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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01484-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01484-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 22 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Carmen Morán de Castillo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Segundo. Sin costas en segunda instancia, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2015-01484-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Reconocimiento de Pensión Gracia. Vinculación de docente
bajo la modalidad de educación contratada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 22 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Carmen Morán de Castillo, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las Resoluciones RDP 037770 del 14 de diciembre de 2014 y RDP 008198 del 27
de febrero de 2015, expedidas por la UGPP, mediante las cuales se le negó el

1 Folios 26 al 48.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo

reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a: i) reconocer y pagar la pensión gracia de
jubilación a partir de la fecha de consolidación del estatus pensional; y ii) actualizar
los valores reconocidos, de conformidad con los artículos 182 y ss. del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, se relataron los siguientes:

i) La señora Morán de Castillo laboró como docente oficial por más de 21 años, de
manera interrumpida, en los departamentos del Putumayo y Valle del Cauca, desde
el 10 de enero de 1958 hasta el 30 de abril de 2007, en virtud de vinculaciones de
carácter nacionalizado. Consolidó el estatus de pensionada el 2 de noviembre de
2005, al reunir 20 años de servicio, pues los 50 de edad los cumplió el 26 de junio
de 1991.

ii) El 20 de agosto de 2014, solicitó ante la entidad accionada el reconocimiento y
pago de la pensión gracia.

iii) La UGPP resolvió de manera desfavorable la petición, a través de las resoluciones
acusadas, con el argumento de que los tiempos laborados en el departamento del
Putumayo son de carácter nacional.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 90, 121, 125,
128 y 209 de la Constitución Política y las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933, 6 de 1945, 43 de 1975, 33 de 1985 y 91 de 1989. Al desarrollar el concepto
de violación, el apoderado de la actora expuso lo siguiente:

i) Los actos acusados desconocieron la normatividad que regula la pensión gracia,
así como el derecho a la igualdad, al restringir un derecho prestacional concebido

2

Radicado: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo

legalmente para el sector docente.

ii) Las resoluciones enjuiciadas también desconocen los derechos a la seguridad
social y el mínimo vital, en tanto que cohíben a la demandante del goce de los
beneficios económicos que esta prestación le brinda a fin de asegurarle la
estabilidad mínima requerida para su subsistencia.

1.2. Contestación de la demanda2

La UGPP, por medio de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda y
adujo que los actos acusados se encuentran ajustados a la normatividad vigente,
aplicable al caso concreto, que exige el cumplimiento de algunos requisitos para
acceder al reconocimiento de dicha prestación, los cuales no se encuentran
acreditados en el caso de la actora, pues no demostró su vinculación al magisterio
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo
no debido; ausencia de vicios en los actos administrativo demandados; y
prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante sentencia del 22 de marzo
de 2018, denegó las pretensiones de la demanda con las siguientes
consideraciones:3

i) De las pruebas aportadas se extrae que la demandante se ha desempeñado como
educadora oficial por más de veinte años, al servicio de los departamentos de
Putumayo y Valle del Cauca, durante los periodos comprendidos entre el 10 de
enero de 1958 y el 30 de septiembre de 1961 y desde el 6 de octubre de 1988 hasta
el 30 de abril de 2007, respectivamente.

2 Folios 72 al 79.
3 Folios 102 al 109.

3

Radicado: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo

ii) Frente al segundo periodo laborado, no existe controversia respecto de su
naturaleza territorial, comoquiera que así lo certifica la Secretaría de Educación del
Municipio de Palmira. Sin embargo, en cuanto a la primera vinculación, las
certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación Misional contratada del
municipio de Sibundoy y la Diócesis de esa misma localidad evidencian que el
tiempo servido al departamento de Putumayo obedeció a un nombramiento de
categoría nacional.

En consecuencia, se concluye que la señora Morán de Castillo no cumple con la
exigencia de ostentar una vinculación del orden territorial con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, como lo establece la Ley 91 de 1989.

1.4. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia, el cual sustentó
así:4

i) La demandante no está inmersa en ninguna de las condiciones que permitan
determinar que el periodo laborado entre 1958 y 1961 sea de carácter nacional,
pues dentro del plenario obra el oficio librado por el Ministerio de Educación
Nacional en el que se informa que esta nunca ha tenido vinculación con dicha
entidad; asimismo, se acreditó que mediante la Resolución 18 de 1958, la Diócesis
de Mocoa la nombró para prestar sus servicios en el departamento del Putumayo.

ii) Cabe resaltar, que para el año 1958 el Putumayo no ostentaba la calidad de
departamento y, por tal razón, no tenía gobernador; por ende, las funciones
administrativas eran desarrolladas por la iglesia católica, en virtud del contrato
celebrado entre la Iglesia y el Estado, denominado Concordato.

iii) El Tribunal basó su decisión en la sentencia de unificación de la Sala Plena del

4 Folios 115 al 124.

4

Radicado: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo

Consejo de Estado proferida el 29 de agosto de 1997, es decir, se están aplicando
los efectos de dicha providencia de manera retroactiva a un periodo laborado entre
1958 y 1961.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

En esta etapa procesal, las partes reiteraron los argumentos expuestos en el
transcurso del proceso.5

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

5 Folios 169 y 170, parte demandante. Folios 172 al 176, parte demandada.
6 Según constancia secretarial obrante en el folio 177.

5

Radicado: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo

Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia
no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
locales o regionales».11

7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública

tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter

legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio

de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente,
lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones
como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo
necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,

radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.

6

Radicado: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se

7

Radicado: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo

hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un
plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la
pensión gracia».13

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del

12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicado: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo

docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando
el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los
derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para
obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos
en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia

15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-

2019-02219-01 (AC).

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Radicado: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo

del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes
territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los
gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo
que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia

transcrita.

10

Radicado: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo

recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme al Registro Civil de Nacimiento, la señora Carmen Morán de Castillo
nació el 26 de junio de 1941.19

• El secretario de Educación Misional Contratada —Diócesis de Mocoa, Sibundoy—
hizo constar que la señora Carmen Morán ejerció como maestra en dicho territorio,
con sueldo nacional, como subdirectora de la Escuela Rural de Niñas de Villagarzón
(Putumayo), del 1 de octubre de 1958 al 30 de septiembre de 1961, nombrada por
Resolución 18 del 2 de septiembre de 1958, y que se le aceptó la renuncia por medio
de la Resolución 13 del 25 de septiembre de 1961, emanada de la Coordinación de
Educación Nacional Contratada, Diócesis Mocoa - Sibundoy. De ello da cuenta la
siguiente imagen:20

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Cd. expediente administrativo, obrante en el folio 81 del expediente.
20 Ibidem

11

Radicado: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo

• La Secretaría de Educación Municipal de Palmira (Valle del Cauca) certificó que la
señora Morán de Castillo tuvo una vinculación de carácter nacionalizado con dicho

12

Radicado: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo

ente territorial, nombrada en propiedad, desde el 6 de octubre de 1988 hasta el 11
de agosto de 2006, fecha de la certificación.21

• El Obispo de la Diócesis de Mocoa reiteró la información contenida en la
constancia expedida por el secretario de Educación Misional Contratada —Diócesis
de Mocoa, como se aprecia en la siguiente imagen:22

21 Ibidem.
22 Folio 24.

13

Radicado: 76001 23 33 000 2015 01484 01 (3342-2018)
Demandante: Carmen Morán de Castillo

• La Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educacion Nacional, en
comuniación enviada a la señora Morán de Castillo, informó que en los archivos de
la entidad no se encontró registro que indique que esta laboró para dicha cartera
ministerial.23

• La Procuraduría General de la Nación certificó que la señora Carmen Morán de
Castillo, al 23 de junio de 2010, no registraba sanciones ni inhabilidades vigentes.24

23 Folio 25
24 Cd. expediente administrativo, obrante en el folio 81 del expediente.

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Demandante: Carmen Morán de Castillo

➢ Actuación administrativa

• El 20 de agosto de 2014,25 la demandante peticionó ante la UGPP el reconocimiento
de la pensión gracia.

• El 15 de diciembre de 2014, por medio de la Resolución RDP 037770, la entidad
negó la solicitud con el argumento de que «los tiempos de servicio aportados fueron
prestados con nombramiento del orden nacional».26

• El 16 de enero de 2015, la interesada interpuso el recurso de apelación.27

• El 27 de febrero de 2015, por medio de la Resolución RDP 008189, la UGPP
confirmó la decisión.28

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta el recuento fáctico que antecede, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en precedencia, la Sala confirmará la decisión
del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la demandante.
Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:

i) De acuerdo con los certificados de servicio aportados al plenario, la demandante
se vinculó por primera vez al servicio docente por medio de la Resolución 18 del 2
de septiembre 1958, como subdirectora de la Escuela Rural de Niñas de Villagarzón
(Putumayo), cargo que ejerció hasta el 25 de septiembre de 1961, cuando se le
aceptó la renuncia por medio de la Resolución 13 de dicho anualidad, emanada de
la Coordinación de Educación Nacional Contratada, tiempo durante el cual se
efectuaron aportes a la Caja Nacional de Previsión Social.

25 Folio 4.
26 Folios 14 al 16.
27 Folios 18 al 20.
28 Folios 21 y 22.

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Demandante: Carmen Morán de Castillo

Si bien al proceso no se allegó el respectivo acto de nombramiento, la Sala no duda
de la naturaleza de carácter nacional de la vinculación. En efecto, la jurisprudencia
de esta Sección ha sido pacífica en el sentido de indicar que los docentes que
laboraron bajo tal sistema de contratación tienen la calidad de docentes nacionales,
por cuanto esta modalidad de prestación del servicio educativo se materializó a
través de la suscripción de contratos entre el gobierno Nacional y la Iglesia Católica,
con el fin de ampliar la cobertura educativa en las regiones más remotas del país y
en los antiguos territorios nacionales, cuyo objeto se contraía a la administración del
servicio público educativo por parte de la Iglesia y al desarrollo de los programas
oficiales en los Centros Educativos Contratados bajo la orientación del Ministerio de
Educación Nacional en las zonas asignadas, cuyos costos eran sufragados
directamente por la Nación.29

En el caso particular, es relevante el hecho de que en las certificaciones expedidas
por el secretario de Educación Misional Contratada —Diócesis de Mocoa,
Sibundoy— y por el Obispo de la Diócesis de Mocoa, se indique el ejercicio del
cargo se sufragó con «SUELDO NACIONAL»; que los aportes a pensión se consignaron
a la Caja Nacional de Previsión; y, que la renuncia fue aceptada por la Coordinación
de Educación Nacional Contratada.

En ese orden, el hecho de que la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio
de Educación Nacional no encontrara en sus archivos registro relacionado con la
designación de la demandante encuentra justificación en que el Ministerio no hacía
el nombramiento, sino que este emanaba de la iglesia católica, en virtud del contrato
suscrito con el Gobierno. Por ende, este periodo no resulta computable para
reconocer la pensión gracia.

Por lo tanto, comoquiera que la única vinculación de la demandante anterior al 31
de diciembre de 1980 no es computable para adquirir la pensión gracia, es claro
que no satisfizo el requisito de acreditar un lapso de labor como docente territorial
o nacionalizado con antelación a la mencionada fecha, esencial para consolidar el
derecho pretendido y, por ende, resulta innecesario verificar los demás requisitos

29 Tal posición ha sido reiterada en sentencias del 14 de septiembre de 2017, del 25 de septiembre de 2020,
del 2 de octubre de 2020 y del 2 de julio de 2022, entre otras.

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Demandante: Carmen Morán de Castillo

señalados, pues ante este primer análisis se concluye que la señora Morán de
Castillo no tiene derecho al reconocimiento de la prestación reclamada. Por esta
razón se confirmará la sentencia apelada.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del cpaca establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del cpaca, se atendía una valoración objetiva, en la
que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida
de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la
temeridad de las partes. Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del
cpaca para precisar que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en

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Demandante: Carmen Morán de Castillo

casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 22 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda
incoada por la señora Carmen Morán de Castillo contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).

Segundo. Sin costas en segunda instancia, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

mygr

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