Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2015-00058-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2015-00058-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2015-00058-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001 23 33 000 2015 00058 01 (1745-2019)
Demandante: Doris Herminda Velásquez Herrera
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio.
Naturaleza de la vinculación docente.
Educación contratada. Traslado – Nombramiento. Ley 1437
de 2011.
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 17 de
octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió a las
súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones de la demanda1
La señora Doris Herminda Velásquez Herrera, por intermedio de apoderado
judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 025446 del 20 de
agosto de 2014, RDP 028616 del 19 de septiembre de 2014, RDP 029221 del
24 de septiembre de 2014 a través de las cuales, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP negó la pensión gracia.
A título de restablecimiento del derecho, pretende el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, con la inclusión de todos los factores devengados en el año
anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada, y que se reajuste el
valor de las sumas adeudadas de conformidad con el artículo 187 del CPACA,
se ordene pago de intereses moratorios al tenor del artículo 141 de la Ley 100 de
1993 y se condene en costas a la entidad demandada.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda
La señora Doris Herminda Velásquez Herrera, indicó que nació el 22 de febrero
1 Folio 35 al 44 del expediente.
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Demandante: Doris Herminda Velásquez Herrera
de 1960, por tanto, el 22 de febrero del año 2010, fecha en la cual cumplió 50
años, alcanzó la edad legalmente requerida para acceder a la pensión gracia.
Manifestó que prestó sus servicios desde 6 de febrero de 1978 al 7 de marzo de
1978; del 29 de marzo de 1978 al 30 de julio de 1980; del 9 septiembre de 1980
al 2 de noviembre de 1980; del 3 de noviembre de 1980 al 28 de febrero de 1981;
del 23 de abril de 1993 al 6 de diciembre de 1994, del 7 de diciembre de 1994 al
5 de marzo de 2010, y del 15 de junio de 2010 al 26 de mayo de 2014.
Precisó que el 4 de junio de 2014 radicó la solicitud de reconocimiento y pago de
pensión gracia ante la UGPP, la cual fue desatada de forma desfavorable por
medio de la Resolución RDP 025446 del 20 de agosto de 2014.
Inconforme con la respuesta, interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, siendo resueltos mediante las Resoluciones RDP 028616 del 19 de
septiembre de 2014 y RDP 029221 del 24 de septiembre de 2014, también de
forma negativa a sus intereses.
1.3 Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°,
13°, 23°, 25°, 46°, 48°, 53°, 58°, 228° y 336° de la Constitución; Ley 114 de 1913
los artículos 1°,3°,4°; Ley 116 de 1928, artículo 6°, artículo 3º; Decreto 081 de
1976; Decreto- Ley 2277 de artículo 3º, Ley 91 de 1989, artículo 15.
En resumen, en el concepto de la violación después de realizar un recuento
normativo de la pensión gracia, expone que la entidad demandada desconoce
los tiempos de servicios en los que se evidencia claramente la vinculación por
más de 20 años como docente de carácter territorial. Así entonces, plantea el
cargo de falsa motivación, indicando que la entidad no valoró los documentos
aportados con la solicitud.
1.4. Contestación de la demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP2, actuando por intermedio de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; manifestó que la
señora Doris Herminda Velásquez Herrera, no demostró el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la Ley 114 de 1913, al considerar que, no resulta posible
tener en cuenta el período en que se desempeñó como docente de carácter
nacional durante las vinculaciones realizadas mediante Decreto 254 del 22 de
febrero de 1993, asimismo las evidenciadas en las certificaciones laborales
expedidas por la Secretaría de Educación de Villavicencio (Meta), el 5 de marzo
2 Folios 58 a 71 del expediente
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de 2010 y 5 de febrero de 2014, dado que la demandante percibía recursos que
hacían parte del tesoro nacional.
Finalmente, sostuvo que tanto la Resolución RDP 028616 del 19 de septiembre
de 2014 como la RDP 029221 del 24 de septiembre de 2014 por medio de la
cual se niega el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, se
ajustan a la constitución política y a la ley, en el entendido que la demandante,
respecto al tiempo de servicios demostrados durante el año 1993 y 2014, no
certificó que el tipo de vinculación realizada especificara el carácter
nacionalizado, distrital y/o departamental.
1.5. Sentencia de primera instancia3
El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia dictada el 17 de octubre
de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, al considerar
que, para el 12 de febrero de 2011, fecha en la cual la señora Doris Herminda
Velásquez Herrera, acreditó el estatus jurídico de pensionada, cumplió más de
20 años como docente oficial, asegurando su buena conducta en el cargo.
Indicó que para el período comprendido a partir del 6 de febrero la actora fue
nombrada mediante Decreto 179 del 03 marzo de 1978 en la escuela rural
Pachaquiaro del municipio de Puerto López; respecto a las vinculaciones
ocurridas entre el 29 de marzo de 1978 y 4 de junio de 2014, sostuvo que la
demandante fue nombrada como docente en instituciones educativas ubicadas
en el Departamento del Meta, del Guaviare, Municipio de Miraflores y Distrito de
Santa Marta, y aunque tuvo algunas interrupciones, hasta el 4 de junio de 2014,
fecha en la cual realizó la solicitud de reconocimiento de pensión gracia, acreditó
un tiempo de 23 años, 3 meses y 12 días; cabe anotar que, tampoco consideró
relevante la fuente de los recursos utilizados para cubrir el pago de los salarios
de la docente, dado que los provenientes del situado fiscal que transfería la
Nación y los girados por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política
de 1991, son pertenecientes a las entidades territoriales.
Adicionalmente, declaró configurada la prescripción de las mesadas pensionales
y ordenó el pago de la prestación reclamada con anterioridad al 4 de junio de
2011 y no condenó en costas y agencias de derecho.
1.6. Recurso de apelación
La apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó revocar
el fallo de primera instancia y reiteró los argumentos utilizados en la contestación
de la demanda. Al respecto, manifestó que los tiempos de servicio de la docente
prestados entre el 23 de febrero de 1993 y el 05 de marzo de 2010 fueron
3 Folios 332 a 341 del expediente
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acreditados por la autoridad territorial como del orden nacional, por tanto, no es
posible tenerlos en cuenta para el reconocimiento prestacional.
Así mismo, señaló que la parte demandante percibía recursos del tesoro
nacional, cuando se le notificó su renuncia al Ministerio de Educación Nacional,
alegando que, si bien no era del orden nacional, no se le notificó el acto
administrativo de renuncia a dicha autoridad.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Inicialmente, con auto de 11 de junio de 2019, fue rechazado por extemporáneo
el recurso presentado por la entidad demandada; sin embargo, con providencia
de 13 de agosto de 2021, se dejó sin efecto la anterior actuación y se procedió a
la admisión de la alzada.
Luego con auto de 12 de noviembre de 2021, se dispuso correr traslado a las
partes para que presentaran alegatos de conclusión.
Así, el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP reiteró su
petición de revocar la sentencia de primera instancia, para lo cual adujo que, de
conformidad con la normativa y jurisprudencia4, la señora Doris Herminda
Velásquez Herrera no reúne la totalidad de los requisitos legalmente exigidos,
debido a que los tiempos de servicio prestados como docente fueron acreditados
como nacionales por la entidad territorial en certificaciones laborales de fechas 5
de marzo de 2010 y 5 de febrero de 2014, y por tanto no le asiste el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.
Por su lado, la demandante ratificó dentro de los alegatos de conclusión
presentados que, teniendo en cuenta que los tiempos laborados como docente y
los nombramientos correspondientes fueron efectuados por entidad del orden
territorial, resulta claro el carácter de docente nacionalizada, de conformidad con
lo señalado en el artículo primero de la Ley 91 de 1989, el cual establece la
clasificación de los docentes y permite asegurar el derecho de acceder a la
pensión gracia.
Por su parte, el agente del Ministerio Publico que actúa ante esta Corporación,
guardó silencio.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
4 Índice 31 de SAMAI
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, solo una de las partes
presentó recurso de alzada –entidad demandada-, el análisis se limita a los
argumentos del respectivo recurso.
2.2. Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Doris
Herminda Velásquez Herrera, tiene derecho al reconocimiento y pago de
una pensión gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial
lo relativo a la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los
20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el
contrario, no acredita las exigencias para dicho reconocimiento.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por
su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
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primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, que por su parte creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes
términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de
ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de
1975.» [Negrillas fuera de texto].
El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad
al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, la misma solo está prevista
para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los
docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
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«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente,
los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando
cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»5
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20186 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la
Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y
hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,
no obstante, su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a
los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta
Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos
educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba
la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal,
sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su
presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de
la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos
que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo
propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas
por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los
recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —
situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno
y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma
exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos
en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en
el acto de su vinculación interviene, además del representante legal
de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26
de agosto de 1997.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-
2014).
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el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es
de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión
gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos
fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de
las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que
ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones.»
Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11
de agosto de 20227 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la
Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después
del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una
vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Las providencias de unificación jurisprudencial definieron que estas tendrían
efectos retrospectivos, por lo que son obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución en sede administrativa y judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos
en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-
2017).
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2.3.2 Del servicio docente en interinidad
Esta Subsección8 ha señalado que la interinidad, corresponde a otros tipos de
vinculación al servicio público, no obstante, no existe una definición expresa de
la misma, debiendo entonces entenderse como el mecanismo mediante el cual
la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en
carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de
tal actividad, en razón a la necesidad y urgencia de garantizar la prestación del
servicio de educación.
En ese orden, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se ha
señalado que es procedente tener en cuenta el tiempo docente servido en
interinidad o temporal, en la medida que el nombramiento haya sido del orden
territorial o nacionalizado; ello, en tanto las exigencias para obtener dicha
prestación se reducen a la existencia de una vinculación al servicio docente con
antelación al 30 de diciembre de 1980, buena conducta, 50 años de edad y la
acreditación de 20 años de servicios, sin que tenga incidencia la modalidad de la
vinculación, es decir, sin que sea necesario tener en cuenta la forma en la que
fue provisto el empleo de docente, si lo fue en carrera, en provisionalidad o en
forma transitoria o interina. Al respecto, esta Corporación ha sostenido lo
siguiente:
«[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente
interino, debe reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928
concibieron la prestación gracia de jubilación como una dádiva o
recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad docente en el
nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia
válida para efectos de reconocer la prestación pensional en cita es
haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar
la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a
cualquiera de las previstas en la ley9.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos
docentes, esta Corporación ha precisado que dicha figura debe
entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración,
ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con
carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida
actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la
efectiva prestación de los servicios educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la
8 Sección Segunda - Subsección A- C.P. Rafael Suárez Vargas – providencia de 6 de marzo de 2024 – expediente
25000 23 42 000 2017 01366 01 (1803-2019)
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01275-01 (0951-2014). Sentencia de 30 de
julio de 2015.
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Demandante: Doris Herminda Velásquez Herrera
ley, esto es, a través de la toma de posesión de un cargo docente
dando lugar, en consecuencia, a la configuración de una relación legal
y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso
del señor Arcos Gómez»10. (Resalta la Sala). 
En conclusión, quienes desempeñen la labor docente en calidad de educadores
territoriales o nacionalizados, aunque hubieran laborado en calidad de interinos
tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia siempre que
cumplan con la edad de 50 años, el tiempo de servicios de 20 años y acrediten
buena conducta. 
2.3.3 La educación contratada
En relación con la educación contratada, esta Corporación en sentencia del 24
de julio de 200811, en demanda radicada en contra de CAJANAL, sostuvo lo
siguiente:
«Mediante la Ley 20 de 1974, se aprobó el Concordato y el Protocolo
Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en
Bogotá el 12 de julio de 1973 y surge la Educación Misional
Contratada. Esta modalidad de prestación del servicio educativo
posibilitó la ampliación de la educación en los sectores más apartados
del país y en los antiguos territorios nacionales a través de la
suscripción de contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia
Católica.
“(…) Como servicio a la comunidad en las zonas marginadas,
necesitadas temporalmente de un régimen canónico especial, la
Iglesia colaborará en el sector de la educación oficial mediante
contratos que desarrollen los programas oficiales respectivos y
contemplen las circunstancias y exigencias específicas de cada
lugar. Tales contratos celebrados con el Gobierno Nacional se
ajustarán a criterios previamente acordados entre éste y la
Conferencia Episcopal, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo VI. (…)”
Con el fin de desarrollar los contratos mencionados en la norma
transcrita, el Gobierno expidió el Decreto 2768 de 1975, que consagró
normas para la celebración de los contratos entre el Gobierno Nacional
y la Iglesia Católica y estableció que serían firmados por el Ministerio
de Educación Nacional a nombre del Gobierno Nacional y por el
respectivo Ordinario Competente a nombre de la Iglesia, y tienen como
objeto la administración por parte de esta de los centros educativos en
el sector de la educación oficial, su tenor literal es el siguiente:
“Artículo cuarto. El nombramiento de rectores y directores, del
personal docente, administrativo y de servicio, en los centros
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 52001-23-33-000-2013-00058-01 (2636-
2014). Sentencia de 14 de noviembre de 2015.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 88001-23-31-000-2004-00042-01 (2387-
2006).
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educativos bajo contrato, se hará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
1. El nombramiento de los rectores o directores de cada centro
educativo o de cada conjunto de centros educativos bajo régimen
contractual, lo hará el Ministerio de Educación Nacional entre los
candidatos que presente el Ordinario competente. (…)”
El Decreto 2484 de 1976 modificó el Decreto 2768 de 1975 y estableció
que el Ordinario Competente (Iglesia Católica) presentará al Ministerio
de Educación Nacional los nombres del personal directivo, docente y
administrativo de cada Centro Educativo o de cada conjunto de
Centros Educativos, para que este ratifique las novedades de
personal, su tenor literal es el siguiente:
“El Ministerio de Educación Nacional procederá a ratificar las
novedades de personal de los Centros Educativos bajo contrato de
acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El Ordinario Competente presentará al Ministerio de Educación
Nacional los nombres del personal directivo, docente y
administrativo de cada Centro Educativo o de cada conjunto de
Centros Educativos. (…)”
Mediante el Decreto 2155 de 1987, se derogaron los Decretos
anteriores y en su lugar dispuso:
“Artículo 1º Los contratos que de conformidad con el artículo trece
del Concordato, se celebren entre el Gobierno Nacional y la
Iglesia Católica en el sector de la educación oficial en las zonas
contempladas en el artículo sexto del Tratado, se ajustarán a las
siguientes reglas:
1. Los contratos serán celebrados por el Presidente de la
República y el Ministro de Educación Nacional, o por este último,
de conformidad con las normas sobre competencia vigentes al
momento de la firma, en nombre del Gobierno Nacional y por el
respectivo ordinario competente a nombre de la Iglesia Católica.
2. Los contratos tienen como objeto la administración por parte
de la Iglesia Católica de los Centros Educativos del Estado y de
la Iglesia Católica que se rigen por las normas del Estado y
cumplan los requisitos fijados en este Decreto.
(...)
8. Con cargo a las sumas señaladas en la ley de presupuesto de
cada año y sus adiciones, se pagarán los sueldos y prestaciones
sociales del personal directivo docente, docente y administrativo
de los centros educativos bajo contrato, así como los gastos
inherentes a la buena marcha de los centros educativos,
sostenimiento de edificios, servicios públicos, material
pedagógico y demás conceptos que aparezcan dentro de la ley
de presupuesto. Las partidas por aporte de cesantías y Ley 27
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de 1974, las girará directamente el Ministerio de Educación
Nacional al Fondo Nacional de Ahorro y al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, de acuerdo con la apropiación
presupuestal respectiva.
(...)
Con la expedición del Decreto 1268 de 2001 que reglamentó el
artículo 200 de la Ley 115 de 1994 la competencia para la
suscripción de estos contratos con Iglesias y Confesiones
Religiosas se trasladó a las Entidades Territoriales con cargo de
sus presupuestos, bajo la continua inspección y vigilancia del
Ministerio de Educación Nacional.
Lo anterior permite concluir que el cuerpo docente adscrito a los
Centros Educativos Contratados, cuyos nombramientos provenían por
ratificación del Ministerio de Educación Nacional, ostentaban el
carácter de docentes Nacionales.
Lo anterior significa que los sueldos y prestaciones sociales del
personal directivo docente, docente y administrativo de los centros
educativos bajo contrato, estarán a cargo de la Nación.
La educación contratada se trata de una de las diversas formas de
prestar educación pública, entendida como aquella que se financia con
recursos oficiales, se ofrece en condiciones de gratuidad y debe llegar
a los sectores sociales más pobres, en los que el Estado no puede
proporcionar educación directamente sino por intermedio de estos
contratos que quedan a cargo de la Nación. […]».
Criterio que fue reiterado recientemente en providencia de 20 de junio de 2024
emanada de la Sección Segunda - Subsección B de esta Corporación12,
concluyendo13:
“Con lo anterior es claro, que tal y como lo comprueban las certificaciones y el
acto administrativo de nombramiento y posesión el docente López Arango,
vinculado a través de la educación contratada entre 1979 y febrero de 1981,
ostenta un vínculo laboral de naturaleza jurídica nacional, comoquiera que esos
nombramientos son producto del acuerdo entre la Iglesia y la Nación, en
relación con cuya planta se acordó que estaría a cargo de la de última.”
Lo anterior, quiere decir que los nombramientos de docentes a través de la figura
de la educación contratada tienen una vinculación de naturaleza nacional, en la
medida que se trataba una intermediación utilizada por el gobierno nacional para
llegar a zonas apartadas del territorio nacional para suministrar servicios
educativos financiada con dineros del orden nacional.
12 C.P. Cesar Palomino Cortés - expediente 73001-23-33-000-2019-00293-01
13 Véase además, sentencia de 8 de febrero de 2024 – C.P. Rafael Suárez Vargas – Expediente
19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018)
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2.4. Actuación administrativa14
El 4 de junio de 2014 la señora Doris Herminda Velásquez Herrera, solicitó ante
la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia. En respuesta, la entidad
expidió la resolución RDP 025446 del 20 de agosto de 2014, por medio de la
cual negó lo reclamado. Como argumento, señaló lo siguiente:
«La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria,
pues su propósito, como se ve, no es otro que el de colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de
la educación primaria y secundaria oficiales.
De lo anterior se desprende con claridad que la pensión gracia no
puede ser reconocida a pensionados nacionales, ni a docentes
nacionales».
Inconforme con la respuesta, la docente interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación, los cuales fueron decididos a través de las resoluciones RDP
028616 del 19 de septiembre de 2014 y RDP 029221 del 24 de septiembre de
2014, confirmando la decisión de negar lo reclamado, insistiendo en que no se
pueden tener en cuenta tiempos de carácter nacional para el reconocimiento de
la pensión gracia.
2.5 Caso concreto
Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema jurídico
planteado, en orden a verificar si la actora cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del
Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia pensional en
discusión.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
• Edad
Revisado el expediente, la Sala encuentra acreditado que la señora Doris
Herminda Velásquez Herrera nació el 22 de febrero de 1960, razón por la que, el
22 de febrero de 2010, cumplió 50 años, aspecto que no se cuestionó con el
recurso.
• Buena conducta
No se observan reproches sobre la buena conducta en el desempeño docente,
por lo que se entiende probado dicho requisito.
14 Folio 21 al 23 del expediente físico
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• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios
Se rememora que frente al cumplimiento del requisito de tiempo de servicios (20
años de docencia territorial o nacionalizada), es que guarda relación la apelación,
por lo que pasa a establecerse ello.
• Con antelación al 31 de diciembre de 1980
En atención al material probatorio adjunto en la demanda, sobre los diferentes
periodos de prestación del servicio de la señora Doris Herminda Velásquez
Herrera, con antelación al 31 de diciembre de 1980, se indicó:
i) Desde el 06 de febrero de 1978 al 07 de marzo de 1978 (1 mes y 1
día)
En primer lugar, se observa que a través del Decreto 179 de 3 de marzo de
197815, el gobernador del departamento del Meta, en uso de sus atribuciones
legales, nombró en interinidad a la señora Doris Herminda Velásquez Herrera
como maestra en 2ª categoría para la escuela rural Pachaquiaro del municipio de
Puerto López, con efectividad al 6 de febrero de dicha anualidad; tomando
posesión del cargo el 29 de marzo de 1978, con efectos a partir del 06 de febrero
de 1978, como se observa a continuación:
Pues bien, para la Sala resulta claro que la docente tuvo un vínculo durante este
periodo, de caracter territorial, dado que por un lado, el acto fue suscrito por el
gobernador del Meta, de manera autónoma, sin intervención alguna del Ministerio
15 Acto que figura en expediente administrativo allegado en cd y que obra a folio 1d del cuaderno
1
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de Educación o delegado de esta cartera y tampoco se indicó en el acto de
designación que actuara por instrucciones de dicho ministerio; y por otro lado,
por cuanto pese a que se profirió en vigencia de la Ley 43 de 1975, mediante la
cual se nacionalizó la educación en Colombia, lo cierto es que no se invoca dicha
normativa, y menos aun se desprende del material probatorio aportado, que la
plaza ocupada por la señora Velásquez Herrera haya sido de aquéllas
nacionalizadas, como tampoco se avizora que los recursos sean de aquéllos que
a la luz del artículo 6 de la ley mencionada, para atender el proceso en cita fueran
administrados por los Fondos Educativos Regionales, con sujeción a los planes
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.
De manera que se insiste, prestó sus servicios como docente territorial, lo cual
se acompasa con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que dispone:
«Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975»,
En esa línea de consideraciones, esta Corporación tendrá en cuenta, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia a la actora, el tiempo servido
como docente territorial desde el 06 de febrero al 07 de marzo de 1978, esto
es, 1 mes y un día.
ii) Desde el 29 de marzo de 1978 al 21 de julio de 1980 (2 años, 3 meses
y 22 días)
Con el Decreto 236 de 1978, el gobernador del departamento del Meta nombró
en propiedad a la señora Doris Herminda Velásquez Herrera como docente en el
colegio departamental de El Calvario, al respecto se observa lo siguiente:
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De manera que, el nombramiento efectuado a la actora fue en propiedad como
docente territorial, pues, al igual que con el acto de designación anterior, fue
suscrito por el gobernador del Meta, de manera autónoma, sin intervención
alguna del Ministerio de Educación o delegado de esta cartera y tampoco se
indicó en el acto de designación que actuara por instrucciones de dicho
ministerio. Además, pese a que se profirió en vigencia de la Ley 43 de 1975,
mediante la cual se nacionalizó la educación en Colombia, lo cierto es que no se
invoca dicha normativa, y menos aun se desprende del material probatorio
aportado, que la plaza ocupada por la demandante haya sido de aquéllas
nacionalizadas, como tampoco se avizora que los recursos sean de aquéllos que
a la luz del artículo 6 de la referida ley, para atender el proceso en cita fueran
administrados por los Fondos Educativos Regionales, con sujeción a los planes
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Es de resaltar que la naturaleza de docente territorial mencionada, guarda
relación con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que dispone:
«Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975»,
Se concluye entonces, que la señora Velásquez Herrera laboró por 2 años, 3
meses y 22 días como docente del orden territorial, tiempo que resulta válido
para obtener la pensión gracia; periodo validado por la entidad en sede
administrativa, no obstante, que lo tuvo en cuenta como del orden nacionalizado;
en todo caso, de una u otra forma, el mismo resulta computable para efectos de
la prestación reclamada.
Lo anterior, permite establecer, además, que la demandante logró acreditar el
requisito de la existencia de vinculación -territorial o nacionalizada- anterior al 31
de diciembre de 1980. Sobre el particular, esta Corporación en sentencia S-699
del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. […].»
iii) Desde el 09 de septiembre de 1980 hasta el 28 de febrero de 1981 (5
meses y 19 días)
La secretaría de educación de Cundinamarca, en Formatos Únicos para la
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expedición de Historia Laboral del 16 de mayo de 2010, certificó que la docente
demandante prestó los siguientes servicios:
-Ingresó en la escuela Rural Bermejal Topaipi (Cundinamarca) - nombrada
mediante Decreto 3649 de 21 de agosto de 1980, posesionada en el cargo
el 09 de septiembre de 1980, prestando servicios desde esta última fecha
y hasta el 02 de noviembre de 1980.
-Luego, fue trasladada a la Escuela Rural Suaraz Topaipi (Cundinamarca),
ello mediante Resolución 2155 de 03 de noviembre de 1980 y hasta el 28
de febrero de 1981.
En ese orden, se certifica que el tipo de vinculación de la señora Doris Herminda
Velásquez Herrera durante este periodo fue como nacionalizado, dichas
certificaciones del siguiente tenor:
Si bien de este periodo en el expediente no reposan los actos administrativos de
nombramiento de la demandante o actas de posesión, o contratos de prestación
de servicios, se advierte que conforme a las pautas jurisprudenciales fijadas por
la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201816, para acreditar la calidad
16 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-
2014).
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de docente territorial o nacionalizado, a falta de actos administrativos donde
conste el vínculo, la respectiva certificación de la autoridad nominadora es válida,
por lo cual se tiene acreditado dicha vinculación por los tiempos mencionados,
para un total de 5 meses y 19 días, sin que se advierta que la parte demandada
se haya opuesto a la valoración de este periodo, más aún cuando en uno de los
actos acusados valora este tiempo como del orden nacionalizado.17
Iv) Desde el 28 de febrero de 1981 hasta el 24 de mayo de 1987 (6 años 2
meses y 19 días); y luego desde el el 27 de julio de 1988 al 06 de diciembre
de 1994 (7 años 4 meses y 9 días).18
En torno al primer periodo en cita, esto es, desde el 28 de febrero de 1981 hasta
el 24 de mayo de 1987, estima la Sala necesario resaltar que no obra en el
plenario acto administrativo alguno de nombramiento como tampoco de posesión
en el cargo de docente por parte de la actora; y si bien milita certificado de
tiempos de servicios, cuyo periodo se encuentra relacionado de manera continua
(desde 1978 y hasta 1993), bajo un nombramiento efectuado mediante Decreto
236 de 22 de marzo de 197819, no puede pasar la Sala por alto que se aportó
certificación de fecha 5 de mayo de 2011, expedida por la Auxiliar Administrativa
de novedades de personal del departamento del Vaupés, en el que se señaló que
la señora Velásquez Herrera tuvo una vinculación como docente nacional en
la Coordinación de Educación Nacional Contrata así:
-Con Resolución 004 de 20 de enero de 1981, y posesionada el 28 de
febrero de 1981 hasta el 24 de mayo de 1987, cuando le fue aceptada
renuncia mediante Resolución 0095, sin precisar la fecha de este último
acto.
-Y con Resolución 095 de 19 de julio de 1988, fue nombrada, tomando
posesión del cargo el 27 de julio de 1988, ejerciendo labores hasta el 22
de febrero de 1993, cuando le fue concedido traslado –nombramiento al
municipio de Villavicencio.
Respecto de este último periodo, también reposa en el plenario certificado emitido
por la Coordinación de Educación Nacional Contratada del Mitú - Vicariato
Apostólico Mitú-Puerto Inírida, de fecha 17 de marzo de 1993, en el que se reitera
la labor ejercida en ese lapso, y la permuta por traslado de nombramiento a
Villavicencio – Meta. Obsérvese:
17 Ver Resolución RDP 025446 de 20 de agosto de 2014 – folio 21-23 del expediente.
18 Total tiempo de servicio 13 años 6 meses 28 días
19 Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral –folio 174-175
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De otro lado, se allegó copia del Decreto 254 de 22 de febrero de 1993, por medio
del cual el gobernador del departamento del Meta realizó un traslado –
nombramiento de la docente Doris Velásquez Herrera, dejándose sentado que
“el Coordinador de Educación Nacional de la Prefectura Apostólica del Mitú, en
donde trabaja la docente que ha solicitado el nombramiento por traslado” aceptó
la novedad. Al respecto se observa lo siguiente:
Si bien en el mentado decreto no se hace mención al acto mediante el cual se
nombró a la actora antes del traslado, lo cierto es que a partir de los certificados
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antes relacionados provenientes de la Coordinación de Educación Nacional
Contratada del Mitú - Vicariato Apostólico Mitú-Puerto Inírida, y de la Auxiliar
Administrativa de novedades de personal del departamento del Vaupés, puede
evidenciarse que se trata del nombramiento efectuado conforme Resolución 095
de 19 de julio de 1984, para el periodo comprendido entre el 27 de julio de 1984
hasta el 22 de febrero de 1993, efectuándose posterior a esto la permuta por
traslado de nombramiento a Villavicencio – Meta.
Importante señalar que, conforme el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral, la actora continuó prestando el servicio a partir
del 22 de febrero de 1993 y hasta el 06 de diciembre de 1994 en la Escuela La
Ceiba, en Villavicencio, a la cual fue trasladada conforme se expuso en párrafo
anterior.
En atención al material probatorio hasta aquí referido, se advierte la imposibilidad
de computar para efectos de reconocimiento de pensión gracia, los tiempos
servidos objeto de estudio en este acápite (i) del 28 de febrero de 1981 hasta
el 24 de mayo de 1987; (ii) desde el 27 de julio de 1988 al 06 de diciembre de
1994, como pasa a explicarse.
Pues bien, respecto a los extremos temporales identificados en el ítem i) anterior,
no es posible tenerlos en cuenta, dado que si bien como se mencionó no obra el
acto de nombramiento y posesión, lo cierto es que las pruebas recaudadas, a
saber, las certificaciones, dan cuenta que se trató de una designación bajo la
modalidad de educación contratada, respecto de lo cual se ha referido la
jurisprudencia de esta Corporación, concluyendo que las nominaciones en
educación contratada son producto del acuerdo entre la Iglesia y la Nación, en
relación con cuya planta se acordó que estaría a cargo de esta última; de manera
que la naturaleza del vínculo sería la de un docente nacional.
En torno al periodo identificado en el ítem ii), resulta necesario precisar, que si
bien en el Decreto 254 de 1993 se sostuvo que la naturaleza de la vinculación
era como docente nacionalizado, ello no resulta acertado en el presente asunto
en la medida que a través de dicho acto se trasladó a la señora Velásquez
Herrera desde el Mitú hacia Villavicencio. De manera que, aun cuando el citado
acto 254 de 1993, haya sido expedido por el gobernador del Meta, ello per se no
implica que la naturaleza del vínculo que traía la actora como docente nacional,
lo cual consta en este mismo acto administrativo, haya mutado a docente
nacionalizado por el mero traslado a otro sitio de trabajo.
En razón de lo anterior, no es posible computar para efectos pensionales los dos
periodos indicados, que comportan un total de 13 años 6 meses y 28 días de
servicios, dado que se trató de un servicio como docente nacional.
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V) Desde el 07 de diciembre de 1994 al 23 de septiembre de 2011 (16 años,
9 meses y 16 días)
Obra en el plenario el Decreto 1998 de 7 de diciembre de 1994, suscrito por el
gobernador del Meta, mediante el cual se comisiona a la aquí demandante para
prestar servicios docentes.
A su turno, se encuentra Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral, en el que se certifica que la actora mantuvo un tipo de vínculo
del orden nacional; véase:
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Conforme a lo anterior, si bien se allegó copia del Decreto 1998 de 1994, suscrito
por la gobernación del Meta, la UGPP solicitó al ente territorial la documentación
necesaria para aclarar las inconsistencias que advertía entre la información
contenida en los certificados aportados por la demandante y la información
registrada en la base de datos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; en respuesta a tal requerimiento, se observa en los actos que la
entidad territorial en distintas ocasiones certificó que la vinculación fue de tipo
nacional, por tanto, para la Sala no es posible tener certeza de que la señora
Doris Herminda hubiera prestado servicio docente con carácter territorial o
nacionalizado en el periodo en cita.
Por el contrario, tratándose de una comisión para ejercer otro cargo en el servicio
docente, es claro que no hubo un rompimiento del vínculo laboral, y por ende, la
condición de docente nacional que traía la señora Velásquez Herrera permanecía
vigente.
Importante indicar que, las comisiones corresponden a una de las distintas
situaciones administrativas en las que puede encontrarse un docente durante el
ejercicio de dicha labor, como así se dispone en el artículo 76 del Decreto 2277
de 1979 –Estatuto Docente-, y que enseña que el educador puede ser
comisionado en forma temporal para desempeñar por encargo otro empleo
docente –lo cual ocurre en el subjudice-, para ejercer otros cargos de libre
nombramiento y remoción, para adelantar estudios entre otros. Y se precisa que
el tiempo que dure la comisión será tenido en cuenta para efectos de ascenso en
el escalafón; destacándose además que, si el nombramiento para un cargo de
libre nombramiento y remoción no se produce por comisión, sino en forma pura
y simple, el educador se considerará retirado del servicio activo docente
Pues bien, se itera que, aun cuando se trató de una comisión para ejercer otro
cargo docente, este tiempo tampoco es posible computarlo para pensión gracia,
ya que la naturaleza del vínculo como docente nacional que acompañó a la
señora Doris Herminda desde el nombramiento efectuado por la modalidad de
educación contratada en el año 1981 se mantuvo intacto a pesar del traslado –
nombramiento efectuado en el año 1993, e incluso de la comisión concedida para
ejercer otro cargo docente al que se hizo referencia anteriormente, y conforme a
la norma ello no rompe el vínculo laboral previo a la novedad y mantiene las
condiciones con las que se realizó la última designación.
En suma, no es válido contabilizar el tiempo de servicio docente prestado por la
señora Doris Herminda a partir del 07 de diciembre de 1994 al 23 de
septiembre de 2011, es decir, no se tomarán en cuenta 16 años, 9 meses y 16
días, para efectos de la pensión gracia reclamada.
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Demandante: Doris Herminda Velásquez Herrera
vi) Desde el 24 de septiembre de 2011 y hasta el 4 de junio de 2014 fecha en
que presentó reclamación administrativa (2 años 8 meses y 11 días)
Ahora bien, observa la Sala que a través de la Resolución número 1237 del 11
de mayo de 201020, expedida por la alcaldía de Santa Marta, se otorgó a la señora
Doris Herminda Velásquez Herrera comisión de servicios no remunerada la cual
solicitó para desempeñar el cargo de directivo docente coordinador de la
Institución Educativa Distrital Simón Bolívar - Gaira en el distrito de Santa Marta
departamento del Magdalena; y posteriormente mediante Resolución 1719 del 20
de septiembre de 201121 se da por terminada a partir del 23 de septiembre de
2011 la comisión de servicios no remunerada, por cuanto la docente se posesionó
en propiedad para el cargo de coordinador en la ciudad de Santa Marta. Al
respecto se observa:
Por tanto, la naturaleza del vínculo a partir del nombramiento en propiedad como
20 folio 220 del expediente físico
21 Folio 275 del expediente físico
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coordinadora de la Institución Educativa Distrital Simón Bolívar - Gaira en el
distrito de Santa Marta departamento del Magdalena, es decir, desde el año 2011
es del orden distrital; referente a ello la Secretaría de Educación Distrital
certificó:
Al respecto es necesario mencionar, que el acto de designación en periodo de
prueba a la actora, para ocupar el cargo de directivo docente coordinador en la
Institución Educativa Distrital Simón Bolívar - Gaira, fue expedido por la alcaldía
de Santa Martha sin que en el mismo se haya dejado constancia que se actúa
por instrucciones del Ministerio de Educación como tampoco se observación
intervención alguna de un delegado de dicha cartera, de manera que se trata de
una vinculación de orden distrital –territorial; pues, tampoco se hace referencia a
que se trata de una plaza nacionalizada, incluso, se advierte que se provee el
cargo por concurso público de méritos.
El periodo comprendido entre el 24 de septiembre de 2011 y por lo menos
hasta el 4 de junio de 2014 fecha en que presentó reclamación
administrativa (2 años 8 meses y 11 días), es viable que sea computado para
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efectos de la pensión gracia objeto de reclamación.
En ese orden de ideas, si bien es cierto que la demandante ha laborado por más
de 20 años de servicios, ello no es suficiente para tener por acreditado el requisito
exigido para obtener pensión gracia, a saber, 20 años de servicios como docente
territorial o nacionalizado, pues como se explicó, solo es posible computar para
tales efectos los siguientes periodos, para un total de 5 años 6 meses y 23 días,
dado que los demás vínculos fueron del orden nacional:
-Desde el 06 de febrero de 1978 al 07 de marzo de 1978 (1 mes y 1 día)
-Desde el 29 de marzo de 1978 al 21 de julio de 1980 (2 años, 3 meses y
22 días)
-Desde el 09 de septiembre de 1980 hasta el 28 de febrero de 1981 (5
meses y 19 días)
-Desde el 4 de septiembre de 2011 y hasta el 4 de junio de 2014 fecha en
que presentó reclamación administrativa (2 años 8 meses y 11 días)
En esa línea de consideraciones, se impone para la Sala revocar la sentencia
dictada por el tribunal en primera instancia, pues, contrario a lo decidido, la actora
no acredita la totalidad de los requisitos exigidos para hacerse acreedora a la
pensión gracia, concretamente, 20 años de servicio docente territorial o
nacionalizada.
2.6. Conclusión
En relación con el caso que nos ocupa, la señora Doris Herminda Velásquez
Herrera no cumplió con el requisito mínimo de haber servido en el magisterio por
un término no menor de 20 años, con una vinculación como docente del orden
territorial o nacionalizado, razón por la que esta Sala revocará la decisión dictada
en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena, y en su lugar,
se negarán las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones
expuestas en esta providencia.
2.7 Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa
jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando
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lo aquí resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas
jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de
2018 y del 11 de agosto de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 17 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual se accedió a las pretensiones de
la demanda.
SEGUNDO. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme la
motivación.
TERCERO. No condenar en costas en esta instancia en atención a lo
mencionado previamente.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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