Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00832-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00832-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00832-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
4 de marzo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cuatro (4) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00832-00
Demandante: GLORIA MARGARITA CASTAÑEDA ARRIETA
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL. CUANDO
SE ATACA UN FALLO PROFERIDO EN OTRO
PROCESO DE ACCIÓN DE TUTELA DEBE
ALEGARSE Y DEMOSTRARSE LA COSA
JUZGADA FRAUDULENTA.
Síntesis del caso: la actora reclamó que se vulneraron sus derechos fundamentales con
ocasión de la sentencia de tutela de 26 de septiembre de 2024 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado; sin embargo, la Sala declarará improcedente el amparo
porque no se alegó ni demostró una situación de fraude que torne procedente la acción de
tutela cuando se interpone contra un fallo proferido en un proceso de idéntica naturaleza.
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Gloria Margarita
Castañeda Arrieta1, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito de Barranquilla para la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y seguridad social
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia 26 de septiembre de 2024
en la cual se declaró improcedente por falta de relevancia constitucional otra acción
de tutela que presentó en contra de las tres primeras autoridades con el fin de que
se reliquidara su pensión y se dejara en firme la resolución inicial en la cual se le
reconoció una mesada superior que luego fue disminuida.
1 Escrito de tutela presentado el 7 de febrero de 2025 ante la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la cual en auto de 10 de febrero de 2025 remitió la acción por competencia
ante el Consejo de Estado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00832-00
Demandante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
1) La señora Gloria Margarita Castañeda Arrieta manifestó que la Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales en adelante UGPP reconoció su pensión de vejez
mediante la Resolución RDP-008075 del 22 de agosto de 2012, de conformidad con
la Circular 054 de la Procuraduría General de la Nación del 3 de noviembre de 2010.
2) Pese a lo anterior, mediante la Resolución RDP-032820 del 22 de agosto de
2017, la UGPP modificó el monto de la pensión reconocida y, en su lugar, redujo la
mesada pensional con base en sentencias de unificación de la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado expedidos con posterioridad al 2012.
3) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que precisó
que la Resolución RDP-032820 del 22 de agosto de 2017 vulnera sus derechos
fundamentales del debido proceso y los derechos adquiridos pues, se basó en
jurisprudencia expedida con posterioridad al 2012.
4) Mediante sentencia de 29 de marzo de 2019, el Juzgado Catorce Administrativo
del Circuito de Barranquilla negó las pretensiones de la demanda2.
5) Presentó recurso de apelación en el que precisó que ya gozaba de unos derechos
adquiridos, de conformidad con la Resolución RDP-008075 del 22 de agosto de
2012, motivo por el cual no era viable aplicarle jurisprudencia con posterioridad a
esa fecha.
6) En sentencia de 28 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico
confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
con fundamento en la sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio
del 2020.
7) Inconforme con las decisiones en el proceso ordinario, presentó una acción de
tutela en la que alegó que no se tuvo en cuenta que la actora ya gozaba de una
2 Proceso con radicación no. 08001-33-33-014-2017-00088-00/01
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00832-00
Demandante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Acción de tutela
mesada pensional reconocida en la Resolución RDP-008075 del 22 de agosto de
2012.
8) Mediante sentencia de 26 de septiembre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional porque la parte demandante empleó la acción
de tutela para dar continuidad al debate superado en el trámite del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
9) Presentó solicitud ante la Corte Constitucional en la que solicitó la revisión
eventual de la acción de tutela, solicitud con radicación no. T-10.647.059, no
obstante, el caso no fue seleccionado.
10) Finalmente, presentó una solicitud ante la Defensoría del Pueblo con radicación
no. IRAT- 500200- 2024-23524, sin embargo, tampoco fue seleccionada.
2. Los fundamentos de la vulneración
La actora afirmó que las autoridades demandadas incurrieron en una violación
directa de la Constitución y, si bien en su extenso escrito de demanda menciona a
todas las autoridades demandadas referidas, se aprecia que lo que en realidad
pretende es cuestionar la decisión de la UGPP de reliquidar su pensión y disminuir
su mesada, así como las providencias en las que se resolvió esa controversia en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se
presentó en contra de la Resolución no RDP 008075 de 2012, y la sentencia de
tutela proferida el 26 de septiembre de 2024 expedida por la Sección Cuarta de esta
Corporación, en la cual precisamente se cuestionaron tales decisiones y se declaró
improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional.
A su juicio, la sentencia del Consejo de Estado avala la conducta de la UGPP,
vulnera el contenido de los criterios constitucionales citados y crea una grave
inseguridad jurídica, pues estima tener derecho a una mesada superior.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00832-00
Demandante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Acción de tutela
“.Por todo lo anterior expuesto, por contar con una pensión
RECONOCIDA Y CONSOLIDADA conforme a derecho en el año 2012
además de reconfirmada y nunca revocada, por la clara vulneración al
DEBIDO PROCESO Y DERECHOS ADQUIRIDOS, apoyándonos en los
artículos: 29, 48, 53, 58 de NUESTRA CARTA POLÍTICA, también en lo
establecido en el artículo primero párrafo segundo del ACTO
LEGISLATIVO 01 DEL 22 DE JULIO DEL 2005, además de las sentencias
de la CORTE CONSTITUCIONAL: (SU182/19), (C-980/10), (SU309/19) y
(T-169-23) que claramente resuelven mi caso y soportado en los
documentos adjuntos presentados, solicito muy respetuosamente ante la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el restablecimiento del derecho, que es
sencillamente que la UGPP le entregue aplicación a lo RECONOCIDO Y
CONSOLIDADO en la resolución de pensión conforme derecho RDP
008075 del 22 de agosto del año 2012 (DERECHO
ADQUIRIDO).”(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI)
4. Actuación procesal
Mediante auto de 18 de febrero de 20253, se admitió la acción de tutela y se ordenó
la notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Atlántico, al titular del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
de Barranquilla y al director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, al tiempo
que se ordenó la vinculación da la Corte Constitucional y al defensor(a) del Pueblo,
entregándoles copia de la demanda y los anexos.
5. Intervenciones de las autoridades demandadas
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP solicitó rechazar de plano
la acción de tutela por temeridad o por cosa juzgada, puesto que la actora ya había
presentado una acción de tutela ante el Consejo de Estado en la que pretendía lo
mismo que hoy solicita, sin que cumpla con los requisitos de procedencia contra
providencias judiciales o demuestre la existencia de un perjuicio irremediable.
De igual forma, indicó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
reclamar prestaciones económicas, en especial por tratarse de una pensión que ya
ha sido otorgada de conformidad con la sentencia T- 624 de 2012 proferida por la
Corte Constitucional.
3 Notificado el 18 de julio de 2024
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00832-00
Demandante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Acción de tutela
La Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico precisó que la
sentencia de 28 de mayo de 2024 estudió en debida forma y teniendo en cuenta la
jurisprudencia aplicable al caso los actos expedidos por la UGPP, a través de las
cuales no se aumentó la mesada de la pensión de jubilación de la demandante,
teniendo en cuenta la asignación más elevada del último año junto con todos los
factores salariales, en virtud de lo cual no ha vulnerado de ninguna forma los
derechos fundamentales de la actora.
En virtud de lo anterior, solicitó negar las pretensiones o declarar improcedente la
acción de tutela, toda vez que no se configuran las causales generales ni especiales
de procedibilidad y el interés de la parte actora es utilizar la acción de tutela como
una cuarta instancia.
El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla indicó que la
sentencia de primera instancia se fundamentó en los aspectos fácticos expuestos
en la demanda, en las pruebas que obran en el expediente, y en las normas y
antecedentes jurisprudenciales que identificó como aplicables, sin que se haya
vulnerado ningún derecho.
La Corte Constitucional solicitó su desvinculación en el asunto por falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto que las pretensiones de la acción de
tutela están encaminadas a cuestionar las providencias y actuaciones que le
negaron la reliquidación a la actora, motivo por el cual la Corte Constitucional no es
la llamada a responder por los derechos fundamentales invocados pues no es la
encargada de darle tramite a la solicitud de reajuste.
Por otro lado, precisó que si bien la actora menciona la sentencia T-10.647.059, lo
cierto es que a la misma se le realizó el trámite correspondiente en los términos del
Decreto 2591 de 1991, motivo por el cual no ha vulnerado los derechos
fundamentales del demandante.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado rindió informe en el que expuso que los
reproches de la demandante se limitan, primordialmente, a cuestionar la decisión
administrativa de la UGPP en la que se reliquidó su y a cuestionar el fallo de tutela
proferido por esa autoridad el 26 de septiembre de 2024, sin embargo, esa decisión
no fue impugnada y tampoco fue seleccionada para su eventual revisión por la Corte
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00832-00
Demandante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Acción de tutela
Constitucional, motivo por el cual la acción de tutela es improcedente porque dicha
providencia ya hizo tránsito a cosa juzgada y la actora tampoco probó una situación
de cosa juzgada fraudulenta.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2)
solicitud de desvinculación y 3) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. Solicitud de desvinculación
La Corte Constitucional solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela, por
cuanto el objeto de la demanda no está relacionado con sus competencias y
funciones. Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud
en consideración a que dicha autoridad fue vinculada como tercero con interés,
debido a que la actora cuestionó expresamente que se haya negado a seleccionar
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00832-00
Demandante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Acción de tutela
su caso para la eventual revisión de la sentencia de acción de tutela aquí
cuestionada, motivo por el que le asiste interés en el asunto.
3. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito de Barranquilla con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales del debido proceso y seguridad social presuntamente vulnerados
con ocasión de la sentencia 26 de septiembre de 2024 en la cual se declaró
improcedente por falta de relevancia constitucional otra acción de tutela que
presentó en contra de las tres primeras autoridades con el fin de que se reliquidara
su pensión y se dejara en firme la resolución inicial en la cual se le reconoció una
mesada superior.
En primer lugar, la Sala aclara que, si bien en la acción de tutela se mencionan los
actos administrativos expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y las providencias
del Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito de Barranquilla, mediante los cuales se resolvió una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de tales resoluciones, lo cierto es que lo que
se advierte es el interés de la actora de cuestionar la sentencia de tutela del 26 de
septiembre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la
cual precisamente ya había expuesto argumentos similares en contra de las
referidas autoridades.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela porque se presentó en contra de un fallo de idéntica
naturaleza y no se probó una situación de cosa juzgada fraudulenta, por las
siguientes razones:
4. Improcedencia de la tutela contra sentencia de tutela
1) La Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 recordó que se ha
admitido la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces
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Demandante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Acción de tutela
cuando incurran en graves falencias que las hagan incompatibles con la
Constitución y afecten los derechos fundamentales de las partes.
2) No obstante, dicha procedencia es excepcional “con el fin de que no se
desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial,
seguridad jurídica y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”.
3) De conformidad con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, para
que opere de manera excepcional la acción de tutela contra sentencias de tutela,
es necesario que se acrediten los requisitos generales y específicos de
procedibilidad señalados para tales efectos.
4) Dichos requisitos específicos de procedibilidad se estudiarán, una vez se tengan
por superados los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales:
i) La cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre
la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes, ii) se cumpla el
requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término
razonable y proporcionado, a partir del hecho que originó la vulneración, iii) cuando
se trate de una irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia
que se impugna, que resulte lesiva de las garantías constitucionales del actor, iv) el
actor identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y
los derechos vulnerados, v) se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es
decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del
afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable y, vi) la sentencia
que se impugna en sede de tutela no corresponda, a su vez, a una sentencia que
haya definido una acción de tutela.
5) Sobre este último punto, la Corte ha señalado que es necesario que la
providencia judicial cuestionada no sea una sentencia de tutela pues los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida.
6) Al respecto y en tratándose de acciones de tutela contra sentencias de igual
naturaleza, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte señaló que para determinar la
viabilidad o no del recurso de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente:
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Demandante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Acción de tutela
“(a) “Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla
general es la de que no procede”.
(b) “Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional”.
(c) “Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii)
se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en
la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.” (negrillas de la Sala).
7) En esos términos, en el presente caso, para la Sala no concurren los elementos
para que de manera excepcional proceda la acción de la referencia contra la
sentencia de tutela proferida el 26 de septiembre 2024 pues, no se trata de ninguno
de los supuestos explicados con antelación en los que la Corte Constitucional ha
admitido de manera excepcional la procedencia de este mecanismo contra
sentencias proferidas en el marco de acciones de tutela.
8) En efecto, en este caso tampoco se advierte que la demandante alegara y
demostrara alguna situación de fraude o que la autoridad judicial accionada haya
procedido de manera arbitraria e irregular, al punto que haga necesaria la
intervención de otro juez constitucional para estudiar si fueron vulnerados los
derechos de la actora, razón suficiente para inferir que en este caso la demanda es
a todas luces improcedente.
9) En el escrito de tutela no se probó o cuando menos mencionó la existencia de
una cosa juzgada fraudulenta, motivo suficiente para inferir que el amparo se torna
improcedente por cuanto pretende cuestionar una sentencia proferido en otro
proceso de acción de tutela, lo cual se encuentra proscrito, salvo con las salvedades
referidas que, se reitera, en esta oportunidad no se demostraron.
10) Finalmente, la Sala aclara que aún si se entendiera que la actora también busca
cuestionar la decisión de la Corte Constitucional de no seleccionar la acción de
tutela T-10.647.059 para revisión, en todo caso esta pretensión tampoco tendría
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00832-00
Demandante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Acción de tutela
vocación de prosperidad toda vez que la revisión realizada por la Corte
constitucional es un mecanismo de revisión eventual en el cual es la Corte
Constitucional es autónomo y por lo tanto la Corte Constitucional de acuerdo a unos
criterios previamente definidos es quien decide si selecciona o no las decisiones en
sede de tutela, sin que la demandante haya probado ninguna irregularidad en dicho
trámite, motivo por el cual tampoco sería posible acceder a dicha pretensión.
11) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia es improcedente porque no se cumplieron ninguno de los presupuestos
establecidos por la Corte Constitucional para que procediera de manera
excepcional.
F A L LA :
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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