Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00114-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00114-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2019-00114-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577–2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Interinidad. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Modificar parcialmente la sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 12 de marzo de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
La señora Julia Inés Fernández González por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones No. RDP 024232 de 08 de junio
de 2017, RDP 028285 de 13 de julio de 2017 y RDP 030880 de 31 de julio de
2017, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP –, negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, y resolvió recursos de reposición y
apelación.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a adquirir el estatus pensional; el pago de intereses
moratorios de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, la indexación
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001.1Demanda.pdf
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
de las sumas reconocidas, el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 193, 194 y 195 del CPACA, y se condene en costas a la entidad
demandada.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
La señora Julia Inés Fernández González nació el 05 de octubre de 1960, por tanto,
el 05 de octubre de 2010, cumplió 50 años de edad. Indicó que fue nombrada por
el departamento del Quindío a través del Decreto 0508 de 04 de septiembre de
1978, como maestra seccional urbana de Armenia; y posteriormente fue vinculada
como docente mediante el Decreto 0029 de 19 de enero de 1996 suscrito por el
gobernador del Quindío, en la escuela Carlos Lleras del municipio de Salento hasta
el 31 de octubre de 2018.
Relató que una vez cumplido el estatus pensional el 17 de marzo de 2017, elevó
petición ante la UGPP, la cual fue resuelta de manera negativa con la Resolución
No. RDP 024232 de 08 de junio de 2017, e inconforme con la respuesta interpuso
recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales confirmaron la
negativa a través de las RDP 028285 de 13 de julio de 2017 y RDP 030880 de 31
de julio de 2017.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Indicó que la entidad demandada infringió el preámbulo, los artículos 13, 25, 53 y
150 de la Constitución Política, así como las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975, 9 de 1989, 4 de 1992; y el Decreto 2277 de 1979.
Afirmó que se cumplieron todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el derecho prestacional
de la docente, en clara omisión de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el
asunto.
1.4. Contestación de la demanda2
Presentada la demanda el 11 de marzo de 2019 y admitida el 9 de mayo de 2019,
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, una vez notificada, presentó escrito
con el que se opuso a las pretensiones de la demanda; señaló que la demandante
2 Folios 110 al 119 del expediente físico
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Julia Inés Fernández González
no acreditó los requisitos exigidos por la ley para ser beneficiaria de la pensión
gracia, en especial los 20 años de prestación de servicio como docente
departamental, distrital, municipal o nacionalizada.
Destacó que la docente acreditó tiempos de servicio de carácter nacional, pagados
con recursos del situado fiscal, periodos que no pueden ser tenidos en cuenta para
el cómputo de la pensión gracia.
Finalmente, propuso como excepciones i) inexistencia de la obligación; ii) cobro de
lo no debido; y iii) prescripción.
1.5. Sentencia de primera instancia3
El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 12 de marzo de 2020,
accedió a las pretensiones de la demanda. Así, aseguró que la accionante cumple
con los requisitos para obtener la prestación reclamada, entre estos, el tiempo de
servicios como docente territorial y/o nacionalizado.
En consecuencia, condenó a la UGPP a reconocer a aquélla la pensión gracia a
partir del 1 de febrero de 2016, tomando como base para su cómputo el promedio
de lo devengado durante el año anterior a la fecha de adquisición del estatus
pensional.
A su vez indicó, que la solicitud de reconocimiento pensional se presentó el 17 de
marzo de 2017, y la demanda fue radicada el 11 de marzo de 2019, razón por la
cual no hay lugar a declarar la prescripción de las mesadas. Se abstuvo de condenar
en costas.
1.6. Recurso de apelación4
A manera de síntesis se tiene que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
mediante apoderado judicial, solicita revocar la sentencia de primera instancia,
alegando que la docente no cumple con los requisitos contemplados en la Ley 114
de 1913, concretamente, los 20 años de servicios como docente departamental,
3 ED_002CUADERNOPRINCIPAL2.ZIP 002.22Fallo(Sentencia)1ªInstanciaTAQ.pdf
4 7ED_009RRECURSOAPELACIONUNIDADADMINISTRATIVAGESTIONPENSIONALUGPP.PDF
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Demandante: Julia Inés Fernández González
distrital, municipal o nacionalizado, pues, insiste que la actora prestó servicios como
docente nacional; destacando que, no hay lugar a inferir una vinculación de carácter
nacionalizado por la simple firma del delegado del Ministerio de Educación ante el
Fondo Educativo Regional “FER”.
Para culminar, afirma que los requisitos para obtener el reconocimiento de la
pensión gracia, debían ser acreditados por la interesada antes de la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989, lo cual no ocurrió en el presente caso.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Mediante auto de 23 de julio de 20215, se admitió el recurso de apelación, y luego
con proveído de 15 de septiembre de 20236, se dispuso correr traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión.
Así, el apoderado de la UGPP descorrió el término para alegar y solicitó revocar la
sentencia de primera instancia, en tanto aduce que el sustento de lo pedido carece
de fundamentos fácticos y jurídicos al no cumplir con los requisitos legales para
acceder a lo reclamado.
Por su parte, el apoderado de la señora Julia Inés Fernández González allegó
memorial solicitando confirmar la sentencia de primera instancia.
El agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación guardó silencio.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
5 Índice 04 SAMAI
6 Índice 24 SAMAI
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Julia Inés Fernández González
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso8, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis
se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2 Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Julia Inés
Fernández González, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a los 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita
las exigencias para dicho reconocimiento.
2.3 Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.4.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
7
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera
de texto).
El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas
que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la
Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar
ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»9
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201810
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a
las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban
a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados
para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las
entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de
la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
8
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».11
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4.2. Del servicio docente en interinidad
Esta Subsección12 ha señalado que la interinidad, corresponde a otros tipos de
vinculación al servicio público, no obstante, no existe una definición expresa de la
misma, debiendo entonces entenderse como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en carrera,
designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de tal actividad,
11
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
12
Sección Segunda - Subsección A- C.P. Rafael Suárez Vargas – providencia de 6 de marzo de 2024 – expediente 25000 23
42 000 2017 01366 01 (1803-2019)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
en razón a la necesidad y urgencia de garantizar la prestación del servicio de
educación.
En ese orden, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se ha señalado
que es procedente tener en cuenta el tiempo docente servido en interinidad o
temporal, en la medida que el nombramiento haya sido del orden territorial o
nacionalizado; ello, en tanto las exigencias para obtener dicha prestación se
reducen a la existencia de una vinculación al servicio docente con antelación al 30
de diciembre de 1980, buena conducta, 50 años de edad y la acreditación de 20
años de servicios, sin que tenga incidencia la modalidad de la vinculación, es decir,
sin que sea necesario tener en cuenta la forma en la que fue provisto el empleo de
docente, si lo fue en carrera, en provisionalidad o en forma transitoria o interina. Al
respecto, esta Corporación ha sostenido lo siguiente:
«[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe
reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación
gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes
ejercieran la actividad docente en el nivel territorial, razón por la cual, y
conforme lo disponen las normas en cita y la jurisprudencia de esta
Corporación, la única exigencia válida para efectos de reconocer la prestación
pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial
sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a
cualquiera de las previstas en la ley13.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta
Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas
en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia
de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
13
Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01275-01 (0951-
2014). Sentencia de 30 de julio de 2015.
10
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor Arcos Gómez» 14.
(Resalta la Sala).15
En conclusión, quienes desempeñen la labor docente en calidad de educadores
territoriales o nacionalizados, aunque hubieran laborado en calidad de interinos
tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia siempre que cumplan
con la edad de 50 años, el tiempo de servicios de 20 años y acrediten buena
conducta.16
2.4 Actuación administrativa
La señora Julia Inés Fernández González el 17 de marzo de 2017, radicó solicitud
de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, siendo denegado ello a través de la Resolución RDP 024232 del 08 de
junio de 201717, al considerar la entidad que el periodo laborado a partir de 1996
fue como docente del orden nacional.
Inconforme con la respuesta, aquélla interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, los cuales fueron desatados de forma negativa mediante las
Resoluciones RDP 028285 del 13 de julio de 2017 y RDP 030880 del 31 de julio
de 2017.
2.5 Caso concreto
Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema jurídico
planteado, en orden a verificar si la actora cumple con las exigencias contenidas en
la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo
de Estado para el reconocimiento de la acreencia pensional en discusión.
14
Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 52001-23-33-000-2013-00058-01 (2636-2014). Sentencia de 14 de
noviembre de 2015.
15
Relacionado en sentencia del 27 de junio de 2018, radicado 68001-23-33-000-2014-00812-01 (3597-2015).
16 Véase, entre otras, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000 23 42 000 2017 02988 01 (0691–2021).
Sentencia de 3 de agosto de 2023.
17
Pg 22 001.3AnexosDemanda.pdf
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
• Edad
Revisado el expediente digital, la Sala encuentra acreditado que la señora Julia Inés
Fernández González nació el 05 de octubre de 196018, razón por la cual, el 5 de
octubre de 2010 cumplió 50 años de edad.
• Buena conducta
En el expediente administrativo aportado por la entidad demandada en el presente
asunto, se observa declaración sobre la buena conducta en desarrollo de la labor
docente de la parte actora, prueba que no fue tachada; siendo pertinente destacar
que el tribunal en la sentencia apelada estimó probado dicho requisito, aspecto de
la decisión que no fue cuestionado.
• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios
Previo a la verificación de este requisito, y en vista de las inconformidades
planteadas con el recurso de apelación, resulta necesario indicar que, conforme se
expuso en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de
2022 proferida por esta Sección del Consejo de Estado, la interpretación que debe
darse al artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, es que los docentes pueden acceder a dicha
prestación antes y después del 29 de diciembre de 1989, en la medida que cumplan
con el requisito de demostrar una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31
de diciembre de 1980, y claro está, acrediten los demás requisitos de ley, esto
últimos, incluso con posterioridad a dicha data.
En ese orden, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la parte recurrente,
relacionado con que debía la docente acreditar la totalidad de los requisitos para la
pensión gracia, antes de la Ley 91 de 1989.
Así entonces, pasa a verificarse el requisito de tiempos de servicios, de conformidad
con el material probatorio recaudado:
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Copia del registro civil de nacimiento visible pg 1 001.3AnexosDemanda.pdf
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
• Desde el 26 de agosto de 1978 hasta el 21 de octubre de 1978 (1 mes y
26 días)
El gobernador del departamento del Quindío en uso de sus atribuciones legales,
expidió el Decreto 508 del 04 de septiembre de 1978, mediante el cual nombró a la
señora Julia Inés Fernández González por el termino de 56 días a partir del 26 de
agosto de 1978, a fin de cubrir una licencia de otra docente.
Para la Sala resulta claro que la docente tuvo un vínculo durante este periodo, de
carácter territorial, dado que, por un lado, el acto fue suscrito por el gobernador
del Quindío, de manera autónoma, sin intervención alguna del Ministerio de
Educación o delegado de esta cartera y tampoco se indicó en el acto de designación
que actuara por instrucciones de dicho ministerio; y por otro lado, por cuanto pese
a que se profirió en vigencia de la Ley 43 de 1975, mediante la cual se nacionalizó
la educación en Colombia, lo cierto es que no se invoca dicha normativa, y menos
aún se desprende del material probatorio aportado que la plaza ocupada por la
señora Julia Inés Fernández González haya sido de aquéllas nacionalizadas, como
tampoco se avizora que los recursos fueran de aquéllos para atender el proceso de
nacionalización y que eran administrados por los Fondos Educativos Regionales,
con sujeción a los planes establecidos por el Ministerio de Educación Nacional,
conforme lo dispuso el artículo 6 de la ley en mención.
De manera que, se insiste, prestó sus servicios como docente territorial, lo cual se
acompasa con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que dispone:
«Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975»,
En esa línea de consideraciones, esta Corporación tendrá en cuenta, para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia a la actora, el tiempo servido como docente
territorial desde el 26 de agosto al 21 de octubre de 1978, esto es, 1 mes y 26
días.
• Desde el 14 de febrero de 1996 hasta el 17 de marzo de 2017 (21 años,
1 mes y 3 días)
Por medio del Decreto 00029 de 19 de enero de 1996, la gobernadora del
departamento del Quindío, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
15 de la Ley 60 de 1993 y de conformidad con el artículo 105 de la Ley 115 de 1996
y el Decreto 2277 de 1979, nombró en propiedad a unos docentes de educación
preescolar, en el departamento del Quindío, entre ellos, a la señora Julia Inés
Fernández González. Obsérvese:
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
De acuerdo con la redacción del acto de nombramiento y las autoridades que
intervinieron en su expedición, se concluye que el mismo se efectuó por voluntad
de la autoridad territorial, dejándose constancia que la gobernadora actuaba en uso
de sus facultades; ahora, la Sala estima que la firma del delegado del Ministerio de
Educación Nacional se encaminó a garantizar la disponibilidad de los recursos para
el pago de los salarios de la docente, más ello no implica en modo alguno, que la
demandante tuvo la condición de docente nacional; nótese que en las
consideraciones se indicó que el dicho delegado ante el FER certificó la existencia
de disponibilidad presupuestal para los nombramientos en los distintos municipios.
A lo anterior se suma que, en el acto de designación no se afirmó que se actuara
por instrucciones de dicho ministerio, o que la plaza fuera de aquéllas del orden
nacional.
En ese orden, para la Sala, la vinculación de la docente por este período fue como
nacionalizada, pues, su nombramiento lo efectuó una autoridad territorial, en una
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
fecha posterior al 1° de enero de 1976, es decir, en el marco del proceso de
nacionalización contenido en la Ley 43 de 1975 y contó con el aval de las
autoridades pertinentes.
En efecto, la firma del delegado del Ministerio de Educación Nacional evidencia que
el nombramiento atendió a los mandatos en comento –Ley 43 de 1975- que dispuso
que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito
Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de
maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán
decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa
autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
Es de resaltar que el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».
En ese orden de ideas, este segundo tiempo de servicios objeto de estudio, en un
total de 21 años, 1 mes y 3 días, es válido para acreditar el requisito exigido para
obtener la pensión gracia, pues, se trata de un vínculo como docente
nacionalizado.
Así las cosas, con relación al recurso de apelación presentado por la parte
demandada, al no encontrarse razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la demandante como maestra oficial durante los períodos en mención,
concluye la Sala que cumplió con el requisito de 20 años al servicio estatal como
educadora del orden territorial y nacionalizado.
De este modo, se tiene que los tiempos computables para efectos del
reconocimiento deprecado, son los siguientes:
Carácter de plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada
Territorial 26 de agosto de 21 de octubre de 1 mes y 26 días
1978 1978
Nacionalizada 14 de febrero de 17 de marzo de 21 años, 1 mes y 3
1996 2017 días
Total: 21 años, 2 meses
y 29 días
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
En esa línea de consideraciones, hay lugar a modificar el numeral segundo de la
sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones, señalando que, la
actora adquirió estatus de pensionada en fecha 19 de diciembre de 2015, momento
para el cual ya había cumplido 50 años de edad. Y no el 01 de febrero de 2015
como lo señaló el juez de primera instancia. En consecuencia, para efectos de la
liquidación de la prestación, deberá tenerse en cuenta todos los factores
devengados entre el 19 de diciembre de 2014 y el 18 de diciembre de 2015.
En punto a la prescripción, es necesario resaltar que, el derecho se hizo exigible a
partir del 19 de diciembre de 2015, por tanto, la actora tenía hasta el 19 de diciembre
de 2018 para presentar la reclamación administrativa, lo cual ocurrió el 17 de marzo
de 2017, por lo que no hay lugar a declarar la prescripción de las mesadas
pensionales.
2.6 Conclusión
La señora Julia Inés Fernández González cumplió con el requisito mínimo de haber
servido en el magisterio por un término no menor de 20 años, con una vinculación
como docente del orden territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, así como los demás requisitos para ser acreedora de la pensión
gracia, por tanto, esta Sala confirmará en ese sentido la decisión dictada en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Quindío, de acuerdo con las razones
expuestas en esta providencia. Sin embargo, modificará lo relativo a la fecha del
estatus pensional, el cual se cumplió el 19 de diciembre de 2015, conforme se
explicó.
2.7 Condena en costas en esta instancia
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada, el cual
quedara de la siguiente forma:
«[…] Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho condénese a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, al reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de la señora
Julia Inés Fernández González, a partir del 19 de diciembre de 2015, que
debe liquidarse con base al 75% del valor de los factores salariales
devengados en el año anterior al estatus pensional, esto es, 19 de diciembre
de 2014 al 18 de diciembre de 2015.»
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 12 de marzo de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual se accedió
a las pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 23 33 000 2019 00114 01 (1577-2021)
Demandante: Julia Inés Fernández González
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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