Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01418-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01418-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01418-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01418-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
17 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Érika Lorena Orrego García, agente oficiosa de Víctor
Alfonso Miranda Parra
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Improcedencia-Tutela contra decisión que niega apertura del incidente de desacato.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Érika Lorena Orrego García, en
calidad de agente oficiosa de Víctor Alfonso Miranda Parra, en contra del Consejo de
Estado-Sección Primera.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Erika Lorena Orrego García, en calidad de agente oficiosa del señor Víctor Alfonso
Miranda Parra, promovió acción de tutela en procura de la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y petición1,
los cuales considera vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Primera, con
ocasión del auto proferido el 17 de febrero de 2026, mediante el cual se negó la
apertura de un incidente de desacato y se ordenó el archivo definitivo de la actuación
incidental, en el marco del trámite de tutela identificada con el radicado número 11001-
03-15-000-2025-00790-00/01/02/03.
2. Hechos
El escrito se sustenta en la siguiente relación fáctica2:
2.1. El 8 de enero de 2025, la parte actora radicó derecho de petición ante la
Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, la Procuraduría
General de la Nación y la Dirección de Sanidad Militar, mediante el cual solicitó que le
informaran los requisitos, procedimientos y tramites establecidos por esa Dirección
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado F313B49D5D4BC62E 3E4B51183DC74DAD 41541170173759A3
BD540A55464E673F.
2 Ibid.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
para el reconocimiento del incremento del 25% de su pensión de invalidez, para el
auxilio de una persona que lo asista para realizar las actividades básicas de su vida
diaria, conforme a lo previsto en el Parágrafo 33 del artículo 30 del Decreto 4433 de
2004.
2.2. Ante la ausencia de una respuesta de fondo, clara y oportuna a su solicitud, el
señor Víctor Alfonso Miranda Parra promovió acción de tutela contra las referidas
autoridades, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición.
2.3. El asunto correspondió por reparto al Consejo de Estado-Sección Primera, bajo
el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-00790-00. Mediante sentencia del 13 de
noviembre de 2025, dicha autoridad judicial declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto de la Procuraduría General de la Nación; negó el amparo
frente a la Presidencia de la República, al considerar que esta dio traslado de la
petición al Ministerio de Defensa Nacional; y amparó el derecho fundamental de
petición frente a las pretensiones dirigidas contra la Dirección General de Sanidad
Militar, en la medida que no acredito haber dado respuesta a la petición del accionante.
2.4. Inconforme con la anterior decisión, la Dirección General de Sanidad Militar
presentó impugnación. Señaló que, al revisar la base de datos de correspondencia de
la entidad -correo atención.usuario@sanidad.mil.co-, no encontró registro de la
radicación del derecho de petición del 8 de enero de 2025. Asimismo, indicó que la
solicitud fue dirigida a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, dependencia
distinta e independiente, sin relación jerárquica con la Dirección General de Sanidad
Militar.
2.5. A su vez, el 2 de diciembre de 2025, la parte actora promovió incidente de
desacato ante la Sección Primera del Consejo de Estado, en su calidad de autoridad
competente para conocer de éste, con el propósito de obtener el cumplimiento de la
orden de amparo.
2.6. Por su parte, el 5 de febrero de 2026, el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección A, al resolver la impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia,
revocó parcialmente la decisión, en el sentido de negar el amparo respecto de las
pretensiones dirigidas contra la Dirección General de Sanidad Militar.
Al respecto, consideró que el accionante radicó su solicitud ante el coronel Luis
Sandoval Pinzón, quien se desempeña como director de Sanidad del Ejército
Nacional, dependencia distinta de la Dirección General de Sanidad Militar, en tanto
esta última pertenece al Comando General de las Fuerzas Militares. En consecuencia,
revocó la orden de amparo impartida frente a la Nación-Ministerio de Defensa
Nacional-Dirección General de Sanidad Militar.
3 ARTÍCULO 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. (…) PARÁGRAFO 3°. A partir de la
vigencia del presente decreto, cuando el pensionado por invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar
las funciones elementales de su vida, condición esta que será determinada por los organismos médico laborales
militares y de policía del Ministerio de Defensa Nacional, el monto de la pensión se aumentará en un veinticinco
por ciento (25%). Para efectos de la sustitución de esta pensión, se descontará este porcentaje adicional.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
2.7. No obstante lo anterior, el 12 de febrero de 2026, la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional4 allegó memorial dentro del trámite de tutela rad. núm. 2025-00790-
02, mediante el cual aportó copia de la respuesta dada el 1° de febrero de 20255 a la
petición presentada por el accionante ante dicha autoridad.
2.8. Mediante auto del 17 de febrero de 2026, el Consejo de Estado-Sección Primera
negó la apertura del incidente de desacato y ordenó su archivo definitivo, al considerar
que no existía orden judicial cuyo cumplimiento pudiera exigirse.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
“AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y petición
DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 17 de febrero de 2026 proferido por la
Sección Primera del Consejo de Estado dentro del expediente No. 11001-
03-15-000-2025-00790-02.
ORDENAR a la autoridad accionada retomar el trámite del incidente de
desacato exclusivamente contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL, hasta verificar el cumplimiento real y de fondo de lo solicitado
en el Punto 6 ”e [sic] la petición inicial.”
La parte actora sostuvo que en el escrito de tutela inicial no se mencionó a la Dirección
General de Sanidad Militar, sino a la Dirección de Sanidad Militar. No obstante, afirma
que, por un error atribuible al trámite judicial, se notificó a la primera de dichas
entidades, lo cual dio lugar a nulidades e impugnaciones que prolongaron el proceso
por más de un año, en detrimento de la garantía del debido proceso del accionante.
En ese sentido, adujo que las autoridades accionadas no han emitido una respuesta
de fondo, en particular respecto de la solicitud relacionada con el reconocimiento
prestacional.
Ahora bien, en lo que respecta a la providencia cuestionada, la parte actora adujo que
la providencia reprochada incurrió en el defecto fáctico, por cuanto, a su juicio, se
desconoció lo resuelto en el numeral segundo de la sentencia del 5 de febrero de
2026, al afirmarse que no existía orden judicial alguna por cumplir.
En segundo lugar, sostuvo que se configuró un defecto sustantivo, pues la autoridad
accionada se extralimitó en sus funciones al dar por terminada una obligación que, en
su criterio, había sido mantenida respecto del Ministerio de Defensa Nacional por el
Consejo de Estado – Sección Segunda.
4 Índice 00019 del aplicativo Samai, proceso rad. núm. 2025-00790-02, certificado núm. A4DBC62A6776FFEC
E8BA6D3A86714689 0F7433C074D444BD 78574BED5791208C
5 Índice 00019 del aplicativo Samai, proceso rad. núm. 2025-00790-02, certificado núm. A5AB5B19104280B5
57F1BD0FAE829A73 B58FD1049F0C04B6 31BA471FFFF2694F
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
Asimismo, sostuvo la vulneración del debido proceso, en la medida en que se privó al
accionante del mecanismo incidental de desacato, el cual constituye el instrumento
previsto para hacer efectivo el cumplimiento de una sentencia de tutela,
particularmente tratándose de una persona en condición de discapacidad frente a una
omisión administrativa que, según afirma, se ha prolongado por más de un año.
Finalmente, la parte actora argumentó que la decisión de segunda instancia proferida
por el Consejo de Estado – Sección Segunda implicaba la subsistencia de la orden
judicial impartida a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional. En esa línea, precisa
que, si bien la Dirección General de Sanidad Militar solicitó su desvinculación y el
archivo de las actuaciones frente al Ministerio de Defensa Nacional, lo cierto es que
el Consejo de Estado no accedió a dicha petición, lo que, en su criterio, confirma la
responsabilidad de la referida cartera ministerial.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 25 de febrero de 20266, el despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interés al Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección A, a la Presidencia de la República, a la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Dirección General de Sanidad Militar, a la
Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas
Militares y a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos; y ofició al Consejo
de Estado-Sección Primera para que remitiera copia del expediente de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2025-00790-00/01/02/03.
Asimismo, se requirió a la señora Erika Lorena Orrego García que aportara los
documentos que acreditaran la imposibilidad del accionante de ejercer directamente
su defensa, o para que éste ratificara la acción de tutela promovida en su nombre.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.2. La Señora Erika Lorena Orrego García7 aportó documentos orientados a
demostrar la imposibilidad física y mental de su esposo para ejercer su propia defensa,
a saber: certificado de junta médica laboral y certificado de discapacidad e historia
clínica. Con fundamento en ello, solicitó que se le reconociera la calidad de agente
oficiosa y que se levantara la suspensión de términos del proceso.
4.3. La Procuraduría General de la Nación8 solicitó que, respecto de esa entidad, se
declarara la improcedencia de la acción, por inexistencia de una conducta atribuible
que hubiera generado la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados. De manera subsidiaria, pidió su desvinculación por falta de legitimación en
6 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 9E5DBD2C62A8790C F78DA5D48EBA7235 252C3093B156ABA8
BE8A6852EE320F70.
7 Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado E02A727B4F9E6F13 5DF18F6B6475E3F4
4D70C413FC3F3F12 D5A2D88D8C0F0989.
8 Índice 00017 del aplicativo SAMAI, certificado C4119AD9FC838B74 01EFF731AE48A785 98E7EEC3D0A8EBB0
3A642E6DB3F79D3C
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
la causa por pasiva, al considerar que la función preventiva que ejerce no comporta
coadministración ni injerencia en decisiones judiciales o administrativas.
Precisó que la solicitud que fue objeto de la tutela no correspondía a la competencia
de las procuradurías delegadas para las Fuerzas Militares ni para la Defensa de los
Derechos Humanos, sino que fue asignada a la Procuraduría Delegada con Funciones
Mixtas 7, Asuntos del Trabajo y Seguridad Social. Agregó que esta última informó las
gestiones adelantadas, consistentes en requerir a la Dirección General de Sanidad
Militar y a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, actuación que fue notificada
al accionante el 25 de febrero de 2025.
4.4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República9 solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción por falta de legitimación en la causa
por pasiva, en razón a que las solicitudes del accionante estaban dirigidas a entidades
respecto de las cuales la Presidencia de la República carece de competencia
funcional, sin que, además, pueda intervenir en decisiones judiciales. De igual forma,
pidió que se negaran las pretensiones, por cuanto no se configura vulneración alguna
de derechos fundamentales atribuible a dicha entidad.
4.5. El Consejo de Estado, Sección Primera10 solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción, al estimar que no satisface el requisito de relevancia
constitucional, en tanto la tutela se sustenta en apreciaciones subjetivas orientadas a
que se acoja un criterio favorable a los intereses de la parte actora.
En esa línea, señaló, de una parte, que se acude al mecanismo de amparo como si
se tratara de un recurso o de una instancia adicional y, de otra, que la parte actora no
explicó por qué el asunto planteado involucraba la definición o el alcance de un
derecho fundamental, excedía una discusión de mera legalidad o de contenido
económico, o comportaba una afectación iusfundamental desproporcionada. En
consecuencia, sostuvo que la decisión cuestionada se encuentra debidamente
motivada y que sus fundamentos desvirtúan la alegada vulneración de derechos. Por
ello, de manera subsidiaria, solicitó que se negara el amparo.
4.6. La Dirección General de Sanidad Militar11 solicitó que se negara el amparo.
Sostuvo que la parte actora no acreditó la configuración de un defecto sustantivo ni
de un defecto fáctico, sino que simplemente manifestó su desacuerdo con la decisión
adoptada en relación con el incidente de desacato promovido dentro del trámite de
tutela. En ese sentido, afirmó que lo pretendido es reabrir la discusión acerca de un
eventual desconocimiento del fallo del 13 de noviembre de 2025, pese a tratarse de
asuntos que ya hicieron tránsito a cosa juzgada.
9 Índice 00019 del aplicativo SAMAI, certificado 1D1D0A503E590BAB F75C0A9F59650528 5A77628E92A6A05A
B43C9D1CCD3FA10C.
10 Índice 00022 del aplicativo SAMAI, certificado FEF45AD7077C8185 73F0B8C6C0FF66DF
52EACE695A99FBE4 C314AE8149AF86C2.
11 Índice 00023 del aplicativo SAMAI, certificado 740144468CB17F7B FE1AD4A796969B90 123049320F401940
BE6B89DE44453017.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
5. Mediante auto del 19 de marzo de 202612, el Despacho de la Magistrada Ponente
advirtió que si bien la Sección Primera del Consejo de Estado rindió el informe
relacionado con los hechos que dieron origen a la presente acción, no remitió copia
del expediente de tutela identificado con el radicado núm. 11001-03- 15-000-2025-
00790-00/01/02/03. Por tal razón, requirió el cumplimiento de lo anterior previo a
proferir decisión de fondo.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. Se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto el señor
Víctor Alfonso Miranda Parra es el titular de los derechos fundamentales que afirma
le fueron vulnerados con ocasión del auto del 17 de febrero de 2026, proferido dentro
del trámite de tutela identificado con el radicado número 11001-03-15-000-2025-
00790-00/01/02/03, en el cual actuó como parte accionante.
Ahora bien, en lo que respecta a la agencia oficiosa, el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991 dispone que la acción de tutela puede ser ejercida por un agente oficioso
cuando el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados no se
encuentre en condiciones de promover directamente su propia defensa. Al respecto,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que la procedencia de la
agencia oficiosa en el trámite de tutela es de carácter excepcional y se encuentra
sujeta al cumplimiento de dos presupuestos: (i) que el agente manifieste
expresamente que actúa en dicha calidad y (ii) que se acredite la imposibilidad del
agenciado para ejercer directamente la defensa de sus derechos. En relación con este
último requisito, la Corte ha señalado que dicha imposibilidad puede demostrarse
mediante cualquier medio probatorio idóneo13.
En el caso concreto, la Sala advierte que la señora Érika Lorena Orrego García
manifestó, desde el escrito inicial, su condición de agente oficiosa. Asimismo, en
atención al requerimiento efectuado por el Despacho sustanciador, aportó al
expediente elementos de convicción que dan cuenta de la imposibilidad del titular para
promover su propia defensa.
En efecto, de los documentos allegados se desprende que, desde el 28 de julio de
2011, el señor Víctor Alfonso Miranda Parra fue valorado por la Junta Médica Laboral
con una pérdida de capacidad laboral del 100 %. De igual forma, obra certificado de
12 Índice 00026 del aplicativo SAMAI, certificado 7E447A1FE8E4E130 14C161A80943D7FE ECF98B1E784126B0
BEB500562301B93D.
13 Corte Constitucional, sentencia T-382 de 2021 [Fundamentos jurídicos 24 y 26]
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
discapacidad expedido el 25 de julio de 2025 y registros de la historia clínica en los
que se indica que requiere asistencia para el desarrollo de sus actividades diarias.
En tales condiciones, se estiman demostrados los requisitos exigidos para la
procedencia de la agencia oficiosa, por lo que no se hace necesaria la ratificación de
la acción por parte del titular de los derechos.
2.2. De igual forma, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que la Sección Primera del Consejo de Estado profirió la decisión que, según
la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200514 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela15 y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto16.
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición
cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal,
en principio, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos
fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y,
de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
16 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”17.
4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales que ponen fin al desacato
La Corte Constitucional ha señalado que, para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, es necesario que la decisión cuestionada no
corresponda a una sentencia de tutela, en la medida en que los debates en torno a la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida.
No obstante, la jurisprudencia constitucional ha admitido, de manera excepcional, la
procedencia de la acción de tutela contra las providencias que deciden un incidente
de desacato, en atención a la naturaleza de este trámite y a su finalidad de garantizar
la efectividad de las órdenes impartidas en sede de tutela. En tales eventos, la
procedencia del amparo se encuentra supeditada al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
“i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es
decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado
el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una
de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera
que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron
pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar
de oficio. (…)”18.
En ese contexto, la finalidad de este tipo de acciones de tutela dirigidas contra
decisiones que resuelven incidentes de desacato consiste en verificar si el juez
competente adoptó una determinación que garantizara el debido proceso en el trámite
incidental.
En el caso concreto, el auto del 17 de febrero de 2026, proferido por el Consejo de
Estado-Sección Primera, dispuso negar la apertura del incidente de desacato y
ordenar el archivo del trámite incidental. En tal sentido, si bien la decisión no resolvió
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en
el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
18 Corte Constitucional, sentencia T-013 de 2022.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
de fondo el presunto incumplimiento alegado, lo cierto es que constituye la
determinación que pone fin al trámite del desacato.
En consecuencia, la Sala estima que la solicitud de amparo resulta admisible frente a
la referida providencia. No obstante, corresponde continuar con el análisis de los
demás requisitos generales de procedencia, a efectos de verificar la viabilidad de la
acción de tutela en el caso concreto.
4.2. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”19.
En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó
como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i)
que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar
la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
19 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales tratándose de una providencia judicial emanada de una
alta corte. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca,
exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y
generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y
fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto20.
5. Caso concreto
La Sala advierte que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional. Con el propósito de sustentar esta conclusión, en primer
lugar, se realizará una descripción general del trámite que dio lugar a la providencia
cuestionada (auto del 17 de febrero de 2026) y, posteriormente, se expondrán las
razones por las cuales el amparo es improcedente por falta de relevancia
constitucional.
5.1. En términos generales el trámite que condujo a la expedición de la providencia
acusada se desarrolló de la siguiente manera:
(i) Mediante auto del 17 de febrero de 2025, el Consejo de Estado – Sección Primera
admitió la acción de tutela formulada por Víctor Alfonso Miranda Parra contra el
Presidente de la República, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General de Sanidad Militar y la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría
Delegada para las Fuerzas Militares y Procuraduría Delegada para los Derechos
Humanos21. No obstante, según se desprende del auto del 17 de octubre de 2025, se
advirtió una indebida notificación a la Dirección General de Sanidad Militar, razón por
la cual se declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio y se dejó sin
efectos la sentencia proferida el 6 de marzo de 2025.
20 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
21 Índice 00004, expediente 11001-03-15-000-2025-00790-00 en el aplicativo SAMAI, certificado
409C30E0A0E7C4C7 C3692851860E5A70 C5040185FD4858D7 D9A3119F7CCF70FD.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
(ii) Posteriormente, mediante sentencia del 13 de noviembre de 2025, la Sección
Primera del Consejo de Estado resolvió, en primera instancia, la acción de tutela
promovida por la parte actora. El problema jurídico que abordó consistió en determinar
si las entidades accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición del actor,
con ocasión de la presunta falta de respuesta a la solicitud radicada el 8 de enero de
2025.
Al respecto, concluyó que la Presidencia de la República no vulneró el derecho de
petición, en tanto remitió la solicitud al Ministerio de Defensa Nacional. En relación
con la Procuraduría General de la Nación, consideró que la respuesta emitida satisfizo
el núcleo esencial del derecho de petición, por lo que se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado.
Finalmente, frente a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General
de Sanidad Militar, advirtió que el actor acreditó la presentación de la solicitud ante
dicha entidad y que no obraba prueba de que esta hubiera emitido respuesta, máxime
cuando no intervino en el trámite. En consecuencia, concluyó que se vulneró el
derecho fundamental de petición, por lo cual procedió a ampararlo, en los términos
que se indicarán a continuación:
“PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela respecto del Presidente de República,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor frente a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General de Sanidad Militar dar respuesta a la petición del actor, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
sentencia.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. (…)”.
(iii) El 1.º de diciembre de 2025 se generó el radicado correspondiente al trámite
incidental22, con ocasión del memorial presentado por la parte actora, en el cual puso
de presente un presunto nuevo incumplimiento del fallo judicial notificado el 24 de
noviembre de 2025 por parte del Ministerio de Defensa Nacional y de la Dirección
General de Sanidad Militar. Lo anterior, bajo el entendido de que no se había emitido
una respuesta de fondo al derecho de petición formulado.
(iv) En desarrollo de dicho trámite, el despacho ponente del Consejo de Estado –
Sección Primera profirió diversas providencias mediante las cuales requirió al
Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar, con el fin de
que informara sobre el cumplimiento de la sentencia del 13 de noviembre de 2025.
22 Índice 00001, expediente 11001-03-15-000-2025-00790-02 en el aplicativo SAMAI.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
(v) Posteriormente, mediante sentencia del 5 de febrero de 202623, el Consejo de
Estado-Sección Segunda-Subsección A resolvió la impugnación interpuesta contra la
sentencia del 13 de noviembre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado. En dicha providencia, abordó el recurso formulado por la Dirección General
de Sanidad Militar, la cual alegó no haber recibido la petición del 8 de enero de 2025.
En efecto, sostuvo que la solicitud fue dirigida a la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, entidad distinta e independiente, razón por la cual, al no tener conocimiento
de esta, no podía predicarse la vulneración del derecho fundamental de petición.
Al respecto, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A precisó que la
petición fue remitida a las siguientes direcciones electrónicas:
En ese orden, se concluyó que la solicitud había sido radicada ante la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional, dependencia distinta de la Dirección General de
Sanidad Militar. En consecuencia, no resultaba posible atribuir a esta última la
vulneración del derecho fundamental de petición, en tanto la solicitud objeto de tutela
no fue presentada ante dicha entidad a través de los canales dispuestos para tal
efecto.
Con fundamento en lo anterior, la Corporación anunció que revocaría “el numeral
tercero de la parte resolutiva de la providencia del 13 de noviembre de 2025, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, y en su lugar negar el amparo en
cuanto a las pretensiones dirigidas contra Dirección de General de Sanidad Militar, de
conformidad con las consideraciones expuestas en precedencia.”
Dicha decisión fue consignada en los siguientes términos:
“Primero: Revocar el numeral tercero de la sentencia del 13 de noviembre de
2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el sentido de
negar el amparo, en cuanto a las pretensiones dirigidas contra la Dirección de
General de Sanidad Militar, conforme los argumentos expuestos en el presente
proveído.
23 Índice 00007, expediente 11001031500020250079003 en el aplicativo SAMAI, certificado
669C7F5404F0AAD0 131C172F232BFE0E 71408D38A6169957 506A912B0F0A4E5E
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
Segundo: Confirmar en lo demás la decisión de primer grado.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.”.
(vi) Durante el trámite incidental, entre otros memoriales, la señora Érika Lorena
Orrego García presentó solicitud de impulso procesal con el fin de obtener una
decisión de fondo respecto del incidente de desacato. En dicha actuación reiteró los
argumentos expuestos en la presente acción de tutela, en particular, el presunto
incumplimiento por parte del Ministerio de Defensa Nacional de la orden impartida en
la sentencia del 13 de noviembre de 2025.
Lo anterior, bajo el entendido de que la decisión del 5 de febrero de 2026, proferida
por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A, revocó el amparo
únicamente respecto de las pretensiones dirigidas contra la Dirección General de
Sanidad Militar, mientras que, en lo demás, confirmó la decisión de primera
instancia24. En consecuencia, sostuvo que “la orden de tutela sigue plenamente
vigente contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, entidad que no fue
desvinculada del proceso”. Con fundamento en ello, solicitó la imposición de las
sanciones correspondientes al funcionario responsable del Ministerio de Defensa
Nacional que, a su juicio, había omitido dar respuesta a la petición.
(vii) Por su parte, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional allegó informe de
cumplimiento dentro del trámite de tutela25, en el cual indicó haber dado respuesta a
la solicitud del accionante el 1.º de febrero de 2025, la cual fue reenviada el 6 de enero
de 2026. En consecuencia, insistió en haber acatado lo ordenado en el fallo de tutela
y precisó que no se configura vulneración del derecho de petición por el hecho de que
la respuesta emitida no acceda a lo solicitado por el peticionario.
(viii) Finalmente, mediante auto del 17 de febrero de 202626, el Consejo de Estado –
Sección Primera, en decisión adoptada por sala unitaria, resolvió la solicitud de
apertura del incidente de desacato promovida por el actor frente al presunto
incumplimiento del fallo de tutela del 13 de noviembre de 2025, en los siguientes
términos:
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de apertura de incidente de desacato
presentada por la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de
este proveído.
SEGUNDO: ORDENAR el archivo del presente trámite incidental y efectuar las
anotaciones de rigor.” (Negritas en el texto).
24 Índice 00016, expediente 11001031500020250079002 en el aplicativo SAMAI, certificado A93B8652785C5054
352F554C0A9E19E0 2A0EA40724255D8D 7FA32D9E587C6D0E.
25 Índice 00019, expediente 11001031500020250079002 en el aplicativo SAMAI, certificado A4DBC62A6776FFEC
E8BA6D3A86714689 0F7433C074D444BD 78574BED5791208C.
26 Índice 00023, expediente 11001031500020250079002 en el aplicativo SAMAI, certificado 0F20F2386EC18ACD
89AFD73C9CA2260E 091D945001045923 835768F0EE32CDD4.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
En esencia, la Sección Primera del Consejo de Estado sostuvo que, entre las
decisiones de primera instancia (sentencia del 13 de noviembre de 2025) y de
segunda instancia (sentencia del 5 de febrero de 2026), proferidas en sede de tutela,
se promovió el incidente de desacato. No obstante, precisó que “[m]ediante sentencia
de 5 de febrero de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado revocó el fallo de primera instancia que había accedido al amparo del derecho
fundamental de petición.”
En ese contexto, concluyó que “para el Despacho resulta improcedente dar apertura
al incidente de desacato en contra de la Dirección General de Sanidad Militar, en
atención a que actualmente no existe orden judicial sobre la cual se deba impartir
cumplimiento.”. Lo anterior, en la medida que el juez de tutela de segunda instancia
revocó el amparo en contra de la Dirección General de Sanidad Militar, al considerar
que la petición no había sido radicada ante dicha autoridad.
5.2. No obstante, la sala observa que el 12 de febrero de 2026, la Dirección de Sanidad
del Ejército Nacional27 allegó memorial dentro del trámite de tutela de radicado 11001-
03-15-000- 2025-00790-02, mediante el cual aportó copia de la respuesta dada el 1°
de febrero de 202528 a la petición presentada por el accionante ante dicha autoridad.
Asimismo, informó el procedimiento para solicitar el incremento de su pensión de
invalidez, por concepto del auxilio de una persona que lo asista en el desarrollo de las
actividades básicas de su vida diaria.
5.3. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión que negó la apertura del incidente de desacato haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el trámite
incidental. Aunado a lo anterior, se pudo establecer que durante el trámite de tutela
identificada con el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-00790-02 se dio respuesta
a la petición del accionante.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se
requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter
arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan
al juez constitucional advertir tal vulneración29.
27 Índice 00019 del aplicativo Samai, proceso rad. núm. 2025-00790-02, certificado núm. A4DBC62A6776FFEC
E8BA6D3A86714689 0F7433C074D444BD 78574BED5791208C
28 Índice 00019 del aplicativo Samai, proceso rad. núm. 2025-00790-02, certificado núm. A5AB5B19104280B5
57F1BD0FAE829A73 B58FD1049F0C04B6 31BA471FFFF2694F
29 Sentencia SU-215 de 2022.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
5.4. Por consiguiente, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso primigenio sin que haya demostrado la violación del
derecho fundamental para el que pidió su protección.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del referido asunto toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados, sin esbozar las
razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con
la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que
la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.5. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible
agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por
esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del
caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada30, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario31.
5.6. Adicionalmente, conviene insistir en dos aspectos relevantes. En primer lugar, el
presente asunto versa sobre una presunta vulneración de derechos fundamentales
derivada de la providencia que negó la apertura de un incidente de desacato. En
segundo lugar, la decisión acusada fue proferida por el Consejo de Estado – Sección
Primera, esto es, por una Alta Corte, circunstancia que impone un estándar más
estricto en el examen de procedibilidad, orientado a verificar la existencia de una
actuación ostensiblemente arbitraria y lesiva de derechos fundamentales.
5.7. Finalmente, la Sala se abstiene de efectuar consideraciones adicionales sobre los
reparos formulados por la parte actora en relación con el trámite surtido en la acción
de tutela primigenia, así como sobre la garantía sustancial del derecho de petición
invocado. Lo anterior, por cuanto ello implicaría, de manera directa o indirecta, reabrir
el análisis de los fallos proferidos en sede de tutela, lo cual, en principio, no resulta
admisible y, además, desbordaría el objeto del presente asunto, circunscrito a la
revisión de la providencia que resolvió el incidente de desacato.
5.8. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, por lo que se declarará improcedente el amparo.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01418-00
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Erika
Lorena Orrego García, en calidad de agente oficiosa del señor Víctor Alfonso Miranda
Parra contra el Consejo de Estado-Sección Primera.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
LMSG
16
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.