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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00776-01

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00776-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 7 de marzo de 2025, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Jhon Eider Serrano Córdoba, Pablo Emilio Mayorga Rodríguez, Mónica Serrano Córdoba, Bellamira Córdoba Meneses, Ayda Mary Serrano Castaño y Nancy Obando Lame, para en su lugar NEGAR el amparo constitucional solicitado, por las razones consignadas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes, lo aquí dispuesto, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00776-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00776-01
Accionante: Jhon Eider Serrano Córdoba y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00776-01
Accionante: Jhon Eider Serrano Córdoba y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: privación de la libertad. Subtema 3: defectos fáctico,
desconocimiento del precedente constitucional, y sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve la
impugnación interpuesta por los señores Jhon Eider Serrano Córdoba, Pablo Emilio
Mayorga Rodríguez, las señoras Mónica Serrano Córdoba, Bellamira Córdoba
Meneses, Ayda Mary Serrano Castaño y Nancy Obando Lame en contra de la
sentencia del 7 de marzo de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Jhon Eider Serrano Córdoba y otros presentaron una acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, al principio de «justicia material y prevalencia del derecho
sustancial y el exceso ritual manifiesto», que consideraron vulnerados con ocasión de
la sentencia del 31 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, dentro del proceso identificado con el radicado núm. 76001-33-33-015-
2016-00027-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00776-01
Accionante: Jhon Eider Serrano Córdoba y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

2. El señor Jhon Eider Serrano Córdoba y otros1 presentaron demanda a través del
medio de control de reparación directa con la pretensión de reparación del daño
causado por la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial por la
privación injusta de la libertad por un periodo de 19 meses y 26 días a la que fue
sometido.

3. El asunto correspondió conocerlo, bajo radicado núm. 76001-33-33-015-2016-
00027-00, al Juzgado Quince Administrativo de Cali, que, en sentencia del 3 de julio
de 2020, negó las pretensiones de la demanda al considerar que el daño sufrido por
los demandantes no era atribuible a las autoridades demandadas, sino que ocurrió por
culpa exclusiva de la víctima.

4. Apelada esta providencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
sentencia del 31 de julio de 2024, la confirmó.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

5. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia, violación al principio de justicia material y la prevalencia del
derecho sustancial y el exceso de ritual manifiesto, vulneración de derechos que dio
lugar al defecto fáctico en su dimensión negativa conculcados al señor JHON EIDER
SERRANO CORDOBA como víctima directa y a los otros demandantes indirectamente
como actores del medio de control de reparación directa dentro del proceso radicado
bajo el n[ú]mero 76001333301520160002701 por parte del Tribunal Contencioso
Administrativo Valle del Cauca, de conformidad con los hechos y omisiones
expuestos.
SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene DEJAR SIN EFECTO
la sentencia 0164 del 31 de julio de 2024 proferida por la Sala de Decisión conformada
por PAOLA ANDREA GARTNER HENAO, KATIA ALEXANDRA DOMINGUEZ
GARCES [sic] y GUILLERMO POVEDA PERDOMO, siendo el Ponente este último de
los mencionados y la cual fue notificada el día 18 de agosto de 2024
TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior se le ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, que, dentro de los 40 días siguientes a
la notificación de la providencia o el tiempo que usted considere pertinente emita una
decisión de remplazo, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda3.

6. Como fundamento de sus pretensiones, los accionantes manifestaron que la
sentencia del 31 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, violó sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y al principio de «justicia material y prevalencia del derecho sustancial y el exceso ritual
manifiesto», pues no tuvieron en cuenta los precedentes jurisprudenciales existentes
en materia de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, sobre
todo cuando el fallo resulta absolutorio como consecuencia de la aplicación del
principio de in dubio pro reo. De esta manera, citaron sentencias proferidas por el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre el tema.

1
Mónica Serrano Córdoba, Bellamira Córdoba Meneses, Pablo Emilio Mayorga Rodríguez, Ayda Mary Serrano
Castaño, Nancy Obando Lame, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos José David
y Marlon Leandro Diez Obando.
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06852-00, índice 2, certificado núm.
870C48A43CF403815BEB38E98256A287 1FDE95B4CDBA59B9 E1BB225887BBEDE2.
3 Se transcribe incluso con errores.

2

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Accionante: Jhon Eider Serrano Córdoba y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

7. Por otra parte, manifestó que se incurrió en el defecto fáctico, ya que el ad quem
no valoró en su integridad el material probatorio. Afirmó que la Fiscalía actúo con falta
de diligencia al momento de recaudar las pruebas que debían ser presentadas en
juicio, lo cual se evidenció cuando solicitó la absolución debido a falencias en el
sistema de justicia.

2.3. Trámite procesal

8. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto del
14 de febrero de 20254, admitió la solicitud de tutela, ordenó la notificación a las partes,
vinculó al Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali y a la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación
y requirió copia del expediente digital.

2.4. Intervenciones

9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió su desvinculación de la
acción de tutela, también solicitó que se niegue el amparo constitucional, pues no
incurrió en algún tipo de vulneración a los derechos fundamentales alegados. Afirmó
que la decisión del Tribunal accionado no es arbitraria ni caprichosa, sino que se
encuentra ajustada a derecho. Resaltó que la acción de tutela no es el escenario para
reabrir debates que ya fueron resueltos por el juez contencioso-administrativo5.

10. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare improcedente la acción
tutela, argumentando que no se supera el requisito de relevancia constitucional, ya que
lo que pretende la parte accionante es reabrir un debate de índole legal, lo cual no le
está permitido al juez constitucional. Señaló que, en el proceso ordinario, se demostró
que la medida de aseguramiento fue impuesta conforme a derecho, toda vez que el
señor Serrano Córdoba fue capturado en flagrancia. Asimismo, pidió su desvinculación
del trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva6.

2.5. Sentencia de primera instancia

11. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia
de primera instancia el 7 de marzo de 2025, en la que declaró improcedente la tutela
interpuesta por el señor Jhon Eider Serrano Córdoba y otros. Fundamentó su decisión
en que la solicitud de amparo no superó el requisito de relevancia constitucional, pues
los accionantes buscan utilizar este mecanismo como una instancia adicional a las ya
surtidas en el proceso ordinario.

4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-00776-00, índice 4, certificado núm.
B5800C1EAB9319FF 37632AF1F9D8F299 4C02E16AEF40B6B3 9717E656D8F1951A.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00776-00, índice 8, certificado núm. C58B6A56F006F1F2
4510903E010712F3 A93ECFA9370EC7BA B8DDDBAF44836E83.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00776-00, índice 10, certificado núm.
92DFF2B88583393B 689B0167080181B0 E0A58961CE777CFC 26BA6BAF744277EE.

3

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Accionante: Jhon Eider Serrano Córdoba y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

2.6. Impugnación

12. El señor Jhon Eider Serrano Córdoba y otros presentaron impugnación7 en la que
reiteraron los argumentos de la acción de tutela. Argumentaron que se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, pues en su caso se configura un
desconocimiento del precedente constitucional y judicial. Indicaron que existe
irresponsabilidad de las autoridades demandadas y que no se aplicó lo dispuesto en
la sentencia SU-072 de 2018.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 7 de marzo
de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

14. La legitimación en la causa por activa de los señores Jhon Eider Serrano Córdoba,
Pablo Emilio Mayorga Rodríguez, las señoras Mónica Serrano Córdoba, Bellamira
Córdoba Meneses, Ayda Mary Serrano Castaño y Nancy Obando Lame está
acreditada, porque fueron los demandantes en el proceso de reparación directa que
finalizó con la sentencia de segunda instancia del 31 de julio de 2024, objeto de tutela
y, por lo tanto, son los titulares de los derechos que afirman fueron vulnerados.

15. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, debido a que fue la autoridad que profirió la
sentencia del 31 de julio de 2024, objeto de estudio.

16. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación
solicitaron su desvinculación del proceso al considerar que no están llamadas a
responder por la alegada vulneración de los derechos fundamentales de la parte
accionante. La Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
terceras con interés en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción.
En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como accionadas, no es posible
declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Por los motivos expuestos, se
negará la solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

17. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en

7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-07008-00, índice 20, certificado núm. E07EABF6B3CB4F5B
80CBED7104183522 D0A611FB906F5B95 8306C6C720AC170A.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

4

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procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional9.

18.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

19. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

20. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

21. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional12 ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto que entra
a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el
órgano de cierre sobre la materia13.

9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
11 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga

5

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22. En primera instancia, el juez constitucional consideró que el escrito de tutela
presentado por el señor Jhon Eider Serrano Córdoba y otros no superó el requisito de
relevancia constitucional, pues lo que realmente pretende es manifestar su
inconformidad con la decisión que adoptó la parte accionada y que el juez
constitucional realice un nuevo estudio frente al debate ya agotado en el proceso
disciplinario.

23. Pues bien, esta Sala no comparte el anterior criterio, en la medida en que la
discusión acerca de la inaplicación de precedentes constitucionales y judiciales y la
indebida valoración probatoria están íntimamente relacionados con el derecho al
debido proceso y, por ende, negar las pretensiones en el caso concreto, con la posible
configuración de alguno de los defectos que la Corte Constitucional ha definido como
causales de procedencia, comprometería y afectaría los derechos fundamentales de
los accionantes.

24. Por los motivos expuestos, esta Subsección tendrá por superado el requisito de
relevancia constitucional y continuará con el estudio de los demás presupuestos de
procedibilidad y, si a ello hay lugar, emitirá una decisión de fondo.

25. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotaron las instancias respectivas
dentro del proceso de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de
tutela.

26. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho toda vez que la
sentencia proferida el 31 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, fue notificada el 13 de agosto de 202414 y la demanda de tutela se presentó el
12 de febrero de 202515, esto es, dentro del plazo de seis meses establecido por la
jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de Estado17 como razonable.

27. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, tan así
que el asunto superó la relevancia constitucional, y no resultaba posible que hubiera
alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente porque
su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que puso fin a la actuación
judicial.

28. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
14
Samai, exp. 76001-33-33-015-2016-00027-01, índice 14.
15
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00776-00, índice 2.
16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

6

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29. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con los defectos por desconocimiento del precedente
constitucional, sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, fáctico y, en ese
orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar o modificar la sentencia de
primera instancia del 7 de marzo de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedentes las pretensiones de
amparo. Para ello, deberá establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente constitucional, sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial y fáctico en la sentencia del 31 de julio de
2024, que confirmó la decisión proferida por el Juzgado Quince Administrativo de Cali.

31. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos por
desconocimiento del precedente constitucional, sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial y fáctico; y ii) el caso concreto.

3.5.1. Generalidades de los defectos invocados

32. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en los
defectos: i) por desconocimiento del precedente constitucional, ii) sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y iii) fáctico.

3.5.2. Desconocimiento del precedente constitucional

33. La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, se ha referido al
desconocimiento del precedente constitucional, ha establecido que se incurre en este
defecto cuando se configuran 4 causales, las cuales pasan a exponerse:

Entonces, se produce un desconocimiento del precedente constitucional cuando (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles; (ii) se aplican
disposiciones de orden legal cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución; (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada; o (iv) cuando para la resolución de casos se contraría la ratio decidendi de
sentencias de constitucionalidad. La fuerza absoluta de los precedentes contenidos en
sentencias de constitucionalidad obedece a los efectos erga omnes y su fuerza de cosa
juzgada constitucional, que vincula hacia el futuro (art. 243 de la CP); y que, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, involucra también el respeto por la ratio decidendi de
todas las sentencias de control abstracto “para que la aplicación de la ley sea conforme
a la Constitución”.18

34. Este defecto se configura cuando la Corte Constitucional establece el alcance
normativo de un derecho fundamental o presenta a una interpretación constitucional
de algún tema en específico y, aun así, el juez ordinario o contencioso-administrativo
decide apartarse de dichos conceptos, ahora esto no significa que el juez no pueda
apartarse, pues el máximo órgano constitucional ha dicho que le está permitido
hacerlo en los siguientes escenarios:

18
Corte Constitucional, sentencia SU-218 de 2024.

7

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El juez puede apartarse del precedente constitucional si cumple con la carga
argumentativa que se requiere en tanto: (i) hacer referencia al precedente
constitucional el cual decide abstenerse de aplicar, para efectos de cumplir con la carga
de transparencia; (ii) ofrecer una justificación razonable, suficiente y proporcionada,
que manifieste las razones por las que se aparta de la regla jurisprudencial previa –
carga de argumentación. Adicionalmente, se impone (iii) demostrar que la
interpretación alternativa que ofrece desarrolla y amplía de mejor manera el contenido
de los derechos, los principios y los valores constitucionales que defiende el tribunal
constitucional en su función de guardián de la supremacía de la Constitución. En
consecuencia, debe presentar razones suficientes, que superen los desacuerdos y
explicar por qué tales razones justifican afectar los principios de seguridad jurídica,
igualdad, buena fe y coherencia, desarrollados a nivel constitucional 19.

35. Citado lo anterior, es claro entonces que si el juez natural de la causa tiene un
precedente constitucional que es aplicable al caso porque su decisión, problema
jurídico y los hechos son análogos al que estudia, y no realiza la carga argumentativa
necesaria que explique por qué se aparta de la decisión, incurriría en desconocimiento
del precedente constitucional.

3.5.3. El defecto sustantivo

36. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo
se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue
derogada o subrogada; o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado20.

37. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución Política.

38. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia
judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos
previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las
normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y
para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor
no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia

19
Corte Constitucional, sentencia SU-295 de 2023
20 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que
son de forzosa aplicación […]21.

39. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los
jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a
su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del
parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la
Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con
su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

40. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4° de la CP), la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2° superior), la primacía de los derechos humanos
(artículo 5° de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior).22

3.5.4. El desconocimiento del precedente judicial

41. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas.

42. Al respecto, la Corte Constitucional23 ha considerado que el precedente se define
como «la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que, por
su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo».

43. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases, a saber: «(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia
a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por
el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones
adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia»24.

44. Así, el precedente horizontal supone que, en principio, un juez individual o
colegiado no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias. Su
carácter vinculante se deriva del respeto por la línea argumentativa y decisoria que ha
establecido previamente en sus providencias, en atención a los principios de buena fe,
seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad 25, lo cual no impide que los jueces,
según el asunto sometido a su conocimiento, puedan exponer de forma clara,
suficiente y razonable los argumentos que justifican separarse del sentido de sus
decisiones previamente proferidas.

21
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
25 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013.

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45. Por su parte, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de
unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía
judicial del juez, comoquiera que debe respetar la postura del superior, ya sea de las
altas cortes o de los tribunales.

46. En este orden, toda decisión adoptada por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que se dirija a resolver una controversia originada en similares
circunstancias fácticas y jurídicas al asunto sometido a consideración del juez debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad,
especialmente el contenido de la ratio decidendi, «ya que además de ser el
fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica
determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una
norma»26, salvo si existan razones jurídicas particulares que impongan modificarlo.

47. Conforme lo expuesto, la jurisprudencia constitucional27 ha precisado que el
desconocimiento del precedente consiste en aquella circunstancia en virtud de la cual
una autoridad judicial modifica su posición frente a determinado asunto, o se separa
del criterio establecido por su superior jerárquico, sin cumplir con la carga
argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder se
desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la seguridad
jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente relacionados con el
respeto del precedente.

48. Por ello, la Corte Constitucional28 permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso
de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación
a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.

3.5.5. Generalidades del defecto fáctico

49. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»29. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión»30 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

50. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»31. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del

26 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-113 de 2018.
28
Corte Constitucional, sentencia de 11 de julio de 2013.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
30
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.

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caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»32.

51. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del
proceso33.

52. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial34, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»35.

53. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por
lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los materiales
probatorios.
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera
integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en
relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]36.

3.6 Caso concreto

54. El señor Jhon Eider Serrano Córdoba y otros presentaron demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, Dirección

32
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
33
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
34 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
35
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
36 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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Ejecutiva de Administración Judicial para que se les declarara patrimonialmente
responsables y se les ordenara el pago de unos perjuicios morales y materiales
causados por la privación injusta de la libertad del señor Serrano Córdoba.

55. En primera instancia, el Juzgado Quince Administrativo de Cali negó las
pretensiones de la demanda al considerar acreditada la excepción de culpa exclusiva
de la víctima en la producción del resultado. Contra dicha decisión se interpuso recurso
de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que mediante sentencia del 31 de julio de 2024, confirmó íntegramente el fallo de
primera instancia.

56. Ahora bien, los tutelantes, en el escrito de amparo, consideraron que el ad quem
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, así como los principios de «justicia material y prevalencia del derecho
sustancial y el exceso ritual manifiesto». Lo anterior, debido a que, aunque citó la
sentencia SU-072 de 2018, no dio cumplimiento a lo allí dispuesto, ni tuvo en cuenta
las providencias emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 31 de
agosto de 2011 y el 17 de octubre de 2013, dentro de los expedientes núm. 25000-23-
26-000-1997-14759-01(21338) y núm. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354),
respectivamente.

57. En concreto, manifestó que de las providencias citadas se desprende que la
responsabilidad objetiva del Estado procede por cuatro causales : (i) cuando el hecho
no existió, (ii) cuando el procesado no lo cometió, (iii) cuando la conducta no era típica,
y, (iv) por la aplicación del principio del in dubio pro reo.

58. Por último, agregó que se incurrió en defecto fáctico en su dimensión negativa, ya
que el ad quem no valoró de forma integral el material probatorio aportado. Destacó
la falta de responsabilidad de la Fiscalía demandada en el momento de recaudar o
llevar a juicio las pruebas, siendo el mismo ente acusador quien solicitó la absolución,
lo que demostró las falencias en la justicia.

59. Pues bien, de lo expuesto, es preciso advertir que los cargos de la tutela, lejos de
exponer la posible configuración de los defectos desconocimiento del precedente
constitucional, sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y fáctico, lo que
realmente pretenden es cuestionar la interpretación que de la situación fáctica y del
material probatorio realizó el juez en el proceso ordinario, con el único fin de que se
avale su postura frente a la responsabilidad del Estado y se ordene la reparación del
daño.

60. En todo caso, contrario a lo afirmado por los accionantes, en la sentencia objeto
de tutela, el juez accionado refirió el contenido de la sentencia C-037 de 1996, en la
que la Corte Constitucional preciso que «para declarar la responsabilidad estatal de
la administración de justicia debe contemplarse las circunstancias en las que se llevó
a cabo la detención», en igual sentido citó, entre otras, la sentencia SU-072 de 2018
y llegó a la conclusión que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado
comparten en dos premisas:

la primera, alusiva a que la responsabilidad del Estado se deduce a partir de la
constatación de tres elementos: (i) el daño, (ii) la antijuridicidad de este y (iii) su
producción a partir de una actuación u omisión estatal (nexo de causalidad). La

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segunda, el artículo 90 de la Constitución, no define un único título de imputación, lo
cual sugería la coexistencia de del régimen subjetivo de la falla del servicio con títulos
de imputación de carácter objetivo como el daño especial y el riesgo excepcional 37.

61. En este punto, debe tenerse en cuenta que en sede de revisión se reiteró el criterio
jurisprudencial de la SU-072 de 2018 y al existir una posición sentada según la cual,
el daño antijurídico no excluye la posibilidad de exigir la demostración de una
actuación irregular del Estado, se concluye que la decisión objeto de tutela no
desconoce ni el precedente constitucional ni mucho menos el judicial.

62. Ahora, en lo que refiere a la configuración del defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, se puede evidenciar que la autoridad accionada evaluó las
pruebas aportadas al proceso de la siguiente forma:

2.4.4. Escrito de acusación del Fiscal 115 Seccional de Cali contra Jhon Eider Serrano
Córdoba, por los delitos y en el proceso ya referido, presentado el 11 de enero de
2013, a partir de los siguientes hechos (fls. 23 a 25 C.U.):

“El día 16 de octubre de 2012 a eso de las 02:50 horas de la tarde, uniformados de la
Policía Nacional realizando actividades de registro y control de vehículos y personas
en el corregimiento de “Lobo Guerreo”, a la altura del kilómetro 64 de la vía que de
Buenaventura conduce a Buga, al pie de la caseta de la CVC, jurisdicción territorial de
Dagua (V), hicieron detener una motocicleta de color negro, conducido por un individuo
de sexo masculino que traía como parrillero a otro hombre, al que se le solicita enseñe
el contenido del bolso color negro que llevaba terciado en el pecho, manifestando que
llevaba una ropa interior, pero cuando lo abre hallan en su interior tres envolturas
plásticas color negro conteniendo una sustancia pulverulenta color beige con olor y
características similares a la base de la cocaína y en ese momento el conductor de la
motocicleta emprende la huida hacia el rio [sic] sin que fuera posible su captura,
procediendo a leerle los derechos del capturado al copiloto, persona a la que le
encontraran la sustancia referida, siendo identificado como JHON EIDER SERRANO
C[Ó]RDOBA con cedula [sic] de ciudadanía 1.114.730.858, haciéndole posteriormente
suscribir el acta correspondiente con constancia de haber recibido buen trato

[…]
El 16 de octubre de 2012 el Juzgado 28 Penal Municipal de Cali con Funciones de
Control de Garantías impuso la medida de aseguramiento de Detención preventiva en
el lugar de residencia, las razones que tuvo el Juez Penal para imponer la medida, se
encuentran ajustadas a Derecho, pues el señor Serrano Córdoba fue capturado en
flagrancia y la sustancia que portaba dio positivo para estupefacientes, lo que
ameritaba continuar con la investigación en contra del aquí demandante.

Para la Sala, es claro que las decisiones que se tomaron en el proceso penal,
cumplieron los criterios de razonabilidad, proporcionalidad [y] legalidad, es decir, fue
completamente ajustado a la ley imponer la medida de aseguramiento, teniendo en
cuenta las pruebas obtenidas al momento de la captura. El juez actuó con
proporcionalidad y razonabilidad al hacer que dicha medida no fuera en centro
carcelario, sino en el lugar de residencia.

63. Pues bien, de lo expuesto esta Sala considera que lejos de incurrir en el defecto
fáctico, el juez de segunda instancia tuvo en cuenta las actuaciones surtidas dentro
del proceso penal y no advirtió frente a ellas conducta alguna de la cual derivar la

37 Se transcribe incluso con errores del texto.

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responsabilidad que los demandantes pretendían máxime cuando la captura obedeció
al estado de flagrancia que conllevaba a la retención del sujeto para ser puesto a
disposición del juez de control de garantías quien decidió imponer la medida de
aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia.

64. Así las cosas el juez del proceso ordinario analizó la situación fáctica planteada
bajo los supuestos que encontró probados y con sujeción a las reglas jurisprudenciales
vigentes para el momento en que definió la controversia por lo cual, esta Sala
constitucional no advierte afectación de derechos fundamentales.

IV. CONCLUSIÓN

65. Por lo anterior, se modificará la sentencia proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, el 7 de marzo de 2025, que declaró
improcedente la pretensión de amparo, para, en su lugar, negar la solicitud de tutela
por las razones expuestas en esta providencia.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 7 de marzo de 2025, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Jhon Eider Serrano Córdoba,
Pablo Emilio Mayorga Rodríguez, Mónica Serrano Córdoba, Bellamira Córdoba
Meneses, Ayda Mary Serrano Castaño y Nancy Obando Lame, para en su lugar
NEGAR el amparo constitucional solicitado, por las razones consignadas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes, lo aquí dispuesto, en la
forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

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JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
AC/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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