Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00897-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00897-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00897-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
22 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00897-01
Demandante: Gerardo Rodríguez Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00897-01
Demandante: GERARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Declaratoria de prescripción. Deniega.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 7
de marzo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
que denegó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 17 de febrero de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderada,
el señor Gerardo Rodríguez Martínez pidió la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 12
de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nº 15001-33-33-005-2020-00012-
00/01, que ordenó el reajuste del subsidio familiar, pero declaró probada la excepción de
prescripción de las diferencias generadas antes del 22 de marzo de 2015.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo vulnerados por el H.
Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia de fecha 12 de septiembre de 2024
mediante la cual se ordenó el reconocimiento del subsidio familiar conforme lo dispuesto en el
artículo 11 del decreto 1794 del 2000 pero se los efectos fiscales fueron ordenados a partir del 22
de marzo de 2015 en razón a la prescripción.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se declare la
NULIDAD PARCIAL de la sentencia en mención, y le ordene a la autoridad judicial accionada
Tribunal Administrativo de Boyacá, a que profiera nueva sentencia en la cual se declare que sobre
el caso en concreto no ha operado el fenómeno de la prescripción.
3. Con base en lo anterior, se le ordene al Tribunal Administrativo de Boyacá a que disponga que el
reconocimiento y reajuste del subsidio familiar bajo los términos del artículo 11 del decreto 1794 del
2000 debe operar desde el 12 de octubre de 2010 hasta la fecha en que se efectúe el retiro de la
institución del accionante.
4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva el incumplimiento
de la providencia que su Despacho profiera. (sic a toda la cita)
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Demandante: Gerardo Rodríguez Martínez
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Manifestó la parte actora que prestó sus servicios en el Ejército Nacional como soldado
regular desde el 14 de noviembre de 1997, que, posteriormente, prestó sus servicios
como soldado voluntario desde el 16 de mayo de 1999 y, finalmente, como soldado
profesional a partir del 1 de noviembre de 2003.
Que a través del Decreto 1794 de 2000, se creó el régimen salarial y prestacional para
los soldados profesionales de las fuerzas militares, y en su artículo 11 dispuso el
reconocimiento de un subsidio familiar para los soldados profesionales casados o con
unión marital de hecho vigente, equivalente al 4% de su salario básico mensual más la
prima de antigüedad.
Que ese artículo fue derogado por el Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009 y desde
entonces no operó el reconocimiento del mencionado subsidio familiar.
Que contrajo matrimonio el 12 de octubre de 2010, con la señora Nelly Esperanza Gil
López, de acuerdo con el registro civil de matrimonio nº 05276198.
Que, por medio del Decreto 1161 del 25 de junio de 2014, se creó nuevamente el
nombrado subsidio, pero en una cuantía inferior a la que se reconocía con el Decreto
1794 de 2000.
Que, a través de la orden administrativa de personal 2176 del 30 de octubre de 2015, le
fue reconocido el subsidio familiar con fundamento en el Decreto 1161 del 25 de junio de
2014 y por una cuantía del 23% de su asignación salarial mensual.
Manifestó que, por sentencia del 8 de junio de 2017, el Consejo de Estado declaró la
nulidad, con efectos ex tunc, del Decreto 3770 del 2009, que había derogado el artículo
11 del Decreto 1794 del 2000. Que esa providencia quedó ejecutoriada el 26 de
septiembre de 2017, por lo que, a su juicio, el reconocimiento del subsidio familiar
dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 era exigible a partir de esa fecha.
Que, por lo anterior, el 22 de marzo de 2018 solicitó al Ejército Nacional que le
reconociera el subsidio familiar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 y para que le reconociera y pagara una prima especial de actividad.
Que, a través del oficio 20183111709721 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-
DIPER-1-10 del 10 de septiembre siguiente, la entidad denegó su solicitud relacionada
con el subsidio familiar.
3.2. Actuación Judicial
El señor Gerardo Rodríguez Martínez promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Ejército Nacional para que se declarara la nulidad del oficio
20183111709721 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 10 de
septiembre de 2018, así como del acto ficto, que según dijo, se configuró por la falta de
respuesta a la solicitud de reconocimiento de la prima de actividad. A título de
restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento y el pago del
subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y el
reconocimiento y pago de la prima de actividad.
La demanda se adelantó bajo el radicado 15001-33-33-005-2020-00012-00 y
correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Tunja que, por sentencia del 17 de
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noviembre de 2020, denegó las pretensiones, al estimar que, el demandante no tenía
derecho a que se le reliquidara el subsidio familiar, porque el reconocimiento de esa
prestación debía realizarse con fundamento en el Decreto 1161 de 2014, debido a que
había elevado la correspondiente solicitud con posterioridad al 1° de julio de 2014.
Que el demandante se había incorporado como soldado profesional en el año 2003 y se
encontraba cobijado por el Decreto Reglamentario 1794 de 2000, en el que no se
establecía como prestación social la pretendida prima de actividad.
Inconforme, la parte demandante apeló y argumentó que el derecho al subsidio familiar
se había consolidado cuando contrajo matrimonio, que la sentencia del 8 de junio de
2017, dictada por el Consejo de Estado tuvo efectos ex tunc, con lo que, a su juicio, se
revivió el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y esa era la norma aplicable.
Por sentencia del 12 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá: i)
revocó la decisión apelada, ii) declaró la nulidad del oficio demandado, iii) ordenó a la
entidad demandada reconocer y pagar el subsidio familiar al demandante con
fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y, iv) declaró probada la excepción
de prescripción con relación a las diferencias generadas antes del 22 de marzo de 2015.
Explicó que la norma aplicable al caso del actor era el artículo 11 del Decreto 1794 del
2000, porque había consolidado el derecho el 12 de octubre de 2010, cuando contrajo
matrimonio.
Que el cómputo de la prescripción trienal debía efectuarse desde que la obligación se
hacía exigible y que se interrumpe por una sola vez con la correspondiente reclamación.
Que el demandante había presentado su reclamación el 22 de marzo de 2018 y que la
demanda había sido radicada el 19 de febrero de 2019, que, en consecuencia, los efectos
fiscales de la reliquidación cobijaban los 3 años anteriores a la solicitud del actor, es decir,
desde el 22 de marzo de 2015.
4. Fundamentos de la acción
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada
incurrió en los siguientes defectos al proferir la decisión cuestionada:
Defecto sustantivo porque, según dijo, la autoridad judicial demandada equiparó
erróneamente la consolidación del derecho con su exigibilidad, al considerar que los
efectos fiscales del subsidio familiar operaban a partir del 22 de marzo de 2015, en razón
a la prescripción trienal y a que la solicitud de reconocimiento la presentó el 22 de marzo
de 2018.
Dijo que el 12 de octubre de 2010 consolidó el derecho al reconocimiento del subsidio
familiar, al cumplir la condición exigida para acceder a esa prestación. Que, sin embargo,
para esa fecha, el subsidio no era exigible, puesto que el Decreto 3770 de 2009 había
derogado el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000 que había creado el mencionado
subsidio, y, en consecuencia, en ese momento no era posible exigir el reconocimiento del
subsidio familiar bajo esa disposición normativa.
Que, con la expedición de la sentencia del 8 de julio de 2017, dictada por el Consejo de
Estado, que declaró la nulidad del Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009 y revivió
el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000, volvió a ser exigible el subsidio familiar.
Que el subsidio familiar fue exigible en dos periodos:
1. Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2009
2. A partir del 26 de septiembre de 2017, cuando quedó ejecutoriada la mencionada sentencia del 8 de
junio de 2017.
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Manifestó que entre el 30 de septiembre de 2009 y el 26 de septiembre de 2017, el
subsidio familiar dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 no era exigible.
Que, una vez declarada la nulidad del Decreto 3770 del 2009, se habilitó para los
soldados profesionales exigir que se les reconociera el subsidio familiar de que trataba el
artículo 11 del Decreto 1794 del 2000.
Que la nulidad del Decreto 3770 de 2009 fue con efectos ex tunc. Que, de acuerdo con
el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, la prescripción se debe contar desde que
la obligación o el derecho se haga exigible, que, según dijo, para el caso concreto fue la
ejecutoria de la sentencia del 8 de junio de 2017. Que, por lo anterior, no había operado
el fenómeno jurídico de la prescripción previsto en el artículo 174 del Decreto 1211 de
1990.
Desconocimiento del precedente fijado en las sentencias del 21 de junio de 2001 y del
4 de octubre de 2007, dictadas el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsecciones
A y B, en los procesos con radicado 25000-23-25-000-1998-3184-00 y 2500-23-25-000-
2005-04230-01, respectivamente, que, según la parte actora, ordenaban que la
prescripción debía contabilizarse desde la ejecutoria de las sentencias que declaran la
nulidad de los decretos que impedían el reconocimiento de la prestación.
Adujo que, desde la ejecutoria de la sentencia, que ordenó que sus efectos fueran ex
tunc y que declaró la nulidad del acto que impedía el reconocimiento de la prestación, es
que se hacía exigible el reconocimiento del derecho, por lo que, a su juicio, a partir de la
ejecutoria de esa providencia era que el beneficiario estaba habilitado para pedir el
reconocimiento de la prestación.
5. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, ponente de la decisión
cuestionada, dijo que no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora y
que el proceso ordinario se surtió con arreglo a las ritualidades establecidas por el
ordenamiento jurídico.
Hizo un recuento de las decisiones adoptadas en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado nº 15001-33-33-005-2020-00012-00/01, para señalar que ese
tribunal no interpretó o aplicó erróneamente la ley y que valoró correctamente el material
probatorio.
El Ministerio de Defensa Nacional pidió que se denegaran las pretensiones de la parte
actora, al estimar que la autoridad judicial demandado no vulneró los derechos
fundamentales del demandante.
El Juzgado Quinto Administrativo de Tunja remitió el enlace del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado nº 15001-33-33-005-2020-00012-00/01, sin
embargo, nada dijo sobre el fondo del asunto.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, denegó la solicitud de amparo, al
considerar que el tribunal demandado no incurrió en los defectos alegados por la parte
actora y que la decisión cuestionada se sustentó de manera suficiente y razonada.
7. Impugnación
El demandante impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, decretar el amparo deprecado. Acto seguido reiteró los argumentos
propuestos en el escrito de tutela.
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que denegó las pretensiones del señor Gerardo Rodríguez Martínez.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto la autoridad judicial
demandada no incurrió en los defectos alegados por la parte actora.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial y, (iii) analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, el
asunto no trata sobre una instancia adicional, puesto que las decisiones de primera y
segunda instancia fueron adoptadas en sentidos opuestos, no alude a una discusión de
orden legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar que, si existiera
los errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, incluso al
derecho fundamental a la igualdad si se incurriera en desconocimiento del precedente.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo
con la verificación del expediente ordinario, la sentencia acusada fue comunicada el 18
de septiembre de 2024, de modo que quedó efectivamente notificada el 20 de septiembre
de 2024, y la demanda de tutela fue radicada el 17 de febrero de 2025, esto es, cuatro
meses y 28 días después término que no supera los seis meses fijados por la Sala plena
de esta Corporación
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
dado que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
cuestiona la sentencia de segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco
se evidencia la viabilidad del recurso extraordinario de revisión contra la providencia
atacada, puesto que no parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de
procedibilidad previstas en el artículo 250 del CPACA.
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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También se identifican los hechos que generan la amenaza o vulneración del
derecho fundamental, esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los
derechos fundamentales invocados proviene de advertir que la autoridad judicial
demandada incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente, al
proferir la sentencia del 12 de septiembre de 2024.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
4. Análisis del caso concreto
La parte actora adujo que la sentencia del 12 de septiembre de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento
del precedente, al decretar la excepción de prescripción con relación a las diferencias
generadas antes del 22 de marzo de 2015.
La Sala precisa que estudiará los cargos de manera conjunta porque apuntan a demostrar
que no se debió declarar probada la mencionada excepción de prescripción.
Para resolver, la Sala empezará por realizar un recuento de análisis realizado por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, respecto a la declaratoria de prescripción.
En la sentencia del 12 de septiembre de 2024, la autoridad judicial demandada explicó
que los soldados profesionales que contrajeron matrimonio o declararon la existencia de
una unión marital de hecho antes del 30 de septiembre de 2009 les resultaba aplicable el
Decreto 1794 de 2000, pero que aquellos que consolidaron el derecho después del 1 de
julio de 2014, quedaban cobijados por el Decreto 1161 de 2014.
Que lo anterior implicaba que entre el 30 de septiembre de 2009 y el 1 de julio de 2014
no existía ninguna disposición normativa que regulara el subsidio familiar de los soldados
profesionales.
Que esa corporación en sentencia del 24 de mayo de 2023, proferida en el proceso con
radicado 15001-33-33-012-2019-00219-01, había indiciado que en los casos en los que
el matrimonio o la declaratoria de unión marital de hecho ocurriere entre el 30 de
septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014, no se requería de verificación adicional de
la fecha en que el interesado reclamó el reconocimiento del subsidio familiar.
En la mencionada providencia se dijo:
Primero, en virtud de los efectos retroactivos de la sentencia que anuló el decreto derogatorio, los cuales
están llamados a llenar el vacío regulatorio que se generó en ese periodo y, en ese sentido, a beneficiar
a quienes contaban con una expectativa legítima. Por lo tanto, jurídicamente se entiende que el Decreto
1794 de 2000 estuvo plenamente vigente durante ese lapso.
Segundo, porque, como lo advierten las Secciones Primera y Quinta del Consejo de Estado, la exigencia
relativa a radicar la reclamación del derecho antes del 1.º de julio de 2014 es irrazonable, pues en el
interregno en comento no existía ninguna norma que permitiera a los soldados profesionales acceder al
subsidio familiar, lo cual solo ocurrió con el Decreto 1161 de 2014. Asumir que en estos escenarios el
derecho solo se consolida al momento de la reclamación equivaldría a ignorar que entre el 30 de
septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014 los soldados profesionales no tenían ninguna razón para
informar al Ejército Nacional su cambio de estado civil y mucho menos para reclamar el reconocimiento
de un subsidio familiar, pues el Gobierno Nacional ya había eliminado y, por consiguiente, su petición
carecería de fundamento normativo.
Y, tercero, mientras que el Decreto 1161 de 2014 expresamente señala que “el reconocimiento tendrá
efectos fiscales a partir de la fecha de presentación de la solicitud”, el Decreto 1794 de 2000
simplemente manifiesta que “el soldado profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir de
su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente.
Acto seguido, el tribunal demandado tuvo por acreditado el vínculo matrimonial del señor
Rodríguez Martínez en el año 2010, cuando no se encontraba vigente el artículo 11 del
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Decreto 1794 de 2000, debido a que había sido derogado por el Decreto 3770 de 2009,
y que solo hasta el 8 de junio de 2017 fue que retomó su vigencia con la publicación de
la sentencia del 8 de junio de 2017 dictada por el Consejo de Estado.
Que, por lo anterior, no se le podía exigir al demandante que declarara al Ejército
Nacional su vínculo matrimonial tan pronto lo había consolidado, puesto que para esa
fecha no existía subsidio familiar, debido a la derogación del Decreto 1794 de 2000.
En consecuencia, concluyó que el demandante tenía derecho al reconocimiento y pago
del subsidio familiar previsto en el Decreto 1794 de 2000, pues la consolidación de su
derecho había ocurrido en el interregno del vacío regulatorio que se llenó con la
mencionada sentencia del Consejo de Estado.
Por otro lado, respecto a la prescripción, citó una providencia del Consejo de Estado3 en
la que se indicó:
La Sala observa que, si bien el Decreto 1794 de 2000 no establecidó un término de prescripción para
el subsidio familiar y que el Decreto 4433 de 2004 no se refirió a ese asunto, lo cierto es que el reparo
elevado por el accionante no es determinante para la decisión y no altera de forma alguna la conclusión
a la que llegó el tribunal. // 12.2.- Cabe señalar que el accionante no indicó la norma que, en su concepto,
debió́ aplicarse en lugar del Decreto 4433 de 2004. De todas formas, ante la falta de una norma especial,
debe aplicarse la regla general en materia de derechos laborales, prevista en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo, en virtud del cual el término de prescripción es de tres años, que se interrumpen
ante la solicitud del derecho. Por lo tanto, dado que en este caso la prescripción es trienal, en nada
afecta a la decisión el hecho de que el tribunal se valiera de lo previsto en el Decreto 4433 de 2004 para
declararla, pues esta también dispone de un término de tres años de prescripción (...).
Acto seguido, se afirmó que la norma que regulaba la prescripción para el caso concreto
era el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, debido a que el Decreto 1794 de
2000 nada dijo sobre ese asunto y el Decreto 4433 de 2004 solo hacía referencia a la
prescripción de las asignaciones de retiro pensiones.
Que, en consecuencia, el cómputo debía efectuarse desde que la obligación se hace
exigible y se interrumpe por una sola vez con el reclamo del interesado, porque, según
dijo, reconocer efectos retroactivos desde la fecha del matrimonio implicaría que el
Decreto 1794 del 2000 nunca hubiere estado retirado del ordenamiento.
Que, de acuerdo con lo probado en el proceso, el demandante había radicado su solicitud
el 22 de marzo de 2018 y la demanda la presentó el 19 de febrero de 2019, que, en ese
orden, los efectos fiscales de la reliquidación solo cobijaban los 3 años anteriores a la
radicación de la solicitud, esto era, desde el 22 de marzo de 2015.
De acuerdo con lo anterior, la autoridad judicial demandada declaró la prescripción trienal
de las prestaciones derivadas del reajuste del subsidio familiar en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 151 del CPT y para eso tuvo en cuenta la petición con la que el
demandante solicitó el ajuste del subsidio familiar como fecha de interrupción de la
prescripción.
Para la Sala la interpretación que hizo el Tribunal Administrativo de Boyacá para concluir
que, de acuerdo con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, se debía declarar la
prescripción del reajuste del subsidio familiar de los años anteriores al 22 de marzo de
2015, fue razonable y estuvo debidamente justificado en aplicación de los principios de
autonomía judicial y la sana crítica, máxime si se tiene en cuenta que no existe una
posición pacifica sobre si en estos casos opera el fenómeno jurídico de la prescripción y
la forma como deben contabilizarse los términos, puesto que existen tres posiciones
vigentes, a saber:
3 Sentencia del 5 de mayo de 2022, dictada en el proceso con radicado 2022-01166. M.P. Martín Bermúdez Muñoz
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00897-01
Demandante: Gerardo Rodríguez Martínez
a) Tesis1: Sin que sea necesario abordar el fenómeno, el reconocimiento del derecho debe cobijar
únicamente el periodo comprendido entre la fecha del matrimonio o declaración de la unión marital
de hecho y la de expedición del Decreto 1161 de 2014, pues desde este último instante la prestación
quedó gobernada por una nueva regulación4.
b) Tesis 2: Los efectos fiscales de la reliquidación del subsidio familiar solo se surten desde el 8 de
junio de 2017, que fue la fecha de expedición de la sentencia que anuló el decreto derogatorio. Por
ende, la prescripción podría afectar sumas que se causaron después de esa fecha y que superen el
plazo extintivo correspondiente5.
c) Tesis 3: La prescripción debe computarse como se hace habitualmente, es decir, teniendo como
referencia la fecha de radicación de la reclamación administrativa y con un plazo de tres años 6.
Por lo anterior, y ante la falta de unanimidad, era dable que la autoridad judicial
demandada optara por cualquiera de esas posiciones, tal cual como lo hizo.
Por lo anterior, la Sala insiste en que en el caso del demandante primaba la autonomía
judicial del tribunal encargado del análisis de nulidad y restablecimiento del derecho que,
como ya se explicó, fue razonable, pues se adoptó en aplicación de la regla de
prescripción prevista en el artículo 151 del CPT.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para confirmar la
decisión impugnada de denegar las pretensiones de la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
4 Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Segunda, Sent. 2021-03220 (AC), oct. 28/2021. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
5 Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Tercera, Sent. 2022-06392, mar. 17/2023. M.P. Guillermo Sánchez Luque.
6 Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Segunda, Sent. 2021-03688 (AC), sep. 28/2021. M.P. César Palomino Cortés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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