Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00311-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00311-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2019-00311-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00311-01 (1471-2022)
Demandante: Belén Del Socorro Valencia Hoyos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Naturaleza de la vinculación docente. Horas Cátedra. Ley
1437 de 2011
Decisión: Revocar sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 22 de abril de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca – Sala de Decisión 001, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
La señora Belén del Socorro Valencia Hoyos, por intermedio de apoderado
judicial, solicitó declarar la nulidad de la Resolución RDP 009235 del 09 de marzo
de 2015, el auto ADP 007273 del 23 de julio de 2015, y de las Resoluciones RDP
012729 del 22 de abril de 2019 y RDP 019781 del 04 de julio de 2019, por medio
de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, rechazó en primera oportunidad
recurso de apelación presentado, y posteriormente lo resolvió negativamente,
respectivamente.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, liquidada con todos los
factores salariales del año inmediatamente anterior al momento en que adquirió
el estatus, el reajuste de las mesadas pensionales con los correspondientes
ajustes de Ley y el pago de intereses moratorios de que trata el artículo 192 y
1 Folios 90 a 106
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Demandante: Belén del Socorro Valencia Hoyos
195 del CPACA, con la respectiva indexación de acuerdo al IPC. Y finalmente,
que se condene en costas a la UGPP.
1.2 . Hechos que fundamentan la demanda
Se afirma que la señora Belén Valencia Hoyos nació el 8 de diciembre de 1954,
cumpliendo 50 años de edad en el año 2004, y prestó sus servicios como docente
oficial de la siguiente manera:
• En el municipio de Popayán, entre el 5 y el 25 de marzo de 1980 nombrada
en el cargo de seccional, en la Escuela urbana de Varones “José Antonio
Galán” mediante Decreto 1711 del 27 de mayo de 1980.
• En el departamento del Cauca como profesora de horas cátedra, según el
Decreto 985 del 30 de noviembre de 1984.
• En el departamento del Cauca como profesora de horas cátedra, según
Decreto 854 del 23 de octubre de 1985.
• En el departamento del Cauca como profesora en horas adicionales y
cátedra, según decreto 624 del 9 de septiembre de 1986.
• En el departamento del Cauca como profesora en horas adicionales y
cátedra, según Decreto 798 del 9 de septiembre de 1987.
• En el departamento del Cauca como profesora en horas adicionales y
cátedra, según Decreto 901 del 14 de octubre de 1988.
• En el departamento del Cauca como profesora en horas adicionales y
cátedra, según Decreto 1519 del 29 de septiembre de 1989.
• En el departamento del Cauca como profesora en horas adicionales y
cátedra, según Decreto 00874 del 10 de septiembre de 1990.
• En el departamento del Cauca como profesora en horas cátedra, según
Decreto 1422 del 30 de septiembre de 1991.
• En el departamento del Cauca como profesora en horas cátedra, según
Decreto 0271 del 21 de agosto de 1992.
• En el departamento del Cauca como profesora en horas cátedra, según
Decreto 009 del 01 de septiembre de 1993.
• En el departamento del Cauca como docente del colegio San Antonio de
Padua, según Decreto 0752 del 29 de octubre de 1993
Que a partir del último nombramiento estuvo sujeta a traslados y encargos según
los Decretos 0149 del 22 de febrero de 1999, 1057 del 20 de agosto de 2002,
2015700002325 del 6 de marzo de 2015, 2015700007595 del 27 de julio de 2015
y 20161700013574 del 18 de febrero de 2016 en planteles educativos del mismo
departamento.
Se afirma que presentó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia
en dos ocasiones ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP – la cual fue resuelta
de manera negativa con los actos hoy demandados.
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1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación
Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2, 13, 25, 48, 53,
58, 93 y 209 de la Constitución; artículos 1, 17, 21, 23, 24 y 26 de la Ley 16 de
1972; Ley 319 de 1996; Ley 114 de 1913; Ley 116 de 1928; Ley 37 de 1933; Ley
91 de 1989. Expuso que se cumplieron con todos los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó
el derecho prestacional de la docente, en clara omisión de la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre el asunto.
1.3. Contestación de la demanda2
Admitida la demanda el 26 de septiembre de 2019, y notificada la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, a través de apoderado, presentó escrito con el que
se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que la docente no acreditó
los requisitos exigidos por la ley para ser beneficiaria de la pensión gracia, toda
vez que, en el certificado salarial allegado, no consta el tipo de vinculación entre
el 5 al 25 de marzo de 1980 y de 1984 a 1993, además, las contrataciones en
modalidad de horas cátedra no son válidas para tal efecto en virtud del principio
de perpetuidad.
De igual manera, se expuso que respecto a los tiempos de servicios
comprendidos entre 1993 y 2014, el ente territorial certificó que el tipo de
vinculación fue del orden nacional. Concluyendo entonces que, conforme lo
dispuesto en la Ley 114 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, no
es posible computar tiempos como docente del orden territorial y del orden
nacional para el reconocimiento de la pensión gracia.
Finalmente, propuso como excepciones, i) inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido, ii) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados, iii) prescripción, iv) buena fe y v) excepción
innominada.
1.4. Sentencia de primera instancia3
El Tribunal Administrativo del Cauca - Sala de Decisión 001, en sentencia del 22
de abril de 2021, negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, luego de
referirse a la normativa y jurisprudencia en materia de pensión gracia, analizó el
material probatorio recaudado consideró que la actora no logró acreditar una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.
2 Folios 158 a 171
3 Folios 225 al 247
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Ahora bien, en cuanto a la designación como docente territorial o nacionalizado
en modalidad de horas cátedras, en el periodo comprendido entre el 18 de
septiembre de 1984 y el 30 de agosto de 1993, señaló que puede ser computado
como tiempo valido para reclamar la pensión gracia.
No obstante, respecto a la exigencia de la prestación de servicio docente no
menos de 20 años, destacó que la vinculación de la actora fue del orden nacional
desde el 1 de noviembre de 1993 de conformidad con el certificado de historia
laboral emitido por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual no
fue cuestionado por la parte demandante en la oportunidad procesal
correspondiente.
En ese orden de ideas, concluyó que la actora solo acreditó como docente
nacionalizado y/o territorial 9 años, por lo que no reúne los requisitos para
hacerse acreedor a la pensión gracia, y por tanto se negaron las pretensiones.
Finalmente condenó en costas y agencias del derecho a la parte actora, según
lo señalado en la parte resolutiva de dicha providencia.
1.5. Recurso de apelación4
La demandante, por intermedio de apoderado, presentó recurso de apelación
con el que solicitó revocar la decisión de primera instancia, pues considera que,
en atención a la jurisprudencia que sobre el tema se ha proferido, se acreditó el
cumplimiento de todos los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia,
en tanto cumplió con la edad mínima requerida y prestó servicio docente con una
vinculación de naturaleza nacionalizada. De igual manera, señaló que los dineros
con los que fueron cancelados los salarios provenían del situado fiscal, hoy
Sistema General de Participaciones, y de acuerdo con ello la vinculación podría
ser de naturaleza territorial o nacionalizada, más no nacional.
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Mediante auto de 10 de mayo de 2022, se admitió el recurso de apelación5.
En esta instancia, la actora, la entidad demandada y el agente del Ministerio
Público que actúa ante esta Corporación, guardaron silencio.
Posteriormente, se solicitó se avocara conocimiento para unificación de
jurisprudencia, lo cual fue resuelto mediante providencia del 17 de noviembre de
2022, de manera negativa.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
4 Folios 156 a 160 del expediente físico.
5 Folio 266
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observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 3, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el
apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte
demandante presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí
plasmado.
2.2 Problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Belén del
Socorro Valencia Hoyos, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión
gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio
como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las
exigencias para dicho reconocimiento.
2.3 Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
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primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la Ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes
términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de
ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de
1975.» (Negrillas fuera de texto).
El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad
al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para
los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
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nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente,
los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando
cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»6
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20187 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la
Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y
hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,
no obstante, su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a
los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta
Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos
educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba
la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal,
sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su
presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de
la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos
que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo
propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas
por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los
recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —
situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno
y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma
exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos
en calidad de rentas exógenas y endógenas.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26
de agosto de 1997.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-
2014).
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v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en
el acto de su vinculación interviene, además del representante legal
de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es
de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión
gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos
fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de
las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que
ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la
Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después
del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una
vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».8
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-
2017).
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Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos
en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2. Del servicio docente en interinidad
Esta Subsección9 ha señalado que la interinidad, corresponde a otros tipos de
vinculación al servicio público, no obstante, no existe una definición expresa de
la misma, debiendo entonces entenderse como el mecanismo mediante el cual
la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en
carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de
tal actividad, en razón a la necesidad y urgencia de garantizar la prestación del
servicio de educación.
En ese orden, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se ha
señalado que es procedente tener en cuenta el tiempo docente servido en
interinidad o temporal, en la medida que el nombramiento haya sido del orden
territorial o nacionalizado; ello, en tanto las exigencias para obtener dicha
prestación se reducen a la existencia de una vinculación al servicio docente con
antelación al 31 de diciembre de 1980, buena conducta, 50 años de edad y la
acreditación de 20 años de servicios, sin que tenga incidencia la modalidad de la
vinculación, es decir, sin que sea necesario tener en cuenta la forma en la que
fue provisto el empleo de docente, si lo fue en carrera, en provisionalidad o en
forma transitoria o interina. Al respecto, esta Corporación ha sostenido lo
siguiente:
«[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente
interino, debe reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928
concibieron la prestación gracia de jubilación como una dádiva o
recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad docente en el
nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia
válida para efectos de reconocer la prestación pensional en cita es
haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar
la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a
cualquiera de las previstas en la ley12.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos
docentes, esta Corporación ha precisado que dicha figura debe
9 Sección Segunda - Subsección A- C.P. Rafael Suárez Vargas – providencia de 6 de marzo de
2024 – expediente 25000 23 42 000 2017 01366 01 (1803-2019)
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entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración,
ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con
carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida
actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la
efectiva prestación de los servicios educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la
ley, esto es, a través de la toma de posesión de un cargo docente
dando lugar, en consecuencia, a la configuración de una relación legal
y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso
del señor Arcos Gómez»10 (Resalta la Sala).11
En conclusión, quienes desempeñen la labor docente en calidad de educadores
territoriales o nacionalizados, aunque hubieran laborado en calidad de interinos
tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia siempre que
cumplan con la edad de 50 años, el tiempo de servicios de 20 años y acrediten
buena conducta.12
2.3.3. Tiempos de servicio como docente por hora cátedra
Teniendo en cuenta que en el caso de estudio se presenta la labor docente a
través de la modalidad de hora catedra, vale la pena aclarar que no es dable
contabilizarlo con base en el calendario, sino con las fórmulas consignadas
en la normativa pensional.
En tal sentido, el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, aplicable en
materia pensional a los «[…] afiliados de cualquier naturaleza de las entidades
de previsión social […]» públicas o privadas, establece:
«Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de
jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas completas de
trabajo las de cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo
señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el
cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por
cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días
laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de
vacaciones, conforme a la ley.»
Sobre este particular, esta Corporación en sentencia de unificación de 22 de
enero de 201513, en la cual se hace referencia a la sentencia del 8 de agosto de
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 52001-23-33-000-2013-00058-01 (2636-
2014). Sentencia de 14 de noviembre de 2015.
11 Relacionado en sentencia del 27 de junio de 2018, radicado 68001-23-33-000-2014-00812-01
(3597-2015).
12 Véase, entre otras, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000 23 42 000 2017
02988 01 (0691–2021). Sentencia de 3 de agosto de 2023.
13 Expediente: 25000-23-42-000-2012-02017-01, C. P. Alfonso Vargas Rincón. Asimismo, de
esta subsección, consultar fallo de 15 de diciembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2016-
10
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Demandante: Belén del Socorro Valencia Hoyos
2003, respecto a la jornada laboral docente para determinar si las horas cátedra
se deberán contar como tiempo completo o si es necesario realizar el cálculo de
la Ley 33 de 1985, discurrió de la siguiente forma:
«El Decreto 259 de 6 de febrero de 1981, “Por el cual se reglamenta
parcialmente el Decreto Extraordinario 2277 de 1979, en lo relacionado
con la inscripción y ascenso en el Escalafón”, con relación al ascenso
docente indicó que el educador debería – entre otras, certificar el
tiempo de servicio y en el b) indicó que si no fuere docente de tiempo
completo, el certificado especificará el número de horas cátedra, es
decir, que era posible el cómputo del tiempo de servicio como docente
hora cátedra.
Ahora bien, la Ley 33 de 1985 en el artículo 1º, parágrafo 1º, dispuso
lo siguiente:
[…]
La precitada norma estableció que para determinar el tiempo de
servicio que da derecho a la pensión de jubilación:
• Se computará como jornada completa de trabajo docente, aquella
compuesta por cuatro (4) horas diarias.
• Indicó la fórmula que debía aplicarse para computar dicho tiempo.
Con relación al cómputo del tiempo de servicio docente por hora
cátedra, la Corte Constitucional en sentencia C-517 de 1999, dijo lo
siguiente:
“(...) Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación
son imputables al docente quien, sin importar la forma como ha de ser
vinculado, cumple funciones similares en el campo educativo y, en
consecuencia, está obligado a acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las
propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse
sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que
desconozcan el derecho de los docentes ocasionales y hora cátedra,
a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico
para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben
otorgarse en proporción al tiempo laborado. (...)”
Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de 24 de agosto de 200014 indicó que era posible tener en
cuenta el para efectos del reconocimiento de la pensión gracia el
tiempo de servicio prestado como docente hora cátedra y señaló que
para su cálculo se daría aplicación al parágrafo 1º del artículo 1º de la
Ley 33 de 1985.
00149-01 (4526-2021), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, demandante Jorge de Oro Ibáñez,
demandada UGPP.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 24 de agosto de 2000, expediente No.
1053-00, M.P. Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado.
11
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Demandante: Belén del Socorro Valencia Hoyos
Posteriormente en sentencia de 8 de agosto de 2003 15 se ratificó el
anterior criterio, para lo cual se concluyó lo siguiente:
“(...) En lo que tiene que ver con el cómputo de tiempo de servicio que
da lugar a la pensión de jubilación, el parágrafo 1° del artículo 1° de la
Ley 33 de 1985 señala que sólo se computaran como jornadas
completas de trabajo las de cuatro horas diarias. Si las horas de trabajo
señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el
cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por
cuatro, el resultado que así se obtenga se tomará como el de días
laborados y se adicionará con los del descanso remunerado y de
vacaciones conforme a la ley.
En estas condiciones como el personal docente oficial labora de lunes
a viernes y los sábados y los domingos corresponden a días de
descanso remunerados, se deberán adicionar estos días, al igual que
los días de vacaciones escolares de semana santa (1 semana) y de
vacaciones intermedias (4 semanas) de conformidad con el numeral
2° del artículo 3° del Decreto 0174 de 1982 modificado por el artículo
3° del Decreto 1235 de 1982 en armonía con el artículo 58 del Decreto
Reglamentario 1860 de 1994.
Así las cosas, deben entenderse que cuatro horas diarias de labor
académica deberán computarse como una jornada completa de
trabajo, lo que significa que veinte horas semanales suman ochenta
mensuales. ( ... )”
En cuanto a la inclusión de los días de descanso remunerados y las
vacaciones, en jurisprudencia de esta Corporación16 se precisó:
«[…] En relación con las vacaciones para el personal docente, el
Decreto 2277 de 1979, dispone:
“Artículo 67. VACACIONES. Los docentes al servicio oficial
tendrán derecho a las vacaciones que determine el calendario
escolar.”
De conformidad con los artículos 8o del Decreto 174 de 1982, 4
del decreto 1235 de 1982, 1º del decreto 1786 de 1985, 61 del
Decreto 1278 de 200241, y artículo 2.4.3.4.1 del Decreto1075 de
2015; los docentes y directivos docentes estatales disfrutan de
vacaciones colectivas por espacio de siete (7) semanas en el
año, incluida Semana Santa […]».
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 8 de agosto de 2003, expediente No.
0396-03, M.P. Dr. Jesús María Lemos.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de marzo de 2018,
radicado: 76001- 23-33-000-2012-00681-01 (4794-15), reiterado en sentencia del 19 de enero de
2023, radicado: 08001-23-33- 000-2016-00149-01 (4526-2021).
12
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Demandante: Belén del Socorro Valencia Hoyos
En consecuencia, los docentes de hora cátedra que presten sus servicios por
más de 20 horas semanales (4 horas diarias) son considerados docentes de
tiempo completo, y solo aquellos que presten su servicio por un tiempo inferior
deberá aplicarse el cómputo de la norma, sumando las horas realmente
trabajadas divididas entre 4 con el fin de determinar los días trabajados,
incluyendo a su vez los descansos remunerados y vacaciones.
Conforme a lo anterior, los servicios prestados por los docentes vinculados por
hora cátedra externa, para efectos de la pensión gracia, son válidos y deben ser
tenidos en cuenta para el cómputo de los 20 años de ejercicio docente,
requeridos en el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913, dado que éstos ejercen las
mismas funciones que los vinculados en propiedad, y por lo tanto, lo que se
considera relevante, es que el reclamante del derecho haya prestado sus
servicios a la docencia en el nivel territorial o nacionalizado sin importar la
modalidad de la vinculación, siempre que ésta responda a cualquiera de las
previstas en la Ley y no haya obedecido a una vinculación de tipo nacional.
2.4 Actuación administrativa
La señora Belén del Socorro, a través de última petición radicada el 15 de febrero
de 2019 ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue resuelta negativamente
con las Resoluciones RDP 009235 del 09 de marzo de 2015 y RDP 012729 del
22 de abril de 2019.
Inconforme con la negativa, la docente interpuso recurso de apelación, que en
primera oportunidad fue rechazado por extemporáneo y luego, fue resuelto
negativamente a través de Resolución RDP 019781 del 04 de julio de 2019.
2.5 Caso concreto
Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema jurídico
planteado, en orden a verificar si la actora cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del
Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia pensional en
discusión.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
● Edad
Revisado el expediente, la Sala encuentra probado que la señora Belén del
Socorro Valencia Hoyos nació el 8 de diciembre de 1954, razón por la cual, el 8
13
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Demandante: Belén del Socorro Valencia Hoyos
de diciembre de 2004 cumplió 50 años de edad17. Requisito este frente al cual no
existe discusión.
● Buena conducta18
En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.
● Vinculación de la demandante y tiempo de servicios
Sea lo primero señalar, que la controversia en este asunto gira en torno al
cumplimiento de esta exigencia legal. Pues bien, se observan las siguientes
novedades laborales de la actora como docente oficial:
• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 05 al 25 de marzo
de 1980 (20 días)
No obra en el plenario acto administrativo de nombramiento y posesión por el
periodo en cita, no obstante, se milita el Decreto 1711 de 27 de mayo de 1980 19
mediante el cual el Secretario de Educación del departamento del Cauca,
reconoció y autorizó a la señora Belén del Socorro Valencia Hoyos el pago
correspondiente al tiempo laborado entre el 5 y el 25 de marzo de 1980, por
servicios prestados como seccional en la Escuela Urbana de Varones “José
Antonio Galán”, municipio de Popayán, durante el término de la licencia
concedida al titular Carlos Emilio Sotelo por disposición de la Resolución 1104
del 15 de abril de 1980. Obsérvese:
17 Folios 4 y 5 C1
18 Folio 65 C1
19 Folio 6 – cuaderno anexo 1
14
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Si bien en el expediente no reposan el acto de designación para cubrir la licencia
en mención, como tampoco el acta de posesión, la Sala dará mérito al acto
administrativo de reconocimiento y pago de unas sumas por los servicios
prestados; a partir del cual se puede establecer que la demandante ejecutó una
labor docente por tiempo antes descrito, en desarrollo de una licencia concedida
al señor Carlos Emilio Sotelo. Ahora, en punto a la naturaleza de tal vinculo, se
tiene que en la mentada Resolución 1711 de 1980, se dispuso que el pago en
mención se realizaría con cargo al presupuesto de gastos y apropiaciones del
Fondo Educativo Regional, en este caso, del departamento del Cauca, sin que
se advierta intervención alguna del Ministerio de Educación y menos aún se
desprende que corresponda a un cargo perteneciente a la planta de cargos de la
Nación.
Cabe destacar que, esta Corporación ha venido insistiendo que la condición de
docente nacional no se adquiere por el hecho de que en el acto administrativo de
nombramiento intervenga un delegado de esa cartera ministerial y/o porque sus
salarios hayan sido pagados con recursos del situado fiscal, ni mucho menos
15
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porque las autoridades territoriales obraran como presidentes de las Juntas
Administradoras de los FER20.
En ese orden, a partir del acto en mención que reconoció el pago por servicios
prestados, contrario a lo dispuesto por el tribunal de instancia, si se puede inferir
que la señora Valencia Hoyos, laboró como docente nacionalizada, lo cual
guarda coherencia con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, que
establece que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados
a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de
1975». Ello en tanto, por un lado, el nombramiento se efectuó con posterioridad
al proceso de nacionalización de la educación, lo cual tuvo lugar con la expedición
de la Ley 43 de 1975, y, además, como se mencionó, el pago ordenado como
retribución lo fue con cargo al Fondo Educativo Regional, sin intervención directa
o por delegación del Ministerio de Educación Nacional.
De manera que es procedente tener en cuenta para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia deprecada, el tiempo servido desde el 5 de marzo hasta el
25 de marzo de 1980 (20 días); con lo cual se acredita una vinculación como
docente nacionalizado antes de 31 de diciembre de 1980.
• Desde el 18 de septiembre 1984 al 31 de agosto de 1990. Horas
cátedra - tiempo completo (6 años)
De acuerdo con los documentos allegados al expediente, se observa que la
señora Belén del Socorro Valencia Hoyos laboró en el lapso antes mencionado
como docente al servicio del departamento del Cauca bajo la modalidad de hora
cátedra.
Como se explicó previamente en esta providencia, esta modalidad de prestación
de servicio es válida para el cómputo del requisito de tiempo de servicios con
miras a obtener la pensión gracia, en la medida que se trate de una designación
como docente territorial o nacionalizado, como lo exige la normativa que regula
la prestación en comento. Y dado que la parte demandante, como a continuación
se reseñará, prestó servicios con ocasión de las diferentes vinculaciones,
superando las 20 horas semanales, la Sala valorará estos tiempos como docente
de tiempo completo, como se analizó en el acápite de fundamentos normativos y
jurisprudenciales.
De acuerdo con lo anterior, y revisada cada una de las vinculaciones allí
señaladas, se observan las siguientes novedades:
20 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del
23 de marzo de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio
de 2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605– 2019).
16
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I.) Decreto 985 del 30 de noviembre de 198421. Por el cual se hacen
unos nombramientos de horas adicionales y cátedra en el
Colegio Juan XXIII, municipio de Mercaderes, con cargo al
“FER” (1 año)
El gobernador del departamento del Cauca, en calidad de presidente de la junta
administradora “FER”, nombró a la señora Valencia Hoyos en el municipio de
Mercaderes, con una intensidad horaria de 27 horas semanales por el periodo
lectivo 1984-1985; nombramiento que se efectuó con efectos fiscales a partir del
18 de septiembre de 1984, como además se desprende del acta de posesión.
Dicho acto fue suscrito por el citado gobernador, el secretario de educación y con
visto bueno del delegado del FER.
II) Decreto 854 del 23 de octubre de 198522. Por el cual se hacen unos
nombramientos de horas adicionales (extras) y cátedra en el
colegio Juan XXIII, municipio de Mercaderes, con cargo al “FER”
(1 año)
El gobernador del departamento del Cauca - presidente de la junta
administradora “FER”, nombró a la señora Valencia Hoyos en el municipio de
Mercaderes con una intensidad horaria de (30) horas semanales por el periodo
lectivo 1985-1986, lo anterior a partir del 2 de septiembre de 1985, y señalándose
de manera expresa que el acto referido, surtía efectos a partir de esta última data,
como además se indicó en el acta de posesión respectiva. Igual que en el
nombramiento anterior, el acto fue suscrito por el citado gobernador, el secretario
de educación y con visto bueno del delegado del Ministerio de Educación - FER.
III) Decreto 624 del 09 de septiembre de 198623. Por el cual se hace
unos nombramientos por horas extras (adicionales) y de cátedra
en el Colegio San Antonio de Padua, municipio de Timbío, con
cargo al “FER” (1 año)
El gobernador del departamento del Cauca, como presidente de la junta
administradora del “FER”, nombró a la señora Valencia Hoyos en el municipio de
Timbío con una intensidad horaria de (22) horas semanales por el periodo lectivo
1986-1987. Cabe resaltar que, en las consideraciones se indicó que se efectuaba
la designación por absoluta necesidad del servicio y con previa autorización del
Ministerio de Educación.
Así mismo, se tiene que el acto de designación precisó que se realizaba a partir
21 Folios 16 al 17
22 Folios 19 y 20
23 Folios 22 y 23
17
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del 1° de septiembre de 1986, y en el acta de posesión también se sostuvo que
los efectos fiscales eran a partir de la mencionada fecha.
IV) Decreto 798 del 09 de septiembre de 198724. Por el cual se hacen
unos nombramientos por horas cátedra en el Colegio San Antonio
de Padua, municipio de Timbío, con cargo al “FER” (1 año)
El gobernador del departamento del Cauca - presidente de la junta
administradora del “FER”, nombró a la señora Valencia Hoyos en el municipio de
Timbío, a partir del 1° de septiembre de 1987, con una intensidad horaria de (25)
horas semanales por el periodo lectivo 1987-1988, ello previa autorización del
Ministerio de Educación Nacional; acto que fue suscrito también por el secretario
de educación y por el delegado del Ministerio de Educación - FER.
A su vez, el acta de posesión dispone que los efectos fiscales rigen desde el 01
de septiembre de 1987.
V) Decreto 901 del 14 de octubre de 198825. Por el cual se modifica el
Decreto número 575 de agosto 22 de 1988, del Colegio San
Antonio de Padua, municipio de Timbío, con cargo al “FER” (1
año)
Conforme el acto administrativo en cita, se modificó el Decreto 575 de 1988,
disponiéndose entonces la designación de la señora Valencia Hoyos, como
docente con una intensidad de 25 horas semanales; el decreto 901 de 1988 fue
expedido por el gobernador del Cauca – presidente de la junta administradora del
FER, junto con la delegada del Ministerio de Educación - FER, y el secretario de
educación; lo anterior con efectos fiscales a partir del 1° de septiembre de 1988.
Cabe destacar que si bien no se indicó el año lectivo, y tampoco milita el Decreto
575 de 1988, infiere la Sala, en razón al análisis conjunto del material probatorio,
que lo fue por el periodo 1988-1989, máxime cuando en sede administrativa,
concretamente en Resolución RDP 019781 de 04 de julio de 2019, la UGPP, al
citar las pruebas documentales refiere la certificación de información laboral
expedida por la Secretaría de Educación de Popayán, de fecha 12 de agosto de
2012, en la que se certificó que el nombramiento se realizó desde el 1° de
septiembre de 1988 hasta el 30 de agosto de 1989.
VI) Decreto 1519 del 29 de septiembre de 198926. Por el cual se hacen
unos nombramientos de horas catedra en el Colegio San Antonio
de Padua, municipio de Timbío, con cargo al “FER” (1 año)
El gobernador del departamento del Cauca - presidente de la junta
administradora del “FER”, nombró a la señora Valencia Hoyos en el municipio de
24 Folios 27 y 28
25 Folios 31 y 32
26 Folios 33 y 34
18
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Timbío con una intensidad horaria de (26) horas semanales por el periodo lectivo
1989-1990, lo anterior con efectos fiscales a partir del 1° de septiembre de 1989;
acto también suscrito por el secretario de educación y el delegado Ministerio de
Educación-FER.
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, la Sala observa que los actos
administrativos de designación en la modalidad de horas cátedra por períodos
superiores a 22 horas semanales en los colegios Juan XXIII en el municipio de
Mercaderes y San Antonio de Padua en el municipio de Timbío, Cauca, fueron
suscritos por el gobernador del departamento del Cauca, en uso de sus
facultades legales y en calidad de presidente de la junta administradora del Fondo
Educativo Regional (FER) del Cauca, contando en algunos con la participación
del delegado del Ministerio de Educación Nacional – FER.
Pues bien, cabe resaltar que tal intervención no implica per se que la naturaleza
del vínculo sea nacional; ello, primero, por cuanto en los actos de nombramiento
antes relacionados, en modo alguno se hace referencia a que la plaza ocupada
sea del orden nacional, segundo, el gobernador actuó en uso de sus facultades;
por tanto, la intervención del delegado de la cartera ministerial – FER, tiene como
finalidad certificar la disponibilidad de los recursos para fines del nombramiento.
Tercero, a la luz de lo señalado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-
18 del 21 de junio de 201827, los gastos financiados con los fondos educativos en
cita, provenían tanto de recursos que giraba la Nación por concepto de situado
fiscal, como del presupuesto de los entes locales; sumado a que con tales fondos
se cubrían los gastos de servicios educativos de docentes del orden nacional al
igual que nacionalizados, entendiéndose que ello también ocurría con respecto a
algunas erogaciones salariales de docente territoriales; además, en cualquier
caso, dichos recursos pertenecían a los entes locales de manera exclusiva,
puesto que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas endógenas y
exógenas.
En ese orden, como se señaló en la jurisprudencia en cita, no es posible concluir
que un vínculo docente es del orden nacional, cuando en el acto de
nombramiento de docente territorial o nacionalizado, actúa además del
representante legal del ente territorial, el delegado del Ministerio de Educación
como miembro de la Junta administradora del FER, así se certifique por este
último la disponibilidad presupuestal, como ocurre en el caso objeto de estudio.
En esa línea de consideraciones, a partir del contenido de los actos
administrativos de nombramiento por este periodo, para la Sala resulta claro que
se trató de una vinculación como docente nacionalizado, en la medida que la
plaza asignada fue creada o transformada en vigencia y en cumplimiento del
artículo 10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo 6.° de dicha
27 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01
(38052014).
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norma, en virtud del cual los recursos para atender el proceso de nacionalización
serían administrados por el FER con sujeción a los planes que en su momento
debía establecer el Ministerio de Educación. Por este motivo, también se
contabiliza como tiempo para el reconocimiento de la prestación deprecada, en
un total de 6 años.
• Desde el 01 de septiembre de 1990 al 20 de febrero de 2018 (27 años,
4 meses y 20 días)
Ahora bien, en uso de las facultades otorgadas en el artículo 9 de la Ley 29 de
1989, se asignaron a los alcaldes municipales las funciones de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos educativos nacional o nacionalizados;
facultad en virtud de la cual el gobernador del Cauca efectuó los siguientes
nombramientos a la actora, invocando además los Decretos reglamentarios 1706
y 1915 del mismo año; actos administrativos que se relacionan a continuación y
que fueron suscritos por el citado funcionario y el secretario de educación:
I) Decreto 00874 del 10 de septiembre de 199028. Por el cual se efectúan
unos nombramientos en el sistema de horas cátedra en el Colegio
San Antonio de Padua, en el municipio de Timbío (1 año);
La designación se hizo con el fin de que la demandante orientara un total de 25
horas semanales por el periodo lectivo 1990-1991; tomando posesión del cargo
el 11 de septiembre de 1990, pero con efectos fiscales desde el 1o de septiembre
de 1990, según acta que reposa en el plenario.
II) Decreto 1422 del 30 de septiembre de 199129. Por el cual se efectúan
nombramientos por el sistema de horas cátedra, servicios médicos y
odontológicos en el establecimiento San Antonio de Padua, en el
municipio de Timbío (1 año)
Se nombró a la señora Valencia Hoyos en el municipio de Timbío para orientar
un total de (25) horas semanales por el periodo lectivo de 1991-1992;
procediendo a tomar posesión del cargo el 1o de octubre de 1991, con efectos
fiscales desde el 2 de septiembre de dicha anualidad.
III) Decreto 0271 del 21 de agosto de 199230. Autorización de vinculación
28 Folios 36 y 37
29 Folios 39 y 40
30 Folio 42
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por el sistema de horas cátedra en los institutos docentes de
educación básica secundaria y media vocacional de carrera oficial (1
año)
A través del mentado acto, se dispuso que la actora orientara un total de 25 horas
semanales por el periodo lectivo 1992-1993; indicándose que se encontraba
refrendada la disponibilidad presupuestal por el delegado permanente del
Ministerio de Educación ante el FER del Cauca; este nombramiento con efectos
fiscales a partir del 1o de septiembre de 1992.
IV) Autorización 009 del 1o de septiembre de 199331. Autorización de
vinculación por el sistema de horas cátedra en los institutos
docentes de educación básica secundaria y media vocacional a
cargo al “FER” del Cauca (1 mes)
Nuevamente se designó a la demandante para orientar un total de 25 horas
semanales por el periodo lectivo 1993-1994; precisándose que dicha autorización
surtía efectos fiscales desde el 1° de septiembre de 1993 y hasta el 31 de
diciembre de 1993; sin embargo, como se analizará a continuación, se observa
que durante el mes de noviembre y diciembre de 1993, tuvo una vinculación en
propiedad, por lo que a fin de no contabilizar dos veces el tiempo servido, en
razón de la autorización 009 de 1993 objeto de análisis, se tendrá en cuenta solo
1 mes de servicio.
V) Decreto 0752 del 29 de octubre de 199332. “Por el cual se convierten
las actuales horas cátedra en plazas docentes de tiempo completo y
se proveen, en el colegio San Antonio de Padua, en el municipio de
Timbío” (desde el 1o de noviembre de 1993 hasta por lo menos el 20
de febrero de 2018 -24 años, 3 meses y 20 días)
El gobernador del departamento del Cauca - presidente de la junta
administradora “FER”, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 29 de
1989, dispuso convertir en horas cátedra del Colegio Nacionalizado SAN
ANTONIO DE PADUA del municipio de Timbío, en 9 plazas docentes de tiempo
completo con cargo al presupuesto de la Nación, y en consecuencia nombró en
propiedad en la especialidad idiomas a la señora Valencia Hoyos en el municipio
de Timbío, como docente de tiempo completo.
Cabe destacar que, en las consideraciones de dicho acto, se expresó que la
secretaría de educación realizó un estudio de cargas académicas en los planteles
nacionales, nacionalizados y cooperativos, con el fin de racionalizar el recurso
humano y proceder a asignar la plaza docente convertida donde se requiera; el
cual fue presentado a la junta administradora FER – Cauca, para su análisis y
31 Folio 44
32 Folios 5 al 8
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distribución de acuerdo a la apropiación presupuestal dada por el Ministerio de
Educación Nacional.
A través del Decreto 0767 del 29 de octubre de 1993, fue aclarada la cédula de
la demandante en el anterior nombramiento; posteriormente estuvo sujeta a
traslados y encargos como se observa en los Decretos 0149 del 22 de febrero de
1999, 1057 del 20 de agosto de 2002, 2015700002325 del 6 de marzo de 2015,
2015700007595 del 27 de julio de 2015 y 20161700013574 del 18 de febrero de
2016 en planteles educativos del mismo departamento.
Resulta pertinente expresar que, aunque en el último nombramiento realizado a
la actora, en propiedad, no puede entenderse que se trate de una designación
como docente nacional, pues, en la parte considerativa se deja claridad de que
el la labor la desarrollará en el colegio nacionalizado San Antonio de Padua, a lo
que se suma que, el acto administrativo lo expidió el gobernador del Cauca como
presidente de la junta administradora del FER, y la referencia que se hace al
Ministerio de Educación guarda relación con la certificación de la apropiación
presupuestal, más no por que dicha cartera haya dispuesto el nombramiento o
se traté de una cargo de la planta nacional de educación; por lo que se itera, se
trató de una labor como docente nacionalizada.
A ello se suma que en el plenario reposa Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral, en el que se certifica que la labor docente de la
actora desde el 1° de noviembre de 1993 y por lo menos hasta el 20 de febrero
de 2018, fecha en que se suscribió tal certificación, momento para el cual aún se
encontraba activa, esto es, para un total de 24 años 3 meses y 20 días.
Así las cosas, teniendo en cuenta que los actos de vinculación - Decreto 1711
del 27 de mayo de 1980; 985 del 30 de noviembre de 1984; 854 del 23 de octubre
de 1985; 624 del 9 de septiembre de 1986; 798 del 9 de septiembre de 1987; 901
del 14 de octubre de 1988; 1519 del 29 de septiembre de 1989; 00874 del 10 de
septiembre de 1990; 1422 del 30 de septiembre de 1991; 0271 del 21 de agosto
de 1992; 009 del 1° de septiembre de 1993; 0752 del 29 de octubre de 1993-,
fueron expedidos por el gobernador del Cauca, de manera autónoma, pero con
cargos a los recursos del Fondo de Educación Regional del Cauca, y en vigencia
de la Ley 43 de 1975, mediante la cual se nacionalizó la educación en Colombia,
resulta claro que se trató de una vinculación como docente nacionalizada,
resultando válido para efectos de la obtención de la pensión gracia, el tiempo
servido por un total de 33 años, 5 meses y 10 días, de manera que, contrario
a lo sostenido por el tribunal a quo, la actora acredita el cumplimiento de los 20
años de servicios, para el caso bajo una designación como nacionalizada.
Hasta lo aquí expuesto, estima la Sala que la demandante acreditó los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, lo que impone revocar la
sentencia de primera instancia, toda vez que la señora Belén del Socorro
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Valencia Hoyos, demostró que laboró en el magisterio durante más de 20 años,
en plazas clasificadas como nacionalizadas. Igualmente, tuvo una vinculación
docente anterior al 31 de diciembre de 1980, por ende, en lo que respecta al
tiempo de servicio, cumple con los presupuestos previstos por las Leyes 114 de
1913 y 91 de 1989 para hacerse acreedora del beneficio pensional pretendido.
En ese orden, se tiene que aquélla adquirió el estatus pensional cuando cumplió
el requisito de edad de 50 años, lo cual ocurrió el 8 de diciembre de 2004, pues,
los 20 años de servicios los había acreditado el 29 de agosto de 2004.
Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la
pensión gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los
factores devengados por la demandante en el año anterior a la consolidación de
su estatus pensional, comprendido entre el 8 de diciembre de 2003 y 7 de
diciembre de 2004.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5
del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».
En punto a la prescripción, es necesario resaltar que, siendo exigible el derecho
a partir del 8 de diciembre de 2004, cuando adquirió el estatus, la actora tenía
hasta el 8 de diciembre de 2007 para presentar la reclamación administrativa, no
obstante, ello solo ocurrió hasta 10 de octubre de 2012, lo que originó la
Resolución RDP 009131 de 27 de febrero de 2013, mediante la cual la UGPP
negó la pensión gracia; sin embargo, posteriormente, la docente presentó una
segunda petición el 15 de febrero de 2019, también por fuera del término de 3
años contabilizados desde la exigibilidad del derecho; y la demanda la radicó el
26 de septiembre de 2019, por lo que se configuró la prescripción de las mesadas
causadas con anterioridad al 15 de febrero de 2016.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo
de Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
-----------------------------
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por
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el índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional.
Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse
mes por mes.
De otro lado, no se reconocerán los intereses moratorios solicitados por el
accionante, pues esta corporación ha precisado que conforme al artículo 141 de
la Ley 100 de 1993, aquellos solo proceden «en los casos en los que el pago de
las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento
de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta
es una negativa de la entidad a efectuar el pago».33
Bajo el anterior lineamiento, los intereses de mora no pueden ordenarse cuando
la pensión aún no ha sido reconocida, como ocurre en el sub-lite, pues hasta el
momento de proferirse el fallo el derecho reclamado se encuentra en discusión,
por ende, no existe un acto administrativo que radique la prestación en cabeza
de la demandante y le permita exigir su pago oportuno.34
2.6 Conclusión
En relación con el caso que nos ocupa, Belén del Socorro Valencia Hoyos
cumplió con el requisito mínimo de haber servido en el magisterio por un término
no menor de 20 años, con una vinculación como docente del orden territorial o
nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, por tanto, esta Sala
revocará la decisión dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo
del Cauca – Sala de Decisión 001, y en su lugar, se dispondrá el reconocimiento
de la pensión gracia, y se negará lo relacionado con los intereses moratorios
deprecados, de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia.
2.7 Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa
jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando
lo aquí resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 27 de agosto de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2016-01824-01 (2923-2019)
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 23 de julio de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2014-00581-01 (2162-2019).
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jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de
2018 y del 11 de agosto de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Revocar la sentencia de 22 de abril de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca - Sala de Decisión 001, por medio del cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. En su lugar, declarar la nulidad de la Resolución RDP 009235 del
09 de marzo de 2015, del auto ADP 007273 del 23 de julio de 2015, así como de
las Resoluciones RDP 012729 del 22 de abril de 2019 y RDP 019781 del 04 de
julio de 2019, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión
gracia a la actora.
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia a partir del 8 de diciembre de 2004, a favor
de la señora Belén del Socorro Valencia Hoyos, identificada con cédula de
ciudadanía 34.529.747, en cuantía del 75% del promedio de todos los factores
devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 8 de diciembre de 2003 y el 7 de diciembre de 2004. La
prestación tendrá efectos fiscales a partir del 15 de febrero de 2016 por haber
operado el fenómeno de la prescripción trienal.
CUARTO. La UGPP actualizará las sumas adeudadas, según lo establecido en
el artículo 187 (inciso final) del CPACA, considerando los índices de inflación
certificados por el DANE y aplicando la fórmula matemática indicada en esta
sentencia.
QUINTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro
del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
SEXTO. Negar las demás pretensiones de la demanda.
SEPTIMO. No se condenará en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
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Demandante: Belén del Socorro Valencia Hoyos
OCTAVO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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