RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2021-00271-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00271-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00271-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIMAR la sentencia de 17 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, conforme la motivación. SEGUNDO. Se reconoce personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte como apoderado de la UGPP, de acuerdo con el poder allegado vía correo electrónico y que se encuentra disponible en el expediente digital visible en SAMAI. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2021-00271-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001 23 33 000 2021 00271 01 (2970–2023)
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de la
vinculación docente. Docente interino. Incorporación. Ley 1437
de 2011.

Decisión: Confirma sentencia que accede a pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 17 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, que accedió a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

El señor Carlos Antonio Herrera Castillo, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 024040 de 22 de octubre de
2020, RDP 028416 de 9 de diciembre del mismo año y RDP 001033 de 19 de
enero de 2021, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

Como restablecimiento del derecho, solicitó le sea reconocida y pagada la pensión
gracia a partir del 25 de diciembre de 2006, fecha en la que consolidó el estatus; así
mismo, que se liquide en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual
devengado en el año inmediatamente anterior a la obtención del derecho; pidió que
las sumas reconocidas sean ajustadas e indexadas, que se le paguen los intereses
corrientes y moratorios conforme al CPACA; exigió que se condene en costas a la

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=13001233300020210
0271011100103

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

parte demandada y se dé cumplimiento a la sentencia de acuerdo con lo establecido
en el artículo 192 del CPACA.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El señor Carlos Antonio Herrera Castillo nació el 17 de diciembre de 1956, por tanto,
cumplió 50 años de edad el 17 de diciembre de 2006. Indicó, que prestó servicio en
el departamento de Bolívar de la siguiente manera:

• Como docente nacionalizado en interinidad, nombrado a través del Decreto
737 de 4 de agosto de 1979, en la Secretaría de Educación de Bolívar desde
el 19 de junio hasta el 19 de septiembre de 1979.
• Como docente nacionalizado en propiedad, nombrado por medio del Decreto
184 de 23 de febrero de 1987, tomando posesión el 25 de febrero del mismo
año hasta el 2 de julio de 2020.

Precisó que laboró por 33 años, 1 mes y 6 días como docente nacionalizado, razón
por la cual el 7 de octubre de 2019 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta
de manera negativa con los actos hoy demandados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 2, 13, 25, 48 y 58 de la Constitución Política, así como las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, 100 de 1993, entre otras.

En primer lugar, solicitó que le fuera aplicada la sentencia de unificación
jurisprudencial de 21 de junio de 2018, por medio de la cual la Sección Segunda del
Consejo de Estado aclaró los requisitos mínimos para acceder a la pensión gracia.
Adicionalmente, explicó que el acto demandado se expidió infringiendo las normas
en que debía fundarse, pues negó el reconocimiento pensional a pesar de haberse
demostrado el cumplimiento de requisitos legales y jurisprudenciales.

1.4. Contestación de la demanda

Luego de admitida la demanda en auto de 25 de noviembre de 2021, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, presentó escrito con el que se opuso a las
pretensiones de la demanda; al respecto, señaló que la demandante no acreditó
tiempo de servicio con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que la vinculación
entre 1990 y 1996 no resulta válida pues fue del orden nacional.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

1.5. Sentencia de primera instancia

Con fallo de 17 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a
las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de los actos
demandados y ordenando el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de
Carlos Antonio Herrera Castillo a partir del 23 de marzo de 2008, equivalente al 75%
de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus
pensional, con la inclusión de todos los factores allí devengados; así mismo, declaró
la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 7 de octubre de 2016,
ordenó la actualización de lo reconocido y condenó en costas a la UGPP.

Como sustento de lo anterior, analizó los documentos allegados al expediente,
concluyendo que el demandante cumplió todos los requisitos exigidos para ser
beneficiario de la pensión gracia, resaltando que las vinculaciones como docente
oficial fueron de naturaleza nacionalizada.

De igual manera, consideró que en el presente caso se configuró la prescripción de
las mesadas pensionales, toda vez que el estatus pensional lo adquirió el 23 de
marzo de 2008 y la reclamación administrativa ocurrió el 7 de octubre de 2019, por
tanto, declaró prescritas las mesadas causadas antes del 7 de octubre de 2016.

1.6. Recurso de apelación

La apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, presentó recurso
de apelación en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia, toda vez
que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos, principalmente por cuanto los
certificados allegados indican que la vinculación del docente es nacional. Considera
que la decisión apelada no analizó el material probatorio de acuerdo con las leyes
aplicables y la jurisprudencia que sobre la materia se ha proferido.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

El señor Carlos Antonio Herrera Castillo, a través de apoderado, presentó escrito
en el que manifestó que la naturaleza de la vinculación docente fue del orden
nacionalizado, y que, en atención a la sentencia de unificación de junio de 2018, se
acreditó en debida forma el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para
acceder a la pensión gracia, por tanto, solicita que se confirme la decisión apelada.

La UGPP allegó escrito con el que pidió se revoque la sentencia apelada y se
nieguen las pretensiones de la demanda. Sobre el particular, indicó que no se
valoraron en debida forma las pruebas allegadas con el fin de acreditar la prestación
del servicio con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, además, que los periodos
laborados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 no son
válidos para el cómputo de la pensión gracia.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

El agente del Ministerio Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado,
guardaron silencio en esta etapa procesal.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente la parte demandada presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Del problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Carlos Antonio
Herrera Castillo, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias
para dicho reconocimiento.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra

2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de
texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20185
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2. Del docente interino

Esta Subsección7 ha señalado que la interinidad, corresponde a otros tipos de
vinculación al servicio público, no obstante, no existe una definición expresa de la
misma, debiendo entonces entenderse como el mecanismo mediante el cual la

6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

7 Sección Segunda - Subsección A- providencia de 6 de marzo de 2024 – expediente 25000 23 42

000 2017 01366 01 (1803-2019)

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

administración, ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en carrera,
designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de tal actividad,
en razón a la necesidad y urgencia de garantizar la prestación del servicio de
educación.

En ese orden, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se ha señalado
que es procedente tener en cuenta el tiempo docente servido en interinidad o
temporal, en la medida que el nombramiento haya sido del orden territorial o
nacionalizado; ello, en tanto las exigencias para obtener dicha prestación se
reducen a la existencia de una vinculación al servicio docente con antelación al 30
de diciembre de 1980, buena conducta, 50 años de edad y la acreditación de 20
años de servicios, sin que tenga incidencia la modalidad de la vinculación, es decir,
sin que sea necesario tener en cuenta la forma en la que fue provisto el empleo de
docente, si lo fue en carrera, en provisionalidad o en forma transitoria o interina. Al
respecto, esta Corporación ha sostenido lo siguiente:

«[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe
reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación
gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes
ejercieran la actividad docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme
lo disponen las normas en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única
exigencia válida para efectos de reconocer la prestación pensional en cita es
haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar la
modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las
previstas en la ley.8
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza
de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta Corporación
ha precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante
el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de
carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de
la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la
efectiva prestación de los servicios educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es,
a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor Arcos Gómez»9.
(Resalta la Sala).10

En conclusión, quienes desempeñen la labor docente en calidad de educadores
territoriales o nacionalizados, aunque hubieran laborado en calidad de interinos

8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01275-01 (0951-2014).

Sentencia de 30 de julio de 2015.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 52001-23-33-000-2013-00058-01 (2636-2014).

Sentencia de 14 de noviembre de 2015.
10 Relacionado en sentencia del 27 de junio de 2018, radicado 68001-23-33-000-2014-00812-01

(3597-2015).

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia siempre que cumplan
con la edad de 50 años, el tiempo de servicios de 20 años y acrediten buena
conducta.11

2.4. Actuación administrativa

El señor Carlos Antonio Herrera Castillo radicó el 26 de junio de 2020 solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, que a través de la Resolución RDP 024040 de 22 de octubre de 2020 negó
la solicitud; como argumento de ello, indicó que los certificados allegados no
mencionan los tiempos de servicio de 1 de enero de 1997 al 2 de marzo de 1998,
además, que la vinculación ocurrida a partir del 3 de marzo de 1998 es producto de
una incorporación del orden nacional.

Inconforme con la precitada decisión, el interesado interpuso recursos de reposición
y apelación, los cuales fueron resueltos negativamente con las Resoluciones RDP
028416 de 9 de diciembre de 2020 y RDP 001033 de 19 de enero de 2021.

2.5. Caso concreto

En atención a lo anterior, para efectos de desatar la alzada estima la Sala que se
deberá verificar si el demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley
114 de 1913 y demás normas complementarias, así como la jurisprudencia del
Consejo de Estado, principalmente las sentencias de unificación jurisprudencial
previamente descritas, para el reconocimiento de la acreencia pensional en
discusión, como a continuación se procede.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos12

a. Edad

Revisado el expediente, la Sala encuentra probado que Carlos Antonio Herrera
Castillo nació el 17 de diciembre de 195613, razón por la cual, el 17 de diciembre
de 2006 cumplió 50 años de edad. Requisito que, valga resaltar, no fue
controvertido por la entidad demandada.

b. Buena conducta

En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que

11 Véase, entre otras, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000 23 42 000 2017 02988

01 (0691–2021). Sentencia de 3 de agosto de 2023.
12 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
13 Copias de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento visibles a folios 27 y 28 de los

anexos de la demanda disponible en expediente digital que se encuentra en SAMAI.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito; aspecto que tampoco es objeto de
controversia en esta instancia.

c. Tiempo de servicio

Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente oficial,
requisito este sobre el cual gira la controversia en esta instancia:

• Vinculación entre 19 de julio y 19 de septiembre de 1979 (2 meses)

Revisado el expediente, se observa que el señor Carlos Antonio Herrera Castillo fue
nombrado a través del Decreto 737 de 4 de agosto de 1979, expedido por el
gobernador de Bolívar, como docente interino para cubrir una licencia por 60 días
en la Escuela San Juan Bautista de Cartagena. Al respecto se observa:

Sobre el particular, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A., en certificado expedido el 3 de octubre de 2019, indicó que el
señor Herrera Castillo prestó servicio como docente nacionalizado así:

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

De igual manera, se adjuntó certificación electrónica de tiempos de servicio, como
sigue:

De lo descrito previamente, para la Sala es claro que el señor Carlos Antonio
Herrera Castillo se desempeñó durante dos meses como docente en el municipio
de Cartagena, entre el 19 de julio de 1979 hasta el 19 de septiembre del mismo año.

En cuanto a la naturaleza de la vinculación, resulta importante reseñar que esta
Corporación en la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018, diferenció los docentes nacionalizados de los territoriales, así:

«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo
territorial antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de
nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a
partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado por la norma
en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades
de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta
genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.»

Adviértase que esas reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso
particular en conjunto todos elementos de juicio para concluir sin lugar a equívoco
la naturaleza de la vinculación del respectivo docente.

Pues bien, para la Sala, esta designación es de carácter territorial, en tanto el
acto de designación fue suscrito por el gobernador de Bolívar, de manera autónoma,
sin intervención alguna del Ministerio de Educación o delegado de esta cartera y
tampoco se indicó que actuara por instrucciones o delegación de dicho ministerio; y
por otro lado, por cuanto pese a que se profirió en vigencia de la Ley 43 de 1975,
mediante la cual se nacionalizó la educación en Colombia, lo cierto es que no se
invoca dicha normativa, y menos aún se desprende del material probatorio aportado,
que la plaza ocupada por el señor Herrera haya sido de aquéllas nacionalizadas,
como tampoco se avizora que los recursos sean de aquéllos que a la luz del artículo
6 de la ley mencionada, para atender el proceso en cita fueran administrados por
los Fondos Educativos Regionales, con sujeción a los planes establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional.

De manera que se insiste, prestó sus servicios como docente territorial, lo cual se
acompasa con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que establece la
diferencia entre los docentes, y precisa quienes son docentes territoriales, así de
manera que se insiste, prestó sus servicios como docente territorial, lo cual se
acompasa con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que establece la
diferencia entre los docentes, y que precisa: “Personal territorial. Son los docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976,
sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.”
Todo lo anterior, permite concluir que, para el período que aquí se analiza, el
docente ostentó una vinculación de naturaleza territorial, por lo que el tiempo de
servicio de 2 meses, transcurrido entre el 19 de julio de 1979 y 19 de septiembre
del mismo año, resulta valido para el cómputo de la pensión gracia.

• Del 25 de febrero de 1987 al 2 de julio de 2020

Con la demanda se allegó copia del Decreto 184 del 23 de febrero de 1987,
expedido por el gobernador de Bolívar, por medio del cual nombró en propiedad a
Carlos Antonio Herrera Castillo como docente de tiempo completo en la
Concentración Escolar Omaira Sánchez Garzón de Cartagena; véase:

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

Del mencionado empleo, tomó posesión ante el gobernador de Bolívar el 25 de
febrero de 1987.

Sobre lo descrito, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaría de Educación de Cartagena de Indias, en certificación de 17 de julio de
2020, precisó que el demandante prestó servicio como docente nacionalizado de
manera continua desde el 25 de febrero de 1987 hasta el 17 de julio de 2020, fecha
de retiro.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

De igual manera, se allegó Certificación Electrónica de Tiempos Laborados – CETIL
de 3 de agosto de 2020, de tiempos laborados y factores devengados año por año
durante la prestación del servicio del hoy demandante; del anterior documento se
resalta lo siguiente:

De la revisión del material probatorio previamente descrito, se observa que el señor
Carlos Antonio Herrera Castillo fue nombrado como docente en propiedad a partir
del Decreto 184 de 23 de febrero de 1987, proferido por el gobernador de Bolívar,
quien actuó en uso de sus atribuciones legales. Adicionalmente, se observa que
este vínculo permaneció vigente hasta la fecha de su retiro en el año 2020.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

Del acto de nombramiento, se observa que el gobernador no solo nombró al hoy
demandante, sino que además determinó otras novedades en el sector educación
de la entidad territorial, como el traslado de plazas entre centros educativos a cargo
del departamento.

Así mismo, de los certificados allegados es claro que la vinculación del docente
ocurrió por medio del Decreto 184 de 1987, y que desde entonces ha permanecido
vinculado a la educación departamental con una continua dependencia laboral de
la entidad territorial, únicamente teniendo como novedades las incorporaciones
ocurridas en los años 1998, 2003 y 2004.

Ahora, si bien con el recurso se aduce que las certificaciones allegadas no dan
cuenta de la naturaleza de la vinculación o la calidad de la plaza que fue trasladada,
por tanto considera que es nacional, para la Sala ello no resulta un argumento válido
a la luz de la ley y la jurisprudencia, pues basta con analizar el acto de nombramiento
en donde se observa qué autoridades intervienen para determinar que el
demandante sea nombrado como docente oficial, de allí se desprende que no hay
participación de la Nación, y que quien actúa como nominador es el gobernador del
departamento. De igual manera, tampoco resulta adecuado el análisis realizado por
la entidad recurrente sobre la información que ofrece el certificado CETIL,
quitándole valor al certificado expedido por la autoridad territorial, pues el material
probatorio allegado debe examinarse de manera conjunta, lo que permite concluir a
juicio de la Sala, que el señor Carlos Antonio Herrera Castillo es nombrado por el
gobernador de Bolívar como docente a través del Decreto 184 de 1987, de ahí en
adelante mantuvo una relación laboral continua con el departamento, la cual es
certificada en coherencia por la entidad territorial y el CETIL, en donde los tiempos
concuerdan entre los documentos, obteniendo información relevante de cada uno
de ellos, principalmente en donde se observa que se presentó en tres oportunidades
la incorporación del docente.

Sobre lo mencionado, vale la pena aclarar que los procesos de incorporación se
presentaron a partir de la descentralización de la educación, y la creación del
sistema general de participaciones, en donde se transfirieron los recursos de la
Nación a los entes territoriales, dicha circunstancia por sí sola no implica un cambio
en la naturaleza del vínculo docente; siendo pertinente señalar que, aunque con la
Ley 60 de 1993 se dispuso la descentralización de ciertas competencias de la
Nación respecto de los entes territoriales, en su artículo 6.º señaló que « el régimen
prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y
las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en
ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de
remuneraciones». (Resaltos de la Sala)

A su vez, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1.º indicó que el personal nacional son
los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional, a diferencia de
los nacionalizados y territoriales, que son los vinculados por nombramiento de

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

entidad territorial.

Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente del demandante no se
modificaron a pesar de las novedades descritas previamente, como lo es la
incorporación a la planta territorial, comoquiera que el último nombramiento del que
fue objeto se efectuó en 1987 indicando que fue nombrado por autoridad territorial,
de ahí en adelante se presentaron situaciones administrativas sin que ello afectara
su relación laboral, pues, como quedó claro, la incorporación a la planta de personal
docente se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral.

El anterior criterio ha venido siendo reiterado por esta Corporación, entre otras, en
sentencia de 28 de enero de 202114:

«[…] del aludido procedimiento de incorporación de la demandante se destaca
que (i) no tenía la calidad de profesora municipal, sino nacional; (ii) Manizales
era el lugar geográfico en el que desarrollaba su funciones, circunstancia que
no mutaba la naturaleza de su vinculación, dado que la vacante que ocupaba y
el colegio en el que laboraba eran nacionales; y (iii) no se trató de una nueva
designación, tanto es así que no hubo modificación en cuanto al régimen salarial
que le reconocía la Nación.
En consecuencia, conforme a lo certificado por la secretaría de educación el 10
de febrero de 2006 y el 1° de agosto de 2016, la accionante «[…] prestaba sus
servicios como Docente plaza Nacional […]», lo cual no varió por la
incorporación del departamento de Caldas.
[…]
Por otra parte, en lo concerniente a los recursos con los cuales se financió el
empleo de la accionante, el acto de incorporación hace referencia al situado
fiscal que si bien atendía los gastos que generaban los servicios educativos
nacionalizados y territoriales, también lo hacía respecto de los nacionales como
en este caso, en el que, se reitera, la plaza era nacional sin que exista en el
plenario prueba en contrario.»15

Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento del aquí demandante fue del
orden territorial y que las novedades de las que fue objeto administrativamente no
modificaron dicha naturaleza, es claro que el tiempo de servicio docente desde el
25 de febrero de 1987 en adelante es de naturaleza territorial.

De igual manera, se precisó que para demostrar la calidad de docente territorial «Se
requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca
que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.», circunstancia que en el caso particular que hoy nos ocupa, es claro que

14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-33-000-2015-00285-

01 (363-2018).
15 Véase también, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00086-

01(2163-2018). Sentencia de 16 de mayo de 2019.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

el nombramiento proviene de autoridad territorial, quien además cuenta con la
disponibilidad de trasladar al docente entre diferentes instituciones del
departamento para cumplir con el servicio de educación, además, no hay referencia
alguna que indique que la designación ocurrió por plena disposición o delegación
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, o que la plaza ocupada sea de
aquéllas pertenecientes a la planta de la nación.

Resulta pertinente indicar que, si bien la certificación sobre el tiempo de servicio acá
estudiado indica que la vinculación es del orden nacionalizado, la valoración
conjunta del material probatorio recaudado permite arribar a la conclusión de que el
tiempo servido por el demandante desde 25 de febrero de 1987 hasta el 2 de julio
de 2020, fecha efectiva del retiro, es decir, durante 33 años, 4 meses y 8 días, en el
departamento de Bolívar, es de naturaleza territorial.

En ese orden de ideas, se tiene que el actor cumple con los requisitos para obtener
la pensión gracia, por lo que hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia

2.6. Conclusión

Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que el docente
Carlos Antonio Herrera Castillo cumplió todos los requisitos para ser beneficiario de
una pensión gracia, es decir, no existen reproches sobre la buena conducta en el
desempeño de la labor, cumplió 50 años de edad y prestó servicio en la educación
oficial por más de 20 años, configurando su estatus pensional el 25 de diciembre de
2006; en este punto vale la pena aclarar que si bien la sentencia de primera instancia
determinó como fecha de adquisición del estatus pensional el 23 de marzo de 2008,
lo cierto es que esta ocurrió el 25 de diciembre de 2006, fecha en la cual cumplió 20
años de servicio docente; empero se atenderá la fecha indicada por la primera
instancia, esto es, 23 de marzo de 2008, en aplicación del principio de no reformatio
in pejus, dado que la entidad es apelante único.

En esa línea de consideraciones, se confirmará la sentencia objeto de apelación,
mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, y que proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar.

2.7. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 17
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2021 00271 01
Demandante: Carlos Antonio Herrera Castillo

los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIMAR la sentencia de 17 de junio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda, conforme la motivación.

SEGUNDO. Se reconoce personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte como
apoderado de la UGPP, de acuerdo con el poder allegado vía correo electrónico y
que se encuentra disponible en el expediente digital visible en SAMAI.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en
esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 18
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.