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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00284-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00284-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. COMPLEMENTAR el literal a) del numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 15 de julio de 2022 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de la referencia, el cual quedará así: «TERCERO.- Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, se dispone: a) ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, reconozca y pague a la señora SONIA ALICIA ROJAS BENAVIDES, identificada Radicación: 52001 23 33 000 2019 00284 01 (5968-2022) Demandante: Sonia Alicia Rojas Benavides con cédula de ciudadanía nº 27.474.353 expedida en San Francisco (Putumayo), la pensión gracia en una cuantía equivalente al 75% por ciento, del promedio mensual de los salarios y factores salariales devengados en el año anterior a la fecha de adquisición del estatus pensional, es decir, entre el 9 de abril de 2010 y el 8 de abril de 2011.» SEGUNDO. REVOCAR el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia del 15 de julio de 2022 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de la referencia. TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 15 de julio de 2022 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de la referencia. CUARTO. SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia. QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00284-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00284 01 (5968-2022)
Demandante: Sonia Alicia Rojas Benavides
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Nombramientos por intendentes
nacionales pueden ser territoriales o nacionalizados. Características
de nombramiento territorial. Valoración probatoria de actos
administrativos en contraste con certificaciones de autoridad
nominadora. Aplicación de sentencia de unificación jurisprudencial del
21 de junio de 2018.

Decisión: Se complementa la sentencia de primera instancia en lo relativo a la
fecha de adquisición del estatus pensional, se revoca la condena en
costas y se confirma en todo lo demás la sentencia de primera
instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 6 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en las Resoluciones
RDP 9869 del 22 de marzo de 2019 y RDP 015007 del 15 de mayo de 2019 emanadas
de la entidad demandada, mediante las cuales le fue negado el reconocimiento y pago
de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la referida prestación periódica, en cuantía equivalente
al 75% del promedio todos los factores salariales devengados durante el último año de

Radicación: 52001 23 33 000 2019 00284 01 (5968-2022)
Demandante: Sonia Alicia Rojas Benavides

servicios, con efectos a partir del 20 de diciembre de 2015 fecha en la cual afirmó haber
adquirido el estatus pensional. Asimismo, solicitó que se reconozcan las mesadas
debidamente indexadas y actualizadas hasta la fecha en que se verifique el desembolso
e intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, así como que se condene
en costas a la entidad demandada.

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante manifestó que
ejerció como docente oficial de carácter territorial (departamental) entre el 9 de
septiembre de 1977 y el 15 de marzo de 1979, por un total de 1 año, 4 meses y 13 días,
descontadas algunas ausencias. Indicó, además, que ingresó nuevamente al magisterio
el 23 de agosto de 1993, desempeñándose de manera continua hasta —por lo menos—
la fecha de presentación de la demanda, esto es, por un lapso aproximado de 25 años y
10 meses.

4. Relató que el 17 de julio de 2012 adquirió el estatus pensional, al haber completado
20 años de servicios como docente territorial o nacionalizada y contar con más de 50
años de edad. Señaló, además, que durante su trayectoria laboral se ha desempeñado
con honradez, idoneidad, consagración y buena conducta.

5. Finalmente, indicó que solicitó el reconocimiento de la pensión gracia ante la
entidad demandada; sin embargo, su petición fue negada mediante los actos
administrativos impugnados bajo el argumento de que su vinculación docente era de
carácter nacional.

Contestación de la demanda

6. La entidad demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones al sostener que
la demandante no cumplió los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión
gracia. Señaló que los tiempos laborados entre el 9 de septiembre de 1977 y el 15 de
marzo de 1979 no son computables, por cuanto la vinculación se realizó mediante
resoluciones suscritas por autoridades nacionales, con participación del Fondo Educativo
Regional (FER) y recursos de la Nación, lo que conduce a calificar dichos períodos como
de orden nacional.

7. Afirmó que la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 también debía
desestimarse, dado que el nombramiento fue efectuado por el Intendente Nacional del
Putumayo, entidad sin autonomía presupuestal territorial, por lo cual la relación no podía
tenerse como nacionalizada o territorial.

8. Añadió que los servicios prestados en el Departamento del Putumayo y en los
municipios de Mocoa y Sibundoy, especialmente a partir del 23 de agosto de 1993,
corresponden igualmente a vinculaciones de carácter nacional y que, en consecuencia,
la demandante no acreditó 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado.

9. Alegó que los salarios fueron financiados con recursos de la Nación, a través del
Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones, lo cual —a su juicio— desconoce
el requisito del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, relativo a no haber recibido remuneración
de carácter nacional, e impide acceder a la pensión gracia.

Radicación: 52001 23 33 000 2019 00284 01 (5968-2022)
Demandante: Sonia Alicia Rojas Benavides

10. Por último, indicó que no se acreditó plenamente el requisito de buena conducta,
al no obrar certificación disciplinaria completa y propuso las excepciones de inexistencia
de vulneración de principios constitucionales y legales, cobro de lo no debido,
prescripción y la innominada.

Sentencia apelada

11. El Tribunal Administrativo de Nariño dictó sentencia el 6 de octubre de 2021,
mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos enjuiciados y, como
restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada a reconocer a favor de la
actora la pensión gracia equivalente al 75% del promedio mensual de todos los salarios
y factores salariales devengados en el año previo a la consolidación del estatus
pensional. Asimismo, decretó la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 10 de diciembre de 2015 y condenó en costas a la accionada.

12. En cuanto al tiempo de servicios y la vinculación anterior al 31 de diciembre de
1980, el a quo tuvo por probado que la demandante se vinculó al servicio docente el 9 de
septiembre de 1977 mediante Resolución 175 del 1 de septiembre de 1977 expedida por
el Intendente Nacional del Putumayo en su calidad de presidente de la Junta
Administradora del Fondo Educativo Regional, vínculo que se mantuvo hasta el 15 de
marzo de 1979. Adicionalmente, estimó acreditada una segunda etapa de servicios entre
el 23 de agosto de 1993 y el 1 de diciembre de 2018, lo que permitió computar un total
de 26 años, 9 meses y 13 días de servicio docente.

13. Adicionalmente, se descartó el argumento de la demandada según el cual dichos
períodos eran de carácter nacional, al estimar que, conforme a la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado, la sola intervención de un delegado del Ministerio de
Educación Nacional o la procedencia de recursos del situado fiscal o del Sistema General
de Participaciones no transforma la vinculación en nacional, pues lo determinante es la
naturaleza de la plaza ocupada, la cual fue acreditada como territorial o, en el menor de
los casos, nacionalizada.

14. Respecto del tipo de vinculación y la fuente de financiación, el tribunal precisó que,
si bien algunos períodos aparecen certificados como «nacionales» y fueron financiados
con recursos del Sistema General de Participaciones, los actos administrativos de
vinculación —como el Decreto 862 del 1 de septiembre de 1993 expedido por el
Gobernador del Putumayo— evidencian una vinculación docente territorial o
nacionalizada compatible con el régimen de la pensión gracia.

15. A su vez, tuvo por acreditado el requisito de buena conducta con base en las
certificaciones expedidas por la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento
del Putumayo en las que consta que no existen sanciones disciplinarias en contra de la
demandante.

16. En consecuencia, el tribunal desestimó las excepciones de fondo propuestas por
la demandada, declaró la procedencia del reconocimiento de la pensión gracia, reconoció
la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 10 de diciembre de 2015 por

Radicación: 52001 23 33 000 2019 00284 01 (5968-2022)
Demandante: Sonia Alicia Rojas Benavides

haber operado la interrupción con la solicitud presentada el 10 de diciembre de 2018 y
condenó en costas a la entidad demandada conforme al artículo 188 del CPACA.

Recurso de apelación

17. La entidad demandada presentó recurso de apelación en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia al considerar que esta reconoció la
pensión gracia con desconocimiento de los requisitos legales y del régimen aplicable a la
vinculación docente.

18. Sostuvo que los tiempos de servicio anteriores al 31 de diciembre de 1980 no son
computables por cuanto la demandante fue vinculada mediante resolución expedida por
el Intendente Nacional del Putumayo, actuando como presidente de la Junta
Administradora del Fondo Educativo Regional (FER), en un contexto en el que las
intendencias no contaban con autonomía presupuestal, de modo que los recursos
provenían del Gobierno Nacional.

19. En ese sentido, afirmó que dicha vinculación es de carácter nacional y no
nacionalizado, apoyándose en los artículos 29, 30, 31 y 34 del Decreto 3157 de 1968 y
reiteró que la vinculación docente debía efectuarse mediante decreto y no resolución.

20. Adicionalmente, alegó que los tiempos prestados a partir del 23 de agosto de 1993
corresponden a una nueva vinculación de carácter nacional conforme al artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, que establece que los docentes vinculados con posterioridad al 1 de
enero de 1990 se rigen por el régimen nacional, razón por la cual dichos períodos no
pueden computarse para la pensión gracia, independientemente de lo certificado por la
entidad territorial. Añadió que el retiro y la posterior vinculación implican la pérdida del
tipo de vinculación inicial.

21. Asimismo, arguyó que la demandante percibió salarios financiados con recursos
del Situado Fiscal y del SGP, los cuales, antes de la Ley 60 de 1993 y aun bajo la Ley
715 de 2001, conservan naturaleza nacional y no pueden considerarse recursos propios
de las entidades territoriales. En tal medida, afirmó que se incumple el requisito del
numeral 3 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913 («no haber recibido ni recibir remuneración
de carácter nacional»), lo que impide el reconocimiento de la pensión gracia y configura
una prohibición de doble remuneración con recursos de la Nación.

22. Adicionalmente, invocó salvamentos de voto en asuntos semejantes, en los que
se sostiene que los recursos del SGP no pierden su carácter nacional por el solo hecho
de ser incorporados a los presupuestos territoriales, criterio que —según la apelante—
fue aplicado erróneamente en la sentencia recurrida.

23. Por último, de manera subsidiaria, solicitó revocar la condena en costas, al
considerar que su actuación no fue temeraria ni abusiva, que la controversia gira en torno
a un asunto jurídico complejo y debatido, que prosperó la excepción de prescripción y
que no se acreditó la causación material de costas, conforme a los artículos 188 del
CPACA y 365 del CGP y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Radicación: 52001 23 33 000 2019 00284 01 (5968-2022)
Demandante: Sonia Alicia Rojas Benavides

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. Mediante auto del 13 de abril de 2023 se admitió el recurso de apelación y se le
advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para
pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que podía emitir concepto
hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para sentencia.

25. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio durante el término aludido en
precedencia.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

27. De conformidad con los reparos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si los servicios prestados por la demandante con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, derivados de un nombramiento efectuado por el
Intendente Nacional del Putumayo, pueden considerarse como tiempo docente territorial
o nacionalizado para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, o si, por el
contrario, conservan naturaleza nacional, en atención a la dependencia presupuestal de
las antiguas intendencias y a lo dispuesto en los artículos 29, 30, 31 y 34 del Decreto
3157 de 1968.

28. Asimismo, corresponde dilucidar si los períodos laborados a partir del 23 de agosto
de 1993 deben excluirse del cómputo pensional, por tratarse de una nueva vinculación
posterior al 1 de enero de 1990 sujeta al régimen nacional previsto en el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989 y si el retiro y posterior nombramiento implican la pérdida de la naturaleza
de la vinculación inicial, como lo sostiene la entidad apelante.

29. De igual modo, deberá definir la Sala si el pago de salarios con recursos del
Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones (SGP) impide el reconocimiento
de la pensión gracia al incumplirse el requisito previsto en el numeral 3 del artículo 4 de
la Ley 114 de 1913, relativo a no haber recibido remuneración de carácter nacional, o si,
conforme a la jurisprudencia de unificación invocada por el a quo, el origen de la
financiación resulta irrelevante frente a la naturaleza de la plaza ocupada.

30. Finalmente, en el evento de mantenerse el reconocimiento de la prestación, la Sala
deberá determinar si la condena en costas impuesta a la entidad demandada se ajusta a
los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, teniendo en cuenta la ausencia de conducta

Radicación: 52001 23 33 000 2019 00284 01 (5968-2022)
Demandante: Sonia Alicia Rojas Benavides

temeraria o abusiva, la prosperidad de la excepción de prescripción y la falta de
acreditación de la causación material de costas alegadas por la entidad demandada.

Análisis del problema jurídico

31. La Sala anuncia que la parte demandante acreditó los requisitos para gozar de la
pensión gracia; sin embargo, se confirmará parcialmente la sentencia de primer grado.
Ello, en razón a que se complementará lo relativo a establecer la fecha de estatus
pensional y se revocará la condena en costas en primera instancia.

Examen del requisito de vinculación territorial y/o nacionalizada con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980

• Periodo desde el 9 de septiembre de 1977 hasta el 15 de marzo de 1979 (1
año, 4 meses y 14 días, por descuento de 56 días de ausencias)

32. En el expediente obra copia de la Resolución 175 del 1 de septiembre de 1977,
mediante la cual el intendente nacional del Putumayo, actuando en calidad de presidente
de la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional del Putumayo, dispuso el
nombramiento de la demandante como docente seccional de la Escuela Urbana de Niñas
Ciudad Jardín. Dicho acto administrativo fue suscrito de manera conjunta por el delegado
del Ministerio de Educación Nacional. Según el acta de posesión, la actora asumió el
empleo el 9 de septiempre de 1977.

33. Al plenario también fue allegado el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral 4643 expedido el 6 de noviembre de 2018 por la Secretaría
de Educación Departamental del Putumayo, en el cual se indicó que la actora fue
vinculada como docente de primaria en el municipio de Mocoa mediante la Resolución
175 del 1 de septiembre de 1977, tomó posesión del cargo el 9 de septiembre de 1977 y
se desempeñó de manera continua hasta el 15 de marzo de 1979.

34. En dicho certificado, el vínculo docente fue calificado como nacionalizado y se
precisó que su financiación se efectuó con recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP). Asimismo, durante ese período se registraron diversas
situaciones administrativas, tales como ajustes salariales y licencias no remuneradas,
estas últimas equivalentes a un total de 56 días de ausencia.

35. En atención a estas pruebas conviene precisar que en el momento en que se
profirió el mencionado acto administrativo de nombramiento, el Putumayo aún no se
había erigido como departamento —hecho que ocurrió con la expedición de la
Constitución Política de 19911—, sino que correspondía a una intendencia nacional, las
cuales, de manera pacífica esta Sección2 ha considerado como verdaderas entidades

1 «Articulo 309. Erígense en departamento las Intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el Archipiélago de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. Los
bienes y derechos que a cualquier título pertenecían a las intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad
de los respectivos departamentos» (se resalta).
2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 30 de octubre de 2024, emitida dentro del

expediente 18001-23-33-000-2016-00152-01 (5985–2023), con ponencia del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves.

Radicación: 52001 23 33 000 2019 00284 01 (5968-2022)
Demandante: Sonia Alicia Rojas Benavides

territoriales o nacionalizado, según el caso, en virtud de lo establecido en las Leyes 2 de
1943 (artículo 1)3 y 22 del 18 de enero de 19854.

36. Así, en sentencia del 17 de octubre de 20175 se analizó un nombramiento realizado
en 1979 por el intendente nacional de Arauca en la Escuela Rural Calafitas del municipio
de Saravena, concluyéndose que correspondía al orden territorial en la medida en que,
si bien dicha intendencia era administrada por el Gobierno Nacional, ostentaba la calidad
de entidad territorial dotada de autonomía e independencia conforme a lo previsto en las
Leyes 2 de 1943 y 22 de 1985.

37. A su turno, en sentencia del 8 de agosto de 20246, esta Subsección examinó una
designación docente efectuada por el intendente nacional de Putumayo en 1976. Para
ello, retomó el antecedente antes referido y concluyó que los docentes vinculados a las
intendencias podían ostentar la condición de nacionalizados, según las particularidades
de cada caso, en la medida en que dichas entidades también fueron sometidas al proceso
de nacionalización de la educación previsto en la Ley 43 de 1975.

38. Recientemente, en sentencia del 18 de septiembre de 20257, esta Sala estudió un
nombramiento efectuado en 1980 por el jefe de Novedades del Fondo Educativo Regional
del Casanare, cuando dicha entidad territorial aún tenía la calidad de intendencia. La
posesión del cargo se realizó ante el intendente nacional del Casanare y el jefe de
personal del respectivo FER. En ese caso, la Sala valoró el acto de nombramiento, el
acta de posesión y una certificación de la autoridad nominadora que calificaba el servicio
como territorial, otorgándole dicha naturaleza.

39. De la línea jurisprudencial previamente reseñada, y contrario al argumento de
apelación de la demandada según el cual la vinculación tendría carácter nacional por
haberse originado en una intendencia, se desprende que esta Sección ha establecido
que los nombramientos docentes efectuados en las antiguas intendencias —como
Arauca, Putumayo o Casanare—, con anterioridad a su elevación a la categoría de
departamentos, ostentan por regla general naturaleza territorial o nacionalizada, en
atención a la organización administrativa y al régimen jurídico aplicable a dichas
entidades en el marco del proceso de nacionalización de la educación.

Así mismo, véase la sentencia del 6 de marzo de 2025, proferida por la Subsección B de esta Sección dentro del
expediente 85001 23 33 000 2020 00411 01 (0751-2024), con ponencia del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.
3 «Artículo 1º. Las Intendencias y Comisarias de que habla el artículo 5° de la Constitución Nacional, son personas

jurídicas. Se asimilan a los Departamentos en cuanto no pugne con las disposiciones de carácter especial y, en
consecuencia, les son aplicables las leyes que se refieran a los Departamentos sin haber exclusión manifiesta de las
Intendencias y Comisarias, o que no sean incompatibles con la naturaleza de estas ni con su régimen especial. Así,
las Intendencias y Comisarias podrán establecer los mismas impuestos y contribuciones y tendrán las mismas rentas
que los Departamentos. Pero, de conformidad con aquel precepto constitucional, están bajo la administración inmediata
del Gobierno Nacional, el cual, además de las funcio-nes ejecutivas y administrativas, ejercerá en ellas las que en los
Departamentos corresponden a las Asambleas Departamentales» (se resalta).
4 «[P]or la cual se dictan normas sobre el Régimen Administrativo de las Intendencias y Comisarías, se faculta al

Presidente de la República para reorganizar el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, modificar
el Régimen Administrativo, Contractual y Fiscal en estas entidades territoriales y se dictan otras disposiciones» (se
resalta).
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, rad. 05001-23-33-000-

2014-00638-01(2753-16), C.P. César Palomino Cortés.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, rad. 52001-23-33-000-2019-

00653-01 (6706–2022), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de septiembre de 2025, rad. 85001 23 33 000

2019 00036 01 (3340-2020), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.

Radicación: 52001 23 33 000 2019 00284 01 (5968-2022)
Demandante: Sonia Alicia Rojas Benavides

40. Pues bien, en el presente asunto la Resolución 175 del 1 de septiembre de 1977
fue suscrita por el intendente nacional del Putumayo, en su condición de presidente de la
Junta Administradora del Fondo Educativo Regional y con intervención del delegado del
Ministerio de Educación Nacional, circunstancias que permiten concluir que la plaza
provista correspondía a aquellas originadas en el proceso de nacionalización de la
educación, regido por la Ley 43 de 1975, y no a una designación del orden nacional en
los términos del artículo 1.º de la Ley 91 de 1989.

41. En efecto, el artículo 6 de la Ley 43 de 1975 dispuso que los Fondos Educativos
Regionales administrarían los recursos destinados a financiar las plazas objeto de
nacionalización, mientras que el artículo 10 ibidem estableció que la creación de nuevas
plazas o la provisión de cargos docentes bajo esta modalidad requería autorización previa
del Ministerio de Educación Nacional, como ocurrió en el presente caso.

42. Lo anterior se ve corroborado por el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral de fecha 6 de noviembre de 2018, en el cual la Secretaría
de Educación del Putumayo clasificó expresamente el vínculo de la actora como
nacionalizado en este interregno, lo que refuerza la conclusión previamente alcanzada
sobre la naturaleza de la plaza provista.

43. Ahora bien, el referido certificado también indica que la plaza docente fue
financiada con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) (para la época de
los hechos, del Situado Fiscal), circunstancia que fue invocada en el recurso de apelación
para sostener que el vínculo docente debía calificarse como de carácter nacional.

44. Sin embargo, la Sala descarta la viabilidad de ese argumento en razón a que en la
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20188, esta
corporación precisó que la calidad de docente nacional no se adquiere simplemente por
el hecho de que los salarios sean financiados con recursos del Situado Fiscal o del SGP,
pues dichos recursos se incorporaban a las arcas de la entidad territorial como rentas
exógenas y asumían la calidad de recursos propios. Además, se enfatizó en que lo que
realmente importa es el tipo de plaza que se va a ocupar9. El criterio interpretativo se
unificó en estos términos:

«v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados
para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. […]

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al
reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que
sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la

8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
9 Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo

de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000
2017 00661 01 (0605– 2019).

Radicación: 52001 23 33 000 2019 00284 01 (5968-2022)
Demandante: Sonia Alicia Rojas Benavides

Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de
las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones.»

45. Así las cosas, para esta Subsección resulta inequívoco que los servicios
prestados por la demandante entre el 9 de septiembre de 1977 y el 15 de marzo de
1979, los cuales equivalen a 1 año, 4 meses y 14 días, una vez descontados 56 días
correspondientes a ausencias, son computables para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia.

46. Dicho período permite tener por acreditado el requisito de haberse vinculado
como docente de carácter nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y,
a su vez, resulta válido para el conteo del tiempo mínimo de 20 años de servicios exigido
por el artículo 1 de la Ley 114 de 1913.

• Periodo desde el 23 de agosto de 1993 hasta el 13 de febrero de 2014 (20
años, 5 meses y 21 días)

47. En el expediente se vislumbra copia del Decreto 862 del 1 de septiembre de 1993,
mediante el cual el gobernador del departamento del Putumayo, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, designó a la demandante como profesora de
tiempo completo del Colegio Fray Bartolomé, ubicado en el municipio de Sibundoy.

48. En la parte considerativa de dicho acto administrativo se consignó que, mediante
la Ordenanza 026 del 29 de junio de 1993 expedida por la Asamblea Departamental del
Putumayo, se autorizó al gobernador para crear 50 plazas docentes en los niveles de
educación básica secundaria y media vocacional, las cuales fueron formalmente creadas
a través del Decreto 52 del 25 de agosto de 1993 y, posteriormente, provistas mediante
el Decreto 862 del 1 de septiembre de 1993.

49. De conformidad con el Acta 108, la demandante tomó posesión del cargo de
profesora en el colegio Fray Bartolomé del municipio de Sibundoy el 30 de septiembre de
1993, ante el gobernador del departamento del Putumayo; no obstante, en dicho
documento se dejó constancia de que inició labores desde el 23 de agosto de 1993.

50. De igual forma, obra en el expediente oficio del 26 de agosto de 1993, por medio
del cual el secretario de Educación Departamental del Putumayo informó a la
demandante que debía presentarse a laborar en la referida institución educativa a partir
del 30 de agosto de 1993, precisando que la resolución de nombramiento sería
oportunamente legalizada.

51. Igualmente, obra en el expediente oficio del 20 de septiembre de 1993, expedido
por el secretario de Educación Departamental del Putumayo, mediante el cual se
comunicó a la demandante que, en virtud del Decreto 862 del 1 de septiembre de 1993,
había sido nombrada como docente en el colegio Fray Bartolomé del municipio de
Sibundoy. En ese documento se precisó que, de aceptar el empleo, debía presentarse

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Demandante: Sonia Alicia Rojas Benavides

dentro del término de diez (10) días siguientes ante la Jefatura de Personal de la
Gobernación con el fin de tomar posesión del cargo.

52. También se observa el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral fechado el 2 de mayo de 2013 y expedido por la Secretaría de Educación del
Putumayo, en el cual se informó que la demandante fue designada como docente de
básica secundaria mediante el Decreto 862 del 1 de septiembre de 1993 y que se
desempeñó de manera ininterrumpida desde el 30 de septiembre de 1993 hasta, por lo
menos, la fecha de expedición de dicho certificado.

53. En el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral fechado
el 13 de febrero de 2014 y expedido por la Secretaría de Educación del Putumayo, se
corrobora la información anteriormente referida, adicionando el reporte de continuas y
diversas novedades administrativas, tales como cambios de sueldo y ascensos desde
1993 hasta 2014. No obstante, en dicho documento se precisa que el inicio efectivo de
las actividades se produjo el 23 de agosto de 1993.

54. Asimismo, fue allegado al expediente el Certificado de Historia Laboral 2522 del 2
de agosto de 2012 expedido por la Secretaría de Educación del Putumayo, en el cual se
registró la designación de la demandante mediante el Decreto 862 del 1 de septiembre
de 1993, con posesión el 30 de septiembre de 1993 y la prestación continua de sus
servicios docentes hasta, por lo menos, la fecha de expedición del citado certificado. En
dicho documento, el vínculo docente fue calificado como de carácter nacional.

55. Durante el trámite de la audiencia inicial celebrada el 11 de mayo de 2021, el
magistrado sustanciador de la primera instancia decretó como prueba requerir a la
Secretaría de Educación Departamental del Putumayo con el fin de que certificara
determinada información y remitiera el expediente administrativo laboral de la
demandante.

56. En respuesta, mediante oficio del 14 de mayo de 2021, dicha dependencia informó
que durante el período de vinculación de la actora su remuneración fue sufragada con
recursos de la Nación prevenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) y
señaló, además, que la demandante ostentó la calidad de docente de carácter nacional.

57. Del análisis del Decreto 862 del 1 de septiembre de 1993, la Sala concluye que
dicho acto dispuso un nombramiento de carácter territorial (departamental), en la medida
en que fue expedido de manera autónoma por el gobernador del departamento del
Putumayo, en ejercicio de sus facultades legales como autoridad nominadora del
respectivo ente territorial, sin intervención alguna del Gobierno Nacional en la provisión
del cargo.

58. Aunado a ello, se advierte que la plaza docente provista tenía inequívocamente
naturaleza departamental por cuanto hacía parte de las 50 plazas creadas directamente
por el gobernador mediante el Decreto 052 del 25 de agosto de 1993, previa autorización
otorgada por la Asamblea Departamental del Putumayo a través de la Ordenanza 026 del
29 de junio de 1993, lo que reafirma que se trató de un cargo incorporado a la planta de
personal del ente territorial.

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Demandante: Sonia Alicia Rojas Benavides

59. Ahora bien, aunque en el Certificado de Historia Laboral 2522 del 2 de agosto de
2012 y en el oficio del 14 de mayo de 2021 la Secretaría de Educación del Putumayo
calificó este vínculo docente como de carácter nacional, la Sala descarta tal conclusión.
Ello, en la medida en que el nombramiento no fue efectuado directamente ni por
delegación del Ministerio de Educación Nacional, como lo exige el artículo 1 de la Ley 91
de 1989 para predicar la condición de docente nacional, sino que fue realizado por una
autoridad territorial en ejercicio de sus competencias propias, lo cual impide atribuirle
dicha naturaleza jurídica.

60. En este punto, conviene señalar que en la sentencia de unificación jurisprudencial
del 21 de junio de 2018, la Sala Plena de la Sección Segunda fijó directrices en materia
probatoria para la determinación de la calidad del vínculo docente, consolidando la
siguiente regla jurisprudencial:

«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al
cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.» (Negrillas de la Sala)

61. A la luz de dicha regla, si bien la Secretaría de Educación del Putumayo certificó
que la vinculación iniciada en 1993 era de carácter nacional, tal circunstancia no resulta
suficiente para otorgarle mayor valor probatorio una vez confrontada tal conclusión con
el contenido del Decreto 862 del 1 de septiembre de 1993 expedido por el gobernador
del Putumayo.

62. En efecto, dicho acto administrativo proporciona a la Sala mayor claridad y certeza
sobre la naturaleza jurídica del vínculo, permitiéndole formar un convencimiento razonado
en el sentido de que el nombramiento corresponde a una plaza de carácter departamental
y no a un vínculo del orden nacional, razón por la cual prevalece su contenido frente a las
certificaciones que lo contradicen.

63. En relación con los extremos temporales de este vínculo, se advierte que el acta
de posesión consigna que la actora asumió formalmente el empleo el 30 de septiembre
de 1993, pero dejó constancia de que venía desempeñando funciones desde el 23 de
agosto de 1993. Esta circunstancia fue igualmente registrada en el Formato Único para
la Expedición de Certificado de Historia Laboral fechado el 13 de febrero de 2014.

64. Por lo tanto, la Sala tendrá como fecha de inicio del ejercicio docente el 23 de
agosto de 1993, extendiéndose dicho vínculo hasta el 13 de febrero de 2014, fecha de
expedición del mencionado Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral que certifica este tiempo de servicios.

65. En consecuencia, se encuentra debidamente acreditado que la demandante prestó
servicios como docente de carácter territorial (departamental) durante un lapso de
20 años, 5 meses y 21 días, con lo cual se cumple el requisito mínimo de 20 años de
servicios previsto en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913.

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66. En conclusión, la decisión de primera instancia será confirmada porque la actora
cumplió con todos los requisitos necesarios para acceder a la prestación periódica
solicitada. No solo ha demostrado los requisitos previamente mencionados, sino haber
alcanzado 50 años de edad el 26 de febrero de 2009; además, no se han encontrado
hechos que cuestionen su desempeño en el ámbito educativo, lo que permite concluir
que también se ha satisfecho la exigencia de honradez, consagración y buena conducta.
Por último, no se evidencia que reciba una doble compensación o erogación nacional que
sea incompatible con la pensión gracia.

67. Ahora bien, es necesario advertir que el tribunal a quo dispuso que la pensión
gracia debía reconocerse en una cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de
los salarios y factores salariales efectivamente devengados durante el último año de
prestación del servicio, con efectos a partir de la misma fecha en que se indicó se
consolidó el estatus pensional. No obstante, en la parte resolutiva no se precisó de
manera expresa la fecha cierta de consolidación de dicho estatus, omisión que introduce
un margen de indeterminación en el fallo.

68. Tal indefinición resulta relevante, en cuanto puede afectar la correcta ejecución de
la sentencia, al no ofrecer a la entidad apelante certeza sobre el momento a partir del cual
deben identificarse los factores salariales base de liquidación de la mesada pensional. Se
trata de un aspecto directamente vinculado al derecho reconocido, que requería un
pronunciamiento claro y expreso del juez de primera instancia, razón por la cual resulta
procedente que esta Corporación complemente el fallo en este punto.

69. En ese orden de ideas, la Sala establece como fecha de consolidación del estatus
pensional el 8 de abril de 2011, momento en el cual la demandante completó el tiempo
mínimo de 20 años de servicios docentes exigido por el artículo 1 de la Ley 114 de 1913.
Dicha fecha es posterior al cumplimiento del requisito de edad, ocurrido el 26 de febrero
de 2009. Por tanto, se complementará la parte resolutiva para precisar expresamente
este extremo temporal.

70. Por último, se confirmará la declaratoria de la prescripción extintiva respecto de las
mesadas causadas con anterioridad al 10 de diciembre de 2015, en la medida en que la
solicitud de reconocimiento pensional fue presentada el 10 de diciembre de 2018, esto
es, una vez transcurridos más de tres años desde la adquisición del derecho, y la
demanda fue radicada el 29 de mayo de 2019, dentro del término trienal siguiente a la
interrupción de la prescripción.

Condena en costas en primera instancia

71. La parte demandada se opuso a la condena en costas en primera instancia
fundamentando su apelación en que su actuación no fue temeraria ni abusiva, que
prosperó la excepción de prescripción y que no se acreditó la causación material de
costas.

72. Al respecto, la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de

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una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

73. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

74. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

75. Con fundamento en los argumentos expuestos, y teniendo en cuenta que la parte
demandada propuso la excepción de prescripción en su contestación de la demanda —
la cual fue declarada probada— no puede afirmarse que haya resultado totalmente
vencida en el proceso. En efecto, la prosperidad de dicha excepción comporta un triunfo
parcial de las pretensiones, lo que excluye la procedencia de la condena en costas en
primera instancia. En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia apelada en
este aspecto.

Condena en costas en segunda instancia

76. De conformidad con el criterio expuesto, en esta instancia no se impondrán costas
a la entidad demandada, en la medida en que el recurso de apelación prosperó
parcialmente, en particular en lo relativo a la revocatoria de la condena en costas de
primera instancia.

77. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley.

IV. RESUELVE

PRIMERO. COMPLEMENTAR el literal a) del numeral tercero de la parte resolutiva de la
sentencia del 15 de julio de 2022 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro
del proceso de la referencia, el cual quedará así:

«TERCERO.- Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, se dispone:

a) ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP,
reconozca y pague a la señora SONIA ALICIA ROJAS BENAVIDES, identificada

Radicación: 52001 23 33 000 2019 00284 01 (5968-2022)
Demandante: Sonia Alicia Rojas Benavides

con cédula de ciudadanía nº 27.474.353 expedida en San Francisco (Putumayo), la
pensión gracia en una cuantía equivalente al 75% por ciento, del promedio mensual
de los salarios y factores salariales devengados en el año anterior a la fecha de
adquisición del estatus pensional, es decir, entre el 9 de abril de 2010 y el 8 de
abril de 2011.»

SEGUNDO. REVOCAR el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia del 15 de
julio de 2022 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de la
referencia.

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 15 de julio de 2022 emitida
por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de la referencia.

CUARTO. SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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