Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00400-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00400-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2016-00400-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
8 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 3 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cauca,
que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Matilde Romero Hinestroza, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
los Autos ADP 17109 del 18 de diciembre de 20152 y ADP 007132 del 26 de mayo de
2016, expedidos por la UGPP, que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia
1 Folios 26 a 33.
2 La demanda no se dirigió en un principio contra el Auto ADP 17109 del 18 de diciembre de 2015; sin embargo, durante la
audiencia inicial el a quo ordenó integrar el debate con dicho acto (folios 123 a 130).
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Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
reclamada.3
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP, a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia
de jubilación, con inclusión de todos los factores salariales, efectiva a partir del 10
de marzo de 2013; ii) actualizar el valor de las condenas conforme a los artículos
187, 192 y 195 del CPACA; y iii) pagar las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló:
i) La señora Matilde Romero Hinestroza prestó sus servicios al magisterio oficial de
la siguiente forma:
• Del 27 de abril de 1977 al 1 de febrero de 1982. En la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., nombrada por Resolución 631 del 27 de abril de 1977. En este lapso a la actora se
le concedieron 90 días de licencia no remunerada.
• Del 4 de febrero de 1982 al 6 de febrero de 2007. En el departamento del Cauca,
nombrada por Resolución 041 del 4 de febrero de 1982.
ii) El 6 de febrero de 2007, la demandante cumplió los 50 años de edad de servicio
y para ese momento contaba con más de 20 años de servicio como docente
territorial/nacionalizada, es decir, que en esa fecha consolidó el estatus pensional.
iii) El 13 de febrero de 2012, la actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada mediante las decisiones
administrativas enjuiciadas.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 48 y 53 de la Constitución Política; 3,
4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 1 y 15 de la Ley 91 de
3 La demanda inicialmente se dirigió contra la Resolución RDP 007201 del 8 de agosto de 2012, pero durante la audiencia
inicial el a quo la excluyó del presente litigio (folios 123 a 130).
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Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
1989; 3 del Decreto 81 de 1976; 3 del Decreto 2277 de 1979; y las Leyes 116 de
1928, 24 de 1947 y 4 de 1966.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso:
i) La Ley 91 de 1989 estableció un régimen de transición para que los docentes que
venían trabajando antes del 31 de diciembre de 1980 colmaran las expectativas
tendientes a obtener la pensión gracia.
ii) La señora Matilde Romero Hinestroza cumple con todos los requisitos previstos
por el legislador para acceder a dicha prestación, ya que cuenta con más de 50
años de edad; ha prestado sus servicios como docente territorial/nacionalizada por
más de 20 años y se vinculó en tal condición antes del 31 de diciembre de 1980.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, en estos
términos:4
i) La demandante prestó sus servicios como docente nacionalizada entre el 1 de
junio de 1977 y el 1 de febrero de 1982; sin embargo, este tiempo no es suficiente
para reconocer la prestación pretendida y tampoco puede sumarse a la vinculación
que tuvo la interesada como profesora nacional a partir del 15 de febrero de 1982.
ii) Los actos enjuiciados se encuentran ajustados a derecho, ya que la actora no es
beneficiaria de la pensión gracia, en tanto no demostró haberse desempeñado
durante 20 años como docente departamental, distrital, municipal o nacionalizada.
iii) Se proponen las siguientes excepciones: 1) inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido; 2) ausencia de vicios en los actos
administrativos enjuiciados; y 3) prescripción.
4 Folios 77 a 85.
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Demandante: Matilde Romero Hinestroza
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 3 de mayo de 2018,
negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:5
i) La demandante laboró como docente nacionalizada entre el 27 de abril de 1977
al 1 de febrero de 1982. Posteriormente, a partir del 15 de febrero de 1982, comenzó
a trabajar en la Institución Educativa San José, en razón al nombramiento efectuado
por la Prefectura Apostólica de Guapi, Cauca.
ii) La señora Matilde Romero Hinestroza ingresó al servicio de la denominada
educación contratada. Al respecto, el Consejo de Estado ha concluido que los
educadores vinculados bajo esa modalidad son del orden nacional.
iii) La accionante no tiene derecho a la pensión gracia pretendida, ya que el tiempo
laborado como docente nacional no puede ser tenido en cuenta para esos efectos
y la vinculación como nacionalizada no suma los 20 años exigidos por la ley.
1.4. El recurso de apelación
La actora interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en
los siguientes argumentos:6
i) La Ley 114 de 1913 creó la pensión gracia con el fin de compensar los salarios de
los educadores de primaria del orden territorial frente a sus homólogos nacionales.
Luego, la Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 extendieron este beneficio a los
profesores de escuelas normales y secundaria e inspectores de instrucción pública.
ii) La accionante tiene derecho a obtener la aludida pensión, por cuanto tuvo la
condición de docente nacionalizada desde el 27 de abril de 1977 hasta el 1 de
5 Folios 162 a 171.
6 Folios 173 a 175.
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Demandante: Matilde Romero Hinestroza
febrero de 1982. Además, entre el 15 de febrero de 1982 al 30 de diciembre de
1982, «efectivamente prestó sus servicios como d[o]cente del orden Nacional, sin
embargo, a partir del 1 de enero de 1991 siguió prestando sus servicios como
docente territorial, teniendo en cuenta que se encontraba vinculada con el
Departamento del Cauca, siendo este el nominador y con lo cual complet[ó] los 20
años de servicios como docente territorial», conforme lo exige la Ley 114 de 1913.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La accionante7 y la UGPP8 reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso del
proceso.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.9
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
7 Folios 220 a 223. En los alegatos de conclusión, la demandante expresó que podía decretarse una prueba de oficio; sin
embargo, en este caso no se evidencian «puntos oscuros o difusos de la contienda» y, por ende, la Sala no estima necesario
ejercer la potestad consagrada en el artículo 213 del CPACA.
8 Folios 224 a 228.
9 Según constancia secretarial obrante en el folio 229.
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Demandante: Matilde Romero Hinestroza
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 192810 y 37 de 193311 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 12
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».13
Debido a dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los
10 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho
a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los
años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
11 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo,
quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
12 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,
radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
13 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario
para su sostenimiento.
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Demandante: Matilde Romero Hinestroza
educadores locales o regionales».14
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales por la diferencia
salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin
embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección
B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia
del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse
la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Demandante: Matilde Romero Hinestroza
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».16
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
15 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
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Demandante: Matilde Romero Hinestroza
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:17
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».18
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-
01 (AC).
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Demandante: Matilde Romero Hinestroza
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,19 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:20
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
20 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.
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plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».21
2.3. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme al acta de nacimiento22 y la cédula de ciudadanía,23 la señora Matilde
Romero Hinestroza nació el 6 de febrero de 1957.
• El 27 de abril de 1977, por Decreto 631, el alcalde de Bogotá D.C., en uso de sus
atribuciones legales, causó «algunas novedades de personal en la Secretaría de
Educación Distrital», incluyendo el nombramiento de la demandante como maestra
de la División Operativa – Administración de Enseñanza Primaria.24
• El 12 de febrero de 1982, por Decreto 0238, el alcalde de Bogotá D.C. aceptó las
renuncias de varios «docentes dependientes de la Secretaría de Educación
Distrital», dentro de los que se encuentra enlistada la accionante, quien prestaba
sus servicios en la Concentración Rufino José Cuervo.25
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
22 Esta información reposa en el expediente administrativo aportado por la UGPP (folio 1).
23 Folio 25.
24 Folios 10 a 13.
25 Folios 18 a 19.
11
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
• El 18 de julio de 2016, la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía de Bogotá
D.C. certificó la siguiente información referente a la hoja de vida de la señora Matilde
Romero Hinestroza:26
MEDIANTE DECRETO NO. 631 DE ABRIL 27 DE 1977, NOMBRADA EN PROPIEDAD MAESTRA
ESCALAFONADA EN 2ª. CATEGORÍA DE PRIMARIA, A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 1977.
MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 571 DE 1977, SE LE RECONOCIÓ EL TIEMPO LABORADO DEL 27
DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 1977.
MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2278 DEL SEPTIEMBRE 08 DE 1981, SE LE CONCEDIERON 90
DÍAS DE LICENCIA SIN REMUNERACIÓN DEL 3 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 1981.
MEDIANTE DECRETO NO. 238 DE FEBRERO 12 DE 1982, SE LE ACEPTÓ LA RENUNCIA DEL
CARGO DE MAESTRA ESCALAFONADA EN 2ª. CATEGORÍA, DEPENDIENTE DE LA DIVISIÓN DE
EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 1982.
TIPO DE VINCULACIÓN NACIONALIZADA.
• El 19 de julio de 2016, la Secretaría de Educación del Cauca certificó que la
demandante venía prestando sus servicios desde el 15 de febrero de 1982, como
docente con un régimen de pensiones nacional. Textualmente se especificó lo
siguiente: 27
26 Folio 20.
27 Folios 22 a 23.
12
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
13
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
• El 9 de marzo de 2018, conforme al requerimiento probatorio efectuado por el a
quo, la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Cauca remitió el
acta de posesión de la demandante, llevada a cabo el 15 de febrero de 1982.
Además, expresó que en cuanto a «la Resolución número 041 del 04 de febrero de
1982, emanada por la Prefectura Apostólica de Guapi Costa Caucana del Pacífico,
debo manifestarle que previa la verificación de los soportes documentales que
reposan en la historia laboral a nombre de la señora Romero Hinestroza no se
encontró dicho documento». A continuación, se transcribe el acta de posesión en
comento: 28
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
PREFECTURA APOSTÓLICA
SUPERVISIÓN ESCOLAR REPÚBLICA DE COLOMBIA
GUAPI – CAUCA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DILIGENCIA DE POSESIÓN DE _MATILDE ROMERO HINESTROZA______________________
En Bogotá, D.E. a __15___de___FBRO.__ de _1982_ se presentó en el Despacho del
Ministerio de Educación Nacional_________________________________________________
con el objeto de tomar posesión del empleo de PROFESORA SECCIONAL DEL BACHILLERATO
NOCTURNO DEL COLEGIO INTEGRAL SAN JOSÉ DE GUAPI REEMPLAZA A BAIBINA MOSQUERA
DE PRADO.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
para el cual fue nombrado por _RESOLUCIÓN__ N° __041_ de fecha _4 FEB. 1982_
de____________ de ___1982____ EMANADA DE LA PREFECTURA APOSTÓLICA DE GUAPI COSTA
CAUCANA DEL PACÍFICO.
PRESENTÓ LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
Cédula de Ciudadanía N° ______25.434.918_______ expedida en ______Guapi – Cauca._____
Tarjeta de identidad N° _______________________ expedida en ________________________
Libreta Militar N° ____________________________ expedida en _______________________
Certificado de Policía N° _______________________ de fecha __________________________
Certificado de Paz y Salvo N° ___________________ de la Admón de Hda de______ ________
Certificado de la Caja Nal. de Previsión N° ___si____ de fecha _____abril 19/82_____________
En tal virtud, prestó juramento que ordena el Artículo 251 de la Ley 4ª. de 1913 (B. de
R.P. y M.)
Para constancia se firma la presente diligencia.
Remuneración $19.500.oo___________________________________________________
FIRMADO:
POR EL MINISTRO, ______original firmado_______
28 Folios 133 a 134.
14
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
EL SECRETARIO GENERAL, _____original firmado________
EL POSESIONADO, ______original firmado_______________
EL JEFE DE PERSONAL ______________________________
• La Procuraduría General de la Nación y la Gobernación del Cauca certificaron que
la accionante no registraba antecedentes disciplinarios.29
➢ Actuación administrativa
• El 10 de septiembre de 201530 y el 10 de marzo de 2016,31 la demandante peticionó
ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia.
• El 18 de diciembre de 2015 y el 26 de mayo de 2016, mediante Autos ADP 017109
y ADP 007132, respectivamente, la UGPP negó las referidas solicitudes para lo cual
se remitió a las respuestas otorgadas en anteriores oportunidades, en las que había
evidenciado que la peticionaria era docente del orden nacional.32
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.
2.4.1. Primer período. Del 27 de abril de 1977 al 1 de febrero de 1982
En este lapso la señora Matilde Romero Hinestroza laboró como profesora de
primaria en la Concentración Rufino José Cuervo, adscrita a la División de
Educación Básica Primaria de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., en virtud
29 Esta información reposa en el expediente administrativo aportado por la UGPP (folio 1).
30 Información extraída del Auto ADP 017109 del 18 de diciembre de 2015, allegado en medio magnético (folio 1).
31 Información extraída del Auto ADP 007132 del 26 de mayo de 2016 (folio 8).
32 Folio 8.
15
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
de la designación efectuada por el alcalde mayor, mediante el Decreto 631 del 27
de abril de 1977.
Por su parte, la Secretaría de Educación de dicho ente territorial certificó que la
actora prestó sus servicios como docente nacionalizada. La Sala acogerá esta
afirmación, por cuanto el nombramiento provino de una autoridad del orden
territorial.
Al respecto, es relevante resaltar que el artículo 3 de la Ley 39 de 1903 dispuso que
la instrucción primaria estaría a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de
los departamentos. A su vez, el Decreto 491 de 1904, reglamentario de la referida
ley, determinó que estarían a cargo de los departamentos y municipios «los gastos
que ocasione la instrucción primaria».33
De acuerdo con este marco normativo, el nombramiento que efectuó el alcalde de
Bogotá D.C., atendió a las atribuciones que con antelación le había otorgado el
legislador.
Además, el carácter nacionalizado de la aludida designación encuentra respaldo en
el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia
C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales», conforme ocurrió en el
sub lite.
Se aclara que estas directrices normativas y jurisprudenciales operan en el presente
asunto, por cuanto las pruebas aportadas son suficientes para ratificar la vinculación
nacionalizada de la actora; sin embargo, en cada caso concreto deberá analizarse
33 Artículo 27.
16
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
si existen otros elementos de juicio que conduzcan a establecer una conclusión
distinta.
Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho a
la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 4 años, 9 meses y 5 días; sin
embargo, no sería suficiente para decretar la prestación, por lo que deberá revisarse
la vinculación restante.
2.4.2. Segundo período. Del 15 de febrero de 1982 al 19 de julio de 201634
En este segundo lapso la señora Matilde Romero Hinestroza laboró como profesora
en la Institución Educativa San José de Guapi y en el acta de posesión se especificó
que fue designada por Resolución 041 del 4 de febrero de 1982, expedida por la
Prefectura Apostólica de Guapi Costa Caucana del Pacífico. A su vez, la actora
tomó posesión del cargo ante el Ministerio de Educación Nacional.
La demandante sostiene que dicho nombramiento le otorgó la condición de
educadora del orden nacional, pero que a partir de la entrada en vigencia de la Ley
91 de 1989 retomó el carácter de nacionalizada, teniendo en cuenta que el
departamento del Cauca asumió la administración del personal docente y porque
sus salarios fueron pagados con recursos del situado fiscal y del sistema general de
participaciones que pertenecen a dicho ente territorial.
Sin embargo, la Sala se aparta de la argumentación propuesta por la accionante, ya
que inicialmente fue nombrada para laborar al servicio de la denominada educación
contratada,35 que debe tenerse como una vinculación de carácter nacional, en tanto
dicha modalidad hace parte del sector público nacional.
34 En esta fecha se expidió la certificación laboral aportada al plenario y se indicó que para ese entonces la docente seguía
en servicio activo.
35 Sobre la pensión gracia y docentes vinculados a través del mecanismo de educación nacional contratada, esta Sección
ha manifestado en múltiples oportunidades que dichos docentes tienen la connotación de nacionales, resultando
improcedente el reconocimiento de la prestación. Para el efecto, ver sentencias del 2 de junio de 2022 (radicación 88001-
23-33-000-2015-00054-02 (1393-2016)); 3 de marzo de 2022 (radicación 27001-23-33-000-2019-00023-01 (3636-2021));
2 de octubre de 2020 (radicación 19001-23-33-000-2017-00393-01 (2462-2019)); 25 de septiembre de 2020 (radicación
25000-23-42-000-2015-06485-01 (2816-2018)); y 28 de octubre de 2016 (radicación 85001-23-33-000-2013-00038-02
(4634-2014)).
17
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
Lo anterior se corrobora con la información contenida en el certificado laboral
emitido por la Secretaría de Educación del Cauca, cuya lectura evidencia que la
docente laboró como servidora pública de carácter nacional y que sus aportes a
pensión fueron consignados a la Caja Nacional de Previsión antes de la creación
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Igualmente, en materia de educación nacional contratada, la jurisprudencia de esta
Sección ha sido pacífica en el sentido de indicar que los docentes que laboraron
bajo ese mecanismo tienen la calidad de docentes nacionales. Así lo indicó en
sentencia del 17 de agosto de 2017, donde advirtió lo siguiente:36
La Educación Misional Contratada nace con la aprobación por parte del Congreso
Nacional del Concordato y Protocolo Final suscrito entre la Santa Sede y el Estado
Colombiano, a través de la Ley 20 de 1974. Esta modalidad de prestación del servicio
educativo, permitió la ampliación de la cobertura educativa en las regiones más
remotas del país y en los antiguos territorios nacionales a través de la suscripción de
contratos entre el gobierno Nacional y la Iglesia Católica, cuyo objeto se contraía a la
administración del servicio público educativo por parte de la Iglesia y al desarrollo de
los programas oficiales en los Centros Educativos Contratados bajo la orientación del
Ministerio de Educación Nacional en las zonas asignadas, que comprendían
alrededor de 19 departamentos.
En desarrollo de la Ley 20 de 1974, el gobierno Nacional expidió los Decretos 2768
de 1975, 2484 de 1976 y 2155 de 1987, dentro de los cuales se establecieron las
directrices y parámetros generales bajo los que se contrataría y desarrollarían los
objetivos de la Educación Misional.
En los citados Decretos se definió que los contratos serían celebrados por el
presidente de la República y el Ministerio de Educación Nacional, con el respectivo
Ordinario Competente de la Iglesia Católica y que la financiación de los costos de
infraestructura, funcionamiento, planta de personal docente y administrativa de los
centros educativos bajo contrato, administrados por la Iglesia Católica en cada zona,
serían sufragados directamente por la Nación con cargo a las sumas señaladas en la
ley de presupuesto en cada año.
En cuanto a la administración del personal docente al servicio bajo esta modalidad, el
artículo 4.o del Decreto 2768 de 1975 modificado por el artículo 1.o del Decreto 2484
de 1976, estableció el procedimiento para su vinculación, que inicialmente debía ser
adelantado por el Ordinario Competente (Iglesia Católica) y posteriormente avalado
por el Ministerio de Educación Nacional, a quien en todo caso correspondía mediante
ratificación, coordinar los nombramientos y toda novedad del personal de los centros
educativos contratados (traslados, licencias, vacaciones, renuncias, insubsistencias
36 Proceso 81001-23-39-000-2015-00006-01 (0468-2017). UGPP contra Gustavo Rivera Flórez. M P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
18
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
etc.). De igual forma, se dispuso que estos educadores debían reunir las condiciones
y requisitos consignados en las disposiciones legales generales o especiales sobre
escalafón docente y en el régimen administrativo para funcionarios públicos.
A partir del año 2001, con la expedición del Decreto 1286 que reglamentó el artículo
200 la Ley 115 de 1994, la competencia para la suscripción de estos contratos con
iglesias y confesiones religiosas se trasladó a las entidades territoriales con cargo a
sus presupuestos, bajo la continuada inspección y vigilancia del Ministerio de
Educación Nacional.
De lo anterior se deduce, en principio, el carácter oficial de la Educación Misional
Contratada que se desarrolló en el país desde 1975, en tanto era administrada por
las denominaciones católicas con sujeción a las disposiciones y directrices expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional y financiada con recursos directos de la
Nación hasta el año 2001, lo que a su vez permite concluir, que el cuerpo docente
adscrito a los centros educativos contratados, cuyos nombramientos provenían por
ratificación de dicho Ministerio, ostentaban indudablemente el carácter de docentes
nacionales.
Esta posición, también ha sido reiterada en sentencias del 14 de septiembre de
2017,37 y más recientemente el 25 de septiembre de 2020,38 2 de octubre de 202039
y del 2 de julio de 2022,40 entre otras.
En este caso está demostrado que, por Decreto 0238 del 12 de febrero de 1982, el
alcalde de Bogotá D.C. le aceptó a la accionante la renuncia al cargo que estaba
ocupando como educadora en la Concentración Rufino José Cuervo. Luego, fue
designada por la Resolución 041 del 4 de febrero de 1982, suscrita por la Prefectura
Apostólica de Guapi Costa Caucana del Pacífico.
A su vez, la actora tomó posesión del cargo ante el Ministerio de Educación Nacional
y la Secretaría de Educación del Cauca ha certificado que, desde el nombramiento
efectuado por dicha resolución, la señora Matilde Romero Hinestroza se ha venido
desempeñando como docente nacional.
Lo anterior significa que la demandante perdió la condición de docente
nacionalizada que ostentó cuando prestó sus servicios como profesora de primaria
37 Radicado 63001-23-33-000-2012-00153-01 (0071-2014).
38 Radicado 25000-23-42-000-2015-06485-01 (2816-2018).
39 Radicado 19001-23-33-000-2017-00393-01 (2462-2019).
40 Radicado 88001-23-33-000-2015-00054-02 (1393-2016).
19
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
en Bogotá D.C., pues renunció a esa relación legal y reglamentaria y entabló una
nueva con el Ministerio de Educación Nacional.
En este orden de ideas, la accionante culminó su relación laboral como profesora
nacionalizada e inició otra como docente de la Nación, por cuanto el artículo 1 de la
Ley 91 de 1989 dispone que se entiende por personal nacional aquellos «docentes
vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional» y en este caso la educación
misional contratada se adscribe a ese sector, según el procedimiento previsto en el
Decreto 2768 de 1975, modificado por el Decreto 2484 de 1976.
Bajo este contexto, a partir del nombramiento efectuado por la Resolución 041 del
4 de febrero de 1982, la señora Matilde Romero Hinestroza adquirió el carácter de
docente nacional y, como siguió laborando en virtud de ese acto, su vínculo no mutó
a nacionalizado como se alegó en el recurso de apelación. En consecuencia, no
acreditó los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia.
Aunado a lo anterior, es oportuno destacar que el país presentó un proceso de
descentralización de la educación que involucró el traslado del personal docente a
las entidades territoriales certificadas en educación, primero a los entes
departamentales, como lo determinó la Ley 60 de 1993 y después a los municipales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 200141 y, en ese sentido, resulta posible
sostener que luego de la expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 la
administración tanto del personal docente como del servicio educativo quedó
radicada en cabeza de los entes territoriales certificados en educación; sin embargo,
tales condiciones no generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial
de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso,
particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y reglamentaria sin
interrupción como sucede en el caso de la actora. 42
41 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio de 2016,
radicado 2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado 73001233300020140018501; Sala de Consulta y del Servicio Civil,
Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado 73001-23-33-000-
2019-00120-01 (1887-2022).
20
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
Resulta pertinente indicar que la Ley 60 de 199343 estableció que dentro del proceso
de descentralización, y previo el cumplimiento de determinados requisitos, las
entidades territoriales podrían administrar el servicio de educación con cargo al
Situado Fiscal,44 y para ello esos recursos eran cedidos a las entidades territoriales
con destinación específica.
En ese orden, se distribuyeron las competencias educativas entre la Nación y los
entes territoriales, de manera que a los departamentos se les atribuyó la dirección
y administración directa y juntamente con los municipios de los servicios de
educación y los docentes dejaron de ser nacionales y nacionalizados, para
denominarse del departamental, distrital o municipal, según el caso.
Así, el artículo 6 de la mencionada ley dispuso:
El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualesquiera otras clases de remuneraciones.
[…].
A su vez, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1 indicó que el personal nacional son los
docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional, a diferencia de los
nacionalizados y territoriales, que son los vinculados por nombramiento de entidad
territorial.
Por su parte, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001, se reiteró que «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que
fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin
solución de continuidad».
43 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones."
44 Artículo 9. Naturaleza del situado fiscal.<Ley derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001> El situado fiscal,
establecido en el artículo 356, de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será
cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de
los servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política.
21
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
Luego, al amparo de la descentralización de la educación, no puede soslayarse
dicha regulación y mucho menos dejar de lado que las características de la
vinculación laboral con la administración se adquieren al momento en que se
profiere el acto de nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas
del cargo a desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el
servidor.45
Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación de la demandante no se
modificaron, comoquiera que fue nombrada como docente nacional y esta
designación se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral. 46
En consecuencia, dado el carácter nacional que tuvo el nombramiento de la señora
Matilde Romero Hinestroza, el segundo lapso, comprendido entre el 15 de febrero
de 1982 al 19 de julio de 2016, no resulta válido para reconocer la pensión gracia.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,47 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
45 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-
2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve
y del 16 de junio de 2015, radicación 68001233100020040276201.
46 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado recientemente en sentencias del 23 de marzo de 2023, radicación
17001 23 33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023, radicación 66001 23 33 000 2016 00084 01
(1985–2018).
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José
Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
22
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
23
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
Demandante: Matilde Romero Hinestroza
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso
promovido por la señora Matilde Romero Hinestroza contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. Reconocer personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte, como
apoderado de la UGPP y para los efectos del poder conferido.48
Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
48 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
24
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