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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00776-00

Fecha
7 de marzo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00776-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los señores Jhon Eider Serrano Córdoba y Pablo Emilio Mayorga Rodríguez y por las señoras Mónica Serrano Córdoba, Bellamira Córdoba Meneses, Ayda Mary Serrano Castaño y Nancy Obando Lame, actuando por conducto de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00776-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00776-00
Accionante: JHON EIDER SERRANO CÓRDOBA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos de
procedibilidad / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / IMPROCEDENCIA – Se acudió a la
acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso de reparación
directa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por los señores Jhon Eider Serrano Córdoba y Pablo Emilio Mayorga Rodríguez y
por las señoras Mónica Serrano Córdoba, Bellamira Córdoba Meneses, Ayda Mary
Serrano Castaño y Nancy Obando Lame, actuando por conducto de apoderado, de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 12 de febrero de 2025 la parte accionante presentó acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
“al principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial y exceso ritual
manifiesto”.

Hechos relevantes

2. Los demandantes presentaron medio de control de reparación directa en contra
de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial con el fin que se les
declarara patrimonial y administrativamente responsables por los perjuicios
causados con ocasión de la privación de la libertad del señor Jhon Eider Serrano
Córdoba desde el 17 de octubre de 2012 hasta el 12 de agosto de 2014.

3. El proceso correspondió al Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de
Cali que, por medio de sentencia del 3 de julio de 2020, declaró la prosperidad de
la excepción de culpa exclusiva de la víctima en la producción del resultado y negó
las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión la parte vencida presentó

1 Que ingresó para fallo el 16 de diciembre de 2024.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00776-00
Accionante: Jhon Eider Serrano Córdoba
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

apelación, recurso que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que, a través de providencia del 31 de julio de 2024, confirmó lo fallado en
primera instancia.

Pretensiones

4. Solicita la parte accionante lo siguiente:

“PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales del debido proceso,
acceso a la administración de justicia, violación al principio de justicia
material y la prevalencia del derecho sustancial y el exceso de ritual
manifiesto, vulneración de derechos que dio lugar al defecto fáctico en su
dimensión negativa conculcados al señor JHON EIDER SERRANO
CORDOBA como víctima directa y a los otros demandantes indirectamente
como actores del medio de control de reparación directa dentro del proceso
radicado bajo el numero 76001333301520160002701 por parte del Tribunal
Contencioso Administrativo Valle del Cauca, de conformidad con los
hechos y omisiones expuestos.

SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene DEJAR SIN
EFECTO la sentencia 0164 del 31 de julio de 2024 proferida por la Sala de
Decisión conformada por PAOLA ANDREA GARTNER HENAO, KATIA
ALEXANDRA DOMINGUEZ GARCES y GUILLERMO POVEDA
PERDOMO, siendo el Ponente este último de los mencionados y la cual fue
notificada el día 18 de agosto de 2024

TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior se le ORDENE al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, que, dentro de los
40 días siguientes a la notificación de la providencia o el tiempo que usted
considere pertinente emita una decisión de remplazo, en el sentido de
acceder a las pretensiones de la demanda”. (sic en toda la cita)

Fundamentos de la demanda de tutela

5. La parte demandante alega un desconocimiento del precedente fijado por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 31
de agosto de 2011, según la cual, cuando se aplica el principio in dubio pro reo la
responsabilidad de la administración se determina a partir de un régimen objetivo
siempre que se verifique fehacientemente que el juez penal tuvo una duda
razonable y, cuando la absolución es producto de fallas probatorias que no encajan
en el principio mencionado, la parte demandante deberá demostrar que el
funcionario incurrió en un error derivado de la falta de pruebas que sustentaran la
detención.

6. De igual modo, aduce que no se aplicó la sentencia SU-072 del 2018, a través de
la cual la Corte Constitucional sentó unas reglas en materia de responsabilidad del
Estado por la privación de la libertad, la cual es objetiva en cuatro casos: (i) cuando
el hecho no existió, (ii) el procesado no lo cometió, (iii) la conducta no era atípica y
(iv) la aplicación del in dubio pro reo.

7. Asimismo, anota que la Corte y el Consejo de Estado comparten dos premisas:
la primera, que la responsabilidad del Estado se deduce a partir de la constatación
de tres elementos: (i) el daño, (ii) la antijuridicidad de este y (iii) su producción a
partir de una actuación u omisión estatal (nexo de causalidad). La segunda, que el

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00776-00
Accionante: Jhon Eider Serrano Córdoba
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

artículo 90 de la Constitución no define un único título de imputación, que sugiere
que el régimen subjetivo de la falla del servicio coexiste con títulos de imputación
de carácter objetivo como el daño especial y el riesgo excepcional.

8. Finalmente, indica que existe un defecto fáctico por cuanto la Fiscalía General de
la Nación “no valoró el material probatorio en su totalidad, la falta de responsabilidad
de la misma FISCALIA al momento de recaudar la prueba o de llevarla a juicio, pero
que tan sensato fue que él mismo solicitó absolución, reconociendo la cantidad de
falencias de nuestra justicia”.

Trámite en primera instancia

9. Por medio de auto del 14 de febrero de 2025 se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como
accionado y al Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali, a la Rama
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación como terceros con interés. De igual
modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

Intervenciones

10. La Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

11. Las demás partes guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

12. De conformidad con lo expuesto, la Subsección considera que no hay lugar a
hacer un estudio de fondo en la presente acción por cuanto no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional.

13. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces2.

14. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber3:

2 Sentencia T–422 de 2018.
3 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00776-00
Accionante: Jhon Eider Serrano Córdoba
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial.

15. Revisada la demanda, se evidencia que la parte accionante acudió a la acción
de tutela con el propósito que se estudie nuevamente si, como se discutió en el
trámite del proceso de reparación directa, la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial son administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y
perjuicios presuntamente causados al extremo demandante con ocasión de la
privación de la libertad de la que fue objeto el señor Jhon Eider Serrano Córdoba.

16. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural, que en la presente acción se plantearon los mismos
argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación contra la
providencia de primera instancia, a saber:

“De lo anterior, fácil es concluir que la absolución penal del señor JHON
EIDER SERRANO CORDOBA no se dio por la aplicación del in dubio pro
reo, sino por la no participación de este en el injusto penal y, que esa facultad
que tiene el censor administrativo de adentrarse al proceso penal para
analizar la imposición de la medida de aseguramiento, resulta peligrosa para
el caso en concreto si ella no se hace de manera minuciosa y profunda, de
ahí las importantes sentencias de tutela del 15 de noviembre de 2019, con
ponencia del Consejero MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ de la sección
Tercera, subsección B del Consejo de Estado bajo el radicado 1101-03-15-
000-2019-00169-01 (AC), y que fue de la que inicialmente se apartó el
censor de instancia, bajo el débil argumento de no haberse emitido una
sentencia de unificación al momento de proferirse el fallo hoy recurrido,
cayendo sin duda así en la violación de la presunción de inocencia, siendo
por ello que cabe preguntarse finalmente ¿Puede el Juez de la
responsabilidad exonerar al Estado con base en la culpa de la víctima,
construida a partir de su conducta preprocesal sin violar directamente su
derecho al debido proceso y sin vulnerar su presunción de inocencia,
máxime cuando procedimentalmente estuvimos en presencia de un
grotesco y burdo procedimiento penal? Para ello, no hay que olvidar que fue
la misma Fiscalía que solamente llevó a juicio a uno de sus testigos. Si ello
es así, claro es que se configuró el defecto de violación directa de la
Constitución por el desconocimiento del artículo 29 constitucional, máxime
cuando se ha decantado jurisprudencialmente, como en efecto se trajo al
presente, la procedencia del hecho de la víctima solo en casos concretos,
pero erradamente considerado por el hoy A quo, pues la máxima
Corporación de lo Contencioso Administrativo discurre que infundada es
ésta excepción, toda vez que el artículo 70 de la ley 270 ha decantado que
solo contempla como causal de exoneración de responsabilidad del Estado
en los casos de privación de la libertad la culpa exclusiva de la víctima solo
en casos determinantes, no como en el caso en concreto, posición que
obedece a la lógica de que el actuar hasta de un tercero no es irresistible
para la entidad demandada (huida del verdadero delincuente al momento de
los hechos), debido a que corresponde al ente acusatorio valorar

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00776-00
Accionante: Jhon Eider Serrano Córdoba
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

adecuadamente, corroborar los elementos materiales probatorios
recaudados, argumentar y exponer el porqué de la solicitud de la medida de
aseguramiento y que fue concretamente lo que no hicieron las entidades
demandadas. […]”.

17. Aspectos que fueron analizados y resueltos de manera razonada en la
providencia del 26 de julio de 2024, que decidió el recurso de apelación, bajo los
siguientes fundamentos:

“Para dar respuesta al problema jurídico, la verificación del primer elemento
que estructura la declaratoria de responsabilidad estatal, el daño, se
acreditó en el sub-lite, consistente en la privación de la libertad del señor
Jhon Eider Serrano Córdoba, desde el 17 de octubre de 2012 hasta el 12 de
agosto de 2014, es decir durante 19 meses y 26 días, debido a la medida
de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de la residencia del
Demandante.

El segundo elemento, la imputación jurídica bajo el título de falla del
servicio exige la acreditación de una privación de la libertad «injusta», para
lo cual se debe examinar las actuaciones de las demandadas a fin de
verificar si existieron o no criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
legalidad para proferir la medida de aseguramiento.

El 16 de octubre de 2012 el Juzgado 28 Penal Municipal de Cali con
Funciones de Control de Garantías impuso la medida de aseguramiento de
Detención preventiva en el lugar de residencia, las razones que tuvo el Juez
Penal para imponer la medida, se encuentran ajustadas a Derecho, pues el
señor Serrano Córdoba fue capturado en flagrancia y la sustancia que
portaba dio positivo para estupefacientes, lo que ameritaba continuar con la
investigación en contra del aquí demandante. […]

El hecho que después, el Juez 18 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento, aplicando el principio de In Dubio Pro Reo, haya absuelto al
Señor Serrano Córdoba, no genera automáticamente que la solicitud ni la
imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva se haya
fundado en criterios irrazonables, desproporcionados o ilegales que
permitan concebir que la privación de la libertad haya sido «injusta». La Sala
no toma decisiones sobre el proceso Penal, luego tiene como cierto que la
decisión del señor Juez fue por la Duda a favor del procesado y no por que
se haya demostrado su inocencia en el proceso”.

18. En efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que el hecho
que el juez de conocimiento, aplicando el principio de in dubio pro reo, haya absuelto
al señor Jhon Eider Serrano Córdoba, no genera automáticamente que la solicitud
ni la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva se haya
fundado en criterios irrazonables, desproporcionados o ilegales que permitan
concebir que la privación de la libertad haya sido injusta, por lo que la decisión del
proceso penal fue por la duda a favor del procesado y no por que se haya
demostrado su inocencia en el proceso.

19. Frente a ello, la autoridad judicial accionada señaló que el supuesto de no
interponer los recursos de ley, como causa exonerativa de la responsabilidad estatal
frente a privación injusta de la libertad, se avenía al criterio vigente dentro del
ordenamiento jurídico, conforme al cual las conductas incidentes para este
resultado de exclusión de responsabilidad son aquellas de carácter procesal, esto

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00776-00
Accionante: Jhon Eider Serrano Córdoba
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

es, “acciones u omisiones que tienen mérito para reemplazar la causa del daño,
pues son las que determinan, inducen o provocan la medida restrictiva, en este
caso, por actuar con dolo o culpa grave”.

20. En este contexto, la Sala estima que la tutela ejercida por la parte accionante
busca prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso
ordinario, situación que claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya
que no hay argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto de
genuina relevancia constitucional.

21. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente.

22. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, se declarará improcedente la
petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los
señores Jhon Eider Serrano Córdoba y Pablo Emilio Mayorga Rodríguez y por las
señoras Mónica Serrano Córdoba, Bellamira Córdoba Meneses, Ayda Mary Serrano
Castaño y Nancy Obando Lame, actuando por conducto de apoderado, en contra
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00776-00
Accionante: Jhon Eider Serrano Córdoba
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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