Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00182-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00182-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 44001-23-40-000-2017-00182-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 44001 23 40 000 2017 00182 01 (1305-2022)
Demandante: Nancy Abadesa Brito Cataño
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación docente bajo la
modalidad de Educación Misional Contratada. Vinculación docente
de carácter nacional.
Decisión: Se confirma sentencia de primera instancia porque la demandante
no probó vinculación docente del nivel territorial o nacionalizada
antes del 31 de diciembre de 1980 ni 20 años de servicios en esta
misma condición
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia del 14 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira.
I. ANTECEDENTES
Demanda2
1. La demandante interpuso el medio de control de la referencia con el objetivo de que
se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones 15949
del 24 de junio de 2002, 09558 del 26 de mayo de 2003, 01006 del 10 de febrero de 2004,
38259 del 3 de agosto de 2006 y el Auto ADP 003404 del 10 de mayo de 2017, mediante
las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la parte demandada
a reconocer y pagarle dicha prestación periódica equivalente al 75 % del promedio de
todos los factores salariales devengados en el año anterior al estatus jurídico de
pensionada, con efectividad a partir del 8 de octubre de 2001 y a la liquidación de los
reajustes decretados en virtud de la Ley 71 de 1988.
3. Asimismo, requirió que sobre las diferencias adeudadas le pague las sumas
necesarias para hacer los ajustes de valor conforme al Índice de Precios al Consumidor
o al por mayor y que si no se da cumplimiento a la sentencia dentro del término
establecido en el artículo 192 del CPACA, pague en favor de la demandante los intereses
1 En adelante UGPP.
2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 000-2017-00182-00, folios 77 a 91.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 44001 23 40 000 2017 00182 01 (1305-2022)
Demandante: Nancy Abadesa Brito Cataño
moratorios contados a partir de la ejecutoria del fallo conforme al artículo 195 ibidem.
Finalmente, pidió la condena en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
4. Como sustento de sus pretensiones, relató que se ha desempeñado como docente
al servicio del Estado bajo la modalidad de educación contratada y con vinculación
territorial por más de 20 años. Además, no ha sido objeto de sanciones por mala conducta
en el ejercicio del cargo.
5. Además, que a través de la Resolución 05697 del 20 de junio de 1977, el
coordinador de educación contratada de la Prefectura Apostólica de Riohacha (Guajira)
nombró a la demandante como docente para ejercer la labor en la Escuela Divina
Pastora.
6. La demandante reseñó que el 1.° de enero de 1997 cumplió los 20 años de servicio
y el 7 de octubre de 2001 reunió los 50 años de nacida y, en consecuencia, adquirió el
estatus para acceder a la pensión gracia teniendo en cuenta que se vinculó como docente
desde el 1.° de enero de 1977.
7. Manifestó que el 25 de febrero de 2002 solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento de la pensión gracia, la cual le fue negada mediante las Resoluciones
15949 del 24 de junio de 2002, 09558 del 26 de mayo de 2003 y 01006 del 10 de febrero
de 2004. Luego, reiteró la solicitud pensional, decidida a través de la Resolución 38259
del 3 de agosto de 2006 y mediante derecho de petición elevó una nueva solicitud, la que
fuera negada a través del Auto ADP 003404 del 10 de mayo de 2017.
Contestación de la demanda
8. Colpensiones3 se opuso a las pretensiones al considerar que no puede reconocer
y cancelar una pensión a quien nunca estuvo afiliada a la entidad ni recibió aportes que
conlleven al reconocimiento, motivo por el cual no existe legitimación en la causa por
pasiva. Por lo anterior, propuso las excepciones que tituló «integración del litisconsorcio
necesario – secretaría de educación de Riohacha – UGPP», «falta de causa para
demandar y cobro de lo no debido», «inexistencia de la obligación», «presunción de
legalidad de los actos administrativos», «buena fe», «prescripción», «imposibilidad de
costas y gastos del proceso» y «compensación».
9. La UGPP4 manifestó su inconformidad respecto a las pretensiones planteadas en
la demanda por cuanto los actos acusados gozan de legalidad al no asistirle razón a la
demandante en la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia por tener tiempos de
servicio de carácter nacional que no son aptos para acceder a la prestación pretendida.
Mencionó que la demandante fue contratada por la Prefectura Apostólica de Riohacha
desde 1977 a 2016, es decir, no tiene el carácter de docente departamental, municipal ni
nacionalizada, puesto que de las certificaciones y del acto de designación se advierte que
emana del Ministerio de Educación Nacional y no puede ser computado para efectos de
la pensión gracia.
3 Ibidem, folios 106 a 115.
4 Ibidem, folios 206 a 212. Advierte la Sala que través del auto del 26 de marzo de 2019 (fl. 200 – 201) se
ordenó tener a la UGPP como entidad demandada y dispuso la notificación personal de la demanda.
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10. Propuso las excepciones que tituló «falta de requisitos pensionales o inexistencia
de obligación» y «prescripción».
Audiencia inicial5
11. Durante la audiencia inicial llevada a cabo el 17 de octubre de 2019, el a quo fijó
el litigio frente a la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en el Auto
ADP 003404 del 10 de mayo de 2017, por medio del cual la UGPP negó la solicitud de
reconocimiento de la pensión gracia en favor de la demandante.
Sentencia apelada6
12. El Tribunal Administrativo de La Guajira dictó sentencia el 14 de mayo de 2020, en
la cual declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de Colpensiones y determinó que la actora no tiene derecho al reconocimiento
de la pensión gracia.
13. La decisión se basó en que la vinculación al servicio docente de la demandante,
anterior al 31 de diciembre de 1980, fue de naturaleza nacional, por lo que a la luz del
inciso 1.° del artículo 1.° de la Ley 91 de 1989 no es dable el reconocimiento pensional
dado el carácter excepcional con que fue instituida la pensión gracia. Se destacó que la
demandante se vinculó a partir del 20 de enero de 1977 como docente nacional en la
Institución Educativa Divina Pastora en el municipio de Riohacha a través de la
Resolución 002 de 1977 emanada del Ministerio de Educación Nacional, cargo que ocupó
hasta la fecha de emisión del certificado, completando más de 39 años de servicio en el
orden nacional.
14. Encontró además que, si bien la demandante tuvo una vinculación como docente
antes de 1980, laboró todo el tiempo mediante designación realizada por el Ministerio de
Educación Nacional, por lo que en aplicación a la ley no es procedente el reconocimiento
pensional solicitado, al no acreditar los 20 años de servicio docentes del orden municipal,
distrital, departamental o municipal o como nacionalizada.
Recurso de apelación7
15. La parte demandante interpuso recurso de apelación insistiendo en que la
vinculación como docente se hizo bajo la modalidad de «educación contratada» a través
del cual la Iglesia Católica asumió la educación en aquellos territorios de difícil acceso y
en donde el Estado no hacía presencia, en desarrollo de los contratos celebrados por los
vicarios según lo previsto en el artículo 13 del Concordato y a través de la coordinación
educativa para cada una de las intendencias y comisarías existentes en ese entonces.
16. Señaló que, en aplicación a la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de
junio de 2018 emanada de la Sala Plena de esta Sección, la vinculación a partir del 20
de enero de 1977 obedeció al proceso de desconcentración de la educación, sin que
5 Ibidem, folios 232 a 239.
6 Ibidem, folios 350 a 364.
7 Ibidem, folios 366 a 375.
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pueda predicarse que, por este hecho, la vinculación de la demandante ostente la
condición de nacional como en forma errada lo sostuvo el a quo.
17. Reiteró que los nombramientos en la educación contratada posteriormente fueron
avalados y ratificados por el Ministerio de Educación a través de la Oficina Especial de
Coordinación para la Educación Contratada, señalando que no podían ser controlados
por los territorios nacionales por carecer de secretarías de educación; en esencia, acusó
que eran servicios netamente territoriales, pero el procedimiento de perfeccionamiento
era respaldado por un funcionario del Ministerio de Educación Nacional.
18. Bajo tales argumentos, sostuvo que se cumplen todos los requisitos exigidos por
la ley para acceder a la pensión gracia deprecando la revocatoria de la sentencia de
primera instancia.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
19. Mediante auto del 22 de septiembre de 20228 se admitió el recurso de apelación.
A través de la providencia del 16 de marzo de 20239, se corrió traslado a las partes de
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA.
20. La demandante10 pidió revocar la decisión de primera instancia al quedar
demostrado que laboró por más de 20 años al servicio de la educación territorial en la
enseñanza primaria en las zonas de difícil acceso y rurales a través de la educación
contratada en desarrollo de los contratos celebrados por los vicariatos de la iglesia
católica. Reiteró que los nombramientos bajo esta modalidad posteriormente fueron
avalados y ratificados por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Oficina
Especial de Coordinación para la Educación Contratada, es decir, eran servicios
netamente territoriales.
21. Por su parte, la entidad demandada11 solicitó confirmar la sentencia debido a que
las pruebas demuestran que la demandante no cumple los requisitos para acceder a la
pensión gracia. Expresó que el tiempo laborado como docente entre el 20 de enero de
1977 y el 3 de agosto de 2016 corresponde a una vinculación de carácter nacional, lo
que impide el reconocimiento de dicha prestación según las Leyes 91 de 1989 y 114 de
1913.
22. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
8 Índice 6 de Samai.
9 Índice 12 de Samai.
10 Índice 16 de Samai.
11 Índice 19 de Samai.
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para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
24. En atención a los reparos concretos expuestos en el recurso de apelación, la
Subsección analizará si el vínculo docente de la demandante, derivado del nombramiento
realizado mediante la Resolución 002 del 1 de mayo de 197712 emitida por el Ordinario
Competente para la Educación Contractual del Vicariato Apostólico de Riohacha,
ratificado a través de la Resolución 5697 del 20 de junio de 1977 por el Ministerio de
Educación Nacional, corresponde al orden nacional, territorial o nacionalizado.
25. Este análisis tiene como finalidad determinar si se cumplió con el requisito de la
vinculación como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980,
condición necesaria para acceder a la pensión gracia. En caso de establecerse que la
demandante se desempeñó como docente nacional, ello llevaría a la confirmación de la
sentencia apelada ya que el aludido beneficio no está destinado a esa categoría de
maestros oficiales.
Análisis del problema jurídico
26. En el expediente consta la Resolución 5697 del 20 de junio de 197713, por medio
de la cual el ministro de Educación Nacional ratificó el contenido de la Resolución 002
del 1 de mayo de 1977 emitida por el Ordinario Competente para la Educación
Contractual del Vicariato Apostólico de Riohacha, a través de la cual nombró a la
demandante como profesora de la escuela Divina Pastora en el municipio de Riohacha
(Guajira), cargo del cual tomó posesión el 16 de mayo de 197714 con retroactividad al 20
de enero de 1977, en virtud del contrato realizado con el Gobierno Nacional para la
prestación del servicio de educación oficial en Riohacha.
27. La Coordinación de Educación Contratada de la Diócesis de Riohacha expidió
certificados laborales No. CA – 076 del 19 de diciembre de 200115 y LD 254 del 6 de
octubre de 200616, por medio de las cuales hizo constar que la demandante presta sus
servicios como «Docente Nacional, pagada con recursos del situado fiscal», nombrada
para desempeñar el cargo de docente de tiempo completo en el nivel secundaria en la
Institución Educativa Divina Pastora Sede A del municipio de Riohacha, posesionada el
16 de mayo de 1977, con retroactividad al 20 de enero de la misma anualidad y a la fecha
de expedición de las constancias aún se encontraba vinculada.
28. Asimismo, se observa copia del Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral expedido el 4 de agosto de 201617 por la Secretaría de Educación y
Cultura del Distrito de Riohacha, en el que se detalla que la demandante fue nombrada
12 Con efectos a partir del 20 de enero de 1977.
13 Ver antecedentes administrativos, archivo CC 26964878.pdf, folios 188 a 190.
14 Ibidem, folio 147.
15 Ver antecedentes administrativos, archivo 5-Certificado de información laboral-Causante.PDF
16 Ver antecedentes administrativos, archivo CC 26964878.pdf, folio 151.
17 Ibidem, folios 208 a 210.
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docente de mediante la Resolución 002 del 1 de mayo de 1977, desempeñándose desde
el 20 de enero de 1977 hasta la fecha de expedición del certificado.
29. Según certificado expedido el 3 de agosto de 2016 por la Secretaría de Educación
y Cultura del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, la actora laboró como
docente en la Institución Educativa Divina Pastora en la ciudad de Riohacha (Guajira),
con tipo de vinculación «Nacional en propiedad»18.
30. Del análisis de los documentos previamente reseñados, se concluye que la
vinculación iniciada mediante la Resolución 5697 del 20 de junio de 1977, a través de la
cual se ratificó la designación realizada a través de la Resolución 002 del 1.° de mayo de
1977 por el Ordinario Competente para la Educación Contractual del Vicariato Apostólico
de Riohacha, posee un carácter nacional debido a que esta se originó a partir de
actividades docentes desarrolladas dentro del programa de Educación Misional
Contratada.
31. Esta interpretación ha sido reiteradamente sostenida por esta Subsección en
diversas oportunidades19, fundamentándose en la Ley 39 de 190320, la cual estableció la
Educación Misional Contratada como resultado del convenio celebrado entre el Estado y
el Episcopado colombiano. El objetivo de dicho acuerdo era permitir que las actividades
misionales y educativas de las comunidades religiosas llegaran a las zonas más
apartadas del país, donde no existían docentes ni infraestructura adecuada21.
32. Así pues, la jurisprudencia de esta Corporación ha consolidado el criterio de que
los docentes vinculados a través de esta modalidad mantienen un vínculo de carácter
nacional habida cuenta que los salarios y las prestaciones sociales del personal
directivo, docente y administrativo, en virtud de los convenios suscritos entre el Gobierno
Nacional y la Iglesia Católica, son responsabilidad de la Nación22.
33. En lo que respecta a la pensión gracia, se ha sostenido jurisprudencialmente23 que
no es procedente considerar que el servicio prestado por los docentes en instituciones
administradas bajo la modalidad de Educación Misional Contratada posea el carácter de
territorial, teniendo en cuenta el origen de la relación legal y reglamentaria y en la finalidad
que persigue tanto la Nación como la Iglesia.
18 Ver antecedentes administrativos, archivo CC 26964878.pdf, folio 152
19 Al respecto, ver: i) sentencia del 4 de mayo de 2023, rad. 52001233300020160004901 (2859-2018), C.P.
Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 30 de noviembre de 2023, rad. 76001 23 33 000 2015 01484
01 (3342-2018); ii) sentencia del 8 de agosto de 2024, rad. 19001-23-33-000-2020-00019-01 (0511-2023),
C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; iii) sentencia del 27 de marzo de 2025, rad. 50001-23-33-000-2018-00336-
01 (5945-2024), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
20 «Sobre instrucción pública»
21 https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Contratacion-del-
servicio-educativo/Historia-del-Programa/358040:LA-HISTORIA-DE-LA-MATRICULA-CONTRATADA
22 Para mayor referencia sobre esta regla jurisprudencial, pueden consultarse, entre otras, las siguientes
sentencias de esta Subsección: i) sentencia del 31 de julio de 2025, radicado 76001 23 33 000 2015 00084
01 (4098-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; ii) sentencia del 24 de julio de 2025, radicado 76001 23
33 000 2021 00192 01 (5930-2024), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
23 Ver, entre otras, sentencias del 21 de julio de 2011 (Actor: Andrés Avelino López Quintero. N. interno:
2442-10. M.P.: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero) y del 24 de febrero de 2011 (Actor: Jorge Ayerbe Salinas.
No. interno: 1605-10. M.P.: Dra. Bertha Lucia Ramírez De Páez.).
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34. En consonancia con lo anterior, la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ –
11 – S2 de 21 de junio de 201824 emanada de la Sala Plena de esta Sección, determinó
que la prueba de la calidad de docente oficial se establece con la copia de los actos de
nombramiento o, en su defecto, con la certificación del nominador que informe de manera
inequívoca sobre el tipo de vinculación.
35. De acuerdo con los certificados laborales expedidos por la Coordinación de
Educación Contratada de la Diócesis de Riohacha de fechas 19 de diciembre de 2001 25
y LD 254 del 6 de octubre de 200626, entre otros, se clasificó como nacional la vinculación
docente de la demandante. Así las cosas, tanto el acto administrativo de nombramiento
como las certificaciones reseñadas en precedencia dan cuenta que se trató de un vínculo
docente nacional; circunstancias que tienen la entidad suficiente para enervar el reparo
de la demandante frente a la calidad docente otorgada por el a quo.
36. Por consiguiente, la Sala no tomará en consideración el periodo de servicio
causado partir del 1.° de enero de 1977 para cumplir con el requisito de vinculación
territorial y/o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, dado que fue de carácter
nacional; lo anterior guarda coherencia con las reglas jurisprudenciales establecidas en
la sentencia de unificación S-699 del 26 de agosto de 1997 de esta Corporación27,
respecto a que los docentes nacionales no son beneficiarios de la pensión gracia.
37. En conclusión, la demandante no logró estructurar su derecho a la pensión gracia
debido a que no cumplió con el requisito de la vinculación docente de carácter territorial
y/o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, tal como lo exige el numeral 2 del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Adicionalmente, no se avizora otro tiempo de servicio
distinto que permita dar por probada tal exigencia. Por lo tanto, se confirmará la sentencia
de primer grado, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
39. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Actora: Gladys Amanda Hernández Triana.
25 Ver antecedentes administrativos, archivo 5-Certificado de información laboral-Causante.PDF
26 Ver antecedentes administrativos, archivo CC 26964878.pdf, folio 151.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto
de 1997.
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Radicación: 44001 23 40 000 2017 00182 01 (1305-2022)
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CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
40. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
41. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de La Guajira.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda dentro del proceso de la referencia.
SEGUNDO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y
las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de La Guajira.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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