Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00856-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00856-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00856-02
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
5 de junio de 2025
Demandante: José Flórez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00856-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00856-02
Demandante: JOSÉ FLÓREZ
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela por presunta mora judicial - Revoca amparo, ordena dar
prelación a fallo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte vinculada contra
el fallo proferido el 27 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito presentado el 17 de febrero de 20251, el señor José Flórez, actuando
en nombre propio, inició acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en la que pretende el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, «condición adulto mayor», a una vida digna y al
debido proceso.
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la presunta mora por parte de la autoridad judicial accionada, al no
resolver la solicitud de prelación de fallo radicada en el mes de agosto de 2024, la
cual fue reiterada con posterioridad al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ejercido por la Administradora Colombiana de
Pensiones (en adelante Colpensiones) en contra del actor, proceso que se identificó
con el radicado 41001-23-33-000-2017-00593-00/01.
1 Acción de tutela presentada a través de correo electrónico.
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Demandante: José Flórez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
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1.2. Pretensión
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…] Segundo. Que se ordene a la Sección Segunda del Consejo de Estado altere el
turno para fallo en el proceso con radicación 41001233300020170059301 y resuelva
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante para lo cual fue remitido
el expediente a esa Corporación […]2
1.3. Hechos
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la
modalidad de lesividad, Colpensiones instauró demanda contra el señor José
Flórez, a efectos de que se declarara la nulidad de la Resolución GNR 104901 del
14 de abril de 2016, a través de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de una
sustitución pensional a favor del actor, en calidad de cónyuge sobreviviente de la
señora Olga Ramos de Flórez, efectiva a partir del 1º de febrero de 20163.
El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Huila, Sala
Segunda de Decisión que, mediante auto del 27 de septiembre de 2018, decretó la
medida cautelar solicitada por la parte actora, ordenando la suspensión provisional
de los efectos jurídicos del acto administrativo por medio del cual se reconoció al
señor Flórez su derecho pensional.
El 14 de mayo de 2024, profirió sentencia en la que negó las pretensiones de la
demanda y ordenó levantar la medida cautelar de suspensión provisional decretada
mediante el proveído anterior.
Ello, al considerar que, conforme al material probatorio arrimado al plenario, solo a
partir del 22 de julio de 2016 se estableció la nota marginal por el notario en el
registro civil de matrimonio de los señores Olga Ramos de Flórez y José Flórez,
sobre la cesación de los efectos civiles del matrimonio entre ellos contraído y la
disolución de la sociedad conyugal, por tanto para el 7 de marzo de 2016 cuando el
señor Flórez allegó la solicitud de reconocimiento y pago de la sustitución pensional,
no pudo tener conocimiento de dicho fallo por cuanto el registro le fue expedido el
25 de febrero de 2016.
Al respecto, el tribunal advirtió que no se podía concluir una actuación de mala fe o
de fraude por parte del señor José Flórez al momento de solicitar el reconocimiento
de la sustitución pensional, máxime si se tenía en cuenta que el acto de inscripción
2 Transcripción literal con posibles errores.
3 Al cual le fue asignado como radicado 41001-23-33-000-2017-00593-00
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de la sentencia de divorcio es un requisito de oposición frente a terceros y no de
validez.
Contra la anterior decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación, el cual fue
concedido por la referida autoridad judicial mediante auto del 10 de julio de 2024,
asignándose su conocimiento a la Sección Segunda, Subsección B de esta
Corporación el 24 de julio de 2024, siendo ingresado al Despacho del doctor Juan
Enrique Bedoya Escobar en calidad de encargado, el 25 siguiente.
El 9 de agosto, 11, 16 de septiembre y 31 de octubre de 2024, la parte actora allegó
memoriales solicitando la prelación del fallo, toda vez que, en virtud del recurso de
apelación interpuesto por Colpensiones, la referida entidad decidió suspender el
pago de su mesada pensional, lo cual resultaba violatorio de su derecho
fundamental al mínimo vital, ya que dicho emolumento era el único sustento con el
que contaba para subsistir, aduciendo además que debido a su avanza edad no le
era posible trabajar, habida cuenta que en la actualidad cuenta con 83 años.
El 9 de octubre de 2024, se efectuó el cambio de ponente del magistrado Juan
Enrique Bedoya Escobar a la doctora. Elizabeth Becerra Cornejo, que mediante
auto del 28 de febrero del presente año admitió el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, siendo notificado a las partes el 4 de marzo
de 2025, mediante correo electrónico e ingresándose el respectivo proceso al
Despacho para fallo el 19 de marzo del corriente.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora, trajo a colación las disposiciones previstas en el artículo 18 de la
Ley 446 de 19984, y las sentencias C-249 de 1999, T-258 de 2004, T-220 de 2007,
T-027 de 2000, T-357 de 2007, T-1226 de 2018, T-708 de 2006, de la Corte
Constitucional, en las que se indica que, en principio, los funcionarios judiciales
deben respetar los turnos establecidos para fallar los procesos, de manera que las
providencias se dicten según el orden en que se avoca el conocimiento de los
respectivos procesos, garantizándose de dicha manera el derecho de acceso a la
administración de justicia en condiciones de igualdad.
4 ARTÍCULO 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias
exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin
que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal.
Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal
orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente
del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.
La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos,
el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán
al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo
Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan
resultado afectados por la alteración del orden.
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Precisó que, la referida Corporación ha reconocido que la mora judicial es un
fenómeno multicausal, y muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo
del derecho de acceso a la administración de justicia en los términos de los artículos
29, 228 y 229 superiores, en consonancia con los artículos 8.1 y 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos; señalando además algunos
criterios de análisis que permiten identificar cuándo la mora judicial justificada puede
poner en grave riesgo los derechos fundamentales de los usuarios de la
administración de justicia.
Finalmente, transcribió apartes de lo consignado en las sentencias T-348 de 1993,
T-220 de 2007, T-708 de 2006, T-207 de 2000 en las que se indicó que el referido
mecanismo se torna procedente para adelantar los turnos dentro del proceso
ordinario dada la confluencia de factores extremos que demuestran un peligro
inminente para la supervivencia de los derechos fundamentales y de la vida, por lo
que concluyó que, en el presente asunto existen fundamentos legales y
constitucionales para proteger sus derechos fundamentales.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante providencia de 21 de febrero de 2025, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela, ordenando notificar a la parte actora5 y como
accionado al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B6.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
al Tribunal Administrativo del Huila7, a la Administradora Colombiana de Pensiones
«Colpensiones»8, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso9.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
5 Notificación realizada al correo electrónico: antoher291043@hotmail.com Índice 7 de Samai.
6 Notificación realizada a los correos electrónicos: notifjbedoya@consejodeestado.gov.co;
tutelasportocarrero@consejodeestado.gov.co; notifebecerra@consejodeestado.gov.co;
javilas@consejodeestado.gov.co; sjaimesv@consejodeestado.gov.co;
mailto:ces2secr@consejodeestado.gov.co Índice 7 de Samai.
7 Notificación realizada al correo electrónico: sectriadmhui@cendoj.ramajudicial.gov.co; Índice 7 de
Samai.
8 Notificación realizada al correo electrónico: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co; Índice 7
de Samai.
9 Notificación realizada al correo electrónico: notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co;
agencia@defensajuridica.gov.co; Índice 7 de Samai.
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1.6.1. Administradora Colombiana de Pensiones «Colpensiones»10
Manifestó que, en el presente asunto, el accionante no demuestra que la mora
judicial alegada obedezca a dilaciones injustificadas.
Así mismo, refirió que, proceder de manera contraria, conllevaría a que se vulnere
el derecho a la igualdad de quienes también llevan tiempo esperando la resolución
de las decisiones judiciales. Al respecto trajo a colación las sentencias T-341 de
2018 de la Corte Constitucional, y STL 2274 de 2024 de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral.
Manifestó que, dicha entidad no puede atender lo solicitado por la parte actora, toda
vez que, sus pretensiones no se encuentran dentro de su esfera funcional, además
de no haberse generado trasgresión a derecho fundamental alguno de su parte.
Acorde con lo anterior, solicitó, se nieguen las pretensiones invocadas por el
accionante y se ordene su desvinculación del presente trámite por no encontrarse
legitimada en la causa por pasiva, como tampoco se trata de la entidad que
presuntamente vulneró los derechos fundamentales alegados.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B11
En documento radicado el 28 de febrero de 2025, la magistrada ponente del proceso
cuya mora se predica rindió informe en el que manifestó que, el 7 de octubre de
2024 asumió el cargo como magistrada de la Sección Segunda, Subsección B de
esta Corporación, momento a partir del cual ha venido adelantando un acucioso
inventario de los expedientes que tiene a cargo el Despacho del que ahora es titular,
con el fin de atender los asuntos a la mayor brevedad posible.
Refirió que, producto de dicha labor, se ha proferido un importante número de
providencias, entre ellas, la que admite el recurso de apelación interpuesto por
Colpensiones contra la sentencia proferida el 14 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Huila, dentro del proceso ordinario en el que figura como
demandado el señor José Flórez, por lo que en su momento, se le asignará el turno
para fallo que corresponde, en estricto orden de ingreso, como lo establece el
artículo 63A de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de
2024.
Lo anterior, sin perjuicio de que en ese momento se analicen las circunstancias
particulares del actor y se disponga, sí hay lugar a ello, a la alteración del orden
10 Índice 11 de Samai.
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Índice 12 de Samai.
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para proferir sentencia, siempre que concurran los supuestos excepcionales que la
jurisprudencia constitucional ha considerado para tal fin, a saber, i) que se trate de
un sujeto de especial protección constitucional y, ii) cuando se esté ante la
materialización de un perjuicio irremediable.
De acuerdo con lo expuesto, solicitó que se desestime el amparo deprecado al no
advertirse vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el
actor.
1.6.3. Tribunal Administrativo del Huila12
Allegó escrito en el que remitió copia íntegra del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 41001-23-33-000-2017-00593-00/01, sin
pronunciarse frente a los hechos que dieron lugar a la presente acción, y respecto
de los cuáles se predica la vulneración a los derechos fundamentales del
accionante.
1.7. Sentencia de primera instancia13
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante fallo del 27 de marzo de 2025,
negó las pretensiones de la acción de tutela en relación con la mora judicial y
amparó los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones
dignas del señor José Flórez, ordenando como consecuencia a Colpensiones,
reanudara el pago de la pensión de sobrevivientes que le fue reconocida al actor a
través de la Resolución GNR 104901 de 14 de abril de 2016.
Para llegar a la anterior decisión, realizó un recuento de las actuaciones surtidas al
interior del proceso ordinario, concluyendo que en el presente asunto no se
configuró la mora judicial alegada, como tampoco se ha desconocido la noción de
plazo razonable, por cuanto existen razones objetivas esgrimidas por la autoridad
judicial demandada que justifican la tardanza en la resolución del caso, entre ellas,
la congestión judicial verificable que existe actualmente en el Despacho.
Así mismo, puso de presente que no puede dejarse de lado que en el curso del
trámite constitucional se dio impulso a la actuación, en tanto se admitió el recurso
de apelación y el proceso ingresó al Despacho para resolver el recurso de
apelación.
No obstante, refirió que, si bien el accionante no propuso dentro de las pretensiones
de la tutela que se ordene la reanudación del pago de la pensión de sobrevivientes,
se procedería a su estudio, en atención a la facultad extra petita que reviste al juez
12 Índice 10 de Samai.
13 Índice 19 de Samai
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de tutela.
En este orden, señaló que, al haberse negado las pretensiones de la demanda
dentro del proceso ordinario y levantado la medida cautelar decretada al interior de
dicho trámite, Colpensiones debió proceder con la reanudación del pago de la
mesada pensional del demandante, a partir de la fecha de notificación de la
sentencia de primera instancia, máxime cuando la decisión del levantamiento no fue
objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación interpuesto, por lo que no
existe condicionamiento alguno para proceder con la reactivación del pago de la
mesada del actor, lo cual resulta violatorio del derecho fundamental al mínimo vital
del señor José Flórez, quien es sujeto de especial protección constitucional en razón
a su avanzada edad, ya que actualmente cuenta con 83 años.
La anterior decisión le fue notificada a las partes el 3 de abril de 2025 14.
1.8. Impugnación15
La Administradora Colombiana de Pensiones «Colpensiones» solicitó, se revoque
la decisión de primera instancia al considerar que, conforme a los pronunciamientos
realizados por la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, la acción de tutela
procede de manera transitoria frente a la existencia de un perjuicio irremediable, sin
que en el presente asunto se evidencie la configuración del mismo.
Por lo anterior, consideró que mediante el presente asunto el actor pretende
desnaturalizar la acción de tutela intentado que, por medio de un proceso
caracterizado por la inmediatez y subsidiaridad, sean reconocidos derechos que
deben ser de conocimiento del juez ordinario, a través de los mecanismos legales
establecidos para ello, por lo que, se debe declarar improcedente.
Aseveró que, decidir de fondo las pretensiones del accionante invade la órbita del
juez ordinario y su autodominio, y además excede las competencias del juez
constitucional, en la medida que no se probó la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
En igual sentido refirió que, acceder a la acción constitucional conlleva la
vulneración de los derechos fundamentales de otros ciudadanos, quienes también
llevan años esperando que se resuelva su litigio, y se abre una puerta para que
todos aquellos ciudadanos que consideren que tienen una condición o particularidad
especial estimen que la única alternativa para que se resuelva su controversia es
adelantar acciones de tutela, lo que generara un mayor desgaste del aparato
judicial.
14 Índice 19 de Samai
15 Índice 21 de Samai – Presentada el 7 de abril de 2025.
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Manifestó que, dicha entidad no puede atender lo solicitado por la parte actora, toda
vez que, sus pretensiones no se encuentran dirigidas en su contra, además de no
haberse generado trasgresión a derecho fundamental alguno de su parte.
En igual sentido refirió que, con relación a la edad del accionante como factor
relevante para conceder el amparo deprecado mediante la acción de tutela y
obtener así el pago de una prestación económica, la Corte Constitucional en la
sentencia T-391 de 2013 fue enfática al determinar que la condición de sujeto de la
tercera edad no constituye per se razón suficiente para admitir la procedencia de la
acción de tutela, además que la misma se torna improcedente para solicitar el
reconocimiento y pago de una prestación concreta que pueda discutirse a través del
medio ordinario dispuesto para tal fin, dada la naturaleza subsidiaria de la acción de
tutela según los términos de la sentencia T-1222 del 2001.
Acorde con lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la acción al no
haberse materializado ningún vicio, defecto o vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor, además de considerar que, para debatir lo
pretendido la legislación ha dispuesto mecanismos eficaces, tales como los
recursos judiciales, sin que el presente mecanismo pueda constituirse en una
tercera instancia.
Reiteró que, en el presente asunto, debe ordenarse su desvinculación por no
encontrarse legitimada en la causa por pasiva para soportar las pretensiones, como
tampoco se trata de la entidad que presuntamente vulneró el derecho fundamental
alegado.
1.9. Trámite de desacato16
Mediante escrito enviado a la Secretaría General el 21 de abril de 202517, el señor
José Flórez manifestó que, pese a que en la sentencia impugnada se ordenó a
Colpensiones que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la respectiva providencia reanudara el pago de la pensión de
sobrevivientes que le fue reconocida mediante Resolución GNR 104901 de 14 de
abril de 2016, a la fecha la orden no se había materializado.
El 29 de abril de 202518 el magistrado ponente de la sentencia de primera instancia
requirió a la citada entidad para que dentro del término de tres (3) días, allegara un
informe detallado del cumplimiento de la sentencia dictada en dicha instancia,
providencia que le fue notificada a las partes el 5 de mayo de los corrientes.
16 Índice 21 de Samai
17 Proceso radicado11001-03-15-000-2025-00856-01
18 Índice 6 de Samai
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En cumplimiento de lo anterior, Colpensiones allegó el oficio del 9 de mayo de 2025,
en el que informó que el 11 de abril del presente año se dio cumplimiento al fallo de
tutela para lo cual, profirió la Resolución SUB-112485 de 9 de abril de 2025, a través
de la cual se efectuó la reactivación de la pensión de sobrevivientes a favor del
actor, informando a su vez que el pago será ingresado a partir del «periodo 2025-
05», aportando copia de la imagen del reporte que arroja el aplicativo de nómina,
con el respectivo acto administrativo y la notificación efectuada al señor Flórez19.
Mediante auto del 27 de mayo de 2025, el a quo declaró el cumplimiento de la orden
impartida en primera instancia dentro del presente asunto y, en consecuencia, se
abstuvo de dar apertura al incidente de desacato formulado por el accionante contra
la administradora del fondo de pensiones aludida20.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestión previa.
En el escrito de impugnación presentado por la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, solicitó nuevamente se disponga su desvinculación del
presente trámite constitucional, toda vez que, a su juicio carece de legitimación en
la causa por pasiva para soportar las pretensiones elevadas por la parte actora; sin
embargo, la Sala anuncia que no accederá a dicha petición comoquiera que su
vinculación al proceso obedeció a que integra la parte demandante en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado en contra del actor,
bajo el radicado 41001-23-33-000-2017-00593-00/01, razón por la cual le asiste
interés en la decisión que se adopte en este trámite tutelar.
2.3. Problema jurídico
Conforme a lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala definir si
confirma, modifica o revoca la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta el 27 de marzo de 2025. Para lo cual, se deberá abordar el siguiente
interrogante:
19
Índices 11 y 12 de Samai
20
Índice 13 de Samai
9
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Demandante: José Flórez
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• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió en mora
judicial al no resolver sobre las solicitudes de prelación de fallo radicadas por
el señor José Flórez el 9 de agosto, 11, 16 de septiembre y 31 de octubre de
2024 al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 41001-23-33-000-2017-00593-01?
Para dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia; (iii) la mora judicial, (iv) sujetos de especial
protección constitucional y v) el caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable21.
2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica del artículo 229 de la Constitución, del derecho fundamental al debido
proceso22 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia23.
21 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
22 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
23 Sentencia T-006 de 1992.
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El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada
a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]»24.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los
jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de
los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador
acerca de los hechos materia de su decisión […]»25.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que:
«[…] cuando el ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y
garantías”26, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de
promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los
particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las
actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho
extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias
la dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la protección de los
derechos de las personas […]»27.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Estatuaria de la
Administración de Justicia28 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia
y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del
proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
24 Sentencia T-476 de 1998.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
26 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
27 Ibídem.
28 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional”.
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que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente
y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]»29.
2.6. La mora judicial
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes30.
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales
no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»31.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones. (Resaltado propio)
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
29 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
30 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
31 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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en relación con la existencia de mora judicial32, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.
2.7. Sujetos de especial protección constitucional
En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte
Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones
particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo
reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.
En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se
encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos
físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas
desplazadas por la violencia, los ciudadanos que se encuentran en extrema pobreza
y “todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican
en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la
población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos
poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del
perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un
tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de
protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de
discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados”33.
Lo anterior encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los artículos
13 y 43, impone la obligación de promover condiciones para que la igualdad sea
material, es decir, real y efectiva.
2.8. Caso concreto
El señor José Flórez solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo
vital, «condición de adulto mayor», a una vida digna y al debido proceso, con
ocasión de la presunta mora judicial injustificada en la que incurrió el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B para resolver sobre las solicitudes de
prelación de fallo que le fueron radicadas el 9 de agosto, 11, 16 de septiembre y 31
de octubre de 2024 al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 41001-23-33-000-2017-00593-01.
32 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 14.09.23, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-
23-33-000-2023-00520-01 y (ii) 18.04.24, M.P. Gloria María Gómez Montoya, Rad. 11001-03-15-
000-2023-06923-01.
33 Corte Constitucional, Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
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Por su parte, Colpensiones en la impugnación formulada manifestó no estar de
acuerdo con la decisión adopta por el a quo, al considerar que, acceder a la acción
constitucional, conlleva la vulneración de los derechos fundamentales de otros
ciudadanos quienes también llevan años esperando que se resuelva su litigio, y se
abre una puerta para que todos aquellos que consideren tienen una condición o
particularidad especial, estimen que la única alternativa para que se resuelva su
controversia es adelantar acciones de tutela, lo que generara un mayor desgaste
del aparato judicial.
Acorde con lo anterior, y revisado el informe allegado por la autoridad judicial
accionada en la presente acción constitucional, la magistrada a cargo34 manifestó
que, el 7 de octubre de 2024 asumió el cargo como Consejera de la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, momento a partir del cual ha venido
adelantando un acucioso inventario de los expedientes a cargo, con el fin de atender
los asuntos a la mayor brevedad posible.
Así mismo, señaló que, producto de dicha labor, se ha proferido un importante
número de providencias, entre ellas, la que admite el recurso de apelación
interpuesto por Colpensiones contra la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Huila el 14 de mayo de 2024, dentro del proceso ordinario en el
que figura como demandado el hoy accionante.
En línea con lo anterior, y revisadas las actuaciones registradas en el aplicativo
Samai, se observa que como se dejó indicado en los antecedentes de la presente
providencia, la alzada a la que se ha hecho referencia fue concedida por el Tribunal
Administrativo del Huila mediante auto del 10 de julio de 2024, asignándose su
conocimiento en segunda instancia a la Sección Segunda, Subsección B de esta
Corporación el 24 de julio de 2024, correspondiéndole al Despacho del magistrado
Juan Enrique Bedoya Escobar en calidad de encargado, siendo ingresado el 25
siguiente.
El 9 de octubre de 2024, se realizó cambio de ponente, siendo asignado su
conocimiento al Despacho de la doctora Elizabeth Becerra Cornejo que, mediante
auto del 28 de febrero de 2025, es decir, encontrándose en curso el presente
trámite, admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia, siendo ingresado nuevamente al Despacho para fallo el 19 de marzo del
presente año.
Así mismo, debe tenerse en cuenta que, mediante correo electrónico del 16 de
septiembre de 2024, la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación
34 Índice 12 de Samai
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procedió a dar respuesta a una de las solicitudes de prelación del fallo elevadas por
el actor, la cual fue remitida a la dirección de correo electrónico desde la cual,
presentó la petición, esto es, macjuridicos89@gmail.com, como se evidencia a
continuación:
En este orden, y como se mencionó en los acápites precedentes relativos a la mora
judicial, «atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el
incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los
funcionarios judiciales35, por ello, se ha considerado que en los eventos en los que
la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que
explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia».
Así mismo, debe precisarse que la Corte Constitucional ha indicado que la dilación
injustificada que configura la violación de derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia se caracteriza por: (i) el
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar actuación por
parte del funcionario competente; (ii) la omisión en el cumplimento de las
obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la
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falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que
no se pueden contrarrestar.
Así las cosas, y si bien los días 9 de agosto, 11, 16 de septiembre y 31 de octubre
de 2024, la parte actora presentó ante la autoridad judicial accionada diferentes
solicitudes de prelación de fallo, evidencia la Sala que, a la fecha en que se impetró
la presente acción constitucional, esto es, el 17 de febrero de 2025, no se advierte
que hubiese transcurrido un tiempo excesivo o desproporcionado que evidencien la
ocurrencia de alguno de los requisitos que permitan establecer que se trata de una
mora judicial injustificada. Por el contrario, según las actuaciones registradas en el
aplicativo Samai el proceso ordinario ha obedecido al normal desarrollo de sus
etapas procesales; máxime si se tiene en cuenta que el 28 de febrero de 2025, se
dispuso sobre la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de primera instancia.
En tal sentido, y al no evidenciarse una dilación injustificada o indebida respecto al
trámite impartido por la autoridad judicial accionada dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho al que se ha hecho alusión, considera la Sala
que en el presente asunto no se vislumbra una vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
Aunado a lo anterior, no se observa que la autoridad judicial accionada haya
actuado de manera negligente o que su comportamiento sea el resultado de una
omisión en el cumplimento de sus funciones, como tampoco se advierte un tiempo
excesivo para resolver sobre las solicitudes de impulso procesal que le fueron
elevadas los días 9 de agosto, 11 y 16 de septiembre de 2024.
No obstante, la Sala considera que este caso debe analizarse a través de un prisma
diferenciador al tratarse de un sujeto de especial protección constitucional al que le
fue suspendida su mesada pensional, considera la Sala que, si bien el artículo 18
de la Ley 446 de 1998 establece que es obligatorio para los jueces dictar las
sentencias en el turno en que ingresan al despacho para fallo, sin que su orden
pueda alterarse; se advierte que en el presente asunto se cumplen los supuestos
establecidos en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 para que se dé prelación al
proceso que se adelanta ante esta Corporación en contra del actor, toda vez que en
la actualidad el señor Flórez cuenta con 83 años de edad, y según se desprende
del escrito de amparo la prestación social que inicialmente le fue reconocida es el
único medio con el que cuenta para subsistir, además que debido a su avanza edad
no le es posible trabajar.
Lo anterior, adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el accionante
supera la expectativa de vida establecida por el DANE, ya que según su base de
datos en el último año las mujeres tuvieron una esperanza de vida promedio de 83,1
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años, mientras que para los hombres esta fue de 78,4 años.
Con relación a la prelación de fallo, tratándose de personas de especial protección
constitucional, como lo son los menores de edad, las mujeres embarazadas, los
adultos mayores, las personas con limitaciones físicas y/o psíquicas y en situación
de desplazamiento, entre otras, la Corte Constitucional en la sentencia T-945A de
2008, precisó:
«En primer lugar, la alteración del orden regular para el fallo se justifica si el juez
está en presencia de un sujeto de especial protección constitucional. La Corte
precisa que el derecho a la igualdad que subyace al sistema de turnos sólo puede
ser alterado en consideración a la calidad de sujeto de especial protección que la
Constitución reconozca a un individuo. Al respecto, la sentencia en cita afirma
que “todo aquel que demanda justicia del Estado alienta la pretensión de un fallo
oportuno, y son muy diversas las circunstancias que las personas podrían esgrimir
para obtener una alteración en su favor del turno para fallar. Por consiguiente, el
primer presupuesto para que ello sea posible tiene una definición estricta, porque la
afectación del derecho a la igualdad de aquellos que se vean desplazados en el
orden de los fallos sólo puede encontrar sustento en la situación evidente de
debilidad, en niveles límite, que presente aquel en cuyo beneficio se de tal
alteración”.
[…]
Finalmente, debe existir una relación directa entre las condiciones particulares del
afectado y la resolución que espera de la administración de justicia. En otras
palabras, la preservación del derecho fundamental que reclama el demandante debe
estar en íntima relación de dependencia con la decisión que está llamado a adoptar
el funcionario judicial. Al decir de la Corte, se requiere que “la controversia tenga
relación directa con las condiciones de las que se deriva la calidad de sujeto de
especial protección y que, de resultar favorable el fallo, la decisión sea susceptible
de incidir favorablemente en tales condiciones»
Así las cosas, y si bien la Sección Cuarta de esta Corporación en la sentencia
recurrida amparó los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en
condiciones dignas del actor, y en consecuencia ordenó reactivar la pensión de
sobrevivientes que le fue reconocida mediante Resolución GNR 104901 del 14 de
abril de 2016, considera la Sala que dicha orden no se torna procedente, toda vez
que la sentencia proferida en primera instancia dentro del proceso ordinario y en el
que se debate la legalidad del referido acto no se encuentra en firme, ya que se
encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación contra esta interpuesto.
Por lo expuesto, y como quiera que el juez constitucional no puede invadir la órbita
del juez natural, ni inmiscuirse en aquellos asuntos que se encuentran pendientes
de resolver por parte del juez de la causa y a quien le fue puesto el conocimiento la
controversia que se discute, se revocarán los numerales 2º y 3º de la sentencia
impugnada, y en su lugar, se ordenará al Despacho de la doctora Elizabeth Becerra
Cornejo, integrante de la Sección Segunda, Subsección B de esta magistratura que,
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dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, dé prelación al fallo dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 41001-23-33-000-2017-
00593-00/01.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NO ACCEDER a la desvinculación realizada por la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, conforme a las razones expuestas en la
parte considerativa.
SEGUNDO: REVOCAR los numerales 2º y 3º de la sentencia proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta el 27 de marzo de 2025, conforme a las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia, los cuales quedarán así:
SEGUNDO: Amparar los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y
al debido proceso del señor José Flórez.
TERCERO: En consecuencia, se ordena al Despacho de la doctora Elizabeth Becerra
Cornejo, integrante de la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, dé prelación al fallo dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 41001-23-33-000-2017-
00593-00/01.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
19
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