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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00042-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00042-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 24 de abril de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda; de conformidad con las consideraciones expuestas. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. TERCERO. Reconocer personería para actuar al abogado Omar Trujillo Polania como apoderado de la UGPP en atención al memorial anexo en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, aunado a ello, se acepta la sustitución de poder a la abogada Ana María Londoño que consta en el mismo índice. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 17001 23 33 000 2018 00042 01 (4845-2022) Demandante: Oscar Villa Henao CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00042-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2018 00042 01 (4845-2022)
Demandante: Oscar Villa Henao
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Naturaleza de la vinculación docente. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 24 de abril de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP 023556 del 06
de junio de 2017, RDP 032190 del 14 de agosto de 2017 y RDP 037413 del 28 de
septiembre de 2017 por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-,
negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia; y resolvió negativamente el
recurso de apelación, respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, debidamente indexados; se
condene a la UGPP al pago de intereses moratorios en los términos de la Ley 1437
de 2011; y se condene en costas.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor Oscar Villa Henao manifestó que nació el 20 de mayo de 1957, por tanto,
cumplió 50 años el 20 de mayo de 2007.

5. Indicó que prestó sus servicios como docente, así: i) desde el 30 de septiembre

1
Folios 3 al 14 del archivo 4ed_actuacione_17001233300020180004.zip.888/20180004200/cuaderno1/cuaderno1.pdf

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Demandante: Oscar Villa Henao

hasta el 31 de octubre de 1980 como profesor de medio tiempo en el bachillerato
nocturno del colegio mayor de Nuestra Señora de Manizales; y ii) a partir del 18 de
noviembre de 1982 hasta por lo menos la fecha de presentación de la demanda.

6. En varias ocasiones solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
obteniendo respuesta negativa inicialmente mediante las Resoluciones 58799 del
24 de diciembre de 2007 y 02431 del 26 de enero de 2009.

7. No obstante, el 09 de marzo de 2017 presentó nuevamente solicitud en igual
sentido ante la UGPP, la cual fue resuelta también desfavorablemente con los actos
hoy demandados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

8. Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 13,
46, 48, y 53 de la Constitución; las Leyes 114 de 1913; 116 de 1928, 37 de 1933,
43 de 1975, 91 de 1989 y 1437 de 2011. Alega que se cumplieron todos los
requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la
entidad demandada negó el derecho prestacional del docente, en clara omisión de
la norma sobre el asunto.

9. En resumen, en el concepto de la violación después de realizar un recuento
normativo de la pensión gracia, expone que la entidad demandada desconoce el
tiempo de servicio con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 en razón a que no
se aportó el acto de nombramiento, sin embargo, afirma que obra certificado que
dispone que estuvo vinculado en una plaza departamental, y se allegó el decreto de
nombramiento echado de menos.

1.4. Contestación de la demanda2

10. Luego de presentada la demanda el 22 de febrero de 2018 y admitida el 04 de
mayo de 2018, a través de apoderado la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se opuso
a la prosperidad de las pretensiones, indicando que el demandante no demostró el
cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para hacerse acreedor de la
pensión gracia, dado que no aportó el acto administrativo de nombramiento
efectuado a través del Decreto 1270 del 12 de noviembre de 1982 y el acto
administrativo de posesión del nombramiento en interinidad efectuado mediante del
Decreto 1037 del 25 de noviembre de 1980.

11. Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación
y cobro de lo debido, ii) buena fe, iii) prescripción y iv) la genérica.

2
Folios 124 a 131 del archivo 4ed_actuacione_17001233300020180004.zip.888/20180004200/cuaderno1/cuaderno1.pdf

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Demandante: Oscar Villa Henao

1.5. Sentencia de primera instancia3

12. El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia de 24 de abril de 2020,
accedió a las pretensiones de la demanda. En ese orden, i) declaró la nulidad de
las Resoluciones RDP 023556 del 06 de junio de 2017, RDP 032190 del 14 de
agosto de 2017 y RDP 037413 del 28 de septiembre de 2017 expedidas por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección-UGPP a través de las que se negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia al actor; ii) a título de restablecimiento del derecho condenó a la
UGPP a reconocer y pagar dicha prestación a partir del 21 de mayo de 2007
teniendo en cuenta los factores devengados en el año anterior a la adquisición del
estatus pensional; iii) declaró la prescripción de las sumas causadas con
anterioridad al 09 de marzo de 2014; y iv) ordenó la indexación de las sumas
adeudadas.

13. Lo anterior, teniendo en cuenta que encontró probado que el demandante se
desempeñó como docente del orden nacionalizado y/o territorial, acreditando la
totalidad de los requisitos exigidos por la ley para obtener la prestación deprecada.
Destacó que, si bien la entidad demandada debate la naturaleza territorial de dicha
vinculación, al considerar que el accionante no aportó copia de los actos
administrativos que se expidieron para su nombramiento y posesión, lo cierto es
que sobre el particular el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018 señaló que el vínculo docente también puede ser acreditado con un
certificado de la autoridad nominadora en el cual se indiqué el tipo de vinculación
que ostenta el docente, como ocurrió en el presente caso.

14. Por último, arguyó que, en el curso del proceso la entidad territorial dejó al actor
en una posición desfavorable al momento de reclamar su derecho pensional, ante
la imposibilidad o falta de voluntad de la entidad competente para expedir las copias
de los actos administrativos requeridos, incluso luego de ser requerida por el aquo.
No hubo condena en costas.

1.6. Recurso de apelación4

15. A modo de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante
apoderado judicial, interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria de la
sentencia de primera instancia, alegando que la parte actora no cumple con los
requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913. Argumentó que no pueden tenerse
en cuenta los tiempos laborados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, como
quiera que no se observan los actos administrativos de nombramiento y posesión
de dicho tiempo; en el expediente administrativo tan solo se encuentra acta de
posesión 0363 del 18 de noviembre de 1982, para el cargo en cual fue designado

3
Folio 207 a 216 del del archivo4ed_actuacione_17001233300020180004.zip.888/20180004200/cuaderno1/cuaderno1.pdf
4
Folios 226 a 233 del archivo 4ed_actuacione_17001233300020180004.zip.888/20180004200/cuaderno1/cuaderno1.pdf

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el actor mediante decreto 1270 del 12 de noviembre de 1982.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

16. Mediante auto de 30 de octubre de 2023, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada.

17. A su turno, las partes y el agente del Ministerio Público que actúa ante esta
Corporación, guardaron silencio.

18. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

19. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente
la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a
lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico

21. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Oscar Villa
Henao, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 como docente del orden territorial y/o
nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para obtener dicha
prestación.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Pensión gracia
22. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en
el magisterio por un término no menor de 20 años.

5
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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23. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además
de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte, se
reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial
con antelación al 31 de diciembre de 1980.

24. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

25. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

26. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera de texto).

27. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
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previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»

28. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»7

29. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20188 previó pautas jurisprudenciales relacionadas con el origen de los recursos
con los cuales se sufragaron los salarios y prestaciones de los docentes; los efectos
de la intervención de, además del representante legal de la entidad territorial la del
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de
la junta administradora del respectivo fondo educativo regional; así como se
refirió a la prueba de la calidad de docente territorial, la cual también aplica para
determinar el docente nacionalizado; se destaca:

«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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30. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».9

31. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

32. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria
o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad
de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4.2. Del servicio docente en interinidad

33. Esta Subsección10 ha señalado que la interinidad, corresponde a otros tipos de
vinculación al servicio público, no obstante, no existe una definición expresa de la
misma, debiendo entonces entenderse como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes vinculados en carrera,
designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de tal actividad,
en razón a la necesidad y urgencia de garantizar la prestación del servicio de
educación.

34. En ese orden, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se ha
señalado que es procedente tener en cuenta el tiempo docente servido en
interinidad o temporal, en la medida que el nombramiento haya sido del orden
territorial o nacionalizado; ello, en tanto las exigencias para obtener dicha prestación
se reducen a la existencia de una vinculación al servicio docente con antelación al
30 de diciembre de 1980, buena conducta, 50 años de edad y la acreditación de 20
años de servicios, sin que tenga incidencia la modalidad de la vinculación, es decir,
sin que sea necesario tener en cuenta la forma en la que fue provisto el empleo de
docente, si lo fue en carrera, en provisionalidad o en forma transitoria o interina. Al
respecto, esta Corporación ha sostenido lo siguiente:

9
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
10
Sección Segunda - Subsección A- C.P. Rafael Suárez Vargas – providencia de 6 de marzo de 2024 – expediente 25000 23
42 000 2017 01366 01 (1803-2019)
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«[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe
reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación
gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran
la actividad docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo
disponen las normas en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única
exigencia válida para efectos de reconocer la prestación pensional en cita es
haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar la
modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las
previstas en la ley11.

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza
de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta Corporación
ha precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el
cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera,
designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida
actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva
prestación de los servicios educativos.

Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es,
a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor Arcos Gómez»12.
(Resalta la Sala).13

35. En conclusión, quienes desempeñen la labor docente en calidad de educadores
territoriales o nacionalizados, aunque hubieran laborado en calidad de interinos
tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia siempre que cumplan
con la edad de 50 años, el tiempo de servicios de 20 años y acrediten buena
conducta.14

2.4. Actuación administrativa

36. El demandante, mencionó en el escrito de la demanda que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia, a
través de las Resoluciones RDP 58799 del 24 de diciembre de 2007 y 02431 del
26 de enero de 2009, actos que la entidad reconoce haber expedido15.

37. En todo caso, el 9 de marzo de 2017 presentó nuevamente solicitud ante la
UGPP para el reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue resuelta

11
Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01275-01 (0951-2014). Sentencia de 30 de julio
de 2015.
12
Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 52001-23-33-000-2013-00058-01 (2636-2014). Sentencia de 14 de
noviembre de 2015.
13
Relacionado en sentencia del 27 de junio de 2018, radicado 68001-23-33-000-2014-00812-01 (3597-2015).
14 Véase, entre otras, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 25000 23 42 000 2017 02988 01 (0691–2021).
Sentencia de 3 de agosto de 2023.
15 Hace referencia a ellos en el recurso de apelación
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 17001 23 33 000 2018 00042 01 (4845-2022)
Demandante: Oscar Villa Henao

desfavorablemente con la Resolución RDP 023556 del 06 de junio de 2017,
alegando que el demandante no aportó el acto administrativo de nombramiento y
posesión que da cuenta de la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de
1980; contra dicho acto presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación
los cuales fueron desatados mediante las Resoluciones RDP 032190 del 14 de
agosto de 2017 y RDP 037413 del 28 de septiembre de 2017 confirmando la
negativa.

2.5. Caso concreto

38. Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, en orden a verificar si el actor cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos

• Edad

39. Revisado el expediente, se encuentra acreditado que el señor Oscar Villa Henao
nació el 20 de mayo de 195716, razón por la que, el 20 de mayo de 2007, cumplió
50 años; requisito este frente al cual no existe discusión.

• Buena conducta

40. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.

• Vinculación del demandante y tiempo de servicios

41. Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales del actor como
docente oficial:

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 30 de septiembre
hasta el 31 de octubre de 1980 (31 días)

42. Obra en el expediente certificado 2541 de fecha 29 de junio de 2017, expedido
por la auxiliar administrativa de hojas de vida de la Unidad Administrativa y
Financiera del departamento de Caldas mediante el cual se hace constar que el
señor Oscar Villa Henao laboró como docente interino de medio tiempo en el

16 Página 48 del archivo 4ed_actuacione_17001233300020180004.zip.888/20180004200/cuaderno1/cuaderno1.pdf

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bachillerato nocturno del colegio mayor de Nuestra Señora de Manizales, en plaza
departamental desde el 30 de septiembre hasta el 31 de octubre de 1980, en
reemplazo de la docente Adriana Arcila Rivera, a quien se le concedió licencia
voluntaria según Resolución 1109 de 23 de septiembre de 1980.

43. A su vez, se observa que el demandante aportó fiel copia del Decreto 1037 de
1980 por medio del cual la gobernadora del departamento de Caldas en uso de sus
atribuciones legales hizo unos reconocimientos por servicios prestados en el ramo
de la educación correspondiente al año 1980, entre ellos, al señor Oscar Villa Henao
como profesor interino de medio tiempo en el bachillerato nocturno colegio mayor
Nuestra Señora de Manizales durante el mismo lapso de tiempo referenciado en el
certificado que antecede. Precisa dicho acto que, dichos pagos se hacen con cargo
al presupuesto del FER.

44. Ahora bien, la entidad demandada en el escrito de apelación fue enfática en que
el derecho pretendido por el demandante no le fue reconocido porque no aportó el
acto administrativo de nombramiento que dio origen a su vinculación entre el 30 de
septiembre y el 31 de octubre de 1980; por lo que resulta necesario recordar que la
Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201810 fijó unas pautas
jurisprudenciales, entre estas, la relacionada con la prueba de la calidad docente,
señalando que, la naturaleza territorial se puede establecer a partir de los actos de
nombramiento pero también de las certificaciones emitidas por la autoridad
nominadora que de cuenta inequívoca del tipo de designación; lo anterior también
aplica para demostrar la calidad de educador nacionalizado.

45. En atención a lo anterior, una vez revisado el material probatorio, estima la Sala
que el tiempo de labor oficial del demandante como educador en el colegio mayor
“Nuestra Señora de Manizales” (Caldas) durante el periodo comprendido entre el 30
de septiembre hasta el 31 de octubre de 1980 (31 días), efectivamente puede ser
tenido en cuenta para colmar la exigencia de una vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980 (territorial o nacionalizada), así como para la contabilización de
los 20 años de servicio necesarios para acceder a la prestación solicitada, pues, la
naturaleza de esa designación fue del orden nacionalizado, mas no territorial como
lo sostuvo el tribunal de primera instancia.

46. Ello, por cuanto si bien no obra en el plenario el acto administrativo que realizó
el nombramiento, que entiende la Sala correspondería a la Resolución 1109 de 23
de septiembre de 1980, que además concedió una licencia a la docente que
reemplazó aquél; no puede pasarse por alto que milita acto administrativo que
ordenó el pago por servicios docentes prestados, en los que figura el actor; a lo que
se suma que también se allegó certificación que evidencia con certeza no solo la
designación, sino también los extremos temporales y la naturaleza de la misma.

47. También del Decreto 1037 de 1980, que reconoció dichos servicios del actor, se
observa que se especificó que los recursos eran con cargo al FER, e incluso el acto
en cuestión está suscrito no solo por la gobernadora de Caldas sino también por el
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delegado regional del Ministerio de Educación ante el FER –Caldas, lo que permite
concluir que se trató de un docente nacionalizado. Ahora, no obra en el plenario
prueba alguna que permita por el contrario inferir que se trató de un docente
nacional, dado que no hubo intervención o delegación de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional para efectuar el reconocimiento antes señalado, pues se
evidencia que la intervención del delegado de dicha cartera ante el FER resultó
procedente para garantizar la disponibilidad de los recursos para sufragar los
salarios del educador con cargo al entonces situado fiscal.

48. En todo caso, si se trataré de un docente territorial, como se afirma en el
certificado; o si se trataré de un docente nacionalizado como lo concluye la Sala, en
ambos casos es procedente la contabilización de este tiempo de servicio. En ese
orden, no tiene vocación de prosperidad el recurso de apelación presentado por la
entidad.

• Desde el 18 de noviembre de 1982 hasta el 09 de marzo de 2017 –
fecha de reclamación administrativa (34 años, 3 meses y 19 días)

49. Revisado el expediente, se advierte que reposa acta de posesión de fecha 18
de noviembre de 1982, que da cuenta que el actor tomó posesión del cargo de
profesor en el colegio oficial “Montebonito” para el cual fue nombrado mediante
Decreto 1270 de 12 de noviembre de 1982, acto este último que no obra en el
expediente.

50. Por su parte, la secretaria de educación de Manizales en Formatos Únicos para
la Expedición de Historia Laboral del 10 de julio de 2007 y del 22 de abril de 201917
certificó que el señor Villa Henao fue nombrado docente en propiedad en el
municipio de Manizales – Caldas a través del Decreto 1270 de 12 de noviembre de
1982, en donde laboró desde el 18 de noviembre de 1982 hasta el 30 de abril de
2018 -según el último certificado aportado al proceso en atención al requerimiento
llevado a cabo por el tribunal-.

51. Si bien en el expediente no reposa el acto administrativo de nombramiento del
demandante, tal como se mencionó respecto al tiempo de servicio antes del 31 de
diciembre de 1980, a la luz de las pautas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201824, el certificado emitido por la entidad
nominadora resulta válido para establecer la naturaleza de la designación; para el
caso, dicho documento sin lugar a equívocos señala que se desempeñó como
educador nacionalizado, obrando además la respectiva acta de posesión 0363 del
18 de noviembre de 1982, está última en la que refiere como dependencia el Fondo
Educativo Regional y la misma es suscrita tanto por el posesionado, como por el
gobernador de Caldas como por el coordinador administrativo del FER Caldas.

17 Cuaderno 1 del expediente digital –folios 170 a 175 del PDF
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52. Lo anterior encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de
1989, que refiere que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a
partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

53. Así entonces, se tiene acreditada dicha vinculación por el periodo transcurrido
entre el 18 de noviembre de 1982 hasta el 09 de marzo de 2017, para un total de
34 años, 3 meses y 19 días, contabilizados hasta la fecha de reclamación
administrativa.

54. En ese orden de ideas, el demandante logra acreditar un total de 34 años, 4
meses y 20 días de servicio como docente nacionalizado, por lo que hay lugar al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, como se describe a continuación:

Extremos temporales Tiempo servido Tipo de nombramiento
Desde el 30 de 31 días Nacionalizado
septiembre hasta el 31 de
octubre de 1980

Desde el 18 de 34 años, 3 meses y 19 Nacionalizado
noviembre de 1982 hasta días
el 09 de marzo de 2017
Total tiempo servido: 34 años, 4 meses y 20
días

53. De lo hasta aquí expuesto, resulta claro para la Sala que hay lugar a confirmar
la sentencia de primera instancia, dado que el señor Oscar Villa Henao cumple con
los requisitos para hacerse acreedor a la pensión gracia, especialmente está
demostrado que cumplió 50 años de edad, tuvo vinculación docente nacionalizada
antes del 31 de diciembre de 1980, así como con posterioridad ejerció dicha
profesión mediante un vínculo también de orden nacionalizado, cumpliendo con los
20 años de servicios el 20 de mayo de 2007, fecha en la cual adquirió el status
pensional -momento para el cual ya había superado los 20 años de servicio, lo cual
ocurrió en el año 2002-, tal como lo determinó el juez de primera instancia.

54. En cuanto a la prescripción de las mesadas pensionales, si bien no fue objeto
de apelación la Sala se permite poner de presente que, en el asunto de la referencia,
tal como lo dispuso el tribunal de instancia, operó la figura de la prescripción toda
vez que la adquisición del estatus pensional se dio el 20 de mayo de 2007, -fecha
en la que cumplió 50 años de edad- y la reclamación administrativa se radicó el 09
de marzo de 2017, es decir, cuando habían transcurrido más de los tres años desde
que causó el derecho.

2.6. Conclusión
55. El señor Oscar Villa Henao cumplió con el requisito mínimo de haber servido en
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el magisterio por un término de 20 años, con una vinculación como docente del
orden nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, así como las
demás exigencias para ser acreedor de la pensión gracia, por tanto, esta Sala
confirmará la decisión dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Caldas, que accedió a las pretensiones, de acuerdo con las razones expuestas en
esta providencia.

2.7. Condena en costas

56. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto a la existencia de carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa
interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los argumentos presentados
por la entidad con el recurso, no puede observarse dicha situación, contrario a ello,
se estima que se sustentaron las razones en defensa jurídica de sus intereses y,
por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí resuelto tiene que ver
directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en las
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.

57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 24 de abril de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda;
de conformidad con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia, de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.

TERCERO. Reconocer personería para actuar al abogado Omar Trujillo Polania
como apoderado de la UGPP en atención al memorial anexo en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, aunado a ello, se acepta
la sustitución de poder a la abogada Ana María Londoño que consta en el mismo
índice.

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CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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