Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03773-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03773-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03773-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03773-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03773-01
Accionante: GLORIA MARGARITA CASTAÑEDA ARRIETA
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Y OTROS
Temas: Temeridad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 7 de noviembre
de 2025 por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 24 de junio de 20252, dicha autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 20 de enero de 2026 concedió la
impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Gloria Margarita Castañeda Arrieta, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra de las Secciones Primera, Cuarta y Tercera
• Subsección B del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo del Atlántico,
del Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla y la Unidad de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP). Con
la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social y los «derechos adquiridos».
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó
como autoridades accionadas al Consejo de Estado, Sección Cuarta, al Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, al Tribunal Administrativo del Atlántico, al Juzgado 14
Administrativo de Barranquilla y a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales. A su vez, mediante auto del 26 de septiembre de 2025, se notificó en calidad de
accionado a la Sección Primera del Consejo de Estado.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03773-01
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a: i) la
Resolución RDP-032820 del 22 de agosto de 2017 mediante la cual la UGPP
modificó su pensión de vejez; ii) la sentencia del 28 de mayo de 2024, mediante
la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó el fallo del 29 de marzo
de 2019 que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho3 promovida por la actora contra la UGPP; iii) la sentencia del 26 de
septiembre de 2024 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el
proceso de acción de tutela4 promovido por la señora Castañeda Arrieta contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado 14 Administrativo de
Barranquilla; y, iv) fallo del 15 de mayo de 2025 dictado por la Sección Primera
del Consejo de Estado, que confirmó la providencia del 4 de marzo de 2025
proferida por la Sección Tercera, Subsección B de la misma Corporación en el
marco de un segundo proceso de tutela5 promovido por la accionante.
3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:
Por todo lo anterior expuesto, por contar con una pensión RECONOCIDA Y
CONSOLIDADA conforme a derecho en el año 2012 además de confirmada y
nunca revocada, por la clara vulneración al DEBIDO PROCESO Y DERECHOS
ADQUIRIDOS, apoyándonos en los artículos: 29, 48, 53, 58 de NUESTRA CARTA
POLÍTICA, también en lo establecido en el artículo primero párrafo segundo del
ACTO LEGISLATIVO 01 DEL 22 DE JULIO DEL 2005, además de las sentencias
de la CORTE CONSTITUCIONAL: (SU182/19), (C-980/10), (SU309/19) y (T-169-
23) que claramente resuelven mi caso y soportado en los documentos adjuntos
presentados, solicito muy respetuosamente ante la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA el restablecimiento del derecho, que es sencillamente que la UGPP le
entregue aplicación a lo RECONOCIDO Y CONSOLIDADO en la resolución de
pensión conforme derecho RDP 008075 del 22 de agosto del año 2012
(DERECHO ADQUIRIDO).
1.2. Hechos
4. El 22 de agosto de 2012, la UGPP expidió la Resolución RDP-008075
mediante la cual reconoció a la señora Castañeda Arrieta el derecho a la pensión
de vejez, con aplicación del 75% del ingreso base de liquidación sobre el salario
más alto devengado en el último año de servicios.
5. Posteriormente, la UGPP expidió las resoluciones RDP 015198 del 13 de
noviembre de 2012, RDP 018892 del 10 de diciembre de 2012, RDP 022724 del
17 de junio de 2016, RDP 026482 del 18 de julio de 2016 y RDP 037331 del 4 de
octubre de 2016, mediante las cuales se efectuaron algunos ajustes al monto
pensional de vejez de la actora y se ratificaron aspectos de la mesada reconocida
en principio. Finalmente, mediante la Resolución RDP-032820 del 22 de agosto
de 2017, la UGPP modificó sustancialmente el monto pensional de la actora. En
dicho acto, la autoridad utilizó como ingreso base de liquidación el promedio de
los salarios percibidos en los últimos 10 años de servicios.
3 Proceso identificado con el radicado 08001-33-33-014-2017-00088-00/01.
4 Proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2024-04366-00.
5 Proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2025-00832-00/01.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03773-01
6. Inconforme con dicha situación, la actora promovió medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP con el fin de que se
declarara la nulidad de tal acto administrativo. Mediante fallo del 29 de marzo de
2019, el Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla negó lo pretendido en la
demanda. Esto, al considerar que a la actora la cobijaba el régimen de transición
dispuesto en la Ley 100 de 1993. La señora Castañeda Arrieta apeló la decisión
y, a través del fallo del 28 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del
Atlántico confirmó la decisión, con sustento en la sentencia de unificación CE-
SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020. A su vez, consideró que no se evidenció
ninguna irregularidad en las actuaciones de la UGPP.
7. Por tanto, la actora promovió una acción de tutela contra las providencias
proferidas por el Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la seguridad social y a los derechos adquiridos, al haberse
negado la reliquidación de su pensión. Mediante fallo del 26 de septiembre de
2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la
acción al considerar que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional.
la autoridad judicial advirtió que la actora pretendía reabrir un debate legal
resuelto en sede ordinaria. Esta providencia no fue impugnada, por lo que
posteriormente adquirió firmeza.
8. La señora Castañeda Arrieta promovió una nueva acción de tutela contra
la UGPP, el Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla, el Tribunal Administrativo
del Atlántico y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual
controvirtió el fallo del 26 de septiembre de 2024 dictado por esta última autoridad
judicial y, a su vez, cuestionó la decisión adoptada por la UGPP mediante la
Resolución RDP-032820 del 22 de agosto de 2017.
9. Por medio de fallo del 4 de marzo de 2025, la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado declaró la improcedencia del mecanismo de amparo al
considerar que la sentencia de tutela cuestionada había hecho tránsito a cosa
juzgada constitucional, debido a que la Corte Constitucional decidió no
seleccionar dicho expediente para revisión. A su vez, consideró que la actora no
había acreditado la existencia de fraude en dicho proceso.
10. La actora impugnó la decisión y, mediante fallo del 15 de mayo de 2025,
la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera
instancia. Como fundamento de ello, argumentó que la accionante no acreditó
ninguna de las causales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
un fallo de la misma naturaleza. Expuso que la actora se limitó a reiterar su
inconformidad en relación con la disminución de su mesada pensional y con las
decisiones judiciales previas, sin probar la configuración de fraude o alguna
actuación dolosa o arbitraria por parte del juez constitucional.
11. La accionante promovió la presente acción de tutela ante la Corte
Suprema de Justicia. Sin embargo, al advertir que este mecanismo se dirigió
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03773-01
contra algunas Secciones del Consejo de Estado, mediante auto del 12 de junio
de 2025, dicha autoridad remitió el expediente a esta Corporación, en virtud de
las normas de reparto de las acciones de tutela establecidas en el Decreto 1069
del 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
1.3. Sustento de la vulneración
12. La parte actora manifestó que sus derechos fundamentales fueron
vulnerados en virtud de la Resolución RDP-032820 del 22 de agosto de 2017 de
la UGPP y las múltiples actuaciones judiciales dictadas en los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho y de tutela referenciadas con antelación.
13. Aseguró que la UGPP reconoció su mesada pensional mediante la
Resolución RDP-008075 de 2012, lo que constituyó a su juicio una situación
jurídica consolidada. Sin embargo, mediante el acto del 22 de agosto de 2017,
dicha autoridad redujo el valor de dicho emolumento con fundamento en
jurisprudencia posterior, con lo que incumplió el procedimiento previsto en el
artículo 97 de la Ley 1437 de 2011.
14. Argumentó que la UGPP y las autoridades judiciales accionadas
desconocieron sus derechos adquiridos y omitieron el procedimiento
administrativo que regula su situación. Como fundamentó de su postura, citó los
artículos 29, 48, 53 y 58 constitucionales, el Acto Legislativo 01 de 2005 y algunas
sentencias de la Corte Constitucional que prohíben la revocatoria unilateral de
pensiones reconocidas conforme a derecho y exigen el respeto de situaciones
jurídicas consolidadas.
1.4. Intervenciones
15. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B sostuvo que la
acción de tutela era improcedente, pues la actora no formuló ningún reparo en
concreto contra la sentencia del 4 de marzo de 2025 ni acreditó la configuración
de una cosa juzgada fraudulenta. Señaló que la accionante hizo una mención
general de dicha providencia y no cumplió con la carga argumentativa exigida por
la jurisprudencia constitucional para cuestionar una sentencia de tutela. Solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción, ante la formulación de
argumentos tendientes a reabrir un debate ya resuelto en sede constitucional.
16. El Consejo de Estado, Sección Cuarta solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción ante su falta de legitimación en la causa por pasiva,
pues no formuló ningún reproche concreto contra dicha autoridad, sino que la
mencionó para poner de presente el agotamiento de instancias judiciales previas.
A su vez, indicó que no se cumplió con los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez.
17. La UGPP pidió que se declarara la improcedencia de la acción, al
considerar que se incurrió en temeridad, puesto que la señora Castañeda Arrieta
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03773-01
ya ha promovido dos acciones de tutela con identidad de objeto, partes y
fundamentos, las cuales fueron resueltas en su contra y que adquirieron firmeza.
Alegó la configuración de la cosa juzgada puesto que los hechos y pretensiones
expuestos ya fueron estudiados por los jueces constitucionales. Agregó que no
se acreditó el requisito de subsidiariedad, puesto que el mecanismo de amparo
no es el idóneo para controvertir actos administrativos ni decisiones judiciales
que se dictaron de conformidad con la normativa aplicable al caso.
18. Aseguró que no se probó la vulneración de derechos alegada, puesto que
la tutelante se encontraba inscrita en la nómina de pensionados y su mesada
pensional se reliquidó de conformidad con las normas que regulan su situación.
Añadió que no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara la intervención
del juez constitucional, ni tampoco se configuró ningún defecto en las
providencias cuestionadas.
1.5. Sentencia de primera instancia
19. Mediante fallo del 7 de noviembre de 2025, la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción ante
la configuración del fenómeno de temeridad. Advirtió un uso reiterado e
injustificado del mecanismo de amparo, con identidad de partes, objeto y causa,
en el que no se acreditó la existencia de hechos nuevos o alguna situación de
indefensión o error judicial grave que habilite una nueva revisión del asunto.
20. Señaló que las acciones de tutela promovidas tienen como objeto
cuestionar la Resolución RDP-032820 del 22 de agosto de 2017 y las
providencias judiciales que confirmaron la legalidad del acto administrativo tanto
en sede de lo contencioso-administrativo, como en sede constitucional. También
agregó que la señora Castañeda Arrieta insiste en que las autoridades
accionadas no han estudiado de fondo el desconocimiento de su situación
jurídica consolidada, derivada del acto que reconoció su pensión de vejez.
21. Aseguró que los reproches expuestos por la demandante ya fueron
estudiados y descartados mediante las diversas sentencias de tutela proferidas
en el marco de los mecanismos que ha promovido. Afirmó que no se ha
demostrado la existencia de un fraude procesal, un hecho nuevo relevante o una
actuación judicial arbitraria. Señaló que, a su vez, no se probó alguna situación
de indefensión ni expuso motivos válidos que justifiquen la interposición reiterada
del mecanismo constitucional.
1.6. Impugnación
22. La actora solicitó que se revoque el fallo de primera instancia para que, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de amparo.
23. La parte actora insistió en los argumentos relacionados con el
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional según el cual el
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03773-01
reconocimiento pensional genera derechos adquiridos, por lo que la
administración no puede revocar, modificar ni reliquidar un acto administrativo
pensional para desmejorar la situación del beneficiario. Aseguró que la sentencia
impugnada no expone ninguna justificación que le permita apartarse de dicho
precedente.
24. Reiteró que se inaplicó el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, por lo que
se incurrió en defecto sustantivo. Sostuvo que el acto administrativo de la UGPP
se expidió con falsa motivación, pues la Resolución que reconoció su derecho
pensional estaba en firme.
25. Afirmó que mediante la sentencia T-006 de 1992, la Corte Constitucional
precisó que una sentencia que desconoce derechos fundamentales no puede
hacer tránsito a cosa juzgada. Agregó que el Alto Tribunal, en sentencia T-119
de 2015, indicó que una decisión judicial que vulnera el debido proceso debe ser
revocada vía tutela.
26. Señaló que en el asunto no se configuraba la temeridad puesto que, de
conformidad con la sentencia SU-027 de 2021, no hay lugar a este fenómeno
cuando persiste una vulneración de derechos fundamentales o cuando existen
elementos no valorados previamente. Explicó que en el presente asunto la
transgresión a sus garantías constitucionales persiste.
II. CONSIDERACIONES
27. La Sala modificará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo y, en su lugar, rechazará la acción. En
tal sentido, se demostrará que en el asunto se configuró un actuar temerario por
parte de la actora.
2.1. Caso concreto
2.1.1. Estudio del fenómeno de la temeridad
28. El fenómeno de la temeridad en acciones de tutela se encuentra regulado
en el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece:
ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona
o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
(Negrilla y subrayado fuera del texto).
29. En desarrollo a esto, la Corte Constitucional ha condensado el marco
jurisprudencial que regula la materia, para lo cual adujo:
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03773-01
Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su
posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse los
siguientes: 1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las
acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos
y la misma solicitud. 2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como
excepcionales que no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo
señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de
presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la
que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez
constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes,
se sustentan en las mismas razones y solicitud6.
30. De esta manera, el Alto Tribunal fue claro en señalar que el juez
constitucional deberá analizar si existe una triple identidad entre las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
i. Identidad de parte: esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representante y se dirija contra el mismo demandado.
ii. Identidad de causa petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la
acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de
sustento.
iii. Identidad de objeto: en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los
mismos derechos fundamentales.
31. Superado este estudio, de acuerdo con la Corte, y de encontrarse
acreditada la triple identidad, el fallador de la acción deberá verificar si el actuar
del demandante resultó contrario a la buena fe, caso en el cual deberá rechazar
el mecanismo constitucional e imponer las sanciones a las que hubiere lugar.
32. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, a pesar
de que la actora identificó como accionadas a las distintas autoridades judiciales
que se han pronunciado en relación con las diversas acciones de tutela que ha
promovido y el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho que dirigió
contra la UGPP, el objeto de esta acción de tutela es cuestionar la legalidad de
la Resolución RDP-032820 del 22 de agosto de 2017, mediante la cual esta
autoridad administrativa reliquidó su mesada pensional y disminuyó el monto
reconocido en un principio mediante la Resolución RDP-008075 del 22 de agosto
de 2012.
33. En efecto, los argumentos expuestos en el escrito inicial y en el de
impugnación dan cuenta de la inconformidad que la actora ha reiterado
6 Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03773-01
insistentemente en las múltiples acciones de tutela que ha interpuesto con el
mismo objeto.
34. En tal sentido, la Sala no puede obviar que, tal como fue señalado por la
Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación en la decisión de primera
instancia, la señora Castañeda Arrieta ha promovido otras múltiples acciones de
tutela contra las providencias proferidas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que cuestionó la legalidad de dicho acto
administrativo y, a su vez, contra los fallos de la misma naturaleza que han sido
proferidos en aquellos trámites constitucionales.
35. Por tanto, es necesario estudiar si la presente acción constitucional guarda
identidad con las demandas ya instauradas por el actor o si, por el contrario, se
trata de hechos nuevos que no hayan sido decididos previamente. En ese
sentido, se expondrán a continuación los procesos en los que se han tramitado
acciones de tutela presentadas por la parte actora, previo a adoptar cualquier
otro tipo de determinación:
Presupuest Identidad de Identidad de causa Identidad de objeto
o partes
Accionante: Vulneración de sus En virtud del
Gloria Margarita derechos a la seguridad restablecimiento de sus
Expediente Castañeda social y a los derechos derechos adquiridos, se
Arrieta adquiridos con ocasión de ordene a la UGPP
11001-03- las sentencias dictadas por reconocer lo estipulado en
15-000- Accionado: las autoridades accionadas la Resolución RDP-
2024- Tribunal en el proceso de nulidad y 008075 del 22 de agosto
04366-00 Administrativo restablecimiento del de 2012.
(Número 1) del Atlántico y derecho dirigido contra la
Juzgado 14 UGPP
Administrativo
de Barranquilla
Accionante: Vulneración de sus
Gloria Margarita derechos al debido proceso, En virtud del
Castañeda a la seguridad social y a los restablecimiento de sus
Arrieta derechos adquiridos con derechos adquiridos, se
Expediente ocasión de la sentencia de ordene a la UGPP
11001-03- Accionados: tutela del 26 de septiembre reconocer lo estipulado en
15-000- UGPP, Sección de 2024 y las sentencias la Resolución RDP-
2025- Cuarta del dictadas por las autoridades 008075 del 22 de agosto
00832- Consejo de accionadas en el proceso de de 2012.
00/01 Estado, Tribunal nulidad y restablecimiento
(Número 2) Administrativo del derecho dirigido contra
del Atlántico y la UGPP
Juzgado 14
Administrativo
de Barranquilla.
Expediente
11001-03- Accionante: Vulneración de sus En virtud del
15-000- Gloria Margarita derechos al debido proceso, restablecimiento de sus
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03773-01
Presupuest Identidad de Identidad de causa Identidad de objeto
o partes
2025- Castañeda a la seguridad social y a los derechos adquiridos, se
03773-01 Arrieta derechos adquiridos con ordene a la UGPP
(número 3) ocasión de las sentencias reconocer lo estipulado en
Accionados: de tutela promovidas con la Resolución RDP-
UGPP, antelación y las sentencias 008075 del 22 de agosto
Secciones dictadas por las autoridades de 2012.
Primera, accionadas en el proceso de
Tercera, nulidad y restablecimiento
Subsección B y del derecho dirigido contra
Cuarta del la UGPP.
Consejo de
Estado, Tribunal
Administrativo
del Atlántico y
Juzgado 14
Administrativo
de Barranquilla.
36. Por lo expuesto con antelación y en consonancia por lo señalado por la
sentencia de primera instancia del presente trámite, los procesos de tutela que
se han referenciado guardan identidad de partes, de hechos y de pretensiones,
conforme se expone con más detenimiento a continuación.
37. Si bien en los 3 procesos de tutela referenciados la parte demandada no
está conformada por los mismos sujetos procesales, lo cierto es que el objeto de
la acción de tutela versa sobre la insistencia de la actora en que sea reconocido
su monto pensional de conformidad con los derechos que la actora consideró
adquiridos mediante la Resolución RDP-008075 del 22 de agosto de 2012 de la
UGPP.
38. En efecto, las acciones promovidas por la actora pretenden cuestionar
tanto la legalidad del acto administrativo de la UGPP proferido el 22 de agosto de
2017, como las providencias dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se solicitó la declaratoria de nulidad de tal resolución. Las
tutelas posteriores han tenido una identidad de objeto y causa, puesto que
pretenden manifestar la inconformidad de la actora en relación con la
reliquidación de su mesada pensional.
39. En tal sentido, la señora Castañeda Arrieta ha llevado a cabo un uso
indebido del mecanismo constitucional, en la medida en que su pretensión ha
sido que se profiera una decisión favorable en relación con un mismo hecho
generador de la vulneración alegada. Dada la improcedencia que se ha dictado
en los procesos promovidos, la tutelante ha dirigido nuevas acciones de tutela
contra las distintas autoridades que no han accedido a su pretensión, lo que
explica que existan distintas autoridades demandadas en dichos trámites.
40. Por tanto, el hecho de que la actora haya promovido varias acciones de
tutela con el mismo objeto y que, en virtud de ello, existan diversos
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03773-01
pronunciamientos frente a tales procesos, no desvirtúa que exista una identidad
de causa y objeto. Esto tampoco puede ser considerado como una situación
fáctica nueva que hubiera justificado la interposición de una nueva acción
constitucional pues, por el contrario, da cuenta del uso abusivo, inadecuado e
injustificado del mecanismo de amparo.
41. La presentación de nuevas demandas de esta naturaleza no constituye un
hecho nuevo que habilite a los usuarios de la administración de justicia a
presentar acciones de tutela adicionales cuyas pretensiones se encausen al
mismo objeto sobre el cual ya exista una decisión de un juez de tutela. Se reitera
que, si bien la presente acción constitucional no guarda plena identidad con
respecto a los sujetos procesales que conforman el extremo pasivo, esto se debe
precisamente a un uso inadecuado de esta acción por parte de la señora
Castañeda Arrieta, el cual el legislador pretendió evitar al instituir el fenómeno de
la temeridad.
42. Aceptar lo contrario, desnaturalizaría la finalidad de esta acción
constitucional, puesto que permitiría el uso indefinido de acciones de tutela contra
pronunciamientos de la misma naturaleza, con el fin de que los usuarios de la
administración de justicia insistan, sin límite alguno, en la búsqueda de una
decisión favorable frente una misma situación fáctica.
43. Al respecto, la Corte Constitucional7 ha señalado que, en los eventos en
los que se estudia la configuración de la cosa juzgada –que, como en el examen
de temeridad, requiere del cumplimiento de la triple identidad de partes, causa y
objeto de la acción– algunas variaciones en cuanto a los sujetos, los
presupuestos fácticos o las pretensiones no conducen necesariamente a que no
exista dicho fenómeno. Por el contrario, el Alto Tribunal ha establecido que este
estudio implica un examen riguroso en el que se debe verificar una coincidencia
material en los dos procesos, pese a las diferencias apenas formales que se
puedan presentar entre una y otra acción.
44. De conformidad con el criterio de la Corte Constitucional, para la sala es
claro que, sustancialmente, no han variado las partes, la causa ni el objeto de la
presente solicitud de amparo, en relación con las acciones que ha presentado la
actora de forma sucesiva. Lo anterior, puesto que lo pretendido por la actora es
cuestionar la legalidad de la Resolución RDP-032820 del 22 de agosto de 2017
y, en virtud de ello, que se aplique a su situación pensional el criterio adoptado
por la UGPP en la Resolución RDP-008075 del 22 de agosto de 2012. Esto se
sigue de la reiteración de argumentos y pretensiones de las solicitudes de amparo
que ha promovido la señora Castañeda Arrieta en las que, se insiste, han estado
dirigidos contra la decisión adoptada por la UGPP en cuanto a su pensión de
vejez.
7 Al respecto, ver: Sentencia SU-397 de 2022.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03773-01
45. Por su parte, se tiene que la accionante no justificó de forma alguna las
razones por las cuales ha radicado en múltiples ocasiones la misma acción de
tutela en este contexto, más allá de la persistencia en el presunto
desconocimiento de sus garantías constitucionales, ante la negativa de ordenar
a la UGPP que reconozca su mesada pensional de conformidad con lo decidido
en la Resolución RDP-008075 del 22 de agosto de 2012. Tampoco existe prueba,
ni siquiera sumaria, que acredite que el hecho generador de la presunta
transgresión de las garantías de la señora Castañeda Arrieta haya variado, toda
vez que el acto administrativo mediante el cual se reliquidó su pensión y las
providencias dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que estudió su legalidad, siguen siendo las mismas. En este entendido, no
existen situaciones fácticas adicionales que permitan al juez de tutela llevar a
cabo un nuevo estudio en relación con los cargos formulados en esta ocasión.
46. Por el contrario, la actora declaró bajo la gravedad de juramento que no
había instaurado ninguna otra tutela por la misma situación fáctica puesta de
presente en el escrito inicial. Por tanto, esto desvirtúa la buena fe procesal del
demandante, lo que permite concluir que en el presente litigio se configura el
fenómeno de la temeridad.
47. En virtud de lo anterior, se deberá modificar la decisión de primera
instancia que declaró la improcedencia de la acción y, en su lugar, rechazarla,
ante la configuración del fenómeno de temeridad. Aunado a ello, al igual que el
juez de primer grado, esta sala considera que ha existido un uso abusivo de esta
acción constitucional, lo que desnaturaliza su finalidad. Esto, debido a que se ha
demostrado que ante las múltiples solicitudes de amparo promovidas por la
señora Castañeda Galvis, el único objetivo buscado es conseguir una decisión
favorable a sus intereses.
48. Por tanto, a pesar de que la accionante no es una profesional en derecho
y actúa en nombre propio, la sala no puede pasar por alto las múltiples acciones
de tutela que ha promovido con fundamento en la misma causa y objeto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 7 de noviembre de 2025 dictada por la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado que DECLARÓ LA
IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo y, en su lugar, RECHAZAR la
acción de tutela interpuesta por la parte actora.
SEGUNDO: ADVERTIR a la señora Gloria Margarita Castañeda Arrieta que, en
lo sucesivo, se abstenga de presentar nuevas acciones de tutela con el mismo
objeto y causa de las ya presentadas.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Gloria Margarita Castañeda Arrieta
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03773-01
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.