Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02611-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02611-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02611-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
14 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 02611 01
Accionante: Martha Cecilia Cortés Jeréz
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 16 de junio de 2026, por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Martha Cecilia Cortés Jérez, actuando a través de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ - SALA DE
DECISIÓN No. 6 en la sentencia calendada del 26 de agosto de 2025 dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado
No. 15001-33-33-014-2022-00040-01 (SIC), transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD de la señora MARTHA CECILIA CORTÉS JÉREZ,
atendiendo que la decisión no se ajusta a la normatividad aplicable al caso
particular y, los hechos debidamente acreditados en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ - SALA DE DECISIÓN No. 6 dejar sin
efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
con observancia de la normatividad especial que regula el procedimiento
administrativo de reconocimiento y pago de las cesantías del personal docente
del Fomag y, la valoración íntegra y adecuada del acervo probatorio arrimado
en la controversia laboral.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02611 00.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante relató que estuvo vinculada como docente al servicio del departamento de
Boyacá y que el 20 de febrero de 2020 solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías
parciales.
Señaló que la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá accedió a dicha
solicitud mediante la Resolución núm. 001175 del 28 de febrero de 2020, la cual le fue
notificada electrónicamente el 4 de marzo de 2020, oportunidad en la que renunció a los
términos.
Adujo que el 21 de diciembre de 2022 presentó solicitud ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), la Fiduprevisora S.A. y la Secretaría de Educación del Departamento de
Boyacá, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista
en la Ley 1071 de 2006 y en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, derivada del pago
tardío de sus cesantías. No obstante, ante la ausencia de respuesta por parte de las
entidades, consideró configurado el silencio administrativo negativo.
Manifestó que, con fundamento en lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las referidas entidades, con
el propósito de obtener la nulidad del acto ficto negativo y el reconocimiento de la sanción
moratoria.
Indicó que el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, mediante
sentencia del 30 de septiembre de 2024, declaró configurado el silencio administrativo
negativo, anuló el acto ficto y ordenó al FOMAG reconocer y pagar la sanción moratoria
causada entre el 28 de mayo y el 11 de junio de 2020, al encontrar acreditado el pago
tardío de las cesantías parciales.
Agregó que dicha decisión fue apelada y que el Tribunal Administrativo de Boyacá,
mediante sentencia del 26 de agosto de 2025, la revocó.
Al respecto, expuso que, aunque esa corporación reconoció que el pago de las cesantías
se efectuó con posterioridad al vencimiento del término legal, concluyó que durante el
período de mora se encontraba vigente la suspensión de términos prevista en el artículo
6 del Decreto 491 de 2020 y en los decretos expedidos por la Gobernación de Boyacá
con ocasión de la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19, en consecuencia,
consideró improcedente el reconocimiento de la sanción moratoria y ordenó únicamente
la indexación del valor reconocido.
Como fundamento de la acción de tutela, la accionante sostuvo que la sentencia
enjuiciada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio de favorabilidad, por cuanto
el tribunal, pese a reconocer que existió mora en el pago de las cesantías parciales,
concluyó, sin que ello hubiera sido alegado o demostrado por las entidades demandadas,
que dicha mora se encontraba justificada por la suspensión de términos prevista en el
Decreto 491 de 2020.
Resaltó que el asunto reviste relevancia constitucional porque la providencia cuestionada
desconoció el régimen jurídico aplicable al pago de la sanción moratoria y realizó una
valoración inadecuada de las pruebas determinantes del proceso, con incidencia directa
en sus derechos fundamentales. Asimismo, aseveró que la tutela cumple los demás
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requisitos generales de procedencia establecidos por la Corte Constitucional respecto de
la tutela contra providencias judiciales, al tratarse de una decisión definitiva, identificarse
claramente los hechos que originaron la presunta vulneración y no dirigirse contra otra
sentencia de tutela.
A su turno, alegó que la providencia acusada incurrió en defecto sustantivo, toda vez que
el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 6 del Decreto 491 de 2020, al extender los
efectos de la suspensión de términos a la etapa de pago de las cesantías sin acreditar
que el FOMAG hubiera suspendido formalmente los términos mediante el acto
administrativo previsto en esa disposición.
Agregó que la mora ocurrió en una fase distinta de la adelantada por la Secretaría de
Educación del Departamento de Boyacá, entidad cuyos decretos de suspensión fueron
utilizados para justificar el retardo.
En cuanto al defecto fáctico, adujo que el Tribunal efectuó una valoración irrazonable del
material probatorio al apartarse de los documentos que acreditaban la fecha de
expedición y notificación de la resolución de reconocimiento de cesantías. En su criterio,
la autoridad judicial construyó su decisión sobre una premisa fáctica que no encontraba
respaldo en el expediente, lo que incidió en el cómputo de los términos y en la conclusión
sobre la inexistencia de la sanción moratoria.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 7 de abril de 20262 y correspondió por reparto a la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, por auto de 10 de abril
de 20263, la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo de Boyacá- Sala de
Decisión núm. 6, como autoridad judicial accionada; así como vincular al Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
– Fiduprevisora S.A. y al departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, como
terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Juzgado para que allegara copia digital del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 15001 33 33 011 2023 00191 00/01.
3.2. La Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá5 allegó escrito en el que
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, al considerar que carecía de
competencia para pronunciarse sobre la corrección jurídica de la sentencia cuestionada,
pues los reproches formulados por la accionante se dirigían exclusivamente contra una
providencia judicial proferida por el Tribunal.
Sostuvo que la acción de tutela no puede utilizarse como una tercera instancia para
reabrir un debate que ya fue resuelto dentro del medio de control de nulidad y
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02611 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02611 00.
4 Esta orden se cumplió el 13 de abril de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02611 00.
5 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02611 00.
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restablecimiento del derecho, en el que se analizaron los hechos, las pruebas y la
normativa aplicable, de manera que la inconformidad de la accionante con la decisión
adoptada no justifica la intervención del juez constitucional.
Asimismo, indicó que la actuación de la Secretaría de Educación ya fue objeto de control
judicial y que cumplió oportunamente con la expedición del acto administrativo de
reconocimiento de las cesantías. Agregó que las actuaciones relacionadas con la
disponibilidad y el pago de los recursos corresponden al FOMAG y a la Fiduprevisora,
por lo que cualquier discusión sobre una eventual mora en esa etapa excede el ámbito
funcional de la entidad.
Finalmente, afirmó que no existe vulneración de derechos fundamentales atribuible a la
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá y reiteró que acceder a las
pretensiones implicaría desconocer el carácter subsidiario y excepcional de la acción de
tutela, así como la autonomía e independencia judicial.
3.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá6 rindió informe en el que solicitó negar el
amparo al sostener que la sentencia cuestionada fue proferida con fundamento en el
marco normativo aplicable al caso y en la jurisprudencia constitucional sobre la
suspensión de términos durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID -19.
Explicó que, aunque se acreditó la mora en el pago de las cesantías parciales, esta se
produjo durante la vigencia de la suspensión de términos prevista en el artículo 6 del
Decreto 491 de 2020, por lo que no procedía la sanción moratoria contemplada en el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, sino únicamente la indexación de la acreencia,
conforme al condicionamiento fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-242 de
2020.
Asimismo, indicó que el Gobernador de Boyacá suspendió los términos de las
actuaciones administrativas mediante los Decretos 204 y 296 de 2020, desde el 30 de
marzo hasta el 15 de julio de 2020, razón por la cual dicha regulación resultaba aplicable
al caso concreto. En ese contexto, sostuvo que la providencia atacada no vulneró los
derechos fundamentales de la accionante, pues expuso de manera suficiente las razones
que sustentaban la decisión y aplicó la normativa pertinente.
3.4. El Ministerio de Educación Nacional7 presentó contestación en la cual solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela, por cuanto no tiene legitimación en la causa por
pasiva al no haber proferido la providencia cuestionada ni haber incurrido en acción u
omisión que vulnere los derechos fundamentales de la accionante. Asimismo, indicó que
la tutela pretende controvertir una decisión judicial mediante una nueva instancia, sin
acreditar el cumplimiento de los presupuestos excepcionales que habilitan la procedencia
de la acción contra providencias judiciales.
3.5. La Fiduprevisora S.A.8 rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela y se dispusiera su desvinculación del trámite constitucional, por cuanto,
la demanda no acredita las causales generales ni específicas que habilitan
excepcionalmente la procedencia de la tutela contra providencias judiciales y que, por el
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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03297 00.
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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03297 00.
8 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03297 00.
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contrario, pretende utilizar este mecanismo para reabrir debates ya resueltos dentro del
proceso ordinario.
3.6. EL Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja9 allegó el enlace del
proceso ordinario, sin embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de
la tutela.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Tercera, Subsección “A”, del Consejo de Estado, mediante sentencia de 16
de junio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se
satisfacía el requisito general de relevancia constitucional.
Señaló que la providencia cuestionada realizó una interpretación razonada de la
normativa, la jurisprudencia y del material probatorio, sin que se evidenciara una
actuación arbitraria o caprichosa que comprometiera los derechos fundamentales de la
accionante. Además, estimó que los reparos de la parte actora reflejaban únicamente su
inconformidad con la valoración efectuada por el juez natural respecto de la procedencia
de la sanción moratoria, asunto de naturaleza legal y patrimonial.
En ese contexto, concluyó que la tutela pretende reabrir un debate de contenido
estrictamente económico ya resuelto por la jurisdicción contencioso-administrativa, razón
por la cual no era procedente el amparo solicitado.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte accionante solicitó revocar
la sentencia impugnada y, en su lugar, acceder al amparo de los derechos fundamentales
invocados.
Sostuvo que el juez de tutela incurrió en error al declarar improcedente la acción por falta
de relevancia constitucional, pues omitió pronunciarse sobre los reparos formulados
contra la providencia del Tribunal accionado, los cuales, a su juicio, evidencian la posible
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Afirmó que la controversia no se limita a un debate patrimonial,
sino que versa sobre la configuración de defectos en la decisión judicial cuestionada.
Asimismo, reiteró que la providencia acusada incurrió en defecto sustantivo, al aplicar el
artículo 6 del Decreto 491 de 2020 sin verificar que el FOMAG hubiera suspendido
formalmente los términos mediante el acto administrativo exigido por esa disposición.
Agregó que los decretos expedidos por el Departamento de Boyacá no podían justificar
la mora, toda vez que el retraso se produjo en la etapa de pago de las cesantías, a cargo
del FOMAG y de Fiduprevisora S.A.
Finalmente, insistió en la configuración de un defecto fáctico, al considerar que el Tribunal
efectuó una valoración irrazonable del material probatorio, al sustentar su decisión en una
premisa fáctica que, según afirmó, carece de respaldo en el expediente, particularmente
en lo relacionado con la fecha de reconocimiento de las cesantías y el cómputo de los
términos para determinar la mora.
9 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03297 00.
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5.2. Por auto proferido el 10 de julio de 2026 se concedió la impugnación10 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto de 27 de julio de 202611.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 12, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201513, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201915, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. CUESTIÓN PREVIA
Se observa que tanto el Ministerio de Educación Nacional como la Fiduprevisora S.A., en
sus respectivos informes, solicitaron su desvinculación de la presente acción de tutela,
petición sobre la cual el juez de primera instancia no emitió pronunciamiento.
Al respecto, la Sala considera que no hay lugar a acceder a dicha solicitud, toda vez que
ambas entidades fueron vinculadas al trámite por haber integrado el extremo pasivo del
medio de control en el cual se profirió la providencia que ahora se cuestiona.
En consecuencia, su permanencia en el proceso resulta necesaria para garantizar la
eficacia de la decisión que eventualmente se adopte y salvaguardar los principios de
contradicción y defensa, permitiéndoles ejercer su derecho de defensa y pronunciarse
sobre los cargos formulados por la parte accionante.
6.3. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:
10 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02611 00.
11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02611 01.
12 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
14 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
16 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 15001 33 33 011 2023 00191
00/01.
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Accionante: Martha Cecilia Cortés Jérez
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6.3.1. La accionante, por conducto de apoderada judicial, promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), Fiduprevisora S.A. y el departamento de Boyacá, con el fin de
obtener la nulidad del acto ficto configurado el 22 de marzo de 2023, con ocasión de la
falta de respuesta a la petición presentada el 21 de diciembre de 2022, mediante la cual
solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 1071 de
2006 y 1955 de 2019.
6.3.2. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado, que mediante sentencia de
30 de septiembre de 2024 resolvió lo siguiente:
PRIMERO. - DECLARAR que operó el silencio administrativo negativo en relación
con la petición interpuesta el día 21 de diciembre de 2022 por la demandante
MARTHA CECILIA CORTES JEREZ ante la NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, relacionada con el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria, por lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad del acto ficto derivado del silencio
administrativo negativo referido en el ordinal anterior, conforme las razones que
dan sustento a esta decisión.
TERCERO. - DECLARAR no probadas las excepciones de “FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA” y “CULPA DE UN TERCERO
APLICACIÓN LEY 1955 DE 2019” propuesta por la NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO”, de acuerdo a las consideraciones desarrolladas
en esta providencia.
CUARTO.- Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENAR a la
NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO que, a título de restablecimiento
del derecho, reconozca, liquide y pague a favor de la señora MARTHA CECILIA
CORTES JEREZ, identificada con cédula de ciudadanía 28.168.834, la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, a razón de un día de salario
por cada día de mora, causada entre el 28 de mayo al 11 de junio de 2020,
ambas fechas inclusive, la cual se liquidará con base en la asignación básica
devengada por el demandante al momento en que se causó la mora -2020-,
conforme la parte motiva de la presente providencia.
QUINTO. - Las sumas que resulten de la condena deberán reajustarse en los
términos del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, pero solo en lo relativo al periodo sucesivo a la
causación de la sanción moratoria, es decir, desde el 12 de junio de 2020, hasta
la fecha de ejecutoria de la presente providencia, utilizando para el efecto la
siguiente fórmula de actualización de condena:
R = Rh x Índice final
Índice inicial
Para despejar esta fórmula se tendrá en cuenta que el valor presente (R) se
determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que corresponde al valor
ordenado, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta
providencia, por el índice vigente en la fecha en que se efectuó el pago respectivo,
que para el presente caso será el 12 de junio de 2020.
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Accionante: Martha Cecilia Cortés Jérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
SEXTO. - ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
– FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO que
cumpla el fallo, en los términos previstos en los artículos 192, 194 y 195 del Código
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, so pena de la causación de los
intereses respectivos.
6.3.3. Inconforme con esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Tribunal mediante sentencia de 26 de agosto de 2025, notificada
el 2 de octubre de 2025, en la que dispuso:
PRIMERO: REVOCAR los numerales segundo y cuarto de la sentencia
proferida el 30 de septiembre de 2024, por el Juzgado Once Administrativo de
Tunja, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; y en su lugar,
NEGAR las pretensiones formuladas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
6.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que17:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
17 Corte Constitucional. Sentencia C - 590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 02611 01
Accionante: Martha Cecilia Cortés Jérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades18:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 19. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
6.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del segundo y del tercer criterio que la compone, esto es, (i) evitar que la acción
de tutela se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los
de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial, e (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
6.4.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica
Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente 20:
[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de
“involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” […].
(Subrayado fuera del texto).
En igual sentido, anotó que21:
[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de
18 Corte Constitucional. Sentencia SU - 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
19 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
20 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
21 Ibidem.
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aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente
su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general” […]. (Subrayado fuera del texto).
La Sala considera que, en este caso, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no se supera uno de los elementos que lo integran,
consistente en preservar la competencia e independencia de los jueces de las
jurisdicciones distintas de la constitucional y, por esa vía, evitar que la acción de tutela
sea utilizada para debatir asuntos de mera legalidad o de contenido económico.
Lo anterior, por cuanto la inconformidad de la accionante se limita a cuestionar la
interpretación de las normas aplicables y la valoración probatoria realizada por el
Tribunal, con el propósito de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria
reclamada. En consecuencia, la acción de tutela se utiliza como una instancia adicional
para reabrir un debate de naturaleza legal y económica, ajeno al ámbito de protección de
este mecanismo constitucional.
6.4.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]22.
(Subrayado fuera de texto)
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con
claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a
la controversia judicial”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
22 Corte Constitucional. Sentencia SU- 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
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La Sala advierte que, en este caso, no se cumple el requisito general de relevancia
constitucional, comoquiera que no se supera el tercer elemento que lo integra, esto es,
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones adoptadas por el juez del proceso ordinario.
En su escrito de impugnación, la accionante manifestó que la acción de tutela sí satisface
el requisito de relevancia constitucional, pues, en su criterio, el juez de tutela omitió
pronunciarse sobre los reparos formulados contra la providencia cuestionada,
relacionados con la presunta configuración de defectos sustantivo y fáctico que
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia.
En ese sentido, sostuvo que el tribunal accionado aplicó indebidamente el artículo 6 del
Decreto 491 de 2020 para justificar la mora en el pago de las cesantías, sin verificar que
el FOMAG hubiera suspendido formalmente los términos mediante acto administrativo, y
que, además, valoró erróneamente el material probatorio al tomar como referencia una
fecha distinta a la notificación del acto de reconocimiento de las cesantías para efectuar
el cómputo de los términos, razón por la cual consideró que la providencia acusada afectó
sus garantías constitucionales.
Ahora bien, de la lectura de la sentencia cuestionada se advierte que la autoridad judicial
accionada examinó expresamente los aspectos que ahora la accionante cuestiona en
sede de tutela. En efecto, estableció que la solicitud de cesantías parciales fue radicada
el 20 de febrero de 2020 y que la Secretaría de Educación de Boyacá expidió la
Resolución núm. 1175 del 28 de febrero de 2020, notificada electrónicamente el 4 de
marzo siguiente. Con fundamento en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 concluyó que
el acto administrativo fue expedido dentro del término legal de quince días hábiles.
Asimismo, precisó que, conforme a la sentencia de unificación de la Sección Segunda
del Consejo de Estado del 18 de julio de 2018, la mora en el pago de las cesantías se
configura una vez transcurren los términos previstos para el reconocimiento, la ejecutoria
del acto y el pago de la prestación. A partir de ese criterio, determinó que en el caso
concreto existió un retardo comprendido entre el 5 y el 11 de junio de 2020.
No obstante, advirtió que dicho período coincidió con la suspensión de términos adoptada
durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, autorizada por el artículo 6 del Decreto
Legislativo 491 de 2020 y, con fundamento en la Sentencia C-242 de 2020 de la Corte
Constitucional, concluyó que cuando la suspensión de términos impide la aplicación de
una sanción moratoria, únicamente procede la indexación del valor de la acreencia
durante el tiempo de la suspensión.
Finalmente, el Tribunal examinó la responsabilidad de las entidades involucradas y
concluyó que existió un retardo compartido entre la Secretaría de Educación de Boyacá
y el FOMAG. Sin embargo, como ese retraso ocurrió íntegramente durante el período de
suspensión de términos y no se evidenció pérdida del poder adquisitivo de la moneda,
revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.
A partir de ese contexto, esta Sala observa que lo manifestado por la accionante para
sustentar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales no evidencia que el
asunto planteado verse sobre el alcance de un derecho fundamental, sino únicamente
sobre su inconformidad con la decisión adoptada dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
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Por tanto, la Sala considera que lo expuesto por la parte accionante, más que revelar la
existencia de una cuestión de verdadera relevancia constitucional que implique la
presunta transgresión de derechos fundamentales, pone de manifiesto una simple
inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, como si la
tutela se tratara de un recurso o una instancia adicional.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de 16 de junio de 2026, proferida por
la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo solicitado por no cumplirse con el requisito general de relevancia
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de
Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A., por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de junio de 2026, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación, por las razones expuestas
en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 14 de
agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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