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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02611-00

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02611-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la señora Martha Cecilia Cortés Jerez. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02611-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02611-00
Accionante: MARTHA CECILIA CORTÉS JEREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional. La accionante utiliza este mecanismo como una instancia
adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, para que ordene
reconocer la sanción moratoria reclamada; además, el debate que plantea es de
naturaleza estrictamente económica, porque no involucra una discusión sobre el
contenido, alcance o goce de un derecho fundamental.

II. ANTECEDENTES
La demanda

2. El 7 de abril de 2026, la señora Martha Cecilia Cortés Jerez, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, que considera
vulnerados con la sentencia del 26 de agosto de 2025, en el proceso nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-011-2023-00191, que
revocó el fallo apelado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Hechos relevantes

3. El 20 de febrero de 2020 la señora Martha Cecilia Cortés Jerez presentó
reclamación de reconocimiento y pago de cesantías parciales. La Secretaría de
Educación del departamento de Boyacá, en Resolución 001175 del 28 de febrero
de 2020, notificada el 4 de marzo de 2020, accedió al reconocimiento. En esa última
fecha, la docente renunció a los términos. Los recursos fueron puestos a disposición
por Fiduprevisora S.A. el 12 de junio de 2020.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02611-00
Accionante: Martha Cecilia Cortés Jerez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

4. El 21 de diciembre de 2022 la señora Cortés Jerez presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG – Fiduprevisora S.A. y la Secretaría de Educación
del Departamento de Boyacá, pero no obtuvo respuesta, lo que dio lugar a la
configuración de silencio administrativo negativo.

5. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Martha Cecilia Cortés Jérez demandó a las anteriores autoridades, con el
fin de obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo ficto negativo.

6. En sentencia del 30 de septiembre de 2024, el Juzgado 11 Administrativo de
Tunja declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó al Fomag que
se pagara la sanción moratoria causada entre el 28 de mayo de 2020 y el 11 de
junio de 2020. La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG – Fiduprevisora
interpuso recurso de apelación.

7. En sentencia del 26 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Boyacá
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.

Pretensiones

8. La parte accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales, dejar
sin efectos la sentencia del 26 de agosto de 2025 y que se ordenara al Tribunal
Administrativo de Boyacá que dicte una decisión de reemplazo en la que tenga en
cuenta la normatividad especial que regula el proceso de reconocimiento y pago de
las cesantías del personal docente y valore integralmente las pruebas que obran
en el expediente.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. Luego de referir que la acción de tutela cumple todos los requisitos generales de
procedibilidad para efectos de cuestionar una providencia judicial, señaló que la
sentencia del 26 de agosto de 2025, adolecen de los siguientes defectos:

10. Defecto sustantivo. Aplicó una regla que no se configuró para la resolución de
su caso. El Decreto 491 de 20201 estableció que las autoridades administrativas
podrían suspender los términos de las actuaciones administrativas que adelanten
mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria, para lo cual deben expedir el
correspondiente acto administrativo.

11. El retraso no se produjo en la etapa de expedición y notificación del acto de
reconocimiento, sino en la fase de pago. Como la dilación no fue atribuible al
departamento, sino al Fomag, se omitió examinar si, en el caso concreto, el Fondo

1 La Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020, declaró exequible condicionadamente el

parágrafo segundo, así: bajo el entendido de que cuando la suspensión de términos implique la
inaplicación de una norma que contemple una sanción moratoria, las autoridades deberán indexar
el valor de la acreencia mientras opere la misma.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02611-00
Accionante: Martha Cecilia Cortés Jerez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

adoptó formalmente la medida de suspensión mediante el correspondiente acto
administrativo, condición necesaria para la aplicación de la regla invocada.

12. El departamento de Boyacá profirió el Decreto 204 de 2020, que suspendió los
términos de las actuaciones administrativas de su competencia desde el 30 de
marzo de 2020 hasta el 15 de julio de 2020. Prorrogado sucesivamente hasta el 15
de julio de 2020, conforme a lo previsto en el Decreto 296 de 2020.

13. Defecto fáctico. Se erró en considerar que el acto de reconocimiento de las
cesantías se materializó el 12 de marzo de 2020, pues lo cierto es que el acto se
notificó el 4 de marzo de ese mismo año.

Trámite en primera instancia

14. Mediante auto del 10 de abril de 2026, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá y vinculó, en
calidad de terceros con interés, al Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) – Fiduprevisora S.A. y
al Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación.

Intervenciones

15. La Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá indicó que la tutela
es improcedente porque el debate ya fue objeto de análisis en primera y segunda
instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En todo caso, las
actuaciones relacionadas con la disponibilidad y pago de los recursos corresponden
al FOMAG y a la entidad fiduciaria encargada de la administración de dichos
recursos.

16. El Tribunal Administrativo de Boyacá manifestó que si bien se evidenció un
retardo en el pago de las cesantías parciales, el mismo se produjo dentro del periodo
de suspensión de términos vigente al momento del incumplimiento, por lo que no se
configuró la sanción moratoria.

17. Al tratarse de una situación particular en la que la mora se produjo únicamente
dentro de un periodo mensual durante la vigencia de la suspensión, no resultaba
procedente ordenar la indexación, porque no hubo variación del poder adquisitivo
de la moneda.

18. La providencia no amenazó o trasgredió las garantías del accionante, pues se
expusieron los motivos que llevaron a la conclusión de negar las pretensiones de la
demanda.

19. Finalmente, sostuvo que, en un caso similar, con radicado 11001-03-15-000-
2025-00771-00, fallado por el Consejo de Estado el 6 de marzo de 2025, se negaron
las pretensiones de la demanda porque la providencia cuestionada se fundamentó
en la normatividad aplicable al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02611-00
Accionante: Martha Cecilia Cortés Jerez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

20. El Ministerio de Educación Nacional alegó que el debate se centra en una
controversia de naturaleza económica, lo cual escapa de la órbita del juez de tutela
por ausencia de relevancia constitucional.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20192.

Problema jurídico y metodología de la decisión

22. La Sala establecerá si se cumplen los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. De superarse, se determinará si
la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos alegados y si, por
consiguiente, vulneró los derechos fundamentales de la señora Martha Cecilia
Cortés Jerez.

Análisis de la Sala

23. Legitimación en la causa. La señora Martha Cecilia Cortés Jerez se encuentra
legitimada para interponer la acción de tutela, al ser la titular de los derechos que
considera vulnerados, en su condición de demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado 15001-33-33-011-2023-00191-01, en el que se
profirió la decisión cuestionada.

24. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo de Boyacá fue la autoridad judicial que profirió la sentencia
del 26 de agosto de 2025, a los que la parte actora atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales.

25. Inmediatez. En este caso, la Sala considera que se cumple el requisito, toda
vez que la providencia cuestionada fue proferida el 26 de agosto de 2025 y el
mensaje de datos se remitió el 2 de octubre de 2025, por lo que se entiende
notificada el 6 del mismo mes y año, y la solicitud de amparo se presentó el 7 de
abril de la presente anualidad, término razonable.

26. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.

27. Subsidiariedad. En el caso concreto, este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.

2 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02611-00
Accionante: Martha Cecilia Cortés Jerez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

28. Relevancia constitucional. La acción de tutela no es una instancia adicional
para discutir aspectos económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de
los jueces naturales3. Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas
sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad de una decisión judicial.

29. La Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 20214 consideró que,
cuando se cuestionan providencias judiciales, la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.

30. Lo anterior, pues «las discusiones de orden legales o aquellas relativas
exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido
al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o
reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”».

31. Se precisó que un asunto carece de relevancia cuando: (i) la discusión se limita
a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de esta se desprendan
claramente violaciones de derechos fundamentales, o (ii) «sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general”».

32. Además, el asunto debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. La cuestión debe revestir
una clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional. Lo anterior implica que
«tenga trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución
Política, así como para la determinación del contenido y alcance de un derecho
fundamental».

33. En la sentencia de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá
consideró que según lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, la
Secretaría de Educación cuenta con 15 días hábiles contados desde la radicación
de la solicitud para expedir el acto de reconocimiento de cesantías. Como la
solicitud se radicó el 20 de febrero de 2020, el término vencía el 12 de marzo de
2020. La resolución se profirió el 28 de febrero de 2020, dentro del término legal.

34. En criterio del Tribunal, el vencimiento de los términos ocurrió así:

i) Los 15 días para el reconocimiento: 12 de marzo de 2020, ii) los 10 días de
ejecutoria: el 27 de marzo de 2020; y iii) los 45 días para el pago: 4 de junio de

3 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia

constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
4 Sentencia del 6 de mayo de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02611-00
Accionante: Martha Cecilia Cortés Jerez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

2020. Entonces, como se encontró acreditado que el valor reconocido se puso
a disposición de la demandante hasta el 12 de junio de 2020, se advierte que
se causó un periodo de mora del 5 de junio de 2020 al 11 de junio de 2020, día
anterior a aquel en que se realizó el pago de las cesantías parciales a la
demandante, generándose una mora de 7 días, contrario a lo señalado en la
sentencia de primera instancia, que reconoció una mora de 11 días.

35. Sin embargo, durante el periodo de retardo -5 al 11 de junio de 2020- se
encontraba vigente la suspensión de términos adoptada por las autoridades
administrativas, medida autorizada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto
Legislativo 491 de 2020.

36. La Corte Constitucional profirió la sentencia C-242 de 2020 y declaró la
exequibilidad condicionada del parágrafo 2 del artículo 6 del Decreto 491 de 2020,
bajo el entendido de que cuando la suspensión de términos implique la inaplicación
de una norma que contemple una sanción moratoria, las autoridades deberán
indexar el valor de la acreencia mientras opere la misma.

37. Por su parte, la Gobernación de Boyacá expidió el Decreto 204 de 2020 que
suspendió los términos de las actuaciones administrativas desde el 30 de marzo de
2020 hasta el 13 de abril, medida prorrogada hasta el 15 de julio de la misma
anualidad.

38. Por lo anterior, concluyó que, si bien se evidenció un retardo en el pago de las
cesantías parciales, el mismo se produjo dentro del periodo de suspensión de
términos. Por tanto, no se configura la sanción moratoria, sino que procede
exclusivamente la indexación del valor reconocido a favor de la demandante.

39. Al analizar la procedencia de la indexación, expuso que el acto administrativo
fue expedido dentro del término legal -28 de febrero de 2020- y notificado el 4 de
marzo siguiente, lo relevante es determinar la fecha en que fue remitido al FOMAG.
Según la hoja de revisión, la Fiduprevisora recibió la documentación el 1 de abril de
2020, lo que «permite constatar que la remisión se efectuó de manera
extemporánea», pues el vencimiento de los 10 días de ejecutoria se produjo el 27
de marzo de 2020.

40. En todo caso, precisó que esa circunstancia no exoneraba al FOMAG de su
responsabilidad, pues recibida la documentación le correspondía efectuar el pago
dentro del término legal de 45 días hábiles, es decir, hasta el 9 de junio de 2020.
Como el desembolso se realizó el 12 de junio de 2020, se configuró una mora de 2
días, atribuible al FOMAG «quien tampoco actuó dentro del término legal
establecido».

41. Concluyó que se encuentra acreditado un retardo compartido en el pago de las
cesantías, en cabeza de la Secretaría de Educación de Boyacá y del FOMAG. El
periodo del 5 al 11 de junio de 2020 coincidió con la suspensión de términos
decretada por la Gobernación de Boyacá, debía indexarse el valor de la acreencia;
no obstante, «al tratarse de una situación particular en la que la mora se produjo
únicamente dentro de un periodo mensual durante la vigencia de la suspensión, no

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resulta procedente ordenar la indexación, por cuanto no se advierte variación del
poder adquisitivo de la moneda». Por lo anterior, revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

42. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, el juez natural
analizó de forma integral y razonada la normativa y la jurisprudencia aplicables.
Contrastó los medios de prueba y consideró que, si bien existió una mora
compartida en el pago de las cesantías, lo cierto es que se produjo durante el
término de suspensión de términos, por lo que solo resultaba procedente indexar el
valor de la acreencia; sin embargo, como el periodo de mora se produjo durante un
único mes, no hubo una variación en el poder adquisitivo de la moneda.

43. La Sala considera que los argumentos expuestos son razonables y no merecen
reproche alguno desde el punto de vista constitucional. Que la accionante no
comparta el fundamento de la decisión cuestionada no la torna irracional, absurda
o contraevidente, ni desprovista de análisis probatorio ni ajena a las normas y a la
jurisprudencia aplicables.

44. Adicionalmente, tal como lo sostuvo esta Subsección en reciente
pronunciamiento5, este valioso mecanismo constitucional no es el instrumento
adecuado para analizar la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías:

Dado el innegable carácter patrimonial que implica dicha temática, sumado al
carácter eminentemente legal de la discusión planteada en la acción
constitucional. (…) la acción de tutela carece de relevancia constitucional, toda
vez que el debate planteado se limita a una controversia de índole puramente
económica relacionada con la sanción moratoria derivada del pago
extemporáneo de una prestación social que ya fue reconocida y cancelada a la
accionante, quien además es titular del derecho reclamado.(…) En esa medida,
el debate se contrae a una discrepancia sobre el cómputo legal del término para
el pago de las cesantías y sobre la procedencia de la sanción moratoria, asunto
de naturaleza legal y patrimonial que fue resuelto por el juez natural de la causa.

45. Las inconformidades de la accionante se centraron en la configuración de un
defecto sustantivo, al omitir el análisis sobre la existencia de un acto que
suspendiera los términos durante ese periodo por parte del FOMAG, y de la
configuración de un defecto fáctico, porque no tuvo en cuenta que el acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías fue notificado el 4 de marzo de
2020 y no el 12 del mismo mes y año.

46. Los argumentos expuestos por la actora no evidencian la vulneración de una
garantía fundamental, sino su inconformidad con la valoración de los medios de
prueba allegados y la conclusión a la que arribó el Tribunal demandado: negar las
pretensiones dirigidas al reconocimiento de la sanción moratoria. A juicio de la Sala,
en este caso, el debate planteado por la señora Cortés Jerez es de naturaleza legal
y económica.

5 Sentencia del 28 de mayo de 2026. Expediente 11001-03-15-000-2026-03413-00. M.P. Fernando

Alexei Pardo Flórez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02611-00
Accionante: Martha Cecilia Cortés Jerez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

47. Como es evidente la naturaleza económica de lo pretendido por la accionante,
por tratarse de una controversia estrictamente monetaria y, además, no se advierte
que en la discusión esté involucrado algún debate sobre el contenido, alcance y
goce de algún derecho fundamental, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la señora Martha Cecilia Cortés Jerez.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
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puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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