Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-03052-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-03052-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-03052-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
31 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 250002336000 201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Empresa de Servicios Públicos de Sopó -
EMSERSOPÓ
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - Naturaleza de sus actos /
ACTOS JURÍDICOS DE DERECHO PRIVADO – se deben estudiar bajo las reglas del derecho
común / FACULTADES UNILATERALES DE ORIGEN CONVENCIONAL – no implica la asunción u
otorgamiento de una prerrogativa pública / SINIESTRO – debe ocurrir para que se materialice la
obligación de pago de la aseguradora
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La controversia versa sobre la habilitación de la demandada para hacer efectivo el
amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo a través de un acto
unilateral, así como sobre la ocurrencia del siniestro como condición necesaria para
el surgimiento de la obligación de pago de la aseguradora.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 15 de febrero de 2017, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
resolvió:
“PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de los artículos primero, segundo
y tercero de la Resolución 090 del 24 de junio de 2014, únicamente respecto
(sic) Seguros del Estado S.A. y de la declaratoria del siniestro por
incumplimiento, de conformidad con lo expuesto anteriormente.
SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho, la entidad demandada deberá
restituir la suma de $429.010.474,20 a por (sic) Seguros del Estado por
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
concepto de la declaratoria de siniestro de cumplimiento, en caso que dicha
aseguradora haya cancelado tal suma de dinero.
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas”1.
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 18 de diciembre de
20152 por Seguros del Estado S.A. (en adelante, la sociedad, la demandante o la
aseguradora), en contra de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó E.S.P. (en
adelante la empresa, la entidad, la asegurada o Emsersopó), cuyas pretensiones,
hechos principales, y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación.
Pretensiones
3. Solicitó la aseguradora que se declare la nulidad de los siguientes actos:
(i) Resoluciones Nos. 103 y 127 de 2013, mediante las cuales se declaró la
existencia de causales de nulidad en unos contratos [incluido el contrato de obra
No. 026 de 2011]”, se ordenó interponer las respectivas demandas, se tomaron
otras determinaciones y se confirmó la primera de las indicadas;
(ii) Resoluciones No. 12 de enero 24 de 2014, a través de la cual se liquidó
unilateralmente el contrato de obra No. 026 de 2011 y “se declaró la ocurrencia del
siniestro afectando el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo”, y
34 del 21 de marzo de ese mismo año, que la confirmó;
(iii) Resoluciones No. 090 del 24 de junio de 2014, por medio de la cual la empresa
“declaró del siniestro en el contrato de obra 026 de 2011 afectando los amparos de
cumplimiento y buen manejo del anticipo”, y 122 del 11 de agosto de 2014, que la
confirmó.
4. Consecuencialmente, y a título de restablecimiento del derecho, pidió que se
condene a Emsersopó a devolver a la aseguradora la suma indexada que hubiere
sido efectivamente pagada, así como el pago de los intereses que se llegaren a
generar.
1
Folios 312 -reverso- y 313 del cuaderno principal.
2
Folio 33 del cuaderno 1.
2
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
Hechos relevantes
5. En apoyo de las pretensiones se indicó que la Unión Temporal PTAP Sopó
2011 –integrada por los señores Harlem Alberto Valencia Sánchez y Diego Gustavo
Villamil Navarro– (en adelante la UT) y EMSERSOPÓ suscribieron el contrato de
obra No. 026 del 27 de mayo de 2011, cuyo objeto consistió en la construcción de
las obras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del
nuevo sistema de acueducto del río Teusacá, para el beneficio del casco urbano y
de los centros poblados del municipio de Sopó –Fase II–, de conformidad con el
convenio interadministrativo No. 013 de 2011, celebrado entre Emsersopó y
Empresas Públicas de Cundinamarca, por un valor de $2.145’052.371, respecto del
cual la contratante giró un anticipo correspondiente al 30% del valor del contrato.
6. La aseguradora expidió la póliza No. 33-44-101051838 en la que figuró como
tomador la UT y como asegurado-beneficiario Emsersopó, por medio de la cual
aseguró el cumplimiento del contrato No. 026 de 2011 en los riesgos de (i) seriedad
de la oferta, (ii) buen manejo y correcta inversión del anticipo, (iii) devolución del
pago anticipado, (iv) cumplimiento del contrato, (v) pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales, (vi) estabilidad y calidad de la obra, (vii)
calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, y (viii)
calidad del servicio.
7. A partir del mes de febrero de 2012, con ocasión de la suspensión reiterada
del convenio interadministrativo No. 013 de 2011 y sin la aprobación de la
contratista, Emsersopó suspendió unilateralmente la ejecución del contrato de obra
No. 026 de 2011, justificando esa decisión en su dependencia con dicho convenio.
El 20 de agosto de 2013 expidió la Resolución No. 103, a través de la cual declaró
la existencia de vicios que afectaban la validez de ese contrato 3, ordenó que se
iniciaran las acciones judiciales para que fuera declarada la nulidad, y se procediera
a su liquidación unilateral, decisiones que confirmó mediante la Resolución No. 127
de 2013.
8. El 24 de enero de 2014, la empresa profirió la Resolución No. 12, a través de
la cual liquidó unilateralmente el contrato de obra No. 26 de 2011, ordenó declarar
la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y afectó el amparo de buen manejo y
correcta inversión del anticipo. Como fundamento indicó que en virtud de lo
señalado en la Resolución 103 de 2013 el contrato terminó anticipadamente, por lo
3
A través del referido acto la empresa indicó que el contrato adolecía los vicios de causa y objeto ilícitos,
desviación de poder y la causal de nulidad referida a la trasgresión del principio de planeación (fls. 30 a 57, c2).
3
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
cual era necesario liquidarlo unilateralmente y que la UT debía restituir el valor que
le fue entregado a título de anticipo. Mediante Resolución 34 del 21 de marzo de
2014 confirmó íntegramente esa decisión.
9. El 24 de junio de 2014, Emsersopó profirió la Resolución No. 090 en la que
declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y del de buen manejo y
correcta inversión del anticipo, ambos con fundamento en que el anticipo no fue
debidamente invertido conforme al plan aprobado. Esta decisión fue confirmada a
través de la Resolución No. 122 del 11 de agosto de 2014.
Los fundamentos de derecho
10. Como sustento de sus pretensiones, la aseguradora sostuvo que se
transgredieron los artículos 141, 152.5, 156, 157, 161 a 164, 166 y 215 de la Ley
1437 de 2011; los artículos 86 y 94 de la Ley 1474 de 2011; el artículo 17 de la Ley
1150 de 2011; el artículo 1077 del Código de Comercio y el Decreto 2848 de 2008.
11. El concepto de violación de estas disposiciones lo concretó en los siguientes
cargos:
12. Falta de competencia al declarar la ocurrencia del siniestro. El contrato No.
026 de 2011 se rigió por el derecho privado y no por las normas del Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública –EGCAP–, por lo que Emsersopó no
podía declarar la ocurrencia del siniestro mediante acto administrativo; además, la
entidad actuó bajo una indeterminación jurídica, sobre la base de una causal de
nulidad que no fue probada ni declarada judicialmente.
13. Violación del derecho al debido proceso. Se omitió surtir el procedimiento
establecido en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011,
por cuanto la expedición de las resoluciones demandadas no estuvo precedida de
audiencia, no se permitió al contratista ni al garante realizar descargos, presentar
pruebas, ni ejercer su derecho de contradicción.
14. Violación del derecho al debido proceso por vulneración del principio de non
bis in ídem. Con fundamento en un mismo hecho –incorrecta inversión del anticipo–
la demandada afectó los amparos de cumplimiento y de buen manejo y correcta
inversión de ese rubro, con lo cual se benefició de un doble pago sobre la base del
mismo hecho.
4
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
15. Falta y falsa motivación por error de hecho. A pesar de que existían
documentos que acreditaban el cumplimiento del plan de inversiones del anticipo,
la empresa se basó en el informe AB-CUN-079046-2013 del 13 de septiembre de
2013 en el que la interventoría expuso situaciones que no eran definitivas y que no
tenían la entidad de deducir o afirmar la falsedad de los documentos aportados por
la UT sobre la inversión del anticipo, lo cual debió ser esclarecido con diligencia por
parte de la interventoría y la empresa. Si la entidad consideraba que los respaldos
de la inversión allegados por la contratista eran insuficientes, debió exponer
sólidamente el argumento de su posición, pero en ninguna de las resoluciones
enjuiciadas restó credibilidad a dichos medios documentales.
16. Desviación de poder. La entidad pretendió obtener una doble e ilegítima
remuneración, pues afectó el amparo de cumplimiento y el de buen manejo y
correcta inversión del anticipo. Estas afectaciones, además, desconocieron el objeto
del amparo de cumplimiento, el cual tiene una finalidad específica que no
corresponde con la de la inversión indebida o incorrecta del anticipo.
17. Falta de competencia derivada de la declaratoria de incumplimiento del
contrato por fuera de la oportunidad. La demandada declaró la ocurrencia del
siniestro después de la liquidación del contrato No. 26 de 2011, en contravía de lo
dispuesto en la jurisprudencia que prescribe que la declaratoria de incumplimiento
debe materializarse antes del finiquito del negocio jurídico.
Contestación de la demanda
18. Emsersopó se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó su
competencia para expedir los actos demandados. Señaló que, si bien su
contratación se rige por el derecho privado, ello no implica una completa
desvinculación del EGCAP, y que podía liquidar unilateralmente el contrato y hacer
efectiva la póliza de cumplimiento incluso después de terminado y liquidado el
negocio jurídico. Propuso las siguientes excepciones:
19. Existencia de causales de nulidad del contrato de obra No. 26 de 2011. La
decisión adoptada en la Resolución 103 de 2013 se fundó en la ausencia de causa
lícita para contratar, la transgresión del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 al adicionar
el contrato en más del 50% de su valor, y la violación al principio de planeación, por
no contar con los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto y carecer el río
Teusacá del caudal necesario para el debido funcionamiento del proyecto.
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Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
20. Contrato no cumplido. El contratista no observó el plan de manejo del
anticipo, circunstancia que derivó en un incumplimiento del negocio y en la
materialización de un riesgo amparado mediante la póliza de seguro.
21. La genérica. La declaración de cualquier otro medio exceptivo que resulte
probado en el proceso.
Alegatos en primera instancia
22. Surtido el debate probatorio4, el a quo corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión, y al Ministerio Público para emitir concepto5. La demandante6 y la
demandada7 insistieron en los argumentos que expusieron en la demanda y en su
contestación, respectivamente.
23. El Ministerio Público8 pidió acceder a las súplicas de la demanda, por cuanto
la entidad accionada ejerció una competencia o facultad contemplada en la Ley 80
de 1993 –la declaración de incumplimiento del contrato y la ocurrencia del siniestro–
pese a que no se gobernaba dicha normativa, sino por las previsiones de los códigos
Civil y de Comercio.
Los fundamentos de la sentencia impugnada
24. Como fundamento de la decisión que adoptó en los términos previamente
indicados, el Tribunal9 señaló que:
25. Emsersopó se rige por el derecho privado respecto de los contratos que
suscribe con ocasión del giro ordinario de sus negocios, pero no en aquellos cuyo
objeto está directamente relacionado con la función pública y el interés general,
como el contrato No. 26 de 2011 en el que se pactó la construcción del nuevo
sistema de acueducto del municipio, negocio jurídico que, por tanto, se gobernó por
4
En el curso de la audiencia inicial, el Tribunal abrió a pruebas el proceso –folios 165 a 170 del cuaderno 1-,
actuación en virtud de la cual: (i) tuvo como tales los documentos aportados por la parte actora -cuaderno 2-,
así como el cd contentivo del expediente administrativo del contrato 26 de 2011 y sus anexos, aportado por la
demandada, con su contestación de la demanda; (ii) decretó como prueba de oficio al aporte de los documentos
que demuestren que EMSERSOPÓ adquirió o suscribió promesa de adquisición de los predios donde se
ejecutaría el contrato 26 de 2011 y, en caso de no ostentar la propiedad de los terrenos, manifestar las razones
por las cuales decidió contratar sobre predios que no eran de su propiedad -folios 181 a 243 del cuaderno 1-.
5 Folio 246 del cuaderno 1.
6 Folios 273 a 279 del cuaderno 1.
7 Folios 250 a 272 del cuaderno 1.
8 Folios 280 a 292 del cuaderno 1.
9 Folios 294 a 313 del cuaderno del Consejo de Estado.
6
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos, normativa que le otorgaba competencia para
declarar el siniestro mediante acto administrativo.
26. Las resoluciones por medio de las cuales la empresa liquidó unilateralmente
el contrato de obra y declaró el siniestro de incumplimiento fueron proferidas en
tiempo, dado que, al no ostentar una naturaleza sancionatoria, la declaración de
ocurrencia de ese siniestro podía realizarse incluso después del finiquito del
contrato, pero dentro de la vigencia de la póliza del seguro de cumplimiento, que
vencía el 27 de marzo de 2016.
27. La demandada garantizó el derecho al debido proceso respecto de la
resolución que declaró el siniestro por indebido manejo del anticipo –la No. 90 de
2014–. Desde 2011 le otorgó al contratista y a la aseguradora la posibilidad de
desvirtuar la indebida inversión de esos recursos y les requirió en múltiples
ocasiones para que allegarán la documentación que permitiera legalizar los montos
invertidos. Tal oportunidad de defensa no ocurrió respecto de la declaratoria de
incumplimiento ordenada en esa misma determinación, puesto que no citó a
audiencia a la aseguradora como lo impone el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
respecto de esa declaración.
28. Emsersopó generó un doble cobro por el mismo hecho. En la Resolución 90
de 2014 hizo alusión a la indebida inversión e incorrecto manejo del anticipo como
hecho constitutivo de los riesgos de buen manejo del anticipo y de cumplimiento;
por tanto, declaró la nulidad parcial de los artículos primero, segundo y tercero de
ese acto en relación con la declaratoria de siniestro de incumplimiento por valor de
$429’010.474,20. Mantuvo la declaración de ocurrencia del otro siniestro.
29. Añadió que no se trasgredió el debido proceso de la aseguradora con la
expedición de la Resolución 103 de 2013 y su confirmatoria por su falta de
notificación a la demandante, en tanto tales actos –que pusieron de presente las
causales de nulidad en los contratos derivados de los convenios interadministrativos
No. 92 de 2009 y 13 de 2011 y ordenó su liquidación– no crearon o modificaron una
situación jurídica respecto de la aseguradora, dado que lo allí consignado no
implicaba una afectación de la póliza de cumplimiento.
30. No hubo falsa motivación. No se demostró que las conclusiones finales de la
interventoría no correspondieran a la verdad, toda vez que las facturas aportadas
por la contratista no fueron suficientes para demostrar la compra de los insumos y
los bienes, en la medida que en las diligencias de verificación realizadas por la firma
7
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
interventora no se logró el propósito de advertir la existencia de tales insumos, su
uso en la ejecución de la obra o su restitución a la entidad contratante.
31. El cargo de desviación de poder se subsume en los relativos a violación al
debido proceso y quebrantamiento del principio non bis in ídem que prosperaron.
EL RECURSO DE APELACIÓN
32. La aseguradora pidió que la nulidad se extendiera a las Resoluciones 90 y
122 de 2014. Desarrolló tres argumentos principales:
33. La argumentación del a quo para estudiar el régimen legal del contrato No.
26 de 2011 es desacertada, en la medida que contraviene lo establecido en la Ley
142 de 1994 –reiterado en el manual de contratación de la empresa– que establece
es el derecho privado.
34. La realización de la audiencia prevista en los artículos 17 de la Ley 1150 de
2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 es una garantía que se extiende a toda actuación
sancionatoria, entre ellas, la declaración del siniestro.
35. No se configuró el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo,
pues no se materializó ninguno de los supuestos legales previstos en el Decreto
4828 de 2008 que le dan lugar. Se acreditó que con los recursos desembolsados
bajo ese título el contratista adquirió bienes necesarios para la obra –compra
demostrada con unas facturas de venta–. La sola manifestación unilateral de la
administración no desvirtúa el mérito demostrativo de los documentos obrantes en
el expediente.
Trámite en segunda instancia
36. Al alegar de conclusión en la segunda instancia, la demandante insistió en
los argumentos que fundamentaron su alzada10. Emsersopó11 manifestó que
comparte el criterio esgrimido por el a quo, y el Ministerio Público guardó silencio.
10
Folios 403 a 414 del cuaderno principal.
11
Folios 415 a 418 del cuaderno principal.
8
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
37. La controversia, en sede de segundo grado, se centra en establecer si la
empresa estaba habilitada para hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta
inversión del anticipo mediante las resoluciones demandadas; de ser así, se
estudiará si se acreditó la ocurrencia de ese siniestro12.
Caso concreto
38. De conformidad con el Acuerdo 68 de 199513, Emsersopó es una empresa
industrial y comercial del Estado del orden municipal, cuyo objeto se limita a la
prestación de servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo.
39. La Ley 142 de 1994 estableció el régimen de los servicios públicos
domiciliarios14 y al hacerlo, entre una variedad de aspectos, definió que las
empresas de servicios públicos domiciliarios –ESP– son, entre otros15, los sujetos
habilitados para su prestación, en la forma y términos allí establecidos. Esta
normativa especial definió que los actos y contratos de las ESP, cualquiera sea su
12 La confrontación de los argumentos del apelante con los aspectos de la decisión de primer grado que son
atacados por esta vía es la que delimita el marco al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida
y, en esa medida, determina la competencia material del juez de segunda instancia –art. 320 del CGP–. Bajo
ese panorama, no le corresponde a la Sala pronunciarse sobre materias distintas a los planteadas en la alzada,
como lo sería la decisión relativa a la declaratoria de ocurrencia del siniestro de incumplimiento, dado que el a
quo anuló dicha determinación y la apelante no esbozó reparo alguno frente a dicha decisión, tampoco hay
lugar a examinar la negativa frente a la pretensión de las Resoluciones No. 103 y 127 de 2013, porque la
recurrente no insistió en ella.
13 Folios 182 y 183 del cuaderno 2.
14 Son aquellos que “se prestan a través de sistemas de redes físicas o humanas con puntos terminales en las
viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades
esenciales de las personas”. Sentencia C-205 de 1995 de la Corte Constitucional.
15 “ARTÍCULO 15. PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS. Pueden prestar los servicios públicos:
15.1. Las empresas de servicios públicos.
15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o
complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios
públicos.
15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de
los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios públicos en municipios
menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.
15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en
esta Ley.
15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse esta
Ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo
17”.
9
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
naturaleza jurídica se regulan por el derecho privado, salvo que la Constitución
Política o la ley dispongan lo contrario.
40. El régimen de derecho común implica que las partes actúan en escenarios
de equivalencia negocial, con las mismas condiciones de que gozan los particulares
en sus relaciones contractuales, sin las estructuras rígidas asociadas a un régimen
legal específico, como el que fue fijado por el EGCAP para las materias que regula.
41. Al no existir previsión constitucional o legal que conduzca a excluir el contrato
No. 26 del 27 de mayo de 201116 de ese régimen especial, se concluye que se rigió
por el derecho común.
42. En concordancia con el reconocimiento del régimen al cual están sometidos
los actos y contratos de las ESP, los actos que profieren no tienen la condición de
administrativos, por lo cual no pueden examinarse como tales, sino bajo las normas
que los rigen y los institutos que su naturaleza les impone, tal como fue expuesto
por esta Sección en reciente providencia de unificación, en la que se establecieron
las siguientes reglas relativas a la resolución de los conflictos originados en torno a
los actos emitidos por el ESP, con ocasión de su actuación contractual:
“(i) Salvo las excepciones legales, los actos jurídicos adoptados por los
prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad
contractual, no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y
comercial, así como por las reglas atinentes a su régimen especial. Por tal
razón, para controvertirlos a través del medio de control de controversias
contractuales, el demandante no tiene la carga de solicitar su anulación.
(ii) En los asuntos pendientes de solución bajo los que se hubiere solicitado la
nulidad de tales actos por considerarlos actos administrativos, no podrá
declararse la inepta demanda ni los jueces pueden inhibirse de emitir una
decisión de fondo. En garantía del derecho de acceso a la administración de
justicia y la aplicación del principio iura novit curia, se debe adecuar e interpretar
la demanda y reconducirla para fallarla de fondo, conforme a la presente
unificación”17.
43. Ante la constatación del régimen al que se sujetó el contrato No. 26 de 2011,
es dable colegir que los actos enjuiciados no tienen la condición de administrativos,
pues más allá del nombre con el que fueron rotulados, lo cierto es que para su
16
Que tenía por objeto la “construcción de las obras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y
distribución del nuevo sistema de acueducto del río Teusaca para beneficio del casco urbano y centros poblados
del municipio de Sopó Cundinamarca Fase II” (folio 3 del cuaderno 2).
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del
9 de mayo de 2024, radicación 76001233100020060332003 (53.962), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
10
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
expedición no medió el ejercicio de una prerrogativa pública, razón por la cual, en
consonancia con la mencionada posición unificada de la Corporación, serán
analizados bajo la naturaleza que les corresponde.
44. En consonancia con las reglas de unificación antes transcritas, la Sala se
abstendrá de realizar un estudio de legalidad de las mencionadas resoluciones a
partir de las causales de nulidad previstas por el legislador frente a los actos
administrativos, pues esta herramienta se refiere a un juicio de validez de los
elementos de esa clase de manifestaciones unilaterales de la administración, sin
que por ello se produzca una variación a la causa petendi, ni se desconozcan las
garantías procesales de las partes involucradas en este proceso. La Sala
desplegará sus facultades interpretativas y decisorias bajo el cauce de las reglas
del derecho común y de conformidad con los términos en que se concedió la póliza
33-44-101051838 y sus condiciones generales.
45. El 1 de junio de 2011, Seguros del Estado S.A. expidió la póliza de seguro
de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 33-4410105183818, a través de
la cual garantizó el cumplimiento general de las obligaciones surgidas con ocasión
del contrato No. 26 de 201119. En dicha póliza figura como tomador la Unión
Temporal PTAP Sopó 2011 y asegurado-beneficiario Emsersopó. En las
condiciones generales se determinó el alcance del amparo de buen manejo y
correcta inversión del anticipo y la efectividad de la garantía otorgada en los
siguientes términos:
“1.2. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL
ANTICIPO
EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE
SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN, (II)
EL USO INDEBIDO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL
18 Folios 14 a 28 del cuaderno 2.
19 El objeto de este contrato se pactó en los siguientes términos: “CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO – El
contratista se obliga para con LA EMPRESA a efectuar la ‘CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
CAPTACIÓN, CONDUCCION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS
POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA FASE II, DE CONFORMIDAD CON EL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 103 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EMSERSOPO Y EMPRESAS
PUBLICAS DE CUNDINAMARCA’. PARÁGRAFO: Hace parte integral del presente contrato las estipulaciones
contempladas en los pliegos de condiciones y la propuesta presentada por el CONTRATISTA. CLÁUSULA
SEGUNDA. ALCANCE DEL PROYECTO: Para el desarrollo de las actividades del contrato, EL CONTRATISTA
deberá construir la Bocatoma lateral y bombeo al desarenador, floculadores, sedimentadores, batería de filtros,
tanque de contacto de cloro, tanque de agua clorada, techo de secado de lodos, suministro de 572 ML de tubería
d 8” PVCR DE 21, instalación de 720 ML de tubería de 8” PVCR DE 21, instalación de 430 ML de tubería de
12” PVCR DE 21”.
11
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
CONTRATISTA GARANTIZADO, REALICE DE LOS DINEROS O BIENES
QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TRATÁNDOSE DE BIENES DISTINTOS DE
DINERO, SE ATENDERÁ LA TASACIÓN REALIZADA EN EL CONTRATO
GARANTIZADO.
(…)
5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA
PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE CUALQUIERA DE LOS AMPAROS
OTORGADOS EN ESTA PÓLIZA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE
CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y
ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.
EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS
POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:
(…)
5.1. RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD
ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE
IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA
OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN
LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE
ÉSTE AMPARO SEGURESTADO.
5.2. EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA PROFERIRÁ ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE
EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA
CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO,
ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A
SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO
DEL SINIESTRO.
5.3. EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO. DICHO ACTO
ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.
5.4. EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL
ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE
DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL
MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL,
ORDENANDO SU PAGO”20 (resaltado del texto original).
20
Folios 26 a 27 del cuaderno 2.
12
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
46. En el numeral 5 de las condiciones generales del contrato de seguro, en
consonancia con lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio, se indicó
que respecto de cualquiera de los amparos cubiertos la entidad asegurada debía
demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, si fuere el caso, y
fijó un procedimiento particular para la efectividad de la garantía, consistente en que
Emsersopó –la asegurada– debía expedir un “acto administrativo”, esto es, debía
manifestar su voluntad de declarar la realización del riesgo amparado, cuantificar la
pérdida y ordenar el pago de la indemnización a la aseguradora.
47. En el escenario del conflicto que ahora ocupa la atención de la Sala, la
demandante alegó que la asegurada no podía expedir los “actos administrativos”
tendientes a declarar la ocurrencia material del riesgo amparado y a hacer efectiva
la garantía, y añadió que el contrato de seguro no podía constituirse como fuente
de tal competencia, de ahí que no estaba obligada al pago de la suma asegurada.
48. Bajo el régimen jurídico que gobernó el contrato No. 26 de 2011, Emsersopó
carecía de competencia para proferir actos administrativos, sin que una convención
particular pudiera atribuirle una facultad de esa naturaleza, puesto que las
prerrogativas públicas sólo emanan de la Constitución o la ley (arts. 6 y 121
constitucionales). El contrato de seguro de cumplimiento que celebraron dos
particulares tampoco podían dotarla de tales prerrogativas21. Sin embargo, como ya
en otras oportunidades lo ha señalado esta Subsección22, resulta inadmisible el
entendimiento que la demandante pretende darle a las condiciones generales de la
póliza que ella misma redactó, en la medida que parte de un velado juicio de
invalidez de tales condiciones que llevaría a concluir que al expedirla no asumió
ninguna obligación, en tanto el cumplimiento de la condición que impuso para
demostrar la ocurrencia del siniestro –de lo que pende la materialización de su
obligación condicional de pago– sería moralmente imposible de cumplir, por
contravenir el orden público23.
21 Emsersopó no es parte del contrato de seguro de cumplimiento, en tanto no asumió la condición de tomadora
y, naturalmente, tampoco la de aseguradora (art. 1037, C. Comercio), sino que fungió como asegurada y
beneficiaria de la indemnización cuyo pago estaría en cabeza de Seguros del Estado S. A. en caso de
configurarse el siniestro.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24
de septiembre de 2020, radicación 050012331000 200300985 01 (44707), Consejero Ponente: José Roberto
Sáchica Méndez. Reiterado también por esta Subsección, a través de la sentencia del 8 de abril de 2024,
radicación 85001-23-33-000-2016-00053-01 (60.718), Consejera Ponente: María Adriana Marín.
23
Código Civil: “ARTICULO 1531. <CONDICIÓN POSITIVA O NEGATIVA>. La condición es positiva o
negativa.
“La positiva consiste en acontecer una cosa; la negativa en que una cosa no acontezca”.
“ARTICULO 1532. <POSIBILIDAD Y MORALIDAD DE LAS CONDICIONES POSITIVAS>. La condición
positiva debe ser física y moralmente posible.
Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física; y moralmente imposible la que
consiste en un hecho prohibido por las leyes, o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público.
13
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
49. Un entendimiento como el predicado por la demandante conduciría a restar
cualquier efecto útil a lo estipulado, por lo cual, lo que resulta jurídicamente acertado
es analizar las condiciones generales de la póliza a partir de lo que fue la verdadera
intención de las partes del contrato de seguro –es decir, la contratista tomadora y
Seguros del Estado– de cara a la forma y requisitos que debía cumplir la asegurada
–Emsersopó– para obtener el pago de la indemnización en caso de que se
configurara alguno de los siniestros amparos; todo esto en el escenario del régimen
legal que resulta aplicable a esta clase de contratos. Desde esta orilla, la solución
del caso permite la realización efectiva de los postulados de administración de
justicia sin caer en el vacío de las argumentaciones que atentan contra la buena fe
negocial, la efectividad de los contratos y la necesidad de interpretarlos bajo las
reglas que permitan hacer efectivos sus postulados.
50. Para esta Sala, en la solución de los conflictos de naturaleza contractual, las
partes y el juez deben emplear las herramientas de interpretación que conduzcan a
tal objetivo, que comprenden desde aquellas que indagan por la intención común
de las partes, en procura de preferir el propósito o designio de los sujetos sobre el
significado literal de las palabras –artículo 1618 C.C– hasta aquellas que privilegian
el entendimiento que produzca un efecto –artículo 1620 C.C.–.
51. Con esta guía, empieza la Sala por precisar que el seguro de cumplimiento
es una modalidad o variante del seguro de daños que persigue garantizar la
indemnización de los perjuicios que se puedan derivar de la inobservancia de las
obligaciones que tengan origen en otro negocio jurídico; por tanto, el riesgo asumido
por la aseguradora consiste en “la eventualidad del incumplimiento del deudor”24.
Como lo que se garantiza es el pago de los perjuicios irrogados al acreedor por la
inobservancia de las obligaciones contraídas por el contratista de otra relación
negocial, si éste último no se sujeta a los compromisos adquiridos y tal
desconocimiento genera un perjuicio, se entenderá cumplida la condición de la que
pende la materialización de la obligación de pago de la aseguradora, caso en el cual
le corresponderá indemnizar los perjuicios ocasionados al asegurado –acreedor25–
52. En el sub examine, la compañía aseguradora otorgó el seguro de
cumplimiento con la expresa manifestación de cobertura de los siguientes amparos:
Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles” (negrillas fuera de
texto).
24
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, providencia del 21 de septiembre de 2000, expediente
6140.
25
"...el asegurado no puede ser otro que el acreedor de la obligación amparada, pues únicamente en él radica
un interés asegurable de contenido económico (art. 1083 C.C.)” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, sentencia del 7 de mayo de. 2002, expediente 6181).
14
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
(i) seriedad de la oferta, (ii) buen manejo y correcta inversión del anticipo, (iii)
devolución del pago anticipado, (iv) cumplimiento del contrato, (v) pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, (vi) estabilidad y calidad de la
obra, (vii) calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados,
y (viii) calidad del servicio.
53. En el contrato de seguro de cumplimiento fungieron como partes la tomadora,
posición que ocupó la UT –sujeto generador del riesgo de incumplimiento de las
obligaciones del contrato No. 026 de 2011– y como aseguradora, Seguros del Estado
S.A., que asumió en cabeza suya la obligación condicional de pagar la indemnización
en caso de configurarse alguno de los riesgos amparados por la póliza de
cumplimiento que expidió en relación con ese negocio jurídico. Por voluntad de estas
partes y en razón de la naturaleza del seguro que se adquirió26, sus estipulaciones
se hicieron en favor de Emsersopó –asegurada– por ser la titular del interés
asegurable, en tanto era su patrimonio el que podía sufrir perjuicios en caso de
configurarse alguno de los riesgos amparados por la póliza; por tanto, en el evento
de ocurrencia del siniestro esta entidad pública era la que –sin ser parte de ese
contrato, por no ocupar ninguna de las posiciones a las que se refiere el artículo 1037
del Código de Comercio– se constituiría en acreedora de la aseguradora, pues
adquiriría el derecho a recibir de su parte la indemnización a la que aquélla se obligó
en el evento de cumplirse esa condición.
54. En el marco de esa relación triangular que es propia de la figura de la
estipulación a favor de otro que, como una excepción al principio de relatividad de los
contratos, regula el Código Civil en su artículo 1506, las partes del contrato de seguro
fijaron las condiciones que debía cumplir Emsersopó en calidad asegurada para
hacer efectiva la póliza que en su favor se estableció en caso de materialización de
alguno de los riesgo que a través suyo se ampararon, condiciones que, por tanto,
estaba llamada a cumplir para lograr el pago de la indemnización y que, como
enseguida se verá, incluyeron facultarla para que, en lugar de seguir el procedimiento
de reclamación establecido en los artículos 1077, 1080 y 1053 del Código de
Comercio, lograra el pago de la indemnización mediante una declaración unilateral
en la que debía dar cuenta de la ocurrencia del siniestro y de su cuantía y, con base
en ello, ordenara a la aseguradora el pago de la indemnización. Es decir, lo que las
partes del seguro convinieron para que Emsersopó hiciera efectiva la póliza no fue
que lo hiciera a través de una reclamación que pudiera ser objetada por la
aseguradora, en tanto que se la facultó expresamente para que, acreditada la
26 El seguro de cumplimiento se ubica en la categoría de seguro de daños, por tanto, el asegurado y llamado a
percibir el valor de la indemnización solo puede ser aquél que puede sufrir un daño en razón del eventual
incumplimiento que constituye en el riesgo amparable.
15
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
ocurrencia del siniestro y su cuantía, no solo requiriera, sino que le ordenara el pago,
sin perjuicio de que Seguros del Estado, como ocurrió, pudiera demandar en vía
judicial el ejercicio correcto de tal atribución convencional.
55. En efecto, a partir de la causa del contrato de seguro de cumplimiento y las
estipulaciones que quedaron consignadas en las condiciones generales de la póliza,
la intención de los contratantes fue clara al establecer que para hacer efectiva la
garantía en caso de ocurrencia del riesgo en los eventos amparados Emsersopó
“proferirá el acto administrativo correspondiente”, en el que “procederá a cuantificar
el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, ordenando su pago”.
56. El hecho de que en las condiciones generales del contrato de seguro se
indicara de manera errónea que para hacer efectiva la garantía Emsersopó debía
declarar la ocurrencia del siniestro a través de lo que denominaron un “acto
administrativo”, no desdice de que la intención de los contratantes en cuanto a que
la manifestación unilateral de Emsersopó era el medio establecido para lograr la
efectividad de la garantía.
57. Como el negocio jurídico plasma la autonomía y libertad de los sujetos que
en él intervienen, por medio de la inclusión de los pactos que se ajusten a su querer
y propósito, no es viable desconocer que con la estipulación de un procedimiento
para la efectividad de la garantía las partes buscaron establecer un trámite especial
para la declaración, cuantificación y cobro de la indemnización en caso de
configuración de los riesgos amparados con la póliza de cumplimiento, de manera
que la Sala no puede pasar por alto ese ánimo convencional que no comporta una
vulneración del ordenamiento jurídico superior, comoquiera que dicha interpretación
no puede contrariarlo.
58. Resalta la Subsección, como lo manifestó en oportunidad previa 27, que
estipulaciones de este tipo no contravienen el orden público, ni suponen la alteración
o desconocimiento de normas inmodificables28, en la medida que no se dejó al
arbitrio de Emsersopó la configuración o constitución del siniestro, lo cual vulneraría
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24
de septiembre de 2020, radicación 050012331000 200300985 01 (44707), Consejero Ponente: José Roberto
Sáchica Méndez.
28
Código de Comercio “ARTÍCULO 1162. <NORMAS INMODIFICABLES Y MODIFICABLES SOLO EN
SENTIDO FAVORABLE>. Fuera de las normas que, por su naturaleza o por su texto, son inmodificables por la
convención en este Título, tendrán igual carácter las de los artículos 1058 (incisos 1o., 2o. y
4o.), 1065, 1075, 1079, 1089, 1091, 1092, 1131, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1150, 1154 y 1159. Y sólo
podrán modificarse en sentido favorable al tomador, asegurado o beneficiario los consignados en los
artículos 1058 (inciso 3o.), 1064, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1078 (inciso
1o.), 1080, 1093, 1106, 1107, 1110, 1151, 1153, 1155, 1160 y 1161”.
16
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
los artículos 105429 y 105530 del Código de Comercio. Lo pactado solo supuso que,
para hacer efectiva la póliza, como ocurre con cualquier otro beneficiario (art. 1077,
Código de Comercio), la asegurada tenía a su cargo la obligación de acreditar el
cumplimiento de las condiciones que dan lugar al surgimiento de la obligación de
pago en cabeza de la aseguradora, para lo cual, por voluntad de esta última y no
por prerrogativas de la ley, debía expedir un acto unilateral que diera cuenta de ello,
lo cual tampoco vulnera el orden público, en la medida que no impide a la
aseguradora demostrar lo contrario o cualquier otro hecho o circunstancia
excluyente de su responsabilidad. Se añade que la fijación del procedimiento para
hacer efectivo el siniestro amparado no hace parte de la lista taxativa de normas
inmodificables en torno al contrato de seguro, de que trata el artículo 1162 del
Código de Comercio, y esa ruta convencional tampoco versa o altera alguno de los
elementos del contrato.
59. En consecuencia, pese a su denominación y a la forma que adoptaron, las
resoluciones que declararon la ocurrencia del siniestro no constituyeron verdaderos
actos administrativos, pues conforme a la autonomía de la voluntad, se trataba de
la expedición un acto que estaba a cargo de una entidad pública, no en ejercicio de
poderes o prerrogativas propias de la administración pública, de las cuales, según
lo analizado, Emsersopó carecía, sino del cumplimiento de los trámites que, en
calidad de asegurada y beneficiaria de la póliza, le eran exigibles para obtener el
pago del siniestro en los términos dispuestos en las condiciones generales del
contrato de seguro diseñados por la propia demandante, por lo cual se concluye
que sí tenía capacidad (no competencia) para emitirlos con el carácter vinculantes
de los que se les dotó, al señalar tales condiciones que era lo necesario para emitir
la “orden” de pago a la aseguradora.
60. Para abundar en razones, en lo que a este aspecto concierne, previene la
Sala que la declaración de ocurrencia de buen manejo y correcta inversión del
anticipo no constituye una facultad unilateral de poder público o excepcional de la
administración, toda vez que esa manifestación, así como la estimación de la
cuantía del perjuicio, hacen parte de las obligaciones que a cualquier particular
29
“ARTÍCULO 1054. <DEFINICIÓN DE RIESGO>. Denominase riesgo el suceso incierto que no depende
exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen
a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen
riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva
respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento” (negrillas fuera de texto).
30
“ARTÍCULO 1055. <RIESGOS INASEGURABLES>. El dolo, la culpa grave y los actos meramente
potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario
no producirá efecto alguno, tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado contra las
sanciones de carácter penal o policivo” (negrillas fuera de texto).
17
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
corresponde asumir para lograr el pago de la suma asegurada31 y, además, porque,
como se vio, dotar convencionalmente a tales manifestaciones de entidad suficiente
para hacer exigible el pago del siniestro ante la aseguradora sin seguir el camino
previsto en los artículos 1077, 1080 y 1053 del Código de Comercio, no vulnera el
orden público.
61. Precisado lo anterior, la Sala pasa a verificar si se cumplieron las condiciones
que dan lugar al surgimiento de la obligación de pago de la aseguradora,
específicamente, si tal determinación se ciñó a las condiciones previstas en la póliza
y a las cargas que, sobre esta materia, contiene la ley.
62. En la demanda y en el recurso de apelación, la demandante aseveró que se
vulneró su derecho al debido proceso, en tanto se omitió adelantar el procedimiento
establecido en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011,
porque no hubo audiencia ni un escenario en el que tanto la aseguradora como el
contratista pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción, pues no se les
dio oportunidad para debatir las pruebas con base en las cuales se hizo efectiva la
garantía, específicamente, un informe de la interventoría que no fue objeto de
verificación ni reproche.
63. La Sala ya precisó que el contrato No. 026 de 2011 se rigió por las normas
del derecho común, por lo cual no resultaba aplicable al caso el procedimiento
establecido en normativas que están dispuestas para regular relaciones negociales
regidas por EGCAP. No obstante, en línea con la reciente posición unificada de la
Sección Tercera de esta Corporación (párrafo 42), esto no impide analizar el cargo
invocado desde las normas del derecho común, que se traduce en determinar si
para hacer efectiva la garantía Emsersopó cumplió con las condiciones que se
pactaron en la póliza para su efectividad.
64. En la cláusula 5 de las condiciones generales de la póliza –previamente
transcrita– se estableció que para la efectividad de la garantía Emsersopó tenía la
carga de acreditar la ocurrencia del siniestro y su cuantía –convención que reitera
lo estipulado en el artículo 1077 del C. Co32– y que de ello debía dar cuenta en un
acto unilateral en el que hiciera tales declaraciones y ordenara el pago a la
aseguradora. La lectura conjunta de estas estipulaciones conduce a concluir que
31
Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección
Tercera, sentencia del 28 de noviembre de 2019, expediente 36600A.
32
ARTÍCULO 1077. <CARGA DE LA PRUEBA>. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del
siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.
El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.
18
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
para hacer efectiva la póliza no le bastaba a Emsersopó con solo manifestar que se
habían cumplido las condiciones que daban lugar al surgimiento de la obligación de
pago de la demandante, sino que tenía que fundamentar y acreditar debidamente
las bases de su dicho.
65. En este punto, es pertinente mencionar, como en otra oportunidad lo hizo
esta Subsección33, que cualquiera sea el medio dispuesto para hacer efectiva la
garantía –sea que se trate de un acto administrativo, de un acto jurídico unilateral
con efectos vinculantes para la aseguradora o de una reclamación en estricto
sentido–, corresponde al beneficiario de la indemnización cumplir con las
condiciones sustantivas que impone la ley comercial para que se materialice la
obligación de pago de la aseguradora; por tanto, la acreditación de la ocurrencia del
siniestro y de la cuantía de la pérdida son elementos que por imperativo legal
deberán estar presentes en cualquiera de los mecanismos que se utilicen para
lograr el pago de la indemnización.
66. Antes de determinar si Emsersopó siguió el procedimiento establecido en las
condiciones generales de la póliza para hacer efectivo el amparo de buen manejo y
correcta inversión del anticipo y si, en el marco de ello, acreditó debidamente la
ocurrencia de ese siniestro, se estima pertinente aclarar que fue a través de la
Resolución No. 90 de 201434 y su confirmatoria, la Resolución No. 122 de ese
33
“68. … una de las materias respecto de las cuales se ha entendido que los seguros de cumplimiento de
contratos estatales se regulan especialmente por las normas del derecho público se refiere, justamente, el
procedimiento para hacer efectiva la póliza —la Sala en este punto advierte que, si bien este tema no es pacífico
en la jurisdicción, al menos no en todos los eventos, aquí no será abordado por no haber sido objeto de debate—
; ello, admitido o no, en todo caso, no permea el tema relacionado con las condiciones sustantivas que se deben
cumplir y acreditar para que surja en cabeza de la aseguradora la obligación de pago, de manera que, sea que
a ello se pretenda llegar por la vía de la decisión unilateral de la administración —el acto administrativo— o a
través del procedimiento regulado en los artículos 1077, 1080 y 1053 del Código de Comercio —la
reclamación—, lo cierto es que, en uno y otro caso, tales presupuestos deberán estar presentes por imperativo
legal, pues sin la demostración de aquellos —carga que corresponde al asegurado— la aseguradora no estará
obligada al pago.
69. En efecto, si, como señala el numeral 1º del artículo 1037 del Código de Comercio —partes del contrato de
seguro—, el asegurador es la persona jurídica que asume los riesgos, que, según el numeral 2º ibídem, le son
trasladados, por cuenta propia o ajena por el tomador, para que, en caso de que se realice el hecho material
amparado sea aquélla la que asuma la responsabilidad de indemnizar los perjuicios que se causen de tal
circunstancia, hasta el monto que hubiere amparado, entonces, es claro que para que surja tal obligación es
necesario que se cumpla la condición de la ocurrencia del siniestro”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, radicación
25250002326000201000660 01 (53.318), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
34
RESOLUCIÓN 90 DE 2014:
“ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la ocurrencia de los siniestros que fueron pactados en el contrato de obra
Nº 026 de 2011 que se exponen a continuación y que se encuentran amparados bajo la Garantía de
Cumplimiento Estatal ENTIDAD ESTATAL 33-44-10151838 expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A.,
teniendo en cuenta que su ocurrencia se presentó bajo la vigencia de la misma, de conformidad con la parte
motiva de este acto.
AMPARO
SUMA ASEGURADA
19
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
mismo año35 que la empresa declaró la ocurrencia del siniestro de buen manejo y
correcta inversión del anticipo. En la Resolución 103 de 201336 y su confirmatoria
127 del mismo año37, la entidad declaró que, entre otros, el contrato No. 26 de 2011
estaba viciado de nulidad, dispuso que se iniciaran las acciones pertinentes para
que se obtuviera esa declaración judicial y ordenó su liquidación. En la Resolución
12 de 201438 y la 34 de esas mismas calendas39, se liquidó el contrato y se dispuso
que la contratista debía restituir el valor del anticipo y que, en caso de que no lo
hiciera, se declararía el siniestro “de incumplimiento” bajo el amparo de anticipo. En
observancia de lo indicado en la referida Resolución 12 de 2014, la empresa,
mediante oficio ESP 1907 del 29 de abril de 2014, requirió a la contratista para que
reintegrara los dineros otorgados por concepto de anticipo, para lo cual le otorgó un
plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación de dicho acto, término
que culminó sin que eso ocurriera. A través de la Resolución 90 de 2014 y la 122
de ese año, Emsersopó declaró la ocurrencia de los siniestros de cumplimiento –
aspecto sobre el cual ya se pronunció el Tribunal y no fue objeto de apelación– y de
buen manejo y correcta inversión del anticipo.
67. Como las denominadas “Resoluciones” no constituyen verdaderos actos
administrativos su análisis no se abordará de manera individual como contenedoras
cada una de ellas de una situación jurídica particular, sino que deben ser estudiadas
de manera conjunta y sistemática en aras de determinar si la obligación de pago de
la aseguradora se materializó. El análisis se centrará en las Resoluciones 12 de
Cumplimiento
$429.010.474.20
Buen Manejo de Anticipo
$643.515.711.30
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena que la Garantía de
Cumplimiento Estatal ENTIDAD ESTATAL 33-44101051838 expedida por la Compañía Seguros del Estado
S.A., se haga efectiva en un monto de MIL SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($1.072.526.185.50), a favor de
la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ en relación con el amparo de cumplimiento y Buen
manejo del Anticipo.
ARTÍCULO TERCERO: En consecuencia de lo anterior, DECLARAR deudora de la Empresa de Servicios
Públicos de Sopó a la Compañía Seguros del Estado S.A., por la suma MIL SETENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE
($1.072.526.185.50)” Folio 113 del cuaderno 2.
35
Cd Fl.140A, C1, archivo “14/08/11 RESOLUCION N° 122”, carpeta “PROCESO DE LIQUIDACIÓN
UNILATERAL #03
36
Folios 30 a 57 del cuaderno 2.
37
Folios 73 a 83 del cuaderno 2.
38
Cd Fl.140A, C1, archivo “14/01/24 EMSERSOPO RESOLUCION No. 12”, carpeta “PROCESO DE
LIQUIDACIÓN UNILATERAL #02”
39
Cd Fl.140A, C1, archivo “14/03/21 RESOLUCION N° 34”, carpeta “PROCESO DE LIQUIDACIÓN
UNILATERAL #03
20
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
2014 y siguientes, en la medida que la 103 y su confirmatoria no determinaron nada
en relación con el amparo referido al anticipo40.
68. Como sustento de las determinaciones de la Resolución 90 de 2014,
Emsersopó señaló que en el informe AB-CUN-079-044-2013 del 13 de septiembre
de 2013 la firma interventora Aguas de Bogotá hizo constar que fue imposible
verificar la ejecución del anticipo y que, posteriormente, mediante oficio AB-CUN-
079-046-2013 del 18 de noviembre de 2013 la misma interventoría emitió concepto
en el que expresó que los recursos girados no fueron debidamente invertidos
conforme el plan aprobado. Es decir, la prueba en la que se sustentó Emsersopó
para acreditar la ocurrencia del siniestro y su cuantía fueron los referidos oficios
emitidos por la interventoría.
69. En el primero la interventoría consignó lo siguiente sobre los hallazgos
advertidos en las diligencias de verificación de los proveedores Bombas de
Colombia S.A. -Bomcol-, Serviacueducto Ltda. e Ingedeval Ltda.:
“4. Como resultado de la mencionada visita [visita de verificación del 4 de
septiembre de 2013], esta interventoría fue notificada por Bombas de Colombia
S.A.S., mediante comunicación escrita sellada y firmada de la siguiente
situación: ‘la UNIÓN TEMPORAL PTAP SOPÓ 2011 (…) compro (sic) los
equipos referenciados según factura No. 3600 con fecha 24 de octubre de 2011
y que se encuentran en nuestras bodegas (…) y se encuentran a disposición
del municipio PREVIO AL PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
5. En función de lo establecido en el numeral anterior se hace necesario que
el Contratista de obra se pronuncie al respecto, con el fin de dar claridad
y determinar si los recursos del anticipo fueron destinados
exclusivamente a la ejecución del contrato de obra 026-2011, toda vez que
dichos recursos son de carácter público y de destinación específica.
6. Respecto a la verificación de los insumos adquiridos por parte del Contratista
de obra con SERVIACUEDUCTO LTDA., esta interventoría realizó visita al
proveedor el 04 de septiembre de 2013, según se evidencia en el oficio AB-
CUN-079-041-2013. Sin embargo, debido a que el personal a cargo del
proceso de compras de esta firma no se encontraba disponible, no fue
posible determinar la existencia de los insumos relacionados en las
facturas respectivas.
40
Al resolver el recurso de reposición que la aseguradora formuló contra la Resolución 103 de 2013, Emsersopó,
mediante la Resolución 127 de ese año, aseveró que resultaba improcedente dicho medio de defensa de cara
a Seguros del Estado, por cuanto el acto discutido no creó una “situación de carácter particular y concreto”
frente a dicha compañía y “en tal virtud y de conformidad con la normatividad vigente, la compañía aseguradora
Seguros del Estado carece de legitimación en la causa para impugnar un acto en que se crea una situación de
carácter particular y concreto de los contratista, acto que por ello ni siquiera le fue notificado personalmente tal
y como se desprende de la citada Resolución” (fl. 75, C2).
21
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
7. Referente al proveedor INGEDEVAL LTDA., se evidencia que el domicilio
registrado en la factura No. 027 del 24 de octubre de 2011, no fue encontrado
y por ende fue imposible determinar la existencia de los insumos
adquiridos por el Contratista de Obra con este proveedor.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y el estado actual de los recursos
destinados como anticipo, estamos obligados a expresar nuestra preocupación
al respecto e informar esta nueva situación a ustedes como Entidad Contratante
y a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., como nuestro
contratante, para fines pertinentes”41 (énfasis agregado).
70. El anterior documento no revela una conclusión certera sobre la presunta
indebida inversión del anticipo. Solamente se refirió a dudas relativas a la
verificación de disponibilidad de los bienes adquiridos por la contratista y puso de
presente la necesidad de que la UT se pronunciara sobre los hallazgos referidos,
para que aclarara si los recursos fueron utilizados conforme al plan aprobado; por
tanto, lo consignado en dicho informe simplemente esbozó cuestionamientos sin
respuesta o solución directa, de manera que no constituyó un medio idóneo para
cumplir con la carga probatoria de la asegurada.
71. A través de escrito del 13 de octubre de 201342, la interventoría remitió el
oficio AB-CUN-079-044-2013 del 13 de septiembre de 2013 a la aseguradora y le
comunicó que, en virtud de lo consignado en aquél, era “pertinente y obligatorio (…)
advertir la ocurrencia de un siniestro en el sentido de que uno de los riesgos
amparados, ha acaecido en el contrato N° 26 de 2011”.
72. Ante las inquietudes planteadas por la interventoría en el referido oficio, la
aseguradora requirió a la contratista para que se pronunciara sobre las mismas, la
cual, en documento del 7 de octubre de ese año43, le manifestó que ejecutó el
anticipo según lo previsto en su plan de inversión. Como soporte adjuntó varios
documentos, así:
(i) Respecto de Bomcol, aportó la factura de venta No. 3600 del 24 de octubre de
201144 y las certificaciones emitidas por ese proveedor los días 24 de octubre de
41
Folio 146 del cuaderno 2.
42
Cd Fl.140A, C1, archivo “AMPAROS Y SINIESTRO CTO 26”, carpeta “PROCESO DE LIQUIDACIÓN
UNILATERAL #01”
43
Cd Fl.140A, C1, archivo “13/10/07 OF.048045”, carpeta “PROCESO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL #02”
44
Donde consignó que la unión temporal le compró los equipos anunciados en la factura No. 3600 de 2011, los
cuales se encontraban a disposición de la contratista o de la empresa en las bodegas de dicha sociedad.
22
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
201145, 446 y 25 de septiembre de 201347, esta última en la que consignó que el
pago pendiente al que se aludió en la certificación del 4 de septiembre correspondía
al bodegaje de los elementos adquiridos, los cuales estaban disponibles en las
instalaciones del proveedor;
(ii) En relación con Serviacueducto Ltda., allegó certificación del 19 de septiembre
de 201148, las facturas de venta No. 1682, 1683, 1684 y 1685 del 19 de septiembre
de 201149 y certificación del 24 de septiembre de 201350, a través de la cual este
proveedor indicó que los bienes adquiridos por la unión temporal el 19 de
septiembre de 2011 se encontraban en sus bodegas; y
(iii) En punto a Ingedeval Ltda. arrimó la factura de venta No. 027 del 24 de octubre
de 201151, en la que se detalló que la contratista compró el suministro e instalación
de tuberías y accesorios para los floculadores de la obra del contrato de obra No.
26 de 2011.
73. La aseguradora, a través del oficio GIF 5214 del 23 de octubre de 2013 52,
remitió la anterior información a la entidad. El expediente muestra que Emsersopó
no puso en conocimiento de la aseguradora las conclusiones derivadas de tal
información.
74. Posteriormente, la interventoría emitió el informe 079-046-2013 del 18 de
noviembre de 2013, con el propósito de dar alcance al oficio AB-CUN-079-044-2013
del 13 de septiembre de 201353, cuyo contenido sí expresa una conclusión clara
respecto de la utilización del anticipo del contrato No. 26 de 2011, en los siguientes
términos:
45
Cd Fl.140A, C1, archivo “11/10/24”, carpeta “INTERVENTORÍA # 2”
46
En la que Bomcol manifestó que las bombas de que trata la factura de venta No. 3600 se encuentran a
disposición del municipio o de la unión temporal, “previo al pago por parte del contratista”.
47
Cd Fl.140A, C1, archivo “13/09/25 CERTIFICACION DE PAGO”, carpeta “PROCESO LIQUIDACION
UNILATERAL # 2”
48
Allí la Serviacueducto señaló que la unión temporal le compró los equipos, elementos y accesorios descritos
en las facturas calendadas en esa misma fecha, también aludió que dichos bienes estaban ubicados en las
bodegas de su propiedad.
49
Cd Fl.140A, C1, archivo “11/09/19 SERVIACUEDUCTO-FACTURAS”, carpeta “PROCESO DE
LIQUIDACIÓN UNILATERAL #02”
50
Fl. 169, C2
51
Fl. 170, C2
52
Cd Fl.140A, C1, archivo “13/10/23 SEGUROS DEL ESTADO”, carpeta “PROCESO DE LIQUIDACIÓN
UNILATERAL #02”
53
En el informe del 18 de noviembre de 2013 se indica que se da alcance al informe del 13 de septiembre sin
desarrollar o al menos mencionar argumento alguno en torno a los documentos que la aseguradora le remitió,
a través del oficio GIF 5214 del 23 de octubre de 2013.
23
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
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“Conclusiones y recomendaciones
1. De acuerdo a lo señalado en los numerales (1), (2), (3) y (4) de la presente
comunicación [esos numerales desarrollan la argumentación relativa al empleo
del anticipo respecto de los cuatro (4) ítems que fueron aprobados en el plan de
inversión del mismo], esta Interventoría considera que el informe de inversión
del anticipo y los soportes correspondientes entregados por la unión temporal
PTAP SOPO 2011 no justifican la inversión de los recursos entregados a
manera de anticipo, de acuerdo al plan de inversión aprobado, por lo que se
evidencia que el Anticipo no está legalizado y se encuentra en administración
del Contratista”54.
75. Este último documento, a diferencia del fechado el 13 de septiembre de 2013,
sí expresa una conclusión sobre la utilización del anticipo, en el sentido de que no
se ajustó a lo aprobado sobre su destinación, toda vez que se encontraron una serie
de inconsistencias y falencias frente a su inversión, las cuales se resumen en
relación con los 4 ítems que componían su plan de inversión55, así:
76. Respecto del ítem 1, concerniente al “pago de salarios y jornales”, la
interventoría señaló que los 4 subcontratos entregados por la UT para desarrollar
este aspecto no otorgaban certidumbre de que el personal referido prestara su labor
en la obra de que trataba el contrato No. 26 de 2011 y, además, frente a los
subcontratos 3 y 4, sostuvo que se referían a gastos administrativos –en los que
incluyó los honorarios del residente y director de obra– que no podían ser cubiertos
por el anticipo.
77. Frente al ítem 2, “compra de equipos y repuestos”, señaló que ninguno de
los soportes relacionados con este aspecto eran válidos para acreditar la
destinación de los recursos, toda vez que (i) el recibo de Tecniservicios no podía
aceptarse contablemente, ya que no era un documento equivalente a una factura
de venta o cuenta de cobro, (ii) el recibo de Ferretería Torres fue adulterado,
comoquiera que se tachó la leyenda “régimen simplificado” y se escribió entre
54
Cd obrante a folio 140 A del cuaderno 1, archivo “13-11-18 OH.046 AGUAS DE BOGOTA”.
55
El plan de inversión del anticipo fue un requisito previo al otorgamiento del anticipo, aprobado, el 15 de junio
de 2011, de la siguiente forma (folio 155, C2):
Plan de Inversión del Anticipo
No Descripción Valor Porcentaje
1 Pago de salarios y jornales 64.351.571,14 10%
2 Compra de equipos y repuestos 19.305.471,34 3%
3 Transporte y alquiler de maquinaria 12.870.314,23 2%
4 Compra de materiales y accesorios 546.988.354,68 85%
TOTAL 643.515.711,39 100%
24
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
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Acción: Controversias contractuales
paréntesis “común”, y (iii) el contrato de prestación de servicios suscrito con
Ingedeval Ltda. tampoco se acompasaba con este ítem, pues su objeto fue el
alquiler de maquinaria y no la compra de equipos.
78. Respecto del punto 3 del plan de inversión del anticipo, “transporte y alquiler
de maquinaria”, la interventoría indicó que el contratista aportó dos contratos, uno
con Ingedeval Ltda. y otro con Germán Carrón, ambos para el alquiler de maquinaria
amarilla, junto con los comprobantes de egreso; sin embargo, concluyó que estos
documentos eran insuficientes para probar el efectivo alquiler de los equipos,
porque los comprobantes de egreso allegados por la unión temporal carecían “del
sello de recibido y de cuentas de cobro que justifiquen el cumplimiento de la labor
contratada”.
79. En cuanto al ítem 4, “compra de materiales y accesorios”, señaló que: (i) no
fue posible comprobar la existencia y pago de los insumos comprados a Bombas de
Colombia S.A.S. “Bomcol”, comoquiera que existían dos certificaciones
contradictorias que no permitían tener certeza sobre el pago de los bienes y su
disponibilidad en las bodegas del proveedor; (ii) respecto de Serviacueducto Ltda.
no se pudo determinar la existencia de los insumos relacionados en las facturas que
se aportaron, ya que el personal a cargo del proceso de compras no se encontraba
disponible cuando se realizó la verificación e inspección por parte de la interventoría
y; (iii) frente a Ingedeval Ltda., luego de múltiples intentos de comunicación con esta
sociedad, quien había fungido como su representante legal afirmó que dicha
persona jurídica ya no existía, por lo que el contrato de prestación de servicios y la
factura aportados en relación con ésta no daban suficiente claridad y validez
respecto de la transacción comercial que la unión temporal realizó con este
proveedor, a lo que agregó que no había certeza acerca del estado de los insumos
adquiridos.
80. Aunque el oficio AB-CUN-079-046-2013 sí contiene un análisis acerca de las
circunstancias por las cuales Emsersopó concluyó que se configuró el siniestro de
buen manejo y correcta inversión del anticipo y fue mencionado en las Resoluciones
12 y 90 de 2014 como prueba en la que sustentó esa declaración, lo cierto es que
su contenido nunca fue puesto en conocimiento de la aseguradora. De hecho, la
misma empresa consideró irrelevante comunicar este insumo a la demandante, por
tratarse, en su parecer, de un informe que solo le concernía a la interventoría y que
reiteraba el contenido del oficio AB-CUN-079-044-2013 que ya conocía la
demandante.
25
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
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Acción: Controversias contractuales
81. En la Resolución 12 de 2014 –por medio de la cual se liquidó el contrato y se
ordenó a la contratista reintegrar el valor del anticipo– Emsersopó afirmó que la
interventoría remitió el informe AB-CUN-079-046-2013 del 18 de noviembre, sin
especificar a quien, y se limitó a mencionar que en ese texto consta que “fue
imposible verificar la ejecución del anticipo otorgado a la Unión Temporal PTAT
SOPO 2011 de conformidad con lo pactado en el referido contrato”. Al interponer
recurso contra dicho acto56, la aseguradora, entre otras cosas, sostuvo que la
empresa vulneró su derecho al debido proceso, porque en marzo de 2012 la firma
interventora certificó que el anticipo se invirtió conforme al plan aprobado57 y, luego,
la entidad cambió de parecer sin correr traslado a las partes interesadas respecto
de ese informe del 18 de noviembre de 2013, por lo que no lo pudieron controvertir,
a lo que agregó que en la resolución tampoco se indicó por qué dicho oficio
constituyó la prueba de la falta de inversión de los recursos desembolsados.
82. En la Resolución 34 de 2014, que resolvió el recurso de reposición acabado
de mencionar, la empresa admitió que no le comunicó ni le dio a conocer a la
demandante el contenido el informe del 18 de noviembre de 2013, en tanto
consideró que se trataba de una actuación exclusiva de la interventoría y no de
Emsersopó y que, además en ese oficio AB-CUN-079-046-2013 solo se estaba
ratificando lo expresado en el documento AB-CUN-079-044-2013 del 13 de
septiembre de 2013, que sí fue puesto en conocimiento de la aseguradora, a través
del oficio GIF 5214 de 2013, de donde dedujo que no era cierto que la aseguradora
ignorara los fundamentos que conducían a concluir sobre la falta de inversión del
anticipo, puesto que el escrito GIF 5214 de 201358 reveló que sí conocía de tal
circunstancia.
83. Al proferir la Resolución 90 de 2014, la empresa reiteró que por medio del
oficio AB-CUN-079-044-2013 del 13 de septiembre de 2013, la interventoría hizo
constar que no logró verificar la ejecución del anticipo y que, a través de oficio AB-
CUN-079-046-2013 del 18 de noviembre de 2013 emitió concepto en cuanto a la
inversión del anticipo, expresando que no fue invertido conforme al plan aprobado.
En este documento tampoco se explicaron las razones de las conclusiones de la
interventoría.
56
Cd Fl.140A, C1, archivo “14/02/13 Ref. RECURSO DE REPOSICION”, carpeta “PROCESO DE
LIQUIDACIÓN UNILATERAL #02”
57
A través del oficio AB-CUN-079-013-2012 del 26 de marzo de 2012, visible en el Cd Fl.140A, C1, archivo
“12/03/26 OF. 013”, carpeta “INTERVENTORÍA # 2”.
58
Cd Fl.140A, C1, archivo “13/10/23 SEGUROS DEL ESTADO”, carpeta “PROCESO DE LIQUIDACIÓN
UNILATERAL #02”.
26
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
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Acción: Controversias contractuales
84. La Sala pone de presente que, si bien la entidad y la interventoría realizaron
un seguimiento a la inversión del anticipo desde finales de 2011, lo cierto es que
solo hasta el 18 de noviembre de 2013 se concluyó que el anticipo no se invirtió de
conformidad con el plan aprobado. Las pruebas que obran en el plenario permiten
establecer que a finales del 2011 –8 de noviembre59– se inició el procedimiento para
verificar dicha inversión, que el 26 de marzo de 201260 la interventoría señaló que
el anticipo se invirtió de conformidad con el plan, pues los gastos estaban
debidamente respaldados; no obstante, en julio de ese mismo año 61 la misma
interventoría señaló que estaba pendiente de sustentar el empleo de
$13’107.775,64, por lo cual el 3 de agosto siguiente62 Emsersopó cuestionó por tales
incongruencias. El 13 de septiembre de 2013 la interventoría emitió el informe AB-
CUN-079-044-2013 en el que planteó una serie de dudas respecto de la destinación
de los recursos para que fueran aclaradas para el contratista y solo en el oficio del
AB-CUN-079-046-2013 18 de noviembre siguiente concluyó que el anticipo no se
invirtió de conformidad con el plan aprobado63.
85. En tales condiciones, se pone en evidencia que Emsersopó no cumplió con
la carga que le correspondía de acreditar ante la aseguradora la ocurrencia del
siniestro para que surgiera en cabeza de aquélla la obligación de pago de la
indemnización, pues, como se anticipó al estudiar las condiciones generales de la
póliza, no le bastaba con declarar a través de un acto unilateral que el siniestro
había ocurrido, la cuantía de la pérdida y emitir la orden de pago, sino que tenía el
deber de demostrar ante la aseguradora su dicho, lo cual no se logró con la
comunicación del oficio AB-CUN-079-044-2013 del 13 de septiembre de 2013,
59
Cd Fl.140A, C1, archivo “11/11/08 OF. No. 79/09”, carpeta “CONTRATO No. 26 … C1”
60
Cd Fl.140A, C1, archivo “12/03/26 OF.013”, carpeta “INTERVENTORÍA # 1”
61
A través de oficio AB-CUN-079-040-2012, visible en el Cd Fl.140A, C1, archivo “12/07/26 OF.040”, carpeta
“INTERVENTORÍA # 2”
62
Cd Fl.140A, C1, archivo “12/08/03 ESP. 843”, carpeta “INTERVENTORÍA # 1”
63
En escrito del 8 de noviembre de 2011, la interventoría manifestó a Emsersopó que no se habían presentado
soportes de todos los gastos aludidos como relacionados con el anticipo y que los ítems de peajes, parqueadero,
celular y arrendamientos eran gastos administrativos, no erogaciones propias del anticipo. En acta de reunión
del 14 de diciembre de 2011, el contratista se comprometió a entregar los documentos necesarios para la
legalización del anticipo, lo que hizo el 20 de diciembre de ese año. En oficio AB-CUN-079-013-2012 del 26 de
marzo de 2012 la firma interventora señaló que los gastos del anticipo fueron debidamente respaldados, en
oficio AB-CUN-079-040-2012 del 26 de julio de 2012 aseveró que el contratista tenía pendiente sustentar el
empleo de $13’107.775,64. En escrito del 3 de agosto de 2012 Emsersopó cuestionó a la interventora por la
incongruencia advertida en los oficios AB-CUN-079-032-2012 y AB-CUN-079-040-2012, pues en el primero se
señaló que el anticipo se invirtió conforme al plan aprobado, en reiteración del oficio AB-CUN-079-013-2012;
mientras que en el segundo se anotó que los soportes del anticipo estaban en proceso de legalización y que
estaban incompletos los soportes del saldo por $13’107.775,64. (Cd Fl.140A, C1, archivos“11/11/08 OF. No.
79/09”, carpeta “CONTRATO No. 26, “11/12/14 ACTA DE REUNIÓN EMSERSOPO”, carpeta “CONTRATO No.
26, “11/12/20 UNION TEMPORAL PTAP SOPO”, carpeta “CONTRATO No. 26, “12/03/26 OF.013”, carpeta
“INTERVENTORÍA # 1”, archivo “12/07/26 OF.040”, carpeta “INTERVENTORÍA # 2”, “12/07/26 OF.040”, carpeta
“INTERVENTORÍA # 2”, “12/08/03 ESP. 843”, carpeta “INTERVENTORÍA # 1”).
27
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
puesto que solo esbozaba una serie de cuestionamientos frente a la destinación del
anticipo para que fueran aclarados por el contratista, ni con la mención del oficio
AB-CUN-079-046-2013 18 de noviembre siguiente en las resoluciones 12, 90 y sus
confirmatorias, pues si bien en este documento sí se arribó a una conclusión sobre
la inversión del anticipo, lo cierto es que su contenido nunca fue puesto en
conocimiento de la aseguradora.
86. En consecuencia, se modificará la sentencia apelada, en el sentido de
señalar que no surgió la obligación de pago a cargo de la aseguradora respecto del
amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, pues al no tratarse de un
acto administrativo, no es posible declarar su nulidad, sin que ello, como ya se
mencionó, implique desconocer el principio de congruencia ni el derecho al debido
proceso de la contraparte, puesto que el pronunciamiento se hace sin superar el
objeto del proceso fijado por la intención de la demandante de que se analice si
Emsersopó podía hacer efectiva la póliza de manera unilateral y, además, si cumplió
con las condiciones que se pactaron en la póliza para su efectividad, lo cual se
enmarca dentro de la labor que corresponde al juez de aplicar el derecho
correspondiente a la situación fáctica que se pone a su consideración.
87. Comoquiera que en el sub lite no obra medio demostrativo que acredite que
la demandante efectuó el pago de las sumas dispuestas en las resoluciones
enjuiciadas64, la Sala no ordenará su reintegró ni el reconocimiento de los intereses
moratorios solicitados; no obstante, dejará a salvo en la parte resolutiva que, de
haberse efectuado un pago por ese concepto, habrá lugar a su restitución
debidamente actualizada a la fecha de la sentencia.
Costas
88. Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del
CPACA, de conformidad con el numeral 1º del artículo 365 del Código General del
Proceso, la Sala condenará en costas de esta instancia a la parte vencida en el
proceso65, esto es, a la empresa demandada, puesto que el recurso resultó
64
Mediante escrito del 31 de marzo de 2015, Emsersopó informe a las Empresas Públicas de Cundinamarca
las gestiones realizadas en contra de la aseguradora, en relación con el pago del anticipo, así:
1) En Resolución 90 de 2014 se declaró la ocurrencia del siniestro, decisión confirmada en todas sus partes, a
través de la Resolución 122 de 2014.
2) Seguros del Estado S.A. no pagó el valor del siniestro establecido en dichos actos.
3) El 4 de febrero de 2015, Emsersopó radicó demanda ejecutiva ante el Tribunal de Cundinamarca, para
obtener su pago, radicación: 25000233600020150046500 (visible en Cd Fl.140A, C1, archivo “15/03/31 E.S.P.
541 EMSERSOPÓ”, carpeta “CONTRATO No. 26 … C2”).
65
Artículo 365 del CGP. Condena en costas.
28
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
favorable a la apelante –aseguradora–. No se emitirá condena en costas de la
primera instancia porque no se da el presupuesto que establece la ley para ello,
esto es que se revoque íntegramente la providencia recurrida (art. 365, numeral 4º,
CGP). Se añade que en la sentencia de primera instancia se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, el Tribunal se abstuvo de condenar en costas a
las partes y ninguna de ellas apeló esa decisión, por lo cual la Sala la mantendrá.
89. Se advierte que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la
cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina
con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que
ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y
de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.
90. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.
91. La fijación de las agencias en derecho se hará en los términos del Acuerdo
1887 de 200366. De conformidad con su artículo tercero67, la Sala tomará en
consideración que la demandante tuvo una participación activa en esta instancia,
en tanto que instauró el recurso de alzada y presentó las alegaciones ante esta
Corporación. Bajo este escenario, se fijarán las agencias en derecho por esta
instancia en cinco millones cien mil pesos ($5’100.000), correspondiente al 0.5% de
las pretensiones de la demanda68.
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
66
ACUERDO PSAA16-10554 de 2016: “ARTÍCULO 7º. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su
publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se
siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los
Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura”.
67
“ARTICULO TERCERO.- Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas
hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión
ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión
y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje
se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones”.
68
La sumatoria de la totalidad de pretensiones formuladas, según su estimación de la cuantía, arroja la suma
de $1.072’526.185.
29
Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección B el 15 de febrero de 2017, en el
sentido de REVOCAR EL ORDINAL TERCERO de ésta y, en su lugar, disponer:
TERCERO: DECLARAR que no surgió a cargo de SEGUROS DEL
ESTADO S.A. la obligación de pago del amparo de buen manejo y correcta
inversión del anticipo, cubierto mediante la póliza 33-44-101051838. Como
consecuencia, DECLARAR que, en caso de que la aseguradora hubiere
pagado por concepto ese evento amparado alguna suma dineraria a la
empresa accionada, esta última deberá restituirle dicho monto, debidamente
actualizado a la fecha de la sentencia. NEGAR las demás pretensiones de
la demanda.
2. CONDENAR en costas, por esta instancia, a Emsersopó E.S.P. en los términos
indicados en esta providencia, las que deberán ser liquidadas de manera
concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de
conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso; para el efecto, se
fijan las agencias en derecho en cinco millones cien mil pesos ($5’100.000), a favor
de la parte actora.
3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
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Expediente: 250002336000201503052 01 (59.547)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandada: Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Acción: Controversias contractuales
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
(aclaración de voto) (aclaración de voto)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
31
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