Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06192-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06192-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06192-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
24 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06192-00
Accionante: ALIRIA RENDÓN RAMÍREZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, a
la tutela judicial efectiva, al mínimo vital, a la igualdad y a la seguridad social / MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Reconocimiento de
pensión gracia / DEFECTO FÁCTICO, VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN Y
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No se encuentran acreditados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la señora Aliria Rendón Ramírez, en nombre propio, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 2 de octubre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva, al mínimo vital, a la igualdad y a la seguridad
social, y de los principios constitucionales de confianza legítima, “favorabilidad
laboral, […] entre otros”2.
Hechos relevantes
2. La demandante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante
UGPP) con el fin de obtener la nulidad de la Resolución núm. RDP 015760 del 22
1 Que ingresó para fallo el 20 de octubre de 2025.
2 Obra en certificado AC6FD1CA148C0A84 136490F955178327 4F3287D1CC39FE05
455ACFCBCF826570, pág. 11, índice 2, en el expediente de tutela digital.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06192-00
Accionante: Aliria Rendón Ramírez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela
de mayo de 2019, mediante la cual la entidad demandada le negó el reconocimiento
y pago de una pensión gracia.
3. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, por
medio de sentencia del 31 de mayo de 2024, negó las pretensiones de la acción
porque la vinculación al servicio docente de la actora antes del 31 de diciembre de
1980 fue de carácter nacional.
4. Lo anterior, se fundamentó en las certificaciones laborales y el acta de posesión
que demostraba que la vinculación de la demandante entre el 1° de septiembre de
1973 y el 31 de agosto de 1974 se pagó con sueldos provenientes de la Nación.
Supuesto que es incompatible con la naturaleza de la pensión gracia, prerrogativa
que sólo se concede a docentes territoriales o nacionalizados.
5. Contra la decisión en comento la señora Aliria Rendón Ramírez interpuso recurso
de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que, a través de sentencia del 24 de julio de 2025, confirmó lo
fallado en primera instancia.
6. A juicio de esta Corporación, no era factible otorgarle el carácter de nacionalizado
al nombramiento de la accionante, dado que en 1973 no había entrado en vigencia
la Ley 43 del 11 de diciembre de 1975, la cual estableció la nacionalización de la
educación pública en los niveles básica primaria y secundaria. En ese sentido,
tampoco podía considerarse que el nombramiento tuviera un carácter territorial ya
que no se evidenció el ejercicio de la atribución legal de nominación por parte del
representante legal del municipio o departamento o con recurso propios que fuesen
distintos a los de la Nación.
Pretensiones
7. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“1.- TUTELAR los derechos fundamentales al libre Acceso a la
Administración de Justicia, en conexidad con el de tutela judicial efectiva, del
debido proceso y defensa, de confianza legítima, el derecho al mínimo vital,
a los derechos adquiridos, a la favorabilidad laboral, el derecho a la igualdad,
a la seguridad social, entre otros, y, como consecuencia se pronuncie en
equidad y justicia garantizando el derecho a la pensión gracia en los
términos en que la prestación fue concebida por las disposiciones legales
que la consagran, desarrollan y modifican la prestación.
2 – DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas en primera instancia
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de
Decisión- de fecha 31 de mayo de 2.024, con ponencia del magistrado Dr.
Ronald Otto Cedeño Blume y confirmada por el Consejo de Estado-Sección
Segunda- Subsección “A”, de fecha 24 de julio de 2.025 con ponencia del
magistrado Dr. Juan Camilo Morales Trujillo.
3 - Como consecuencia del amparo concedido, ORDENAR proferir nueva
sentencia atendiendo y garantizando los postulados del debido proceso y de
defensa, acorde con los principios fundamentales constitucionales, A LA Ley
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06192-00
Accionante: Aliria Rendón Ramírez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela
y la jurisprudencia, y la realidad probatoria procesal observada en el curso
del proceso ordinario número 76001 23 33 000 2021 00192 01 (5930-024)”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. La parte demandante sostiene que las decisiones acusadas incurrieron en un
desconocimiento del precedente fijado en (i) la sentencia CE-SUJ-SII-11 del 21
de junio de 2028, sobre las reglas relevantes para reconocer el derecho a la pensión
gracia; y (ii) la sentencia SUJ-030-CE-S2-2021, relativo a la interpretación del
artículo 15 numeral 2, literal a) de la Ley 91 de 1989.
9. Afirma que las autoridades judiciales acusadas erraron en su interpretación de la
naturaleza de los vínculos suscritos bajo la modalidad de Educación Misional
Contratada, la cual no es un criterio determinante para clasificar la plaza como
nacional, sino que se debe verificar la respectiva certificación de la entidad
nominadora, pues ese documento da cuenta de manera inequívoca del tipo de
vinculación al que se encuentra sometido el docente oficial.
10. Por otro lado, aduce un defecto fáctico por cuanto, si bien la Subsección A de
la Sección del Consejo de Estado valoró las pruebas documentales aportadas con
la demanda, la interpretación jurídica que le dieron a los documentos aportados al
plenario fue totalmente opuesta al valor de la justicia y la equidad. Al respecto,
indica:
“La Sala, hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza de la vinculación
a la luz de una figura histórica y normativa específica -Ley 39 de 1903 y la
Educación Misional Contratada en Colombia-, en lugar de la interpretación
general de la Constitución y la Ley frente a las pretensiones que se
promovían junto con el precedente obligatorio, generando una conclusión
totalmente adversa e irracional a pesar de haberse apoyado en alguna de
sus sentencias relacionadas con la Educación Misional contratada, y
concluir que la modalidad de Educación Misional posee el CARÁCTER DE
NACIONAL, en razón del origen de la relación legal y reglamentaria, y en la
finalidad que persigue tanto la Nación como la Iglesia.
Argumento que, vulnera la regla de la condición más beneficiosa que opera
cuando ante una sucesión de normas, aquella que fue derogada recobra
vigencia para mantener las condiciones allí previstas al ser más beneficiosa
para el trabajador, situación que en el presente caso se da, al dar la Sala
una interpretación indebida a la ley, antes de la nacionalización de la
educación en Colombia -Ley 43 de 1975- siendo totalmente lesivo, gravoso
y desfavorable a mis intereses, y no corresponde a la verdad verdadera,
esencialmente, cuando las especiales y excepcionales maneras en el
reconocimiento de la pensión gracia, no excluye de manera alguna, la
educación misional contratada para acceder a dicho beneficio”4.
11. Finalmente, señala una violación directa de la Constitución por no aplicar la
interpretación más favorable al trabajador de las normas sobre la historia de la
educación en Colombia. Ello, en atención a que el propósito de la pensión gracia
fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria
de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes
3 Folios 11 y 12 del escrito de tutela. Índice 2 de Samai.
4 Folio 10 ibid.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06192-00
Accionante: Aliria Rendón Ramírez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela
vinculados directamente con la Nación. Diferencia que surgió porque, en virtud de
la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios
o departamentos y la secundaria lo era a cargo de la Nación.
Trámite procesal
12. Mediante auto del 6 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
como accionados y a la UGPP, al Ministerio Público y a los demás intervinientes
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
76001-23-33-000-2021-00192-00/01, en calidad de terceros con interés en las
resultas del proceso, para que rindieran informe.
13. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.
Intervenciones
14. La UGPP solicitó que se declare improcedente la acción de la referencia por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad. Indicó que este principio exige el
agotamiento de los medios de defensa judicial disponibles antes de recurrir a la
tutela y también establece la autonomía e independencia del juez de conocimiento,
la cual se ve amenazada si se pretende revisar la legalidad de asuntos ya definidos
y utilizar este mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario.
15. Asimismo, señaló que no existe transgresión al debido proceso en razón a que,
de la revisión del proceso judicial, que culminó con los fallos cuestionados, se le
garantizó a la parte tutelante sus derechos de contradicción y defensa, lo que hace
que el objeto de inconformismo de la accionante con esa decisión no pueda ser
catalogado como vulneración de derecho fundamental alguno.
16. Finalmente, expuso que en este caso preexiste la cosa juzgada porque la
actuación hoy cuestionada ya fue resuelta por el juez natural de la causa.
17. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado pidió que
se nieguen las pretensiones de la acción, por no configurarse ninguna de las
causales específicas de procedibilidad alegadas y porque lo pretendido por la actora
es reabrir un debate hermenéutico que ya fue resuelto en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
18. Afirmó que la providencia cuestionada fue proferida con observancia de las
formas propias del proceso y con una motivación clara y suficiente. Adujo que no
existe defecto fáctico, porque las pruebas fueron valoradas en su integridad y la
decisión se apoyó en ellas; tampoco hay violación directa de la Constitución y la ley,
pues la Sala aplicó de manera razonable y fundada las disposiciones normativas y
jurisprudenciales vigentes al momento de la decisión; y mucho menos
desconocimiento de precedente, en la medida en que el fallo valoró la posición de
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Accionante: Aliria Rendón Ramírez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela
la Sección Segunda en torno a la vinculación nacional mediante la Educación
Misional Contratada.
19. De igual modo, alegó que la acción de tutela no supera el umbral de procedencia
que exige la configuración de un vicio protuberante y pretende, en realidad, sustituir
la interpretación adoptada por el juez de cierre por aquella que a la accionante le
resulta más favorable. Ello resulta improcedente, pues la tutela contra providencias
judiciales no es un mecanismo alternativo de apelación ni una tercera instancia para
replantear un debate ya resuelto, sino un recurso estrictamente excepcional frente
a decisiones manifiestamente arbitrarias, condición que no se cumple en el caso
sub examine.
20. Adujo que la decisión judicial enjuiciada no incurrió en un desconocimiento del
precedente, al contrario, se centró en el desarrollo jurisprudencial vigente que
establece que la vinculación de docentes mediante la Educación Misional
Contratada determina que la plaza docente pertenece al ámbito nacional. Expuso
que esta motivación fue desarrollada en la decisión objeto de tutela y se sustentó
en lo dispuesto en la Ley 39 de 1903, el artículo 9 de la Convención de Misiones
suscrita entre la Santa Sede y la República de Colombia, el acto administrativo de
nombramiento contenido en la Resolución núm. 50 del 18 de agosto de 1973 y en
las providencias de esta Sección citadas a continuación:
“1. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de julio de 2011,
radicado 50001-23-31-000-2006-00696-01 (2442-2010), C.P. Luis Rafael
Vergara Quintero.
2. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 28 de octubre de 2016,
radicado 85001-23-33-000-2013-00038-02 (4634-14), C.P. César Palomino
Cortés.
3. Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 17 de agosto de 2017,
radicado 81001-23-39-000-2015-00006-01 (0468-17), C.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
4. Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 14 de septiembre de 2017,
radicado 63001-23-33-000-2012-00153-01 (0071-14), C.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
5. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de mayo de 2023,
radicado 52001-23-33-000-2016-00049-01 (2859-2018), C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
6. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de noviembre de 2023,
radicado 76001-23-33-000-2015-01484-01 (3342-2018), C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
7. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024,
radicado 19001-23-33-000-2020-00019-01 (0511-2023), C.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves.
8. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de marzo de 2025,
radicado 50001-23-33-000-2018-00336-01 (5945-2024), C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez”5.
21. Así, planteó que, en ese contexto, la parte accionante no presentó ningún
precedente judicial que contradijera la fundamentación de la Subsección
demandada respecto a la naturaleza nacional del vínculo docente, el cual surge de
un nombramiento público realizado en el marco del programa estatal denominado
5 Folio 4 del archivo “013CONTESTACIONDE_InformedetutelaALIRI”.
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela
Educación Misional Contratada. Por lo tanto, solicitó que este supuesto defecto se
desestimara.
22. Frente a la violación directa de la Constitución, precisó que la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado aplicó de manera objetiva las
disposiciones legales pertinentes, valoró integralmente el acto administrativo de
nombramiento, el acta de posesión y las certificaciones laborales expedidas por la
autoridad competente y explicó las razones de la categorización como nacional de
la plaza docente ocupada en 1973. En ese orden de ideas, no existió omisión en la
aplicación de preceptos constitucionales, no se utilizó una interpretación contraria a
la Constitución, ni tampoco se desconoció una excepción de inconstitucionalidad.
23. Finalmente, en cuanto al defecto fáctico expuso que en la sentencia bajo estudio
se realizó un análisis integral de las pruebas y se estableció que el acto
administrativo de nombramiento evidenciaba de manera clara que la designación
tenía carácter nacional, en el contexto del programa de la Educación Misional
Contratada. Esta conclusión fue corroborada tanto por la certificación del vicario
general de la Diócesis de Mocoa Sibundoy expedida el 5 de julio de 2018, como por
el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 20
de junio de 2007 por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del
Putumayo.
24. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aportó el link de acceso al
expediente contentivo del medio de control radicado núm. 76001-23-33-000-2021-
00192-00.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
26. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad? De resultar afirmativo el anterior
interrogante, se resolverá ¿si la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, con la expedición de la sentencia del 24 de julio de 20256, incurrió en un
defecto fáctico, una violación directa de la Constitución y un desconocimiento del
precedente y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, a la tutela
6 Si bien la presente acción de tutela también se dirige contra la sentencia del 31 de mayo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el estudio se centrará frente a la
providencia del 24 de julio de 2025, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por ser esta la que puso fin al proceso.
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Accionante: Aliria Rendón Ramírez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela
judicial efectiva, al mínimo vital, a la igualdad y a la seguridad social de la parte
accionante?
27. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales y (ii) el caso concreto.
Requisitos generales de procedibilidad
28. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por
cuanto la providencia del 24 de julio de 2025 puso fin al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho; (ii) la acción se presentó dentro del plazo razonable
porque la providencia enjuiciada se notificó por vía electrónica el 19 de agosto de
20257 y la tutela se interpuso el 2 de octubre del mismo año; (iii) no se invoca una
irregularidad procesal, por lo que este requisito no es aplicable en esta oportunidad;
(iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, al mínimo vital, a la igualdad y
a la seguridad social; y (v) no se trata de una sentencia de tutela, de una decisión
expedida en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad por parte de la
Corte Constitucional o el Consejo de Estado8 ni de una sentencia interpretativa
proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz 9.
29. En este contexto, la Sala advierte que (vi) se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, dado que la parte actora explicó las razones por las cuales
considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva, al mínimo vital, a la igualdad y a la seguridad social.
30. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
esta Subsección10, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales, al
tratarse de una controversia relacionada con el reconocimiento de una pensión
gracia, aspecto que guarda relación con el derecho fundamental a la seguridad
social.
7 La decisión impugnada se envió vía correo electrónico el 19 de agosto de 2025, por lo que los dos
días hábiles establecidos para que surta la notificación de la decisión transcurrieron los días 20 y 21
de ese mes, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022. En efecto, la providencia
impugnada se entiende notificada el 21 de agosto del año en curso y el conteo del plazo razonable
en el requisito de inmediatez comenzaría al día siguiente.
8 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
10 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
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Referencia: Acción de tutela
31. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental”11 y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales12”.
Análisis del caso concreto y de los defectos específicos
32. La Sala negará la solicitud de protección de derechos al no encontrar
configurado el defecto fáctico, la violación directa de la Constitución, ni el
desconocimiento del precedente, por las razones que se explican a continuación:
33. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de
sentencia del 24 de julio de 2025, negó el reconocimiento de una pensión gracia en
favor de la señora Aliria Rendón Ramírez, por cuanto no acreditó la vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, puesto que la única designación antes de
dicha fecha que se logró demostrar con base en los documentos aportados al
plenario es de carácter nacional.
34. Como fundamento de su decisión, se advierte que la autoridad judicial
accionada tuvo en cuenta las siguientes pruebas:
“22. En el expediente se observa la Resolución 50 del 18 de agosto de
197313, emitida por el Vicario Apostólico de Sibundoy (Putumayo), quien
actuó en su calidad de Inspector General de Educación Pública del Territorio
Escolar del Putumayo. Esta resolución fue adoptada en virtud de las
atribuciones conferidas por el artículo 9 de la Convención de Misiones entre
la Santa Sede y la República de Colombia. En ella, se declararon cesantes
ciertos nombramientos, se suspendieron y crearon nuevas escuelas, y se
designó el personal docente y administrativo correspondiente para el año
escolar 1973-1974 en el Territorio Escolar del Putumayo. Asimismo, se
asignaron los sueldos nacionales de acuerdo con las categorías
establecidas.
23. Este acto administrativo incluyó la designación de la demandante en la
Escuela Rural Mixta La Rochela, desde el 1° de septiembre de 1973 hasta
el 31 de agosto de 1974. Además, se registró en el artículo 13 que los
sueldos serían girados a través del procurador general de los Territorios
Misionales de Colombia, con residencia en Bogotá. También se ordenó el
envío de una copia del nombramiento al ministro de educación nacional para
su ratificación, así como al jefe de personal del Ministerio del Ramo y al
procurador general de los Territorios Misionales de Colombia, para su
información y los fines pertinentes.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
12 Ibid.
13 Ver expediente digital, actuación 33 registrada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
archivo 44_Contestacionde_Expadmini_expadministrativo_20240529060518, folios 255 a 260.
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Referencia: Acción de tutela
24. Dicho nombramiento fue comunicado mediante oficio No. 1.341 del 29
de agosto de 197314 por el Inspector General de Educación de Putumayo –
Dirección General de Educación Pública.
25. Se vislumbra el acta de posesión No. 2715 del 27 de octubre de 1973,
registrada ante la Inspección de Policía Intendencial de Puerto Caicedo, en
el municipio de Puerto Asís (Putumayo). Según este documento, la actora
asumió el cargo de directora de la Escuela Rural Mixta La Rochela
perteneciente a la Zona Escolar de Puerto Caicedo, con efectos retroactivos
al 1° de septiembre de 1973; previa designación efectuada por la Inspección
General de Educación de Putumayo mediante la Resolución 50 del 18 de
agosto de 1973.
26. El 5 de julio de 2018, el vicario general de la Diócesis de Mocoa Sibundoy
certificó que, tras la revisión de los archivos correspondientes a la Liquidada
Educación Misional Contratada, la demandante desempeñó funciones en el
Territorio Escolar del Departamento de Putumayo, perteneciente a la
Diócesis Mocoa – Sibundoy con un sueldo nacional, según el siguiente
detalle16:
• Por Resolución 50 de 1973 (18 de agosto) fue nombrada Seccional
de la Escuela Rural Mixta La Rochela de Puerto Caicedo. Su ejercicio se
extendió desde el 1° de septiembre de 1973 hasta el 31 de agosto de 1974,
acumulando un tiempo de servicio en este cargo de un año.
• Por Resolución 055 de 1974 (21 de agosto), se declaró cesante su
nombramiento como Seccional de la Escuela Rural Mixta La Rochela de
Puerto Caicedo, a partir del 1° de septiembre de 1974, con un año de
servicio.
27. De conformidad con el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral expedido el 20 de junio de 2007 por la Secretaría de
Educación y Cultura del Departamento del Putumayo17, la demandante fue
nombrada en propiedad como docente con vinculación nacional en el Centro
Educativo Rural La Rochela de Puerto Asís (Putumayo) mediante la
Resolución 050 del 18 de agosto de 1973. Este cargo fue desempeñado
desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de agosto de 1974, abarcando
un periodo de un año.
28. El Líder de Administración de Planta de la Secretaría de educación
Departamental de Putumayo certificó que la Escuela Rural Mixta La
Rochela, «es Oficial, Departamental ubicada en el Municipio de Puerto
Caicedo y se encuentra en una Zona Rural de difícil acceso”18.
35. En atención a lo anterior, se advierte que la autoridad judicial demandada
encontró que la designación efectuada a la señora Aliria Rendón Ramírez, mediante
la Resolución núm. 50 de 1973 por el vicario apostólico de Sibundoy (Putumayo),
es de carácter nacional, dado que se enmarca dentro de la categoría de Educación
Misional Contratada, la cual ha sido reconocida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado como perteneciente al nivel nacional.
14 Ver expediente digital, actuación 33 registrada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
archivo 44_Contestacionde_Expadmini_expadministrativo_20240529060518, folio 283.
15 Ver expediente digital, actuación 33 registrada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
archivo 44_Contestacionde_Expadmini_expadministrativo_20240529060518, folio 246.
16 Ver expediente digital, actuación 33 registrada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
archivo 44_Contestacionde_Expadmini_expadministrativo_20240529060518, folio 277.
17 Ver expediente digital, actuación 33 registrada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
archivo 44_Contestacionde_Expadmini_expadministrativo_20240529060518, folio 78.
18 Folios 4 a 6 de la sentencia del 24 de julio de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06192-00
Accionante: Aliria Rendón Ramírez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela
36. La parte accionada manifestó que, en virtud de los convenios suscritos entre el
Gobierno Nacional y la Iglesia Católica, los salarios y las prestaciones sociales del
personal directivo, docente y administrativo son responsabilidad de la Nación. Por
ello, expuso que no era procedente considerar que el servicio prestado por los
docentes en instituciones administradas bajo la modalidad de Educación Misional
Contratada posea el carácter de territorial, dado que la relación legal y reglamentaria
surgida entre la Nación y la Iglesia es nacional y la vinculación de docentes bajo
dicha modalidad determina que la plaza docente pertenece al ámbito nacional.
37. En ese sentido, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación
encontró que el nombramiento de la actora se realizó en virtud de las facultades
otorgadas por el artículo 9.° de la Convención de Misiones entre la Santa Sede y la
República de Colombia y, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14 de dicha
resolución, el acto administrativo fue remitido al Ministerio de Educación Nacional
para su debido trámite legal de ratificación.
38. Por lo anterior, el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 20 de junio de 2007, expedido por la Secretaría de Educación y Cultura
del departamento del Putumayo, clasificó como nacional la vinculación docente de
la demandante. Así las cosas, en consonancia con la sentencia de unificación
jurisprudencial SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, dictada por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, dicha prueba es válida para demostrar la calidad de docente
oficial.
39. Sobre ello, expuso la autoridad judicial demandada:
“37. En el presente asunto, tanto el acto administrativo de nombramiento
como las certificaciones reseñadas en precedencia dan cuenta que se trató
de un vínculo docente nacional; circunstancias que tienen la entidad
suficiente para enervar el reparo de la demandante frente a una indebida
valoración de las pruebas.
38. Por consiguiente, la Sala no tomará en consideración este periodo para
cumplir con el requisito de vinculación territorial y/o nacionalizada antes del
31 de diciembre de 1980, dado que fue de carácter nacional. De acuerdo
con las normas jurisprudenciales establecidas en la sentencia de unificación
S-699 del 26 de agosto de 199721 de esta Corporación, los docentes
nacionales no son beneficiarios de la pensión gracia.
39. Paralelamente, la Sala desestima el reparo presentado por la
demandante en relación con el hecho de que su nombramiento fue de
carácter nacionalizado. Esto se debe a que no es factible otorgarle tal
carácter, dado que en 1973 no había entrado en vigencia la Ley 43 del 11
de diciembre de 197522, la cual estableció la nacionalización de la
educación pública en los niveles básica primaria y secundaria. Por lo demás,
tampoco se puede considerar que el nombramiento tenga un carácter
territorial ya que no se evidencia el ejercicio de la atribución legal de
nominación por parte del representante legal del municipio o departamento.
Igualmente, no se demuestra que el cargo se haya financiado con recursos
propios que sean distintos a los de la Nación.
40. Antes bien, como se ha expuesto anteriormente, las pruebas vislumbran
que la designación fue de carácter nacional, dado que fue realizada por el
vicario apostólico de Sibundoy (Putumayo) en virtud de las atribuciones
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06192-00
Accionante: Aliria Rendón Ramírez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela
otorgadas por la Convención de Misiones entre la Santa Sede y la República
de Colombia, bajo la modalidad de Educación Misional Contratada”19.
40. Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que las
conclusiones a las que llegó la parte accionada para resolver el caso obedezcan a
un capricho o arbitrariedad, sino que se basaron en el criterio interpretativo del juez
natural de la causa, el cual, en virtud del principio de autonomía judicial, puede
efectuar la valoración probatoria que considere más adecuada, conforme con la
normatividad aplicable.
41. En ese sentido, en el presente asunto no se estructura una situación en la cual
se vislumbre una lesión de derechos, porque la intervención del juez de tutela se
activa únicamente en los casos específicos en que se evidencia una argumentación
defectuosa, abiertamente insuficiente, o inexistente al punto que se torna arbitraria,
supuestos que no se cumplen en el presente asunto.
42. Por lo tanto, al no encontrarse la configuración de ninguna de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
se negará el amparo solicitado por medio de la acción de tutela interpuesta por la
señora Aliria Rendón Ramírez, en nombre propio, contra Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por la señora Aliria Rendón Ramírez, en nombre propio, contra Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
19 Folio 7 ibid.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06192-00
Accionante: Aliria Rendón Ramírez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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