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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00771-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00771-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por Departamento Administrativo de Gestión Jurídica y Defensa Institucional del Departamento de Boyacá y la Fiduciaria la Previsora S.A, de conformidad con las consideraciones de esta providencia. Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Hernando Alfonso Fernández por las consideraciones expuestas en el presente proveído. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00771-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00771-00
Accionante: Hernando Alfonso Fernández
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial.

Decisión: Niega las pretensiones de la acción de tutela por no demostrarse
------------------------los defectos endilgados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por el señor Hernando Alfonso Fernández, en contra de la Sala
de Decisión No. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá por la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de
justicia y la tutela judicial efectiva, ocurrida con ocasión de la expedición de la
providencia del 8 de noviembre de 2024 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-005-2021-00210- 01.

I. ANTECEDENTES

2.1. Hechos
El Señor Hernando Alfonso Fernández, en calidad de docente en los servicios
educativos estatales, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías ante la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio el 22 de octubre de 2019.

Como resultado de lo anterior, la Secretaría de Educación de Boyacá a través de
la Resolución No. 009298 del 5 de noviembre de 2019 resolvió favorablemente su
solicitud. Sin embargo, al advertir un error en el acto administrativo, se expidió la
Resolución No. 00633 del 14 de febrero del 2020, que la aclaró.

El 27 de abril de 2020, se materializó el pago de las cesantías a favor de señor
Hernando Alfonso Fernández, esto es por fuera del término legal. Ante esta
situación, formuló petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria ante
el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y la Secretaría de Educación de Boyacá, el 21 de septiembre de 2020,
sin obtener respuesta.

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Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00771-00
Accionante: Hernando Alfonso Fernández

Ante estos hechos, el actor presentó medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Boyacá –
Secretaría de Educación, con el fin de obtener la declaratoria de existencia y
posterior nulidad del acto ficto negativo producto del silencio de la entidad
demandada respecto a la petición presentada el 21 de septiembre de 2020, en la
que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja, autoridad judicial que mediante sentencia proferida el 9 de junio
de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el pago de la sanción
moratoria por el pago extemporáneo de cesantías desde el 21 de febrero de 2020
hasta el 26 de abril de 2020. Decisión que fue apelada por la parte actora y el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En segunda instancia, el proceso fue conocido por la Sala de Decisión No. 5 del
Tribunal Administrativo de Boyacá quien, a través de la sentencia del 8 de
noviembre de 2024, modificó la decisión judicial anterior en el sentido de ordenar el
pago de la sanción moratoria a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en razón de la expedición
extemporánea del acto administrativo de reconocimiento de la prestación social,
situación que, a juicio de la autoridad judicial, generó la mora que se predica.

De otra parte, la autoridad judicial accionada ordenó el pago de la sanción moratoria
por «el no pago oportuno de cesantías por el lapso comprendido entre el 4 de
febrero de 2020 y el 30 de marzo de 2020, para un total de 39 días de mora, y el
valor de la indexación de dicho monto desde el 1 de abril del 2020 al 26 de abril de
2020».1

2.2. Fundamentos jurídicos
La parte accionante considera que, en la providencia judicial del 8 de noviembre de
2024, la Sala de Decisión No. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en
los siguientes defectos:

• Violación directa de la Constitución Política en relación con el derecho
fundamental al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la
tutela judicial efectiva, toda vez que la autoridad judicial accionada no profirió
la providencia cuestionada con estricto cumplimiento de las leyes existentes
y con obediencia de las formas propias de cada juicio.

• Defecto sustantivo al desconocer el parágrafo del artículo 57 de la Ley
1955 de 2019 y el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 942 de 2022, toda vez
que la autoridad judicial accionada endilgó únicamente la responsabilidad de
la mora en el pago de cesantías a la entidad territorial, aun cuando, a su
juicio, la sociedad fiduciaria incurrió de igual forma en el retraso del pago.

1 Índice X del aplicativo SAMAI.

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Acción de Tutela
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Accionante: Hernando Alfonso Fernández

Por ende, destacó que la sanción se debió calcular y pagar de forma
proporcional al número de días de retraso de cada entidad involucrada.

Asimismo, consideró que la autoridad judicial accionada cometió un error al
afirmar que la sanción moratoria se causó desde el día siguiente a la fecha
en que las entidades involucradas debieron efectuar el pago de las
cesantías, esto es el 4 de febrero de 2020, y hasta el día anterior al que se
efectuó el pago, 26 de abril de 2020.

Contrario a lo anterior, argumentó que la mora en el pago se originó desde
el 15 de noviembre de 2019, esto es la fecha máxima en que se debió
expedir la resolución de reconocimiento de las cesantías, y hasta el 14 de
febrero de 2020, fecha en la que se expidió la Resolución No. 00633, por
medio de la cual se aclaró la Resolución No. 009298 del 5 de noviembre de
2019, que reconoció el auxilio de cesantías al accionante.

2.3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ-SALA
DE DECISIÓN No. 5 en la SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024,
dictado dentro del proceso bajo rad. No. 150013333005-2021-00210-
01, transgredió los derechos fundamentales DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA Y DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE del señor
HERNANDO ALFONSO FERNÁNDEZ, por considerar que las razones de
la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia emitida por la jurisdicción contenciosa administrativa por lo
que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la
accionante.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ-SALA DE DECISIÓN No. 5 dejar sin
efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una
nueva, con observancia de la normatividad que reglamenta las
competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión
de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de
los docentes del Fomag». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 14 de febrero de 2024, mediante
el cual, se ordenó notificar a La Sala de Decisión No. 5 del Tribunal Administrativo
de Boyacá como accionado y a la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el Departamento de
Boyacá – Secretaría de Educación y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja como terceros interesados en el resultado del proceso.

2.4.1. Sala de Decisión No. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá la
providencia cuestionada no vulneró el derecho fundamental al debido proceso de
la parte accionante, las consideraciones de la autoridad judicial se ciñeron a lo

3
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Accionante: Hernando Alfonso Fernández

establecido en normatividad, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional.

2.4.2. El Departamento Administrativo de Gestión Jurídica y Defensa
Institucional del Departamento de Boyacá señaló que el accionante cuenta con
otros medios de defensa para la resolución del conflicto planteado, por lo tanto,
consideró que la acción de referencia no cumple con el requisito de subsidiariedad.
De otra parte, Solicitó la desvinculación del proceso por falta de legitimación en la
causa por pasiva.

2.4.3. Secretaría de Educación de Boyacá solicitó negar la tutela, en atención a
que la entidad no incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales del
señor Hernando Alfonso Fernández.

2.4.4. La Fiduciaria la Previsora S.A la entidad no cuenta con la facultad de
modificar actos administrativos y no puede proceder a un pago cuando no existe un
acto que así lo ordene. Solicitó declarar improcedente la acción de tutela por
ausencia de causales excepcionales de procedencia y su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva.

2.4.5. No se presentaron más informes.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

De conformidad con el artículo 86 de la constitución política y el artículo 1. ° del
Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, de
manera excepcional, contra particulares.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por
pasiva en sede de tutela se refiere «a la aptitud legal de la persona contra quien se
dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o
amenaza del derecho fundamental».2

Sobre el particular, se tiene que el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica
y Defensa Institucional del Departamento de Boyacá y La Fiduciaria la Previsora
S.A solicitaron la desvinculación del proceso de referencia por falta de legitimación
en la causa por pasiva.

2
Sentencia T- 1051 de 2006, MP. Álvaro Tafur Galvis.

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No obstante, es menester señalar que la vinculación en la acción de referencia
obedeció a las entidades involucradas en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho cuestionado, en donde el Departamento de Boyacá y el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (entidades que actúan por intermedio del
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica y Defensa Institucional y la
Fiduciaria la Previsora S.A, respectivamente), actuaron en calidad de demandadas.

En orden de ideas, se les notificó de la acción de tutela por tener interés en el
resultado del proceso con la finalidad de garantizar su derecho de defensa.

Así las cosas, la Sala procederá a negar la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con las consideraciones
anteriormente expuestas.

3.3. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en determinar
si la Sala de Decisión No. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en la
violación directa de la Constitución Política y el defecto sustantivo con la expedición
de la providencia del 8 de noviembre de 2024 dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-005-2021-00210- 01.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro
de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí
que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

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Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la providencia cuestionada.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración de principios y derechos
fundamentales con ocasión de la violación directa de la Constitución Política y el
defecto sustantivo en que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de
la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por
una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se
configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso
concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y

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razonabilidad que orientan al sistema jurídico»3.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se
mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de
rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su
absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su
interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias
judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida
en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una
de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango
de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso
concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por
la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó,
porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos
a los expresamente señalados por el legislador»4.

3 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo

Montealegre Lynett.
4 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
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Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.6. La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de
tutela contra providencia judicial.

En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre
otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto
se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un
caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación
claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar
la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los
postulados superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna de
las partes en el proceso.

Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar
que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor
normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de
tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados»5.

3.6.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo y la
violación directa de la Constitución Política en el caso concreto

Teniendo en cuenta que la exposición de la parte accionante frente a la
configuración del defecto sustantivo y por violación directa a la Constitución se
encuentra relacionada, la Sala abordará su estudio de manera conjunta.

El señor Hernando Alfonso Fernández estimó que la autoridad judicial accionada
desconoció el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo
2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 942 de 2022 al endilgar únicamente la responsabilidad
de la mora en el pago de cesantías a la entidad territorial, aun cuando, a su juicio,
la sanción se debía calcular y pagar de forma proporcional al número de días de
retraso en que la entidad territorial y la sociedad fiduciaria incurrieron.

5 Corte Constitucional, sentencia T – 587 del 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente: Alberto

Rojas Ríos.
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Además, sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció el artículo 57 de
la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 942 de 2022, teniendo
en cuenta que reconoció la sanción moratoria desde el día siguiente a la fecha en
que las entidades involucradas debieron efectuar el pago de las cesantías, esto es
el 4 de febrero de 2020, y hasta el día anterior al que se efectuó el pago, 26 de abril
de 2020.

Contrario a lo anterior, para el actor la mora se causó desde el 15 de noviembre de
2019, esto es la fecha máxima en que se debió expedir la resolución de
reconocimiento de las cesantías, y hasta el 14 de febrero de 2020, fecha en la que
se expidió la Resolución No. 00633, por medio de la cual se aclaró la Resolución
No. 009298 del 5 de noviembre de 2019, que reconoció el auxilio de cesantías al
accionante.

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia del 8 de
noviembre de 2024 determinó lo siguiente:

«(…) [E]s necesario examinar la actuación administrativa de cada
entidad involucrada y determinar cuál de ellas fue la responsable de
causar la mora, o si esta fue resultado de las acciones de ambas
entidades».
(…)
«En esas condiciones, la mora dependerá de si el retraso se produjo en
el trámite adelantado por la entidad territorial certificada en educación o
con ocasión del desembolso de los recursos para el pago».
(…)
«Frente a lo expuesto por la parte demandante en su recurso de
apelación, se confirmará la decisión adoptada por el a quo en su
sentencia, esto en razón a la aplicación de la regla proferida en la
sentencia de unificación jurisprudencial establecida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, en la Sentencia de unificación SUJ-012S2
del 18 de julio de 2018, la cual estableció:

“(…) cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por
fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud
de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para
expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45
días para efectuar el pago”.

37. La anterior regla se aplica, debido a que, si bien la Resolución núm.
009298 de 5 de noviembre de 2019 fue notificada y expedida en tiempo,
lo cierto es que la entidad incurrió en yerros en dicho acto administrativo.
Lo que conllevó a aclarar el acto de reconocimiento mediante la
Resolución No. 000633 del 14 de febrero de 2020, dando lugar a que
se expidiera el acto fuera del término legal.

38. Pese a lo anterior, la Sala modificará el conteo de los días de mora
y por ende su monto, ya que, si bien le aplica la regla de los 70 días
como se indicó anteriormente, el conteo realizado por el a quo no está
acorde con la normatividad y la jurisprudencia, pues contabilizó el
término de 82 días.

39. En consecuencia, se advierte que la petición fue presentada el día
22 de octubre del 2019. Las demandadas tenían hasta el 14 de
noviembre de 2019 (15 días) para expedir la resolución, fecha desde la

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cual se empieza a contar los 10 días de ejecutoria que finalizaron el día
28 de noviembre de 2019. Por ello, desde este último extremo,
comienza el conteo de los 45 días para efectuar el pago, los cuales
terminaron el día 3 de febrero de 2020.

40. Como se puede observar, la sanción moratoria en el presente caso
se causó desde el día siguiente de la fecha final de pago, esto es desde
el 4 de febrero de 2020, hasta el 26 de abril de 2020, día anterior a que
el dinero fue puesto a disposición del demandante (…)»

Así las cosas, la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión en el artículo
57 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 942 de 2022, en
cuanto endilgó la responsabilidad de la mora en el pago de las cesantías a la Nación
• Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
al encontrar que el incumplimiento se derivó de la expedición tardía del acto
administrativo que reconoció dicha prestación social.

Asimismo, de la transcripción literal se evidencia que el Tribunal accionado realizó
el conteo de la mora de conformidad con la normatividad aludida por el accionante
y en concordancia con lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación en
la sentencia de unificación SUJ-012S2 del 18 de julio de 2018, en donde se indica
que la sanción moratoria se cuenta 70 días hábiles después de radicada la solicitud
de reconocimiento, cuando el acto administrativo que da contestación favorable a
la petición se expide de manera extemporánea, situación que aconteció en el caso
concreto.

En vista de lo expuesto, no encuentra esta Sala de Subsección que en el presente
asunto se haya configurado el defecto sustantivo, debido a que las conclusiones
esgrimidas por la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada no
obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad,
sino que, por el contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación
normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del asunto.

De otra parte, la parte accionante adujo que la autoridad judicial accionada incurrió
en la violación directa de la Constitución Política frente al debido proceso, el acceso
a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, toda vez que, a su juicio,
la providencia cuestionada no se profirió con estricto cumplimiento de las leyes
existentes y con obediencia de las formas propias de cada juicio.

Sin embargo, es imperativo destacar que la autoridad judicial accionada no vulneró
los derechos fundamentales de la parte accionante, pues como se mencionó
previamente, la providencia del 8 de noviembre de 2024 se fundamentó en la
normatividad aplicable al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no procede para
resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio de la autoridad judicial
de conocimiento prevalece frente a la opinión del juez constitucional, no solo porque
es el juez natural del asunto, sino también porque este se encuentra amparado por
los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la
cosa juzgada.

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Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00771-00
Accionante: Hernando Alfonso Fernández

Por lo expuesto, esta Sala de Subsección procederá negar el amparo solicitado
mediante la acción de tutela presentada por la parte accionante en contra del
Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión No. 5.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

Primero: Negar la solitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por Departamento Administrativo de Gestión Jurídica y
Defensa Institucional del Departamento de Boyacá y la Fiduciaria la Previsora S.A,
de conformidad con las consideraciones de esta providencia.

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Hernando Alfonso Fernández por las consideraciones expuestas en el presente
proveído.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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