Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2017-00344-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2017-00344-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2017-00344-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00344 01 (5650–2022)
Demandante: María Teresa Jarava de la Ossa
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente. Ley 1437
de 2011.
Decisión: Revoca condena en costas. Confirma en lo demás.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia de 04 de noviembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Sucre - Sala Tercera de Decisión, que accedió a
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. La señora María Teresa Jarava de la Ossa, solicitó declarar la nulidad de las
Resoluciones PAP 026164 del 16 de noviembre de 2010, DP 055238 del 22 de
diciembre de 2015 y RDP 018568 del 12 de mayo de 2016, por medio de las
cuales, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, y resolvió recurso de apelación; respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los factores
salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico;
el reajuste de las mesadas dejadas de percibir; la indexación de las sumas
adeudadas conforme al IPC; el pago de intereses moratorios de que trata la ley 100
de 1993. Y finalmente, que se condene en costas a la UGPP.
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
Radicado: 70001 23 33 000 2017 00344 01 (5650-2022)
Demandante: María Teresa Jarava de la Ossa
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. La señora María Teresa Jarava de la Ossa nació el 15 de septiembre de
1955, razón por la cual cumplió 50 años el 15 de septiembre de 2005. Indicó que
prestó servicio de la siguiente manera:
• En el municipio de San Marcos i) desde el 01 de enero de 1980 hasta el 31
de diciembre de 1981; ii) nombrada como docente interina mediante la
Resolución 260 del 31 de mayo de 1985; iii) en propiedad por orden del Decreto
07 del 06 de enero de 1988, desde el 20 de enero de 1988 hasta el 30 de julio de
1991; iv) temporalmente a través del Decreto 056 del 19 de marzo de 1992 desde
el 19 de marzo de 1992 hasta el 19 de mayo de 1992; y v) en propiedad mediante
Decreto 022 del 26 de marzo de 1993, desde el 26 de marzo de 1993 hasta el 30
de agosto de 1994.
• Incorporada al magisterio del departamento de Sucre, mediante Decreto
00196 del 06 de diciembre de 1994, desde el 07 de diciembre de 1994 hasta por
lo menos la fecha de presentación de la demanda.
5. Manifestó que los nombramientos fueron hechos por una entidad del orden
distrital y departamental; que, además desempeñó el cargo con honradez y buena
conducta, por lo que cumple los requisitos para obtener la pensión gracia.
6. Por tanto, el 03 de septiembre de 2015, radicó solicitud de reconocimiento y
pago de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual
fue resuelta de manera negativa con los actos hoy demandados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
7. Como argumento de lo pretendido indicó que la entidad demandada infringió
los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución
Política, así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 91 de 1989, y los decretos
081 de 1976 y 2277 de 1979.
8. En resumen, en el concepto de la violación, después de relacionar las
disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan la pensión gracia, señaló
que la entidad no puede desestimar los certificados de tiempo de servicio expedidos
por la entidad territorial con el argumento de que no son en formato FOMAG;
expone que la UGPP incurre en error al interpretar que el periodo de 1994 en
adelante es del orden nacional, pues, fue el gobernador de Sucre quien realizó su
nombramiento, por lo tanto, debe dársele un tratamiento de nacionalizada.
1.4. Contestación de la demanda
9. Luego de presentada la demanda el 12 de septiembre de 2017 y admitida el
16 de febrero de 2018, una vez notificada, la Unidad Administrativa Especial de
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Demandante: María Teresa Jarava de la Ossa
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, a través de apoderado, presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad
de las pretensiones sosteniendo que la docente demandante acreditó tiempos del
orden nacional los cuales no pueden ser tenidos en cuenta para acceder a la
pensión gracia, además de no encontrarse vinculada en la labor docente antes del
31 de diciembre de 1980, como expresamente lo exige la ley 91 de 1989.
10. Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) improcedencia del
derecho pretendido -falta de cumplimiento de los requisitos legales; ii)
incompatibilidad de intereses moratorios e indexación simultáneamente; iii)
prescripción; y iv) buena fe.
1.5. Sentencia de primera instancia2
11. Con fallo de 04 de noviembre de 2021 el Tribunal Administrativo de Sucre -
Sala Tercera de Decisión accedió a las pretensiones de la demanda.
12. Como sustento de lo anterior, luego de referirse al marco normativo y
jurisprudencial que regulan la pensión gracia, analizó la prestación del servicio
docente por parte de la señora Jarava de la Ossa, concluyendo que mantuvo una
vinculación de carácter territorial y nacionalizado en los periodos referenciados; de
manera que, en atención a la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018
proferida por el Consejo de Estado, acreditó el cumplimiento del requisito de haber
prestado servicio como docente nacionalizado y territorial durante 20 años, así como
todas las demás exigencias para el efecto.
13. Finalmente, advirtió que operó el fenómeno de la prescripción trienal de las
mesadas, en la medida que la demandante consolidó el derecho el 15 de septiembre
de 2008 y radicó el 15 de septiembre de 2015 solicitud de reconocimiento pensional
obteniendo respuesta negativa mediante los actos acusados; no obstante, el 12 de
septiembre de 2017 se presentó la demanda, superando los 3 años de la solicitud
inicial; por tanto, declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 15 de
septiembre de 2012, y condenó en costas.
1.6. Recurso de apelación3
14. A modo de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación solicitando la
revocatoria de la sentencia de primera instancia alegando que la parte actora no
cumple con los requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913, concretamente,
haber prestado servicios como docente departamental, distrital, municipal o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 y posterior a 1994.
2
Archivo 21Sentencia.pdf del expediente digital de primera instancia
3
Folios 187 a 191 del expediente físico
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Demandante: María Teresa Jarava de la Ossa
15. Adujo que, el a quo omitió valorar las inconsistencias que existen en los
certificados de tiempo de servicios expedidos por la entidad en el año 2010, toda
vez que, en los mismos se señaló que la prestación del servicio docente por parte
de la señora Jarava de la Ossa fue del orden nacional. De igual manera, manifestó
que esta prestación se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años
de servicios en colegios de orden departamental, distrital o municipal.
16. Agregó que, solo tienen derecho a la pensión gracia los docentes oficiales
que hubiesen adquirido los requisitos para acceder a tal prestación antes de la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, lo que incluye la vinculación antes del 31
de diciembre de 1980 y los 20 años de servicios continuos o discontinuos en calidad
de nacionalizados o territorial.
17. Señaló que, que no hubo una correcta apreciación de las pruebas aportadas,
así como tampoco una correcta interpretación del criterio jurisprudencial aplicado a
el caso concreto, por el contrario, se advierte que pese a la falta de prueba que
permitiera sin lugar a dudas y de manera inequívoca comprobar el origen de los
recursos, se decidió ordenar el reconocimiento de la pensión gracia.
18. Puso de presente, la existencia de un debate judicial previo, es decir, que en
el año 2013 militaba un proceso en el Juzgado Cuarto Administrativo de
descongestión de Sincelejo bajo el radicado No. 70-001-33-006-2011-00137-00 en
el cual se negaron las suplicas de la demanda, y posteriormente dicha decisión fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Sucre, en ambas instancias se tuvo
como sustento que la señora Jarava de la Ossa, no probó el carácter de la
vinculación exigida para tal efecto.
19. Por último, solicitó la reconsideración de la condena en costas toda vez que
no fue analizada la conducta procesal de la parte demandada, considerando que
actuó de buena fe, defendiendo su negativa a reconocer el derecho amparado en
los postulados legales y jurisprudenciales.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
20. Con auto de 15 de septiembre de 2023, se admitió el recurso de apelación
presentado por la UGPP.
21. A su turno, el abogado de la parte demandada insistió em que sea revocada
la sentencia de primera instancia.
22. La demandante María Teresa Jarava de la Ossa, y el agente del Ministerio
Público, guardaron silencio en esta etapa procesal.
23. De otro lado, el 27 de febrero de 20254, se dictó auto para mejor proveer
requiriendo al Tribunal Administrativo de Sucre y a la Oficina de Apoyo Judicial –
4
Actuación visible a índice 50 de la plataforma SAMAI
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Seccional Sucre; para que remitieran con destino a este expediente la demanda y
la contestación con sus anexos, así como copia de la sentencia de primera y
segunda instancia dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 70001-33-31-006-2011-00137-00, en el que actuó como demandante
la señora María Teresa Jarava de la Ossa. Y se requirió a la Secretaría General del
Consejo de Estado para que remitieran con destino a este proceso el fallo de tutela
emitido dentro del proceso con radicado 11001-03-15-000-2014-00595-00, en el
que aquella también actuó como tutelante.
24. En respuesta a los requerimientos realizados, el Tribunal Administrativo de
Sucre allegó lo requerido.
25. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
26. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.
27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente
la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a
lo allí plasmado.
2.2. Problema jurídico
28. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María Teresa
Jarava de la Ossa tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la prestación del
servicio con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y la vinculación de los 20 años
de servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita
las exigencias para dicho reconocimiento.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Pensión gracia
5
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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29. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.
30. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha
prestación, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no
haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir
50 años. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.
31. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de
la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.
32. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión
gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el
tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria.
33. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera de texto).
34. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
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A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»
35. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»7
36. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20188 previó pautas jurisprudenciales relacionadas con el origen de los recursos
con los cuales se sufragaron los salarios y prestaciones de los docentes; los efectos
de la intervención de, además del representante legal de la entidad territorial la del
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de
la junta administradora del respectivo fondo educativo regional; así como se
refirió a la prueba de la calidad de docente territorial, la cual también aplica para
determinar el docente nacionalizado; se destaca:
«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
37. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».9
38. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
39. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en
calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en
uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los
demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2. Del servicio docente en interinidad
40. Esta Subsección10 ha señalado que la interinidad, corresponde a otros tipos
de vinculación al servicio público, no obstante, no existe una definición expresa de
la misma, debiendo entonces entenderse como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en carrera,
designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de tal actividad,
en razón a la necesidad y urgencia de garantizar la prestación del servicio de
educación.
41. En ese orden, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se ha
señalado que es procedente tener en cuenta el tiempo docente servido en
interinidad o temporal, en la medida que el nombramiento haya sido del orden
territorial o nacionalizado; ello, en tanto las exigencias para obtener dicha prestación
se reducen a la existencia de una vinculación al servicio docente con antelación al
30 de diciembre de 1980, buena conducta, 50 años de edad y la acreditación de 20
años de servicios, sin que tenga incidencia la modalidad de la vinculación, es decir,
9
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
10 Sección Segunda - Subsección A- C.P. Rafael Suárez Vargas – providencia de 6 de marzo de 2024 – expediente 25000
23 42 000 2017 01366 01 (1803-2019)
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sin que sea necesario tener en cuenta la forma en la que fue provisto el empleo de
docente, si lo fue en carrera, en provisionalidad o en forma transitoria o interina. 11
42. En conclusión, quienes desempeñen la labor docente en calidad de
educadores territoriales o nacionalizados, aunque hubieran laborado en calidad de
interinos tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia siempre que
cumplan con la edad de 50 años, el tiempo de servicios de 20 años y acrediten
buena conducta.12
43. 2.3.3 Del servicio docente en temporalidad
44. Sobre la vinculación del docente en temporalidad, esta Subsección ha
señalado que es el mecanismo por medio del cual el ente territorial vincula personal
ante la imposibilidad de suplir los empleos de carrera. Ello, para garantizar la
prestación de servicios educativos13. Cabe destacar que no tiene regulación
expresa, resultando también computable para pensión gracia, en la medidad que se
origine en una designación del orden territorial o nacionalizado.
2.4. Actuación administrativa
45. La señora Mara Teresa Jarava de la Ossa, el 30 de julio de 2010 a través de
apoderado solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia, la
cual fue resuelta desfavorablemente con la Resolución PAP 026164 del 16 de
noviembre de 2010, alegando que la demandante no logró acreditar vínculo alguno
como docente oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Contra dicho acto
en esa ocasión no presentó recurso alguno.
46. Luego, el 03 de septiembre de 2015 presentó nuevamente solicitud ante la
UGPP para el reconocimiento y pago la pensión gracia la cual fue negada a través
de la Resolución RDP 055238 del 22 de diciembre de 2015.
47. Inconforme con la respuesta de la entidad interpuso recurso de apelación el
cual fue se desató mediante la Resolución RDP 018568 de 12 de mayo de 2016
confirmando la negativa.
2.5. Caso concreto
48. Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, en orden a verificar si la actora cumple con las exigencias
11 El Consejo de Estado se ha referido al tema, ver sentencia del 27 de junio de 2018, radicado
68001-23-33-000-2014-00812-01 (3597-2015)
12 Véase, entre otras, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000 23 42 000 2017 02988 01
(0691–2021). Sentencia de 3 de agosto de 2023.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 15 de febrero de 2024, radicado: 25000
23 42 000 2018 02196 01 [0911-2021] y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 16
de marzo de 2017, radicado: 81001 23 33 000 2013 00285 01 [2806-2015]
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contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
49. Previo a la verificación del cumplimiento de los requisitos para obtener el
beneficio de la pensión gracia, la Sala estima que no le asiste razón a la parte
demandada cuando alega que operó el fenómeno de cosa juzgada por existir un
debate judicial previo adelantado ante el Juzgado Cuarto Administrativo de
descongestión de Sincelejo bajo el radicado No. 70-001-33-006-2011-00137-00 en
el cual se dictó sentencia negando las súplicas de la demanda, y este a su vez fue
objeto de apelación y confirmado por el Tribunal Administrativo de Sucre.
50. Lo anterior, por cuanto la figura de la cosa juzgada exige, como uno de sus
presupuestos esenciales, que exista identidad en los hechos que dieron lugar al
proceso anterior y al nuevo análisis jurídico. En el presente caso, si bien puede
existir identidad de partes, e incluso identidad de objeto, pues, se persigue el
reconocimiento de la pensión gracia, lo cierto es que no existe la identidad de
causa, dado que los fundamentos fácticos de esta nueva solicitud son distintos a
los que se tuvieron en cuenta en la decisión anterior, y sobre estos no existe
pronunciamiento judicial aún. Véase:
Expediente No. 70-001-33-006-2011-00137-00 Expediente bajo estudio 70001 23 33 000 2017 00344
Juzgado Cuarto Administrativo de descongestión 01 (5650-2022)
de Sincelejo Tribunal Administrativo de Sucre
SUJETOS PROCESALES
Demandante: María Teresa Jarava de la Ossa
Demandante: María Teresa Jarava de la Ossa
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Demandado: Caja Nacional de Previsión Social
Social – UGPP
– CAJANAL hoy UGPP.
ACTOS ACUSADOS
Resoluciones PAP 026164 del 16 de noviembre de 2010,
PAP- 026164 de fecha 07/01/2011 expedida por
RDP 055238 del 22 de diciembre de 2015 y RDP 018568
CAJANAL
del 12 de mayo de 2016
PRETENSIONES
Solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones PAP
026164 del 16 de noviembre de 2010, DP 055238 del 22
Solicitó declarar la nulidad de la Resolución PAP- de diciembre de 2015 y RDP 018568 del 12 de mayo de
026164 de fecha 07/01/2011 expedida por 2016, por medio de las cuales, la Unidad Administrativa
CAJANAL por medio de la cual se negó el Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó el
Deprecó el reconocimiento y pago de la pensión reconocimiento y pago de una pensión gracia, y resolvió
gracia a partir del 15 de septiembre de 2005,recurso de apelación; respectivamente.
teniendo en cuenta los salarios devengados en el
último año de servicio, junto con los reajustes de A título de restablecimiento del derecho, solicitó el
la Ley 71 de 1988. reconocimiento de la pensión gracia, en cuantía del 75%
del promedio de la totalidad de los factores salariales
El pago de las mesadas dejadas de cancelar
debidamente indexadas, además de los intereses devengados durante el año anterior a la adquisición del
correspondientes. estatus jurídico; el reajuste de las mesadas dejadas de
percibir; la indexación de las sumas adeudadas conforme
al IPC; el pago de intereses moratorios de que trata la ley
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100 de 1993. Y finalmente, que se condene en costas a la
UGPP.
FUNDAMENTOS FÁCTICOS
Manifestó que nació el 15 de septiembre de 1955,
razón por la cual cumplió 50 años el 15 de septiembre
de 2005. Indicó que prestó servicio de la siguiente
manera:
Indicó que fue nombrada como docente - En el municipio de San Marcos i) Desde el 01
municipal por el municipio de San Marcos – de enero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1981; ii)
Sucre mediante Decreto 007 de fecha 06 de nombrada como docente interina mediante la
enero de 1988, quien se posesionó el día 20 Resolución 260 del 31 de mayo de 1985; iii) en
de enero de 1988, con efectos fiscales a propiedad por orden del Decreto 07 del 06 de enero
partir del 06 de enero de 1988. de 1988, desde el 20 de enero de 1988 hasta el 30 de
julio de 1991; iv) temporalmente a través del Decreto
Que cumplió con los requisitos de tiempo de 056 del 19 de marzo de 1992 desde el 19 de marzo de
servicio y de edad que exigen las leyes 1992 hasta el 19 de mayo de 1992; v) en propiedad
114/1913; 116/1928 у 37/33, para el mediante Decreto 022 del 26 de marzo de 1993, desde
reconocimiento y pago de su pensión gracia el 26 de marzo de 1993 hasta el 30 de agosto de 1994.
por parte de CAJANAL EICE, por haber
cumplido su status de pensionado el día - Al magisterio del departamento de Sucre,
15/09/2005, para lo cual elevo petición el día incorporada mediante Decreto 00196 del 06 de
16/06/210 con el fin que se le reconozca su diciembre de 1994, desde el 07 de diciembre de 1994
pensión de jubilación gracia, petición que le hasta por lo menos la fecha de presentación de la
fue resuelta desfavorablemente mediante demanda
resolución No. PAP- 026164 DE FECHA
07/01/2011 y contra dicha resolución no se Por tanto, el 03 de septiembre de 2015 radicó solicitud
interpuso recurso alguno, quedando de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la
ejecutoriada dicho acto administrativo y por Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
ende agotada la vía gubernativa Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP –, la cual fue resuelta de manera negativa con
los actos hoy demandados.
.
DECISIÓN JUDICIAL
En sentencia del 31 de enero de 2013, el
Juzgado Cuarto Administrativo de descongestión
de Sincelejo negó las pretensiones de la
demanda.
Así, en síntesis consideró que como la vinculación
del orden municipal inició solo el 20 de enero de
1988, no acreditaba una vinculación antes del 31
de diciembre de 1980, y por tanto negó las
pretensiones.
Apelada dicha sentencia, el Tribunal
Administrativo de Sucre con fallo de 24 de junio
de 2013, confirmando la negativa, y sin que
hubiera hecho valoración de vinculación anterior
al año 1988 y sin que realizara ningún estudio
respecto a tiempos posteriores.
51. En ese de ideas, valoradas ambas demandas, se observa que en la primera
la parte actora solo invocó la vinculación en el año 1988, siéndole negadas las
pretensiones en el proceso inicial, oportunidad en la que no hubo pronunciamiento
frente a tiempos de servicios anteriores, y tampoco se realizó un estudio sobre la
naturaleza del vínculo de 1988, como tampoco se revisaron tiempos posteriores a
este.
52. Ahora, en esta nueva demanda, la cual es objeto de estudio, se invocan
tiempos nuevos de servicios respecto a los que se insiste, no existe un estudio por
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parte de ninguna autoridad judicial. Cabe destacar que, si bien mediante acción de
tutela la actora solicitó la protección de sus derechos, alegando que en el proceso
tramitado en el juzgado administrativo de Sucre y el Tribunal Administrativo de
Sucre, no le valoraron la vinculación del año 1980, lo cierto es que la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, con fallo de 15 de mayo de 2014 (expediente 11001-03-15-
000-2014-00595-00) negó la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
inmediatez, prueba que fue allegada al plenario en cumplimiento del decreto de
pruebas de oficio en esta instancia.
53. Por tanto, al no existir identidad de causa, no puede hablarse de cosa
juzgada. Lo que se plantea ahora es una nueva situación jurídica basada en
hechos distintos, lo cual habilita plenamente su análisis por parte de la
administración o de la jurisdicción, sin que ello constituya una vulneración al
principio de seguridad jurídica.
• Edad
54. Revisado el expediente, se encuentra acreditado que la señora María Teresa
Jarava de la Ossa nació 15 de septiembre de 1955, razón por la cual, el 15 de
septiembre de 2005 cumplió 50 años de edad14, aspecto que en todo caso no fue
cuestionado con el recurso.
• Buena conducta
55. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.
• Vinculación y tiempo de servicios
56. Previo a la verificación de este requisito, y en vista de las inconformidades
planteadas con el recurso de apelación, resulta necesario indicar que, teniendo en
cuenta lo señalado en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 proferida por esta Sección del Consejo de Estado, la interpretación
que debe darse al artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, es que los docentes pueden
acceder a la misma antes y después del 29 de diciembre de 1989, en la medida que
cumplan con el requisito de demostrar una vinculación territorial o nacionalizada
antes del 31 de diciembre de 1980, y claro está, acrediten los demás requisitos de
ley, esto último, incluso con posterioridad a dicha data.
57. En ese orden, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la parte
recurrente, relacionado con que debía la docente acreditar la totalidad de los
requisitos para la pensión gracia, antes de la vigencia de la Ley 91 de 1989.
58. Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales de la actora
como docente oficial:
14 Copia de la cedula que reposa en el archivo 70001233300020170034400/02AnexosDemanda.pdf del
expediente digital
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• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 08 de enero de 1980
hasta el 31 de diciembre de 1981 (1 año, 11 meses y 23 días)
59. Revisado el expediente, se observa que a través de la Resolución 005 de 08
de enero de 1980, el contralor del municipio de San Marcos en uso de sus facultades
legales y en especial las que le concede la ley, nombró a la señora María Teresa
Jarava de la Ossa para desempeñar el cargo de maestra en la escuela Mariano
Álvarez, del cual tomó el mismo día ante el alcalde municipal de San Marcos15.
60. Por su parte, el profesional universitario de la Secretaría de Gestión
Administrativa de la alcaldía municipal de San Marcos (Sucre) en certificado de
fecha 19 de diciembre de 2018, indicó que la señora Jarava de la Ossa fue
nombrada a través de la Resolución 005 de 08 de enero de 1980, en el cargo de
maestra municipal, en donde laboró desde el 08 de enero de 1980 hasta el 31 de
diciembre de 1981. Véase:
61. Teniendo en cuenta el material probatorio referenciado, estima la Sala que el
tiempo de labor oficial de la demandante como educadora en la escuela Mariano
Álvarez durante el periodo comprendido desde el 08 de enero de 1980 hasta el 31
de diciembre de 1981 (1 año, 11 meses y 23 días), efectivamente puede ser tenido
en cuenta para colmar la exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder
a la prestación solicitada, pues, la naturaleza de esa designación fue del orden
15 De conformidad con el acta de posesión que reposa en la página 11 del archivo
02AnexosDemanda.pdf del expediente digital
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territorial. Ello por cuanto, si bien el nombramiento se efectuó el 08 de enero de
1980, esto es, con posterioridad a la expedición de la Ley 43 de 1975, que ocurrió
el 11 de diciembre de dicha anualidad y por medio de la cual se adelantó la
nacionalización de la educación, no se advierte, a partir del acto de nombramiento
ni el de posesión, la intervención o delegación de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional para efectuar el nombramiento antes señalado, en los términos
del procedimiento de la referida norma (Ley 43 de 1975), y tampoco se hizo
referencia a que la plaza ocupada por la hoy demandante hubiese sido parte de
aquellas que fueron modificadas en el proceso de nacionalización; observándose
que educadora tomó posesión del cargo ante el alcalde del municipio de San
Marcos, y sin que se haga mención a la participación del FER.
• Desde el 03 de junio de 1985 hasta el 29 de julio de 1985 (1 mes y 25
días)
62. Con relación a este periodo, reposa acta de posesión de fecha 03 de junio de
1985, que da cuenta que la actora tomó posesión en el cargo de maestra de la
Escuela Rural San Felipe del municipio de San Marcos, para el cual fue nombrada
en interinidad por 56 días mediante Resolución 260 de 31 de mayo de 1985 de la
Secretaría de Educación de Sucre, acto este último que no obra en el plenario.
63. Respecto de la vinculación de la demandante como docente en interinidad,
es menester aclarar que la Ley 114 de 1913, creó la pensión gracia de jubilación
como una recompensa a favor de quienes ejercen la actividad docente en el nivel
territorial o nacionalizado durante 20 años de servicio, entre otros requisitos; razón
por la cual, y conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia de esta Corporación, no
existe justificación alguna para excluir los tiempos servidos como docentes en
interinidad y/o temporalidad, pues, como se ha dejado sentado, ello no corresponde
a una de las exigencias de la ley en cita, como tampoco de la jurisprudencia sobre
la materia, por lo que, para efectos del reconocimiento pensional, no tiene relevancia
si la modalidad de vinculación fue temporal o no, en la medida, se insiste, que sea
con carácter territorial o nacionalizado.
64. Por ello, los docentes que acrediten su vinculación, ya sea de tipo
nacionalizado o territorial, sin distinción de la modalidad (interino, temporal,
propiedad, entre otros), tienen derecho a que dichos periodos le sean computados
para la satisfacción del tiempo de servicio prestado, pues, ello no afecta ni varía la
naturaleza de la relación, ni mucho menos el desempeño del docente.
65. De manera que, el nombramiento efectuado a la actora, en interinidad por 56
días, fue como docente territorial, pues como se observa, no hubo intervención
alguna de la Nación, sino que, por el contrario, la vinculación la efectuó la entidad
territorial, aprobándose un rubro en el presupuesto de la misma, por lo tanto, este
periodo transcurrido desde 03 de junio de 1985 hasta el 29 de julio de 1985 (1
mes y 25 días), resulta válido para pensión gracia.
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• Desde el 20 de enero de 1988 hasta el 30 de julio de 1991. Desde el 1° de
agosto de 1991 hasta el 30 de septiembre de 1991. Desde el 1° de octubre
de 1991 hasta el 18 de mayo de 1992.
66. Revisado el expediente, se advierte que reposa acta de posesión de fecha
20 de enero de 1988, que da cuenta que la actora tomó posesión del cargo de
maestra nivel 1 en la escuela Mariano Álvarez del municipio de San Marcos - Sucre,
siendo designada en propiedad mediante Decreto 007 de 6 de enero del mismo año,
acto este último que no obra en el plenario.
67. Por su parte, la Secretaría de Educación departamental de Sucre en
certificado de fecha 05 de febrero de 201916, indicó que la señora Jarava de la Ossa
fue nombrada en propiedad a través del acto ya mencionado y con efectos fiscales
al 20 de enero de 1988, en la escuela urbana Mariano Álvarez del municipio de San
Marcos - Sucre, en donde laboró desde el 20 de enero de 1988 hasta el 30 de
julio de 1991 con una vinculación de naturaleza municipal.
68. Por otro lado, observa la Sala que la señora Jarava de la Ossa fue nombrada
docente con Decreto 105 del 1° de agosto 1991 expedido por el alcalde de San
Marcos, Sucre, en una vacante temporal bajo la figura del encargo, por el término
de 60 días, de acuerdo con el acta de posesión suscrita el 1° de agosto de 1991.
69. Ahora, si bien no obra en el plenario el decreto por medio del cual se nombró
en encargo a la docente, lo cierto es que tal afirmación se acompasa con el Decreto
056 de 19 de marzo de 1992 que la nombró nuevamente por 60 días, haciendo
previamente en la parte considerativa la siguiente precisión:
«[…]Que por Decreto No. 105 del 1o. de agosto de 1991 se produjo la Vacante
Temporal del cargo docente que ocupa INES ESTELA BALMACEDA SALCEDO, en la
Escuela Rural “El Llano” que funciona en este municipio.
Que según certificación del Delegado Permanente del Ministerio de Educación
Nacional ante el FER de Sucre, existe Disponibilidad Presupuestal y Vacancia
Temporal del cargo docente que ocupa en el Plantel que funciona en este municipio.
Que el docente GRISALDO FLOREZ ZORREA, renunció a continuar reemplazando a
la docente INES ESTELA BALMACEDA SALCEDO.
Que hasta la fecha la Junta Seccional de Escalafón no se ha pronunciado.
Que ante esta circunstancia, por Decreto No. 105 de agosto 1o. De 1991 se nombró
por 60 días a la docente MARIA TERESA JARAVA DE LA OSSA en el cargo docente
Vacante Temporalmente en la Escuela Rural “El Llano” mientras dure la suspensión
decretada a la docente INES ESTELA BALMACEDA SALCEDO titular del cargo.
Que hasta la fecha la Junta Seccional de Escalafón no se ha pronunciado y la
docente MARIA TERESA JARAVA DE LA OSSA sigue al frente del cargo docente
16 Página 6 del archivo 33AnexosAudienciaPruebas.pdf del expediente digital
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cumpliendo con su labor de Maestra Seccional en la Escuela Rural El Llano».
(Negrilla de la Sala.)
70. Lo que quiere decir que, la actora al 19 de marzo de 1992 aún se encontraba
cubriendo la vacante temporal para la que fue nombrada el 1° de agosto de 1991;
por lo tanto, se computará para efectos de la prestación reclamada este periodo
desde el 20 de enero de 1988 hasta el 18 de mayo de 1992, por cuanto la
vinculación fue continua y dicha modalidad de nombramiento no muta el vínculo que
traía la docente, toda vez que, la figura del encargo docente es una figura
administrativa que permite asignar temporalmente a un docente funciones distintas
a las del cargo que ocupa en propiedad, sin que implique pérdida de derechos o
desvinculación del cargo de origen.
71. Teniendo en cuenta el material probatorio referenciado, estima la Sala que el
tiempo de labor oficial de la demandante durante el periodo comprendido desde el
20 de enero de 1988 hasta el 18 de mayo de 1992, efectivamente puede ser tenido
en cuenta para colmar la exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder
a la prestación solicitada, pues, la naturaleza de esas designaciones fue del orden
territorial y nacionalizado.
72. Ello por cuanto, el nombramiento que va desde el desde el 20 de enero de
1988 hasta el 19 de marzo de 1992, si bien se efectuó con posterioridad a la
expedición de la Ley 43 de 1975, que ocurrió el 11 de diciembre de dicha anualidad
y por medio de la cual se adelantó la nacionalización de la educación, no se advierte,
a partir de tales actos de posesión, la intervención o delegación de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional en el citado nombramiento en los términos del
procedimiento de la referida norma, y tampoco se hizo referencia a que la plaza
ocupada por la hoy demandante hubiese sido parte de aquellas que fueron
modificadas en el proceso de nacionalización; a lo que se suma que inicialmente
tomó posesión del cargo ante el alcalde municipal de San Marcos, y luego ante el
contralor municipal, y sin que se haga mención a la participación del FER.
73. Ahora bien, en cuanto al nombramiento llevado a cabo por orden del Decreto
056 de 19 de marzo de 1992 debe concluirse entonces que fue nombrada como
docente nacionalizada, pues se evidencia que para la promulgación del acto
administrativo de nombramiento, resultó procedente garantizar la disponibilidad de
los recursos para sufragar los salarios del educador con cargo al entonces situado
fiscal, a través del delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante
el F.E.R. Sucre, pese a que se señaló que surte efecto fiscal a partir del 1° de
octubre de 1991; circunstancia que en todo caso no conlleva a concluir que su
vinculación fue en calidad de docente nacional, máxime cuando en el decreto de
nombramiento no se refirió la participación de la Nación ni que se actuara por
delegación de esta.
74. Lo anterior encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91
de 1989, que refiere que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por
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nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a
partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».
75. Por lo tanto, estima la Sala que existe certeza respecto al tiempo de servicio
prestado por la señora María Teresa Jarava de la Ossa, por un total de 4 años, 3
meses y 28 días, teniendo como límite temporal el señalado en el certificado de
tiempo de servicio expedido por la secretaria de educación del departamento de
Sucre17, esto es, desde el 20 de enero de 1988 hasta el 18 de mayo de 1992 el
cual resulta computable a fin de obtener la pensión gracia, pues se trató de un
vínculo como docente territorial y luego como nacionalizada.
• Desde el 26 de marzo de 1993 hasta el 03 de septiembre de 2015 (22
años, 5 meses y 8 días)
Por medio del Decreto 022 de 26 de marzo de 1993 el alcalde del municipio de San
Marcos - Sucre, nombró a la señora María Teresa Jarava de la Ossa como Maestra
II de la escuela de Campo Nuevo, tomando posesión del cargo el mismo día18, así:
Ahora, obra certificado de tiempo de servicios en el que se indicó que el
nombramiento de la docente tuvo algunas novedades así: i) designada en la escuela
urbana Campo Nuevo desde el 26 de marzo de 1993 hasta 30 de agosto de 1994;
ii) su nombramiento fue objeto de incorporación en la misma escuela mediante
Decreto 00196 de 06 de diciembre de 1994 suscrito por el alcalde del municipio de
San Marcos – Sucre, con efectos fiscales a partir del 1° de septiembre de 1994; y
iii) luego fue trasladada a la institución educativa María Inmaculada, del mismo
municipio hasta por lo menos a la fecha de la reclamación administrativa, esto es,
el 03 de septiembre de 2015, de forma continua.
Pues bien, para la Sala resulta claro que la docente tuvo un vínculo durante este
periodo, de carácter territorial, dado que, por un lado, el acto fue suscrito por el
alcalde de San Marcos, de manera autónoma, sin intervención alguna del Ministerio
de Educación o delegado de esta cartera y tampoco se indicó en el acto de
17
Certificado de tiempo de servicios de fecha 05 de febrero de 2019 visible en la página 6 del archivo
33AnexosAudienciaPruebas.pdf del expediente digital
18
Pagina 23 del archivo 02AnexosDemanda.pdf del expediente digital
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designación que actuara por instrucciones de dicho ministerio; y por otro lado, por
cuanto pese a que se profirió en vigencia de la Ley 43 de 1975, mediante la cual se
nacionalizó la educación en Colombia, lo cierto es que no se invoca dicha normativa,
y menos aún se desprende del material probatorio aportado, que la plaza ocupada
por la señora Jarava de la Ossa haya sido de aquéllas nacionalizadas, como
tampoco se avizora que los recursos sean de aquéllos que a la luz del artículo 6 de
la ley 43 de 1975, para atender el proceso en cita fueran administrados por los
Fondos Educativos Regionales, con sujeción a los planes establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional.
De manera que se insiste, prestó sus servicios como docente territorial, lo cual se
acompasa con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que dispone:
«Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975»,
En esa línea de consideraciones, esta Corporación tendrá en cuenta, para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia a la actora, el tiempo servido como docente
territorial desde el 26 de marzo de 1993 hasta el 03 de septiembre de 201519 (22
años, 5 meses y 8 días) .
76. En ese orden de ideas, contrario a lo expuesto por la entidad recurrente, el
actor no prestó servicio docente nacional, toda vez que como quedó expuesto, a
partir de los actos de nombramiento y posesión se logra establecer que se trató de
un servicio territorial.
77. Así las cosas, logra acreditar un total de 28 años, 10 meses y 24 días de
servicio como docente territorial y nacionalizada, por lo que hay lugar al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, como se describe a continuación:
Extremos temporales Tiempo servido Tipo de nombramiento
Desde el 08 de enero de 1 año, 11 meses y 23 días Territorial
1980 hasta el 31 de
diciembre de 1981
Desde el 03 de junio de 1 mes y 26 días Territorial
1985 hasta el 29 de julio
de 1985
Desde el 20 de enero de 4 años, 3 meses y 28 días Territorial/Nacionalizado
1988 hasta el 18 de mayo
de 1992
Desde el 26 de marzo de 22 años, 5 meses y 8 días Territorial
1993 hasta el 03 de
septiembre de 2015
19 Fecha de la reclamación administrativa
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Radicado: 70001 23 33 000 2017 00344 01 (5650-2022)
Demandante: María Teresa Jarava de la Ossa
Total, tiempo servido: 28 años, 10 meses y 25
días
78. En esa línea de consideraciones, el actor alcanzó los 20 años de servicios el
8 de octubre de 2006, y los 50 años de edad los cumplió el 15 de septiembre de
2005, por lo que en la primera fecha adquirió el estatus pensional, más no el 15 de
septiembre de 2008 como lo dispuso el tribunal. En ese orden, correspondería
modificar el numeral tercero de la sentencia, sin embargo, ello no es posible dado
que se agravaría la situación de la entidad que funge como apelante único.
79. En punto a la prescripción, es necesario resaltar que, contrario a lo estimado
por el a quo, el derecho se hizo exigible a partir del 8 de octubre de 2006, por tanto,
la actora tenía hasta el 8 de octubre de 2009 para presentar la reclamación
administrativa, lo cual hizo el 23 de junio de 2010, es decir interrumpiendo la
prescripción; luego presentó una segunda reclamación el 3 de septiembre de
201520, la cual dio origen a los actos cuya nulidad se revisa en este asunto, y la
demanda la radicó el 12 de septiembre de 2017, es decir, dentro del término de 3
años contados a partir de la segunda reclamación, por lo que se encuentran
prescritas la mesadas causadas con anterioridad al 3 de septiembre de 2012, más
no al 15 de septiembre como lo dispuso el a quo, sin embargo no es posible
modificar dicho aspecto en garantía del principio de la no reformatio in peius.
2.6. De la condena en costas de primera instancia
80. En atención a que la parte demandada eleva su inconformidad frente a la
condena en costas que le fue impuesta en primera instancia, pasa a resolverse al
respecto.
81. Se rememora que en el recurso se aduce que en el caso objeto de litigio
existió por parte de la entidad demandada buena fe y que las razones que han
motivado la oposición tienen que ver precisamente con las discrepancias que se
han presentado en la documentación aportada para obtener la prestación
reclamada.
82. Pues bien, es importante señalar que esta Sección había sostenido la tesis
de que el concepto de las costas del proceso comprendía todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y los denominados
gastos o expensas del proceso, llamados en el CPACA gastos ordinarios del
proceso y otros, como son los indispensables para traslado de testigos y la práctica
de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y
secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, etc.
83. Tras la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente sostuvo que el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera
20 Conforme da cuenta la petición y el acto que resolvió la misma
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«automática» u «objetiva», para quien resultara vencido en el litigio. Ello, en
consideración a que debían observarse una serie de factores tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y
costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en
el que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no.
84. Sin embargo, esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016, varió
aquella posición y acogió el criterio objetivo-valorativo al concluir que no era
necesario evaluar la conducta de las partes –temeridad o mala fe–, sino los
aspectos previstos en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena
aplicación a su artículo 365.
85. Posteriormente, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, fue modificado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de precisar que «En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
86. Lo anterior, permite hacer extensiva dicha interpretación para efectos de
analizar si en el asunto de la referencia puede considerarse que se presentó la
demanda con carencia manifiesta de fundamento legal, teniendo en cuenta que la
sentencia se dictó el 04 de noviembre de 2021, esto es, en vigencia de la Ley 2080
de 2021.
87. Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso el a quo no
tuvo en cuenta la última disposición en cita, y por el contrario únicamente se limitó
a citar el artículo 188 del CPACA, y los artículos 365 y 366 del CGP, concluyendo
que, dado que la parte actora resultó vencida, debía ser condena en costas y en
agencias en derecho.
88. De manera que, realizada la valoración en atención a lo dispuesto en el citado
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, no se advierte la carencia de fundamento legal
por parte de la entidad al momento de contestar la demanda, por lo que no hay lugar
a condenar en costas en primera instancia, y por tanto resulta procedente revocar
el numeral segundo de la sentencia.
2.6. Conclusión
89. La señora María Teresa Jarava de la Ossa cumplió con el requisito mínimo
de haber servido en el magisterio por un término de 20 años, con una vinculación
como docente del orden nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
así como las demás exigencias para ser acreedor de la pensión gracia, por tanto,
esta Sala confirmará la decisión dictada en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que accedió a las pretensiones, de acuerdo con las
razones expuestas en esta providencia. No obstante, como se mencionó se
revocará la condena en costas.
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2.7. Condena en costas en segunda instancia
90. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto a la existencia de carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa
interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los argumentos presentados
por la entidad con el recurso, no puede observarse dicha situación, contrario a ello,
se estima que se sustentaron las razones en defensa jurídica de sus intereses y,
por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí resuelto tiene que ver
directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en las
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
91. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia del
04 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
conforme la motivación de esta providencia, que condenó en costas a la parte
demandada.
En su lugar, se ordena abstenerse de condenar en costas de primera instancia a la
parte demandante de acuerdo con lo explicado previamente.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por lo ya expuesto.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia, de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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