RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00893-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00893-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00893-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la Empresa de Servicios Públicos de Sopó – Emsersopó E.S.P., contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00893-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de junio de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandantes: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPO
EMSERSOPÓ E.S.P
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia
de relevancia constitucional cuando el debate
planteado por el demandante pretende reabrir la
controversia ya resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Empresa de Servicios
Públicos de Sopó – Emsersopó E.S.P., por intermedio de apoderado,
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Emsersopó E.S.P., por intermedio de apoderado, solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, que estimó vulnerados con ocasión de la
sentencia del 24 de enero de 2024, por medio de la cual el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, modificó la providencia del 15 de
febrero de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, dentro del medio de control de
controversias contractuales promovido en su contra por Seguros del
Estado S.A.1

1
Proceso que se identificó con el radicado 25000 23 36 000 2015 03052 00/01.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

1.2. La demanda interpuesta por la aseguradora se fundamentó en que
Emsersopó E.S.P. suscribió con la Unión Temporal PTAP Sopó 20112 (en
adelante la Unión Temporal) el Contrato de Obra 26 del 27 de mayo de
2011, cuyo objeto consistió en la “Construcción de las obras de captación,
conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del nuevo
sistema de acueducto del rio Teusacá para beneficio del casco urbano y
centros poblados del municipio de Sopó, Cundinamarca fase II, de
conformidad con el Convenio Interadministrativo No. 13 de 2011,
celebrado entre Emsersopó y Empresas Públicas de Cundinamarca”.

En el mes de febrero de 2012, con ocasión de la suspensión del convenio
interadministrativo 13 de 2011, Emsersopó E.S.P. suspendió
unilateralmente la ejecución del citado contrato de obra, justificando la
decisión en que este dependía de dicho convenio.

Posteriormente, por medio de la Resolución 103 del 20 de agosto de 2013,
Emsersopó E.S.P. declaró que el contrato adolecía de los vicios de causa
y objeto ilícitos, desviación de poder y de la causal de nulidad referida a
la transgresión del principio de planeación. Tal decisión fue confirmada
por la Resolución 127 del 17 de octubre de 2013.

Mediante Resolución 12 del 24 de enero de 2014, Emsersopó E.S.P.
liquidó unilateralmente el Contrato de Obra 26 de 2011 y afectó la póliza
número 33-44-101051838, expedida por Seguros del Estado S.A.,
ordenando declarar la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y
afectando el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Lo
anterior, con fundamento en que el contrato había terminado
anticipadamente, por lo que el contratista debía devolver la suma que se

2
Integrada por Harlem Alberto Valencia Sánchez y Diego Gustavo Villamil Navarro.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

le entregó por tal concepto. Dicho acto fue confirmado a través de la
Resolución 34 del 21 de marzo de 2014.

A través de la Resolución 90 del 24 de junio de 2014, Emsersopó E.S.P.
declaró el siniestro de incumplimiento del contrato y de la obligación de
dar buen manejo y correcta inversión al anticipo, fundamentándose en
que este no fue invertido conforme al plan aprobado. Seguros del Estado
S.A. presentó recurso de reposición contra este acto administrativo, que
fue resuelto de manera desfavorable mediante Resolución 122 del 11 de
agosto de 2014.

Por todo lo anterior, Seguros del Estado S.A. solicitó en el proceso de
controversias contractuales: (i) que se declarara la nulidad de las
Resoluciones 103 y 127 de 2013, 12 de 2014 y 90 y 122 de 2014, y (ii)
que como restablecimiento del derecho, se condenara a la demandada a
devolver de manera indexada la suma que hubiere sido pagada y los
intereses que se hubiesen generado.

1.3. La demanda de controversias contractuales correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, quien
profirió sentencia el 15 de febrero de 2017, en la que declaró la nulidad
parcial de la Resolución 90 de 2014, en cuanto a la declaratoria del
siniestro de incumplimiento, pues Emsersopó E.S.P. no citó a audiencia a
la aseguradora, como lo indica el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En
consecuencia, como restablecimiento del derecho, le ordenó a Emsersopó
E.S.P. restituir a Seguros del Estado S.A. la suma que hubiere pagado por
la declaratoria de dicho siniestro.

De otra parte, mantuvo lo decidido en la Resolución 90 de 2014 respecto
del siniestro de indebido manejo del anticipo, pues desde el 2011

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

Emsersopó E.S.P. le otorgó al contratista y a la aseguradora la posibilidad
de desvirtuar la indebida inversión de esos recursos.

1.4. La sociedad Seguros del Estado S.A, apeló la anterior decisión y,
mediante providencia del 31 de julio de 20243, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, la modificó en el sentido de declarar que
Seguros del Estado S.A. no tenía la obligación de realizar el pago del
amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Por tanto,
ordenó a la demandada restituir a la aseguradora la suma que hubiere
pagado por tal concepto.

Para el efecto, señaló que (i) el Contrato de Obra 26 de 2011 se rigió por
el derecho común, por lo que los actos objeto de debate no tenían la
naturaleza de actos administrativos, pues para su expedición no medió el
ejercicio de una prerrogativa pública. Por lo tanto, se abstuvo de realizar
el estudio de su legalidad. (ii) Sostuvo que Emsersopó E.S.P. no acreditó
el siniestro sobre el manejo e inversión del anticipo ante Seguros del
Estado S.A., y se limitó a declarar su ocurrencia, lo que no era suficiente
para generar la obligación de pago.

1.5. La accionante alega en la tutela que la anterior decisión incurrió en
defecto material o sustantivo por indebida interpretación del régimen
aplicable al contrato, pues este sí estuvo sujeto al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, comoquiera que, de acuerdo
con el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, a este se
sujetan los contratos en los que sea obligatoria la inclusión de cláusulas
exorbitantes, como ocurrió en este caso, en virtud de la Resolución CRA
151 de 2001, modificada por la Resolución CRA 293 de 2004, expedidas
por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

3
Notificada el 14 de agosto de 2024, como consta en el índice 84 del proceso de segunda instancia en SAMAI.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

(CRA), que señalaron que aquellas debían incluirse en los contratos de
obra.

Además, adujo que la decisión debatida desconoció, de manera
caprichosa, lo manifestado en los alegatos de conclusión respecto de que
en el Contrato de Obra 26 de 2011 las partes acordaron la inclusión de
cláusulas exorbitantes, que son propias del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, y que en una de sus
estipulaciones se pactó que, de ser necesario hacer interpretación,
modificación y terminación unilateral por motivos que surgieran con
posterioridad a su perfeccionamiento, se daría aplicación a los artículos
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

1.6. Manifestó que la decisión atacada incurrió en defecto fáctico por
indebida valoración probatoria. En concreto, hizo referencia a los informes
presentado mediante oficios AB-CUN-079-044-2013 del 13 de septiembre
de 2013 y AB-CUN-079-046-2013 del 18 de noviembre de 2013, los
cuales determinaban que el siniestro sí fue demostrado en debida forma
frente a Seguros del Estado S.A, pues en ellos quedaron consignadas las
múltiples ocasiones en las que se requirió a la Unión Temporal para que
acreditara el correcto manejo e inversión del anticipo.

1.7. Con fundamento en lo expuesto, la parte actora formuló las
siguientes pretensiones:

“PRIMERO: TUTELAR el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de EMSERSOPÓ E.S.P.

SEGUNDO: Que se DECLARE que el CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A.
vulneró el el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración
de justicia al proferir la sentencia de segunda instancia del 31 de julio de 2024
dentro del proceso bajo radicación 250002336000 201503052 01 (59.547).

TERCERO: Que en consecuencia, se ordene al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A.,

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

revocar la sentencia de segunda instancia del 31 de julio de 2024 dentro del
proceso bajo radicación 250002336000 201503052 01 (59.547)”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 13 de marzo de 2025, el despacho admitió la tutela
y ordenó vincular en calidad de terceros con interés al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y la
Sociedad Seguros del Estado S.A.

2.2. El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, ponente de la sentencia atacada, hizo un resumen de las
consideraciones de la decisión y adujo que la acción de tutela carece de
relevancia constitucional, pues no propone un debate desde la Carta
Política, sino que se centra en las discusiones de orden legal que se dieron
en el proceso ordinario.

2.3. Por medio de escrito del 7 de mayo de 20254, el consejero de Estado
Germán Eduardo Osorio Cifuentes manifestó encontrarse incurso en la
causal de impedimento prevista en el numeral 4º del artículo 56 de la
Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal (CPP). Sin embargo, la
Sala declaró infundado el impedimento mediante proveído del 22 de mayo
de 2025.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

4
Índice 12 del proceso en SAMAI.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. La sociedad Seguros del Estado S.A. interpuso demanda de
controversias contractuales contra Emsersopó E.S.P., con ocasión de la
liquidación unilateral del Contrato de Obra 26 de 2011, que afectó la póliza
con la que se ampararon los riesgos de cumplimiento y de buen manejo
y correcta inversión del anticipo del contratista Unión Temporal PTAP Sopó
2011.

3.2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, mediante sentencia del 15 de febrero de 2017, declaró la
nulidad parcial de los actos administrativos contractuales, en cuanto al
siniestro de incumplimiento, y ordenó a Emsersopó E.S.P. restituir a la
aseguradora la suma pagada por tal concepto, y denegó las demás
pretensiones de la demanda.

3.2.3. La aseguradora apeló la anterior decisión y, mediante providencia
del 31 de julio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, la modificó en el sentido de declarar que tampoco se generó
la obligación de pago del amparo de buen manejo y correcta inversión del
anticipo, y de ordenar a Emsersopó E.S.P. devolver la suma que se
hubiere pagado por dicho concepto.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación5,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20226, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el
requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y

5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
6
M. P. Natalia Ángel Cabo.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado
para el efecto.

3.3.1.1.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20197, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 8.

3.3.1.1.2. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho 9:

7
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.
8
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
9
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se
restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en
particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

3.3.2. Caso concreto

3.3.2.1. En el presente asunto, los argumentos de la tutela giran en torno
a las inconformidades de la parte actora con la sentencia del 24 de enero
de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, pues considera que esta incurrió en: (i) defecto material o sustantivo,
al desconocer que el Contrato 26 de 2011, objeto de la controversia, se
sujetaba al Estatuto General de Contratación Pública, pues en este eran
obligatorias las cláusulas exorbitantes, de acuerdo con las resoluciones
de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, por
tratarse de un contrato de obra, lo cual fue objeto de manifestación en
los alegatos de conclusión, y (ii) defecto fáctico por indebida valoración
de las pruebas que acreditaban la ocurrencia del siniestro y su debida
demostración a la aseguradora Seguros del Estado S.A.

La Sala considera que el debate así propuesto por la parte demandante
constituye simplemente la reiteración del que ya se agotó en el proceso
ordinario, lo que deja en claro que solo busca ventilar sus inconformidades

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto sobre
el caso planteado.

Por lo tanto, es claro que la actora busca que el juez constitucional analice
nuevamente la controversia y emita una nueva y distinta resolución sobre
el particular, lo que hace evidente que solo quiere acceder a una instancia
adicional, finalidad para la cual no es procedente este mecanismo
excepcional de protección.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir el análisis del régimen aplicable al caso y la valoración
probatoria efectuada por las autoridades de la jurisdicción, como si este
mecanismo pudiera emplearse como una instancia adicional.

Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el tercero de los presupuestos
estudiados, razón por la cual resulta completamente innecesario el
estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00893 00
Demandante: Emsersopó E.S.P

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por la Empresa de Servicios Públicos de Sopó – Emsersopó E.S.P., contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.