución RDP 009960 del 13 de marzo de 2017 17,
que confirmó la decisión , para lo cual, reiteró los argumentos
expuestos en el acto recurrido y adicionó lo siguiente :

«Q ue se apor t ó certif icado de inf or m aci ón labor al en e l For m at o
del Fom ag que ind ic a que la int er esada ( sic) pr est ó sus servicios
desde el 12 de abr i l de 1982 con vincu la ción NA CI O NALI ZA DO .

Q ue los t iem pos ant er ior es del 01 de febr er o de 1979 al 30 de
m ar zo de 1979 y del 01 de m ayo de 197 9 al 30 de ener o de 1981
son t iem pos NACIO NALES t oda vez que corr esponden al
M I NI STERI O DE EDUCACI Ó N NA CI O NAL.

Q ue los t iem pos NA CI O NALES no se p u eden t ener en cuent a y por
ende no es posibl e r econocer una pensión gr acia ya que la
int er esada ( sic) no t iene t iem pos NACI O NALI ZADO S,
DI STRI TAL E S, DEP ARTAM EN TALE S, MUNI CI PALE S ant es del 31
de diciem br e de 198 0. » ( sic)

4) El accionante nuevamente solicitó , el 30 de septiembre de
2016, el reconocimiento y pago de la pensión gracia , que fue
resuelta de forma negativa , mediante la Resolución RDP 06523 del
22 de febrero de 2017 18, para lo cual, expuso lo s mismos
argumentos de los actos administrativos anteriormente
relacionados.

5) El accionante apeló la decisión y fue confirmada por medio de
la Resolución RDP 0018373 del 4 de mayo de 2017 19, con los
mismos considerandos.

2.4.2 Hechos probados y análisis del caso concreto

Atendiendo las anteriores precisio nes, la Sala procederá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verifica r si
al demandante le asiste el de recho al reconocimiento de la pensión

17 F o l i o 14 y Vto.
18 F o l i o s 9 a 11.
19 F o l i o s 6 y 7.

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gracia, por cumplir con los requisitos legales, concretamente frente
al tiempo de servicio acreditado y la naturaleza jurídica del vínculo.

2.4.2.1 El demandante nació el 14 de noviembre de 1960 20, por
tanto, el mismo día y mes de 20 10 cumplió 50 años de edad.

2.4.2.2 Respecto del tiempo de servicio docente, se observa lo
siguiente:

➢ Del 1.º de febrero de 1979 hasta el 31 de marzo de 1979 ,
nombrado mediante la Resolución 018 del 10 de febrero de 1979 21:

20 A s í consta en la cédula de ciudadanía que se encuentra visible a folio 22.
21 F o l i o 25 del cuaderno de pruebas.

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• Según el Acta 272 del 6 de febrero de 1979 22, se consignó la
siguiente información :

• El Formato Único para la Expedición d e Certif icado de Historia
Laboral, emitido por la Secretaría de Educación del Caquetá
el 2 de abril de 2019 23. hace constar que fue nombrado como
docente de primaria en el I.E. Parroquial San José de Fragua
(Caquetá), mediante la Resolución 018 del 10 de febrero de

22 F o l i o 26 del cuaderno de pruebas.
23 F o l i o 23 y Vto.

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1979 desde el «01/02/1979» y retiro vo luntario del
«31/03/1979».

Señaló también que el «2 REGIMEN DE PENSIONE S» ES
Nacional.

Del análisis de acto de nombramiento contenido en la Resolución
018 del 10 de febrero de 1979 , lo que constituye relevancia para
determinar si el do cente tiene el derecho o no al reconocimiento de
la pensión gracia, es si ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980,
y si se trató de una vinculación de carácter territorial o
nacionalizada.

Al respecto , es p reciso resa ltar que e ste acto proviene d irectamente
del Ministe rio de Educación Nacional y se constata además en el
membrete de la papelería utilizada , y tuvo por objeto nombrar en
provisionalidad al accionante en razón de la licenc ia no remunerada
concedida al señor Sigif redo Marín Ceballos, por el t érmino de
sesenta (60) días.

Cabe resaltar que la misma fue expedida precisamente por el
Ordinario Competente para la Educ ación Nacional Contractual en el
Vicariato Apostólico de Floren cia, en desarrollo del procedimiento
dispuesto por el Decreto 2768 de 1975, modificado por el Decreto
2484 de 1976 , el cual se expuso en el marco normativo relacionado
ut supra .

De manera que, como se explicó previamente, para dicho momento,
el cuerpo docente adscrito a los centros educativos contratados,
cuyos nombramientos provenían por ratificación de dicho ministerio
(como en efecto se relaciona a mano alzada, en la parte inferior de
la Resolución 018 del 10 de febrero de 1 979 en la que se consignó
«Confirmada por Res. 01625 del M.E.N/80»), en tanto el Ordinario
Competente (Iglesia Católica) presentaba al Ministerio de
Educación Nacional los nombres del personal directivo , docente y

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administrativo de cada Centro Educativo o de cada conjunto de
Centros Educativos, para que este ratificara las novedades de
personal, ostentaban indudablemente el carácter de docentes
nacionales 24.

Tal y como se ha mencionado previamente por esta Sala, el tiempo
en que la educación fue administr ada por las denominaciones
católicas, se enco ntraban sujetas a las disposiciones y directrices
expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y financiadas
con recursos direct os de la Nación .

Así, se colige que el carácter oficial de la Educación Misional
Contratada que se desarrolló en el país desde 1975 hasta el año
2001 y del cuerpo docente adscrito a los centros educativos
contratados cuyos nombramientos provenían por ratificación de
dicho Ministerio (razón por la cual, este acto de nombramiento fue
suscrito por el coordinador de Educación Contratada ), permite
corroborar que la naturaleza jurídica del vínculo era nacional.

Cabe advertir que sólo a partir del año 2001, con la expedición del
Decreto 1286 que reglamentó el artículo 200 de la Ley 115 de 1994,
la competencia para la suscripción d e los mencionado s contratos
con Iglesias y Con fesiones Religiosa s se trasladó a las entidades
territoriales con cargo a sus presupuestos , bajo la continuada
inspección y vigila ncia del Ministerio de Educación Nacional.

Ahora bien, obra también en el expediente copia de la Resolución
098 del 15 de mayo de 1979 25, correspondiente al periodo
comprendido entre el 1.º de mayo de 1979 y el 31 de enero de
1978.

24 A l
respecto, véase la sentencia de 7 de abril de 2016 con radicado 15001-
23-31-000-2008-00002-01 (3261-2014) proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda.
25 F o l i o s 27 y 28 del cuaderno de pruebas.

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A este acto de nombramiento le es aplicable el mismo análisis
realizado en precedencia, toda vez que , al igual que el anterior,
proviene directamente del Ministerio de Educación Nacional, y en
este caso, tuvo por objeto nombrar al accionante como profesor del
Colegio Parroquial de Sana José de Fragua a partir del 1.º de mayo
de1979, y dependiente de la Coordinación ; también fue expedida
por el Ordinario Co mpetente para la Educción Nacional Contractual
en el Vicariato Apostólico de Florencia e invocó igualmente las
facultades conferidas en el Decreto 2768 de 1975, modificado por
el Decreto 2484 de 1976.

Se observa también que , obra en la parte inferior del documento la
relación de la confirmación que en el caso del actor co rresponde al
artículo 1.º de la Resolución «05544 M.E.N/80» , de manera que, en
este caso, el carácter de la vinculació n también fue nacional.

Ahora bien, para este periodo, el extremo temporal final se
encuentra debidamente certificado con el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral, emitido por la
Secretaría de Educación del Caquetá también del 2 de abril de
2019 26, en el que se observa que fue nombrado docente de primaria
en el I.E. Parroquial San José de Fragua (Caquetá), mediante la
Resolución 098 del 15 de mayo de 1979 desde el «01/0 5/1979» y
causa de retiro «voluntario » del «31/0 1/1981».

En ese orden, de acuerdo con los actos de nombramiento
analizados por la Sala, y las afirmaciones realizadas en relación a
la naturaleza jurídica del vínculo , resultan coincidentes con lo dicho
por la parte demandante quien siempre ha manifestado que , en
efecto, se encuentra sujeto a las características propias
establecidas en las normas referida s por tratarse de Educación
Contratada .

26 F o l i o 24 y Vto.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 66001233300020170058401 (2951-2020)
Demandante: Vivian de Jesús Guevara Soto

Así las cosas, su inconformidad radica en que, según su
interpretación, los docentes que fueron maestros en zonas alejadas
y pertenecientes a los Territorios Nacionales d eberían ser
merecedores de la pensión gracia, precisamente porque,
atendiendo al espíritu de la Ley 114 de 1913, les correspondería
ser recompensados por atender la educación en lugares de difícil
acceso y en condiciones de complejidad.

Al respecto, resulta evidente que dicha situación no se encuadra
dentro de las condiciones ni requisito s expuestos en la mencionada
ley, por lo que n o es d able dar una interpretación extensiva a
quienes no fueron cubiertos por dicha prerrogativa, por lo que esta
Sala debe desestima r, para efectos de tramitar y re conocer la
pensión gracia estos periodos por tratarse de vinculaci ones
nacionales.

De lo anterior, se colige, en principio , que el carácter oficial de la
Educación Misional Contratada que se desarrolló en el país desde
1975, en tanto era administrada por las denominaciones católicas
con sujeción a las disposiciones y directrices expedidas por el
Ministerio de Educación Nacional y f inanciada con recursos directos
de la Nación hasta el año 2001, permite concluir, que el cuerpo
docente adscrito a los centros educativos contratados, cuyos
nombramientos provenían por ratificación de dicho Ministerio,
ostentaban indudablemente el carácter de nacionales.

Así las cosas, los tiempos de servicios del demandante prestados
en el establecimiento educativo de esta modalidad, –Colegio
Parroquial de San José de Fragua –, se consideran nacionales y,
por tanto, no son válidos para computar el tiempo requerido
legalmente para hacerse acreedor de la pensión gracia solicitada.

Cabe resaltar que el carácter territo rial o nacional de los
nombramientos docentes, no lo determina la ubicación del plantel
educativo en do nde se presten los servicios, como
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equivocadamente lo expone el recurrente, sino el ente gubernativo
que en efecto profiere el acto de nombramiento, que en este caso
correspondió al Ministerio de Educación Nacional, lo que a su vez
define la planta de pers onal a la que se pertenece y el presupuesto
de donde proceden los pagos laborales respectivos .

En esos términos, la Ley 91 de 1989, en el artículo 1, dejó claro
que un docente «nacional» es el que es nombrado por el Gobierno
nacional, a saber:

«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la present e Ley, los siguient e s
t ér m inos t endr án el alcance ind icado a cont inuación de ca da uno
de ellos:
Per sonal naci ona l . Son los docent es vinculados por
nombrami ent o del G obi erno Naci onal ».

En igual sentido, esta Corporación en sentencia S-699 del 26 de
agosto de 1997, señaló:

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón graci a
no quedan i ncl ui dos l os docent es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que , com o dice la Ley 91
de 1989, adem ás d e haber est ado vinc ulados hast a e l 31 de
diciem br e de 1980 “ t uviesen o lle gar en a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la
t ot alidad de r equis it os” . [ …] . » 27

Recientemente esta Corporación en sentencia de unificación SUJ-
030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022 sentó la siguiente regla
jurisprudencial:

«Unif ic ar la j ur ispr udencia del Cons ej o de Est ado en el sent ido de
pr ecisar la sigui ent e r egla en cuant o al ent endim ient o qu e debe
ot or gar se al art í culo 15, num er al 2, lit er al a) , de la Ley 91 de 1989
par a ef ect os de r econocer la pensión gr a cia de j ubilac ión:

Los docent es pueden acceder a la pensión gr acia ant es y
después del 29 d e diciem br e de 1989 , si empre y cuando
acredi t en una vi nc ul aci ón t erri t ori al o naci onal i zada co n
ant el aci ón al 31 de di ci embre de 1980 y cum plan con l os

27 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.

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dem ás r equisit os legalm ent e esta blec idos par a su
r econocim ient o. » ( N egr il la de la Sa la)

Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la
sana crítica, a esta Sala no le queda duda que el accionante no
colmó los requisit os necesarios para acceder a la pensión gracia
dado que no acreditó la vinculación antes del 31 de diciembre
de 1980 del orden territorial o nacionalizado , sit uación que
impide seguir adelante con el análisis de los restantes requisitos
contemplados en las normas que regulan la materia. 28

3. Conclusión

Conforme a lo expuesto, al señor Vivian de Jesús Guevara Soto no
le asiste el derecho a la pensión gracia, por lo que esta Subsección
confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda el 6 de marzo de 2020, que negó las súplicas de la
demanda.

4. Condena en costa s

En el presente caso se conde nará en costas de segunda instancia
a la parte demandante, en la medida que, conforme al ordinal 3.º
del artículo 365 del Código General de l Proceso, resultó vencida en
el proceso y estas se causaron por la actuación procesal de su
contraparte a través de apoderado, quien presentó alegatos de
conclusión en esta instancia. Además, resulta relevant e destacar
que la providencia objeto de apelación fue proferida con
posterioridad a la sentencia de unificación CE -SUJ2-01 1-18 del 21
de junio de 2018.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,

28En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado recientemente en
sentencias del 4 de mayo de 2023, radicado 25000234200020160316701
(2946-2018); 27 de abril de 2023, radicado 52001233300020160004901 (2859 -
2018).

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Demandante: Vivian de Jesús Guevara Soto

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda el 6 de marzo de 2020, que negó las
súplicas de la demanda , presentada por Vivian de Jesús Guevara
Soto contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones P arafiscales de la Protección Social – UGPP–, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de la presente sentencia.

SEGUNDO. Condenar en costas al demandante, según lo
explicado.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023 ) .

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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