Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00856-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00856-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00856-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
27 de marzo de 2025
Radicación: 11001-03-15000-2025-00856-00
Demandante: José Flórez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00856-00
Demandante: JOSÉ FLÓREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“B”
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Tardanza en proferir sentencia de
segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Sujeto de especial protección constitucional que continúa
con un derecho pensional suspendido. Derecho fundamental al mínimo
vital.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor José Flórez, quien actúa en nombre propio, contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 17 de febrero de 2025, el señor José Flórez presentó acción de tutela en defensa
de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y al
debido proceso, los cuales considera vulnerados con la tardanza en proferir
sentencia de segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado n.º 41001-23-33-000-2017-00593-01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Primero.- Se protejan mis derechos fundamentales del MINIMO VITAL, del ADULTO
MAYOR, VIDA DIGNA Y DEBIDO PROCESO, consagrados en la Constitucional Política
de Colombia.
Segundo.- Que se ordene a la Sección Segunda del Consejo de Estado altere el turno
para fallo en el proceso con radicación 41001233300020170059301 y resuelva el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante para lo cual fue remitido el expediente
a esa Corporación”.
2. Hechos
El parte demandante señaló que con ocasión al fallecimiento de su cónyuge obtuvo
la pensión de sobrevivientes reconocida por la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones.
Aludió que, a pesar de lo anterior, la administradora de pensiones demandó su
propio acto administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y
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restablecimiento del derecho, y agregó que el asunto le correspondió por reparto al
Tribunal Administrativo del Huila bajo el radicado n.º 41001-23-33-000-2017-00593-
00, quien por auto de 27 de septiembre de 2018 decretó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución n.º GNR 104901 de
14 de abril de 2016, por medio de la cual se reconoció el derecho pensional.
Aludió que el Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de primera instancia
el 14 de mayo de 2024, en la que negó las pretensiones de la demanda y dispuso
levantar la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo
demandado.
Mencionó que la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra el fallo
de primera instancia, que le correspondió por reparto a un despacho de la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a lo que agregó que
en atención a su estado de salud y avanzada edad solicitó la alteración del turno
para proferir sentencia de segunda instancia, sin que a la fecha haya obtenido
respuesta alguna o hubiese proferido la providencia.
Por último, manifestó que la prestación social se encuentra suspendida como
consecuencia del proceso judicial, por lo que carece del mínimo vital para suplir sus
necesidades y llevar una vida en condiciones dignas.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora trajo a consideración los artículos 29 y 86 de la Constitución Política,
así como la sentencia T-945A de 2008 de la Corte Constitucional relacionada con
la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener la alteración de los
turnos regulares de producción de fallos en casos de mora judicial.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada vulnera sus garantías ius
fundamentales, debido a que la administradora de pensiones solicitó la suspensión
provisional de los actos administrativos, lo cual afectó el ingreso que venía
percibiendo para subsistir, sin tener en consideración su edad, pues actualmente
tiene 83 años.
Para terminar, indicó que por las situaciones particulares que presenta se debe
priorizar su caso, por lo que acude a la acción de tutela con el fin de que se protejan
sus derechos fundamentales y se ordene la alteración del turno para proferir
sentencia de segunda instancia.
4. Trámite procesal
Por auto de 21 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada -Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”-. Así mismo, se dispuso la vinculación
del Tribunal Administrativo del Huila y de la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones, en calidad de terceros con interés. De igual modo, se
vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo previsto
en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 22827 a
22832 de 26 de febrero de 2025, con el fin de poner en conocimiento de las partes
y terceros el contenido de la providencia1.
1 Índice SAMAI 7.
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5. Oposición
Respuesta de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
La magistrada titular del despacho en el que cursa el trámite del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó que se nieguen las pretensiones
de la demanda. Agregó que según se evidencia en las actuaciones que reposan en
el expediente, el 9 de agosto de 2024 la Secretaría de la Sección Segunda le informó
al actor que el despacho al cual fue asignado el caso tiene a cargo
aproximadamente mil setecientos treinta y siete (1737) expedientes, que deben ser
resueltos en el orden en que ingresan al despacho.
Adicional a lo anterior, indicó que el 7 de octubre de 2024 asumió el despacho como
magistrada y desde dicho momento ha venido adelantando de manera acuciosa el
inventario de los expedientes con el fin de atender los asuntos a la mayor brevedad.
Finalmente, sobre el proceso del accionante refirió que profirió auto por medio del
cual admitió el recurso de apelación, y que una vez en firme tal decisión le sería
asignado un turno en orden de ingreso de conformidad con lo señalado en el artículo
63A de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024, sin
perjuicio de que se analicen las circunstancias particulares del actor y se disponga,
si hay lugar a ello, a la alteración del turno para proferir sentencia, para lo cual
mencionó que se deben cumplir los supuestos previstos en la ley.
6. Terceros con interés
6.1. Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones
La directora de Acciones Constitucionales rindió informe en el que pidió la
desvinculación del trámite, por considerar que carece de competencia para atender
las pretensiones de la demanda. Respecto a la mora judicial alegada mencionó que
no se demuestra la vulneración de los derechos fundamentales del actor, debido a
que no se evidencia que el retardo en la adopción de la decisión obedezca a
dilaciones injustificadas.
6.2. El Tribunal Administrativo de Huila remitió el enlace contentivo del
expediente digital. Sin embargo, no rindió informe en el asunto aun cuando fue
debidamente notificado del auto admisorio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó la
desvinculación del trámite, bajo el argumento de que carece de legitimación en la
causa por pasiva, ya que no tiene competencia para resolver lo pretendido en el
escrito de tutela.
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Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional2, la Sala
negará la solicitud, teniendo en consideración que la entidad fue vinculada a la
acción de tutela en calidad de tercero por tener un interés legítimo en el resultado
del asunto, por tratarse de la demandante en el proceso ordinario del cual se alega
la vulneración.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B” vulneró al demandante los derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas, al mínimo vital y al debido proceso, con la supuesta tardanza
en proferir sentencia de segunda instancia en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado n.º 41001-23-33-000-2017-00593-01.
4. De la mora judicial y la noción de plazo razonable
La mora judicial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del
juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley y
carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un obstáculo
para el acceso a la administración de justicia3.
En efecto, de acuerdo con la sentencia C-279 de 20134 de la Corte Constitucional,
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia comprende
distintos aspectos de cada proceso judicial: (i) el derecho a la acción o de promoción
de la actividad jurisdiccional; (ii) la existencia de mecanismos para la resolución de
conflictos; (iii) la posibilidad de fundamentar las peticiones; (iv) la obtención de una
respuesta de fondo; (v) procedimientos adecuados, idóneos y efectivos; y (vi) que
los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y
en observancia del debido proceso.
Para determinar si existe mora judicial, es preciso analizar la razonabilidad del plazo
y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.
La Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los análisis que se hagan
sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial, “el derecho a un debido
proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos
supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la
organización y funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para establecer
que el retraso es justificado es necesario, además, mostrar que se han intentado
agotar todos los medios que las circunstancias permitan para evitarlo5.
Reiterando el anterior precedente judicial, la Sala Plena de la Corte Constitucional
en la sentencia SU-394 de 20166 indicó que la acción de tutela es procedente
cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada, teniendo
en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho a un debido proceso se
lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo que puede
2
Sentencia T-005 de 2022, en la que señaló “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra
quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
3
Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-00052-01(AC).
4 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
5
Sentencia T-030 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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materializarse un daño que genere perjuicios no subsanables7. La mora judicial
injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento
objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación
y (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los
deberes del funcionario judicial8.
Así mismo, expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida
la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv)
la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el
trámite.
En sentencia T-441 de 20209, la Corte Constitucional acogió dicha postura e indicó
que “el derecho de acceso a la administración de justicia es un bastión del Estado
social de derecho, en cuanto garantía de la efectividad de los principios, derechos
y deberes establecidos en la Constitución. Sin embargo, esta prerrogativa no se
agota en la mera facultad de presentar solicitudes ante las autoridades judiciales,
pues también se extiende a la salvaguarda de obtener decisiones de fondo en las
controversias, las cuales deben ser adoptadas en un término razonable de tal forma
que la respuesta judicial sea oportuna”, lo que implica para el juez de tutela que en
caso de verificar la existencia de mora judicial pueda ordenar la resolución del
asunto en un término perentorio o con observancia de los plazos previstos en la ley.
En conclusión, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial, se
debe realizar una valoración de los aspectos objetivos y subjetivos que rodean la
tardanza. Los primeros se relacionan con la complejidad del asunto y la urgencia de
darle solución. Los segundos se refieren a la actitud de los interesados y la conducta
de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el simple hecho de
sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no configura la mora judicial,
ya que deben analizarse otras circunstancias particulares.
5. Estudio y solución del caso concreto
El señor José Flórez, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo
vital y al debido proceso, con la supuesta tardanza en proferir sentencia de segunda
instancia en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Conforme con las actuaciones que reposan en el Sistema para la Gestión Judicial
• SAMAI, la Sala evidencia que en el referido proceso con radicado n.º 41001-23-
33-000-2017-00593-01 se han proferido, entre otras, las siguientes actuaciones:
• El 16 de noviembre de 2017, la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones promovió demanda contra el señor José Flórez, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo por medio del cual se reconoció la pensión
de sobrevivientes a partir del 1° de febrero de 2016. La misma le correspondió por
reparto al Tribunal Administrativo del Huila.
7
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
8
En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la Sentencia T-230 de 2013, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
9 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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• Por auto de 27 de septiembre de 2018, el Tribunal accionado decretó la medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución n.º GNR
104901 de 14 de abril de 2016, por medio de la cual se reconoció el derecho pensional.
• El 14 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Huila dictó sentencia en la
que negó las pretensiones de la demanda y ordenó levantar la medida cautelar de
suspensión provisional del acto administrativo demandado. La entidad demandante
formuló recurso de apelación contra la citada decisión, el cual fue concedido por auto
de 10 de julio de 2024 y remitido al superior funcional el 17 del mismo mes y año.
• El 24 de julio de 2024, se asignó por reparto el proceso a la Sección Segunda,
Subsección “B” de esta Corporación, que por auto de 28 de febrero del presente año
dispuso admitir el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
• El 19 de marzo de 2025 ingresó al despacho para proferir sentencia de segunda
instancia.
Según se logra extraer de las anteriores actuaciones, el proceso ordinario respecto
del cual se alega la presunta mora judicial fue enviado el 17 de julio de 2024 a la
Sección Segunda de esta Corporación para resolver el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia de primera instancia. El
28 de febrero de 2025, se profirió auto por medio del cual se admitió el recurso de
alzada y el 19 de marzo del presente año ingresó al despacho para dictar sentencia.
Con el informe rendido, la magistrada a cargo del despacho en el que cursa el
proceso ordinario informó que tiene en el inventario aproximadamente mil
setecientos treinta y siete (1737) expedientes, que son resueltos en el orden en que
ingresan al despacho. A ello agregó que el 7 de octubre de 2024, se posesionó en
el cargo de consejera y que ha venido adelantando las acciones necesarias para
resolver los procesos en un plazo oportuno.
Así las cosas, se tiene que el proceso fue recibido en esta Corporación el 24 de
julio de 2024, por lo que al momento en que se presentó la acción de tutela -17 de
febrero de 2025-, habían transcurrido seis meses y veintitrés días, término que si
bien supera el previsto en el artículo 247-7 de la Ley 1437 de 2011 para dictar
sentencia de segunda instancia, no permite concluir que se ha incurrido en mora
judicial ni que se ha desconocido la noción de plazo razonable, por cuanto existen
razones objetivas esgrimidas por la autoridad judicial demandada que justifican la
tardanza en la resolución del caso, entre ellas y la más poderosa, la congestión
judicial verificable que existe actualmente en el despacho judicial. Aunado a ello, se
destaca que en el curso de este trámite constitucional se impulsó la actuación, en
tanto se admitió el recurso de apelación y el proceso ingresó al despacho para
resolver el recurso de apelación.
En este punto, se debe destacar que si bien el accionante solicitó dentro de las
pretensiones la alteración del turno para dictar sentencia de segunda instancia, en
razón a su avanzada edad y estado salud, lo cual solo es procedente en los estrictos
términos que señala la ley, para el momento en que se presentó la acción de tutela
el proceso ordinario tenía pendiente dictar la actuación relacionada con la
concesión del recurso de apelación, razón por la cual la autoridad judicial accionada
informó que, debido a que el recurso de alzada había sido admitido, una vez el
proceso ingresara al despacho haría la asignación del turno con la verificación de
las condiciones especiales que el actor había invocado. Teniendo en consideración
que el proceso judicial ingresó al despacho para dictar la providencia el 19 de marzo
de 2025, será la magistrada ponente, con la debida oportunidad, quien realice el
estudio de los presupuestos para la alteración del turno, sin que ello signifique la
vulneración de los derechos fundamentales.
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Demandante: José Flórez
En ese orden de ideas, para la Sala resulta claro que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”, no vulneró los derechos fundamentales invocados por el
actor con la tardanza en proferir la decisión de segunda instancia, pues según se
vio el lapso que ha transcurrido desde el momento en el que conoció del asunto y
se promovió el mecanismo constitucional no resulta desproporcionado. Sumado a
que existen razones objetivas que justifican que la admisión del recurso de
apelación se hubiese dado el 28 de febrero de 2025, concretamente la cantidad de
asuntos que tiene a su cargo la autoridad judicial accionada por resolver, y que la
magistrada titular tomó posesión del cargo el 7 de octubre de 2024, lo que no
permite colegir su falta de diligencia ni omisión en los deberes funcionales. Por
tanto, no resulta del caso acceder a las pretensiones invocadas por el actor,
relacionadas con la alegada tardanza judicial.
Ahora bien, la Sala resalta que si bien el accionante no propuso dentro de las
pretensiones de la demanda de tutela que se ordene la reanudación del pago de la
pensión de sobrevivientes en razón a que la suspensión provisional de la
Resolución º GNR 104901 de 14 de abril de 2016, se levantó en la sentencia de 14
de mayo de 2024, se procederá a su estudio, en atención a la facultad extra petita10
que reviste al juez de tutela. Sobre este último particular, la Corte Constitucional ha
precisado que “(...) dada la naturaleza de la presente acción, la labor del juez no debe
circunscribirse únicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la
respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la
efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de
los derechos fundamentales”.
En primer lugar, la Sala debe precisar que las medidas cautelares en los procesos
declarativos que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa se
encuentran previstas en los artículos 228 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.
Al respecto, se tiene que la mismas pueden ser decretadas en cualquier etapa del
proceso y que estas pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de
suspensión.
Respecto de la medida cautelar de suspensión, el numeral 3º del artículo 230 de la
ley antes referida dispone que, el juez natural podrá “suspender provisionalmente
los efectos de un acto administrativo”. Esto cuando los requisitos para su concesión
se encuentren superados. Sin embargo, esta decisión puede ser levantada,
modificada o revocada en cualquier estado del proceso, a petición del interesado o
cuando el juez conductor advierta que los supuestos para su decreto ya no se
presentan, o fueron superados11.
En esa medida, la Sala concluye que la medida cautelar de suspensión provisional
de un acto administrativo que está siendo debatido en un proceso declarativo ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puede ser solicitada, decretada,
modificada, revocada y levantada en cualquier estado del proceso. Por tanto, se
entiende que se trata de una actuación independiente, para la cual se ha
establecido un procedimiento específico.
En el caso bajo examen, la Sala evidencia que en el curso del proceso ordinario
con radicado n.º 41001-23-33-000-2017-00593-00, el Tribunal Administrativo del
Huila por auto de 27 de septiembre de 2018 decretó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución n.º GNR 104901
de 14 de abril de 2016, por medio de la cual se reconoció, liquidó y ordenó el pago
de su pensión de sobrevivientes del señor José Flórez.
10 T-115 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Artículo 235 de la Ley 1437 de 2011.
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Demandante: José Flórez
A pesar de lo anterior, con la sentencia de primera instancia dictada el 14 de mayo
de 2024, el Tribunal Administrativo del Huila resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional de los
efectos de la Resolución No. GNR 104901 del 14 de abril de 2016, decretada
mediante auto calendado 27 de septiembre de 2018”.
La anterior decisión fue notificada a las partes el 24 de junio de 202412. El 8 de julio
del mismo año, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
presentó recurso de apelación. En este punto, la Sala destaca que los argumentos
expuestos en el recurso de alzada se limitaron a controvertir la decisión que no
accedió a declarar la nulidad del acto administrativo cuestionado; sin embargo, en
relación con la decisión que ordenó levantar la medida cautelar no hizo ningún
reproche.
Por auto de 10 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Huila concedió el
recurso mencionado contra la decisión que negó las pretensiones de la demanda
que la administradora de pensiones presentó en acción de lesividad.
Así las cosas, para la Sala la administradora de pensiones debió proceder con la
reanudación del pago de la mesada pensional del demandante, a partir de la fecha
de notificación de la sentencia de primera instancia, sin ninguna consideración
adicional, pues se insiste, la medida cautelar ya fue levantada y sobre ella no se
extienden el efecto suspensivo de la decisión que dispuso negar las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de
lesividad. Además, la decisión del levantamiento de la medida cautelar no fue objeto
de algún cuestionamiento en el aludido recurso, por lo que no existe
condicionamiento alguno para proceder con la reactivación del pago de la mesada
del actor.
Ahora, es del caso anotar que en el informe rendido a este trámite constitucional
por la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, entidad
debidamente vinculada a este trámite constitucional, no emitió pronunciamiento
alguno en relación con el estado en que se encuentra la resolución demandada.
Por ende, la Sala entiende que, tal y como lo afirmó el accionante, la misma
continúa suspendida, es decir, la pensión de sobrevivientes reconocida se
encuentra en suspenso, hecho que a todas luces resulta vulneratorio del derecho
fundamental al mínimo vital del señor José Flórez.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que “el mínimo vital es un
derecho fundamental intrínsecamente ligado a la dignidad humana. En esa medida, su
protección y garantía «constituye una precondición para el ejercicio de los derechos y
libertades constitucionales de la persona y en una salvaguarda de las condiciones básicas
de subsistencia, puesto que sin un ingreso adecuado a ese mínimo no es posible asumir
los gastos más elementales, como los correspondientes a alimentación, salud, educación
o vestuario13”.
Lo anterior, sumado a que de las pruebas documentales allegadas al asunto se
tiene demostrado que el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional en razón a su avanzada edad -83 años-. Al respecto, se destaca que
la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional han precisado
que los adultos mayores hacen parte de la categoría de sujetos especialmente
12
Remitida el 19 de junio de 2024 y efectiva el 24 del mismo mes y año, en virtud de lo establecido en el artículo
52 de la Ley 2080 de 2021, por el que se modificó el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011.
13
Corte Constitucional, sentencia T-144 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Demandante: José Flórez
protegidos debido a su edad y a las debilidades que por el avance de esta puedan
generar en el desempeño de algunas funciones y actividades14.
A su vez, el congreso de la República por medio de la Ley 2055 de 2020, aprobó la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, adoptada en Washington D.C. el 15 de junio de 2015, que en
su artículo 6º estableció que “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a
vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros
sectores de la población”.
La Corte Constitucional en la sentencia C-395 de 2021, al realizar el control de
constitucional de la ley antes mencionada y del contenido del convenio
internacional, hizo una valoración sobre la disposición normativa citada y señaló
que de dicho apartado se derivan los siguientes elementos: “(i) los adultos mayores
tienen derecho a que se les garantice efectivamente la vida biológica; (ii) también tienen
derecho a la vida en condiciones de dignidad bajo la consideración especial de que se trata
de personas en la vejez; (iii) esta población tiene derecho a vivir en condiciones de igualdad
respecto del resto de las personas; y (iv) los Estados Parte tienen la obligación de adoptar
las medidas que permitan la materialización de los anteriores 3 mandatos”.
A partir de lo anterior, es factible establecer que el actor en razón a su avanzada
edad goza de una especial protección constitucional que deriva en la adopción de
medidas afirmativas que permitan garantizar una vida en condiciones dignas. En
ese orden de ideas, la Sala evidencia que, desde que el Tribunal Administrativo del
Huila decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos
de la Resolución n.º GNR 104901 de 14 de abril de 2016, el actor no ha contado
con un ingreso que le permita suplir sus necesidades básicas.
Por lo expuesto, la Sala amparará los derechos fundamentales al mínimo vital y a
la vida en condiciones dignas del accionante y ordenará a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, reanude el pago de la pensión
de sobrevivientes reconocida por medio de la Resolución n.º GNR 104901 de 14 de
abril de 2016 y realice el pago de las mesadas dejadas de percibir desde la fecha
en que se notificó la decisión que levantó la medida cautelar de suspensión
provisional -24 de junio de 2024-.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
José Flórez, quien actúa en nombre propio, en relación con la mora judicial
injustificada alegada, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Segundo.- Amparar los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en
condiciones dignas del señor José Flórez, quien actúa en nombre propio. En
consecuencia,
14
T-066 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9
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Radicación: 11001-03-15000-2025-00856-00
Demandante: José Flórez
Tercero.- Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-
que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, proceda a reanudar el pago de la pensión de sobrevivientes
reconocida al demandante por medio de la Resolución n.º GNR 104901 de 14 de
abril de 2016. Este pago deberá hacerse desde la notificación de la sentencia de
primera instancia conforme se expuso en las consideraciones de esta decisión.
Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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