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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00526-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00526-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 28 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del cual se negaron las pretensiones de la demanda, conforme la motivación. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de julio de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2014-00581-01 (2162-2019). w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 22 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001 23 33 000 2017 00526 01 (1601-2019) Demandante: Ruth María Cobos Cobos SEGUNDO. En su lugar, Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 049164 de fecha 24 de noviembre de 2015 y RDP 007173 de fecha 18 de febrero de 2016, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandante, según se motivó. TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a la señora Ruth María Cobos Cobos, identificada con cédula de ciudadanía 23.275.727, en cuantía del 75% del promedio de todos los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional (causado el 2 de agosto de 2007), comprendido entre el 2 de agosto de 2006 y 1 de agosto de 2007. La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 5 de agosto de 2012 por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal. CUARTO. La UGPP actualizará las sumas adeudadas, según lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, considerando los índices de inflación certificados por el DANE y aplicando la fórmula matemática indicada en esta sentencia. QUINTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA. SEXTO. Negar las demás pretensiones de la demanda. SEPTIMO. No se condenará en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. OCTAVO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2017-00526-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001 23 33 000 2017 00526 01 (1601–2019)
Demandante: Ruth María Cobos Cobos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Interinidad.
Naturaleza de la vinculación docente. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Revocar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 28 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá Sala de Decisión No. 05, que negó las súplicas de la
demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

La señora Ruth María Cobos Cobos, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 049164 de fecha 24 de noviembre
de 2015 y RDP 007173 de fecha 18 de febrero de 2016, por medio de las cuales
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, y resolvió negativamente el recurso de apelación, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
el reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del 29 de septiembre de 2007,
día en que adquirió el estatus pensional; el ajuste de las sumas adeudadas
conforme al índice de precios al consumidor; el cumplimiento la sentencia, y en caso
de que ello no ocurra, pagar intereses moratorios de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; y finalmente, que se condene en
costas y en agencias en derecho a la UGPP.

1 Folios del 3 al 13 del expediente físico

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2017 00526 01 (1601-2019)
Demandante: Ruth María Cobos Cobos

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

La señora Ruth María Cobos Cobos nació el 13 de mayo de 1953, razón por la cual
cumplió 50 años el 13 de mayo de 2003, e indicó que prestó servicio como docente
del departamento de Boyacá desde el 10 hasta el 27 de enero de 1979; y del 29 de
septiembre de 1987 hasta el 11 de enero de 2016. Que además desempeñó el cargo
con honradez y buena conducta, por lo que estima cumple los requisitos para
obtener la pensión gracia.

Relató que el 05 de agosto de 2015 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta
de manera negativa con los actos hoy demandados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 2, 6, 13, 25 y 58 de la Constitución Política, así como las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 6 de 1945, 24 de 1947, 4 de 1996, 71 de 1988, 91
de 1989, 60 de 1993, 115 de 1994, Decretos 1743 de 1966, 224 de 1972 y 1045 de
1978. Expuso que se cumplieron todos los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el
derecho prestacional de la docente, en clara omisión de la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre el asunto.

1.4. Contestación de la demanda2

Luego de presentada la demanda el 25 de mayo de 20173, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, una vez notificada, presentó escrito en el que se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicando que la demandante no
acreditó los requisitos exigidos por la ley para ser beneficiaria de la pensión gracia,
principalmente el haber estado vinculado como docente departamental, distrital,
municipal o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, por lo que
considera que los actos administrativos demandados se dictaron acorde a derecho.
Así mismo, precisó que aquélla demostró tiempos de servicio de carácter nacional,
pagados con recursos del situado fiscal, periodos que no pueden ser tenidos en
cuenta para el cómputo de la pensión gracia.

Así mismo, afirma que los docentes vinculados con posterioridad al 01 de enero de
1990 son de orden nacional, por ende, los requisitos para obtener el reconocimiento
de la pensión gracia, debían ser probados por la interesada antes de la entrada en

2 Folios 94 a 113 Cdno principal

3 Folio 28 Cdno principal

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Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2017 00526 01 (1601-2019)
Demandante: Ruth María Cobos Cobos

vigencia de la Ley 91 de 1989; lo cual no ocurrió en el presente caso, no estando
demostrado para dicha data la exigencia de 20 años de servicios ya mencionada.

Finalmente, propuso las excepciones de i) inexistencia de la obligación o cobro de
lo no debido; ii) inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales;
y; iii) prescripción de mesadas.

1.5. Sentencia de primera instancia4

En decisión de 28 de noviembre de 2018 el Tribunal Administrativo de Boyacá negó
las pretensiones de la demanda.

Como sustento de lo anterior, luego de referirse a la normativa y jurisprudencia que
gobierna la pensión gracia y el proceso de nacionalización de la educación, entre
estas, las Leyes 114 de 1913, 37 de 1933, 43 de 1975, 91 de 1989, analizó el
material probatorio recaudado, considerando que la actora contaba con 36 años a
la fecha de expedición de la Ley 91 de 1989, y tan solo 2 años, 3 meses y 19 días
de servicio docente; por tanto no cumplió con los 20 años de servicio exigidos por
la ley para efectos de conceder la pensión gracia. Esto conforme a las sentencias
C-084 de 1999 y C-489 de 2000, de las cuales infiere que el derecho debía
consolidarse antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

A renglón seguido indicó que, el periodo laborado en interinidad no puede ser
computado toda vez que no es una forma de vinculación a la docencia oficial, por lo
que no reúne los requisitos para hacerse acreedor a la pensión gracia; y por tanto
se negaron las pretensiones.

1.6. Recurso de apelación5

A través de apoderado, la demandante, presentó recurso de apelación contra la
anterior decisión, con el fin de que se revoque y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda, en atención a que, a su juicio, su mandante acredita
todos los requisitos para ser beneficiario de la pensión gracia, pues cumplió con la
edad mínima requerida, prestó servicio docente con una vinculación por unos
periodos, de naturaleza nacionalizada y otros como territorial, por un término de 20
años y además tuvo una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980. De igual
manera, señaló que los dineros con los que fueron cancelados los salarios
provenían del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones, y de acuerdo
con ello la vinculación podría poseer naturaleza territorial o nacionalizada, más no
nacional.

Precisó que la Ley 91 de 1989, no dispuso la posición adoptada por el fallador

4 Folios 204 al 214 cdno principal
5 Folios 216 a 228 cdno principal

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2017 00526 01 (1601-2019)
Demandante: Ruth María Cobos Cobos

respecto a que los requisitos para obtener la pensión gracia debían acreditarse a la
fecha de entrada en vigencia de dicha ley.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Con auto de 11 de junio de 2019, se admitió el recurso de apelación6, y luego con
proveído de 23 de julio de 20197, se dispuso correr traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión.

Así, el apoderado de la UGPP8 descorrió el termino para alegar y solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia, en tanto aduce que la docente no cumplió con los
requisitos legales para acceder a tal prestación antes de la entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989.

Por otro lado, el apoderado de la señora Ruth María Cobos Cobos allegó memorial
solicitando revocar la sentencia de primera instancia, toda vez que existen los
supuestos fácticos y jurídicos para que la demandante acceda al reconocimiento de
la pensión gracia.

Por su parte, el agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación
guardó silencio.

De otro lado, mediante auto de 09 de mayo de 20249, la Sala profirió auto para
mejor proveer requiriendo a las Secretarías de Educación del departamento de
Boyacá, del municipio de Boavita, Tasco y Paz del Río, para que allegaran los actos
administrativos mediante los cuales se haya designado a la actora como docente,
desde el año 1979; al igual que certificados de tiempos de servicios, con indicación
de la naturaleza jurídica del vínculo, y de las plazas ocupadas por aquélla, así como
se especificara de donde provenían los dineros con los que fueron pagados los
salarios y prestaciones durante la labor docente.

Las entidades requeridas dieron respuesta con excepción de la Secretaría de
Educación de Boavita10.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

6 folio 235 del expediente
7 Folio 242 del expediente físico
8 Folios 250 y 251 del expediente físico.
9 Folios 255 al 258 del expediente físico.
10 Actuación visible en los índices 29,32,34,35 y 38 de SAMAI.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2017 00526 01 (1601-2019)
Demandante: Ruth María Cobos Cobos

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo11, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso12, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Del problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Ruth María Cobos
Cobos, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la prestación del servicio
docente de orden territorial o nacionalizado por más de 20 años; o si, por el
contrario, no acredita las exigencias para dicho reconocimiento.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte, se
reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la

11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
12 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2017 00526 01 (1601-2019)
Demandante: Ruth María Cobos Cobos

normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[Negrillas fuera de texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al
1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y
cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2017 00526 01 (1601-2019)
Demandante: Ruth María Cobos Cobos

nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber
estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan
con la totalidad de requisitos”. […].»13

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201814
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación
a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta
cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,
no obstante, su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los
presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta
Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo
propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas
por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los
recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado
fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro
caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Demandante: Ruth María Cobos Cobos

entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el
acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la
entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por
la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —
situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del
29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y
cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».15

15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2017 00526 01 (1601-2019)
Demandante: Ruth María Cobos Cobos

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2. Del servicio docente en interinidad

Esta Subsección16 ha señalado que la interinidad, corresponde a otros tipos de
vinculación al servicio público, no obstante, no existe una definición expresa de la
misma, debiendo entonces entenderse como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en carrera,
designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de tal actividad,
en razón a la necesidad y urgencia de garantizar la prestación del servicio de
educación.

En ese orden, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se ha señalado
que es procedente tener en cuenta el tiempo docente servido en interinidad o
temporal, en la medida que el nombramiento haya sido del orden territorial o
nacionalizado; ello, en tanto las exigencias para obtener dicha prestación se
reducen a la existencia de una vinculación al servicio docente con antelación al 30
de diciembre de 1980, buena conducta, 50 años de edad y la acreditación de 20
años de servicios, sin que tenga incidencia la modalidad de la vinculación, es decir,
sin que sea necesario tener en cuenta la forma en la que fue provisto el empleo de
docente, si lo fue en carrera, en provisionalidad o en forma transitoria o interina. Al
respecto, esta Corporación ha sostenido lo siguiente:

«[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe
reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación
gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes
ejercieran la actividad docente en el nivel territorial, razón por la cual, y
conforme lo disponen las normas en cita y la jurisprudencia de esta
Corporación, la única exigencia válida para efectos de reconocer la prestación
pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial

16
Sección Segunda - Subsección A- C.P. Rafael Suárez Vargas – providencia de 6 de marzo de 2024 – expediente 25000 23
42 000 2017 01366 01 (1803-2019)

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 15001 23 33 000 2017 00526 01 (1601-2019)
Demandante: Ruth María Cobos Cobos

sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a
cualquiera de las previstas en la ley17.

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes,
esta Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos.

Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso dLa señora Arcos Gómez»18.
(Resalta la Sala).19

En conclusión, quienes desempeñen la labor docente en calidad de educadores
territoriales o nacionalizados, aunque hubieran laborado en calidad de interinos
tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia siempre que cumplan
con la edad de 50 años, el tiempo de servicios de 20 años y acrediten buena
conducta.20

2.3.3 Del servicio docente en temporalidad

Sobre la vinculación del docente en temporalidad, esta Subsección ha señalado que
es el mecanismo por medio del cual el ente territorial vincula personal ante la
imposibilidad de suplir los empleos de carrera. Ello, para garantizar la prestación de
servicios educativos21.

«También sobre el carácter temporal de la vinculación esta Sala reitera el
análisis efectuado al respecto, en el que dispuso:

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza temporal, como una forma de proveer cargos docentes, dicha
figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera,

17
Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01275-01 (0951-2014). Sentencia de 30 de julio
de 2015.
18
Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 52001-23-33-000-2013-00058-01 (2636-2014). Sentencia de 14 de
noviembre de 2015.
19
Relacionado en sentencia del 27 de junio de 2018, radicado 68001-23-33-000-2014-00812-01 (3597-2015).
20 Véase, entre otras, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000 23 42 000 2017 02988 01 (0691–2021).
Sentencia de 3 de agosto de 2023.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 15 de febrero de 2024, radicado: 25000 23 42 000
2018 02196 01 [0911-2021] y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 16 de marzo de 2017,
radicado: 81001 23 33 000 2013 00285 01 [2806-2015]

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Demandante: Ruth María Cobos Cobos

designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la
referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la
efectiva prestación de los servicios educativos.

Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso de la demandante.

Así las cosas, estima la Sala que ante la ausencia temporal del titular de un
empleo docente, esto, con ocasión de cualquiera de las situaciones
administrativas previstas en la ley, entre ellas, la licencia, comisión o
vacaciones, la administración cuenta con la posibilidad de proveer dicho
empleo en forma transitoria, a través de un nombramiento con tal naturaleza
con el fin de evitar cualquier tipo de traumatismo en la prestación normal del
servicio educativo oficial»

En ese escenario, es claro que la vinculación en temporalidad corresponde a otro
tipo de vinculación al servicio público, que no tiene regulación expresa, sin embargo,
esta se da ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en carrera, para
garantizar la prestación del servicio de educación en el territorio nacional.

2.4. Actuación administrativa

Da cuenta el plenario que la señora Ruth María Cobos Cobos presentó el 05 de
agosto de 2015 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, la cual fue negada a través de la Resolución RDP
049164 de fecha 24 de noviembre de 201522, con fundamento en que la actora no
acreditó 20 años de servicio en la docencia oficial de carácter departamental,
distrital, municipal o nacionalizada.

Inconforme con la precitada decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue
desatado de manera negativa mediante la Resolución RDP 007173 de 18 de
febrero de 201623.

2.5. Caso concreto

Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden a
determinar si la actora cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114 de 1913,

22 Folios 14 y 15 del expediente.
23 Folios 16 y 17 del expediente.

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demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de Estado, para el
reconocimiento de la pensión gracia.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

A. Edad

Revisado el expediente, la Sala encuentra acreditado que la señora Ruth María
Cobos Cobos nació el 13 de mayo de 1953, razón por la cual, el 13 de mayo de
200324, cumplió 50 años de edad.

B. Buena conducta

En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito; siendo pertinente destacar que, en
todo caso, dicho aspecto no fue objeto de reproche por la demandada.

C. Vinculación del demandante y tiempo de servicios

Previo a la verificación de este requisito, y en vista de las inconformidades
planteadas con el recurso de apelación, resulta necesario indicar que, conforme se
expuso en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de
2022 proferida por esta Sección del Consejo de Estado, la interpretación que debe
darse al artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, es que los docentes pueden acceder a la
pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, en la medida que
cumplan con el requisito de demostrar una vinculación territorial o nacionalizada
antes del 31 de diciembre de 1980, y claro está, acrediten los demás requisitos de
ley, estos últimos, incluso con posterioridad a dicha data.

En ese orden, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la parte recurrente,
relacionado con que debía la docente acreditar la totalidad de los requisitos para la
pensión gracia, antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980

i) Del 10 al 27 de enero de 1979 (17 días)

En atención al requerimiento efectuado mediante auto para mejor proveer, la
Secretaría de Educación del municipio de Paz del Río y la Institución Educativa
Técnica Industrial y Minera, allegaron al plenario la Resolución 001325 de 17 de
julio de 1979 mediante la cual se designó a la accionante como docente en

24 ver documento de identificación - folio 18 del expediente físico

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interinidad, a fin de cubrir una licencia de maternidad de otra docente.

A su vez, milita en el plenario certificación expedida por el FOMAG – Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá, en la que se indica que el vínculo en mención
es del orden nacionalizado. Véase:

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Analizado el material probatorio aportado, contrario a lo certificado por la secretaría
de educación -que lo consideró nacionalizado-, y a la sentencia de primera instancia
–que lo estimó nacional-, para la Sala la actora durante este interregno tuvo una
vinculación de carácter territorial; ello en tanto, la designación se realizó por parte
de la autoridad territorial sin intervención de la Nación - Ministerio de Educación;
siendo plenamente válido aun cuando se tratara de una docente en interinidad.

Ahora, aun cuando el acto se profirió con posterioridad a la expedición de la Ley 43
de 1975, que dispuso la nacionalización de la educación, lo cierto es que en el
mismo no se invoca dicha normativa, y tampoco se precisa que la plaza ocupada
por el actor fuera de aquélla objeto de la nacionalización, y menos aún se advierte
que los recursos fueron administrados por el FER. En todo caso, es menester indicar

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que, aun si se tratará de una docente nacionalizada como se certificó, dicho vinculo
también resulta valido para computar el periodo para pensión gracia.

Así entonces, se itera que la naturaleza de la designación en este caso, es del orden
territorial, lo cual encuentra respaldo en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, asi
como en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
en la que se concluyó:

“Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por
entidades de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que
la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los
gastos que esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.»

Así las cosas, se encuentra acreditado que la actora tuvo una vinculación laboral
como docente antes del 31 de diciembre de 1980, lo cual quedó verificado en los
términos antes señalados; por lo que para la Sala resulta computable el tiempo
servido como docente territorial desde el 10 al 27 de enero de 1979, esto es por
17 días.

• Desde el 20 de mayo de 1987 al 30 de junio de 1987 (1 mes y 10 días)

La Secretaría de Educación del departamento de Boyacá en Formato Único para la
Expedición de Historia Laboral del 30 de julio de 2024, certificó que la señora Ruth
María prestó servicio docente en interinidad desde el 20 de mayo de 1987. Véase:

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Si bien en el expediente no reposa el acto administrativo de nombramiento de la
demandante - actas de posesión, y/o contratos de prestación de servicios-, se
advierte que conforme a las pautas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-
18 del 21 de junio de 201824, para acreditar la calidad de docente territorial o
nacionalizado, a falta de actos administrativos donde conste el vínculo, la respectiva
certificación de la autoridad nominadora es válida, por lo cual se tiene acreditado
dicha vinculación como docente nacionalizado en el periodo de la referencia por
el termino de 1 mes y 10 días; documental que no fue tachada por la parte
demandada.

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• Desde el 29 de septiembre de 1987 al 05 de agosto de 2015 (27 años,
10 meses y 7 días)

Se observa que a través del Decreto 001677 de 26 de agosto de 1987, el
gobernador actuando también en calidad de presidente de la junta administradora
del Fondo Educativo Regional de Boyacá, nombró en propiedad a la señora Ruth
María Cobos Cobos luego de haber superado concurso en la Institución Educativa
Técnica Industrial y Minera, tomando posesión del cargo el 29 de septiembre de
1987.

Por su parte la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá en formatos
únicos para la expedición de historia laboral de fecha 30 de julio de 2024 certificó
que el tipo de vinculación de la señora Ruth María Cobos Cobos en este periodo fue
de carácter nacionalizado, y conto con las siguientes novedades:

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Teniendo en cuenta el material probatorio referenciado, estima la Sala que existe
certeza respecto al tiempo de servicio prestado por la señora Ruth María Cobos
Cobos, por un total de 27 años, 10 meses y 7 días - contabilizados hasta la fecha
de reclamación administrativa-, el cual resulta computable a fin de obtener la
pensión gracia, pues se trató de un vínculo como docente nacionalizado. Lo
anterior encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989,
que refiere que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a
partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

Así mismo, esta Corporación en la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-
18 del 21 de junio de 2018, concluyó:

«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo
territorial antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de
nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que
a partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron
nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado por la norma
en cuestión (Ley 43 de 1975).

De conformidad con lo expuesto, para la Sala resulta claro que la docente tuvo un
vínculo durante este periodo, de carácter nacionalizado, en la medida que los
actos de designación fueron proferidos por el gobernador del departamento de

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Boyacá, actuando como autoridad departamental en uso de sus facultades legales,
y si bien se observa que también fue suscrito por el delegado regional de Boyacá
ante el Ministerio de Educación, ello por sí mismo no implica que se trate de un
nombramiento nacional, máxime cuando en las consideraciones de dicho decreto
no se hace alusión a que se actúe por instrucciones de tal ministerio, o que se trate
de una plaza de orden nacional, sumado a que el docente tomó posesión del cargo
ante la autoridad territorial y el acto se profirió en vigencia de la Ley 43 de 1975,
mediante la cual se nacionalizó la educación en Colombia.

Hasta lo aquí expuesto, estima la Sala que el demandante acreditó la totalidad de
los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, entre ellos el
relativo a la prestación de servicio docente territorial o nacionalizado durante 20
años; así entonces, se impone revocar la sentencia de primera instancia. Esta
conclusión se funda en los siguientes razonamientos:

i) La señora Ruth María Cobos Cobos demostró que laboró en el magisterio oficial
durante más de 20 años como docente de primaria, en plazas clasificadas como
nacionalizadas y territoriales. Igualmente, tuvo una experiencia como educador
anterior al 31 de diciembre de 1980, por ende, en lo que respecta al tiempo de
servicio, cumple con los presupuestos previstos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de
1989 para ser acreedor del beneficio pensional pretendido.

ii) El tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia corresponde al
siguiente:

Carácter de plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada
Territorial Del 10 de enero de 27 de enero de 17 días
1979 1979
Nacionalizada 20 de mayo de 30 de junio de 1 mes y 10 días
1987 1987
Nacionalizada el 29 de 05 de agosto de 27 años; 10
septiembre de 2015*25 meses; y 7 días
1987
Total: 28 años, 4 días

En ese sentido, se itera que se cumplen todas las exigencias legales para obtener
la pensión gracia, especialmente el requisito cuestionado de los 20 años de
servicios como docente territorial o nacionalizado, inclusive tomándose como fecha
de corte, el día en que se presentó el requerimiento pensional ante la entidad
demandada -esto es, el 5 de agosto de 2015-.

Cabe destacar que, para el momento en que la actora cumplió los 50 años de edad
-el 13 de mayo de 2003-, aún no había cumplido con los 20 años de servicios, lo

25 Fecha esta última en la que se presentó la reclamación administrativa

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cual solo ocurrió hasta el 2 de agosto de 2007.

Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión
gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los factores
devengados por la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 2 de agosto de 2006 y 2 de agosto de 2007.

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».

En punto a la prescripción, es necesario resaltar que, siendo exigible el derecho a
partir del 2 de agosto de 2007, cuando adquirió el estatus, la demandante tenía
hasta el 2 de agosto de 2010 para presentar la reclamación administrativa, no
obstante ello solo ocurrió hasta el 05 de agosto de 2015, y la demanda la radicó el
25 de mayo de 2017, por lo que se configuró la prescripción de las mesadas dejadas
de percibir antes del 05 de agosto de 2012.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

De otro lado, no se reconocerán los intereses moratorios solicitados por el
accionante, pues esta corporación ha precisado que conforme al artículo 141 de la
Ley 100 de 1993, aquellos solo proceden «en los casos en los que el pago de las
mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la
prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es una
negativa de la entidad a efectuar el pago».26

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 27 de agosto de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2016-01824-01 (2923-2019)
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Bajo el anterior lineamiento, los intereses de mora no pueden decretarse cuando la
pensión aún no ha sido reconocida, como ocurre en el sub-lite, pues hasta el
momento de proferirse el fallo el derecho reclamado se encuentra en discusión, por
ende, no existe un acto administrativo que radique la prestación en cabeza de la
demandante y le permita exigir su pago oportuno.27

2.6. Conclusión

En relación con el caso que nos ocupa, Ruth María Cobos Cobos cumplió con el
requisito mínimo de haber servido en el magisterio por un término no menor de 20
años, con una vinculación como docente del orden territorial o nacionalizado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, por tanto, esta Sala revocará la decisión
dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá, y en su lugar
se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las
razones expuestas en esta providencia.

2.7. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 28 de noviembre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del cual se negaron las pretensiones
de la demanda, conforme la motivación.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 23 de julio de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2014-00581-01 (2162-2019).
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Radicado: 15001 23 33 000 2017 00526 01 (1601-2019)
Demandante: Ruth María Cobos Cobos

SEGUNDO. En su lugar, Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 049164 de
fecha 24 de noviembre de 2015 y RDP 007173 de fecha 18 de febrero de 2016,
mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a la
demandante, según se motivó.

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia a la señora Ruth María Cobos Cobos,
identificada con cédula de ciudadanía 23.275.727, en cuantía del 75% del promedio
de todos los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional (causado el 2 de agosto de 2007), comprendido entre el 2 de agosto de
2006 y 1 de agosto de 2007. La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 5 de
agosto de 2012 por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal.

CUARTO. La UGPP actualizará las sumas adeudadas, según lo establecido en el
artículo 187 (inciso final) del CPACA, considerando los índices de inflación
certificados por el DANE y aplicando la fórmula matemática indicada en esta
sentencia.

QUINTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.

SEXTO. Negar las demás pretensiones de la demanda.

SEPTIMO. No se condenará en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

OCTAVO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 23
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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