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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00790-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00790-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela que presentó el actor en relación con el Presidente de República, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor frente a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar dar respuesta completa a la petición del actor; todo lo anterior en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia. QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 26 Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00 Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra SEXTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00790-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra
Demandados: Presidencia de la República y otros1

Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela

Derecho fundamental de petición/alcance

Derecho Fundamental Invocado: Petición

Derecho Fundamental Amparado: Petición

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Presidente de la
República, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de
Sanidad Militar, Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada para
las Fuerzas Militares y Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Presidente de
la República, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de
Sanidad Militar, Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada para
las Fuerzas Militares y Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, porque,
a su juicio, al no resolver la petición de 8 de enero de 2025, mediante la cual
presentó varias solicitudes relacionadas con la prestación del servicio de salud que
recibe como “[…] Soldado pensionado por invalidez […]”, vulneraron su derecho
fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, el 8 de enero de 2025, presentó derecho de petición al
Presidente de la República, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Dirección General de Sanidad Militar y a la Procuraduría General de la Nación –
Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y Procuraduría Delegada para los
Derechos Humanos, mediante la cual elevó varias solicitudes relacionadas con la
prestación del servicio de salud que recibe como “[…] Soldado pensionado por
invalidez […]”.

4. Sostuvo que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, no ha recibido
respuesta de fondo. La única entidad que respondió fue la Dirección de Sanidad
Militar, de manera parcial, sin abordar el punto número 6 de su solicitud.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

La solicitud de tutela

Pretensiones

5. El actor solicitó en su escrito de tutela2:

“[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito al señor Juez Constitucional, que mediante sentencia
Tutelar de instancia ordene a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO
DE DEFENSA, PROCURADURIA DELEGADA PARA LAS FUERZAS MILITARES Y
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,DIRECCION DE SANIDAD
MILITAR , para que en el término improrrogable de 24 horas proceda a dar respuesta
de manera oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado en el derecho
fundamental de petición y de información adjunto a la presente acción. […]”.

5.1. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que no ha recibido
respuesta de fondo frente a la petición expuesta supra.

Actuación

6. El Despacho sustanciador, mediante auto de 17 de febrero de 2025: i) admitió
la acción de tutela; y ii) ordenó notificar al Presidente de la República, al Ministro de
Defensa Nacional, al Director General de Sanidad Militar, al Procurador General de
la Nación, al Procurador Delegado para las Fuerzas Militares y al Procurador
Delegado para los Derechos Humanos; concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada

7. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó: i)
declarar la improcedencia de la acción de tutela; y ii) negar las pretensiones de la
solicitud de tutela, por las siguientes razones:3

“[…] Como señaló el sistema de gestión documental del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, el trámite impartido a la petición radicada por el
accionante radicadas (sic) bajo EXT25-00002031 se contestó a través del OFI25-
00005647 / GFPU 13150001 del 24 de enero de 2025. Por medio de este oficio, se le
indicó textualmente lo siguiente:
2 Transcripción literal del texto.
3 Transcripción literal del texto.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

“Reciba un cordial saludo de parte de la Presidencia de la República. Con especial
atención, hemos recibido su comunicación, con el asunto:

“(...) Derecho de petición y requerimiento estudio- Oficina de Gestión de Medicina
Labora (...)”

En virtud a ello de manera respetuosa y en cumplimiento de lo estipulado por la Ley
1755 de 2015, me permito informarle, lo siguiente:

De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del Poder Público,
en el Estado Colombiano, se han creado entidades que apoyan la gestión del Primer
Mandatario. Entidades entre las que se encuentran: los Ministerios, Departamentos
Administrativos, las Sociedades de Economía Mixta, así como las entidades
descentralizadas y las de orden distrital y municipal, las cuales son las encargadas
de brindar soporte y dar respuesta a los ciudadanos, de las solicitudes que se
presenten en el ámbito de sus competencias.

Es por ello que una vez leída y evaluada la solicitud presentada, debo informarle que
de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, que reza:
“…Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia
del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente…” Es así, como
con el fin de brindar una repuesta de fondo a la solicitud presentada, se ha dado
traslado de su comunicación al Ministerio De Defensa entidad legalmente facultada,
para conocer del tema objeto de petición, y tomar las acciones a que haya lugar, para
brindar una adecuada respuesta. Le sugerimos por lo cual, estar atento a los medios
de contacto informados, para recibir las respectivas respuestas.

Por ultimo en caso de presentar alguna inquietud respecto a la solicitud presentada,
le sugerimos a dirigirse directamente a esa entidad a través de su canal de atención
y escribir al siguiente correo electrónico […]”.

[…]

“[…] • En virtud de la remisión por competencia señalada por la Presidencia de la
República emitió los siguientes oficios donde traslado su solicitud a las siguientes
entidades:

1. OFI25-00005650 / GFPU 13150001 del 24 de enero de 2025. Redirigiendo al
accionante al Ministerio de Defensa.

De igual forma, mediante el OFI25-00005661 / GFPU 13150001 del 16 de enero de
2025, también se complementó la respuesta de la siguiente forma: […] Es así, como
con el fin de brindar una repuesta de fondo a la solicitud presentada, se ha dado
traslado de su comunicación al Ministerio De Defensa entidad legalmente facultada,
para conocer del tema objeto de petición, y tomar las acciones a que haya lugar, para
brindar una adecuada respuesta. […]”.

[…]

5

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

“[…] • En virtud de la remisión por competencia señalada por la Presidencia de la
República emitió los siguientes oficios donde traslado su solicitud a las siguientes
entidades:

1. OFI25-00005664 / GFPU 13150001 del 16 de enero de 2025. Redirigiendo al
accionante al Ministerio de Defensa.

La remisión de la respuesta emitida al derecho de petición instaurado por el
accionante que se hicieron a través de los documentos identificados como del OFI25-
00005647 / GFPU 13150001 del 24 de enero de 2025, OFI25-00005650 / GFPU
13150001 del 24 de enero de 2025, OFI25-00005661 / GFPU 13150001 del 16 de
enero de 2025 y OFI25-00005664 / GFPU 13150001 del 16 de enero de 2025, se
pueden evidenciar en los documentos denominados como “Trazabilidad Documento
Digital”, los cuales se encuentran anexos con la presente contestación.

El anexo denominado “Trazabilidad Documento Digital”, se emite por sistema de
gestión documental empleado por la Presidencia de la República denominado
ESCRIBE, este emite una constancia que permite verificar a su Despacho el efectivo
envío de la anterior comunicación al accionante, a las respectivas direcciones
electrónicas relacionadas en el mismo documento, lo anterior atendiendo a la Ley
2213 de 2022, que faculta este tipo de notificación en el ordenamiento jurídico
colombiano, como se evidencia a continuación:

[…]

“[…] La inexistencia de una omisión o una acción en cabeza de mi representada de
acuerdo con lo reclamado por el accionante, evidencia que no hay nada que pudiese
implicar la vulneración de alguno de su derecho de petición, lo que obliga a afirmar
que falta un requisito esencial para que se pueda hablar de una posible vulneración
a los derechos invocados. […]”.

8. La Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación solicitó negar la
solicitud de tutela o, en su defecto, declarar la carencia actual del objeto por hecho
superado, al considerar lo siguiente:4

“[…] 3. ARGUMENTOS DE DEFENSA FRENTE A LA VÍNCULACIÓN DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

3.1. FRENTE A LA FUNCIÓN PREVENTIVA

La Procuraduría General de la Nación en su obligación de velar por el correcto
ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores
públicos, cumple tres funciones misionales principales: […]”.

[…]

[…] Atendiendo a dichos parámetros es que la PROCURADURÍA DELEGADA CON
FUNCIONES MIXTAS 7, ASUNTOS DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, ha
desplegado un ejercicio preventivo realizando el respectivo requerimiento a la parte
accionada. De lo anterior se desprende que la Procuraduría General de la Nación han
venido adelantado debidamente la función preventiva, siendo preciso exaltar que este

4 Transcripción literal del texto.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

Organismo de Control no coadministra las funciones de otras entidades, so pena de
extralimitarse en alguna de sus competencias, lo cual le está prohibido. En este
sentido, solicito no se realice reproche alguno a la PGN en tanto la entidad que
represento ha venido ejerciendo las funciones que le corresponden en el ámbito de la
Función Preventiva.

3.2. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA ANTE LA INEXISTENCIA DE
UNA CONDUCTA RESPECTO DE LA CUAL SE PUEDA EFECTUAR EL JUICIO DE
VULNERABILIDAD DE DERECHOS FUNDAMENTALES

De conformidad con lo manifestado previamente, se evidencia que no se ha
presentado ninguna solicitud por la parte accionante a la Procuraduría General de la
Nación; sin embargo, conforme los hechos materia de tutela la PROCURADURÍA
DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 7, ASUNTOS DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL, en el marco del ejercicio de la función preventiva, requirió al
la Dirección General de Sanidad Militar y a la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional. En virtud de lo anterior, el mecanismo de amparo constitucional se torna
improcedente, entre otras causas, CUANDO NO EXISTE una actuación u omisión del
agente accionado o vinculado, a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o
vulneración de las garantías fundamentales en cuestión.

Respecto de este tema, en Sentencia T-130/14, se indicó: […]”.

[…]

“[…] 3.4. DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE UNA POSIBLE
VULNERACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN.

En este orden de ideas, es preciso indicar que para que en sede de tutela pueda
hablarse de vulneración al derecho fundamental de petición, existe una carga mínima
de la prueba en cabeza de quien acciona y es siquiera probar que se radicó la
solicitud. En tal sentido precisó la Corte Constitucional en Sentencia T-329 de 2011:
[…]”.

[…]

“[…] En el presente caso, es claro que la Procuraduría General de la Nación no ha
vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, quien de hecho acredita que
nunca allegó la solicitud objeto de la acción tutelar a la Procuraduría General de la
Nación, y pese a ello nos acciona directamente.

3.5. CARENCIA ACTUAL DEL OBJETO POR HECHO SUPERADO.

Como se puede observar, con los soportes allegados por la PROCURADURÍA
DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 7, ASUNTOS DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL, se acreditan las gestiones efectuadas en atención a la
solicitud elevada por el accionante, por lo que consideramos que en el presente caso
se configura un hecho superado.

En relación con la figura del hecho superado la Corte Constitucional en la Sentencia
SU 540 de 2007, señaló que: […]”.

[…]

“[…] Dado que la Procuraduría General de la Nación atendió en forma material, de
fondo y positiva la solicitud elevada por el hoy accionante, es procedente que el Juez

7

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

de Tutela declare la carencia actual de objeto por la existencia de un hecho superado
y, en consecuencia, la improcedencia de la acción de amparo constitucional. […]”.

9. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad
Militar guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

10. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

11. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

12. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en i) determinar si se configuró una carencia actual de objeto por hecho
superado; y si la respuesta al anterior interrogante es negativa ii) corresponde
determinar si se debe proteger el derecho fundamental invocado por el actor, el cual

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

8

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

considera vulnerado por el Presidente de la República, la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar, Procuraduría General de
la Nación – Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y Procuraduría
Delegada para los Derechos Humanos, al no resolver la petición de 8 de enero de
2025, mediante la cual presentó varias solicitudes relacionadas con la prestación
del servicio de salud que recibe como “[…] Soldado pensionado por invalidez […]”.

13. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de petición; iii) análisis del caso concreto; y finalmente iv) las
conclusiones de la Sala.

Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela

14. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:

“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.

15. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 20058, consideró lo
siguiente:

"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando
hechos sobrevivientes (sic) a la instauración de la acción de tutela, alteran de
manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae
la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).

8 Corte Constitucional. Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

16. Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que9:

“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se
advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido
saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.

Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran
que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

17. Así las cosas, la Sala considera que la carencia actual de objeto por hecho
superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección10.

18. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al
haberse superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo
constitucional.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho de petición

19. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho
fundamental de petición en los siguientes términos:

“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de

2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
10 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.

20. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01
de 2 de enero de 198411, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los
artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

21. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201112, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos
hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República
expidiera la ley estatutaria correspondiente.

22. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los
términos y procedimientos para resolver las distintas modalidades de peticiones.

23. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.

24. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala
realizará una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201513 y, en segundo
orden, se enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.

11 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
13 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.

11

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

25. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

26. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i)
Derecho de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición
ante autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante
organizaciones e instituciones privadas.

27. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.

28. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral
1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo
14 ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una
consulta a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

29. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán
presentarse verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde
la petición contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige,
ii) los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o
apoderado con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde
recibirá la correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que
fundamenta su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para

12

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

iniciar el trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los
interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.

30. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.

31. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes
de terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.

32. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

33. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la
recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.

Reglas jurisprudenciales del derecho de petición

34. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una
respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-

13

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

146 de 201214, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:

“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.

14 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto

citado fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias
atienden el problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición,
lo que resulta aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta
línea jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-
572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999,
T-415 de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130
de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-
137 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.

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Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.

35. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.

36. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las
personas a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga
respuesta de fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que
sea puesta en conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.

37. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se
complementa mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que
debe atender los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la
otra parte, que es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una
respuesta por parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en
donde se dé solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así,
garantizar la finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien
posee una información que debe y puede ser suministrada a quienes estén
interesados […]”15.

38. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el

15 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,

número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.

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Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.

39. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional16:

“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.

Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.

Análisis del caso concreto

40. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Presidente de
la República, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de
Sanidad Militar, Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada para
las Fuerzas Militares y Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, porque,
a su juicio, al no resolver la petición del 8 de enero de 2025, mediante la cual presentó
varias solicitudes relacionadas con la prestación del servicio de salud que recibe como
“[…] Soldado pensionado por invalidez […]”, vulneraron su derecho fundamental
invocado supra.

41. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

42. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los

16 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.

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Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

43. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

43.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.

43.2. Informe rendido por las autoridades accionadas, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

44. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si lo requerido por el actor a
través de la acción constitucional de la referencia ya fue tramitado por el Presidente
de la República, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de
Sanidad Militar, Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada para
las Fuerzas Militares y Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos.

45. En efecto, el actor pretende que mediante el ejercicio de la acción de tutela
se le proteja su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por el
Presidente de la República, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General de Sanidad Militar, Procuraduría General de la Nación – Procuraduría
Delegada para las Fuerzas Militares y Procuraduría Delegada para los Derechos
Humanos, al no resolver la solicitud de 8 de enero de 2025, mediante la cual presentó
varias solicitudes relacionadas con la prestación del servicio de salud que recibe como
“[…] Soldado pensionado por invalidez […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

46. El actor señaló que presentó petición de 8 de enero de 2025, mediante la cual
solicitó a las autoridades accionadas lo siguiente17:

“[…] 1. Se sirva informar y aportar cuales son los requisitos, procedimientos, tramites
establecidos a través de esa Dirección para el reconocimiento de lo contemplado en
el Parágrafo 3 del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004.

2. Se sirva informar cuantos Soldados pensionados por invalidez reciben a hoy este
derecho adquirido del 25% por requerir del auxilio de otra persona para realizar las
funciones elementales de su vida y en qué lugar del País se encuentran ubicados,
relacionarlos por ciudades o lugares de residencia.

3. Cuál es la justificación legal y la oportunidad para exponer a los Veteranos con
discapacidad a que tengan que desplazarse a la Ciudad de Bogotá, para ser
valorados por los especialistas y por ello expuestos a largos viajes de más de 12
horas y en el caso concreto con mi esposa como acompañante que debe estar
siempre conmigo para poderme brindar el apoyo para hacer mis funciones
elementales, esta acción realizada por la DISAN es una revictimización a nosotros
los HEROES DE LA PATRIA, en mi caso tengo una discapacidad del 100% y lo que
me genera un descontrol a mi salud y a mi estado mental y emocional el
desplazarme obligado y lo más complejo sin contar con los recursos suficientes para
viajar a la Capital del País a buscar donde hospedarnos y por ende ser maltratados
por los especialistas de Sanidad Militar como lo han hecho conmigo y con mi esposa
en pasadas valoraciones, lo que se traduce en la vulneración a mis derechos como
persona con discapacidad y como Veterano.

4. La Orden del Presidente de la Republica Dr. GUSTAVO PETRO URREGO fue el
de la DIGNIFICACION DE LA VIDA DE LOS HEROES Y SUS FAMILIAS, pero la
Dirección de Sanidad con estas acciones lesivas está haciendo todo lo contrario por
ello requiero de manera URGENTE que se sirva establecer un mecanismo expedito
o una circular para que los Soldados y los demás veteranos que vivimos en provincia
seamos revisados por los especialistas que nos tratan y medican a través de los
Dispensario Médicos de la Región, o contrario a ello que los especialistas de la
DISAN sean quienes se deban trasladar a las regiones para adelantar las
valoraciones respectivas, por ello le reitero a nuestro Presidente Petro, para que a
través de su poder y su capacidad de ayuda para con los Soldados Héroes de la
Patria revise estos procesos y le dé la orden al MINISTRO DE DEFENSA
NACIONAL para que rectifiquen o modifiquen los tramites de valoraciones medicas
para el reconocimiento del 25% de acuerdo a lo establecidos en el decreto 4433 de
2004 en su artículo 30 parágrafo 3.

5. Se sirva hacer una inspección exhaustiva por parte del Ministerio de Defensa y
por parte de la DISAN respecto del trato que tienen los especialistas para con los
Veteranos ya que en mi caso he sido ultrajado, humillado al igual que mi esposa por
parte de los Psiquiatras que me han valorado y con términos despectivos e
improperios han querido intimidarnos y eso es un viva voz dentro del gremio pero
nadie dice nada por temor a represarías por parte de algunos servidores públicos
que están acostumbrados a ultrajar al soldado con la complacencia de algunos
uniformados de la DISAN.

6. Requiero a la Dirección de Sanidad para que dentro de su competencia se sirva
ordenar a la Oficina de Medicina Laboral disponer de unos profesionales para que

17 Transcripción literal del texto.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

se evalué, se revise y se me valore en mi domicilio en la Ciudad de Dosquebradas
o en el Dispensario Médico más cercano, respecto del derecho que me asiste de
acuerdo a Parágrafo 3 del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004

7. Requiero el acompañamiento de la Procuraduría delegada para las Fuerzas
Militares y para la Defensa de los Derechos Humanos para que dentro de su
competencia realicen la función para la cual fueron creadas respecto de mil petición
y requerimiento elevado ante estas entidades. […]”.

Análisis frente al Presidente de la República

47. Al respecto, de conformidad con el acervo probatorio se advierte que:

47.1. La Asesora del Grupo de Atención de la Ciudadanía de la Presidencia de la
República, mediante Oficio OFI25-00005661 / GFPU 13150001 de 16 de enero de
2025, dio respuesta al actor en los siguientes términos:18

“[…] Reciba un cordial saludo de parte de la Presidencia de la República.

Con especial atención, hemos recibido su comunicación, con el asunto:

“(...) Derecho de petición y requerimiento estudio- Oficina de Gestión de Medicina
Labora (...)”

En virtud a ello de manera respetuosa y en cumplimiento de lo estipulado por la Ley
1755 de 2015, me permito informarle, lo siguiente:

De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del Poder
Público, en el Estado Colombiano, se han creado entidades que apoyan la gestión
del Primer Mandatario.

Entidades entre las que se encuentran: los Ministerios, Departamentos
Administrativos, las Sociedades de Economía Mixta, así como las entidades
descentralizadas y las de orden distrital y municipal, las cuales son las encargadas
de brindar soporte y dar respuesta a los ciudadanos, de las solicitudes que se
presenten en el ámbito de sus competencias.

Es por ello que una vez leída y evaluada la solicitud presentada, debo informarle
que de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, que
reza: “...Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige
la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará
copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán
a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente...”

Es así, como con el fin de brindar una repuesta de fondo a la solicitud presentada,
se ha dado traslado de su comunicación al Ministerio De Defensa entidad

18 Transcripción literal del texto.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

legalmente facultada, para conocer del tema objeto de petición, y tomar las acciones
a que haya lugar, para brindar una adecuada respuesta.

Le sugerimos por lo cual, estar atento a los medios de contacto informados, para
recibir las respectivas respuestas.

Por ultimo en caso de presentar alguna inquietud respecto a la solicitud presentada,
le sugerimos a dirigirse directamente a esa entidad a través de su canal de atención
y escribir al siguiente correo electrónico:

usuarios@mindefensa.gov.co
atencionciudadana@mindefensa.gov.co […]”.

47.2. La Asesora del Grupo de Atención de la Ciudadanía de la Presidencia de la
República, mediante Oficio OFI25-00005664 / GFPU 13150001 de 16 de enero de
2025, remitió la petición del actor al Ministerio de Defensa Nacional, en los
siguientes términos:19

“[…] Remitimos para su conocimiento y fines pertinentes la comunicación suscrita
por el señor VICTOR ALFONSO MIRANDA PARRA, en la que pone en conocimiento

“(…) Derecho de petición y requerimiento estudio- Oficina de Gestión de Medicina
Labora (…)”.

Lo anterior con el fin de que, en el ámbito de sus funciones y competencias, se
evalué la solicitud presentad y se sirva ordenar a quien corresponda, evaluar el caso
expuesto en el documento anexo, y tomar las acciones a que haya lugar, brindando
una respuesta de fondo al solicitante dentro de los términos establecidos por la Ley
1755 de 2015 […]”.

47.3. La Asesora del Grupo de Atención de la Ciudadanía de la Presidencia de la
República, mediante Oficio OFI25-00005647 / GFPU 13150001 de 24 de enero de
2025, reiteró su respuesta al actor en los mismos términos.

47.4. La Asesora del Grupo de Atención de la Ciudadanía de la Presidencia de la
República, mediante Oficio OFI25-00005650 / GFPU 13150001 de 24 de enero de
2025, remitió de nuevo la petición del actor al Ministerio de Defensa Nacional.

47.5. Igualmente, obran las constancias de envío de los oficios mencionados supra,
que se hicieron a través de documentos PDF que allegó la Presidencia de la
República denominados “[…] Trazabilidad […]”.20

19 Transcripción literal del texto.
20 Cfr. Índice núm. 11 de SAMAI. Documento denominado
“25RECIBEMEMORIAL_OFI2500031945GFPUzip(.zip) NroActua 11”. Archivo aportado en medio digital.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

48. Al respecto, la Sala observa que, conforme al artículo 1.° de la Resolución
núm. 0987 de 15 de diciembre de 201621, expedida por el Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, es competencia de dicha entidad,
a través de sus dependencias, de atender y resolver “[…] 1. Las peticiones
respetuosas en interés general y en interés particular que toda persona dirija
al Presidente de la República o a cualquier funcionario del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo con el artículo 23 de
la Constitución Política y sus desarrollos legales y reglamentarios. […]”. (Resaltado
por la Sala).

49. La Sala precisa que, el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:

“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes
al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)

50. Igualmente, la Sala advierte que, en relación con la remisión por competencia
de una petición, esta Corporación ha señalado lo siguiente:

50.1. En la sentencia de 19 de abril de 202122, se indicó que:

“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión que hizo dicha
Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor, toda
vez que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio de 2015, si la
autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la petición a la autoridad
competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine […]”. (Resaltado
por la Sala)

50.2. En la sentencia de 30 de junio de 202023, se expresó que:

21 “Por la cual se reglamenta el trámite interno del Derecho de Petición, y se dictan otras disposiciones en el

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021,

número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia

de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00520-00, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala evidencia que le
asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, al afirmar que no le concierne expedir la constancia de ejecutoria del laudo
de 6 de agosto de 2015, porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad
judicial, por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.

No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro de Arbitraje y
Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir sobre la entrega del documento
enunciado en el párrafo precedente, se debe tener en cuenta lo previsto en el
artículo 21 del CPACA, según el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia
del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».

La anterior norma es clara en determinar que cuando una autoridad se declara
carente de competencia para conocer de una solicitud deberá enviarla a la que
corresponde, mandato que no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite, omisión que
quebranta el derecho constitucional fundamental de petición de la actora […]”.
(Resaltado por la Sala)

51. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que, con ocasión de la
remisión que, dentro del término de la Ley, hizo la Presidencia de la República, dicha
entidad no vulneró el derecho fundamental invocado por el actor, toda vez que,
conforme con el artículo 21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, si la autoridad no tiene competencia para responder,
deberá remitir la petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual
aconteció en el caso sub examine.

52. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, teniendo en cuenta
que la respuesta de la Presidencia de la República se notificó el 16 y 24 de enero
de 2025, es decir, con anterioridad al trámite de la acción de tutela 24, frente al
Presidente de la República habrá lugar a negar la solicitud de tutela.

Análisis frente a la Procuraduría General de la Nación

53. De conformidad con el acervo probatorio se advierte que:

24 La Sala precisa que la acción de tutela se presentó el 13 de febrero de 2025.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

53.1. La Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 7: Asuntos del Trabajo y
Seguridad Social respondió al actor la solicitud objeto de tutela, el 25 de febrero de
2025, en los siguientes términos:

“[…] En ejercicio de la vigilancia preventiva que le asiste a esta Procuraduría
Delegada, de acuerdo con lo señalado en el artículo 24 del Decreto 262/2000, y en
aplicación al artículo 19 de (sic) Código de Procedimiento Administrativo, de manera
atenta le informo que a la fecha se requirió a las Dirección General de Sanidad Militar
y Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, con el fin de verificar la respuesta de su
derecho de petición.

Una vez obtengamos respuesta, se la daremos a conocer […]”.

53.2. La Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 7: Asuntos del Trabajo y
Seguridad Social, mediante correo electrónico de 25 de febrero de 2025, requirió a
la Dirección General de Sanidad Militar y a la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, con el fin de solicitar ordenar a quien corresponda, indicar los trámites
administrativos y legales que se hayan desarrollado con relación al derecho de
petición presentado por el peticionario.

53.3. Obra informe de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 7: Asuntos
del Trabajo y Seguridad Social, con fecha de 25 de febrero de 2025, a través del
cual señaló:

“[…] La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de las funciones
Constitucionales previstas en los artículos 118, 277 y 278 de la Constitución Política,
que establecen bajo su dirección, el ejercicio de las funciones preventivas, de
intervención y disciplinarias, desarrolladas en el Decreto 262 de 2000 y la Ley 734
de 2002 y en atención a la defensa de los derechos fundamentales, los intereses de
la sociedad y el ejercicio eficiente de las funciones públicas, le informamos que una
vez verificada nuestra base de datos, el caso del señor VICTOR ALFONSO
MIRANDA PARRA, cuenta con el radicado E-2025-086398, se indica que la División
de Relacionamiento con el Ciudadano radicó el día de ayer la petición bajo el número
E-2025-086398 la cual fue cargada a esta delegada y el cual me fue asignado el día
de hoy 25 de febrero de 2025.

Con el fin de dar trámite a la petición de la accionante se realizaron las siguientes
actuaciones:

INFORME DE LAS ACTUACIONES ADELANTADAS.

1. Conforme a lo anterior, esta Delegada, en cumplimiento de su función preventiva
mediante el radicado E-2025-086398, se requirió mediante correo electrónico el 25
de febrero de 2025, a la Dirección General de Sanidad Militar y a la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional, con el fin de solicitar ordenar a quien corresponda,

23

Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

indicar los trámites administrativos y legales que se hayan desarrollado con relación
al derecho de petición presentado por el peticionario, el día 2 (sic) de enero de 2025.

2. De lo anterior se notificó al señor VICTOR ALFONSO MIRANDA PARRA,
mediante el correo electrónico el 25 de febrero de 2025, al correo electrónico
aportado por el peticionario. Desde la delegada hemos realizado las actuaciones
preventivas derivadas de nuestro deber constitucional y legal, requiriendo a las
entidades competentes y siempre que se encuentre mérito para actuar ya que no
toda solicitud lo amerita.

Con lo anterior esperamos haber dado respuesta y quedamos atentos a cualquier
inquietud.

Agradezco de antemano su atención.

Anexos:

1. REQUERIMIENTO – Dirección General de Sanidad Militar y a la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional
2. COMPROBANTE DE ENVÍO REQUERIMIENTOS

3. NOTIFICACIÓN PETICIONARIO 4. COMPROBANTE DE ENVÍO PETICIONARIO
[…]”.

53.4. Al respecto, obra constancia de envío de los correos mencionados supra25.

54. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la Procuraduría
General de la Nación, “[…] En ejercicio de la vigilancia preventiva que le asiste a
esta Procuraduría Delegada, de acuerdo con lo señalado en el artículo 24 del
Decreto 262/2000, y en aplicación al artículo 19 de (sic) Código de Procedimiento
Administrativo […] requirió a las (sic) Dirección General de Sanidad Militar y
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, con el fin de verificar la respuesta de su
derecho de petición […]”.

55. La Sala encuentra que i) dicha respuesta otorgada fue puesta en
conocimiento del actor en debida forma; y ii) en cuanto a la oportunidad para dar
respuesta a la petición, la Sala encuentra que si bien no se cumplió con el término
establecido por el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, lo cierto es que a la fecha el actor ya obtuvo respuesta
al respecto, por lo que cualquier orden que sobre el particular se diera en sede de
tutela resultaría inane.

25 Cfr. Índice núm. 16 de SAMAI. Documento denominado “45_MemorialWeb_Anexos-
NOTIFICACIONREQUERI(.pdf) NroActua 16” y “47_MemorialWeb_Anexos-RetransmitidoNOTIFI(.pdf)
NroActua 16”. Archivos aportados en medio digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

56. Ahora bien, atendiendo a que dicho requerimiento, del cual informó al
peticionario, se dio con posterioridad al trámite de la acción de tutela, habrá lugar a
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

Análisis frente a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General de Sanidad Militar

57. La Sala advierte que, atendiendo a que i) la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Dirección General de Sanidad Militar, pese a su notificación26, no rindió
informe de tutela; ii) revisada la constancia de envío de la petición que allegó el
actor27, se encuentra que esta fue enviada a dichas entidades; iii) como se expuso
anteriormente, por un lado, la Presidencia de la República remitió por competencia
la petición del actor al Ministerio de Defensa Nacional y, por otra parte, la
Procuraduría hizo un requerimiento a la Dirección General de Sanidad Militar sobre
el trámite de la petición del actor; y vi) el actor manifestó que “[…] la Dirección de
Sanidad Militar, dio respuesta parcial y omitió abruptamente responder el punto
número 6 del presente petitorio, el cual es el más importante para definir mi situación
médica y mi afectación que padezco por la necesidad que requiero el auxilio de otra
persona para realizar mis funciones elementales de la vida […]”.

58. De conformidad con lo expuesto supra, ante la ausencia de respuesta
alguna por parte de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General
de Sanidad Militar, la Sala amparará el derecho fundamental de petición del actor.

Conclusiones de la Sala

59. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala:

i) declarará la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la Procuraduría
General de la Nación;

26 Cfr. Índice núm. 7 de SAMAI. Documento denominado “Soporte notificación Auto que admite dema(.pdf)

NroActua 7”. Archivo aportado en medio digital.
27 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “[…] 5ED_PRUEBA_13_2_20259_39(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2 […]”. Archivo aportado en medio digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

ii) negará la solicitud de tutela respecto al Presidente de la República;

iii) amparará el derecho de petición del actor frente a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar; y

iv) ordenará a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de
Sanidad Militar dar respuesta completa a la petición del actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de
Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela que presentó el actor en relación con el
Presidente de República, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor frente a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General de Sanidad Militar dar respuesta completa a la petición del actor; todo lo
anterior en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de esta sentencia.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Núm. único de radicación: 110010315000202500790-00
Actor: Víctor Alfonso Miranda Parra

SEXTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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