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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2016-00441-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2016-00441-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 11 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar, DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva respecto a las mesadas causadas con anterioridad al 31 de agosto de 2013, conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO. MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 11 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso de la referencia, el cual quedará así: «TERCERO: Ordenar a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social- UGPP-, RECONOCER Y PAGAR a la señora ANTONIA SANTOS VARGAS ZAPATA, la Pensión Gracia Vitalicia mensual, a partir del 25 de noviembre de 2009, cuyo valor de la mesada será del 75% del promedio de salario devengado en el último año de servicio anterior s la fecha de estatus, pero con efectos fiscales a partir del 1° de septiembre de 2013 por la operancia de la prescripción trienal, atendiendo lo considerado en la parte motiva de esta sentencia.» TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 11 de septiembre de 2019 emanada del Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Antonia Santos Vargas Zapata. CUARTO. Condenar en costas a la parte demandada en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar. 10 Radicación: 20001 23 33 000 2016 00441 00 (0682-2020) Demandante: Antonia Santos Vargas Zapata CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2016-00441-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 20001 23 33 000 2016 00441 01 (0682-2020)
Demandante: Antonia Santos Vargas Zapata
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social (UGPP1)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación
docente. Plaza docente. Aplicación de la sentencia de unificación
jurisprudencial del 21 de junio de 2018. Prescripción trienal.
Decisión: Declara probada de oficio la excepción de prescripción respecto a las
mesadas causadas a partir del 31 de diciembre de 2013. Confirma en
lo demás la sentencia de primera instancia.

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la entidad demandada en contra
de la sentencia de primera instancia proferida el 11 de septiembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

1. La actora ejercitó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
pretendiendo la nulidad de la Resolución UGM 021776 del 23 de diciembre de 2011, por
medio de la cual la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte
demandada el reconocimiento de la prestación a partir del 12 de marzo de 2009,
equivalente al 75% del promedio de los ingresos percibidos por concepto de salarios y
otros factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus
pensional. Asimismo, requirió el cumplimiento de la sentencia y el pago de los intereses
moratorios a que haya lugar en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; la
actualización o indexación de la condena al tenor del artículo 187 ibidem; y el pago de
las costas procesales.

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, expuso que nació el 16 de abril de
1953 y que desempeñó funciones como docente al servicio del magisterio en el
departamento del Cesar y el municipio de Valledupar, como docente de carácter

1 En adelante UGPP.
2 Folios 1 a 17.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 20001 23 33 000 2016 00441 00 (0682-2020)
Demandante: Antonia Santos Vargas Zapata

nacionalizado, en distintos intervalos comprendidos desde el 22 de mayo de 1972 hasta
el 1° de mayo de 2022.

4. Agregó que el 22 de diciembre de 2009 solicitó a la entidad el reconocimiento y
pago de una pensión gracia, la cual fue negada por la entidad demandada mediante el
acto administrativo enjuiciado, bajo el argumento de que la vinculación fue de carácter
nacional.

Contestación de la demanda3

5. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que el acto administrativo fue expedido con respeto del ordenamiento
jurídico, al considerar que la demandante laboró como docente del orden nacional lo que
le impide demostrar haberse desempeñado durante 20 años con vinculación de carácter
departamental, distrital, municipal o nacionalizada para efectos de acceder a la pensión
gracia.

6. Propuso las excepciones de fondo que denominó «falta de requisitos pensionales
o inexistencia de obligación», «falta de requisitos para demanda», caducidad de la
acción» y «prescripción».

Sentencia apelada4

10. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 11 de septiembre de
2019, accedió a las pretensiones de la demanda fundamentándose en que la actora
acreditó los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia de jubilación, en especial,
los 20 años de servicio como docente en el ámbito nacionalizado y/o territorial
(departamental).

11. Indicó que con las certificaciones, actos de nombramiento y posesión aportados al
expediente queda desvirtuado el carácter nacional de la vinculación de la demandante,
en el entendido de que la condición de docente territorial lo determina el ente gubernativo
que profiere el acto de designación y el origen de los recursos con los que se pagan las
acreencias laborales, por lo que los periodos comprendidos entre el 16 de febrero y el 30
de noviembre de 1993 y del 1 de marzo de 1994 al 30 de diciembre de 2009, por haber
sido prestados mediante nombramiento realizado por el gobernador del Cesar,
corresponden a una vinculación de tipo territorial/nacionalizado, que la habilitan para
acceder a la pensión.

12. En tal sentido, accedió al reconocimiento de la prestación a partir del 12 de marzo
de 2009, equivalente al 75% del promedio del salario devengado en el último año de
servicio anterior a la fecha en que adquirió el estatus, atendiendo los factores previstos
en el Decreto 1158 de 1994 con retroactividad a la fecha de estructuración del estatus
pensional, sin que haya operado el fenómeno de la prescripción en razón a que la petición

3 Folios 88 a 91.
4 Folios 155 a 159.

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Radicación: 20001 23 33 000 2016 00441 00 (0682-2020)
Demandante: Antonia Santos Vargas Zapata

fue presentada el 22 de diciembre de 2009, es decir, antes de los 3 años establecidos en
el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.

Recurso de apelación5

13. La entidad demandada apeló la sentencia insistiendo en que la vinculación de la
demandante a partir de 1994 ostenta el carácter de nacional, al haberse cancelado los
salarios con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones. Además, el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que todos los docentes nombrados a partir del
1° de enero de 1981 tienen el carácter de nacionales, que le impiden el reconocimiento
de la prestación.

14. Refirió que las certificaciones laborales aportadas al plenario expresaron el
carácter de la vinculación de la actora como docente del orden nacional, motivos
suficientes para revocar la decisión de primera instancia y en su lugar negar las
pretensiones incoadas.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

15. Mediante auto del 26 de noviembre de 20206 se admitió el recurso de apelación
y el 6 de mayo de 20217 se corrió traslado a las partes, por el término de 10 días, para
que presentaran sus alegatos de conclusión. Asimismo, vencido dicho plazo, se ordenó
poner a disposición del Ministerio Público el expediente para que emitiera el
correspondiente concepto.

16. En esta etapa, la parte demandante8 manifestó que prestó sus servicios como
docente oficial territorial y/o nacionalizado ininterrumpidamente desde el 22 de mayo de
1972, por lo que cumple con el requisito de 20 años al servicio del magisterio oficial en
el orden departamental, municipal o distrital para acceder a la pensión a partir del 12 de
marzo de 2009, cuando adquiere el estatus pensional.

17. Adicionalmente, refirió que se ha desempeñado con honradez, consagración,
idoneidad y buena conducta, no recibe recompensa o pensión de la Nación y demostró
vinculación antes del 31 de diciembre de 1980. Insistió que es incorrecto tener como
tiempos nacionales los prestados en el Departamento del Cesar, por cuanto fueron
realizados conforme a lo establecido en la Ley 91 de 1989.

18. Por su parte, la entidad demandada9 señaló la necesidad de contar con
certificaciones idóneas de la autoridad nominadora que den cuenta de manera
inequívoca del tipo de vinculación al cual se encuentra sometida la docente. En este
sentido, respecto a las aportadas se evidenció que en ellas se establece que la
vinculación de la demandante ostentó un vínculo nacional, por lo que no cumple con los
requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia. Afirmó que no procede la condena

5 Folios 162 a 166.
6 Folio 212.
7 Folio 214.
8 Índice 12 de Samai, ver archivo 8_200012333000201600441011RECIBEMEMORIAL20210526112903.
9 Índice 17 de Samai, ver archivo 12_200012333000201600441011RECIBEMEMORIAL20210603181804.

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Demandante: Antonia Santos Vargas Zapata

en costas, por no haber actuado de forma temeraria ni acudió a trámites dilatorios.

19. El Ministerio Público10 rindió concepto solicitando se confirme la sentencia de
primera instancia, en el entendido de que la actora le asiste el derecho a percibir la
pensión, sin que se requiera para este fin acreditar tiempos de servicio anteriores al 31
de diciembre de 1989 y sin que tenga incidencia que sus salarios hayan sido financiados
con recursos transferidos desde la Nación a través del Sistema General de
Participaciones, en cuanto estas trasferencias ingresan al presupuesto de los entes
territoriales y hacen parte de sus recursos.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

Problemas jurídicos

21. Conforme a los cargos específicos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
procederá a evaluar si los períodos durante los cuales la demandante prestó sus servicios
docentes tuvieron un carácter nacional o, en su defecto, si se limitó al ámbito territorial
y/o nacionalizado. Especialmente, se revisará el interregno que se originó con el
nombramiento realizado en el departamento del Cesar desde 1994.

22. Esta evaluación se realiza con el propósito de verificar el cumplimiento del
requisito que establece que la solicitante debe haber ejercido durante un mínimo de 20
años como docente oficial de carácter territorial y/o nacionalizado, tal como lo estipulan
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

23. Igualmente, esta Sala comprobará si la vinculación que sostuvo la actora como
docente con el departamento del Cesar fue financiada con recursos del Sistema General
de Participaciones y si ello significa que ostentó el carácter nacional.

Análisis de los problemas jurídicos

De los periodos servidos por la demandante

• Del 22 de mayo de 1972 al 30 de agosto de 1975

24. En el expediente se constata que, a través del Decreto 000182 del 18 de mayo de
197211, el gobernador del departamento del Cesar designó a la actora para
desempeñarse como maestra de «enseñanza primaria, Segunda categoría (Normal
10 Índice 18 de Samai, ver archivo 12_200012333000201600441012MemorialWeb2021629195240.
11 Ver CD de antecedentes administrativos aportado por la UGPP obrante en el folio 84A

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Demandante: Antonia Santos Vargas Zapata

Sup.)» en la Concentración Jorge E. Gaitán de Aguachica, a partir del 26 de mayo de
197212.

25. Resalta la Sala que el artículo 3 de la Ley 39 de 1903 dispuso que la instrucción
primaria estaría a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de los departamentos.
A su vez, el artículo 27 del Decreto 491 de 1904, reglamentario de la referida ley,
determinó que estarían a cargo de los departamentos y municipios «los gastos que
ocasione la instrucción primaria». Así las cosas, la designación que efectuó el gobernador
del Cesar atendió a las atribuciones que con antelación le había otorgado el legislador.

26. Así mismo, el acto de nombramiento fue suscrito exclusivamente por el gobernador
del Cesar, sin que me mediara intervención o autorización del Ministerio de Educación
Nacional o su delegado para realizar la designación. Esto demuestra que el vínculo no
encuadra en la definición contemplada en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 para el
personal docente nacional, a saber, los originados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

27. Estas circunstancias permiten concluir que la aludida vinculación inició como
territorial. Sin embargo, mediante el Decreto 000174 del 4 de mayo de 1973, el mismo
gobernador y un delegado del Ministerio de Educación Nacional trasladaron a la
demandante a la Concentración Escolar Francisco de Paula Santander y, a su vez,
mediante el Decreto 00425 del 3 de septiembre de 1975, le aceptaron la renuncia al
cargo.

28. Entonces, este primer período resulta computable para determinar el derecho a la
pensión gracia reclamada pues el vínculo docente se originó como territorial y, pese a
que fue sujeta a un traslado a otra institución educativa, se mantuvo sin solución de
continuidad ya que la situación administrativa del traslado de institución no varió la calidad
de su nombramiento inicial. Este periodo corresponde a 3 años, 3 meses y 8 días.

• Del 9 de agosto de 1990 al 30 de noviembre de 1993

29. Durante este segundo período, la demandante prestó sus servicios como docente
catedrática, en virtud de los nombramientos que le hicieron el gobernador del
departamento del Cesar y la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional del
Cesar mediante las Resoluciones 00624 del 9 de agosto de 199013; 00150 del 24 de abril
de 199214 y 034 del 16 de febrero de 199315.

30. Es pertinente anotar que la certificación allegada al plenario 16 informa que la
demandante fue designada como docente catedrática en el municipio de Valledupar, así:
i) en el Colegio Comunal Dagoberto Fuentes Zuleta entre el 9 de agosto y el 30 de
noviembre de 1990 (3 meses y 21 días); ii) en el Colegio de Educación Media de Aguas
Blancas entre el 24 de abril al 30 de noviembre de 1992 (7 meses y 6 días); y, iii) en el

12 Ibidem
13 Folio 25.
14 Folio 26.
15 Folio 27.
16 Ver CD de antecedentes administrativos aportado por la UGPP obrante en el folio 84A y en el folio 23.

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Radicación: 20001 23 33 000 2016 00441 00 (0682-2020)
Demandante: Antonia Santos Vargas Zapata

Colegio de Educación Media de Aguas Blancas entre el 16 de febrero al 30 de noviembre
de 1993 (9 meses y 14 días), para un total de

31. Del contenido de estas pruebas documentales, se concluye que la intervención de
los delegados del Ministerio de Educación ante el Fondo Educativo Regional del Cesar
se encaminó a garantizar la disponibilidad de los recursos para sufragar los salarios de
la educadora. Esta situación se ajusta a los preceptos del artículo 1° de la Ley 91 de 1989
para definir al personal nacionalizado, como aquellos «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

32. La Sala encuentra que la demandante fue vinculada por un nominador del orden
territorial y contó con el aval del Ministerio de Educación, en el marco del proceso de
nacionalización de la educación en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 43
de 197517, por lo que es diáfano que dichos tiempos los ejerció como docente
nacionalizada.

33. A su vez, esta Corporación18 ha sostenido que los recursos del entonces situado
fiscal —hoy Sistema General de Participaciones—, aunque provenían del presupuesto
nacional, eran transferidos a las entidades territoriales para financiar servicios como salud
y educación, sin afectar su autonomía. Asimismo, se explicó que estas entidades tienen
fuentes de financiación tanto externas (trasferencias nacionales) como internas (recursos
propios), estableciendo que una vez integrados los recursos exógenos a sus
presupuestos, estos pasaban a ser de su propiedad, pese a su origen nacional. En tal
sentido, se fijaron, entre otras, las siguientes reglas jurisprudenciales:

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como
en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al
sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos
locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales; (ii) la calidad de
docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a
nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional
o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo; (iii) en
consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago
de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través
de los fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. (Negrita fuera del texto
original)

17 «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos,
del Ministerio de Educación Nacional».
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-

2013-04683-01 (3805-2014).
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Demandante: Antonia Santos Vargas Zapata

34. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala considera que la sola financiación de
salarios y prestaciones con recursos del antiguo Situado Fiscal o del actual Sistema
General de Participaciones no determina, por sí misma, que la vinculación docente sea
de carácter nacional. Estos recursos, una vez transferidos, se incorporan al presupuesto
de las entidades territoriales, adquiriendo la naturaleza de rentas exógenas, conforme lo
explicó la aludida sentencia de unificación.

35. Así, el planteamiento de la entidad apelante —según el cual el uso de recursos
del Sistema General de Participaciones convierte la vinculación en nacional— no tiene
vocación de éxito, pues el origen del financiamiento no altera la esencia del vínculo
docente, como quedó definido por la jurisprudencia unificada.

36. Por lo tanto, la segunda vinculación de la actora puede computarse para acceder
a la pensión gracia, en los siguientes lapsos: a) del 9 de agosto al 30 de noviembre de
1990; b) del 24 de abril al 30 de noviembre de 1992; y c) del 16 de febrero al 30 de
noviembre de 1993. Este tiempo equivale a 1 año, 8 meses y 11 días.

37. Es pertinente anotar que este tiempo se cuenta de manera completa y no a
prorrata de las horas cátedras laboradas, ya que la actora prestó sus servicios durante
24 o 28 horas semanales y esta Corporación de manera reiterada ha explicado que al
tenor de la Ley 33 de 1985 «los docentes de hora cátedra que presten sus servicios por
más de 20 horas semanales (4 horas diarias) son considerados docentes de tiempo
completo»19.

• Del 1° de marzo de 1994 hasta el 25 de noviembre de 2009

38. Al expediente se allegó copia de la Resolución 000419 del 18 de febrero de 1994 20
suscrita por el gobernador del Cesar y un delegado del Ministerio de Educación ante el
FER, a través de la cual la demandante fue nombrada para desempeñarse como docente
de secundaria, «mediante conversión de docentes catedráticos a tiempo completo para
el Colegio de Educación Media del Corregimiento de Aguas Blancas municipio de
Valledupar».

39. De conformidad con el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia
Laboral expedido por el municipio de Valledupar el 25 de noviembre de 2009, la
demandante fue nombrada mediante el Decreto 419 del 18 de febrero de 1994,
desempeñándose desde el 1° de marzo de 1994 hasta el 25 de noviembre de 2009.

40. Este acto administrativo permite a la Sala concluir que el nombramiento
encuadra en la definición que el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 tiene para el personal
nacionalizado, puesto que —como se explicó en el análisis del periodo anterior— fue
realizado por la entidad territorial con la intervención del delegado del Ministerio de

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de septiembre de 2024, radicado 19001-23-

33-000-2019-00311-01 (1471-2022).
20 Ver CD de antecedentes administrativos aportado por la UGPP obrante en el folio 84A.

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Radicación: 20001 23 33 000 2016 00441 00 (0682-2020)
Demandante: Antonia Santos Vargas Zapata

Educación Nacional delegado ante el FER, configurando así la autorización que consagra
los artículos 6 y 10 Ley 43 de 1975.

41. Por otro lado, la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar certificó que «la
educadora fue nombrada y posesionada en 1994, es decir los docentes vinculados en
este año su vinculación es nacional»21.

42. La entidad nominadora entiende que la actora ostenta la condición de docente
nacional por el solo hecho de que fue nombrada en el año 1994, criterio esbozado por la
entidad demandada en el recurso de apelación; sin embargo, la designación no fue
realizada por el Gobierno Nacional y, por lo tanto, no se ajusta a lo dispuesto por el
artículo 1° de la Ley 91 de 198922.

43. Así pues, se ratifica que esta tercera vinculación posee el carácter de nacionalizada,
dado que fue realizada por el gobernador del Cesar. Aunque un delegado del Ministerio
de Educación ante el FER haya intervenido en el nombramiento, esta circunstancia no
transforma a la actora en docente nacional. Antes bien, esta circunstancia se alinea con
los preceptos establecidos en la Ley 43 de 1975, que fue la que nacionalizó la educación.

44. Adicionalmente, no puede perderse de vista que durante los años 1990, 1992 y 1993,
la demandante estuvo vinculada al departamento del Cesar en calidad de docente
catedrática. A través de la Resolución 000419 del 18 de febrero de 1994, se llevó a cabo
el proceso de «conversión de docentes catedráticos a tiempo completo». Por lo tanto, el
vínculo nacionalizado que poseía al impartir horas cátedra se mantuvo con la designación
efectuada en 1994, ya que esta la incorporó con el propósito institucional de ampliar las
jornadas laborales de los educadores.

45. En ese sentido, los periodos acumulados por la parte demandante como docente
territorial y nacionalizada le permiten acreditar un total de 20 años de servicios. Estos se
resumen en el siguiente recuadro:

Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 22-05-1972 30-08-1975 8 3 3
09-08-1990 30-11-1990
Nacionalizada 24-04-1992 30-11-1992 11 8 1
16-02-1993 30-11-1993
Nacionalizada 01-03-1994 15-03-2009 11 0 15
TOTAL 0 0 20

46. De este modo, se advierte que la actora, no solo acreditó los presupuestos
previamente analizados —vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y 20 años de
servicios en plazas de carácter territorial y/o nacionalizado—, sino que también demostró
haber cumplido 50 años de edad el 16 de abril de 200323. Adicionalmente, no se hallaron

21 Folio 129.
22
Que definió a los docentes nacionales como aquellos «vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional».
23 Folio 19.

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Radicación: 20001 23 33 000 2016 00441 00 (0682-2020)
Demandante: Antonia Santos Vargas Zapata

objeciones en torno a su trayectoria profesional que desvirtúen el cumplimiento de los
requisitos de honradez, dedicación y buena conducta. Finalmente, no se evidencia que
reciba una doble compensación o erogación incompatible con la pensión gracia.

47. Con todo, cabe destacar que la fecha considerada por el a quo para la adquisición
del estatus pensional fue el 12 de marzo de 2009, cuando la actora cumplió los 20 años de
servicios. Sin embargo, al efectuar el cómputo del tiempo requerido la Sala verifica que
el derecho se consolidó realmente el 25 de noviembre de 2009. De este modo, la Sala
modificará la fecha de adquisición del estatus pensional por el 25 de noviembre de 2009,
considerando que no perjudicará a la apelante única ya que resultaría en un menor
número de días de retroactivo a pagar.

48. Para concluir, el a quo determinó que no era procedente declarar probada la
excepción de prescripción, dado que la solicitud de reconocimiento pensional fue
presentada antes de los tres años estipulados en los artículos 41 del Decreto 3135 de
1968 y 102 del Decreto 1848 del mismo año.

49. Sin embargo, esta Sala declarará probada la excepción de prescripción propuesta por
la entidad demandada respecto a las mesadas causadas antes del 31 de agosto de 2013.
Esto se debe a que, aunque la demandante consolidó su estatus pensional el 25 de
noviembre de 2009 y presentó oportunamente la solicitud el 22 de diciembre de 2009, la
demanda fue interpuesta de manera extemporánea el 31 de agosto de 2016, ya que
superó el plazo de tres años posterior a la interrupción de la prescripción ocasionada por
la presentación de la solicitud ante la Administración.

50. En consecuencia, se considerará como fecha de interrupción el día en que se radicó
la demanda; por lo tanto, los efectos fiscales del reconocimiento pensional deberán
decretarse a partir del 31 de agosto de 2013. Esta decisión no afectará a la entidad que
actúa como apelante única, dado que implica una reducción en el número de mesadas
que debe asumir.

Condena en costas

51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
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Radicación: 20001 23 33 000 2016 00441 00 (0682-2020)
Demandante: Antonia Santos Vargas Zapata

53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

54. En consecuencia, se impondrán costas a la demandada, por cuanto se niegan las
peticiones totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 11
de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar,
DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva respecto a las mesadas
causadas con anterioridad al 31 de agosto de 2013, conforme a los argumentos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 11
de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del
proceso de la referencia, el cual quedará así:

«TERCERO: Ordenar a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social- UGPP-, RECONOCER Y PAGAR a la señora ANTONIA
SANTOS VARGAS ZAPATA, la Pensión Gracia Vitalicia mensual, a partir del 25 de
noviembre de 2009, cuyo valor de la mesada será del 75% del promedio de salario
devengado en el último año de servicio anterior s la fecha de estatus, pero con
efectos fiscales a partir del 1° de septiembre de 2013 por la operancia de la
prescripción trienal, atendiendo lo considerado en la parte motiva de esta
sentencia.»

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 11 de septiembre de 2019
emanada del Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Antonia Santos
Vargas Zapata.

CUARTO. Condenar en costas a la parte demandada en segunda instancia. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.

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Radicación: 20001 23 33 000 2016 00441 00 (0682-2020)
Demandante: Antonia Santos Vargas Zapata

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JC

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