Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01366-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01366-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-01366-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
6 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2017 01366 01 (1803-2019)
Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 26 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección F—, que accedió a las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo [CPACA], la señora Carmen Cecilia Bustos Cárdenas, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
la Resolución PAP 026363 del 16 de noviembre de 2010, expedida por la Caja
1 Folios 37 al 52.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000 23 42 000 2017 01366 01 (1803-2019)
Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
Nacional de Previsión CAJANAL EICE En Liquidación, por la cual le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a: (i) reconocer la pensión gracia, a partir de
la fecha de consolidación del estatus, liquidada con todos los factores salariales en
el año anterior a esta fecha; ii) reconocer y pagar los ajustes de ley y los intereses
moratorios a que haya lugar; y iii) dar cumplimiento al fallo en los términos fijados
por los artículos 187 y 192 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante relató los siguientes:
i) La señora Carmen Cecilia Bustos Cárdenas nació el 29 de diciembre de 1959 y
prestó sus servicios al Estado, en calidad de docente del orden territorial, por más
de 20 años.
ii) El 27 de abril de 2010 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
gracia, la cual fue resuelta negativamente por medio del acto acusado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 48, 29 y 53 de la Constitución Política; las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989; y el Decreto 81 de 1976.
Al desarrollar el concepto de violación se expusieron los siguientes argumentos:
i) La entidad demandada creó un requisito adicional con el único fin de negar el
derecho que le asiste a la actora, al considerar que los tiempos laborados con
anterioridad a 1980 deben haberse desempeñado en propiedad, pues no reconoce
el periodo laborado en interinidad. En esta medida, el acto acusado desconoce
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Radicado: 25000 23 42 000 2017 01366 01 (1803-2019)
Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
normas de rango constitucional, por cuanto hace una interpretación errónea del tipo
de vinculación de la actora, a pesar de que ni la Constitución ni la ley lo exigen.
ii) El tiempo acreditado por la demandante demuestra con suficiencia el derecho
que le asiste, pues lo que otorga el reconocimiento de la prestación requerida es la
naturaleza de la vinculación, esto es, que sea territorial, mas no la calidad del
nombramiento, que puede ser en interinidad o en propiedad.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La UGPP, por medio de apoderada, se opuso a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en que «al 31 de diciembre de 1980 la demandante no
se encontraba vinculada a la docencia oficial».2
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido,
buena fe, prescripción, legalidad del acto administrativo demandado, e
improcedencia de pago de intereses y de costas.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección F—,
mediante sentencia del 26 de octubre de 2018, accedió a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:3
i) Respecto de la vinculación como docente territorial o nacionalizado anterior al 31
de diciembre de 1980, fue allegada la Resolución 002617 del 23 de diciembre de
1980 expedida por la Gobernación de Cundinamarca a través de la cual se ordenó
el pago de salarios a la demandante, de la cual se obtiene que la actora fue
nombrada como docente interina en la Escuela Pasuncha, adscrita al municipio de
Pacho (Cundinamarca), entre el 28 de marzo y el 28 de mayo de 1978, en reemplazo
2 Folios 84 al 92.
3 Folios 148 al 154.
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Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
de la titular del cargo. Tal prueba fue aportada debidamente al plenario, en la etapa
procesal respectiva, sin que la entidad demandada la tachara de falsa o efectuara
alguna manifestación al respecto.
Así las cosas, es patente que la señora Bustos Cárdenas se encuentra dentro del
supuesto de hecho de que trata el literal A, numeral 2, del artículo 15 de la Ley 91
de 1989 y, por tal razón, es beneficiaria del régimen allí previsto, por lo que cuenta
con la posibilidad de causar la pensión gracia, siempre y cuando cumpla con el lleno
de los requisitos legales.
ii) Igualmente, se allegó certificación expedida por la Secretaría de Educación de
Cundinamarca —Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio—, en la cual
consta que la demandante presta sus servicios en un empleo docente nacionalizado
desde el 11 de mayo de 1983 y a la fecha de expedición de la certificación (1 de
julio de 2009) se encontraba activa en el cargo.
iii) Así las cosas, a la demandante le asiste derecho para que le sea reconocida y
pagada una pensión de jubilación gracia, a partir del 29 de diciembre de 2009,
cuando cumplió 50 años de edad, pues los 20 de servicio los completó el 6 de marzo
de 2003.
iv) En relación con la prescripción, se tiene que la demandante elevó petición de
reconocimiento de la pensión gracia el 27 de abril de 2010 y radicó la demanda el
23 de marzo de 2017, lo que significa que entre la fecha de la petición y la radicación
de la demanda existe un plazo superior a los tres años, luego se debe contar el
término prescriptivo a partir de la fecha de presentación de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, por lo que las mesadas causadas con anterioridad
al 23 de marzo de 2014 se encuentran prescritas.
1.4. El recurso de apelación4
4 Folios 159 al 163.
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Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia,
con fundamento en que Cajanal negó el reconocimiento de la pensión gracia porque
encontró que la peticionaria no acredita la totalidad de requisitos necesarios para el
reconocimiento de la prestación, toda vez que no cuenta con un vínculo a la
docencia oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1981, pues la única
certificación aportada al plenario da cuenta de que laboró al servicio del
Departamento de Cundinamarca desde el 11 de mayo de 1983 hasta el 30 de
diciembre de 2009, con vinculación nacionalizada.
1.5. Alegatos en segunda instancia
Las partes, demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en el
transcurso del proceso.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
5 Índices 13 y 14, respectivamente, de SAMAI.
6 Constancia secretarial obrante en el folio 184 del expediente.
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Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia
no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública
tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
8
Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter
legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio
de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.
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Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
locales o regionales».11
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,
radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.
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desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-
2019-02219-01 (AC).
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Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando
se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales, y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia
transcrita.
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Radicado: 25000 23 42 000 2017 01366 01 (1803-2019)
Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme a la copia de la Cédula de Ciudadanía, la señora Carmen Cecilia Bustos
Cárdenas nació el 29 de diciembre de 1959.19 Es decir, que cumplió 50 años el 29
de diciembre de 2009.
• De acuerdo con la Resolución 2617 del 23 de diciembre de 1980, la señora Bustos
Cárdenas laboró en el municipio de Pacho (Cundinamarca) durante la licencia de 2
meses [del 28 de marzo de al 28 de mayo de 1978] concedida a la titular.20
• Según el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral del 25
de marzo de 2010, la demandante fue nombrada por Decreto Departamental 1634
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Folio 2.
20 Folios 16 y 17.
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Radicado: 25000 23 42 000 2017 01366 01 (1803-2019)
Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
del 18 de mayo de 1983 en la Concentración Rural San José de la Gaita de Pacho
(Cundinamarca). A la fecha de certificado se encontraba activa en el servicio, en
propiedad, con tipo de vinculación nacionalizado.21
• La Secretaría de Educación de Cundinamarca, por Resolución 1554 del 3 de
agosto de 2009, le reconoció a la demandante cesantías parciales para compra de
vivienda, por los servicios prestados como docente con vinculación nacionalizada
en el plantel I.E.D. Santa Inés de Pasuncha, municipio de Pacho, «fuente de
recursos situado fiscal».22
• La Procuraduría General de la Nación certificó que la señora Bustos Cárdenas no
registraba antecedentes disciplinarios.23
➢ Actuación administrativa
• El 27 de abril de 2010,24 la demandante peticionó ante Cajanal EICE en
Liquidación, el reconocimiento de la pensión gracia.
• El 16 de noviembre de 2010, por medio de la Resolución PAP 26363, dicha entidad
resolvió negar la solicitud, con fundamento en que al 31 de diciembre de 1980 no
se encontraba vinculada a la docencia oficial.25
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el recuento fáctico que antecede, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en precedencia, la Sala confirmará la decisión
del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
21 Folios 8 y 9.
22 Folios 18 al 20.
23 Folio 15.
24 Información extractada de la Resolución PAP 026363 del 16 de noviembre de 2010.
25 Folios 25 y 26.
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Radicado: 25000 23 42 000 2017 01366 01 (1803-2019)
Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
i) La señora Carmen Cecilia Bustos Cárdenas acreditó como tiempo de servicio
computable para obtener la pensión gracia el período laborado en el Departamento
de Cundinamarca, comprendido entre el 28 de marzo y el 28 de mayo de 1976,
como maestra interina.
Si bien no se aportó el respectivo acto de nombramiento, dicha resolución da cuenta
de la prestación del servicio en una plaza departamental, pues reemplazó a la titular
y se le pagó por tal concepto el sueldo correspondiente, con cargo al Fondo
Educativo Regional de Cundinamarca, como se aprecia en la imagen:
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Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
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Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
Dicha vinculación, sin duda, resulta válida para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, en tanto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 exige haber tenido
una relación docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, indistintamente
del tipo de vinculación con el establecimiento educativo, siempre que sea del orden
municipal o departamental.
En efecto, en relación con otros tipos de vinculación al servicio estatal, como la
interinidad, esta Subsección26 advirtió que si bien dentro del ordenamiento interno
no existe una definición expresa sobre dicha figura, lo cierto es que debe ser
entendida como el mecanismo a través del cual la administración, ante la
imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a
personas instruidas en el ejercicio de dicha actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos. De ahí que
la prestación de servicios bajo esa modalidad constituye una forma de ingresar a la
administración.
Al respecto, esta Subsección, en sentencia del 13 de febrero de 2014,27 concluyó:
[…] En este punto, vale la pena aclarar que no le asiste razón a la entidad
demandada al señalar que los tiempos que la demandante pretende hacer valer, en
los que laboró por los periodos arriba mencionados como docente interina para
cubrir licencias de otros docentes, no pueden ser tenidos en cuenta como quiera
que no se generó relación laboral alguna y ningún tipo de vinculación, [lo anterior
toda vez que] como lo ha señalado la jurisprudencia28 en ningún caso, los
parámetros de [nombramiento] son imputables al docente quien, sin importar la
forma como ha de ser vinculado, cumple funciones similares en el campo educativo
y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro
de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer
regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales y
hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico
para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en
proporción al tiempo laborado. […]
26 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 17 de agosto de 2011. Radicado: 25000-23-25-000-2004-
00269-01 (1446-2006). Actor: Nero Cárdenas García.
27 Sección Segunda, Subsección A. Radicado: 170012331000201200008-01 (2022-2013). Actor: Gloria Cristina
Pineda Barbosa.
28 Sentencia C-517 de 22 de julio de 1999.
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Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
A su turno, la Subsección B, en sentencia del 10 de octubre de 2018, advirtió:29
[…] el hecho de que la actora haya sido vinculada en interinidad para que se
desempeñara como docente del 12 de noviembre al 5 de diciembre de 1980 resulta
irrelevante, ya que el ordenamiento que regula la prestación reclamada no establece
que dicho ingreso deba hacerse bajo un nombramiento en propiedad.
Esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta
docente en propiedad, toda vez que las funciones que cumplen unos y otros son
«[…] similares en el campo educativo y, en consecuencia, [el vinculado por
interinidad también] está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro
de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer
regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales
[…], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos
los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al
tiempo laborado»30.
En ese orden, es viable colegir que, ante la ausencia temporal del titular de un
empleo docente por cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la ley,
entre ellas, la licencia,31 la administración está facultada para proveer dicho empleo
en forma transitoria por medio de un nombramiento interino con el fin de prestar el
servicio educativo oficial de forma habitual. Así las cosas, este primer lapso,
correspondiente a 2 meses debe incluirse en el cómputo para acreditar el requisito
de tiempo apto para el reconocimiento de la pensión gracia.
ii) La actora fue nombrada por Decreto Departamental 1634 del 18 de mayo de 1983
en la Concentración Rural San José de la Gaita, municipio de Pacho
(Cundinamarca). De esta vinculación da cuenta la certificación expedida por la
directora de personal de Establecimientos Educativos de la Secretaría de Educación
de Cundinamarca, así:
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2018, radicación: 19001-
23-33-000-2013-00102-01 (1665-14), actor: Lidia Amaye Orozco Erazo, demandado: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
30 Sentencia C-517 de 1999.
31 Ver el artículo 23 del Decreto 1950 de 1973.
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En relación con este vínculo, debe advertir la Sala que al plenario solo se allegó el
certificado de historia laboral, en el que se observa que el tipo de vinculación es
nacionalizado, en propiedad, y que, con posterioridad a esta designación, la
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Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
demandante no tuvo otros vínculos, pues solo se advierte que se le concedió una
comisión de estudios remunerada, fue trasladada en dos oportunidades de plantel
educativo y se le cambió de área educativa, dentro del mismo municipio.
No obstante, existen otros documentos que dan cuenta inequívoca del vínculo de la
señora Bustos Cárdenas con el departamento de Cundinamarca, como la
Resolución 1554 de 3 de agosto de 2009, por la cual se le reconocieron cesantías
parciales, que evidencian la prestación de los servicios como docente nacionalizada
durante 25 años, 2 meses y 14 días, desde el 18 de mayo de 1983 hasta el 31 de
julio de 2007, en forma ininterrumpida, como se observa:
[…]
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Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
[…]
Además, el tiempo de servicio prestado a partir de mayo de 1983, en virtud del
mencionado acto administrativo no ha sido cuestionado por parte de la demandada,
ni en la actuación administrativa ni dentro del proceso y, por el contrario, esta lo ha
reconocido como nacionalizado.
En efecto, en la Resolución PAP 026360 del 16 de noviembre de 2010, [acto
demandado], por la cual se negó el reconocimiento de la pensión gracia a la
demandante, se relaciona como tiempo de servicio acreditado por esta solamente
el prestado desde el 11 de mayo de 1983 hasta el 30 de diciembre de 2009, con
vinculación de carácter nacionalizado, como puede apreciarse:
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Ahora, el argumento de la entidad para negar la pensión gracia se centró en que
«de los tiempos de servicio relacionados se puede observar que al 31 de diciembre
de 1980, el (a) peticionario (a) no se encontraba vinculado (a) a la docencia oficial».
Argumento que reiteró a lo largo del proceso.
En este orden, teniendo claro que la vinculación de la señora Bustos Cárdenas con
el departamento de Cundinamarca, a partir del 18 de mayo de 1983, por más de 25
años, no ha sido controvertida por la accionada y, por el contrario, fue reconocida
por esta con carácter nacionalizado, no encuentra la Sala razones para prescindir
de dicho lapso, que sumado al periodo de dos meses servido antes del 31 de
diciembre de 1980, supera ampliamente el tiempo exigido en las normas que
regulan la pensión gracia.
De igual modo, la actora acreditó más de 50 años de edad y durante su ejercicio
como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es decir, que cumple con
los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral con honradez y
consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento del beneficio
pensional reclamado. En consecuencia, se impone para la Sala confirmar la
sentencia apelada.
Finalmente, es pertinente anotar que la UGPP no manifestó ningún reparo frente al
conteo de la prescripción efectuado en la providencia apelada; sin embargo, esta
Sala se encuentra facultada para estudiar este aspecto al tenor del artículo 187 del
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Demandante: Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
CPACA, en tanto prevé que «[e]l silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de
la no reformatio in pejus».
Al respecto, se advierte que el juez de primera instancia acertó al establecer como
fecha de consolidación del derecho el 29 de diciembre de 2009, cuando cumplió 50
años de edad, fecha para la cual reunía más de 20 de servicio. En ese orden, si bien
entre esta fecha y la de la reclamación (27 de abril de 2010) no se superó el tiempo
de tres años, lo cierto es que la demanda se presentó hasta el 23 de marzo de 2017,
cuando el término prescriptivo se había superado ampliamente. Así las cosas, le
asistió razón al a quo al declarar prescritas las mesadas causadas con anterioridad
al 23 de marzo de 2014.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del cpaca establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del cpaca, se atendía una valoración objetiva, en la
que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida
de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la
temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del cpaca para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
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llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos, fáctica y
jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices interpretativas que
rigen la situación particular de la demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 26 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección F—, que accedió
a las pretensiones de la demanda incoada por Carmen Cecilia Bustos Cárdenas
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
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Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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