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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00997-01

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00997-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento presentado por el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez. Por tanto, se le separa del conocimiento del presente proceso. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 23 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora Carmen Tulia Buitrago Alzate contra la UGPP. TERCERO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-00997-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001 23 33 000 2018 00997 01 (0757-2022)
Demandante: Carmen Tulia Buitrago Alzate
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Docente nacional. Interpretación del artículo
15, numeral 2.°, literal a) de la Ley 91 de 1989, sobre el
requisito de haberse vinculado como docente territorial o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980. Condena
en costas

Decisión: Se confirma la sentencia impugnada por cuanto la actora no
cumple con los requisitos legales acceder a la pensión gracia
ya que no acreditó haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia del 23 de septiembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La accionante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 044677 del 28 de
noviembre de 2017 y RDP 010306 del 22 de marzo de 2018, mediante las cuales
la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le concediera la
mencionada prestación periódica a partir del 15 de junio de 2016, liquidada con
base en la totalidad de los factores salariales devengados por la demandante
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de adquisición del estatus de
pensionada, junto con la indexación de la primera mesada, conforme a los
artículos 48, 53 y 230 de la Constitución Política y 21 de la Ley 100 de 1993, así
como los reajustes derivados de la variación porcentual del IPC.

3. De igual modo, solicitó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en armonía
con el artículo 4.º de la Ley 700 de 2001; además, que se le cancelen las sumas
adeudadas, debidamente indexadas en virtud del artículo 187 del CPACA y los
intereses previstos en los artículos 192 y 195 ejusdem. Asimismo, pidió que se
declare que tiene derecho a la mesada adicional de diciembre, creada mediante
el artículo 5.º de la Ley 4.ª de 1966 y a la mesada adicional del mes de junio

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establecida en los artículos 142 de la Ley 100 de 1993 y 1.º de la Ley 238 de
1995.

4. Como sustento de sus pretensiones, indicó que cumplió 50 años de edad
el 16 de julio de 2007, que no devengó pensión que sea incompatible con la
solicitada, que se ha desempeñado como docente con honradez, consagración
e idoneidad y que no ha sido sancionada disciplinariamente. Aunado a ello,
precisó que se vinculó como docente antes del 31 de diciembre de 1980, en
atención al nombramiento efectuado por el Ministerio de Educación Nacional a
través de la Resolución 024 del 10 de mayo de 1982 con efectos fiscales desde
el 12 de mayo de 1980, precisando que ese tiempo «no se contabiliza» por ser
nacional.

5. Igualmente, señaló que ha servido como educadora territorial por más de
20 años con algunas interrupciones desde el 22 de febrero de 1995 hasta el 22
de febrero de 2015 en el municipio de Marinilla (Antioquia).

6. Por lo anterior, el 24 de agosto de 2017 solicitó ante la entidad demandada
el reconocimiento y pago de la pensión gracia; sin embargo, esta fue negada a
través de los actos administrativos acusados bajo el argumento de que no
acreditó una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de
1980.

Contestación de la demanda1

7. La entidad accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda argumentando que los actos administrativos conservan incólume su
presunción de validez y surten sus efectos en el ordenamiento jurídico ya que
fueron expedidos conforme a derecho.

8. Asimismo, precisó que, de las pruebas allegadas al plenario, se puede
concluir que los tiempos laborados no permiten acreditar los 20 años que exige
la ley; sumado a que se evidencia una vinculación realizada por el Ministerio de
Educación Nacional, que no puede tenerse en cuenta para acceder a la pensión
gracia.

9. Propuso las excepciones de mérito que denominó «ausencia de vicios en
los actos administrativos demandados», «inexistencia de la obligación» y
«prescripción».

Sentencia apelada2

10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 23 de
septiembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda precisando que si bien
la accionante acredita el cumplimiento de los requisitos de edad y buena
conducta, lo cierto es que no cumple con la exigencia de haberse vinculado como
docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 comoquiera

1 Folios 150 al 152.
2 Folios 185 al 192.

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que su nombramiento efectuado a partir del 12 de mayo de 1980 y ejercido hasta
el 8 de febrero de 1995 fue de carácter nacional, con lo cual se incumple con el
requisito previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 (numeral 2.°, literal a),
aplicado por esta Colegiatura en las sentencias S-699 del 29 de agosto de 1997,
«2114-2016» y del 1.° de marzo de 20183.

11. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la accionante.

Recurso de apelación4

12. La parte actora solicitó la revocatoria de la sentencia de primer grado y, en
su lugar, que se acceda a las pretensiones de la demanda.

13. Fundamentó el recurso de apelación arguyendo que la decisión
cuestionada se basó en una jurisprudencia del Consejo de Estado que interpretó
de manera errónea el artículo 3.° de la Ley 37 de 1933, la cual, en su criterio, no
era aplicable a su caso particular puesto que dicha norma consagró que el tiempo
de servicio también podía reunirse cuando los servicios se hubiesen prestado en
un establecimiento de educación secundaria.

14. Igualmente, cuestionó que el a quo utilizó como soporte doctrinal una
sentencia que no niega que el docente puede ser vinculado por la Nación, sin
que ello signifique o implique que el tiempo así prestado sea válido, pues estima
que lo correcto es demostrar la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980
sin ninguna distinción puesto que el literal a) del numeral 2.° del artículo 15 de la
Ley 91 de 1989 no lo dispone de esa manera.

15. Explicó que la norma descrita en el párrafo anterior contempla un régimen
de transición que posibilita reconocer la vinculación hasta el 31 de diciembre de
1989 a los docentes nacionales, aduciendo que ello no fue excluido de la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

15. Mediante auto del 31 de marzo de 2022, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada y se indicó que la parte accionada disponía
hasta la ejecutoria de esta providencia para pronunciarse en torno a la alzada;
además, que el Ministerio Público tenía para emitir concepto hasta que el
expediente ingresara al despacho para emitir sentencia.

16. La entidad demandada solicitó confirmar el fallo impugnado reiterando los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Asimismo, solicitó
unificar la jurisprudencia sobre las condiciones que se deben reunir para
determinar la plaza docente a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-
11-S2 de 2018. Mediante auto del 17 de noviembre de 2022 se negó dicha
solicitud.

3 Emitida dentro del proceso 25000 23 42 000 2013 06449 01 (3989-15).
4 Folios 197.

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17. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

18. El 27 de octubre de los corrientes, el consejero de Estado Jorge Iván
Duque Gutiérrez manifestó su impedimento para conocer del presente medio de
control con fundamento en la causal 2 del artículo 141 del CGP, debido a que
conoció del proceso de la referencia en primera instancia y suscribió la sentencia
objeto de apelación en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de
Antioquia.

19. Al respecto, el régimen de impedimentos tiene como objetivo garantizar la
imparcialidad e independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales. A través de esta figura, se busca prevenir situaciones que puedan
comprometer el criterio de los jueces en las providencias que emitan. Así, cuando
un funcionario judicial reconozca que se encuentra impedido, debe manifestarlo
para proteger los principios que rigen la adecuada administración de justicia.

20. Una vez revisada la sentencia recurrida, dictada el 23 de septiembre de
2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se confirma que el consejero
Jorge Iván Duque Gutiérrez formó parte de la respectiva Sala de decisión y, por
ende, suscribió la providencia cuestionada en esta instancia. Por lo tanto, se
identifican elementos subjetivos en la manifestación de impedimento que
sugieren que la decisión que se adopte en el asunto mencionado podría afectar
la objetividad e imparcialidad que se exige de los titulares de la función
jurisdiccional.

21. En consecuencia, esta Subsección declarará fundado el impedimento
manifestado por el referido consejero, con el fin de salvaguardar los principios de
imparcialidad y transparencia.

Competencia

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado
por los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado
es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

23. Con base en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, le
corresponde a esta Sala determinar si se debe tener por cumplido el requisito de
la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 como docente territorial o
nacionalizado previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, a pesar de que la
actora acepta que su vinculación antes de dicha fecha fue del orden nacional.

24. En caso afirmativo, se analizará si la demandante cumple con los demás

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requisitos para beneficiarse de la referida prestación periódica, tales como: i)
contar con más de 50 años de edad; ii) haberse desempeñado como docente de
carácter territorial y/o nacionalizada durante 20 años, que pueden ser continuos
o discontinuos; iii) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; y iv) no haber recibido ni recibir actualmente otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

Análisis del problema jurídico

25. Obra en expediente copia de la Resolución 5181 de 16 de abril de 19825,
a través de la cual el ministro de Educación Nacional, en uso de sus atribuciones
legales, nombró a la demandante como profesora de secundaria en el Colegio
David González de Belalcázar, perteneciente a la Prefectura Apostólica de
Tierradentro, a partir del 10 de mayo de 1980.

26. Igualmente, se aportó copia del Acta de Posesión núm. 77 del 11 de junio
de 19806, en la que se observa que la actora se presentó ante el despacho de la
coordinación de Educación de la Prefectura Apostólica de Tierradentro, con el fin
de posesionarse en el empleo de profesora de la Escuela Técnica David
González de Belalcázar, para el cual fue designada por medio de la Resolución
«024 de Mayo 12 de 1980», con retroactividad al 12 de mayo de 1980. Sobre
este punto, cabe aclarar que en la parte superior izquierda del documento se
menciona que dicha acta de posesión se suscribió ante el Ministerio de
Educación Nacional.

27. De igual modo, se allegó copia del Certificado de Tiempo de Servicio
emitido el 1.° de febrero de 2017 por el Grupo Único de Hojas de Vida, Registro
y Control de la Secretaría de Educación del departamento del Cauca, en el que
se da constancia de que la libelista laboró por un lapso de 14 años, 5 meses y 29
días, entre el 12 de mayo de 1980 y el 8 de febrero de 1995, en la Escuela Rural
de Belalcázar del municipio de Páez (Cauca), en virtud del nombramiento
efectuado mediante la Resolución 024 del 10 de mayo de 1982. Asimismo, se
indicó que el tipo de vinculación fue de carácter nacional.
28. Del análisis conjunto de las mencionadas pruebas, la Sala encuentra
demostrado que la demandante mantuvo un vínculo legal y reglamentario con el
Ministerio de Educación Nacional entre el 12 de mayo de 1980 y el 8 de febrero
de 1995, a través del cual prestó sus servicios para el Colegio David González
de Belalcázar, perteneciente a la Prefectura Apostólica de Tierradentro (Cauca).

29. Sin embargo, existe una discrepancia en cuanto al acto administrativo de
nombramiento, puesto que en el acta de posesión del núm. 77 y en el Certificado
de Tiempo de Servicios analizado se establece que fue a través de la Resolución
024 del 10 de mayo de 1982 (el cual no fue allegado al proceso), mientras que
se aportó la Resolución 5181 de 16 de abril de 1982, en la que se nombró a la
actora como profesora de dicho establecimiento educativo, con efectos a partir
del 10 de mayo de 1980.

5 Folio 26.
6 Folio 25.

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30. A pesar de la falta de certeza sobre el verdadero acto de nombramiento,
está claro que estos fueron emitidos por el ministro de Educación Nacional, en
uso de sus facultades legales, en atención al programa de Educación Misional
Contratada, respecto del cual esta Colegiatura ha sido diáfana en señalar que
esta clase de vinculaciones corresponden al orden nacional7.

31. Esto tiene fundamento legal en la Ley 39 de 19038, mediante la cual se
estableció la Educación Misional Contratada derivada del convenio entre el
Estado y el Episcopado colombiano con el objeto de que las actividades
misionales y educativas de las comunidades religiosas llegaran a los lugares más
apartados en los que no se contaba con docentes ni infraestructura9.

32. La jurisprudencia de esta Corporación ha consolidado el criterio de que los
docentes vinculados a través de esta modalidad mantienen un vínculo de
carácter nacional. Esto se fundamenta en que los salarios y las prestaciones
sociales del personal directivo, docente y administrativo, en virtud de los
convenios suscritos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica, son
responsabilidad de la Nación.

33. En lo que respecta a la pensión gracia, se ha sostenido
jurisprudencialmente10 que no es procedente considerar que el servicio prestado
por los docentes en instituciones administradas bajo la modalidad de Educación
Misional Contratada posea el carácter de territorial. Esta afirmación se
fundamenta en el origen de la relación legal y reglamentaria y en la finalidad que
persigue tanto la Nación como la Iglesia Católica.
34. Ahora bien, la Sala no comparte la tesis sostenida por la apelante al
manifestar que el artículo 15, numeral 2.°, literal a), de la Ley 91 de 1989 no
establece que el requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980
debiera ser territorial o nacionalizado, sino que este solo se satisface con el hecho
de demostrar haber ingresado antes de esa fecha.

35. Sobre el particular, el artículo 15, numeral 2° de la Ley 91 de 1989
establece lo siguiente:

[…] Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:

2. Pensiones:

7 Al respecto, ver: sentencia del 4 de mayo de 2023, rad. 52001233300020160004901 (2859-2018), C.P.

Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 30 de noviembre de 2023, rad. 76001 23 33 000 2015 01484 01
(3342-2018); sentencia del 8 de agosto de 2024, rad. 19001-23-33-000-2020-00019-01 (0511-2023), C.P.
Luis Eduardo Mesa Nieves; sentencia del 27 de marzo de 2025, rad. 50001-23-33-000-2018-00336-01
(5945-2024), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
8 «Sobre instrucción pública»
9 https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Contratacion-del-servicio-

educativo/Historia-del-Programa/358040:LA-HISTORIA-DE-LA-MATRICULA-CONTRATADA
10 Ver, entre otras, sentencias del 21 de julio de 2011 (Actor: Andrés Avelino López Quintero. N. interno:

2442-10. M.P.: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero) y del 24 de febrero de 2011 (Actor: Jorge Ayerbe Salinas.
No. interno: 1605-10. M.P.: Dra. Bertha Lucia Ramírez De Páez.).

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Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
[…]

36. Con todo, desde la Sentencia S-699 de 199711, reiterada en la sentencia
de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201812, esta Corporación ha
interpretado la norma en cita en el siguiente sentido:

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se
les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su
compatibilidad “….con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de
estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”; hecho que modificó la ley 114 de
1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la
pensión gracia quien recibiera “…otra pensión o recompensa de carácter
nacional”. […]

De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan
vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la
posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B
del mismo precepto, o sea la “…pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes
nacionales o nacionalizados (literal B, No. 2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que
el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia
…siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que
sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de
su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley. […]
(Negritas fuera del texto original)

37. Conforme a lo expuesto, la jurisprudencia de esta Colegiatura ha sido clara
y constante en señalar que los docentes nacionales no son beneficiarios de la
pensión gracia creada a partir de la Ley 114 de 1913 toda vez que el espíritu de
dicha prestación surgió para corregir la desigualdad existente entre los docentes
territoriales y aquellos directamente vinculados por la Nación.

38. En consecuencia, no le asiste razón a la apelante al pretender que se le
reconozca la pensión gracia por el simple hecho de haberse vinculado antes del

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena. Sentencia del 29 de agosto de

1997, dentro del proceso con radicación S-699, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro Peñaranda.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación

proferida dentro del expediente 25000 23 42 000 2013 04683 01(3805-14), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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31 de diciembre de 1980, pues el precitado artículo 15, numeral 2.° de la Ley 91
de 1989 establece de manera expresa que los educadores, además, deben reunir
la totalidad de los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y
37 de 1933, esto es: que dicha vinculación haya sido en una plaza territorial o
nacionalizada, tener más de cincuenta (50) años de edad, acreditar buena
conducta y honradez en el ejercicio de la actividad educativa y completar veinte
(20) años de servicios como docente territorial o nacionalizado, ya sea de manera
continua o discontinua.

39. Así las cosas, a pesar de que la demandante demostró haber prestado sus
servicios como docente antes del 31 de diciembre de 1980, lo cierto es que dicha
vinculación no puede tenerse en cuenta para efectos de beneficiarse de la
pensión gracia puesto que tal relación legal y reglamentaria fue como educadora
del orden nacional, quienes están excluidos de dicha prestación precisamente
porque la naturaleza de la pensión estudiada se creó exclusivamente para los
docentes territoriales dada la desigualdad salarial entre unos y otros.

40. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia dado
que la demandante no acreditó la vinculación como docente de carácter territorial
y/o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.

Condena en costas

41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

42. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
43. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

44. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Radicación: 05001 23 33 000 2018 00997 01 (0757-2022)
Demandante: Carmen Tulia Buitrago Alzate

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento presentado por el consejero
de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez. Por tanto, se le separa del conocimiento
del presente proceso.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 23 de septiembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por la señora Carmen Tulia Buitrago Alzate contra la UGPP.

TERCERO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Antioquia.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Con impedimento aceptado)

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co
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