Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-31-000-2011-00528-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-31-000-2011-00528-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-31-000-2011-00528-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
28 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 41001233100020110052801 (1334 -2016)
Demandante: Julia Inés Barreto Parra
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social 1
Tema: Reconocimiento pensión gracia. Tipo de vinculación .
Decreto 01 de 1984.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala de Subsección A resuelve el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila el 16 de diciembre de 2015 ,
que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 2
1.1 Pretensiones
La señora Julia Inés Barreto Parra , por intermedio de apoderado,
en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
que consagra el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 3, requirió
1
En adelante UGPP.
2
Folios 3 al 30 y adición y/o corrección de la demanda a folios 148 y 149.
3
Código Contencioso Administrativo (CCA) , vigente para la época de la
demanda, dado que fue radicada el 13 de octubre de 2011, según acta
individual de reparto visible a folio 111 del cuaderno principal 1.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001233100020110052801 (1334-2016)
Demandante: Julia Inés Barreto Parra
declarar la nulidad de las Resoluciones 06428 del 21 de febrero
de 2008 y 05641 del 21 de febrero de 2009, por medio de las
cuales, la entidad demandada negó la solicitud de reconocimiento
y pago de la pensión gracia.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia
teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el
año inmediatamente anterior al 17 de agosto de 2006 , fecha en la
que adquirió el estatus pensional ; (ii) reajustar todas las mesadas
pensionales en aplica ción de lo establecido en el artículo 178 del
CCA; (iii) pagar intereses comerciales y moratorios desde que
adquirió el derecho pensional y hasta que se verifique el pago
según lo dispuesto en el artículo 177 del CCA ; (iv) resarcir los
perjuicios causados de conformidad con el artículo 16 de la Ley 446
de 1998; (v) pagar costas y agencias en derecho , y (vi) cancelar las
condenas con cargo al presupuesto de la entidad desde la vigencia
fiscal del año 2005.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda
La señora Julia Inés Barreto Parra expuso que nació el 1 de agosto
de 1941 y laboró como docente al servicio del magisterio en los
departamentos de Tolima, Huila y Santander de manera
interrumpida del 13 de febrero de 1967 al 17 de agosto de 2006 .
Indicó que el 10 de diciembre de 2007, solicitó a la Caja Nacional
de Previsión Social 4, el reconocimiento y pago de la pensión gracia
y esta fue negada a través de los actos administrativos
demandados.
1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
4
En adelante CAJANAL.
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Demandante: Julia Inés Barreto Parra
Luego de efectuar una sinopsis del marco normativo de la pensión
gracia y relacionar jurisprudencia emanada de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado , la accionante afirm ó que
cumplió con los requisitos para acceder a la prestación que
reclama, puesto que se desempeñó como docente por más de 20
años, sin que sea posible negarl e dicho derecho bajo el argumento
de que laboró en plazas del orden nacional y que no se encontraba
vinculada como docente de carácter departamental, distrital o
municipal para el 31 de diciembre de 1980 .
El Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda 5 y ordenó
tramitarla de acuerdo con el proceso ordinario señalado en los
artículos 206 y siguientes de CCA.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 6
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer
de sustento teniendo en cuenta que , de acuerdo con las
documentales aportadas al expediente administrativo, la actora, al
31 de diciembre de 1980 no se encontraba vinculada como docente
departamental, distrital o municipal.
En su defensa propuso la s siguientes excepciones (i) inexistencia
de la obligación ; (ii) prescripción ; y (iii) la innominada .
3. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo del Huila, superada la etapa probatoria,
mediante auto del 3 de noviembre de 2014 7, corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión.
5
Auto del 9 de noviembre de 2011 obrante a folio 115, cuaderno principal 1.
6
Folios 138 a 144 y respuesta a la aclaración de la demanda a folio 167 a
163.
7
Folio 423.
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4 . LA S ENT EN CI A D E P RIM ER A I N ST AN CI A 8
El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia el 16 de
diciembre de 2015 , por medio de la cual negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que de acuerdo con las normas y
jurisprudencia que regulan la materia y de acuerdo con el acervo
probatorio allegado, encontró que la accionante tenía 66 años de
edad para el momento en el que elevó la solicitud de la prestación,
por lo que cumplió con el requisit o de los 50 años de edad y,
además, estuvo vinculada como docente en establecimientos
educativos del orden territorial antes del 31 de diciembre de 1980.
Sin embargo, el a quo puntualizó que la accionante no acreditó los
20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado, toda
vez que el tiempo laborado entre el 24 de febrero de 2000 y el 30
de enero de 2002, así como el periodo comprendido entre el 2 de
septiembre de 2003 y el 17 de agosto de 2006 corresponden a
establecimiento s educativo s del orden nacional.
Aclaró que el argumento referido a que se posesionó ante el
respectivo gobernador del Huila y no frente a delegados del
Ministerio de Educación Nacional no es de recibo dado que, dentro
de las consideraciones expuestas en los actos de nombramiento
contenidos en lo s Decretos 202 del 17 de febrero de 2000 y 0925
del 2 de septiem bre de 2003, se indicó que el nombramiento se
realiza ba en ejecución o facultado por el C onvenio 031 de 1986
firmado entre el Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal
Colombiana.
Se abstuvo de condenar en costas de acuerdo con lo señalado en
el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.
8
Folios 141 a 145 Vto.
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5. EL RECURSO DE APELACIÓN 9
La parte demandante solicitó revocar la decisión de primera
instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda .
Insistió en que se trata de un a docente nacionalizada para lo cual,
afirm ó que conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 91
de 1989, existe un solo momento para que un docente adquiera tal
categoría y corresponde a la vinculación, es decir, que son
nacionalizados los que se posesionaron antes del 1 de enero de
1976 y hasta el 31 de diciembre de 1980, por lo que, en su caso
particular, consider a que no perdió tal categoría teniendo en cuenta
que se vinculó como docente territorial el 13 de febrero de 1967.
Se mostró inconforme con la valoración probatoria efectuada por el
a quo, pues, se desconoció el antecedente jurisprudencial que
prevé que el carácter territorial o nacional de los nombramiento s
docentes no lo determina la ubicación del establecimiento educativo
en donde se presten servicios, sino el ente gubernativo que en
efecto profie re dicho acto, lo que a su vez define la planta de
personal a la que pertenece y el presupuesto de donde proceden
los pagos laborales.
Finalmente, adujo que dentro del proceso se demostró que durante
los años 2000 a 2006 fue designada y posesionada por f uncionarios
de índole departamental y municipal , y no se evidencia en ningún
documento que haya sido designada o ratificada por el Ministerio
de Educación Nacional , ni que sus actividades hayan sido reguladas
por este, por lo que no es posible considerar q ue los sueldos y
prestaciones sociales estuvieran a cargo de la Nación.
6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA
9
Folios 479 a 488, cuaderno principal 3.
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6.1 La parte demanda nte 10 reiteró los argumentos esbozados en el
recurso de alzada .
6.2 La entidad demanda da 11 insistió en los argumentos expuestos
en la contestación de la demanda .
El Ministerio Público emitió concepto 12 a través del cual solicitó
confirmar la sentencia apelada . Al respecto, indicó que, de acuerdo
con la prueba documental obrante en el plenario, la accionante no
cumplió 20 años de servicio en planteles del orden territorial dado
que en tres oportunidades ostentó la calidad de docente nacional.
Agregó que s i bien la actora se vinculó antes del 30 de diciembre
de 1980 en un plantel territorial y por muchos años ostentó la
calidad de docente nacionalizado, también lo es que fue docente
nacional en algunos planteles que , con el paso del tiempo se
transformaron en nacionales.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recur so de
apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 13.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328
del Código General del Proceso 14, la competencia del juez de
10
Folio 557 a 569.
11
Folios 575 a 578.
12
Folios 571 a 574 Vto.
13
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
14
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.»
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segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
el apelante .
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, a la Sala le corresponde determinar:
➢ Si la señora Julia Inés Barreto Parra cumplió con el requisito
de 20 años de servicios en la docencia departamental, distrital
o nacionalizado, tal como lo establecen las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928 y 91 de 1989 .
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. La pensión gracia.
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.
Respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración
y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.
Por su parte, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública y
autorizó la suma de servicios prestados en diversas épocas al
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computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la
inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Con la Ley 37 de 1933, el beneficio se hizo extensivo a los maestros
de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios
señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional», «nacionalizado» y
«territorial».
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer
que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen
o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos .
En ese orden, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir,
con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la
Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de
agosto de 1997 señaló con claridad dicha exclusión.
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
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unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 15 previó las
pautas jurisprudenciales a seguir en relación con el presupuesto
proveniente del situado fiscal y la titularidad de los recursos
provenientes del sistema general de participaciones.
Dicha decisión hizo también referencia a los fondos educativos
regionales, los cuales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados y
en ese sentido se aclaró que el universo de esos recursos con los
que se financiaban, le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas, por lo que no es dable inferir que los
docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en
educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial,
el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con
la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente
en la Nación.
La sentencia en mención, se refirió a la prueba de calidad de
docente territorial para lo cual, determinó que se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que
además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta
de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
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En cuanto al origen de los recursos de la entidad nominadora, se
señaló que lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territorial o nacionalizada.
Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 16 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que Los docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980
y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para
su reconocimiento».
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.
En conclusión, queda claro que, para acceder al reconocimiento de
la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales,
en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de
instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con
alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo,
siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos, es decir, haber alcanzado la
edad de 50 años y haber observado buena conducta.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).
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2.3.2 La Educación Contratada
En relación con la educación contratada, esta Corporación en
sentencia del 24 de julio de 2008 17, con ponencia de la doctora
Bertha Lucía Ramírez de Páez, sostuvo lo siguiente:
«M edia nte la Ley 20 de 19 74, s e a prob ó el Conc ord at o y el
Pro toc olo Final ent re la R ep úblic a de Colo m bia y la Sant a Se de ,
s us c rito e n B ogo tá el 12 d e julio de 1 973 y s u r ge la Edu c ac ión
Mis io nal Con tra tad a. Es t a mo dalid ad de pres t ac ión del s erv ici o
educ ativ o pos ibilit ó la a mplia c ión de la educ ac ió n en los s ec tor es
más a part ados del país y e n los ant ig uos t er rit orios nac i onales a
trav és de la s us c rip c ión de c ontr atos e nt re el Go biern o Na c ional y
la Igl es ia Cat ólic a.
“(… ) Co m o s e rv ic io a la c o m unida d e n las z ona s mar gina das ,
nec es ita d as te m por alm ent e d e un r égi me n c a nó nic o es pe c ial, l a
Igles ia c o labor ará e n el s ec t o r de la ed uc ac ión o fic ial med iante
c ontr atos que des a r rol len los prog ra ma s ofic ial es res p ec tiv os y
c onte mp le n las c i rc uns tanc i a s y ex ige nc ias es p ec ífic as d e c ada
lugar . Ta les c ont ra tos c ele br ados c o n el G obie r no N ac ion al se
ajus ta rán a c rite ri os prev i a me nte ac orda dos entr e és t e y la
Con fer enc ia Epis c o pal, de c o nfo r mida d c on lo dis pues t o en el
Art íc ulo V I. ( …) ”
Con el fin de des a r rollar los c ontr atos me nc ion a dos e n la nor ma
trans c rita , el Gobi erno ex pi dió el D ec ret o 27 68 de 19 75, q ue
c ons ag ró nor mas p ara la c e lebrac i ón de los c ontr atos entr e el
Go bier no Nac io nal y la Igl es ia Cat ólic a y es t ab lec ió que s er ían
fir ma d os por el Mi nis teri o d e Educ ac i ón Nac i o nal a no mb re del
Go bier no Nac i onal y po r el res p ec ti v o Ordi na rio Co mp etent e a
no mbr e d e la Igl es ia, y tie n en c o m o objeto la ad minis t r ac ión por
part e de e s ta de los c entr os e duc ativ os en el s ec t or de la e duc ac ió n
o f i cial, s u teno r lit e ral es el s iguien te:
“Ar tíc ul o c uart o. El no mb ra m iento de r ec tor es y direc t ores , de l
pers o nal doc ent e, ad minis t r ativ o y d e s erv ic i o , en l os c entr os
educ ativ o s baj o c o ntra to, s e ha rá de ac uer do c on e l s i g uiente
proc e di mi ento:
1. El no m br a mie nto de los r e c tores o d irec to res de c ada c entr o
educ ativ o o de c ada c onjunt o d e c ent ros educ ativ o s bajo régi me n
c ontr ac tu al, lo ha rá el Mi nis te rio de Edu c ac ión Na c ional e nt re lo s
c andid ato s que pre s ente el O rdina rio c om pete nt e. ( … )”
El Dec ret o 24 84 d e 19 76 m odific ó el D ec re to 2768 de 1975 y
es tablec ió que el Ordi nar i o Co mp etent e (I gles ia C atólic a )
pres e ntar á al Mi ni s terio d e Educ ac ión N ac ion al los no m bres del
pers o nal direc tiv o, doc ent e y admi nis tra tiv o de c ad a Cen tro
17
Radicación interna 2387-2006.
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Demandante: Julia Inés Barreto Parra
Educ a tiv o o de c a da conjun to de C ent ro s Educ ativ os , pa ra q ue este
ratifi que l as nov e da des de pe rs onal , s u teno r lite r al es el s i guient e:
“El Mi nis t erio de E duc ac ió n Nac io nal proc e der á a ra tific a r las
nov eda de s de pers onal de l o s Cent ros Educ a tiv os bajo c ontr ato
de ac u erd o c on el s iguien t e p roc edi mi e nto:
1. El Ordi nario C o mpeten te p r es enta rá al Minis t er io de Ed uc ac ión
Nac io nal los no mb res d el pers o nal dir ec tiv o, d oc ente y
ad minis t r ativ o de c ada C entr o Educ a ti v o o de c ada c onju nto d e
Cen tros E duc ativ os . (… )”
Me dian te el Dec ret o 215 5 d e 19 8 7, s e der oga r on los D ec ret os
ante rior es y en s u l ugar dis p us o:
“Ar tíc ul o 1º Los c o ntra tos qu e de c on f or mida d c on el ar tí c ulo
trec e del Conc ord at o, s e c ele bren en tr e el G obi erno N ac i onal
y la Igl es i a C atólic a en el s ec tor d e la e duc ac ió n ofic ial en las
z onas c o nte mpl ada s en el artíc u lo s ex to del Trat ado, se
ajus ta rán a las s i gui entes regl as :
1. Los c o ntra tos s erán c ele brad os p or el Pr e s idente d e la
Rep úblic a y e l Mi n is tro de Educ ac ión N ac ion al , o po r e ste
últi mo, d e c onf or mid ad c o n las no r mas s obr e c o mpe t encia
v igentes al m o men to de la fir ma, e n nom bre del G obie rn o
Nac io nal y por el re s pec tiv o o rdina rio c om pete nt e a no m br e de
la Igl es ia Cat ólic a.
2. Los c on trat os tien en c o mo o bjeto la a d minis trac i ón por p ar t e
de la Igle s ia C atóli c a de l os Cen tros E d uc ativ os del Es tad o y
de la Igl e s ia Católi c a qu e s e rige n por las nor m as del Es t ad o
y c u mpla n los r equi s itos fij ad os en es t e D ec re to .
3. Par a c ada j uris d ic c ión ec l es iás tic a s e c ele br ará un s o lo
c ontr ato, en c uy os anex os que d arán enu me rad os , po r
regio nes , los ins ti tutos doc entes qu e s ean o bjeto de es te
régi me n c ontr ac tual .
En c as o de qu e u na ju ris di c c ión ec l es iás tic a abar que v aria s
juris dic c i o nes c iv il es , s e p odrá n ha c er tan to s c ontra t os
c uantas s ean las j uris dic c io nes c iv i les , s eg ún las
c onv eni en c ias o ex i genc ias le gales .
4. En c ad a c on trat o s e es tabl ec erá la p os ibilida d de s u rev i s ión
y ac tualiz ac ión s eg ún lo ex ij a el c a mb io de las c irc uns t an c ias
dura nte s u v igenc ia .
5. La dur a c ión de c a da c ont rat o s erá por un tie m p o m íni mo de
tres añ os y máx i m o de c inc o, y podr án s er r e nov ados por
ac uer do e ntre las p artes .
6. C o mo anex o d e c ada c on trat o figu r a un inv e ntari o de los
bienes m uebles e i nm uebl es qu e per t enez c an a c a da c e ntro
educ ativ o.
7. Cua nd o el edi fic io del c ent ro educ ativ o del Es t ado
pert enez c a a la Igle s ia C atóli c a, en el c ontr ato s e m enc io n ar á
ex pres a m ente el c arác t er e c les iás tic o de la propi edad de l
edific io .
8. Con c a rgo a las s um as s e ñalad as e n la l ey d e pr es upu es t o
de c ada año y s u s adic ion es , s e p agar án lo s s ueldos y
pres t ac io nes s oc ial es d el p er s onal di re c tiv o doc e nte, d oc e nte
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y ad mi nis trativ o de los c en tr os e duc at iv os b ajo c ontr ato, así
c om o los gas tos in here ntes a la buen a ma rc ha de los c e ntro s
educ ativ o s , s os t en imie nto d e e dific io s , s e rv ic i os p úblic os,
ma teri al p edagó gic o y de más c onc ept os qu e apa r ez c an den tro
de la l ey d e pres upu es to. Las parti das p or ap ort e de c es a ntí as
y Ley 27 de 1974 , las gi rar á dir ec ta me nte el Minis teri o d e
Educ ac ión Nac io nal al Fond o Nac io nal de Ah orr o y al Ins tit uto
Colo m bia no de B ienes ta r Fa milia r, de ac u erdo c o n la
apro piac i ón p res up ues tal res pec tiv a.
9. Cada c ontr ato re quier e pa r a s u v al id ez :
a) Pago d e i mpu es t o de ti mbr e en l a Ad minis trac i ón de
Hac ie nda Nac io nal;
b) Apr oba c ión y reg is tro pres upues t al;
c ) P ublic a c ión en el DI A RI O OF IC IAL . (…) ”
Con l a ex ped ic ió n del D ec re to 126 8 d e 2001 q ue reg la m entó el
artíc u lo 2 00 d e la Ley 115 de 199 4 la c o mp etenc ia p ara l a
s us c ripc ió n de es tos c o ntr atos c on Igl es ias y Co nf es ione s
Religi os a s s e tras l adó a las Entid ade s Terri tori ales c on c argo d e
s us pres u pues tos , bajo la c ontinu a i ns pec c ió n y v igilan c ia del
Minis teri o de Educ a c ión Nac i onal.
Lo ante rio r p er mit e c onc luir q ue el c ue rpo doc e n te ads c ri t o a los
Cen tros E duc ativ os Con tra ta dos , c uy o s no mbr a mie ntos p rov en ían
por rat ific ac ión del Minis teri o de E duc a c ión Nac i onal, os t e ntaba n el
c arác t er d e doc e nte s Nac i ona les .
Lo ante ri or s i gnific a q ue los s uel dos y pr es tac i ones s oc i ales del
pers o nal direc tiv o doc ent e, doc ent e y ad minis t r ativ o de l os c entr o s
educ ativ o s bajo c on trat o, es ta rán a c ar g o de l a Na c ión.
La ed uc ac ión c on tra tada s e t r ata d e u n a de l as d iv ers as fo rm as d e
pres t ar e d uc ac ión p úblic a, en tendid a c om o aq uel la que s e financi a
c on r ec ur s os ofic i a les , s e of rec e en c ondic io ne s de gra t uidad y
debe lleg ar a los s ec tor es s oc iales más po br es , e n l o s que el
Es tad o n o p uede prop orc io nar ed uc ac ión dir ec ta men te s ino p or
inter m edi o de es to s c ontr ato s que q u edan a c argo de l a Nac i ón.
[…]»
En conclusión, los docentes adscritos a los Centros Educativos
Contratados, cuyos nombramientos provenían por ratificación del
Ministerio de Educación Nacional, ostentaban el carácter de
docentes nacionales.
2.4. Caso concreto
2.4.1 Actuación administrativa
I) El 10 de diciembre de 2007 , la accionante solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
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II) La UGPP mediante la Resolución 06428 del 21 de febrero
de 2008 18 negó la petición, por considerar que la actora prestó sus
servicios como docente al servicio de los departamentos de
Santander, Tolima y Huila, por 7430 días, sin embargo, « los ti e mp os
labor ados en el d e part a ment o de S ant ande r y e n el dep a rta me nto del
Huila del 24 d e f ebr ero del 20 0 (s ic ) al 30 d e e ne ro d e 2 00 2 y d el 0 9 de
septie m br e de 200 3 al 17 d e ag os to de 2 006 [ fue] en s u c ar ác te r de
docent e d el or den n ac ional [.. .]. »
III) La demandante interpuso recurso de reposición, y fue resuelta
por medio de la Resolución 05641 del 21 de febrero de 2009 19,
que confirmó la decisión, y adujo que de acuerdo con el numeral 3.º
del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, los docentes del orden
nacional no tienen derecho a la pensión gracia dado que la pensión
ordinaria se encuentra a cargo de la Nación.
En ese orden, consideró:
«Q ue d e l os doc u m ento a port ados s e e s tablec e q u e l a pe t ic ionari a
pres t ó s us s erv ic i os e n e l Dep arta m ento d e Sa nta nder e n e l peri odo
c om pre ndi do en tre e l 1 3 d e fe brer o d e 1 967 a l 3 1 d e en ero d e 19 70,
c on v inc ul ac ión n ac i onaliz a da; d e l pe rio do c o mp r endid o en tre e l 2 4
d e f ebr er o d e 19 9 2 a l 0 1 d e ag os to d e 1 997 c on v inc u lac ión d e
c arác t er n ac ional ; e n e l Dep a rta me nto d e l Huil a d e l 2 4 d e fe bre ro
d e 2 000 a l 3 0 d e en ero d e 20 02 c o n v in c ulac ión n ac ionali z a da y e n
e l De par t am ento d el Hui la d el 9 d e s eptie m bre d e 20 03 a l 1 7 d e
agos to d e 20 06 c on v inc u l ac i ón d e C ar ác ter Nac i onal. Co m o c o nsta
a foli o 1 1 y s iguie nt es d e l c ua dern o ad minis tra ti v o.»
2.4.2 La demandante nació el 1 de agosto de 1941 20, por lo que
alcanzó los 50 años de edad el mismo mes y día del año 1991.
2.4.3 Respecto del tiempo de servicio docente , se observa lo
siguiente:
18
Folio 31
19
Folios 38 a 41.
20
Según fotocopia de la cedula de ciudadanía obrante a folio 42 y certificado
de registro civil obrante a folio 43.
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Vinculaciones anteriores al 31 de diciembre de 1980
i. Pr ueb as alleg ada s
a) Del periodo comprendido entre el 13 de febrero de 1967 y el
31 de enero de 1970, nombrada mediante Decreto 545 del
17 de marzo de 1967
➢ Sea l o p ri me ro i ndi c ar qu e, a pes ar del requ eri mi ento reali z ado al
ente ter rit orial, a fi n de que allega ra l os ac t os de n o mbr ami ent o,
es te no f ue adju nt ado, p or l o que h a brá d e en tende rs e que no
ex is te.
➢ Aho ra bie n, s egún ac ta del 1 9 d e m ay o d e 1 967 21, la ac tor a t o mó
pos es ió n del c ar g o de « P r o f e s o r a c o n g r u p o e n e l C o l e g i o d e
Señoritas “Nuestra Señora de Fátima de Onzaga”, cargo para el cual
fue nombrada por decreto # 0545 de fecha 17 de marzo del corriente
año, emanado de la Secretaría de Educación Depa rtamental de
Santander y comunicado a este Despacho en oficio sin número de fecha
abril 10 del corriente año, con carácter de retroactividad al 13 de
Febrero del corriente año de la Dirección de Enseñanza Media y
s u p e r i o r c o n s e d e e n B u c a r a m a n g a . [ … ] » (s ic )
La pos es i ón s e ad elantó an te el alc a lde munic ipal de O nz aga,
Sant and er y s u s ec r etari a.
➢ De ac u erd o c on el C ertific ado de Tie mp o s de Serv i c ios Nr o. 3.605 ,
emi tido p or la Go bern ac ión de San t ande r el 21 de j ulio del
2 0 0 0 22,la a c c ionant e pres t ó s us s erv ic i os en bá s ic a s ec u ndari a
c om o «N a c ionaliz a d o» y s e r elac ion a c om o ex tr em os te m poral es
el 13 d e f ebre ro d e 1967 (ini c ial) y el 1 de f ebr e ro de 197 0 (fin al)
as í:
21
Folio 47 y allegado a solicitud de esta Sala, visible en SAMAI a índice 65.
22
Folio 12 del cuaderno de antecedentes administrativos y allegado a solicitud
de esta Sala, visible en SAMAI a índice 65.
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Dad o que el ac to a d minis tra ti v o de no mb ra mie n to c ont eni do en el
c ertific ad o no c oi n c id e c on el rel ac io nado en e l ac ta d e pos es ió n,
s e s olic it ó c opia d el mis m o al ente te rrito rial, y en res p u es ta, el
Coo rdin ad or Gr upo de His to ri as La bor a les S E D, me dian te Ofici o
20230 147 413 del 28 d e a gos to de 202 3 23, indic ó qu e dic h o
doc u me nt o «no tie ne que v e r c on la d oc ente » y allegó c o pia de l
mis mo , en el que s e c ons t ata que ev ide nte men te no t iene r elac ión
algun a c o n la ac tor a.
En es e o r den, es t a c er tific ac ión no pu ede ten er s e e n c ue nta en
tanto qu e la inf or ma c ión r efe ri da no inc um be a la ac tor a.
➢ A s olic it u d de es ta Sala fue allega do el c orr es p ondie nte For ma to
Únic o p ar a la ex pe dic ión de Cer tific a d o d e His t oria La bo ral, del
FO M A G, emi tido p or la S ec r etar ía de Educ ac ión de San ta nder el
23 d e a g os to de 2 023 24, en l a qu e n o s e es tab lec e el ti po d e
v i nc ulac ió n , y s olo s e indic a que el régi me n de pens i o nes es
nac ion aliz ado.
En c uan to a los ex t r em os te m poral es , s e r elac io n a el me nc i onado
Dec r eto 0 545 d el 1 7 de m arz o de 1967 , per o c on s igna u na fec ha
que no c o r res po nde a la que fu e es tabl ec ida en el a c t a de pos es ión
(13 de f eb rero de 19 67), as í:
23
Visible en SAMAI a índice 65.
24
Idem.
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Por lo a nt erior deb erá t ene r s e en c u e nta lo dis pues to en el act o
de pos es i ón, es de c ir el 13 de feb rer o de 196 7 c om o f ec ha de
v inc ulac ió n.
En c ua nt o a la fe c ha de r etiro , a m bas c erti f ic ac iones res ult an
c oinc ide nt es en qu e s e c o n c retó me diante el Dec r eto 2 03 , sin
em bar go, en el pri m ero s e es t ablec e q u e es d el 1 2 d e feb r ero de
1970, en tanto qu e en el s e gundo s e s eñal a e l 31 de e nero de
1 9 7 0, qu e c oinc id e c on la fec ha del re ti ro d el s e r v ic io .
Tenie ndo en c u enta que ob ra en el pr oc es o c o pia del Dec r et o 20 3
del 12 d e feb rero de 197 0 25, «Po r el c ual s e c aus an a l gunas
nov eda de s en E n s eñanz a S ec und aria» (s i c ), e man ado de l
gobe rnad or d e S an tande r, c o ns ta e n el artíc ulo t rec e l o s i guient e:
Si bi en fi gura Tuli a y no J ulia, ello c orres pon de a un err o r d e
digitac i ón , toda v ez que s e r efier e al Cole gio N ues tr a Se ñora d e
Fáti ma de Onz aga, que es pr ec is a men t e en el q ue fue no mb rad a
la ac tor a po r l o q ue c oinc i de c on el no m bre de l a i ns tituc ió n
refe rida e n las c e rti fic ac ion es relac i ona das .
Con bas e en lo a nte rior, el ex t re mo fi nal habr á de fijars e e l d í a 31
de en ero de 19 70 .
25
Visible a folios 45 y 46 y aportado por la entidad territorial, visible en
SAMAI a índice 65.
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b) Del periodo comprendido entre el 25 de agosto de 1971 al 31
de enero de 1972 , nombrada mediante el Decreto 453 del 23
de agosto de 1971 26
« GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DECRETO NUMERO 453 DE 1971
(Agosto 23)
Por el cual se dictan unas disposiciones en el ramo de enseñanza media.-
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
en uso de sus facultades legales,
DECRETA
[…]
ARTICULO 14.- Nómbrase a SOR JULIA INES BARRETO PARRA
profesora de tiempo completo de la Normal “Medalla Milagrosa” de
Chaparral, con asignación mensual de $1.800.oo en reemplazo de Sor
Celia Valencia López quien pasa a otro cargo.
[…]
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
GOBERNADOR
SECRETARIO DE EDUCACION» (sic)
➢ De ac u erd o c o n el F or mat o Ún ic o p ara la ex p edic ió n d e Ce rtif ic ad o
de His tori a Labo ral , del F O M A G, e mi tido p or l a Sec reta ría d e
Educ ac ión del Toli ma el 11 d e julio d e 2 0 2 3 27, c o rres p ondi ente a
es te pe rio do, no in d ic a el tipo de v inc ul ac ión y s o lo s eñala que el
régi me n d e pens i on es es n ac i onaliz a do.
En c u ant o a los tie mp os de s erv ic io s e ñala:
26
Folios 9 a 11 del cuaderno de pruebas de la parte demandante.
27
Allegado a solicitud de esta Sala, visible en SAMAI a índice 6 1.
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c) Del periodo comprendido entre el 29 de enero de 1975 y el
21 de enero de 1976 , nombrada mediante el Decreto 032 del
29 de enero de 1975 28.
«GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DECRETO NUMERO 032 DE 1975
(ENERO 29)
Por el cual se hacen unos nombramientos.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
en uso de sus facultades legales,
DECRETA
[…]
ARTICULO 18.- A partir del 1º. de febrero del año en curso, acéptese la
renuncia SOR MRIA (sic) DEL CARMEN RODRIGUEZ CALDERON, P.T.C
de la Normal Medalla Milagrosa Chaparral y nómbrese en reemplazo a SOR
JULIA INES BARRETO PARRA con asignación mensual de $2.500.oo.
[…]
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
GOBERNADOR
SECRETARIO DE EDUCACION» (sic)
➢ De ac u erd o c o n el F or mat o Ún ic o p ara la ex p edic ió n d e Ce rtif ic ad o
de His tori a Labo ral , del F O M A G, e mi tido p or l a Sec reta ría d e
Educ ac ión del Toli ma el 11 d e julio d e 2 0 2 3 29, c o rres p ondi ente a
es te p erio do, t a mpo c o indic a el tipo de v inc ul ac i ón y s olo s eñala
que el ré g ime n d e p ens ion es es nac io n aliz ado .
En c u ant o a los tie mp os de s erv ic io s e ñala:
28
Folios 1 y 13 del cuaderno de pruebas de la parte demandante.
29
Allegado a solicitud de esta Sala, visible en SAMAI a índice 61.
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d ) Del p erio d o c o mpre ndido e ntr e el 10 d e marz o de 1976 y e l 1.º de
feb re ro d e 197 9 , n om bra da me dian te el D ec ret o 104 del 20 d e
feb re ro d e 197 6 30
«G O B E R N A C I Ó N D E L H U I L A
DECRETO No. 0104 DE 197 (sic)
Por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento a personal
docente de Educación Media.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO
en uso de sus facultades legales,
DECRETA
[…]
ARTICULO SEGUNDO.- HACESE EL SIGUIENTE NOMBRAMIENTO A
PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA, A PARTIR DE LA FECHA
DE POSESIÓN, ASI:
A SOR JULIA INES BARRETO PARRA como Prof. T.C. Colegio MARILLAC
La Plata, sin categoría, 10 marzo
[…]
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Neiva, a los FEB. 20 DE 1976
Gobernador
Secretario de Educación» (sic)
ii. Aná lisi s de la s p r ueba s r el acion ada s
Acorde con las piezas reseñadas, lo que constituye relevancia para
determinar si la docente tiene el derecho o no al reconocimiento de
la pensión gracia, es si fue nombrada docente antes del 31 de
diciembre de 1980, y si se trató de una vinculación de cará cter
territorial o nacionalizada.
De los referidos actos de nombramiento y de posesión es dable
30
Folio 19 del cuaderno de pruebas de la parte demandante.
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colegir que todos estos emanaron del representante del ente
territorial departamental en uso de las facultades que le son
inherentes, es decir, que en ninguno de ellos se invocaron normas
que permitan inferir que actuaba n como delegados de la Nación y,
en ese orden, la designación no proviene del Ministerio de
Educación Nacional; tampoco fue allegada alguna evidencia de la
que se pueda concluir que dicho s nombramiento s se efectuaron con
intervención de la Nación y estuvieron suscrito únicamente por el
gobernador y el secretario de educación.
Igualmente, de manera expresa, en los actos administrativo s objeto
de estudio, se registró que se nombraba a la actora en la plaza de
los entes territoriales, así:
a ) Cole gio N ues tr a Se ñora de Onz aga, en el mu n ic ipio de Onz aga ,
Sant and er .
b ) y c ) No r mal “ M ed alla Mil ag ros a” , e n el mu nic ipio d e C hapa rral ,
Toli ma.
d) Cole gio M A RIL LA C, La Plat a, Huila .
Ahora bien, e n aras de determinar la naturaleza jurídica del vínculo,
resulta relevante destacar que la Corte Constitucional, en sentencia
C-084 de 1999, al analizar la constitucionalidad del artículo 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989, precisó que antes d e la
nacionalización de la educación que se surtió conforme a la Ley 43
de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, así: (i)
nacionales; y (ii) territoriales. Específicamente, expuso:
«3.2. 2. A s í mis mo, s e obs e rv a p or l a C ort e que, ant e s de l a
"nac io nali z ac ión" d e la ed uc ac ión pri ma ria y s ec unda ria ofic i al
dec re tada por la Le y 43 de 1 975 pa ra s er c u mpli da en un perí od o
de c inc o años , e s deci r h asta e l 3 1 de di ci emb re de 1980,
exis tían d os cat e gor ías d e do cen t es o fici al es, a sa ber : l os
nacio nal e s, vin cul ados l ab ora lme nt e de m a ner a di re cta a l
M inis te ri o d e E duca ción N aci on al; y l os te rr it ori ales ,
vincu lad o s la bo ral ment e a los d ep art ame nt os , en n ada s e
oponí a a la Co ns tit uc ión e nt onc es e n v igor, qu e ex is tie r a par a
és tos úl ti mos la d e no mina da "pens i ón grac ia ", d e que tra t a la L ey
114 de 1 913, p os t erior m ent e ex ten di da a otr o s doc ent e s por las
ley es 1 16 de 1928 y 37 de 193 3, c o mo ta m po c o s e op one l a
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prolo ngac ión d e s us ef ec tos e n el tie m p o pa ra quien es
ac tual m en te la dis fr utan, o re unier on lo s requis i t os s us tan c iales
para t ene r derec h o a ella an t es del 31 de dic ie m bre de 1 9 80, pu es
la div e rs i dad d el e mpl ead or (nac ió n o depa rta me nto ), p er mití a,
c onfo r me a la Car ta , es ta blec er un tra t o dis tin to y una ex c epc ión
al princ i pi o gene ral prohi bitiv o de dev e ngar dos as ignac i o nes del
Tes or o Pú blic o, s i tu ac ión és ta que res ul ta ig ual me nte ac o mp as ada
c on la C ons tituc ió n P olític a de 199 1 , pu es la nor m a a c us ada
(art íc ulo 4º, nu me r al 3 º Ley 11 4 d e 1913 ), en na da v ul nera el
princ ipi o de l a ig ua ldad c ons agra do po r el a rtíc u lo 1 3 d e l a Car t a
Ma gna, el c ual prohi be ( s ic ) dis p ens ar tra to dif ere nte y
dis c ri mina do "p or raz on es de s ex o, raz a, or igen n ac i onal o
fa miliar , l engua , re l igión, opi nión p olíti c a o filos ófic a" , na da de l o
c ual oc u rr e en es te c as o. [ …] » (Negrilla de la Sala)
Lo anterior permite colegir que, para dicho s periodos, la docente,
ostentaría una vinculación territorial , en las primeras 3
vinculaciones (a, b, y c), pues estas tuvieron lugar antes de la
nacionalización de que trata la Ley 43 de 1975 , y en la última (d),
fue nacionalizada , en ese orden, debe n ser tenidos en cuenta a
efectos de la pensión gracia , por lo cual, estos tiempos resulta n
susceptible de acreditar la vinculación antes del 31 de diciembre de
1980, y de ser contabilizado s para efectos de colmar el requisito de
tiempo de servicios exigido para acceder al reconocimiento y pago
de la pensión gracia (20 años).
Si bien el certificado del 21 de julio de 2000 señala que el primero
de los casos, la naturaleza de la vinculación fue nacionalizado, ello
no resulta de recibo sencillamente porque para ese momento
histórico no se había iniciado el proceso de nacionalización en la
educación del país, que se adelantó, como se explicó, solo a partir
de la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975.
De acuerdo con los documentos aportados y la cronología
estudiada, correspondería analizar el periodo comprendido entre el
1.º de enero de 1978 y el 31 de enero de 1979 , nombrada mediante
el Decreto 000601 del 24 de enero de 1978 31, sin embargo, resulta
31
Folios 21 a 23 del cuaderno de pruebas de la parte demandante.
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evidente que estos tiempos se superponen a los correspondientes
al Decreto 104 del 20 de febrero de 1976 , y en ese sentido , esta
Sala observa que tal conducta transgrede la prohibición
constitucional y legal de percibir más de una asignación
proveniente del tesoro público, limitación que ha estado presente
en el ordenamiento jurídico colombiano incluso desde la
Constitución de 1886, por lo que esta Sala no tendrá en cuenta los
tiempos laborados en ese periodo.
a) Del periodo comprendido entre el 20 de enero y el 31 de
diciembre de 1974 .
Según se relaciona en la demanda, la actora prestó sus servicios
en la Normal Nacional Sagrado Corazón del municipio de Chita,
Boyacá, y ello se verifica a través de la Certificac ión de Tiempo de
Servicios suscrita por la rectora y la secretaria de dicha institución
educativa.
Si bien no fue allegado algún otro documento adicional, la Sala
observa que dicha certificación evidencia, no solo que se trata de
una institución Nacional, sino que, los sellos impuestos sobre las
firmas dejan ver que se encontraba a cargo del Ministerio de
Educación Nacional, razón por la cual, este tiempo no puede ser
tenido en cuenta a efectos de la pensión gracia que reclama, pues,
solo las normas que re gulan la materia, determinan que solo se
permite la inclusión de los tiempos con vinculaciones cuya
naturaleza jurídica fuera territorial o nacionalizada, según se
explicó en el marco normativo relacionado ut supra.
Tiempos de servicios posteriores al 31 de diciembre de 1980
b) Del periodo comprendido entre el 1.º de abril de 1987 y el 31
de enero de 1992 , nombrada mediante el Decreto 327 del 16
de marzo de 1987 32.
32
Allegado por la Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del
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[…]
[…]
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Ibagué, a los 16 MAR. 1987
Gobernador
Secretario de Educación» (sic)
➢ De ac uer d o c on al Ac ta del 1 .º de abr il de 1 987 33, la ac t ora to mó
pos es ió n del c argo de «DI RE CT O RA DEL C OL EG I O
DE P AR TA M EN TA L DE BA C H ILLE R AT O C O M E RC IA L " M ED AL LA
MI LA G R O SA ” D EL M UN IC IP I O D E C H AP A RR AL pa ra el c ual fue
no mbr ada por Dec r eto 3 27 ma rz o 1 6 /87 y 0 04 26 marz o 31/8 7
em ana do de G O BE RN A CI Ó N T OLI M A [ …] ». L a p os es ión s e re alizó
ante el s e c reta rio d e educ ac i ón del de part a ment o de Toli ma .
➢ De c o nfo rmi dad c on el For ma to Úni c o par a l a ex pe dic ión de
Cer tific a d o de His toria Lab oral, del FO M A G, em itido por l a
Sec r eta rí a de E du c ac ión d e l Toli ma el 11 d e julio d e 2 0 2 3 34,
c orres pon diente a es te pe riodo , t a mp oc o i n dic a el t ipo d e
v inc ulac ió n y s olo s eñala que el r égi men d e pens io nes e s
nac ion aliz ado.
Tolima, mediante oficio TOL2023EE017224, al correo electrónico de esta
Corporación, atendiendo la solicitud elevada por esta Sala, visible en SAMAI
a índice 63.
33
Folio 14 del cuaderno de pruebas del demandante.
34
Allegado a solicitud de esta Sala, visible en SAMAI a índice 61 y que coincide
con la emitida el 8 de mayo de 2013, obrante a folios 7 Vto. y 8 del cuaderno
de pruebas de la demandandante.
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En c u ant o a los ex tr em os te m poral es r e firió l os s i guient es :
De acuerdo con los documentos relacionados es posible colegir que
el acto de nombramiento contenido en el Decreto 327 del 16 de
marzo de 1987 , emanó del gobernador del Tolima , en calidad de
representante del ente territorial, en uso de las facultades que l e
son inherentes, es decir, que no invocó normas que permitan inferir
que actuaba como delegado de la Nación y, en ese orden, la
designación no proviene del Ministerio de Educación Nacional;
tampoco fue allegada alguna evidencia de la que se pueda concluir
que dicho nombramiento se efectuó con intervención de la Nación .
Sumado a ello, no se especificó que la plaza fuese nacional, o que
los pagos de esos salarios fueran procedentes de esta cartera y,
por el contrario, se dispuso de manera expresa que se nombraba a
la actora como directora el Colegio Departamental de Bachillerato
Comercial Medalla Milagrosa, del municipio de Chaparral, es decir
que ocupó un a plaza en una institución territorial.
Adicionalmente, la accio nante se posesionó ante el secretario de
educación del departamento de Tolima , sin que se evidencie
intervención por parte del Ministerio de Educación.
Teniendo en cuenta que, en el asunto bajo análisis, la docente fue
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nombrada por una entidad territorial después de la nacionalización
adelantada por la Ley 43 de 1975, sería dable concluir que ostentó
una vinculación nacionalizada o territorial.
Ahora, en lo que corresponde a determinar cuándo un docente es
de carácter territorial o nacionalizado, resulta relevante destacar
que la Corte Constitucional, en sentencia C -084 de 1999, al analizar
la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley
91 de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación
que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían
sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales.
Específicamente, expuso:
«3.2. 2. A s í mis mo, s e obs e rv a p or l a C ort e que, ant e s de l a
"nac io nali z ac ión" d e la ed uc ac ión pri ma ria y s ec unda ria ofic i al
dec re tada por la Le y 43 de 1 975 pa ra s er c u mpli da en un perí od o
de c inc o años , e s deci r h asta e l 3 1 de di ci emb re de 1980,
exis tían d os cat e gor ías d e do cen t es o fici al es, a sa ber : l os
nacio nal e s, vin cul ados l ab ora lme nt e de m a ner a di re cta a l
M inis te ri o d e E duca ción N aci on al; y l os te rr it ori ales ,
vincu lad o s la bo ral ment e a los d ep art ame nt os , en n ada s e
oponí a a la Co ns tit uc ión e nt onc es e n v igor, qu e ex is tie r a par a
és tos úl ti mos la d e no mina da "pens i ón grac ia ", d e que tra t a la L ey
114 de 1 913, p os t erior m ent e ex ten di da a otr o s doc ent e s por las
ley es 1 16 de 1928 y 37 de 193 3, c o mo ta m po c o s e op one l a
prolo ngac ión d e s us ef ec tos e n el tie m p o pa ra quien es
ac tual m en te la dis fr utan, o re unier on lo s requis i t os s us tan c iales
para t ene r derec h o a ella an t es del 31 de dic ie m bre de 1 9 80, pu es
la div e rs i dad d el e mpl ead or (nac ió n o depa rta me nto ), p er mití a,
c onfo r me a la Car ta , es ta blec er un tra t o dis tin to y una ex c epc ión
al princ i pi o gene ral prohi bitiv o de dev e ngar dos as ignac i o nes del
Tes or o Pú blic o, s i tu ac ión és ta que res ul ta ig ual me nte ac o mp as ada
c on la C ons tituc ió n P olític a de 199 1 , pu es la nor m a a c us ada
(art íc ulo 4º, nu me r al 3 º Ley 11 4 d e 1913 ), en na da v ul nera el
princ ipi o de l a ig ua ldad c ons agra do po r el a rtíc u lo 1 3 d e l a Car t a
Ma gna, el c ual prohi be ( s ic ) dis p ens ar tra to dif ere nte y
dis c ri mina do "p or raz on es de s ex o, raz a, or igen n ac i onal o
fa miliar , l engua , re l igión, opi nión p olíti c a o filos ófic a" , na da de l o
c ual oc u rr e en es te c as o. [ …] » (Negrilla de la Sala)
Por su parte, esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado
de la designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territoria l antes
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del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975 ». En similar
sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C -085 de
2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados
antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales».
Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta
Corporación en la citada sentencia de unificación CE -SUJ2-011-
18 del 21 de junio de 2018 , concluyó :
« Po r s u p arte , s e e ntiend e p or pe rs on al na cion aliz ad o (i ) aqu e l
que s ie nd o ter rito ri al ant es d el 1. de e nero de 1 976 f ue o bjeto del
proc es o d e nac ion al iz ac ión ini c iado c on la ex pedic ión de la L ey 43
de 19 75; y (ii) l os q ue a par ti r de es a f ec ha s e h ay an v inc ulado a
una plaz a de aq uellas qu e fuer on nac ional iz adas e n v irtud ,
ta mbié n, del al udid o pr oc es o adel ant a do p or la nor ma en c ues tión
(Ley 43 d e 197 5).
Ent re tant o, d ebe e ntend ers e por pe rs onal te r ri tor ial el v inc ulad o
por e ntid a des de es e ord en a parti r del 1. de ene r o de 1 976 , s in el
c um pli mie nto d el r e q uis ito es tablec i do en el art íc ulo 10 de la Ley
43 d e 1 97 5; es to es , qu e la p laz a a oc upar hay a s ido c re a da d e
for ma ex c lus iv a por el ente lo c al y los gas tos qu e es ta ge nere s e
c ubra n c o n c ar go a s u pr opio pres u pues to.»
Adviértase que esas reglas jurispru denciales deben analizarse en
cada caso particular en conjunto con los todos elementos de juicio
para concluir sin lugar a equívoco el tipo de vinculación del
respectivo docente.
Lo anterior permite colegir que, para dicho periodo, la docente, en
principio ostentaría una vinculación nacionalizada, pues la misma
tuvo lugar después de la nacionalización de que trata la Ley 43 de
1975 (toda vez que la expedición y entada en vigencia f ue el 11 de
diciembre de 1975).
Por consiguiente, esta Corporación concluye que la accionante
ocupó el cargo de educadora en el periodo analizado y que la
naturaleza de la vinculación fue nacionalizada , lo que permite que
sean tenidos en cuenta a efectos de la pensión gracia , por lo cual,
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este tiempo es susceptible de ser contabilizado para efectos de
colmar el requisito de tiempo de servicios exigido para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia (20 años).
c) Del periodo comprendido entre el 24 de febrero de 1992 y el
1.º de agosto de 1997 , nombrada mediante el Decreto 008
del 24 de febrero de 1992 .
➢ Segú n el c onteni do del Ac ta del 24 de 24 de 199 2 35, e m itid a po r l a
Alc ald ía Mu nic ipal de O nz ag a, l a ac to ra to mó p os es ión d el c a rgo
de « direc t ora el Co l egio Int eg rado de N ues tr a Se ñora de F áti ma
de es t a L oc alida d, para la c ual fu e n om bra da me dian te Dec r eto
No. 008 de F eb rero 24 de 1. 992 e mana d o de la Alc al día
Mu nic ipal . »(s ic ) La pos es i ón s e reali z ó an te el alc a l d e y s u
s ec ret aria .
➢ Fue alleg ado el De c reto 01 5 del 3 0 d e julio de 1 997 36 e miti do p or
la Alc aldí a Munic i p al de Onz aga, por me dio de la c ual s e ac ep ta
la ren unc i a pres ent ada p or l a ac to ra al c arg o de «[ r]ec t ora d el
Cole gio I n tegr ado N ues tr a Se ñora de F áti m a, Na c ionaliz a d o, que
func ion a e n es te Mu nic ipio a p artir del P rim ero de Agos t o d e 1997 »
(s ic ) , ac t o admi nis t r ativ o qu e fue s us c ri to por el a lc alde mu nic ipal.
➢ De ac ue r do c o n el C erti fic a do d e Tie mp o de S erv ic ios 2 0279 del
19 de mar z o de 200 2, e mit ida por la Se c reta ría d e Ed uc ac i ón de
Sant and er 37, en rel aci ón c on es te per iodo se e stab l ece que e l tip o
de v inc u la c ión fu e « Nac io nal» .
35
Folio 60 del cuaderno de pruebas de la demandante y 92 del cuaderno
principal
36
Folio 64 del cuaderno de pruebas de la demandante.
37
Folio 38 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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• De ac u erd o c on el F or mat o Ún ic o p ara l a ex p edic i ón d e Ce rt ific ado
de His tori a Labo ral , del F O M A G, e mi tido p or l a Sec reta ría d e
Educ ac ión de Sant ande r e l 23 de ag os to del año en c urs o a
s olic itud de es ta S ala 38, c orr e s pondi ent e a es te perio do, t am poco
indic a el tipo d e v i nc ulac ió n y s olo s eñala que el régi m en de
pens io nes es « Nac i onal».
En c u ant o a los ex tr em os te m poral es s eñala lo s iguien te:
De acuerdo con los documentos relacionados para este periodo, es
posible colegir que el acto de nombramiento contenido en el
Decreto 008 del 24 de febrero de 1992 (que tampoco fue allegado
por el ente territorial, quien adjuntó la historia laboral de la
accionante y sol amente obra el acta de posesión relacionada), fue
emanado del alcalde del municipio de Onzaga, en calidad de
representante del ente local según se indicó en el acta de posesión,
en uso de las facultades que le son inherentes, es decir, que no
invocó normas que permitan inferir que actuaba como delegado de
la Nación y, en ese orden, la designación no proviene del Ministerio
de Educación Nacional; tampoco fue allegada alguna evidencia de
la que se pueda concluir que dicho nombramiento se efectuó con
intervención de la Nación .
Sumado a ello, no se especificó que la plaza fuese nacional, o que
los pagos de esos salarios fueran procedentes de esta cartera y,
por el contrario, se dispuso de manera expresa que se nombraba a
38
Allegado a solicitud de esta Sala, visible en SAMAI a índice 65.
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la actora como directora el Colegio Integrado de Nuestra Señora de
Fátima.
Adicionalmente, la accionante se posesionó ante el alcalde
municipal de Onzaga, Santander, sin que se evidencie intervención
por parte del Ministerio de Educación.
Teniendo en cuenta que, en el asunto bajo análisis, la docente fue
nombrada por una entidad territorial después de la nacionalización
adelantada por la Ley 43 de 1975, es dable concluir que ostentó
una vinculación nacionalizada y por lo tanto, este periodo debe
contabilizarse a efectos de acreditar el tiempo requerido para
acceder a la pensión gracia .
La anterior situación cobra relevancia si se tiene en cuenta el acto
administrativo por el cual le fue aceptada la renuncia, que fue
suscrita por el alcalde y en la se deja entrever que la institución en
la que laboró la actora, también ostentó la calidad de nacionalizada.
Cabe advertir que las certificaciones relacionadas no guardan
concordancia con el análisis efectuado al acto administrativo pues,
la primera, indica que la vinculación fue nacional, sin que ello haya
sido debidamente sustentado, de modo que se desconoce la razón
o el análisis efectuado para defin irla y en ese orden dicha
aseveración pierde relevancia de acuerdo con el análisis realizado
al propio acto de nombramiento, el cual resulta determinante para
establecer la naturaleza jurídica del vínculo.
En cuanto a la segunda certificación emitida por el FOMAG , se
indica que el régimen de pensiones (mas no la vinculación), es
nacion al, por lo que no puede dársele la misma interpretación y, en
esa medida, no puede ser tenida en cuenta para definir la
naturaleza jurídica de la vinculación.
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d ) Del pe rio do c o m pr endid o e n tre el 8 d e ag ost o de 1 997 y el 30 de
ene ro de 2000 , n o mb rad a m ediant e D ecr eto 0 5 7 -1 de l 8 de ago sto
de 19 97 39
[…]
39
Folios 62 y 63 del cuaderno principal.
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• De ac uer d o c on el C ertific ado de Tie m p o de Serv i c io, e ma n ado
de la S ec r etar ía de Educ ac ión del C auc a, Gr upo Únic o de Hojas
de V ida, Regis tro y Co ntro l, del 1º de julio d e 2 011 40s e ind icó
de ma ner a ex p res a que el ti po d e v in c ulac ión c orres pon d iente
a es te es pec ífic o p eriod o es «Nac i onal ».
De la lectura del acto de nombramiento contenido en el Decreto
057-1 del 8 de agosto de 1997 , se evidencia que el nominador fue
el representante de la entidad local, es decir, el alcalde del
municipio de P áez, Cauca, quien invocó para el efecto las
atribuciones conferidas por el artículo 9.º de la Ley 29 de 1989 y
los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989.
En relación con la Ley 29 de 1989, se establece lo siguiente:
«A rtí cul o 9º. - E l a rtíc ul o 54 qued ará as í: Se asign a al Alc al de
May or d el Dis tri t o Es pec i al de B ogotá , y a l os alc alde s
muni cipa l es, las func ion e s de n o mbr ar , t r as lada r, re mov e r,
c ontr olar y , e n gene ral ad minis t r ar e l p e rso nal d ocen te y
ad minis t r ativ o de l os es tab l ecimi ent o s ed uca ti vos nac i onale s o
40
Folio 87 del cuaderno principal.
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nacio nal i z ados , plaz as o fic iales de c oleg ios c oop erativ os,
priv ad os , jorna das adic ion ale s , tenie nd o en c ue n ta las no r mas del
Es tat uto Doc e nte y la Car re r a A d minis trativ a v ig entes y qu e ex pi dan
en a dela n te el Con gres o y e l G obie rno Nac ional , ajus t ánd os e a los
c argos v a c antes de las pla nta s de p ers o nal q ue a p rueb e el G obier no
Nac io nal y las dis p onibilid ad es pr es up ues ta les c orres pon d ientes .
[…]
Pa rág ra fo 1º. - L os sal ar ios y p re st acion es socia les de e ste
per son al, cont inu a rán a ca r go de la Nac ión y de la s en tida des
ter ri to ria l es qu e l a s c rea ron .
Pa rág ra fo 2º. - L a N ac ión no as u me r e s pons ab ili dad alg un a por l os
no mbr a mi ento s que ex c eda n l as plan tas de pe rs o nal ap rob adas p or
el Gob ier no Nac i o nal para la r es pec t iv a ju ris di c c ión m u nic ipal y
para la j u ris dic c ión de l a Is l a de S an An drés , ni nac i on aliz ará el
pers o nal as í des i gn ado.
Los no m br ami ent os y de más n ov edad es de pe rs on al que s e l legase n
a prod uc i r por fu e ra de las res pec ti v as plant as de pe rs onal o
c ontr av ini endo las nor mas d el Es tat ut o Doc en t e y de la C arr era
Ad minis tr ativ a y las dis p o nibilida de s pr es upues t ale s
c orres pon dientes , s erán de e x c lus iv a r es pons a bi lidad d el mu ni c ipio
o en tida d te rrit oria l qu e los hic ie re, y s uy as l as c a rgas c iv iles,
ad minis t r ativ as y la boral es q ue d e t ale s ac tu ac io nes s e de s pren dan.
El func i o nario q ue pr oduj er e el n o m bra mie nto o la nov edad de
pers o nal, inc urr irá en c aus al de ma la c ond uc ta, y r es p onde rá
s olidari a m ente c on l a enti dad que dic ho func io nar io re pres e nte.
[…]»
Sobre el particular, se precisa que lo anterior no significa per se
que la vinculación sea nacional, pue s to q ue, en virtud de la referida
disposición normativa, se asignaron a los alcaldes municipales las
funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general,
administrar el personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacional o n acionalizados.
Por su parte, el Decreto 1706 de 1989, reglamentó lo s artículos 7,
10 y 18 de la Ley 29 de 1989, con la intención de desarrollar un
régimen que se adecuara a la administración de la prestación del
servicio educativo, y, de acuerdo con la po testad otorgada mediante
el Decreto 180 de 1987 « P or el c ual s e re gla me ntan lo s tr as lad o s de
perso nal doc en te c onte m plados en el a rt íc ulo 61 del De c reto
extra ordi n ario nú m ero 22 77 de 197 9 y se dic tan o t ras medi das
comple me ntari as ».
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En cuanto al Decreto 2277 de 1979, Estatuto Docente, por el cual
se adoptaron normas sobre el ejercicio de la profesión docente,
estableció:
«Ar tíc ulo 2. P R OFE SI Ó N D O CE NT E. L as p ers o n as q ue ej erc en la
prof es ión doc ente s e de no min an ge néric a m en te educ a d ores . Se
entien de por prof e s ión doc e nte el eje rc ic io d e la ens e ña nz a en
plante les ofic iales y no ofi c iales de educ ac ió n en los dis tintos
niv eles de que t rat a es te dec r eto. Ig ual me nte inc l uy e es ta d efinic ió n
a los doc entes qu e eje rc en f unc ion es de d irec c i ón y c oo r dinac ió n
de los pl a nteles ed uc ativ os d e s up erv is ión e ins p ec c ión es c olar, de
prog ra ma c ión y c ap ac itac ió n educ ativ a, de c ons ej ería y o rie nt ac ión
de educ an do, de ed uc ac ión e s pec ial, d e alfab eti z ac ión de adultos y
de más ac t iv idades d e educ ac i ón fo r mal auto riz ad as por el Minis teri o
de E duc ac ión Nac io nal en los tér min os que d ete r min e el re gla men to
ejec utiv o. » ( Neg rill a de l a Sa la)
Se advierte qu e en este acto de nombramiento se establece que el
delegado permanente del Ministerio de Educación ante el FER del
Cauca certificó existencia presupuestal, situación que , como se
aclaró, de acuerdo con lo establecido en la sentencia de unificación
de 2018 referenciada en el marco normativo, no es dable inferir que
los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en
educadores nacionales cuando en el acto de vinculación interviene
el representante legal de la entidad territorial actuando además
como presidente de la junta administradora del respectivo Fondo
Educativo Regional.
Sin embargo, y a más de lo anterior, se indicó que el nombramient o
se realizaba teniendo en cuenta el comodato celebrado entre la
Prefectura Apostólica de Tierradentro y el Ministerio de Educación,
es deber nombrar en propiedad, y de manera expresa señaló que
sería « Directivo Docente Nacional», es decir, rectora de la Normal
Nacional de Belalcázar, Cauca, en un establecimiento educativo
también nacional.
Así, en este caso particular y con base en la certificación emitida
por el ente departamental, a esta Sala no le queda duda de que
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prestó sus servicios como docente de carácter nacional, por lo que
dichos tiempos no pueden ser tenidos en cuenta a efectos de
acreditar los 20 años de servicio para tener derecho a la pensión
gracia.
e ) Del periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2000 y el
primero de febrero de 2002 , nombrad a mediante el Decreto
0202 del 17 de febrero de 2000 41
Gobernador
Secretaria de Educación» (s ic )
41
Folios 65 y 66. A solicitud de esta Sala, fueron allegados por parte de la
Secretaría de Educación del Huila, mediante Oficio 2023CS058131 -1 del 10 de
agosto de 2023, visible a índices 58, 59 y 62.
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• La ac to ra to mó pos e s ión del c argo para el que f ue no mbr ad a el
24 de f e brer o de 2000 42, a nte el s e c reta rio d e educ ac i ón
depa rta m ental y el j efe de Div is ión de S erv ic ios A dmi nis tr at ivos
Doc e ntes .
• Segú n el Dec ret o 010 0 d e l 25 de ener o d e 200 2 43, le fue
ac epta da la renu nc i a a la ac t ora po r p arte d el g ober nado r del
Huila , qui en, en c al idad d e n omi nad or, ac eptó , d e ac uer do c on
las f ac ult ades oto r gadas po r la Ley 7 15 de 20 01 y Dec r etos
2277 de 1 979 y 195 0 de 197 3 .
f) Del periodo comprendido entre el 9 de septiembre de 2003 y
el 18 de agosto de 2006 , nombrada mediante el Decreto 925
del 2 de septiembre de 2003 44.
42
Folio 57 del cuaderno principal. A solicitud de esta Sala, fue allegada por
parte de la Secretaría de Educación del Huila, mediante Oficio 2023CS058131 -
1 del 10 de agosto de 2023, visible a índices 59.
43
Folio 28 del cuaderno de pruebas de la demandante.
44
Folios 69 y 70 del cuaderno principal.
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[…]
Gobernador
Secretaria de Educación» (sic)
• L a ac t ora to mó pos es ión d e l c argo d e «R EC T OR A I NS TIT UC I Ó N
ED U CA TI VA L A M E RC E DE S, M UN IC IP I O D E N AT A GA» , p o r medi o
d e l Ac ta d e l 9 d e s eptie m br e d e 20 0 3 . L a p os es ión s e adela ntó
a n t e l a s e c reta ria d e educ ac i ón de par t am enta l.
• De ac uer do c on e l Dec reto 8 8 7 d e 1 8 ag os to d e 20 06 45, e l
gobe rnad or d el Hui la, r etir ó d e l s e rv ic i o a l a ac c ionant e p or h abe r
alc anz a do l a ed ad d e re tiro fo rz os o (65 años ) .
45
Folio 86 del cuaderno principal.
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• L o s c e rtif ic ados d e Tie m po d e Se rv ic io all eg ados 46, res ultan
c oinc ide nt es e n indi c ar q ue l a ac c ion ant e «p res t ó s us s erv ic ios e n
e l niv el M edia, v inc ulac ión ; E n Pro pied ad, c o mo Nac io nal e n for ma
inter ru mpi da» y s eñ aló l o s ex tre mos te mp oral es as í:
De acuerdo con los actos de nombramiento reseñados, se resalta
que fueron emanados del gobernador del departamento del Huila
quien invocó, además de sus facultades leales que le son propias,
y las conferidas en los artículos 3.º y 6.º de la Ley 60 de 1993 y el
Convenio 031 de 1986, suscrito entre la Conferencia Episcopal
Colombiana y el Gobierno Nacional.
Al respecto, la Ley 60 de 1993, «Por la cual se dictan normas
orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad
con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se
distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones », en su
artícul o 3.º hace referencia a la competencia de los departamentos,
y se estableció entre otros, que debía administrar los recursos
46
Folios 40 del cuaderno de pruebas de la actora del 10 de mayo de 2013;
folio 76 del cuaderno principal del 5 de julio de 2011 y el obrante a folio 97
del cuaderno de antecedentes administrativos, del 31 de octubre del 2007.
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cedidos por la Nación; planificar los aspectos relacionados con sus
competencias para los sectores de educación y salud y ejercer
funciones de coordinación, subsidiariedad y concurrencia
relacionadas con las competencias municipales conforme a la
Constitución, a la Ley y a los reglamentos que sobre tales aspectos
expidan los respectivos Ministerios.
Por su parte en el artículo 6.º se establecieron los lineamientos
para la administración del personal.
Por su parte, tal y como se explicó en el marco normativo, el
contrato para la administración del servicio educativo estatal
celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y la
Conferencia Episcopal de Colombia el 31 de julio de 1986 –
Convenio 031–, comúnmente conocido en las entidades territoriales
como «la educación contratada», se celebró en desarrollo del
artículo 13 del Concordato, a su vez suscrito entre la Iglesia
Católica y el Gobierno Nacional.
Así, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2155 de 1987,
que para entonces reglamentó el procedimiento para el
nombramiento del personal directivo docente, docente y personal
administrativo de cada centro educativo o de cada conjunto de
centros educativos , se indicó en ambos actos de nombramiento que
la accionante fue postulada por la correspondiente comunidad
religiosa para cubrir las vacantes, por lo que el gobernador, en
calidad de nominador, se encuentra facultado para realizar los
nombramientos referidos.
En ese orden, al haber sido expedido con base en las facultades
especiales referidas, es posible concluir que, para dicho momento,
el cuerpo docente adscrito a los centros educativos contratados,
cuyos nombramientos provenían por nominación de las
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comunidades religiosas, y con ratificación de l Ministerio de
Educación, ostentaban indudablemente el carácter de docentes
nacionales 47, pues tal y como se ha mencionado previamente por
esta Sala, el tiempo en que la educación fue administrada por las
denominaciones católicas , se encontraban sujetas a las
disposiciones y directrices expedidas por el Ministerio de Educación
Nacional y financiadas con recursos directos de la Nación que se
administraban desde la nómina denominada Situado Fiscal.
Así, se colige que el carácter oficial de la Educación Misional
Contratada que se desarrolló en el país desde 1975, en tanto era
administrada por la s denominaciones católicas con sujeción a las
disposiciones y directrices expedidas por el Ministerio de Educación
Nacional y financiada con recursos directos de la Nación hasta el
año 2001 - 2002, permite concluir, que el cuerpo docente adscrito a
los cent ros educativos contratados, cuyos nombramientos
provenían por ratificación de dicho Ministerio, ostentaban
indudablemente el carácter de docentes nacionales.
La anterior información resulta coincidente con la información
contenida en los Certificados de Tiempo de Servicio que señalan
que el carácter de la vinculación fue nacional , por ende, estos
tiempos no resultan válidos para ser tenidos en cuenta para la
pensión gracia , según lo reiteró esta Corporación, en la pluricitada
sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, al determinar:
«En c uant o al pe rs onal naci onal l a re gla es c la ra. T anto el m arc o
jurídic o q ue ri ge l a aludi da p res tac i ón c om o la d oc trin a le gal e n la
ma teri a s on ex plíc i tos e n a d v ertir qu e los doc e ntes nac i onales no
tienen d er ec ho a s u rec o noc i mie nto , y que el ti em po l ab orad o e n
es a c ondi c ión no s e p u ede c om puta r c on el s erv ido en c al idad de
educ ad or nac ion aliz ado o te rr itorial .»
47
Al respecto, véase la sentencia de 7 de abril de 2016 con radicado 15001-
23-31-000-2008-00002-01 (3261-2014) proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda.
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En ese orden, de acuerdo con el minucioso análisis realizado a cada
uno de los actos de nombramiento , en concordancia con los demás
documentos obrantes en el proceso, para la Sala es claro que la
accionante no logró acreditar los 20 años de servicio docente con
vinculación territorial o nacionalizada, en tanto que le faltó certificar
algo más de 2 años (880 días).
CALCULO DE PERÍODO
ACTO ADMINISTRATIVO FECHA INICIO FECHA FINAL
DIA MES AÑO DIA MES AÑO (-)DIA
a) Decreto 545 del 17 de marzo de 1967 13 2 1967 31 1 1970 1069
b) Decreto 453 del 23 de agosto de 1971 25 8 1971 31 1 1972 157
d) Decreto 032 del 29 de enero de 1975 29 1 1975 21 1 1976 353
e) Decreto 104 del 20 de febrero de 1976 10 3 1976 1 2 1979 1042
f) Decreto 327 del 16 de marzo de 1987 1 4 1987 31 1 1992 1741
g) Decreto 008 del 24 de febrero de 1992 24 2 1992 1 8 1997 1958
6320
Así las cosas, para esta Sala de Subsección no resulta de recibo lo
expuesto por la recurrente en el sentido de afirmar que, por haberse
posesionado en calidad de docente nacionalizada el 13 de febrero
de 1967, es decir, antes del 1 de enero de 1976, conserva per se la
naturaleza de nacionalizada , toda vez que, la clase de vinculación
se predica respecto de cada una de las plazas que ocupó en los
diferentes entes territoriales e instituciones , de manera
independiente , de modo que la primera vinculación no condiciona
ni fija la naturaleza jurídica de las vinculaciones subsiguientes.
De otro lado, tampoco resulta pertinente sostener que era «docente
nacionalizada » en tanto que los salarios se pagaban con recursos
del Situado Fiscal o del Sistema General de Participaciones.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la mentada
sentencia de unificación –SUJ2-11-18– que concluyó que lo
esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión
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gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea
de carácter territorial, nacionalizada o nacional, máxime si se tiene
en cuenta que, en lo que respecta a los educadores territoriales, el
pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado
fiscal–, cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos
Educativos Regionales –FER–; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban
se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General
de Participaciones 48.
Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la
sana crítica, a esta Sala no le queda duda que la accionante no
colmó los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia
dado que no acreditó 20 años de servicio docente oficial del
orden territorial o nacionalizado , como lo dispuso el a quo.
En estas condiciones, los argumentos expuestos por la apelante
carecen de fundamento fáctico y legal por cuanto, como quedó
demostrado, pues no acreditó el cumplimiento de los requisitos
legales y jurisprudenciales exigidos para ser beneficiaria de la
prestación reclamada.
3. Conclusión
Conforme a lo expuesto, a la señora Julia Inés Barreto Parra no le
asiste el derecho a la pensión gracia, por lo que esta Subsección
confirmará la sentencia del 16 de diciembre de 2015 proferida por
el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de
la demanda.
48
Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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4. Condena en costas de segunda instancia
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas a la demandante , comoquiera que , si bien en anteriores
oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectu ar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión del
recurso de apelación, no puede observars e dicha situación,
contrario a ello, en el recurso se sustentaron las razones en
defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en
costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley.
F A L L A:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el T ribunal
Administrativo del Huila el 16 de diciembre de 2015 que negó las
pretensiones de la demanda presentada por la señora Julia Inés
Barreto Parra contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL
–CAJANAL EICE –, hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP–, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de la present e
sentencia.
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SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia .
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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