Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08027-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08027-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08027-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
19 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08027-00
Demandante: Jairo García Rojas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 19 de febrero de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08027-00
Demandante: JAIRO GARCÍA ROJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE DECISIÓN
CUARTA
Temas: Contra sentencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Reajuste de subsidio familiar. Declaratoria de prescripción
trienal. Defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente.
Procedencia de la acción de tutela. Deniega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Jairo García Rojas contra el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 16 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderada,
el señor Jairo García Rojas pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 26
de junio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
Cuarta, que revocó la sentencia de primera instancia para, en su lugar, acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 15001-33-33-008-2019-00219-01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo vulnerados por el H.
Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia de fecha 26 de junio de 2025 mediante la
cual se declaró la prescripción de derechos reclamados con anterioridad al 2 de abril de 2016.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se declare la
NULIDAD PARCIAL de la sentencia en mención, y le ordene a la autoridad judicial accionada,
Tribunal Administrativo de Boyacá, a que profiera nueva sentencia en la cual se declare que sobre
el caso en concreto no ha operado el fenómeno de la prescripción.
3. Con base en lo anterior, se le ordene al Tribunal Administrativo de Boyacá a que disponga que el
reconocimiento y reajuste del subsidio familiar bajo los términos del artículo 11 del decreto 1794 del
2000 debe operar desde el 15 de diciembre de 2010 hasta la fecha en que se efectúe el retiro de la
institución del accionante.
4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva el incumplimiento
de la providencia que su Despacho profiera.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08027-00
Demandante: Jairo García Rojas
3.1. Actuación administrativa
Manifestó el actor que prestó sus servicios en el Ejército Nacional como soldado regular
desde el 27 de enero de 1996, que, posteriormente, prestó sus servicios como soldado
voluntario desde el 1 de mayo de 1998 y, finalmente, como soldado profesional a partir
del 1 de noviembre de 2003.
Que a través del Decreto 1794 de 2000, se creó el régimen salarial y prestacional para
los soldados profesionales de las fuerzas militares, y en su artículo 11 dispuso el
reconocimiento de un subsidio familiar para los soldados profesionales casados o con
unión marital de hecho vigente, equivalente al 4% de su salario básico mensual más la
prima de antigüedad.
Que ese artículo fue derogado por el Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009 y desde
entonces no operó el reconocimiento del mencionado subsidio familiar.
Que el 15 de diciembre de 2010 contrajo matrimonio con la señora Martha Cecilia Doncel,
de acuerdo con el registro civil de matrimonio 5587762.
Que por medio del Decreto 1161 del 25 de junio de 2014 se creó nuevamente el
nombrado subsidio, pero en una cuantía inferior a la que se reconocía con el Decreto
1794 de 2000.
Que a través de la Orden Administrativa de Personal 1027 del 30 de enero de 2015, le
fue reconocido el subsidio familiar con fundamento en el Decreto 1161 del 25 de junio de
2014 y por una cuantía del 23% de su asignación salarial mensual.
Manifestó que, por sentencia del 8 de junio de 2017, el Consejo de Estado declaró la
nulidad, con efectos ex tunc, del Decreto 3770 del 2009, que había derogado el artículo
11 del Decreto 1794 del 2000. Que esa providencia quedó ejecutoriada el 26 de
septiembre de 2017, por lo que, a su juicio, el reconocimiento del subsidio familiar
dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 era exigible a partir de esa fecha.
Que el 30 de junio de 2017 se retiró del servicio activo.
Que, por lo anterior, el 2 de abril de 2019 solicitó al Ejército Nacional que le reconociera
el subsidio familiar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000.
A través del oficio 20193111460091 MDN – COGFM – COEJC – SECEJ – JEMGF –
COPER – DIPER -1.10 del 1 de agosto de 2019, la entidad denegó la solicitud relacionada
en el párrafo anterior.
3.2. Actuación Judicial
El señor Jairo García Rojas promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Ejército Nacional para que se declarara la nulidad del oficio 20193111460091
MDN – COGFM – COEJC – SECEJ – JEMGF – COPER – DIPER -1.10 del 1 de agosto
de 2019. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condenara a la entidad
demandada al reconocimiento y pago del subsidio familiar desde el 15 de diciembre de
2010, fecha en la que contrajo matrimonio, en una cuantía del 62.5% de su sueldo básico,
conforme con lo establecido en el Decreto 1794 del 2000. Adicionalmente, que se
ordenara el pago retroactivo y la indexación de los valores adeudados, más los intereses
de mora, y que se condenara a la entidad demandada a costas procesales.
La demanda se adelantó bajo el radicado 15001-33-33-008-2019-00219-00 y
correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Tunja que, por sentencia del 26 de
enero de 2022, denegó las pretensiones, al estimar que el actor había solicitado el
reconocimiento y pago del subsidio familiar el 9 de octubre de 2014, cuando se
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Demandante: Jairo García Rojas
encontraba vigente el Decreto 1161, que esa era la norma que debía aplicarse, como en
efecto lo hizo la entidad demandada en la Orden Administrativa de Personal 1027 del 30
de enero de 2015, que, en consecuencia, no existía fundamento legal para ordenar el
reajuste del subsidio familiar con base en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
Inconforme, el demandante apeló y manifestó que contrajo matrimonio el 15 de diciembre
de 2010, cuando se encontraba vigente el Decreto 3770 de 2009, que había derogado el
reconocimiento del subsidio familiar. Que, sin embargo, la sentencia del 8 de junio de
2017, dictada por el Consejo de Estado, tuvo efectos ex tunc, con lo que, a su juicio, se
revivió el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
Que el derecho al subsidio familiar se había consolidado cuando contrajo matrimonio, en
vigencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, debido a que se había restablecido su
vigencia con la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
Que, debido a que el derecho al subsidio familiar solo era exigible a partir de la ejecutoria
de la mencionada sentencia del 8 de junio de 2017, dictada por el Consejo de Estado, y
que la reclamación administrativa había sido presentada dentro de los cuatro años
posteriores a la ejecutoria de esa sentencia, no se podía decretar la prescripción del
derecho reclamado.
Por sentencia del 26 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión Cuarta, revocó la sentencia apelada, para, en su lugar: i) declarar la nulidad del
acto demandado, ii) condenar a la entidad demandada a reajustar y reliquidar el subsidio
familiar devengado por el actor, en aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y
de forma indexada y, iii) declarar probada la excepción de prescripción respecto de los
reajustes al subsidio familiar devengado por el señor García Rojas con antelación al 2 de
abril de 2016.
Explicó que la norma aplicable al caso del actor era el artículo 11 del Decreto 1794 del
2000, porque había consolidado el derecho el 15 de diciembre de 2010, cuando contrajo
matrimonio.
Que la norma que regulaba la prescripción para el asunto era el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo, debido a que el Decreto 1794 de 2000 no desarrolla la materia, el
Decreto 4433 de 2004 se refiere únicamente a este fenómeno respecto de las
asignaciones de retiro y pensiones y el Decreto 1211 de 1990 trataba el régimen de los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.
Que, en consecuencia, se tenía que el momento cierto en el que se interrumpió la
prescripción fue cuando se presentó la solicitud el 2 de abril de 2019, que la demanda
había sido formulada el 12 de noviembre de 2019. Que, por lo anterior, los efectos de la
reliquidación que se ordenaba judicialmente cobijaban los 3 años anteriores a la
mencionada solicitud, es decir, desde el 2 de abril de 2016.
4. Fundamentos de la acción
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada
incurrió en los siguientes defectos al proferir la decisión cuestionada:
Defecto sustantivo porque:
i) La autoridad judicial demandada equiparó erróneamente la consolidación del derecho
con su exigibilidad, al considerar que los efectos fiscales del subsidio familiar operaban a
partir del 2 de abril de 2016, debido a la prescripción trienal y a que la solicitud de
reconocimiento la presentó el 2 de abril de 2019.
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Demandante: Jairo García Rojas
Dijo que contrajo matrimonio el 15 de diciembre de 2010, fecha en la que, a su juicio, se
consolidó el derecho al subsidio familiar, al cumplir el supuesto de hechos previsto en el
artículo 11 del Decreto 1794 del 2000.
Que para ese momento el derecho no era exigible, porque se encontraba vigente el
Decreto 3770 de 2009, que había derogado el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000.
Que, en consecuencia, aunque el derecho se encontraba consolidado, no podía ser
reclamado, al estar temporalmente excluido del ordenamiento jurídico.
Que fue con la sentencia del 8 de junio de 2017, dictada por el Consejo de Estado, que
se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc, que por ello el artículo
11 del Decreto 1794 del 2000 revivió jurídicamente, lo que hacía exigible nuevamente el
subsidio familiar.
Que, de lo anterior se podía concluir que, el reconocimiento al subsidio familiar fue
exigible en un primer momento entre el 1 de enero de 2001 y el 30 de septiembre de 2009
y en un segundo momento, a partir de la ejecutoria de la mencionada sentencia del 8 de
junio de 2017, que había ocurrido el 26 de septiembre de 2017, que por esa razón, entre
el 30 de septiembre de 2009 y el 26 de septiembre de 2017 el derecho al nombrado
subsidio no era exigible, por encontrarse suspendida la norma que lo consagraba.
ii) Incurrió en error en la aplicación de la prescripción, debido a que el artículo 151 del
Código Procesal de Trabajo dispone que el término de prescripción debe contarse desde
que la obligación se hace exigible, mas no desde que se consolida el supuesto fáctico
del derecho.
Que había interrumpido la prescripción con la solicitud administrativa del 2 de abril de
2019, dentro del término trienal contado desde el 2 de septiembre de 2017, cuando el
derecho se tornó exigible. Que, en consecuencia, no había lugar a decretar la
prescripción y que el reconocimiento del subsidio familiar, conforme con el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, debía operar desde la fecha de consolidación del derecho, el 15
de diciembre de 2010, cuando contrajo matrimonio y cumplió el supuesto de hecho
exigido.
Desconocimiento del precedente fijado en las sentencias del 21 de junio de 20011, del
4 de octubre de 20072, del 21 de abril de 20163, del 27 de julio de 20174 y del 19 de abril
de 20185, dictadas por el Consejo de Estado, que, según la parte actora, ordenaban que
la prescripción debía contabilizarse desde la ejecutoria de las sentencias que declaran la
nulidad de los decretos que impedían el reconocimiento de la prestación.
Adujo que, desde la ejecutoria de la sentencia, que ordenó que sus efectos fueran ex
tunc y que declaró la nulidad del acto que impedía el reconocimiento de la prestación, es
que se hacía exigible el reconocimiento del derecho, por lo que, a su juicio, a partir de la
ejecutoria de esa providencia, era que el beneficiario estaba habilitado para pedir el
reconocimiento de la prestación.
5. Trámite procesal
Por auto del 13 de enero de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda de tutela
y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Boyacá, y como terceros con interés, al juez octavo
administrativo de Tunja, al ministro de Defensa y al comandante del Ejército Nacional.
1 Expediente 25000-23-25-000-1998-3184-00, Sección Segunda, Subsección B.
2 Expediente 25000-23-25-000-2005-04230-01, Sección Segunda, Subsección A.
3 Expediente 05001-23-31-000-2003-0122001, Sección Segunda Subsección A.
4 Expediente 08001-23-33-000-2013-00561-01, Sección Segunda, Subsección B.
5 Expediente 25000-23-42-000-2013-03880-01, Sección Segunda, Subsección A.
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Demandante: Jairo García Rojas
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos del 15 de enero de 2026.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta,
ponente de la sentencia acusada, solicitó que se declarara improcedente la acción de
tutela, debido a que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales
invocados y porque no se incurrió en los defectos alegados.
Hizo un recuento de la sentencia del 26 de junio de 2025, para argumentar que, el debate
propuesto por el actor estaba relacionado con la valoración jurídica realizada por el juez
natural del asunto sobre el cómputo de la prescripción del derecho que reclamaba en el
proceso ordinario. Que la acción de tutela no podía utilizarse como un mecanismo para
reabrir discusiones propias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Que
la decisión cuestionada fue debidamente motivada y apoyada en la jurisprudencia y la
normativa aplicable, sin que existiera arbitrariedad.
El Juzgado Octavo Administrativo de Tunja señaló que carecía de legitimación en la
causa por pasiva porque las pretensiones de la acción de tutela estaban dirigidas contra
la sentencia de segunda instancia del 26 de junio de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.
Que se debía denegar el amparo, porque no se argumentó la vulneración de los derechos
reclamados y solo se expusieron inconformidades sobre la declaratoria de prescripción.
Que la acción de tutela se utilizaba como una tercera instancia del proceso ordinario.
El Ministerio de Defensa Nacional pidió que se denegaran las pretensiones de la parte
actora, al ser la acción de tutela improcedente. Manifestó que el actor no había acreditado
la vulneración de sus garantías fundamentales invocadas.
Que la acción de tutela no podía utilizarse como una instancia adicional del proceso
ordinario. Que los reproches del tutelante eran sobre una interpretación normativa y que,
para que se configure la vulneración en esos casos, era necesaria una hermenéutica que
se considerara violatoria de derechos fundamentales de forma arbitraria.
El comandante del Ejército Nacional no se pronunció, pese a que, como se vio, fue
debidamente notificado.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional6 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia del 26 de junio de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, en el proceso
6 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: Jairo García Rojas
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-008-2019-00219-
01.
Por su parte, el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja señaló que carecía de
legitimación en la causa por pasiva porque las pretensiones de la acción de tutela estaban
dirigidas contra una decisión del nombrado tribunal.
No obstante, la vinculación de esa autoridad judicial no fue como parte demandada, sino
en calidad de tercero con interés, porque dictó la sentencia de primera instancia del
proceso con radicado 15001-33-33-008-2019-00219-01. En consecuencia, no hay lugar
a acceder a la solicitud de desvinculación.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Jairo
García Rojas para dejar sin efectos la sentencia del 26 de junio de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, que revocó la decisión de
primera instancia, para, en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-008-2019-
00219-01.
La Sala anticipa que denegará la solicitud de amparo, por cuanto el tribunal demandado
no incurrió en los defectos alegados por la parte actora.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales7 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos8 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, el
asunto no trata sobre una instancia adicional, puesto que las decisiones de primera y
segunda instancia fueron adoptadas en sentidos opuestos, no alude a una discusión de
orden legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar que, si
existieran los errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo
con la verificación del expediente ordinario, la sentencia acusada fue comunicada por
correo electrónico del 9 de julio de 2025, de modo que quedó efectivamente notificada el
7 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
8 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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11 de julio siguiente, y la demanda de tutela fue radicada el 16 de diciembre de 2025,
esto es, cinco meses y siete días después, término que no supera los seis meses fijados
como plazo razonable por la Sala Plena de esta Corporación
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y cuestiona
la sentencia de segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se
evidencia la viabilidad del recurso extraordinario de revisión contra la providencia
atacada, puesto que no parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de
procedibilidad previstas en el artículo 250 del CPACA. Así como tampoco la procedencia
del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, porque este solo procede
cuando la decisión cuestionada contrarié o se oponga a una sentencia de unificación.
También se identifican los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental; esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos
fundamentales invocados proviene de advertir que la autoridad judicial demandada
incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente, al proferir la
sentencia del 26 de junio de 2025.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
5. Análisis del caso concreto
La parte actora adujo que la sentencia del 26 de junio de 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, incurrió en defecto sustantivo y en
desconocimiento del precedente, al decretar la excepción de prescripción con relación a
las diferencias generadas antes del 2 de abril de 2016.
La Sala precisa que estudiará los cargos de manera conjunta porque apuntan a demostrar
que no se debió declarar probada la mencionada excepción de prescripción.
Para resolver, la Sala empezará por realizar un recuento de análisis realizado por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, respecto a la declaratoria de
prescripción.
En la sentencia del 26 de junio de 2025, el tribunal demandado explicó que, de acuerdo
con la jurisprudencia9, la norma que regulaba la prescripción para esos asuntos era el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, debido a que el Decreto 1794 de 200 no
desarrollaba ese tema, el Decreto 4433 de 2004 se refería únicamente a ese fenómeno,
pero respecto de las asignaciones de retiro y pensiones, y que el Decreto 1211 de 1990
trataba solo sobre el régimen de los oficiales y suboficiales de las Fuerza Militares.
Que, por lo anterior, el momento cierto en el que se interrumpió el fenómeno prescriptivo
fue aquel en el que el actor presentó la solicitud ante la entidad, es decir, el 2 de abril de
2019. Que luego se formuló la demanda el 12 de noviembre de 2019. Que, en
consecuencia, los efectos fiscales de la reliquidación que se iba a ordenar judicialmente
cobijaban los 3 años anteriores a la radicación de la mencionada solicitud, a saber, el 2
de abril de 2016.
9 Cita del texto original: Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Tercera, Sent. 2022-01166, may. 25/2022. M.P. Martín Bermúdez
Muñoz: “(...) 12.1.- La Sala observa que si bien el Decreto 1794 de 2000 no estableció un término de prescripción para
el subsidio familiar y que el Decreto 4433 de 2004 no se refirió a ese asunto, lo cierto es que el reparo elevado por el
accionante no es determinante para la decisión y no altera de forma alguna la conclusión a la que llegó el tribunal. //
12.2.- Cabe señalar que el accionante no indicó la norma que, en su concepto, debió aplicarse en lugar del Decreto
4433 de 2004. De todas formas, ante la falta de una norma especial, debe aplicarse la regla general en materia de
derechos laborales, prevista en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, en virtud del cual el término de
prescripción es de tres años, que se interrumpen ante la solicitud del derecho. Por lo tanto, dado que en este caso la
prescripción es trienal, en nada afecta a la decisión el hecho de que el tribunal se valiera de lo previsto en el Decreto
4433 de 2004 para declararla, pues esta también dispone de un término de tres años de prescripción. (...)”
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08027-00
Demandante: Jairo García Rojas
Para la Sala la interpretación que hizo el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión Cuarta, para concluir que, de acuerdo con el artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo, se debía declarar la prescripción del reajuste del subsidio familiar de los años
anteriores al 2 de abril de 2016, fue razonable y estuvo debidamente justificado en
aplicación de los principios de autonomía judicial y la sana crítica, máxime si se tiene en
cuenta que no existe una posición pacífica sobre si en estos casos opera el fenómeno
jurídico de la prescripción y la forma como deben contabilizarse los términos, puesto que
existen tres posiciones vigentes, a saber:
a) Tesis 1: Sin que sea necesario abordar el fenómeno, el reconocimiento del derecho debe cobijar
únicamente el periodo comprendido entre la fecha del matrimonio o declaración de la unión marital
de hecho y la de expedición del Decreto 1161 de 2014, pues desde este último instante la prestación
quedó gobernada por una nueva regulación10.
b) Tesis 2: Los efectos fiscales de la reliquidación del subsidio familiar solo se surten desde el 8 de
junio de 2017, que fue la fecha de expedición de la sentencia que anuló el decreto derogatorio. Por
ende, la prescripción podría afectar sumas que se causaron después de esa fecha y que superen el
plazo extintivo correspondiente11.
c) Tesis 3: La prescripción debe computarse como se hace habitualmente, es decir, teniendo como
referencia la fecha de radicación de la reclamación administrativa y con un plazo de tres años 12.
Por lo anterior y ante la falta de unanimidad, era dable que la autoridad judicial
demandada optara por cualquiera de esas posiciones, tal cual como lo hizo. Por esta
misma razón, en el caso concreto no puede predicarse un cargo por desconocimiento del
precedente y mucho menos un defecto sustantivo de las sentencias mencionadas por la
parte actora en el escrito de tutela.
Por lo anterior, la Sala insiste en que en el caso del demandante primaba la autonomía
judicial del tribunal encargado del análisis de nulidad y restablecimiento del derecho que,
como ya se explicó, fue razonable, pues se adoptó en aplicación de la regla de
prescripción prevista en el artículo 151 del CPT.
De hecho, en casos anteriores, la Sala se ha pronunciado en igual sentido, como por
ejemplo en la sentencia proferida el 22 de mayo de 2025, en la tutela con radicado 11001-
03-15-000-2025-00897-01.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para denegar la
solicitud de amparo, por cuanto la autoridad judicial demandada no incurrió en los
defectos alegados por la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por el Juzgado Octavo Administrativo
de Tunja.
2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Jairo García
Rojas, conforme a lo expuesto en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
10 Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Segunda, Sent. 2021-03220 (AC), oct. 28/2021. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
11 Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Tercera, Sent. 2022-06392, mar. 17/2023. M.P. Guillermo Sánchez Luque.
12 Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Segunda, Sent. 2021-03688 (AC), sep. 28/2021. M.P. César Palomino Cortés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08027-00
Demandante: Jairo García Rojas
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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