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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03167-01

Fecha
4 de mayo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03167-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que negó las súplicas de la demanda presentada por Juan Olaya Ruiz contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia . TERCERO. Reconocer personería a la abogada Gloria Ximena Arellano Calderón , portadora de la tarjeta profesional 123.175 del Consejo Superior de la Judicatura , de acuerdo con la sustitución de poder allegada a folio 157. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-03167-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

4 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C. cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2 023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000234200020160316701 (2946-2018)
Demandante: Juan Olaya Ruiz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social .

Temas: Pensión gracia . Tipo de vincu lación. Educación contratada.
Coordinador de Educación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A resuelve el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de l 28 de
febrero de 201 8, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca , Sección Segunda Subsección D, que negó las
súplicas de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1

1.1. Pretensiones

El señor Juan Olaya Ruiz , por intermedio de apoderado , en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, requirió d eclarar
la nulidad de l Auto ADP 006497 del 16 de mayo de 2016 , por medio
del cual, la UGPP negó la solicitud de reconocimiento y pago de la

1 Folios 22 a 33.
2Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
en adelante CPACA

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000234200020160316701 (2946-2018)
Demandante: Juan Olaya Ruiz

pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó con denar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia
calculad a con todos los factores sala riales devengados en el último
año de servicios anterior al cumplimiento del estatus pensional ,
esto es, a l 17 de marzo de 2004, en cuantía de $ 732.824; (ii)
indexar las sumas reconocidas según lo dispuesto en los artículos
187 y 193 (inciso 1) del CPACA ; (iii) en caso de no cumplir la
sentencia en los términos del numeral 2.º del artículo 192 ídem,
pagar intereses moratorios conforme al artícu lo 195 del CPACA; y
(iv) pagar costas y agencias en derecho.

1.2. Hechos que fundamentan la de manda

El señor Juan Olaya Ruiz expuso que nació el 16 de marzo de 1954
y prestó sus servicios como docente de manera interrumpida desde
el 1 de febrero de 1977 hasta el 30 de abril de 1997.

El 20 de enero de 2016 e l demandante presentó derecho de petición
para el reconocimiento y pago de la pensión .

La UGPP mediante Auto ADP 006497 del 16 de mayo de 2016, negó
la solicitud de reco nocimiento y pago de la pensión gracia .

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

El actor señaló que laboró por más de 20 años con vinculación
territorial en enseñanza primaria en zonas de difícil acceso y
rurales a través d e la Educación Contratada en los antiguamente
denominados «Territo rios Nacionales» en desarrollo de los
contratos celebrados por los vicariato s de la iglesia católica , según
lo acordado en el artículo 13 del Concordato a través de la
Coordinación Educativa para cada Intendencia y Comisaría
existente s para ese entonces.

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Demandante: Juan Olaya Ruiz

Refirió que dicho s nombramientos, cuya esencia era prestar
servicios netamente territoriales , fueron avalados y ratificados con
posterioridad por el Ministerio de Educación a través de una Oficina
Especial de Coordinación par a la Educación Contratada , lo que
evidencia que quienes más desplegaron sus servicios y deben ser
protegidos por los presupuestos y espíritu de la Ley 114 de 1913 ,
son precisamente aquellos educadores que sirvie ron en esa clase
de zonas.

Por lo anterior, y habiendo demostrado que laboró más de 20 años
en la modalidad de educación territorial, no resu lta válida la
discriminación efectuada por la accionada en cuanto a que no es
posible reconocer tales tiempos por considerar que el carácter d e
la vinculación es nacional.

2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 3

La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda por carecer de fundamentos de derecho y al respecto
aclaró que se evidenció que el demandante no logró demostrar la
vinculación territorial por el periodo de 20 años, toda vez que la
documentación aportada se encuentra incompleta y contiene
inconsistencias pues no se pudo establecer que aquel haya
laborado como docente antes del 31 de diciembre de 1980.

Propuso las siguientes excepciones (i) falta de competencia por
factor territorial ; (ii) presunción de legalidad de los actos
administrativos expedidos por la entidad de pensiones ; (iii)
inexistencias de la obligación; (iv) la innominada o genérica , y (v)
prescripción .

3. AUDIENCIA INI CI AL 4

3 Folios 80 a 84.
4 Folios 118 a 122. CD allegado a folio 123.

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda
Subsección D, en acatamiento al artículo 180 del CPACA, llevó a
cabo audiencia inicial concentrada el 28 de febrero de 2018 ,
oportunidad en la que fijó el proble ma jurídico en los siguientes
términos:

«Consist e en det er m inar si la par t e dem a ndant e t iene der ech o a que
se le reconoz ca y p ague l a pensi ón gr aci a, de conf or m idad con la
nat ur aleza de sus vincul acion es y si cum ple con el r equisit o de
haber es t ado vinc ul ado com o docent e a 31 de d iciem br e de 1980,
de conf or m idad con lo pr evist o en las L e yes 114 de 1973 y 1 16 de
1928, 37 de 1933 y 91 de 1989. »

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 5

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda
Subsección D, en sentencia del 28 de febrero de 2018 negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a l demandante.

Como fundamento de la decisión, indicó que , según el certificado
de información laboral expedido por la Gobernación del Amazonas,
el accionante, mediante la Resolución 8808 del 29 de agosto de
1977, fue nombrado como docente nacional y posesionado por el
coordinador de Educación Nacional del Amazon as, razón por la cual
se puede establecer que se trata de una vinculación de carácter
nacional.

Respecto de la Resolución 007 del 19 de abril de 1979 expedida
por el Ministerio d e Educación Nacio nal, Prefectura Apostólica de
Leticia, Amazonas, por el cual, el Ordinario Competente para la
Educación Nacional contractual de la Prefectura Apostólica de
Leticia – Amazonas, efectuó unos nombramientos, entre ellos al
accionante, como profesor de secundaria desde el 1 de febrero de
1979 hasta el 31 de enero de 1982 , labora ndo en el marco de la
Educación Misional Contratada, administrada por la Iglesia Católica
con sujeción a las directrices expedidas por Ministerio d e Educación

5 Folios 200 s 207 Vto.
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Nacional, señaló que ésta se trató de una vinculación de carácter
nacional, por lo que no acreditó tiempos de servicio territorial o
nacionalizado antes del 31 de diciem bre de 1980 y en ese sentido
no es posible acceder a la pensión gracia .

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 6

El señor Juan Olaya Ruiz solicitó revo car la decisión y , e n su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, indicó que el tribunal al negar las súplicas de la
demanda contrarió normas de carácter sustancial y constitucional,
pues se centró en el formalismo de la clase vinculació n y dejó de
lado el espí ritu de la norma que beneficia a un grupo de educadores
en consideración a la especial ta rea que desarrollab an y la baja
remuneración que percibían.

Señaló que la vinculación en el territo rio del Amazonas se hizo bajo
la modalidad de Educación Contratada por lo que debe tenerse en
cuenta que, para la época, los docentes realizaban constante s
sacrificios para cumplir a cabalidad la profesión de enseñar y, por
ello, el legislador quiso equipararlos con los docentes vinculados
en el orden nacional y mejorar su calidad de vida a través de la
pensión gracia.

De acuerdo con lo anterior, y al considera r que quedó demostrado
que el accionante laboró por más de 20 años al servicio de la
educación territorial y la enseñanza primaria en zonas de difícil
acceso y rurales a través de esa forma de contratación, «el análisis
debe realizarse de ntro del campo lógi co y razonable en su contexto
general y rea l», por cuanto no es posible clasif icar a los docentes
en sólo dos categorías a saber , nacionales o territoriale s , pues se
olvida que, docentes como el accionante, no corresponden a

6 Folios 114 a 122.

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ninguna de las anteriores categ orías ya que fue vinculado por la
coordinación de educación contratada del Amazonas y, en ese
orden, debe ser reconocida la pensión gracia deprecada.

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A

6.1 La parte demandante 7 expuso los mismos argumentos del
recurso de apelación .

6.2 La entidad demandada 8 solicitó conf irmar la sentencia
recurrida por considerar que los fundamentos expuestos por el a
quo permitieron concluir , a partir de una correcta valoración
probatoria , que no fueron acreditados los tiempos de servicio
requeridos para causar la pensión gracia que reclama , en tanto que
los anteriores al 3 1 de diciembre de 1980 fueron nacionales.

La Agencia Nacional de Defen sa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público guardaron silencio según el informe secretarial obrante a
folio 163.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328

7 Folios 144 a 146.
8 Folios 159 a 162.
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».

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del Código General del Proceso 10, la competencia del juez de
segunda instancia est á circunscrita a los argumentos expuestos por
el apelante .

2.2. Problema jurídico

corresponde a la Sala , de acuerdo con el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante , determinar lo siguiente:

¿El señor Juan Olaya Ruiz , en su calidad de docente oficial,
tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en
aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y
demás normas que regulan dicha prestación?

Para resolver el asunto, se desarrol la rá el siguiente orden
metodológico: (i) la pensión gracia ; (ii) la Educación Contratada ; y
(iii) el análisis del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia.

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra

10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.»

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pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1
de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspe ctores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1º, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los siguient es
t ér m inos t endr án el alcance indic ado a cont inuaci ón de ca da
uno de ellos:
Per sonal naci onal . Son los docen t es vinculados p or
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vinculados p or
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o de
1976 y los vinculad os a par t ir de est a f echa, de conf or m idad
con lo dis puest o por la Ley 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los docent es vinculados po r
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al , a par t ir del 1 de ener o
de 1976, sin e l cu m plim ient o de l r equ isit o est ab lecid o en el
ar t í culo 10 de la Ley 43 de 1975. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .

El numeral 2º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

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«A rt í cul o 15. A par t ir de la vigencia de la pr esent e Ley el
per sonal docent e na ciona l y nacional iza do y el que se vincule
con post er ior idad a l 1. de ener o de 1990 ser á r egido por la s
sigui ent es dispos ici ones:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 11 4 de 1 913, 116 de 1928, 3 7
de 1933 y dem ás nor m as que las hu bier an desar r ol lado o
m odif icado, t uviese n o llegar en a t ener der echo a la pensi ón
de gr acia, se les r econocer á siem pr e y cuando cum plan con l a
t ot alidad de los r equisit os . Est a pensión segu i r á
r econociéndos e por la Caj a Naci onal de pr evisión S oci a l
conf or m e al Decr et o 081 de 1 976 y s er á com pat ible co n la
pensión or d inar ia d e j ubilaci ón, aún en e l event o de est ar ést a
a car go t ot al o par cial de la naci ón. [ …]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha
advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente
que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacion alizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 11 señaló:

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón graci a
no quedan i ncl ui dos l os docent es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que , com o dice la Ley 91
de 1989, adem ás d e haber est ado vinc ulados hast a e l 31 de
diciem br e de 1980 “ t uviesen o lle gar en a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la
t ot alidad de r equisit os” . Y por últ im o, que sin la Ley 91 de 1989,
en especial la nor m a cont enida en el lit er al A, num er al 2, de su
ar t í culo 15, dichos ser vidor es no podr í an benef iciar se del
r econocim ient o de t al pens ión, pues ha biéndose n acion al iz ado
la educación pr im ar i a y secundar ia of iciales, dicha pr est ación,
en r ealid ad, no t endr í a el car áct er de gr aciosa que inic ialm en t e
le asignó la ley. [ …] . »

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la

11 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.

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Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 12 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los r ecur sos de l si t uado f i scal que ot r or a t r ansf erí a o cedí a la
Nación a l as ent idad es t er r it or iales, en vigencia de la Car t a de 1886
y hast a cuando p er m anecier on e n vig or e n la C onst it ució n de 1991,
no obst ant e su or igen o f uent e naciona l, una vez se incor por aban
a los pr esupuest os local es pasaban a ser de pr opiedad exclusiv a
de los r ef er idos ent es en calidad de r ent as exógenas .
ii) Los ent es t err it or iales son los t it ular es dir ect os o pr opiet ar ios de
los r ecur sos que les gir a la Nación, pr ovenient es del si st ema
general de part i ci paci ones , por asigna ción dir ect a del ar t í culo 356
de la Car t a Polí t ica de 1991.
ii i) La f inanciación de los gast os que gener aban los fondo s
educat i vos regi on al es no solo de pe ndí a de los r ecur s os que
gir aba la Nac ión a las ent idades t er r i t or iales por concep t o del
si t uado f i scal , sino que t am bién cor r espondí a a los ent es l ocales
dest inar par t e de su pr esupuest o par a at ender al sost enim ie nt o de
los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í cul os 29 del Decr et o 3 157 de
1968; y 60, inciso 2. º , de la Ley 24 de 1988) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regional es at endí an los gast os
que gener aban los s er vicios educat iv os de los docent es naci onales
y nacional izados, r esult a f act ible coleg ir de m aner a r azonada que
lo pr opio acont ecí a con algunas de las er ogaciones sal ar iale s
or igina das por el ser vicio que pr est aban los educador es
t er r it or iales, ya que los r ecur sos dest ina dos par a t al f in pr ov ení an
t ant o de la Nac ión —si t uado f i scal — com o de las ent i dades
t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o caso, el univer so de esos
r ecur sos le per t enecí a de f or m a exclusiv a a los ent es locales dado
que ingr esab an a su s pr esupuest os en c alid ad de r ent as exó genas
y endógenas .
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los docent es t err it or ial es y/ o
naciona liz ados se c onvier t en en educad or es naciona les ( i) cuando
en el act o de su vin culaci ón int er vie ne, adem ás del r epr ese nt ant e
lega l de la ent idad t er r it or ial, el delegado per m anent e del M inist er io
de Educación Nac io nal com o m iem br o de la j unt a admi ni st radora
del r espect ivo f o n do educat i vo reg i onal , así , est e últ im o,
cer t if ique la vacan cia del car go j unt o con la dispon ib il idad
pr esupuest al; y ( ii) p or el ar gum ent o de que los r ecur sos dest i nados
par a su sost enim ien t o t ienen su or igen o f uent e en la Nación .
vi) Prueba de cal i da d de docent e t erri tori al . Se r equier e copia de
los act os adm inist r at ivos donde const e el ví nculo, en los que
adem ás se pueda est ablecer con suf icient e clar idad que la plaza a

12Consejo de Estado, Sección Segunda. R adicación 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
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Demandante: Juan Olaya Ruiz

ocupar sea de aquell as que el legi slador ha pr evist o com o
t er r it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede acr edit ar con la
r espect iva cer t if icación de la aut or idad nom inador a que dé cuent a
de m aner a inequí voca que el t ipo d e vinculac ión a l cual s e
encuent r a som et ido el docent e of icia l es de car áct er t er r it or ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a ent i dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elev ant e, f r ent e al r econocim ient o de la p ensió n
gr acia, es la acr editación de la plaza a ocupar , est o es, que sea de
car áct er t err it or ial o naciona lizad a, pues conf or m e a los
line am ient os f ij ados por la Sal a en est a pr ovidenc ia, en l o que
r espect a a los educador es t er r it or iales, el pago de sus acr eencias
pr ovení a dir ect am ent e de las r ent as endógenas de la r es pect iva
local idad, o d e la s exógenas —si t u ado f i scal — cuando se
suf r agaban los ga st os a t r avés de los f ondos edu cat i vos
regi onal es ; y en lo que t iene que ver con los educador es
naciona liz ados, las er ogaciones q ue est os gener aban se en m ar can
en los r ecur sos d el si t uado f i scal , hoy si st ema general de
part i ci paci ones . » (Resalt ado de l t ext o or igina l)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 13 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docent es pued en acceder a la pens ión gr aci a ant es y de spués
del 29 d e dic iem br e de 1989, si em pr e y cuando acr ed it en un a
vincul ación t er r it or i al o naciona liz ada con ant elación al 31 de
diciem br e de 1980 y cum plan con los dem ás r equisit os legal m ent e
est ablecid os par a su r econocim ient o».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe

13Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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Demandante: Juan Olaya Ruiz

acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 La Educación Contratada

En relación con la educación contratad a, esta Corporación en
sentencia del 24 de julio de 2008 14, con ponencia de la doctora
Bertha Lucía Ramírez de Páez, sostuvo lo siguiente:

«M ediant e la Ley 20 de 1974, se apr obó el Concor dat o y el
Pr ot ocolo Fina l ent re la Repúblic a de Colom bia y la Sant a Sede,
suscr it o en Bogot á el 12 de j ul io de 1 973 y sur ge la Edu cación
M isiona l Cont r at ada . Est a m odalidad de pr est ación de l s er vicio
educat ivo pos ib il it ó la am pl iaci ón de la educación en l os se ct or es
m ás apar t ados del paí s y en los ant iguos t er r it or i os nacionales a
t r avés de la suscr ipción de cont r at os ent r e el G obier no Naci onal y
la I glesia Cat ól ica.

“ ( …) Com o ser vicio a la com unidad en las zonas m ar ginadas,
necesit adas t em por alm ent e de un r égim en canónic o especi a l, la
I glesia colabor ar á en el sect or de la educación of icia l m ediant e
cont r at os que desarr ollen los pr ogr am as of iciales r espect iv os y
cont em plen las cir cunst ancias y exigen cias especí f icas de cada
lugar . Tales cont r at os celebr ados con el G obier no Naci on al se
aj ust ar án a cr it er ios pr ev iam ent e acor dados ent r e ést e y la
Conf er encia Ep isco pal, de conf or m idad con lo dispuest o en el
Ar t í culo VI . ( …) ”

Con el f in de des ar r ollar los cont r at os m encionados en la nor m a
t r anscr it a, el G obier no expidió e l Dec r et o 2768 de 1975, que
consagr ó nor m as p ar a la celebr ac ión de los cont r at os ent r e el
G obier no Naciona l y la I glesia Cat ól ic a y est ableció que ser í an
f ir m ados por el M in ist er io de Ed ucació n Nacion al a nom b r e del
G obier no Nacio nal y por el r espect ivo O r dinar io Com pet ent e a
nom br e de la I glesia, y t ienen com o obj et o la adm inist r ación por

14 R a d i c a c i ó n interna 2387-2006.
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par t e de est a de los cent r os educat ivos en el sect or de la educación
of icia l, su t enor lit er al es el sigu ient e:

“ Ar t í culo cuar t o. El nom br am ient o de r ect or es y dir ect or es, del
per sonal docent e, a dm inist r at ivo y de ser vicio, en los cent r os
educat ivos baj o cont r at o, se har á de acuer do con el sigui ent e
pr ocedim ient o:

1. El nom br am ient o de los r ect or es o dir ect or es de cada cen t r o
educat ivo o de cada conj unt o de cent r os educat ivos baj o r égi m en
cont r act ual, lo har á el M i n ist er io de E du cación N acion al ent r e los
candidat os que pr es ent e el O r dinar io com pet ent e. ( …)”

El Decr et o 2484 de 1976 m odif icó el Decr et o 2768 de 1975 y
est ableció qu e el O r dinar io Com pet ent e ( I glesia Cat ólica)
pr esent ar á al M inist er io de Educación Naci on al los nom br es del
per sonal dir ect ivo, docent e y adm inist r at ivo de cada Cent r o
Educat ivo o de cada conj unt o de Cent r os Educat ivos, par a que est e
r at if ique las noveda des de per sona l, su t enor lit er al es el s ig uient e:

“ El M inist er io de E ducación N acion al pr oceder á a r at if icar las
novedades de per so nal de los Cent r os Educat ivos baj o cont r at o
de acuer do con el si guient e pr ocedim i en t o:

1. El Or dinar io Com pet ent e pr esent ar á al M inist er io de Educación
Nacion al los nom br es del per sonal dir ect ivo, docente y
adm inist r at ivo de ca da Cent r o Educat ivo o de cada conj unt o de
Cent r os Educat ivos. ( …) ”

M ediant e el Decr et o 2155 de 1987, se der ogar on los De cr et os
ant er ior es y en su lugar dispuso:

“ Ar t í culo 1º Los cont r at os que de confor m idad con el ar t ículo
t r ece del Concor dat o, se celebr en ent r e el G obier no Naci on al y
la I glesia Cat ó lica en el sect or de la educación of ic ia l en las
zonas cont em pladas en el ar t í culo sext o del Tr at ado, se
aj ust ar án a las sigui ent es r eglas:
1. Los cont r at os ser án celebr ados p or el Pr esid ent e d e la
Repúb lica y e l M in ist r o de Educac ión Nac iona l, o por est e últ i m o,
de conf or m idad con las nor m as sobr e com pet encia vigent es al
m om ent o de la f ir m a, en nom br e del G obier no Nac iona l y p or el
r espect ivo or dinar i o com pet ent e a nom bre de la I gles ia Ca t ó li ca.
2. Los cont r at os t ienen com o obj et o la adm inist r ación por p ar t e
de la I glesia Cat ól ic a de los Cent r os Educat ivos del Est ado y de
la I glesia Cat ó lica que se r igen por las nor m as del Est ado y
cum plan los r equis it os f ij ados en est e Decr et o.
3. Par a cada j ur is dicció n ecles iást ica se celebr ar á un solo
cont r at o, en cuyos anexos quedar án en um er ados, por r egiones,

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los inst it ut os docent es que sean obj et o de est e r égim en
cont r act ual.
En caso de que una j ur isdicción ecl e siást ica abar que va r ias
j ur isdiccion e s civi le s, se podr án hacer tant os cont r at os cuant as
sean las j ur isd icci ones civ iles, seg ú n las conve nienc ia s o
exigenc ias lega les.
4. En cada cont r at o se est ablecer á la po sibi lid ad de su r evisión
y act ualizac ión s eg ún lo ex ij a el cam bio de las c ir cunst an c ias
dur ant e su vigencia.
5. La dur ación de cada cont r at o ser á por un t iem po mí nim o de
t r es años y m áxim o de cinco, y podr án ser r enovados por acuer do
ent r e las par t es.
6. Com o anexo de cada cont r at o f igur a un invent ar io de los
bienes m uebl es e i nm uebles que per t enezcan a cada ce nt r o
educat ivo.
7. Cuando el edif icio del cent r o educat ivo del Est ado per t enezca
a la I gl esia Cat ól ica, en el co nt r at o se m encionar á ex pr esam ent e
el car áct er eclesiást ico de la pr opie dad del edif ic io.
8. Con car go a las sum as señaladas en l a ley de pr esupuest o de
cada año y sus adic i ones, se pagar án lo s sueldos y pr est aci ones
social es del per sona l dir ect ivo docent e, docent e y adm inist r at ivo
de los cent r os educat ivos baj o cont r ato, así com o los gast os
inher ent es a l a b uena m ar cha de l os cent r os educat i vos,
sost enim ient o de edif icios, ser vic ios públ icos, m at er ial
pedagóg ico y dem á s concept os que ap ar ezcan dent r o de l a ley
de pr esupuest o. Las par t idas por aport e de cesant í as y Ley 27
de 1974, las g ir ar á di r ect am ent e el M inist er io de Educ ación
Nacion al al Fondo N aciona l de Ahor r o y al I nst it ut o Colom biano
de Bienest ar Fa m iliar , de acuer d o con la apr opi ación
pr esupuest al r espec t iva.
9. Cada cont r at o r equier e par a su valide z:
a) Pago de im puest o de t im br e en la Adm inist r ación de
Hacien da Naci onal;
b) Apr obación y r egi st r o pr esupuest al;
c) Publicac ión en el DI ARI O O FI CI AL. (…) ”

Con la exped ición del Decr et o 1268 de 2001 que r eglam ent ó el
ar t í culo 200 de la Ley 115 de 1994 la com pet encia par a la
suscr ipción d e est os cont r at os con I glesias y C onf esione s
Rel igios as se t r aslado a las Ent idades Ter r it or iales con ca r go de
sus pr esupuest os, baj o la cont inua in spección y vig ilanc ia de l
M inist er io de Educa ción Nac iona l.

Lo ant er ior per m it e conclu ir que el cuer po doc ent e adscr it o a los
Cent r os Educat ivos Cont r at ados, cuyos nom br am ient os pr ovení an
por r at if icación del M inist er io de Educa ción Nacio nal, ost ent aban el
car áct er de docent es Naciona les.

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Lo ant er ior signif ica que los sueldos y pr est aciones socia l es del
per sonal d ir ect ivo d ocent e, docent e y a dm inist r at ivo de los cent r os
educat ivos baj o cont r at o, est ar án a car go de la Nación.

[ …] »

Así, es posible afirmar que los docentes adscritos a los Centros
Educativos Contratados, cuyos nombramientos provenían por
ratificación del Ministerio de Educación Nacional, ost entaban el
carácter de docentes Nacionales y sus sueldos y prestaciones
provenían de recursos a cargo de la Nación.

2.4 Actuación admini strativa

I) El accionante solicitó el 20 de enero de 2016 el reconocimiento
y pago de la pensión gracia.

II) La UGPP, m ediante el Auto ADP 006497 del 16 de mayo de
2016 15, ordenó el archivo de la solicitud en atención a lo
estipulado en el artículo 87 de la L ey 1437 de 2011, con las
siguientes consideraciones:

«Q ue m ediant e Resoluci ón 19994 del 13 de j ulio de 2005, se negó
el r econocim ient o de una pensió n de j ubi l ación gr aci a al int er esado.

Q ue m ediant e la R e soluci ón RD P 0015 3 0 del 17 de ener o d e 2014
se negó el r econoc im ient o de la p ensi ón gr acia por cuan t o los
t iem pos labor ados ant es de año 1980 t ienen vincu lació n de t ipo
NACI O NAL

Q ue m ediant e la Resoluci ón No. RDP 0 06029 del 21 de f eb r er o de
2014 se r esolvió un r ecur so de r eposición y en consecuencia se
conf ir m ó en t odas y cada una de las partes la Resolución No . 1530
del 17 de ener o de 2014.

Q ue m ediant e pet ición de f echa 20 de ener o de 2016 se soli cit a de
nuevo el r econocim i ent o de la pensi ón d e j ubilaci ón gr acia.

Q ue se aclar a que m ediant e Reso luci ó n No. 19994 de l 13 de j ulio
de 2005, se negó e l r econocim ie nt o de una pensión de j ub ilac ión
gr acia al int er esado com o quier a que no acr edit ar a vincu laci ón a l a

15 F o l i o 14 y Vto.
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docencia de or den n aciona liza do, depar t am ent al y/ o m unicip al co n
ant er ior idad al 30 d e diciem br e de 1980 .

[ …]

En r azón a lo ex puest o, t eniendo e n cuent a que los act os
adm inist r at ivos pr eci t ados se encuent r an debidam ent e not if ic ados y
ej ecut or iados, y en consider ac ión a que los elem ent os de j uicio que
obr an en el ex pedi e nt e adm inist r at ivo n o hacen var iar la d ecisió n
t om ada en las r eso lu ciones Resol ución N o. 1530 de l 17 de en er o de
2014 y RDP 006029 del 21 de f ebr er o de 2014 , no habr á lugar por
par t e de est a ent idad a em it ir nuevam ent e un pr onunciam ient o
r espect o al r econoci m ient o de la pensió n de j ubilació n gr aci a.
[ …] »

2.5 Caso concreto

La Sala procederá a examinar las pruebas obrantes en el
expediente a fin de verificar si al demandante le asiste el derecho
al reconocimient o de la pensión gracia, por cumplir con los
requisitos legales, concretamente frente al tiempo de servicio
acreditado.

2.5.1 Hechos probados y análisis del caso concreto

2.5.1.1 El demandante nació el 16 de marzo de 1954 16, por
tanto, el mismo día y mes de 200 4 cumplió 50 años de edad.

2.5.1.2 Respecto del tiempo de servicio docente, se observa lo
siguiente:

➢ Del 1 de febrero de 1977 al 31 de enero de 1982 , nombrado
mediante Resolución 002 del 28 de enero de 1977 según se lee en
el Acta de Posesión 002 del 7 de febrero de 1977 17 en la que consta
que el demandante se presentó ante el Coordinador de Educación
Nacional del Amazonas a fin de tomar posesión del cargo de
«MAESTRO DE SEGUNDA CATEGORÍA PRIMARIA POR DERECHO

16 A s í consta en la cédula de ciudadanía que se encuentra a folio 19 y el
registro civil de nacimiento a folio 10.
17 F o l i o 2 .

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A GRADO EN EL INTERNADO INDÍGENA DE SAN RAFAEL
(AMAZONAS ). »

Dicho documento se encuentra suscrito por el secretario, el
posesionado y se lee adicional «Firma quien da posesión» , es decir
el coordinador de Educación, Monseñor Marceliano Ca nyes, quien
al lado de la rúbrica correspondiente lleva el siguiente sello:

«M inis te rio de Educación Nacional
Coordinación Educaci ón
L e ticia, De cre to 27 68 /7 5 »

Si bien, al presente proceso no fue allegado el acto de
nombramiento referido , lo cierto es que sí se aportó el acta de
posesión, de este último documento es posible co legir que, con
base en los argumentos expuestos en el marco normativo , y
teniendo en cuenta que para dicho momento, el cuerpo docente
adscrito a los centros educativos contratados, cuyos
nombramientos provenían por ratificación de dicho Minist erio,
ostentaban indudablemente el carácter de docentes nacionales 18,
tal y como se ha mencionado previamente por esta Sala, el tiempo
en que la educación fue administrada por las denominaciones
católicas, se enco ntraban sujetas a las disposiciones y directrices
expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y financiadas
con recursos direct os de la Nación .

Cabe advertir que s ólo a partir del año 2001, con la expedición del
Decreto 1286 que reglamentó el artículo 200 la Ley 115 de 1 994, la
competencia para la suscripción de los mencionado s contratos con
Iglesias y Confesiones Religiosas se trasladó a las entidades
territoriales con cargo a sus presupuestos , bajo la continuada
inspección y vigila ncia del Ministerio de Educación Nacion al.

18 A l
respecto, véase la sentencia de 7 de abril de 2016 con radicado 15001-
23-31-000-2008-00002-01 (3261-2014) proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda.

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La anterior información resulta coincid ente con l os datos contenidos
en el certificado emitido por la Sección Hojas de Vida del
departamento Administrativo de Educación, Cultura y De porte de la
Gobernación del Amazonas 19, en la que se consagró la siguiente
información:

«Q ue, JUAN O LAYA RUI Z ident if icado c on Cédula de Ci uda daní a
No 15. 085. 325 exp edida en Let ici a, labor a a l ser vici o de la
Secr et ar ia de Educa ción Depar t am ent al del Am azonas, ej er ciendo
las f unciones de Docent e, nom br ado desde el 01 de f ebr er o de 1977
hast a e l 30 de ener o de 1982 y desde el 01 de m ayo de 1982 hast a
la f echa, según la s sigui ent es dispos ici ones.

AÑO : 1977

➢ Nom br ado/ a m edian t e Resoluc ión No 88 08 de f echa 29 de
Agost o, com o DO CENT E NA CI O NA L .
➢ Con Act a de Posesión # 002 de f echa 07 de f ebr er o, con
ef ect os f iscales a par t ir del 01 de f ebr ero.

AÑO : 1982

➢ M ediant e Resoluc ió n No. 009 de f echa 25 de f ebr er o, se
acept a la r enuncia al car go con ef ect os fiscales a par t ir del
31 de ener o.
➢ Nom br ado/ a m ediant e Decr et o No 058 de f echa 24 de m ayo,
CO M O DO CENT E NA CI O NA LI ZA DO.
➢ Con Act a de Poses ión # 062 de f echa 08 de j unio, con
ef ect os f iscales a par t ir del 01 de m ayo.

[ …] »

A pesar de las fechas relacionadas anteriormente, fue allegada al
proceso en el expediente administrativo digital, co pia de la
Resolución 007 del 19 de abril de 1979 , la cual, si bien no fue
referida en la demanda , le es aplicable el mismo análisis explicado
en precedencia, toda vez que se trató , no de un nuevo
nombramiento, sino de un traslado que, tal y como se estableció,
debía legalizarse dado que se encontraba funcionando con el
personal de planta completo desde el 1 de febrero de 1979, así:

«RESO LU CI O N No. 007 de 1979

19 F o l i o 5, emitida el 9 de octubre de 2015 .
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Abr il 19

Por la cual se hacen unos nom br am ient os.

EL O RDI NA RI O CO M PETENTE PA RA L A ED UCA CI O N NAC I O NAL
CO NTRAC TUAL EN LA PREFECTU RA APO STO LI CA DE LETI CI A,
AM AZO NAS, en u s o de las at r ibuci o nes que le conf ier en los
Decr et os No s. 2768/ 75 y 2484/ 76,

C O N S I D E R A N D O :

Q ue ent r e el Fondo Educat ivo Regi ona l del Am azonas FE R y el
suscr it o O r dinar io C om pet ent e se ha cel ebr ado un cont r at o par a la
adm inist r ación del Cent r o Educat ivo " E SCUE LA I ND USTRI AL SA N
JUAN BO SCO " , en la loca lid ad de los Lagos, dent r o de la zona
Cont r at ada con el M inist er io de Ed ucaci ón .

Q ue en dicho Cent r o se han concent r ado alum nos que han
t er m inado su pr im ar ia, pr ocedent es de los dist int os int e r nados
ubicados dent r o del sect or cont r at ado;

Q ue la escue la, Cent r o I ndust r ial " San Juan B osco" , viene
labor ando nor m alm e nt e desde el pr im ero de f ebr er o del present e
año, con t odo el per sonal de plant a com plet o, sin qu e hast a l a f echa
se pudier a leg a liz ar su nom br am ient o;

Q ue el FER, ha hecho ya las debid as apr opi aci one s par a e l pag o
del per sonal de pla nt a de est e plant el y que es pr ocedente hacer
los nom br am ient os y ef ect ivos los pagos;

R E S U E L V E :

Pr im er o. — Nóm br ase le siguient e per sonal con dest ino al Cent r o de
Capacit ac ión I ndust r ial " San Juan Bosco" , de Los Lagos, de acuer do
a las asign acion es est ablecid as en los Decr et os 2933 y 2924 de
diciem br e 28/ 78 , así :

[ …]

Juán O lay a Ruiz Pr o f . I nstr . sin cat g. secundar ia $ 7. 140

[ …]

Segundo. — De acu er do con el Decr et o 2484 e st e per sonal debe
t om ar posesión en est a Coor dinació n de Educación.

Ter cer o— La pr esent e Resoluc ión r i ge a par t ir del pr im e r o de
f ebr er o de 1979.

Cuar t o. — Enví ense copias de la pr es ent e Resolució n al Señor
Com isar io Espec ial del Am azonas, al Secr et ar io de Educación
Com isar ia l al De leg ado del M inist er i o de Educación ant e el FER.

CO M UNI Q UESE Y C UM PLASE

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Dada en Let icia a los diecin ueve dí as del m es de abr il de m is
novecient os set ent a y nueve.

EL O RDI NARI O CO M PETENTE, LA SECR ETA RI A»

Este acto administrativo permite evidenciar que, en una primera
oportunidad , el demandante fue nombrado por el Ministerio de
Educación Nacional a través del Ordinario Competente, quien ,
mediante este acto, y luego de haber dispuesto su traslado, legalizó
la situación en la planta del Centro Industrial S an Juan Bosco,
hecho que, si bien no modifica la vinculación anterior , sí la ratifica ,
en el sentido de que se trata de una vinculación nacional .

Cabe advertir que s obre ese período la parte demandante siempre
ha manifestado que en efecto se encuentra sujeto a las
características p ro pias establecidas en las normas referidas por
tratarse de Educación Contratada , y su inconformidad radica en
que, de acuerdo con su interpretación, los docentes que fueron
maestros en zonas alejadas y pert enecientes a los Territo rios
Nacionales por lo que deberían ser merecedores de la pensión
gracia, precisamente porque, atendiendo al espíritu de la Ley 114
de 1913, correspondería ser recompensados por atend er la
educación en lugares de difícil acceso y en condiciones de
complejidad.

Al respecto, resulta evidente que dicha situación no se encuadra
dentro de las condiciones ni requisito s expuestos en la mencionada
ley, por lo que n o es dable dar una interpre tación extensiva a
quienes no fueron cubiertos por dicha prerrogativa, por lo que esta
Sala debe desestima r, para efectos de tramitar y re conocer la
pensión gracia este período por tratarse de una vinculación
nacional.

De lo anterior, se colige, en principio, el carácter oficial de la
Educación Misional Contratada que se desarrolló en el país desde
1975, en tanto era administrada por las denominaciones católicas
con sujeción a las disposiciones y directrices expedidas por el
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Ministerio de Educación Nacional y financiada con recursos directos
de la Nación hasta el año 2001, lo que permite concluir, que el
cuerpo docente adscrito a los cen tros educativos contratados,
cuyos nombramientos provenían por ratificación de dicho
Ministerio, oste ntaban indudablemente el carácter de docentes
nacionales.

Así las cosas, los tiempos de servicios del demandante prestados
en los establecimientos educativos de esta modalidad, –maestro de
segunda categoría primaria en el Internado Indígena de San Rafael,
y Escuela Industrial San Juan Bosco –, se consideran tiempos
nacionales que no son válidos para computar el requerido
legalmente para hacerse acreedor de la pensión gracia solicitada.

Cabe resaltar que el carácter territo rial o nacional de los
nombramientos docentes, no lo determina la ubicación del plantel
educativo en donde se presten los servicios, como
equivocadamente lo expone el recurrente, sino el ente gubernativo
que en efecto profiere el acto de nombramiento, que en este caso
fue el Ministe r io d e Educación Nacional, lo que a su vez define la
planta de personal a la que se pertenece y el presupuesto de donde
proceden los pagos laborales respect ivos .

En esos términos, la Ley 91 de 1989, en el artículo 1, dejó claro
que un docente «nacional» es el que es nombrado por el Gobierno
nacional, a saber:

«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la present e Ley, los siguient e s
t ér m inos t endr án el alcance ind icado a cont inuación de ca da uno
de ellos:
Per sonal naci ona l . Son los docent es vinculados por
nombrami ent o del G obi erno Naci onal ».

En igual sentido, esta Corporación en sentencia S-699 del 26 de
agosto de 1997, señaló:

www.consejodeestado.gov.co 21
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000234200020160316701 (2946-2018)
Demandante: Juan Olaya Ruiz

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón graci a
no quedan i ncl ui dos l os docent es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que , com o dice la Ley 91
de 1989, adem ás d e haber est ado vinc ulados hast a e l 31 de
diciem br e de 1980 “ t uviesen o lle gar en a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la
t ot alidad de r equis it os” . [ …] . » 20

Recientemente esta Corporación en sentencia de unificación SUJ-
030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022 sentó la siguiente regla
jurisprudencial:

«Unif ic ar la j ur ispr udencia del Cons ej o de Est ado en el sent ido de
pr ecisar la sigui ent e r egla en cuant o al ent endim ient o qu e debe
ot or gar se al art í culo 15, num er al 2, lit er al a) , de la Ley 91 de 1989
par a ef ect os de r econocer la pensión gr a cia de j ubilac ión:

Los docent es pueden acceder a la pensión gr acia ant es y
despué s del 29 d e diciem br e de 1989 , si empre y cuando
acredi t en una vi nc ul aci ón t erri t ori al o naci onal i zada co n
ant el aci ón al 31 de di ci embre de 1980 y cum plan con l os
dem ás r equisit os legalm ent e establec idos par a su
r econocim ient o. » ( N egr il la de la Sa la)

Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la
sana crítica, a esta Sala no le queda duda que el accionante no
colmó los requisit os necesarios para acceder a la pensión gracia
dado que no acreditó la vinculación antes del 31 de diciembre
de 1980 del orden territorial o nacionalizada , situación que
impide seguir adelante con el análisis de los restantes tiempos, y
los requisitos cont emplados en las normas que regulan la materia.

En estas condicio nes, los argumentos expuestos por el apelante
carecen de fundamento fáctico y legal por cuanto, como quedó
demostrado, no acreditó el cumplimiento de los requisito s legales y
jurisprudenciales exigidos para ser beneficiario de la prestación
reclamada.

20 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.

www.consejodeestado.gov.co 22
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000234200020160316701 (2946-2018)
Demandante: Juan Olaya Ruiz

3. Conclusión

Conforme a lo expuesto, al señor Juan Olaya Ruiz no le asiste el
derecho a la pensión gracia, por lo que esta Subsección confirmará
la sentencia del 28 de febrero de 2018 , proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca , por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.

4. Condena en costa s

Respecto de las costa s procesales, se debe tener en cuenta el
numeral 8 .º del artículo 365 del Código General del Proceso, que
señala expresamente que « solo habrá lugar a cost as cuando en el
expedient e apar ezc an que se causaron y en la m edida de su
com pr obación », pre supuesto que fue desarrollado en providencia del
7 de abril de 2016 .

No obstante, teniendo en cuenta que la decisión que aquí se adopta
es fruto de lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales t razadas en
la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, no se impondrán
costas a cargo de ninguna de las partes con el fin de salvaguardar
los principios de b uena fe y confianza legítima.

5. Otras órdenes

El apoderado general de la entidad demandada sustituyó el poder a
la abogada Gloria Ximena Arellano Calderón , identificada con la
cédula de ciudadanía 31.578.572 y portadora de la tarjeta
profesional 123.175 del Consejo Superior de la Judicatura, según
consta a folio 157, por lo que habrá de reconocérsele personería
para actuar dentro del presente proceso .

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
www.consejodeestado.gov.co 23
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000234200020160316701 (2946-2018)
Demandante: Juan Olaya Ruiz

F A L L A

PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia del 28 de febrero de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que negó
las súplicas de la demanda presentada por Juan Olaya Ruiz contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de la presente sentencia.

SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia .

TERCERO. Reconocer personería a la abogada Gloria Ximena
Arellano Calderón , portadora de la tarjeta profesional 123.175 del
Consejo Superior de la Judicatura , de acuerdo con la sustitución de
poder allegada a folio 157.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023 ) .

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

www.consejodeestado.gov.co 24
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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