Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00790-03
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00790-03
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00790-03
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00790-03
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
Accionados: Presidencia de la República y otros1
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición2
Decisión: Revoca parcialmente y confirma en lo demás
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada la parte accionada contra la providencia del 13 de
noviembre de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante la cual amparó el derecho fundamental de petición respecto de las
pretensiones dirigidas contra el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección
General de Sanidad Militar.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El 8 de enero de 2025, el señor Víctor Alfonso Miranda Parra presentó ante la
presidencia de la República, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Dirección General de Sanidad Militar y la Procuraduría General de la Nación –
Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y Procuraduría Delegada para
los Derechos Humanos una petición relacionada con información acerca de la
pensión de invalidez.
3. Manifestó que a la fecha de interposición del mecanismo constitucional no había
obtenido respuesta de fondo, clara y oportuna.
2.2. Fundamento jurídico
1 La acción de tutela se dirige contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de
Sanidad Militar, Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y
Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos.
2
La acción de tutela fue interpuesta 13 de febrero de 2025
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Acción de Tutela
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4. La parte actora sostuvo que la parte accionada, al no resolver de manera clara,
oportuna y de fondo, la solicitud formulada, el 8 enero de 2025, incurrió en una
vulneración del derecho fundamental de petición.
2.3. Pretensiones
5. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito al señor Juez Constitucional, que mediante sentencia
Tutelar de instancia ordene a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO
DE DEFENSA, PROCURADURIA DELEGADA PARA LAS FUERZAS MILITARES
Y PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,DIRECCION DE
SANIDAD MILITAR , para que en el término improrrogable de 24 horas proceda a
dar respuesta de manera oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado
en el derecho fundamental de petición y de información adjunto a la presente
acción.» (Sic a toda la cita)
2.4. Trámite procesal
6. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Primera del
Consejo de Estado a través del auto del 17 de febrero de 2025, en el que ordenó
notificar al Presidente de la República, Ministro de Defensa Nacional, Director
General de Sanidad Militar, Procurador General de la Nación, Procurador
Delegado para las Fuerzas Militares y Procurador Delegado para los Derechos
Humanos como accionados.
7. Asimismo, el 6 de marzo de 2025 profirió fallo de primera instancia en la que se
dispuso:
«(…)
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor frente a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.»
8. Con ocasión de lo anterior, la Dirección General de Sanidad Militar presentó
solicitud de nulidad por indebida notificación del auto admisorio, lo que, a su juicio,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción.
9. Así las cosas, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante proveído del
17 de octubre del 2025 resolvió declarar la nulidad de todo actuado a partir del
auto admisorio. En consecuencia, ordenó notificar a la Dirección General de
Sanidad Militar, con el propósito de que rindiera informe y allegara los documentos
que pretendiera hacer valer como pruebas y, dejó sin efectos la decisión de primer
grado.
2.5. Intervenciones
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10. LaPresidencia de la República manifestó que no vulneró el derecho
fundamental invocado en protección porque remitió la solicitud al Ministerio de
Defensa Nacional por ser de su competencia.
11. La Procuraduría General de la Nación indicó que una vez consultado los
Sistemas de Información para la Gestión Documental Electrónico - SIGDEA y
DOKUS no encontró registro alguno de petición presentada por el accionante.
12. Ahora, señaló que en virtud de los hechos materia de la acción de tutela la
Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 7, Asuntos del Trabajo y Seguridad
Social en el marco del ejercicio de la función preventiva, le informó que requirió a
la Dirección General de Sanidad Militar y a la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional.
13. No se rindieron más informes.
2.6. Sentencia impugnada
14. La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 13 de
noviembre de 2025 declaró la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de la Procuraduría General de la Nación; negó la acción de tutela en
cuanto al Presidente de la República y amparó el derecho fundamental de petición
frente a las pretensiones dirigidas contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Dirección General de Sanidad Militar.
15. En cuanto a la Procuraduría General de la Nación, señaló que se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado porque en el trámite de la presente
acción constitucional se acreditó que la Procuraduría General de la Nación emitió
respuesta a la petición presentada por la parte accionante.
16. De otra parte, encontró demostrado dentro del proceso que la Presidencia de
la República mediante oficio OFI25-00005661 / GFPU 13150001 de 16 de enero
de 2025 corrió traslado a la petición elevada por el actor al Ministerio de Defensa
Nacional, actuación que fue debidamente comunicada al correo del accionante,
razón por la cual negó el amparo respecto de dicha entidad.
17. Señaló que se acreditó en el proceso que el señor Miranda Parra el 8 de enero
de 2025 presentó petición ante el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General de Sanidad Militar. Sin embargo, no existía constancia que dicha entidad
hubiera respondido a la misma, máxime cuando no intervino en el trámite de esta
acción constitucional.
18. En ese sentido, precisó que la orden no consistía en acceder o negar lo
requerido, puesto que dicha competencia le correspondía definir a la
administración en el marco de sus funciones al momento de emitir la respuesta.
2.7. Impugnación
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19. La Dirección General de Sanidad Militar presentó impugnación contra la
decisión de primera instancia, toda vez que, al verificar la «base de datos de
correspondencia», esto es, en el correo de atención al usuario
atención.usuario@sanidad.mil.co no se registró el derecho de petición del 8 de
enero de 2025.
20. De conformidad con lo anterior, indicó que la solitud fue dirigida a la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional, entidades que son distintas e independientes,
por lo tanto, no tienen ningún tipo jerarquía.
21. En ese sentido, insistió que no tuvo conocimiento de la solicitud presentada por
el accionante que es objeto del presente mecanismo constitucional, por tal razón
considera que no se puede predicar vulneración del derecho fundamental de
petición.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
22. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Dirección General de Sanidad Militar vulneró los derechos
fundamentales de petición e información, con ocasión de la solicitud presentada
el 8 de enero de 2025.
3.3. Generalidades de la acción de tutela
24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. ° del Decreto 2591 de 1991,
reglamentario del artículo 86. ° de la Constitución Política, «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que
señala este decreto».
25. Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de
los derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
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3.5. Del derecho fundamental de petición
26. Elderecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia, permite el establecimiento de una
comunicación efectiva entre la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y
eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos
organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho.
27. Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas
por la jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que
se brinde: la misma debe resolver el fondo del asunto, sin que ello implique la
concesión o la negación de lo pedido; y debe ser coherente, entendiendo por ello
la armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado:
«Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la autoridad
debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil
comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin
reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o
elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la
petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el
trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con
motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del
que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no
basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o
ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se
ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente.”
La respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo
solicitado por el interesado, salvo cuando esté involucrado el derecho de
acceso a la información pública (art. 74 C.P.),
(…)
3.1.1. Notificación de la decisión. Finalmente, para que el componente
de respuesta de la petición se materialice, es imperativo que el solicitante
conozca el contenido de la contestación realizada. Para ello, la autoridad
deberá realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con los
estándares contenidos en el CPACA. El deber de notificación de mantiene,
incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta
de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad
encargada».3
3.6. Análisis de la presunta vulneración del derecho fundamental de
petición.
28. En el presente asunto, la Dirección General de Sanidad Militar en el escrito de
impugnación sostiene que no vulneró los derechos fundamentales invocados en
protección, pues, al verificar el correo de atención al usuario
atención.usuario@sanidad.mil.co no evidenció algún registro del derecho de
petición del 8 de enero de 2025, presuntamente radicado por el señor Víctor
Alfonso Miranda Parra.
3 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
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29. Asimismo, aseguró que dicha solicitud fue dirigida a la Dirección de Sanidad
del Ejército Nacional, entidades que son distintas e independientes, por lo tanto,
no tienen ningún tipo jerarquía.
30. Sobre el particular, se tiene que el 8 de enero de 2025, el señor Miranda Parra
requirió a través de correo electrónico, lo siguiente:
«(…)
Señor coronel
LUIS SANDOVAL PINZÓN
DIRECTOR DE SANIDAD MILITAR
OFICINA DE GESTION DE MEDICINA LABORAL
Carrera 7 # 52 - 48 Bogotá D.C. Bogotá D.C.
PBX: 318 209 6961
disanateus@buzonejercito.mil.co
Bogotá – Colombia.
Referencia: Derecho de petición.
(…)
1. Se sirva informar y aportar cuales son los requisitos, procedimientos, tramites
establecidos a través de esa Dirección para el reconocimiento de lo contemplado
en el Parágrafo 3 del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004.
2. Se sirva informar cuantos Soldados pensionados por invalidez reciben a hoy
este derecho adquirido del 25% por requerir del auxilio de otra persona para
realizar las funciones elementales de su vida y en qué lugar del País se encuentran
ubicados, relacionarlos por ciudades o lugares de residencia.
(…)
6. Requiero a la Dirección de Sanidad para que dentro de su competencia se sirva
ordenar a la Oficina de Medicina Laboral disponer de unos profesionales para que
se evalué, se revise y se me valore en mi domicilio en la Ciudad de Dosquebradas
o en el Dispensario Médico más cercano, respecto del derecho que me asiste de
acuerdo a Parágrafo 3 del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004.
(…)
7. Requiero el acompañamiento de la Procuraduría delegada para las Fuerzas
Militares y para la Defensa de los Derechos Humanos para que dentro de su
competencia realicen la función para la cual fueron creadas respecto de mi
petición y requerimiento elevado ante estas entidades.
(…)»
31. Igualmente se puede apreciar que la petición del 8 de enero de 2025 fue
remitida a las siguientes direcciones electrónicas:
»
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00790-03
Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
32. Asimismo, se advierte que el correo electrónico al que el señor Miranda Parra
dirigió la solicitud el 8 de enero de 20254, esto es,
disanateus@buzonejercito.mil.co, pertenece a la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional, tal como se observa a continuación:
33. De conformidad con lo expuesto, el accionante radicó su solicitud ante el
coronel Luis Sandoval Pinzón quien se desempeña como director de Sanidad del
Ejército Nacional5, dependencia que es distinta a la Dirección General de Sanidad
Militar, comoquiera que esta última pertenece al Comando General de la Fuerzas
Militares.
34. En ese sentido, para la Sala no puede predicarse vulneración del derecho
fundamental de petición por parte de la Dirección General de Sanidad Militar
cuando resulta evidente que la solicitud objeto de tutela no fue radicada ante dicha
entidad en los canales dispuestos para tal fin, pues se itera que la presentó ante
la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, dependencia que es diferente a la
aquí accionada.
35. En consecuencia, procede la Sala a revocar el numeral tercero de la parte
resolutiva de la providencia del 13 de noviembre de 2025, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, y en su lugar negar el amparo en cuanto a las
pretensiones dirigidas contra Dirección de General de Sanidad Militar, de
conformidad con las consideraciones expuestas en precedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
4
Información consulta en la página web de la entidad
5Información consultada en la pagina web https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/atencion-servicios-
ciudadania/6-informacion-interes/11-notificaciones-judiciales
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Accionante: Víctor Alfonso Miranda Parra
FALLA
Primero: Revocar el numeral tercero de la sentencia del 13 de noviembre de 2025
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el sentido de negar el
amparo, en cuanto a las pretensiones dirigidas contra la Dirección de General de
Sanidad Militar, conforme los argumentos expuestos en el presente proveído.
Segundo: Confirmar en lo demás la decisión de primer grado.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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