Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00790-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00790-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00790-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Víctor Alfonso Miranda Parra
Parte accionada: Presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00790-00
Asunto: Acción de tutela para la protección del derecho fundamental de
petición. Inexistencia de la vulneración respecto de la Procuraduría
General de la Nación y del Presidente de la República. Se ampara frente
a la omisión de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General de Sanidad Militar de responder la solicitud del actor
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Presidente de la República, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Dirección General de Sanidad Militar, la Procuraduría General de la Nación –
Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y Procuraduría Delegada para
los Derechos Humanos.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El 8 de enero de 2025, la parte accionante presentó petición ante las
entidades accionadas formulando una serie de solicitudes.
1.2. A la fecha de presentación de la presente acción de tutela, el actor
manifestó que no ha recibido respuesta de fondo y que la Dirección de
Sanidad Militar respondió, de manera parcial, sin abordar el punto
número 6 de su solicitud.
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2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que las autoridades accionadas vulneraron su
derecho fundamental de petición por cuanto “[…] solo la Dirección de
Sanidad Militar, dio respuesta parcial y omitió abruptamente responder
el punto número 6 del presente petitorio, el cual es el más importante para
definir mi situación médica y mi afectación que padezco por la necesidad que
requiero el auxilio de otra persona para realizar mis funciones elementales de
la vida; Ahora bien, los demás accionados han guardado SILENCIO
ABSOLUTO a mi petición y hasta la fecha no ha sido posible una respuesta
[…]”. [Negrillas originales del texto]
3. Pretensiones
La parte actora formuló la siguiente pretensión:
“[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
expuestas, respetuosamente solicito al señor Juez Constitucional, que
mediante sentencia Tutelar de instancia ordene a la PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA, PROCURADURIA
DELEGADA PARA LAS FUERZAS MILITARES Y PARA LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS,DIRECCION DE SANIDAD MILITAR,
para que en el término improrrogable de 24 horas proceda a dar respuesta
de manera oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado
en el derecho fundamental de petición y de información adjunto a la
presente acción. […]”. [sic en toda la cita]
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 17 de febrero de 2025, se admitió la presente acción de tutela
y el 6 de marzo de 2025 se dictó fallo de primera instancia. Posteriormente, a
través de providencia de 17 de octubre de 2025 esta Sección declaró “[…] la
nulidad de todo lo actuado en este proceso a partir del auto admisorio de 17 de
febrero de 2025 y, en consecuencia, DEJAR sin efectos la sentencia de primera
instancia de 6 de marzo de 2025 […]”.
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III. INTERVENCIONES
1. La Presidencia de la República manifestó que no ha vulnerado el derecho
fundamental de petición del actor dado que remitió por competencia su
solicitud al Ministerio de Defensa Nacional, bajo el oficio OFI25-00005650 /
GFPU 13150001 de 24 de enero de 2025.
2. La Procuraduría General de la Nación indicó que: “[…] una vez revisado los
documentos allegados con la notificación de la presente acción de tutela no se
evidencia la totalidad del escrito de petición que indica el accionante no se le
ha dado respuesta, así como tampoco se encuentra soporte del envío de la
petición y/o algún sello de recibido o radicado de la PGN; igualmente, esta
defensa procedió a la revisión de los Sistemas de Información para la Gestión
Documental Electrónico de mi representada – SIGDEA y DOKUS, sin
encontrar registros de algunas peticiones o quejas relativas a los hechos
materia de tutela […]”.
A partir de lo anterior afirmó que el actor no ha presentado petición ante esa
entidad; sin embargo, en atención a los “[…] hechos materia de tutela la
PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 7, ASUNTOS DEL
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el marco del ejercicio de la función
preventiva, requirió a la Dirección General de Sanidad Militar y a la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional […]”. Por tanto, solicitó declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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2. Problema jurídico
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si las autoridades accionadas vulneraron el derecho fundamental de
petición, con ocasión de la presunta falta de respuesta a la solicitud que
radicó el actor el 8 de enero de 2025.
3. Caso concreto
En el presente caso, el actor manifestó que presentó petición ante las distintas
entidades accionadas, mediante la cual solicitó lo siguiente:
“[…] 1. Se sirva informar y aportar cuales son los requisitos,
procedimientos, tramites establecidos a través de esa Dirección para el
reconocimiento de lo contemplado en el Parágrafo 3 del artículo 30 del
Decreto 4433 de 2004.
2. Se sirva informar cuantos Soldados pensionados por invalidez reciben
a hoy este derecho adquirido del 25% por requerir del auxilio de otra
persona para realizar las funciones elementales de su vida y en qué lugar
del País se encuentran ubicados, relacionarlos por ciudades o lugares de
residencia.
3. Cuál es la justificación legal y la oportunidad para exponer a los
Veteranos con discapacidad a que tengan que desplazarse a la Ciudad
de Bogotá, para ser valorados por los especialistas y por ello expuestos a
largos viajes de más de 12 horas y en el caso concreto con mi esposa
como acompañante que debe estar siempre conmigo para poderme
brindar el apoyo para hacer mis funciones elementales, esta acción
realizada por la DISAN es una revictimización a nosotros los HEROES DE
LA PATRIA, en mi caso tengo una discapacidad del 100% y lo que me
genera un descontrol a mi salud y a mi estado mental y emocional el
desplazarme obligado y lo más complejo sin contar con los recursos
suficientes para viajar a la Capital del País a buscar donde hospedarnos
y por ende ser maltratados por los especialistas de Sanidad Militar como
lo han hecho conmigo y con mi esposa en pasadas valoraciones, lo que
se traduce en la vulneración a mis derechos como persona con
discapacidad y como Veterano.
4. La Orden del Presidente de la Republica Dr. GUSTAVO PETRO
URREGO fue el de la DIGNIFICACION DE LA VIDA DE LOS HEROES Y
SUS FAMILIAS, pero la Dirección de Sanidad con estas acciones lesivas
está haciendo todo lo contrario por ello requiero de manera URGENTE
que se sirva establecer un mecanismo expedito o una circular para que
los Soldados y los demás veteranos que vivimos en provincia seamos
revisados por los especialistas que nos tratan y medican a través de los
Dispensario Médicos de la Región, o contrario a ello que los especialistas
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de la DISAN sean quienes se deban trasladar a las regiones para
adelantar las valoraciones respectivas, por ello le reitero a nuestro
Presidente Petro, para que a través de su poder y su capacidad de ayuda
para con los Soldados Héroes de la Patria revise estos procesos y le dé
la orden al MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL para que rectifiquen o
modifiquen los tramites de valoraciones medicas para el reconocimiento
del 25% de acuerdo a lo establecidos en el decreto 4433 de 2004 en su
artículo 30 parágrafo 3.
5. Se sirva hacer una inspección exhaustiva por parte del Ministerio de
Defensa y por parte de la DISAN respecto del trato que tienen los
especialistas para con los Veteranos ya que en mi caso he sido ultrajado,
humillado al igual que mi esposa por parte de los Psiquiatras que me han
valorado y con términos despectivos e improperios han querido
intimidarnos y eso es un viva voz dentro del gremio pero nadie dice nada
por temor a represarías por parte de algunos servidores públicos que
están acostumbrados a ultrajar al soldado con la complacencia de algunos
uniformados de la DISAN.
6. Requiero a la Dirección de Sanidad para que dentro de su competencia
se sirva ordenar a la Oficina de Medicina Laboral disponer de unos
profesionales para que se evalué, se revise y se me valore en mi domicilio
en la Ciudad de Dosquebradas o en el Dispensario Médico más cercano,
respecto del derecho que me asiste de acuerdo a Parágrafo 3 del artículo
30 del Decreto 4433 de 2004.
[…]
Aclarando que REQUIERO DEL AUXILIO DE MANERA PERMANTE de
una persona para poder realizar mis funciones elementales de la vida, y
que la especialista MAGDA LUZ LONDOÑO GIRALDO Psiquiatra quien
es mi medico tratante en la Ciudad de Pereira, y en el último control reitero
y expuso “EL PACIENTE REQUIERE ASISTENCIA PARA LAS
ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA DIARIA COMO EL BAÑO Y EL
VESTIDO POR LO QUE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE
DE SU ESPOSA”
7. Requiero el acompañamiento de la Procuraduría delegada para las
Fuerzas Militares y para la Defensa de los Derechos Humanos para que
dentro de su competencia realicen la función para la cual fueron creadas
respecto de mi petición y requerimiento elevado ante estas entidades.
[…]”.
La Sala advierte que, como la presunta vulneración del derecho de petición se
le atribuye a distintas entidades, por metodología, se realizará el análisis de
manera separada.
3.1. Análisis de la vulneración atribuida al Presidente de la República
En el presente asunto, está demostrado que la Presidencia de la República,
mediante oficio OFI25-00005661 / GFPU 13150001 de 16 de enero de 2025
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manifestó su falta de competencia para conocer y resolver la petición elevada
por el actor, en los siguientes términos:
“[…] Reciba un cordial saludo de parte de la Presidencia de la República.
Con especial atención, hemos recibido su comunicación, con el asunto: “(...)
Derecho de petición y requerimiento estudio- Oficina de Gestión de Medicina
Labora (...)”
En virtud a ello de manera respetuosa y en cumplimiento de lo estipulado
por la Ley 1755 de 2015, me permito informarle, lo siguiente:
[…]
Una vez leída y evaluada la solicitud presentada, debo informarle que de
conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, que
reza: […].
Es así, como con el fin de brindar una respuesta de fondo a la solicitud
presentada, se ha dado traslado de su comunicación al Ministerio De
Defensa entidad legalmente facultada, para conocer del tema objeto de
petición, y tomar las acciones a que haya lugar […]”. [Se destaca]
Igualmente, se encuentra acreditado que el 16 de enero de 2025 la Presidencia
de la República remitió la petición elevada por el actor al Ministerio de Defensa
Nacional, actuación que fue debidamente comunicada al correo del accionante,
tal como obra en los documentos visibles a índice 11 del aplicativo Samai2.
De lo expuesto, se advierte que, si bien la Presidencia de la República no
emitió una respuesta de fondo a la petición elevada por el actor, la realidad es
que le impartió el trámite previsto en el artículo 21 del CPACA, modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 20153. Por tanto, la Sala considera que dicha
entidad no vulneró el derecho fundamental de petición.
3.2. Análisis de la vulneración atribuida a la Procuraduría General de la
Nación
2 Documento denominado “25RECIBEMEMORIAL_OFI2500031945GFPUzip(.zip) NroActua
11”.
3 “[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por el
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se
dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito.
Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio
remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará.
Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la
recepción de la Petición por la autoridad competente. […]”.
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En el presente caso, está acreditado que el 25 de febrero de 2025 la
Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 7: Asuntos del Trabajo y
Seguridad Social respondió la solicitud objeto de tutela, en los siguientes
términos: “[…] En ejercicio de la vigilancia preventiva que le asiste a esta
Procuraduría Delegada, de acuerdo con lo señalado en el artículo 24 del
Decreto 262/2000, y en aplicación al artículo 19 de (sic) Código de
Procedimiento Administrativo, de manera atenta le informo que a la fecha se
requirió a las Dirección General de Sanidad Militar y Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional, con el fin de verificar la respuesta de su derecho de petición.
Una vez obtengamos respuesta, se la daremos a conocer […]”.
Igualmente, obra informe de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas
7: Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, con fecha de 25 de febrero de 2025,
a través del cual señaló:
“[…] La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de las
funciones Constitucionales previstas en los artículos 118, 277 y 278 de la
Constitución Política, que establecen bajo su dirección, el ejercicio de las
funciones preventivas, de intervención y disciplinarias, desarrolladas en el
Decreto 262 de 2000 y la Ley 734 de 2002 y en atención a la defensa de
los derechos fundamentales, los intereses de la sociedad y el ejercicio
eficiente de las funciones públicas, le informamos que una vez verificada
nuestra base de datos, el caso del señor VICTOR ALFONSO MIRANDA
PARRA, cuenta con el radicado E-2025-086398, se indica que la División
de Relacionamiento con el Ciudadano radicó el día de ayer la petición bajo
el número E-2025-086398 la cual fue cargada a esta delegada y el cual
me fue asignado el día de hoy 25 de febrero de 2025.
Con el fin de dar trámite a la petición de la accionante se realizaron las
siguientes actuaciones:
INFORME DE LAS ACTUACIONES ADELANTADAS.
1. Conforme a lo anterior, esta Delegada, en cumplimiento de su función
preventiva mediante el radicado E-2025-086398, se requirió mediante
correo electrónico el 25 de febrero de 2025, a la Dirección General de
Sanidad Militar y a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, con el
fin de solicitar ordenar a quien corresponda, indicar los trámites
administrativos y legales que se hayan desarrollado con relación al
derecho de petición presentado por el peticionario, el día 2 (sic) de enero
de 2025.
2. De lo anterior se notificó al señor VICTOR ALFONSO MIRANDA
PARRA, mediante el correo electrónico el 25 de febrero de 2025, al correo
electrónico aportado por el peticionario. Desde la delegada hemos
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realizado las actuaciones preventivas derivadas de nuestro deber
constitucional y legal, requiriendo a las entidades competentes y siempre
que se encuentre mérito para actuar ya que no toda solicitud lo amerita.
Con lo anterior esperamos haber dado respuesta y quedamos atentos a
cualquier inquietud. Agradezco de antemano su atención. […]”.
Las anteriores respuestas fueron debidamente notificadas al peticionario tal
como se vislumbra de los documentos obrantes en el índice 16 del aplicativo
Samai4.
A partir de lo expuesto, la Sala encuentra que la respuesta emitida por la
Procuraduría General de la Nación en el trámite de esta acción de tutela
satisface el núcleo esencial del derecho de petición.
En atención a lo anterior, la Sala considera que se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado porque en el trámite de esta acción
constitucional la Procuraduría General de la Nación emitió respuesta a la
petición presentada por la parte accionante.
3.3. Análisis de la vulneración atribuida a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar
El actor demostró que el 8 de enero de 2025 presentó petición ante el
Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar y dentro
del presente asunto no obra prueba que demuestre que dicha entidad haya
respondido la misma, máxime cuando no intervino en el trámite de esta acción
constitucional.
En ese orden de ideas, y comoquiera que no hay constancia de que el
Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar
respondió la solicitud del actor, la Sala amparará el derecho fundamental de
petición del accionante, en consecuencia, se ordenará a dicha entidad
responderla.
4 Documento denominado “45_MemorialWeb_AnexosNOTIFICACIONREQUERI(.pdf)
NroActua 16” y “47_MemorialWeb_Anexos-RetransmitidoNOTIFI(.pdf) NroActua 16”.
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Sobre el particular, la Sala precisa que, con el presente amparo, no se está
ordenando que se acceda o se niegue lo pedido, puesto que es un asunto que
le compete definir a la administración dentro del marco de sus funciones al
momento de emitir la correspondiente respuesta. De ahí que los argumentos
expuestos por el actor relacionados con que se valore su situación de salud
para efectos de responder su petición escapan de la competencia del juez de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela respecto del Presidente de República,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor frente a
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad
Militar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Dirección General de Sanidad Militar dar respuesta a la petición del actor, en
el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta sentencia.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
SEXTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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