Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03413-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03413-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03413-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03413-00
Accionante: LUZ ENITH GRANADOS ARANZÁLEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad / MEDIO
DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Sanción
moratoria en el pago de cesantías / REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL –
Se plantea un debate de contenido legal y económico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la señora Luz Enith Granados Aranzález, por conducto de apoderado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 5 de mayo de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad.
Hechos relevantes
2. La señora Luz Enith Granados Aranzález promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – en adelante FOMAG – y el Municipio de San José de Cúcuta, con el
fin de obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la
Ley 1071 de 2006, por no haber consignado sus cesantías de manera oportuna.
3. El asunto correspondió al Juzgado Primero (1.°) Administrativo del Circuito
Judicial de Cúcuta que, por medio de sentencia del 13 de agosto de 20242, negó las
pretensiones de la demanda.
1 Que ingresó al despacho para fallo el 19 de mayo de 2026.
2 Folio 44. Archivo “005_DemandaWeb_Anexos_EXPEDIENTEORDINARIO”. Índice 2 de Samai.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03413-00
Accionante: Luz Enith Granados Aranzález
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
4. Como fundamento de su decisión, el a quo consideró que no se configuraban los
presupuestos necesarios para declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados, toda vez que no existió mora en el pago de las cesantías. Esto, en
atención a que los recursos fueron puestos a disposición de la parte actora el 6 de
febrero de 2020, sin que se constituyera ningún día de mora respecto a tal
obligación.
5. La parte accionante presentó apelación contra la providencia precitada y sostuvo
que “el Juzgado no realizó una debida valoración probatoria para el conteo de los
términos, toda vez que, el pago oportuno, en el caso que ocupa la atención el día
de hoy, es el 14 de enero del año 2020, y no como lo sostiene el despacho, el 6 de
febrero del año 2020, según lo dispuesto en la ley 1955 de 2019 y el decreto 0942
del 1° de junio de 2022, así como la sentencia de unificación proferida por la alta
corporación; toda vez que la solicitud de cesantías fue radicada el día 24 de octubre
del año 2019, la fecha de notificación del acto administrativo fue el día 6 de
noviembre del año 2019, y la docente renunció a términos el mismo día, queriendo
indicar lo anterior que, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación
y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste” 3.
6. El recurso correspondió al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, a
través de sentencia del 30 de octubre de 20254, confirmó lo fallado en primera
instancia.
7. A juicio del ad quem, de acuerdo con lo evidenciado en el expediente
administrativo, se podía observar que “el día 7 de noviembre del año 2019, que fue
el día hábil siguiente a la renuncia de términos de ejecutoria, la entidad territorial
expidió la constancia de firmeza y al día siguiente remitió la actuación a la
Fiduprevisora por medio de la plataforma dispuesta para el efecto, entidad que en
todo caso procedió a colocar a disposición de la educadora el día 6 de febrero del
año 2020, el valor de las cesantías adjudicadas para que fuera retirado por la
docente a través de ventanilla en el banco BBVA Colombia Sucursal Cúcuta, es
decir, dentro de los 45 días siguientes a su recibo”5.
8. En ese orden de ideas, concluyó que no era posible predicar mora alguna en el
pago las cesantías, dado que, conforme con el material probatorio obrante en el
expediente, se verificó que el Municipio de San José de Cúcuta y el FOMAG
procedieron de forma diligente al resolver y pagar oportunamente las cesantías
parciales de la parte interesada.
Pretensiones
9. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER en la sentencia proferida el 30 de octubre de 2025 dentro del
3 Folio 62 ibid.
4 Folio 57 ibid.
5 Folio 71 ibid.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03413-00
Accionante: Luz Enith Granados Aranzález
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
proceso ordinario identificado con radicado No. 54-001-33-33-012-2021-
00250-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
GRATUIDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA del señor
LUZ ENITH GRANADOS ARANZALEZ, al haber adoptado una decisión
que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración
probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión
judicial que garantice (i) un análisis del caso concreto congruente con los
medios de prueba, con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos
objeto de litigio y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que
reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido
para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías
en favor de los docentes del Fomag”6.
Fundamentos de la demanda de tutela
10. La parte accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico por la falta de valoración de los elementos probatorios obrantes en
el expediente que, a su juicio, resultaban determinantes para el esclarecimiento de
los hechos en discusión en el proceso ordinario. Al respecto, señala que “la
autoridad judicial omitió otorgar valor probatorio a la constancia en la que la señora
Luz Enith Granados Aranzalez manifestó de manera expresa su renuncia a los
términos de ejecutoria al momento de la notificación de la Resolución No. 1044 del
29 de octubre de 2019, pues, al efectuar el cómputo de los plazos del procedimiento
de reconocimiento y pago de las cesantías, tuvo en cuenta los 10 días hábiles
correspondientes a la ejecutoria, desconociendo dicha manifestación”7.
11. Aduce que en la sentencia del 30 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander desconoció la constancia de notificación personal de la
Resolución núm. 1044 del 29 de octubre de 2019, documento del cual, según indica,
se desprendía con claridad que la señora Luz Enith Granados Aranzález renunció
expresamente a los términos de ejecutoria y, en consecuencia, a la interposición de
recursos contra el acto administrativo de reconocimiento de cesantías.
12. En ese sentido, afirma que dicha manifestación produjo la firmeza inmediata del
acto administrativo desde el 7 de noviembre de 2019 y que, conforme a la regla
séptima de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, los 45 días hábiles para
el pago de las cesantías debían contabilizarse desde el día siguiente a la notificación
del acto de reconocimiento. Así, considera que el juzgador incurrió en error al incluir
dentro del cómputo los 10 días hábiles correspondientes a la ejecutoria, pese a que
la docente había manifestado de forma expresa su decisión de no interponer
recursos, lo que condujo a la aplicación de una regla de unificación que no
correspondía a las particularidades del caso concreto y tuvo incidencia directa en el
sentido de la decisión adoptada.
6 Folios 10 y 11 del escrito de tutela.
7 Folios 5 y 6 ibid.
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Accionante: Luz Enith Granados Aranzález
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Trámite procesal
13. Por medio de auto del 6 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander como accionado y al Juzgado Primero (1.°) Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Cúcuta, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al
FOMAG, al Municipio de San José de Cúcuta, a la Fiduciaria La Previsora S.A., al
Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 54001-33-33-001-2021-
00250-00/01 como terceros con interés en las resultas del proceso. De igual modo,
se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Intervenciones
14. El Juzgado Primero (1.°) Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
remitió el enlace de acceso al expediente contentivo del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado núm. 54001-33-33-001-2021-00250-00.
15. La Nación – Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional. Asimismo, señaló que no existe “una relación de
subordinación o control entre el Ministerio de Educación Nacional y la autoridad
judicial que adoptó la decisión cuestionada, ni encontrarse acreditada una
vulneración de derechos atribuible a esta entidad, resulta improcedente la presente
acción de tutela en lo que respecta a la vinculación de esta Cartera Ministerial” 8.
16. De igual modo, indicó que la acción de tutela constituye un mecanismo
autónomo, residual y subsidiario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.°
del Decreto 2591 de 1991, norma que prevé, entre las causales de improcedencia,
la existencia de otros medios de defensa judicial idóneos para la protección de los
derechos invocados. Lo anterior, en concordancia con el inciso tercero del artículo
86 de la Constitución Política de Colombia, conforme al cual la tutela sólo procede
de manera excepcional aun cuando existan otros mecanismos judiciales, siempre
que se utilice como medio transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable.
17. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander adujo que ese despacho
no desconoció elemento alguno de juicio aportado por las partes en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, por el contrario, expuso que se analizó de
manera expresa cada uno de los documentos que reposan en el expediente digital.
En consecuencia, sostuvo que no existe omisión probatoria y que la decisión final
fue el resultado de un análisis integral del material probatorio allegado por las partes
al proceso.
18. Finalmente, aportó el enlace de acceso al expediente contentivo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 54001-33-33-001-
2021-00250-01.
8 Folio 2. Archivo “023RECIBEMEMORIAL_Memorial_2026EE174941Comunica”.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
19. Pese a haber sido notificadas en debida forma, las demás partes guardaron
silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
21. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales,
particularmente, el de relevancia constitucional?
22. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, con la expedición de la providencia del 30 de
octubre de 2025, proferida en el curso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 54001-33-33-001-2021-00250-01,
incurrió en un defecto fáctico y, por consiguiente, en la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad de la parte accionante?
23. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
24. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20059, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
25. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar10: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
9 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
10 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
sentencia de tutela11, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional12 o el Consejo de Estado13,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP14; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable15 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Del requisito de relevancia constitucional
26. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
27. La Corte Constitucional indicó16 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
28. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento
en que pretende reabrir el debate17, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
11 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
13 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
15 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
29. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia18.
Caso concreto
30. En el caso bajo estudio, la señora Luz Enith Granados Aranzález presentó
acción de tutela contra la sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Sin embargo, la Subsección
considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por
cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional.
31. Revisada integralmente la demanda de tutela, se advierte que la parte
accionante pretende reabrir el debate jurídico en torno a cuestiones que ya fueron
examinadas y resueltas por el juez natural en ambas instancias del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, el escrito no introduce cargos
nuevos de relevancia constitucional ni plantea la configuración de un defecto
específico en la providencia cuestionada, sino que insiste en la revisión de asuntos
probatorios y argumentativos que fueron objeto de valoración y decisión dentro del
trámite ordinario.
32. Al respecto, se tiene que, en la decisión cuestionada, la autoridad judicial
consideró lo siguiente (Se transcribe con posibles errores):
“[…] conocida la posición del Juzgado de instancia y la postura del extremo
recurrente, lo primero que debe sostener la Sala es que en el asunto bajo
análisis no existe discusión en cuanto a que la reclamación de las cesantías
parciales fue elevada por la interesada el día 24 de octubre del año 2019, lo
cual implica que, de acuerdo a la regla general establecida en la normatividad
y jurisprudencia descrita en acápites precedentes, la entidad territorial contaba
hasta el día 18 de noviembre del mismo año para expedir el acto administrativo
que resolviera dicha reclamación.
No obstante, para el presente caso se tiene que la Secretaría de Educación
procedió a emitir y notificar el día 6 de noviembre del año 2019, el acto que
reconoció las cesantías parciales, esto es, a los 8 días siguientes en que se dio
inicio a la actuación administrativa.
Se encuentra igualmente acreditado que la demandante, el día 6 de noviembre
del año 2019, renunció a términos de ejecutoria, siendo esta la razón por la que
la parte actora considera que a partir de ese instante se debían empezar a
contabilizar los 45 días para el pago de las cesantías, producto de la firmeza
18 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
de la resolución y la regla fijada por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 18 de julio de 2018.
Frente a este planteamiento, se aclara que la Sala no desconoce la regla fijada
por el máximo órgano de esta jurisdicción, en torno a la hipótesis donde el acto
de reconocimiento se expide en tiempo y el docente renuncia a términos de
ejecutoria. Sin embargo, cada caso relativo a este tema debe revisarse
exhaustivamente, producto de las particularidades en las que se encuentra
inmerso.
En el sub examine, se evidencia que la fecha en que la demandante renunció
a términos de ejecutoria correspondió al día 6 de noviembre del año 2019, lo
que significa que, contrario a lo señalado por el extremo recurrente, mal podría
tomarse ese instante como inicio para contabilizar los 45 días para el pago
como se sugiere en el escrito de apelación.
Asimismo, esta Corporación no puede pasar por alto el trámite interno que le
correspondía surtir a la Secretaría de Educación del Departamento Norte de
Santander, para expedir la constancia de ejecutoria y remitir el acto en firme a
la Fiduprevisora, para el correspondiente pago, con mayor razón cuando
producto de su diligencia lo emitió y notificó oportunamente.
Precisamente, la evolución jurisprudencial edificada en torno al tema de la
sanción moratoria, ha tenido como propósito cerrar el paso a maniobras
dilatorias que prolongan la definición del derecho prestacional del trabajador,
como lo era el hecho de que las entidades postergaran la expedición y
notificación de los respectivos actos para retardar el conteo de los 45 días para
su desembolso, siendo este el motivo por el que se fijó como regla general, que
el desembolso se debía producir dentro de los 70 días siguientes a la
reclamación -en vigencia del CPACA-, o a los 65 días siguientes si la misma
era presentada con base en el Decreto 01 de 1984.
Bajo esa perspectiva, no se considera razonable para el caso bajo análisis,
enrostrar una consecuencia adversa a la administración cuando, de acuerdo a
lo evidenciado en el expediente administrativo, se puede observar que el día 7
de noviembre del año 2019, que fue el día hábil siguiente a la renuncia de
términos de ejecutoria, la entidad territorial expidió la constancia de firmeza y
al día siguiente remitió la actuación a la Fiduprevisora por medio de la
plataforma dispuesta para el efecto, entidad que en todo caso procedió a
colocar a disposición de la educadora el día 6 de febrero del año 2020, el valor
de las cesantías adjudicadas para que fuera retirado por la docente a través de
ventanilla en el banco BBVA Colombia Sucursal Cúcuta, es decir, dentro de los
45 días siguientes a su recibo.
Significa lo anterior, como lo concluyó el A quo, que frente a la particularidad
de este caso, no es posible predicar mora alguna en el desembolso de las
cesantías, porque contrario a la tesis de la parte demandante, lo que se verificó
fue el proceder diligente de las autoridades en resolver y pagar oportunamente
las cesantías parciales de la interesada, razón por la cual, la decisión de la Sala
no puede ser otra que la de confirmar la sentencia de primer grado”19.
33. De conformidad con lo citado, esta Sala encuentra que la controversia versa
sobre un asunto meramente legal y económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal relativas a un derecho de esta
naturaleza deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, puesto que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
19 Folios 70 y 71. Archivo “005_DemandaWeb_Anexos_EXPEDIENTEORDINARIO”.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de
“involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”20.
34. Además, la Corte Constitucional ha considerado que un asunto carece de
relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general”21.
35. En ese sentido, la Sala considera que la acción de tutela no es el escenario
adecuado para examinar la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías que fue negada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en
la sentencia de segunda instancia, dado el innegable carácter patrimonial que
implica dicha temática, sumado al carácter eminentemente legal de la discusión
planteada en la acción constitucional. La Subsección advierte que la acción de tutela
carece de relevancia constitucional, toda vez que el debate planteado se limita a
una controversia de índole puramente económica relacionada con la sanción
moratoria derivada del pago extemporáneo de una prestación social que ya fue
reconocida y cancelada a la accionante, quien además es titular del derecho
reclamado. Aunque la parte accionante formuló su inconformidad bajo la apariencia
de un defecto fáctico, lo cierto es que la providencia cuestionada sí tuvo en cuenta
la renuncia a términos de ejecutoria, solo que no le atribuyó el efecto jurídico
pretendido por la demandante. En esa medida, el debate se contrae a una
discrepancia sobre el cómputo legal del término para el pago de las cesantías y
sobre la procedencia de la sanción moratoria, asunto de naturaleza legal y
patrimonial que fue resuelto por el juez natural de la causa.
36. De igual modo, no se evidencia que la discusión comprometa un derecho
fundamental en su núcleo esencial, en particular el debido proceso o el acceso a la
administración de justicia en su dimensión sustancial. Tampoco se alegó ni acreditó
una afectación concreta al mínimo vital o una circunstancia excepcional que
permitiera concluir que la discusión sobre la sanción moratoria trasciende el plano
legal y patrimonial para adquirir relevancia constitucional.
37. En realidad, la tutela pretende reabrir el análisis efectuado por el juez natural
sobre el alcance probatorio y jurídico de la renuncia a términos de ejecutoria, así
como sobre el momento a partir del cual debía computarse el plazo para el pago de
las cesantías. Ese desacuerdo, por sí solo, no habilita la intervención del juez
constitucional.
38. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
20 Sentencia SU-173 de 2019.
21 Ibidem.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03413-00
Accionante: Luz Enith Granados Aranzález
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente.
39. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, se declarará improcedente la
petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Luz Enith Granados Aranzález, por conducto de apoderado, contra el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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