Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2017-00593-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2017-00593-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2017-00593-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de junio de 2025
Radicación: 41001-23-33-000-2017-00593-01 (4193-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José Flórez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2017-00593-01 (4193-2024)1
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
Demandado: José Flórez
Tema: lesividad en sustitución pensional. Subtema 1: cónyuge supérstite. Subtema
2. acto propio en materia pensional. Subtema 3: excepción de inconstitucionalidad de
la expresión «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila, el 14 de mayo de 2024, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
COLPENSIONES solicitó la nulidad del acto administrativo que le reconoció la sustitución
pensional al demandado como cónyuge supérstite de la señora Olga Ramos. En la
demanda señaló que el acto acusado es nulo, debido a que se presentó un tercero
que alegó tener la calidad de compañero permanente y que los documentos aportados
para obtener el reconocimiento pensional eran falsos. El tribunal decidió negar las
pretensiones de la demanda al considerar que el registro civil de matrimonio que se
allegó con la reclamación administrativa en realidad no contenía aun la nota marginal
de la sentencia de divorcio y que no se probó la falsedad de las declaraciones
extraprocesales sobre la convivencia.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. COLPENSIONES, mediante apoderado judicial, presentó demanda2, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con las siguientes
pretensiones:
1 Expediente híbrido: conformado simultáneamente por documentos físicos y electrónicos, que, a pesar de estar
separados, forman una sola unidad documental por razones del proceso, trámite o actuación. Acuerdo PCSJA20-
11567 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
2 10 de noviembre de 2017.
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Demandante: Colpensiones
Demandado: José Flórez
(i) Se declare la nulidad de la Resolución GNR 104901 del 14 de abril de 2016,
dictada por COLPENSIONES, que ordenó el reconocimiento y pago de una sustitución
pensional al señor José Flórez, en la calidad de cónyuge supérstite de la señora Olga
Ramos de Flórez.
(ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó se declare que el señor José
Flórez no tiene derecho a la sustitución pensional, y que se ordene el reintegro de los
valores pagados con ocasión del reconocimiento legal, debidamente indexados y
sobre las cuales se deben causar intereses3.
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. El Instituto Colombiano de Seguros Sociales le reconoció una pensión de vejez
a la señora Olga Ramos de Flórez, a través de la Resolución 4406 del 11 de enero de
1995. El 7 de marzo de 2016, el señor José López solicitó el reconocimiento de la
sustitución pensional, dado que la jubilada había fallecido. En respuesta,
COLPENSIONES accedió a lo pedido en la Resolución GNR 104901 del 14 de abril de
2016 y concedió la pensión en el 100%, como cónyuge sobreviviente.
4. Por otra parte, el señor Dagoberto Casanova Rodríguez solicitó el
reconocimiento de la sustitución pensional, pero COLPENSIONES en la Resolución GNR
353994 del 23 de noviembre de 2016 negó la reclamación.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 1, 4, 13, 29 y 48.
Ley 100 de 1993.
Ley 797 de 2003.
6. Al explicar el concepto de violación, COLPENSIONES expuso que, a través de la
Resolución GNR 104901 del 14 de abril de 2016, reconoció la sustitución pensional al
señor José Flórez; sin embargo, explicó que existe una situación sobreviniente, toda
vez que posteriormente el señor Dagoberto Casanova Rodríguez solicitó el
reconocimiento en la calidad de compañero permanente. Por ello, destacó que la
continuación del pago pensional al señor José Flórez podría constituir en
enriquecimiento sin justa causa.
2.2. Medida cautelar
7. En el mismo escrito de la demanda, COLPENSIONES solicitó la suspensión
provisional de los efectos de la resolución demandada con fundamento en que es
contraria a derecho, puesto que existe una controversia entre el cónyuge y el
compañero permanente que debe ser dirimida por la jurisdicción. Así, resaltó que, si
3 Folios 3 a 18 del cuaderno principal.
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Demandado: José Flórez
bien COLPENSIONES realizó el reconocimiento pensional de buena fe, al no suspenderse
la resolución se genera un riesgo para el erario.
2.3. Contestación de la demanda
8. José Flórez, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda.
Indicó que al solicitar el reconocimiento de la sustitución pensional anexó toda la
documentación requerida, la cual no ha sido tachada de falsa, puesto que realmente
estaba casado con Olga Ramos de Flórez, con quien tenía relaciones interpersonales,
«toda vez que la visitaba periódicamente, la llamaba y permanecía pendiente de ella,
ya que durante los últimos años la señora Olga Ramos venía padeciendo quebrantos
de salud que la llevaron por último a su fallecimiento».
9. Relató que Santiago González Ramos, hijo de la causante, envió un escrito a
COLPENSIONES para informar que durante más de 16 años el compañero permanente
de su madre era Dagoberto Casanova Rodríguez. Afirmación frente a la cual el
demandado indicó que es falsa, toda vez que habría sido beneficiario del servicio de
salud durante todo ese tiempo; no obstante, existe prueba de que solamente unos
meses antes de fallecer Olga Ramos lo incluyó como beneficiario, «esto con el fin de
lograr lo que hoy pretenden como es el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, la que como se mencionó anteriormente pararía a manos del señor
Santiago González Ramos».
10. Por consiguiente, señaló que mientras no se demuestre que José Flórez actuó
de forma irregular para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional, sería
improcedente acceder a las pretensiones de la demanda, ya que se violaría el derecho
al debido proceso del pensionado.
11. Por otra parte, señaló que Dagoberto Casanova Rodríguez hasta la fecha no ha
demandado ante la jurisdicción para solicitar el reconocimiento de la sustitución
pensional.
12. Adujo que, por iniciativa de Santiago González Ramos, hijo de la causante, se
promovió un proceso de divorcio en el Juzgado Cuarto de Familia «que por algún
motivo se tramitó con especial prontitud». Asimismo, resaltó que para la época en la
que se adelantó dicho proceso, la pensionada padecía de una enfermedad grave que
la hacía inconsciente de sus actos, prueba de ello es que no asistió a las audiencias
por encontrarse hospitalizada.
13. El accionado indicó que se enteró solamente con la notificación de la demanda
de «todas las artimañas llevadas a cabo por un hijo de la fallecida Olga Ramos de
Flórez para dilapidar los bienes de la sociedad conyugal y en especial para hacerse a
la pensión de sobrevivientes utilizando la persona que está reclamando y
posteriormente obligarlo a entregar su valor».
14. En último lugar, precisó que la mesada pensional era su único ingreso para
subsistir y que se comprometería su mínimo vital, dado que se trataba de un adulto
mayor con más de 75 años con incapacidad para trabajar4.
4 Folios 68 a 76 del cuaderno principal.
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2.4. Trámite procesal en primera instancia
15. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante auto del 27 de septiembre de 2018,
decretó la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de
la Resolución GNR 104901 del 14 de abril de 2016. El tribunal consideró que existían
serias dudas sobre a quién le correspondería recibir la pensión. Entonces, con el
propósito de evitar un pago de lo no debido, lo procedente era la suspensión
provisional de los efectos de la resolución acusada, máxime cuando el señor Flórez al
momento de solicitar la sustitución pensional, el 7 de marzo de 2016, se encontraba
divorciado de la señora Olga Ramos, según sentencia del 21 de octubre de 2013, del
Juzgado de Familia de Descongestión de Neiva5. Esta decisión no fue apelada.
16. En la audiencia inicial celebrada el 7 de julio de 2021, se fijó el litigio en el sentido
que se limitaría a establecer la legalidad de la Resolución GNR 104901 del 14 de abril
de 2016. El tribunal resaltó que «no se efectuará análisis alguno sobre la relación que
el señor Dagoberto Casanova Rodríguez mantenía con la causante, comoquiera que
la entidad demandada mediante Resolución No. GNR 353994 del 23 de noviembre de
2016 […] resolvió negar el reconocimiento y pago de una sustitución pensional […]
acto administrativo que puede ser objeto de demanda a través del ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que ante un Juez de la
República acredite el mejor derecho, para que se le reconozca la sustitución pensional
a su favor, situación que examinada la página de la web de la Rama Judicial en
consulta de procesos, no se evidencia proceso alguno iniciado por el señor Casanova
Rodríguez»6(sic).
17. Posteriormente, en auto del 24 de julio de 2019, el tribunal negó la solicitud de
vinculación como coadyuvante del señor Dagoberto Casanova por haberse realizado
de manera extemporánea. Decisión que fue confirmada en auto del 22 de agosto de
20197.
2.5 . Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 14 de mayo de 2024,
negó las pretensiones de la demanda y levantó la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos de la Resolución GNR 104901 del 14 de abril de 2016,
decretada mediante auto del 27 de septiembre de 2018 (sin condena en costas). La
decisión se fundó en los siguientes argumentos:
19. COLPENSIONES solicitó la nulidad de la Resolución GNR 104901 del 14 de abril de
2016, que reconoció una sustitución pensional al señor José Flórez, en calidad de
cónyuge supérstite de la señora Olga Ramos de Flórez. El fundamento de la demanda
radicó en la existencia de una controversia sobre la condición de beneficiario del señor
Flórez, toda vez que el señor Dagoberto Casanova Rodríguez también alegó tener
derecho a la prestación en calidad de compañero permanente de la causante, lo que,
a juicio de la entidad, tornaría el acto administrativo en contrario a derecho.
5 Folios 45 a 49 del cuaderno de medidas cautelares.
6 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 014.
7 Folios 195 a 196 y 205 a 206.
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20. El tribunal precisó que el objeto del litigio se limitó a determinar solamente la
legalidad del acto administrativo acusado, en punto, del derecho pensional del señor
José Flórez, y no a dirimir la posible titularidad del señor Dagoberto Casanova
Rodríguez, a quien la entidad le negó la sustitución pensional en la Resolución GNR
353994 del 23 de noviembre de 2016. El tribunal señaló que este último no demandó
ante la jurisdicción el reconocimiento pensional.
21. En relación con la actuación del señor Flórez, el tribunal constató que al momento
de presentar su solicitud (marzo de 2016), el registro civil de matrimonio que aportó
(expedido el 25 de febrero de 2016) no contenía nota marginal alguna sobre la
cesación de efectos civiles del matrimonio ni sobre la liquidación de la sociedad
conyugal, pese a que existía una sentencia de divorcio de fecha 21 de octubre de 2013,
proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva. Al respecto, advirtió que en el
proceso de divorcio aquél fue representado por un curador ad litem, dado que en la
demanda se indicó que se desconocía su paradero.
22. Explicó que la sentencia de divorcio solo fue inscrita en el registro civil de
matrimonio el 22 de julio de 2016, por lo que no era exigible al señor Flórez
conocimiento previo de la sentencia al momento de presentar su solicitud pensional.
23. Adicionalmente, el señor Flórez allegó declaraciones extraproceso rendidas bajo
juramento ante notario, en las que se afirmaba la convivencia permanente e
ininterrumpida con la causante desde la fecha de su matrimonio (1975) hasta su
fallecimiento (diciembre de 2015). Estas declaraciones no fueron controvertidas ni
tachadas de falsas dentro del presente proceso.
24. Respecto a la autenticidad de la firma de la señora Olga Ramos de Flórez en el
poder conferido para tramitar el divorcio, se practicó prueba pericial grafológica por
parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación. No obstante, el informe pericial fue
inconcluso, pues no se logró establecer con certeza la autoría de las firmas
cuestionadas, debido a la falta de «coetaneidad entre las muestras dubitadas» (de
2013) y las comparativas (de 1995), así como por la imposibilidad de obtener material
gráfico adicional de la causante.
25. Finalmente, se destacó que la propia entidad demandante, en el acto
administrativo mediante el cual negó la sustitución pensional al señor Casanova
Rodríguez, reconoció que la disolución del matrimonio no desvirtuaba necesariamente
la convivencia efectiva entre la causante y el señor Flórez, y que, existiendo
controversia entre ambos, debía acudirse a la jurisdicción ordinaria para definir el
derecho en sede judicial.
26. En virtud de lo anterior, la Sala concluyó que no se configuraron los presupuestos
para declarar la nulidad del acto acusado, por cuanto no se acreditó que el
reconocimiento de la sustitución pensional al señor José Flórez se hubiera basado en
información falsa, que hubiera actuado con dolo o fraude, ni que el acto fuera
abiertamente contrario a derecho. Por tanto, se denegaron las pretensiones de la
demanda.
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27. No impuso la condena en costas, toda vez que a juicio del tribunal no existe
prueba que acredite que la demanda se presentó con manifiesta carencia de
fundamento legal8.
2.4. Recurso de apelación
2.4.1. Parte demandante
28. COLPENSIONES, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, para que se revoque y en su lugar se acceda a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:
29. Al demandado se le reconoció el derecho pensional sin que acreditara todos los
requisitos legales, toda vez que aportó documentos que carecían de información real
lo que conllevó a que la administración actuara de buena fe. Así, de acuerdo con las
pruebas recaudadas concluyó que el accionado hizo incurrir en error a la
administradora de pensiones.
30. Refirió que el reconocimiento pensional irregular se demostró en el proceso a
partir de las inconsistencias en la prueba testimonial, de donde claramente se concluye
que el accionado no tiene derecho a la sustitución pensional, ya que no acreditó el
requisito de 5 años de convivencia con la causante previos al fallecimiento.
31. En criterio de la entidad, existió fraude en el reconocimiento de la sustitución
pensional, en tanto, la administradora otorgó la prestación bajo supuestos falsos,
conducta que tipifica los delitos de estafa agravada, fraude procesal y obtención de
documento público falso. En este sentido, señaló que «hay indicios que nos llevan a
concluir que se allegaron pruebas con el escrito de tutela (sic) que carecen de
veracidad, como lo son las declaraciones extrajudiciales los cuales contienen
documentos con información falsa». Así «el fraude cometido por el demandado al
allegar documentos carentes de veracidad» conlleva a que se deba declarar la nulidad
del acto que reconoció la sustitución pensional9.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
32. Mediante auto del 28 de febrero de 202510, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, e indicó que no había
solicitudes probatorias que debieran ser resueltas.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
33. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
8 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 112.
9 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 115.
10 Samai, índice 17.
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del CPACA.
34. El artículo 26 de la Ley 2430 de 202411 reguló el orden y prelación de turnos para
tramitar y fallar los procesos sometidos a conocimiento de la jurisdicción con sujeción
al orden cronológico de turnos.
35. Ahora bien, el 1 de noviembre de 2024, el demandado solicitó que se dé prelación
al proceso dado que inició en el año 2017 y padece una difícil situación económica
encontrándose en riesgo su mínimo vital12. Luego, en escrito del 22 de mayo de 2025,
COLPENSIONES solicitó el impulso procesal13. Por tanto, debido a la situación precaria
invocada por el demandado, se procede a definir el fondo del asunto, dado que el
proceso ingresó para fallo el 19 de marzo de 2025.
3.2. Cuestión previa
36. Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un nuevo
esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y las de
naturaleza perentoria. En punto de la caducidad, como excepción perentoria, existen
dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución, a saber: i) en cualquier
estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el juzgador la
encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral 3 del
CPACA14); y ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA15), oportunidad esta
última en la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que encuentre probada16.
37. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley
11 «Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras
disposiciones».
12 Samai, índice 12.
13 Samai, índice 22.
14 «ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […].
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la
transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»
15 «ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […].
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]».
16
Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-
2019-02462-01 (2648-2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que
el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró
que las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la
causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en
el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado del
proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem
señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada.
En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no
pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se
declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral
tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o
demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina de fondo las
pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA».
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2381 de 2024 se introdujo una importante modificación, por la cual se establece un
término de caducidad, frente a las demandas que la administración formula contra sus
propios actos de reconocimiento pensional.
38. Bajo estos supuestos, y teniendo en cuenta que en este asunto no hay lugar a
emitir una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que dicho
término no resulta aplicable al caso concreto, como se explicará más adelante, le
corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que al encontrase el proceso al despacho para dictar
sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del CPACA,
resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente encuentre
probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el
control de legalidad y saneamiento del proceso.
39. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 años
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación.
Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:
«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no
podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando
se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas
y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas,
y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso extraordinario de revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a
partir de la vigencia de esta ley.» [destacado fuera del texto]
40. Visto lo anterior, se tiene que, en el caso concreto, Colpensiones solicita la nulidad
de la Resolución GNR 104901 del 14 de abril de 2016, por medio de la cual reconoció
una sustitución pensional hace más de 9 años, por lo que es necesario establecer si
hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad, sin perder de vista las reglas
previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de tránsito legislativo, tratándose de
leyes que regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los juicios.
41. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas» se considera de aquellas
normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades
propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación en el tránsito legislativo
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anunciado es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 17.
42. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.
43. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun frente a
cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación
y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a
contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de
control.
44. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron
la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX,
siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículos
1, 2, 4, 5, 6 y 8318. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153 de 1887
en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las reglas
previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que contribuye a la
interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento
jurídico vigente.
45. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del literal c, del artículo 164 del
CPACA, dado que, al momento de su formulación era la disposición que en materia de
oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente y en la cual, vale la
pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad alguno.
46. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
17 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [destacado fuera del texto].
18 «La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado
que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
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acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.
47. En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar
sus propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que la titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.
48. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en sentencia
C-1049 de 200419, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».
49. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigencia
de la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
formuladas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
corresponde al juez de lo contencioso - administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.
50. En estos términos, la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la CP y los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad
jurídica20, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la Constitución
Política21 dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En consecuencia, para el
caso concreto, no resulta aplicable el término de caducidad establecido en el artículo
86 ibidem, por lo que se procederá con el estudio del recurso de apelación formulado
por la parte demandante contra la sentencia proferida el 14 de mayo de 2024, por el
Tribunal Administrativo del Huila.
3.3. Problema jurídico
51. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, y teniendo en
cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
19
En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista
en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
20 En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso
debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política». (Destacado fuera
del texto).
21 «ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
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instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso,
corresponde a la Sala definir si:
52.¿Es nulo el acto de reconocimiento de la sustitución pensional, porque el
demandado, quien alegó la calidad de cónyuge supérstite, indujo en error a la
administración mediante la utilización de documentos falsos?
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
53. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,
modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la
pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional, los miembros del grupo familiar
del beneficiario de la prestación que fallezca, en el siguiente orden:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y
haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad
a su muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido».
54. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional «es la
protección de la familia, entendida como el conjunto de personas allegadas al
trabajador que dependían económicamente de él y que quedan desamparadas a
causa de su fallecimiento»22. En consonancia, la Corte Constitucional ha precisado
que la finalidad de la sustitución pensional en general es propender por salvaguardar
o mantener el nivel de vida que tenía el beneficiario antes del deceso del pensionado 23.
55.Ahora bien, en cuanto la norma que rige el derecho pensional, la Sección Segunda,
en sentencia del 25 de abril de 201324, precisó que «el derecho a la pensión de
sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado». Por tanto, la
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-
23-31-000-2010-00983-01(3178-15).
23 Sentencia T-085 de 2021.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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Sección estableció que «rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29 de
201025 y noviembre 1º de 201226, en las que, en materia de sustitución pensional se
aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio
de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal
figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior».
56. Por otra parte, la jurisprudencia también ha abordado el requisito de convivencia
en el contexto de la sustitución pensional. Así se ha determinado que debe ser
examinada según las particularidades relevantes de cada caso en concreto. Por ello,
aun en los eventos en que los cónyuges o compañeros no están juntos en el mismo
techo, por motivos de salud, trabajo o fuerza mayor, ello no conduce obligatoriamente
a establecer que desaparece la comunidad de vida, siempre y cuando continúen los
lazos afectivos de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua27.
57. Asimismo, esta corporación ha explicado que incluso la cónyuge separada de
hecho con sociedad conyugal vigente tiene derecho a la sustitución pensional, en
atención a que el legislador ponderó los criterios de sociedad patrimonial existente y
convivencia efectiva, siempre y cuando haya existido convivencia por 5 años, así28:
El artículo 4729 de la Ley 100 de 1993 en el inciso 3 del literal b) reguló, en la segunda
parte, quién es el beneficiario de la pensión de sobrevivientes cuando en los últimos
cinco años, antes del fallecimiento del causante en los siguientes términos: “no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge
con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.
La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de esta norma en la sentencia C-336
de 201430, en donde se determinó que el precepto en comento no viola el derecho a la
igualdad de la compañera permanente que debe compartir la pensión de sobrevivientes
25 Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la que
se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar
de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
26 Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que se
reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de
que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas
Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo
problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de
1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no
tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento
aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de
discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así
se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio constitucional de la sostenibilidad
financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión
tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-65192017 (57055), del 10 de mayo de 2017,
M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, proceso con radicado
19001-23-33-000-2013-00214-01 (1392-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
29 Modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
30 M.P. Mauricio González Cuervo.
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con la cónyuge separada de hecho, pues no se está frente a idénticos supuestos
fácticos, pues la cónyuge con sociedad conyugal vigente y que no convivía al momento
de la muerte con el causante, y la última compañera permanente, pertenecen a grupos
diferentes. A este respecto se retomó la jurisprudencia constitucional que indica la
diferenciación existente entre el matrimonio y la unión marital de hecho.
Se explicó que la separación de hecho, aunque suspenda la convivencia y el apoyo
mutuo, no limita los efectos de la sociedad patrimonial conformada en razón del
matrimonio, de ahí que no nazca a la vida jurídica la sociedad patrimonial de hecho
entre compañeros permanentes. Así, se expone en la providencia que el legislador en
la norma demandada “ponderó los criterios de la sociedad patrimonial existente entre
los consortes y la convivencia efectiva consolida (sic) con antelación al inicio de la unión
marital de hecho, mediante la asignación de una cuota parte de la pensión”31.
Resaltó la Corte que es constitucionalmente justificada la medida adoptada “en tanto
que ambos beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de
hecho- cumplen con el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos
patrimoniales de cada institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo
efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta efectos a la sociedad
patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese
a que el de cujus conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero
permanente, la sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la
del matrimonio.”
58. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de abril de
201832, consideró que «en tratándose de la relación del afiliado o pensionado con su
cónyuge, esta corporación ha defendido el criterio según el cual la convivencia por un
lapso no inferior a 5 años puede ocurrir en cualquier tiempo, siempre que el vínculo
matrimonial se mantenga intacto», con fundamento en los siguientes argumentos:
Entonces la convivencia de 5 años con el cónyuge con lazo matrimonial vigente, puede
darse en cualquier tiempo, así no se verifique una comunidad de vida al momento de
la muerte del (la) afiliado (a) o pensionado (a), dado que: (i) el legislador de 2003 tuvo
en mente la situación de un grupo social, integrado a más de las veces por mujeres
cuyos trabajos históricamente han sido relegados al cuidado del hogar y que, por
consiguiente, podían quedar en estado de vulnerabilidad o inminente miseria ante el
abandono de su consorte y su posterior deceso; (ii) esta dimensión sociológica debe
servir de parámetro interpretativo, a modo de un reconocimiento que la seguridad social
hace a la pareja que durante largo periodo contribuyó a la consolidación de la pensión,
mediante un trabajo que hasta hace poco no gozaba de valor económico o relevancia
social; y (iii) es lógico pensar que si con arreglo al último inciso del literal b) del artículo
13 de la Ley 797 de 2003, en los eventos de convivencia no simultánea, el cónyuge
separado de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en forma compartida,
también debe tener derecho a esa prestación ante la inexistencia de compañero (a)
permanente.
59.Igualmente, la Sección Segunda, Subsección A33 del Consejo de Estado determinó
que en los eventos de inexistencia de la convivencia simultánea y cuando está vigente
31 Ídem.
32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL1399-2018, radicación 45779, M.P. Clara Cecilia
Dueñas Quevedo.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2024, proceso con
radicado 54001-23-33-000-2019-00096-01 (2191-2024), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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la sociedad conyugal, el cónyuge supérstite tiene derecho a la sustitución pensional,
acorde con el inciso 3, literal b, del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, «siempre que acredite la vida en común con el
consorte durante al menos 5 años en cualquier momento»34.
60. En otras palabras, a modo de síntesis es dable afirmar que el requisito de
convivencia para que el cónyuge sea beneficiario de la sustitución pensional o de la
pensión de sobrevivientes, obliga a un análisis de las particularidades de cada caso, y
que incluso para el cónyuge separado de hecho la convivencia puede ser de 5 años
en cualquier tiempo.
3.5. Hechos probados relevantes
61. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
62. La señora Olga Ramos nació el 11 de febrero de 1940, como consta en la cédula
de ciudadanía35, y falleció el 29 de diciembre de 201536. A su vez, el señor José Flórez
nació el 20 de enero de 194837. Y, Dagoberto Casanova Rodríguez nació el 8 de
septiembre de 1975, según el documento de identificación38.
63. El 21 de marzo de 1975, la señora Olga Ramos contrajo matrimonio con José
Flórez, según lo acredita el registro civil de matrimonio, con número de serial 4059966,
celebrado en la parroquia San José de Neiva; el documento tiene fecha de
autenticación del 25 de febrero de 2016, además cuenta con el sello de COLPENSIONES
en el que se indica «certifica que este documento es fiel copia del que reposa en el
archivo de la entidad»39. A su vez, el documento no contiene la nota del divorcio del
matrimonio católico40.
64. También obra otra copia del registro civil de matrimonio, con número de serial
4059966 y sello de autenticación en la Notaría de Neiva, del 22 de julio de 2016 (este
documento fue aportado por Dagoberto Casanova Rodríguez con la solicitud de
reconocimiento pensional ante COLPENSIONES, entidad que a su vez lo aportó al
proceso), con la siguiente nota manuscrita:
Cesación de los efectos civiles del matrimonio católico y disuelta la sociedad conyugal
34
Frente a la postura de la Corporación sobre la vigencia de la sociedad patrimonial para efectos de hacerse
beneficiario del derecho. Ver: sentencia del 23 de septiembre de 2015. Expediente: 25000-23-25-000-2008-00580-
01(3789-13); del 24 de agosto de 2016. Expediente: 11001-03-15-000-2016-01576-00 (AC); del 25 de abril de 2024.
Expediente: 25000 23 42 000 2017 04554 01 (1853-2021).
35 Folio 15, cuaderno de pruebas 2.
36 Folio 140 del cuaderno principal.
37 Folio 139.
38 Folio 145 del cuaderno principal.
39 Folio 136 vuelto del cuaderno principal.
40 Decreto Ley 1260 de 1970. ARTICULO 72. <REGISTRO DE LA NULIDAD, SEPARACIÓN DE CUERPOS O DE
BIENES Y DIVORCIO. En el folio de registro de matrimonios se inscribirán las providencias que declaren la nulidad
del matrimonio o del divorcio, o decreten la separación de cuerpos o la de bienes entre los cónyuges, en vista de
copia auténtica de ellas, que se conservará en el archivo de la oficina. El funcionario del registro del estado civil
que inscriba una de tales providencias enviará, de oficio, o a solicitud de parte, sendas copias de la inscripción a la
oficina central y a aquéllas que tengan el folio del registro del nacimiento de los cónyuges.
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Demandado: José Flórez
según sentencia de fecha 21 de octubre de 2013, proferida por el Juzgado Cuarto de
Familia de Neiva – Huila, inscrita al libro de varios de esta Notaría […] folio 0037 de fecha
22 de Julio de 2016, Neiva-Huila, julio 22 de 2016. Notario segundo de Neiva.
Terminación del proceso de liquidación de la sociedad conyugal, por inexistencia de
bienes según sentencia de fecha 30 de abril de 2014, proferida por el Juzgado de Familia
de Descongestión de Neiva – Huila, inscrito al libro de varios de esta Notaría […] de fecha
22 de Julio de 2016.
65.Mediante la Resolución 4406 del 11 de enero de 1995, el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez a la señora Olga Ramos de Flórez41.
66. El señor José Flórez, en escrito del 7 de marzo de 2016, solicitó ante COLPENSIONES
el reconocimiento de la sustitución pensional. Pensión que fue otorgada en la
Resolución GNR 104901 del 14 de abril de 2016, a partir del 1 de febrero de 2016 42.
Al trámite se aportaron los siguientes documentos:
-Registro civil de defunción
-Registro civil de matrimonio
-Registro civil de nacimiento43 y partida de bautizo
-Documento de identidad del solicitante
-Declaraciones extrajuicio del solicitante y de terceros
67. También obran las declaraciones extraprocesales aportadas por el señor José
Flórez a COLPENSIONES para obtener el reconocimiento pensional, rendidas por Abel
Motta Patiño y Álvaro Quintero Camacho. Allí indicaron que era un hecho cierto y
verdadero que conocieron a la señora Olga Ramos quien estuvo casada durante 41
años con José Flórez44.
68. En la declaración extraprocesal del señor José Flórez ante notario afirmó que era
un hecho cierto y verdadero el matrimonio católico celebrado el 21 de marzo de 1975
en la parroquia de San José de Neiva, con la señora Olga ramos, con quién convivió
en forma permanente e interrumpida hasta el día de su fallecimiento, el 29 de diciembre
de 201545.
69.El señor Dagoberto Casanova Rodríguez solicitó, el 8 de agosto de 2016, ante
COLPENSIONES el reconocimiento de la sustitución pensional, en la calidad de
compañero permanente de Olga Ramos, para lo cual aportó registro civil de
matrimonio de José Flórez y Olga Ramos con nota marginal del 22 de julio de 201646.
70. En providencia del 30 de abril de 2014, el Juzgado de Familia en descongestión
de Neiva (Huila), en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, en la parte
motiva indicó que mediante sentencia del 21 de octubre de 2013, fue declarada
disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal constituida entre Olga Ramos
41 Folio 8 del cuaderno 2 de pruebas.
42 Folios 19 a 21 del cuaderno principal.
43 Registro civil de nacimiento del señor José Flórez.
44 Folio 137 vuelto del cuaderno principal.
45 Folio 137 del cuaderno principal.
46 Folios 27 a 32 del cuaderno principal.
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y José Flórez, como consecuencia del divorcio decretado47».
71. A través de escrito con sello de radicación ante COLPENSIONES del 25 de mayo de
2016, el señor Dagoberto Casanova Rodríguez, en ejercicio del derecho de petición
solicitó que se informaran las razones por las cuales estaba dando trámite a la solicitud
de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al señor José Flórez, y que se
suspendiera de inmediato el trámite pensional. Como sustento de la petición indicó que
José Flórez no convivía desde hacía más de 10 años con la pensionada y que existía
disolución y liquidación de la sociedad conyugal48.
72. COLPENSIONES en la Resolución GNR 353994 del 23 de noviembre de 2016 negó
la sustitución pensional al señor Dagoberto Casanova Rodríguez con fundamento en
que si bien allegó nuevos documentos sobre que el matrimonio había sido disuelto en
el año 2013, también era cierto que «con dichos documentos no se desvirtúa la
convivencia entre los mismos [José Flórez y Olga Ramos], conforme las declaraciones
juramentadas por el señor José Flórez, en las cuales se indica que convivió con la
causante hasta la fecha de fallecimiento de la misma»49.
73. Al plenario se aportó el proceso 2013-0234-00 que cursó en el Juzgado Cuarto de
Familia de Neiva, el cual dictó sentencia el 21 de octubre de 2013 y decretó el divorcio
del matrimonio católico entre Olga Ramos de Flórez y José Flórez por la causal de
separación de cuerpos por más de 2 años50.
74. En audiencia de pruebas del 8 de septiembre de 2021, en el proceso de la
referencia, se practicó el testimonio del señor Hernando Pulecio, quien declaró sobre
la convivencia entre José Flórez y Olga Ramos51.
3.6. Caso concreto
75. En el asunto bajo análisis, COLPENSIONES solicita la nulidad de la resolución que
le reconoció una sustitución pensional a José Flórez, como cónyuge supérstite de Olga
Ramos. Como fundamento de la demanda, sostuvo que el acto acusado es contrario
a derecho, debido a que un tercero alega la calidad de compañero permanente, por
consiguiente, el pago de la mesada constituye un enriquecimiento sin justa causa.
76. El Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda al
considerar que cuando José Flórez pidió el reconocimiento de la sustitución pensional
en el mes de marzo de 2016, aportó un registro civil de matrimonio expedido el 25 de
febrero de ese año, que no contenía la nota marginal del divorcio, puesto que la
sentencia de divorcio fue inscrita el 22 de julio de 2016. Además, en el proceso no
fueron tachadas de falsas las declaraciones extraprocesales aportadas por José Flórez
ante la administradora de pensiones.
77. Inconforme con esta decisión, COLPENSIONES interpuso recurso de apelación
dado que los documentos aportados por José Flórez carecían de información real,
47 Folios 158 a 163 del cuaderno principal.
48 Folios 146 a 149 del cuaderno principal.
49 Folios 27 a 33 del cuaderno principal.
50 Samai, índice 2, expediente electrónico, doc. 037.
51 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 026.
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existieron inconsistencias en la prueba testimonial, la pensión se reconoció bajo
supuestos falsos y se configuraron los delitos de estafa agravada, fraude procesal y
obtención de documento público falso.
78. Ahora bien, con el objeto de desatar el recurso de apelación se destaca que en
el proceso se probó que José Flórez y Olga Ramos se casaron el 21 de marzo de
1975; mediante sentencia del 21 de octubre de 2013, el Juzgado Cuarto de Familia de
Neiva decretó el divorcio del matrimonio católico y declaró disuelta la sociedad
conyugal, pero la inscripción en el registro civil de matrimonio en la Notaría Segunda
de Neiva se realizó el 22 de julio de 2016; Olga Ramos falleció el 29 de diciembre de
2015; COLPENSIONES mediante Resolución GNR 104901 del 14 de abril de 2016
reconoció la sustitución pensional a José Flórez, en la calidad de cónyuge supérstite.
79. Para comenzar es pertinente precisar que el cargo de nulidad en la demanda
se limitó a indicar que el acto de reconocimiento de la sustitución pensional estaba
viciado de nulidad, debido a que Dagoberto Casanova Rodríguez alegó que tenía la
calidad de compañero permanente de la causante, posteriormente a que se otorgara
la pensión a José Flórez. Sin embargo, el tribunal determinó en la audiencia inicial que
no analizaría la relación de Dagoberto Casanova Rodríguez con la jubilada, dado que
el acto que le negó el reconocimiento pensional podía ser demandado, y no se
constataba que hubiese iniciado el proceso. Después, el tribunal negó la solicitud de
coadyuvancia de Dagoberto Casanova Rodríguez, por haberse presentado de forma
extemporánea.
80. Aclarado lo anterior, COLPENSIONES en el recurso de apelación pasó a aducir
que José Flórez incurrió en los delitos de estafa agravada, fraude procesal y obtención
de documento público falso, porque los documentos aportados para el reconocimiento
pensional carecían de veracidad. En este orden de ideas, impera acudir al artículo 167
del Código General del Proceso, según el cual «incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen». Por consiguiente, además de afirmar que el demandado presuntamente
cometió diferentes delitos, la administradora de pensiones tiene la carga de la prueba
de demostrar los elementos típicos de las conductas sancionadas penalmente y que
suponen la falsedad de los documentos aportados en sede administrativa.
81. Igualmente, la entidad alegó en el recurso que existían inconsistencias en la
prueba testimonial, pero no se refirió en concreto a alguna de las declaraciones
extraprocesales o al testimonio del señor Hernando Pulecio. En todo caso, se abordará
lo dicho por el testigo.
82. El señor Hernando Pulecio Ramírez manifestó que conoció a la señora Olga
Ramos de Flórez y tuvo una amistad de más de 40 años con el señor José Flórez,
dado que ambos fueron comerciantes. Agregó que el señor Flórez también fue
vendedor de seguros. Señaló que conoció a la señora Olga Ramos de Flórez debido
a que, en múltiples ocasiones, fue invitado a almorzar a la vivienda ubicada frente al
Hospital General, sobre la carrera 15 (en la ciudad de Neiva).
83. El testigo indicó «con don José Flórez una amistad de más de cuarenta años,
hemos sido comerciantes juntos, […], y también fue vendedor de seguros para mi
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vehículo y a la señora [Olga Ramos] la distinguí porque él muchas veces me llevó a
almorzar a la casa de él, íbamos a almorzar allá donde doña Olga, en una casa en
frente del Hospital, y muchas veces almorzamos allá, en una ocasión me quedé allá
en la casa de ellos».
84. Al ser indagado sobre su conocimiento respecto del hogar conformado por la
señora Olga Ramos y el señor José Flórez, indicó que ellos contrajeron matrimonio en
la iglesia San José de la ciudad de Neiva. No obstante, relató que, hacia el año 1994,
el señor José Flórez le comentó que debía abandonar la vivienda, no por problemas
con la señora Olga, sino debido a amenazas de los hijos de ella. Según el declarante,
dichos hijos le advirtieron que debía dejar la casa (que había sido entregada a la
señora Olga por su anterior esposo) pues, de lo contrario, podría sufrir represalias.
85. A pesar de dicha situación, el declarante señaló que el vínculo entre la señora
Olga y el señor José Flórez continuó, ya que seguían viéndose, salían juntos a
almorzar y mantenían una relación aparentemente normal. Reiteró que el conflicto
surgió únicamente a raíz de las amenazas recibidas por parte de los hijos de la señora
Ramos. Al respecto señaló «conocí que fueron casados […], después me dijo don
Hernando, me toca irme, no tenemos ningún problema con Olga, pero el problema son
los hijos, que me han llegado hasta a amenazar sino me voy de la casa, después, me
dijo me toca buscar un apartamento o una pieza donde dormir».
86. Señaló también que, en algunas ocasiones, prestó apoyo económico al señor
Flórez para el pago del arriendo del apartamento al que se trasladó en 1994. Añadió
que, en una oportunidad, acompañó al señor Flórez a visitar a la señora Olga, quien
había sufrido una fractura de cadera, permaneciendo en el hospital por cerca de un
año, durante el cual él estuvo siempre pendiente de su estado de salud.
87. El testigo indicó que, cuando la señora Olga se casó con el señor José Flórez,
ya tenía hijos menores. Afirmó que la relación del señor Flórez con dichos hijos fue
buena durante su infancia, pues él los ayudó «a salir adelante»; sin embargo, dicha
relación se deterioró con el paso del tiempo.
88. Relató que la salud de la señora Olga Ramos se afectó debido a un accidente
doméstico ocurrido en el baño, lo que provocó su hospitalización prolongada.
Finalmente, afirmó que nunca tuvo conocimiento, ni el señor Flórez le mencionó, sobre
la existencia de conflictos con la señora Olga por causa de una tercera persona.
89. Indicó que la última vez que vio a la señora Olga Ramos fue entre los años 2014
y 2015, cuando el señor Flórez la invitó a almorzar a un restaurante chino. Enfatizó
que no hubo una ruptura del vínculo matrimonial, pues, aunque el señor Flórez salió
de la vivienda por las circunstancias antes descritas, ambos continuaron viéndose, se
mantenían al tanto el uno del otro y se apoyaban económicamente en lo que les era
posible. Añadió que la señora Olga le pedía al señor Flórez que regresara a vivir con
ella, pero él se negó mientras los hijos de ella permanecieran en la casa, ya que no
deseaba exponerse a más conflictos.
90. Como se observa el testigo narra en detalle las condiciones de tiempo, modo y
lugar sobre el matrimonio de José Flórez con Olga Ramos, así como sobre los motivos
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que dieron lugar en el año 1995 a que el demandado pasara a vivir solo, pero
manteniendo la relación sentimental con la pensionada.
91. A pesar de todos los detalles en la narración de Hernando Pulecio, lo cierto es
que la administradora de pensiones no explicó cuáles son las inconsistencias en que
incurrió el testigo, lo que le impide a la Sala tener los elementos de juicio para dar por
acreditada la falsedad reprochada por COLPENSIONES. Máxime cuando en este caso,
la administradora de pensiones demanda su propio acto y se trata de un
reconocimiento pensional a quien en la actualidad tiene 83 años, sujeto de especial
protección constitucional, esta situación que obliga a que la exigencia argumentativa y
probatoria de la entidad tenga la rigurosidad suficiente al grado de llevar al juez al
convencimiento sobre la falsedad de lo narrado por el declarante. Así, en punto de la
demanda del acto propio en materia pensional, la Corte Constitucional ha considerado
que:
El principio de la buena fe, contenido en el artículo 83 de la Carta Política, tiene dos
manifestaciones en el ordenamiento jurídico colombiano: la confianza legítima y el
respeto por el acto propio. La primera de ellas se refiere a la garantía de que las reglas
de juego planteadas por el Estado no van a ser súbitamente alteradas. La segunda, el
respecto por el acto propio, sanciona como inadmisible toda pretensión posterior y
lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto a un comportamiento efectuado
previamente por el sujeto; siempre y cuando entre los actos haya una identidad de
emisor y receptor52.
92. A su turno, la Corte Constitucional ha considerado que las conductas
fraudulentas deben estas fundadas en motivos reales, objetivos y trascendentes, para
lo cual se trae a colación la sentencia T-199 de 201853:
Se recuerda, como ya se dijo, que a pesar de que la medida adoptada por la Fiscalía
Delegada de suspender los efectos jurídicos de los actos suscritos por el acusado era
válida en el marco de la vigencia de la Ley 600 de 2000, no era posible aplicarla pues
aunque la accionada tiene la facultad de revisar actos administrativos que conceden o
reconocen derechos pensionales, esta debe estar fundada en motivos reales, objetivos
y trascendentes, lo que se presentaría en caso de haber sido reconocida la prestación
sin cumplir los requisitos, o con base en documentación falsa54; dichas conductas
fraudulentas, frente a las accionantes nunca fueron ni propuestas, ni investigadas, ni
controvertidas, ni comprobadas, lo que le hubiera permitido a la accionada actuar sin
si quiera contar con el consentimiento de las pensionadas.
93. La entidad administradora de pensiones insiste en que reconoció la pensión con
supuestos falsos, así resalta que «hay indicios que nos llevan a concluir que se
allegaron pruebas con el escrito de tutela (sic) que carecen de veracidad, como lo son
las declaraciones extrajudiciales los cuales contienen documentos con información
falsa». No obstante, tal reparo de la entidad nuevamente carece de precisión,
comoquiera que el presente trámite es un proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho, y no una acción de tutela.
94. Y, en gracia de discusión, si la entidad demandante pretende reprochar las
declaraciones extraprocesales que José Flórez aportó en sede administrativa para
52 Corte Constitucional, sentencia T-208 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
53 Corte Constitucional, sentencia T-199 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
54 Ley 797 de 2003.
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obtener el reconocimiento pensional, la Subsección observa que fueron rendidas ante
notario por Abel Motta Patiño y Álvaro Quintero Camacho. Abel Motta Patiño indicó
que conoció de vista trato y comunicación durante 18 años a la señora Olga Ramos,
quien era casada desde hacía 41 años con José Flórez, con convivencia bajo el mismo
techo, lecho y mesa. A su turno, Álvaro Quintero Camacho relató que conoció durante
aproximadamente 25 años en la calidad de amigo a Olga Ramos, que estaba casada
con José Flórez desde el 21 de marzo de 1975, conviviendo de forma permanente55.
95. No obstante, la entidad demandada no explicó en el recurso de apelación por
cuáles motivos lo narrado por los declarantes era falso. En consecuencia, se insiste
en que por tratarse de una lesividad contra un acto de reconocimiento de una
sustitución pensional (acto propio), más allá de que exista un tercero que alega la
calidad de compañero permanente, la administración tiene la obligación de desvirtuar
la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, y de probar los
supuestos de hecho que soportan la existencia de la falsedad.
96. Nótese que la entidad alega que José Flórez incurrió en las conductas penales de
de estafa agravada, fraude procesal y obtención de documento público falso, pero no
explica detalladamente la configuración de los elementos que tipifican los ilícitos
penales, ni se aportó sentencia que declare la responsabilidad penal.
97. Pues bien, al incumplirse la carga de la prueba, lo alegado en el recurso de
apelación no está respaldado por la demostración de motivos reales, objetivos y
trascendentes, que establezcan de manera fehaciente la falsedad de los documentos
aportados por el demandado para obtener el reconocimiento de la sustitución
pensional.
98. En lo que concierne, al proceso de divorcio consta el expediente 2013-0234-00
que tramitó el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, a partir de cuyo análisis se extrae
la siguiente información56:
i) La demanda fue presentada por Olga Ramos, a través de apoderada, y en el
aparte de notificaciones se indicó «el demandado, el señor José Flórez, no se
conoce su domicilio ni residencia, por lo que solicito se emplace». El poder fue
firmado por la pensionada el 4 de mayo de 2013.
ii) En auto del 8 de mayo de 2013, el juzgado admitió la demanda y ordenó el
emplazamiento de José Flórez. El emplazamiento se publicó el domingo 2 de junio
de 2013, en el periódico El Tiempo. El 9 de julio de 2013, se notificó el curador ad
litem para representar al demandado.
iii) En audiencia del 5 de septiembre de 2013, la actora no asistió porque estaba
incapacitada debido a un accidente que sufrió en su casa, en el que se fracturó la
cadera, y el demandado estaba representado por curador ad litem. Se dispuso la
práctica de interrogatorio de la parte demandante para el 16 de octubre de 2013.
Sin embargo, Olga Ramos no asistió en razón de sus quebrantos de salud. Por
este motivo, la apoderada le solicitó al juzgado que dictara sentencia.
55 Folio 137 vuelto del cuaderno principal.
56 Samai, índice 2, expediente electrónico, doc. 037.
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iv) Obra la certificación de la Clínica Medilaser del 18 de septiembre de 2013, con
el siguiente diagnóstico de Olga Ramos: Osteomielitis no especificada, diabetes
mellitus insulodependiente con complicaciones no especificadas, delirio no
especificado, hipertensión arterial, enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia
renal, infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis articular interna, prótesis
de cadera derecha convaleciente consecutiva a cirugía.
v) El 21 de octubre de 2013, el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva celebró
audiencia de fallo en la cual se presentó la abogada de la parte demandante. En
esta diligencia «decretó el divorcio del matrimonio católico» entre Olga Ramos de
Flórez y José Flórez por la causal de separación de cuerpos por más de 2 años.
Asimismo, declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal y se
declaró suspendida la vida en común de los cónyuges divorciados.
vi) En oficio del 28 de octubre de 2013, el secretario del juzgado solicitó al
registrador del estado civil de Chaparral (Tolima) que hiciera la anotación
pertinente de la sentencia de divorcio en el registro civil de nacimiento de Olga
Ramos. Además, ofició a la Notaría Segunda de Neiva para que hiciera la
anotación en el registro civil de matrimonio.
99. Si bien, el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva decretó el divorcio del matrimonio
entre Olga Ramos de Flórez y José Flórez, la Sala constató que la nota marginal de
divorcio fue manuscrita el 22 de julio de 2016, en el registro civil de matrimonio con
serial 4059966 tal como se narró en los hechos probados; mientras que José Flórez
aportó a COLPENSIONES un registro civil de matrimonio con fecha de autenticación del
25 de febrero de 201657. Documento que no contiene la nota del divorcio del
matrimonio católico.
100. En este orden de ideas, mal haría en endilgarse al demandado que incurrió en uso
de un documento público falso, pues el registro civil de matrimonio que aportó en el
mes de marzo de 2016 para solicitar la sustitución pensional no contenía aun la nota
marginal de divorcio; puesto que tal como lo advirtió el tribunal i) la nota marginal se
realizó en fecha posterior, el 22 de julio de ese año; y ii) no existe prueba que
demuestre el conocimiento de José Flórez sobre el proceso de divorcio, toda vez que
fue representado por un curador ad litem en el proceso de familia.
101. A lo anterior debe agregarse que tratándose del juicio de legalidad es relevante
anotar que el acto administrativo se revisa al momento de su expedición. Así, en el
presente caso, se precisa que para cuando la administradora de pensiones dictó el
acto de reconocimiento pensional, la copia del registro civil de matrimonio del 25 de
febrero de 2016 no tenía la nota marginal de inscripción del divorcio, por ello, desde el
punto de vista jurídico y fáctico no existía vicio de nulidad de la Resolución GNR
104901 del 14 de abril de 2016. Ello es así en cuanto solo hasta el 22 de julio de 2016
se realizó en el registro civil de matrimonio la anotación de la sentencia de divorcio.
Inscripción sobreviniente al deceso de la causante y al acto de reconocimiento de la
sustitución pensional.
57 Folio 136 vuelto del cuaderno principal.
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102. La Sala no desconoce que existe un hecho sobreviniente derivado del divorcio, lo
que podría configurar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución GNR 104901
del 14 de abril de 2016, debido a la desaparición de uno de los fundamentos fácticos,
a saber, la existencia del vínculo de matrimonio. Sin embargo, tal como lo afirmó el
tribunal, el señor Flórez allegó declaraciones extraproceso rendidas bajo juramento
ante notario sobre la convivencia permanente e ininterrumpida con la causante desde
1975 hasta diciembre de 2015. Y, el contenido de estas declaraciones no fue
desvirtuado por la entidad, sino que además en el proceso se practicó el testimonio de
Hernando Pulecio Ramírez, quien describió las condiciones de tiempo, modo y lugar
de la relación entre el demandado y la causante.
103. Ahora bien, la decisión de negar pretensiones se refiere a la causa petendi58 frente
a los cargos de nulidad endilgados contra la Resolución GNR 104901 del 14 de abril
de 2016, lo que no obsta para que en otro proceso judicial se llegue a establecer la
nulidad del acto que le negó el reconocimiento pensional a Dagoberto Casanova
Rodríguez, contenido en la Resolución GNR 353994 del 23 de noviembre de 2016,
pero ya no será por la alegada falsedad que se reprocha en este proceso, sino porque
se acrediten los requisitos que la ley exige al compañero permanente.
104. Por consiguiente, se desestiman los argumentos del recurso de apelación y se
confirmará el fallo del Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de
la demanda y ordenó el levantamiento de la medida cautelar.
4. Conclusión
105. A partir del estudio de la normativa que regula la materia, de los precedentes
jurisprudenciales y acorde con la valoración en conjunto de los hechos probados en el
proceso, según los principios de la sana crítica, la Subsección concluye que
COLPENSIONES no acreditó los supuestos de hecho que alegó en la demanda y el
recurso de apelación relativos a la falsedad de los documentos que aportó el
demandado para solicitar el reconocimiento pensional.
5. Costas
106. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 59 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
58 CPACA. ARTÍCULO 189. EFECTOS DE LA SENTENCIA. La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá
cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. […].
59 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
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presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida,
haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso
[…]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, el
14 de mayo de 2024, que negó las pretensiones de la demanda y ordenó el
levantamiento de la medida cautelar, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Comunicar la presente decisión a la Sección Cuarta y a la Sección Quinta
de esta corporación, como jueces de primera y segunda instancia, en el trámite de
tutela con radicados 11001031500020250085600 y 11001031500020250085602.
QUINTO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
NJCC
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