RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00899-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00899-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00899-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción, pero por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00899-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00899-01
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción1, pero por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 9 de
abril de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
la cual declaró improcedente la acción por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

II. ANTECEDENTES
2.1 Hechos

2. En el año 2023, el señor José William Sánchez Páez, interpuso demanda en
contra del Congreso de la República y la Secretaría Distrital de Movilidad de
Bogotá, que fue de conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Primera, Subsección A, dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos seguido bajo el radicado 25000-23-41-000-2023-
00977-00.

3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera, Subsección A
profirió la providencia del 7 de octubre de 20242, decisión que fue notificada el día
nueve (9) del mismo mes y anualidad por mensaje de datos.

4. El 16 de octubre de 2024, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría
Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Movilidad, presentó recurso de

1
Presentada el 18 de febrero de 2025.
2
En la que declaró “probada la afectación a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y la existencia del
equilibrio ecológico, por el indebido manejo de la contaminación auditiva que se presenta en la carrera 10 entre las
calles 64 y 69, localidad de Chapinero en la cuidad de Bogotá D.C.” impartió unas órdenes específicas al respecto
a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y la conformación de un Comité de Verificación, declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Senado de la República, negó las
pretensiones 1 a 5 de la demanda formuladas contra el Congreso de la República, así como las formulada contra
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Trabajo y la DIAN. Índice 60 del aplicativo SAMAI,
exp. 25000-23-41-000-2023-00977-00.

www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00899-01
Accionante: José William Sánchez Páez

apelación contra la sentencia precitada, que fue concedido por el a quo mediante
auto del 4 de diciembre de 2024. A continuación, a través del auto del 22 de enero
de 20253, la Sección Primera de esta corporación, admitió el recurso de apelación
presentado.

5. Inconforme con la admisión del recurso de apelación, al considerarlo
extemporáneo, el 4 de febrero de 2025, el señor José William Sánchez Páez
interpuso recurso de reposición contra el auto citado en el párrafo previo.

6. Mediante auto del 2 de abril de 20254, la Sección Primera del Consejo de Estado,
resolvió el recurso de reposición interpuesto por el accionante contra el auto del
22 de enero de 2025 que admitió el recurso de apelación interpuesto por
Secretarías Distritales de ambiente y de movilidad, en contra de la sentencia del
7 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera - Subsección A, confirmando la providencia recurrida.

7. Al respecto, la autoridad judicial precisó que el término para apelar contra una
sentencia en acción popular es de tres días hábiles, contados después de dos
días hábiles desde la recepción del mensaje de notificación, según el artículo 322
del CGP y el artículo 205 del CPACA.

8. Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca notificó el fallo del 7 de
octubre de 2024 el 9 de octubre de esa anualidad, por lo que el cómputo del
término iniciaba el 15 de octubre y finalizaba el 17 de octubre, con lo que apelación
interpuesta el 16 de octubre estaba dentro del plazo legalmente establecido.

9. Además, indicó que la solicitud de aclaración radicada por el Ministerio de
Transporte el 10 de octubre de 2024 que fue resuelta el 22 de noviembre de esa
vigencia, retrasó la ejecutoria del fallo, lo que confirma que la apelación
presentada antes de esta fecha fue válida y su admisión estuvo ajustada a
derecho.

2.2. Fundamento jurídico

10. El accionante afirmó que la autoridad judicial presuntamente incurrió en un
defecto fáctico, pues no advirtió que el recurso de apelación presentado el 16 de
octubre de 2024, fue admitido fuera del término legal establecido en el artículo 322
de la Ley 1564 de 2012, con lo que se trasgredió el debido proceso.

11. El accionante alegó la existencia de un defecto por error inducido porque la
autoridad judicial accionada supuestamente admitió el recurso de apelación
basándose en un cálculo erróneo del término para su presentación e indicó
equivocadamente que el término para presentarlo vencía el 3 de diciembre de
2024, cuando a juicio del actor, el término expiraba el 12 de octubre de 2024.

12. En conexidad con lo anterior, adujo que, por lo expuesto, también incurrió en un
defecto sustantivo pues a criterio del accionante incumplió con lo dispuesto en
los artículos 322 y 325 de la Ley 1564 de 2012, lo que determinó que se tomara
una decisión contraria a la normativa, incurriendo también en un defecto por
decisión sin motivación.

13. Finalmente, informó que el 12 de noviembre de 2024 interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que alegó mora en la
emisión del auto que debía decidir el recurso de apelación pues consideró que la
3
Índice 4 del aplicativo SAMAI, exp. 25000-23-41-000-2023-00977-02.
4
Índice 15 del aplicativo SAMAI, exp. 25000-23-41-000-2023-00977-02.

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00899-01
Accionante: José William Sánchez Páez

indebida admisión del recurso permitió dilatar el cumplimiento de la sentencia de
primera instancia.

2.3 Pretensiones

14. La parte accionante solicitó:

«1. Se declare a la Sección Primera del Consejo de Estado, que ha vulnerado
el derecho fundamental al debido proceso, de la parte accionante que es mi
persona, por incurrir en el defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error
inducido y decisión sin motivación, en la admisión de la apelación proferida
mediante el Auto de segunda instancia del 22 de enero de 2025, en proceso de
Acción Popular No. 25000234100020230097702.

2. Dejar sin efecto la providencia del 22 de enero de 2025 que admite el
Recurso de Apelación.

3. Solicitar a la Sección Primera del Consejo de Estado, para que profiera una
nueva decisión que declare inadmisible la apelación presentada por el
apoderado de la Secretaría de Ambiente y Movilidad y se devuelva el
expediente al juez de primera instancia (Tribunal Admón. de Cundinamarca).».

2.4. Intervenciones

15. La acción de tutela fue admitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante auto5 del 21 de febrero de 2025, a través del cual le ordenó notificar al
Consejo de Estado, Sección Primera como accionado. Asimismo, vinculó a al
Congreso de la República, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá,
a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (autoridades que actúan como
demandadas en el medio de control de acción popular); a la Secretaría Distrital de
Gobierno de Bogotá, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Defensoría del Pueblo
(autoridades que actúan en calidad e vinculados dentro del proceso); al señor
Mauricio Rueda Gómez, (quien actuó como tercero con interés en dicho proceso);
al Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, (autoridades que profirieron providencias en primera instancia
dentro del proceso) y a los demás demandantes, demandados y terceros con
interés que participaron dentro del proceso con radicado Nro. 25000-23-41-000-
2023-00977 00/01/02.

2.4.1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible6, a través de
apoderado sostuvo que debía respetarse la autonomía judicial. Indicó que no se
encontraba facultada para pronunciarse sobre el mérito de la acción interpuesta,
e indicó que acataba lo que se dispusiera en ella.

2.4.2. La Sección Primera del Consejo de Estado7, a través del magistrado
Oswaldo Giraldo López, indicó que la acción de tutela es improcedente por no
agotar el requisito de subsidiariedad, pues adujo que existía un recurso de

5
Índice 4 del aplicativo SAMAI.
6
Índice 13 del aplicativo SAMAI.
7
Índice 19 del aplicativo SAMAI.

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00899-01
Accionante: José William Sánchez Páez

reposición en trámite respecto de la apelación. Por lo anterior, advirtió que como
la decisión no había quedado en firme, el juez constitucional no podía intervenir
en esta.

16. Sostuvo que aún si se aceptara la procedencia de la tutela, no se evidenciaban
irregularidades en la admisión del recurso de apelación interpuesto por las
Secretarías Distritales de Ambiente y Movilidad de Bogotá, pues la apelación en
protección de derechos colectivos debía cumplir los plazos del Código General del
Proceso, conforme al artículo 37 de la Ley 472 de 1998, que establece que el
recurso debe resolverse en un plazo de veinte días desde la radicación del
expediente en el Tribunal competente.

17. En ese entendido, adujo que el recurso de apelación contra la sentencia del 7
de octubre de 2024, notificada el 9 de octubre de esa anualidad, tenía un plazo de
tres días hábiles para interponerse, contados desde dos días después de la
notificación.

18. Afirmó que, así las cosas, toda vez que la sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca fue notificada el 9 de octubre de 2024, el término comenzó el
15 y finalizó el 17 de octubre de esa anualidad, por lo que la apelación se radicó
oportunamente el 16 de octubre. Aunado a lo anterior, manifestó que el Ministerio
de Transporte solicitó una aclaración el día 10 de octubre, que fue resuelta hasta
el 22 de noviembre de 2024, quedando ejecutoriada la providencia en esa misma
fecha.

19. En conclusión, señaló que la acción de tutela es improcedente, ya que no se
cumplen los requisitos generales de procedencia, y, además, no se
evidenciaron los defectos alegados en la solicitud de amparo.

2.4.3. La Secretaría Distrital de Ambiente-SDA,8 a través de apoderado, señaló
que quien incurrió en un error es el accionante, al calcular el término de tres días
posteriores a la notificación de la sentencia en días no hábiles, como el sábado
12 de octubre de 2024. Sostuvo que, además, omitió lo dispuesto en el artículo 8
de la Ley 2213 de 2022, que establece que la notificación personal se entiende
realizada dos días hábiles después del envío del mensaje de datos.

20. Indicó que, en consecuencia, los términos procesales deben contarse
conforme a dicha norma, teniendo en cuenta la recepción del mensaje por el
destinatario, por lo que la interpretación errónea del accionante sobre el
vencimiento del plazo desvaneció sus argumentos respecto a la extemporaneidad
del recurso de apelación.

21. Solicitó negar el amparo constitucional solicitado, pues no se evidenció
vulneración al debido proceso en la concesión del recurso de apelación.

2.4.4. El Ministerio de Transporte, a través del Coordinador del Grupo de
Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica, solicitó ser desvinculado de la

8 Índice 19 del aplicativo SAMAI.

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00899-01
Accionante: José William Sánchez Páez

acción al no estar legitimado en la causa por pasiva. Indicó que la acción
constitucional carecía con los requisitos generales de procedencia, en particular,
el requisito de relevancia constitucional, toda vez que se imponía declarar la
improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando es
utilizada para reabrir un debate legal.

22. Asimismo, sostuvo que la notificación de las sentencias por vía electrónica,
según el artículo 203 del CPACA, se entiende realizada dos días hábiles
después del envío del mensaje, y los términos procesales comienzan a correr
desde el día siguiente a la notificación, conforme al numeral 2 del artículo 205
del CPACA, por lo cual, cualquier interpretación que desconozca esta regla
carece de fundamento jurídico dentro del ordenamiento legal vigente.

2.4.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A9, a través del magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, afirmó que el
trámite del mecanismo de protección de derechos colectivos ha sido diligente y
eficaz, sin mora judicial alguna, pues la sentencia de primera instancia se profirió
oportunamente.

23. Además, señaló que el demandante no fundamentó correctamente la
vulneración al debido proceso y ha presentado cuatro acciones de tutela sin
sustento. Solicitó declarar la improcedencia de la acción, toda vez que el recurso
interpuesto contra la sentencia de primera instancia no se había surtido.

2.4.6. La Secretaría de Gobierno de Bogotá10, a través de la directora Jurídica
de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C, solicitó su desvinculación
del trámite al carecer de legitimación en la causa por pasiva.

2.4.7. El señor José William Sánchez Páez, argumentó que, según el artículo
322 de la Ley 1564 de 2012, el plazo de tres días para apelar debía contarse de
forma continua, iniciando el sábado 12 y finalizando el lunes 14 de octubre de
2024. Por lo que, al ser festivo, la apelación debía presentarse máximo hasta el
martes 15, concluyendo que el recurso de apelación interpuesto se presentó fuera
de tiempo el miércoles 16 de octubre de 2024.

2.5 Sentencia Impugnada

24. La Sección Cuarta de esta corporación, mediante providencia del 9 de abril de
2024, declaró la improcedencia de la acción de tutela, al no cumplirse el requisito
de subsidiariedad, pues el proceso judicial seguía en trámite y se encontraba
pendiente de resolver un recurso de reposición contra el auto que admitió la
apelación. Además, advirtió que no se evidenció un perjuicio irremediable que
justificara la intervención excepcional del juez constitucional, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.

9
Índice 21 del aplicativo SAMAI.
10
Índice 25 del aplicativo SAMAI.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00899-01
Accionante: José William Sánchez Páez

2.6. Impugnación

25. El accionante reiteró lo planteado en su escrito de tutela y adujo que su
solicitud no debía calificarse de improcedente pues estaba afectando sus
derechos y los de su progenitora, al ser esta un adulto mayor. Afirmó que el
recurso de reposición no era efectivo pues decisiones similares habían tardado
meses en resolverse, lo que retrasaba la ejecución del fallo. Cuestionó la
interpretación de la autoridad judicial sobre el término para conceder la apelación
y su supuesta falta de análisis acerca del perjuicio irremediable.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

27. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si la Sección Primera del Consejo de Estado presuntamente incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo, por error inducido y por decisión sin motivación,
con ocasión del auto del 22 de enero de 202511, que admitió un recurso de
apelación contra la providencia del 7 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A con lo que
supuestamente trasgredió el derecho fundamental al debido proceso del
accionante.

28. Previo a lo anterior es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, en particular los de relevancia constitucional y subsidiariedad.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

29. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

30. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al recurso
de amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe sujetarse a los
valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el control de
autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución.

11
Índice 4 del aplicativo SAMAI, exp. 25000-23-41-000-2023-00977-02.

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00899-01
Accionante: José William Sánchez Páez

31. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige cumplir
unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de elaboración
jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la autonomía judicial
y la protección efectiva de los derechos fundamentales, permitiendo subsanar
controversias en procesos judiciales dentro del marco constitucional.

32. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

33. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito12. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de
los procesos ordinarios.

34. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 2022, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:

35. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación
de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o
aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea
estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o privadas que no
representen un interés general13.

36. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta
con que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la
administración de justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la
mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y
clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental»14. Negrillas de la Sala

37. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
12
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional.
13
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional.
14
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00899-01
Accionante: José William Sánchez Páez

recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela
contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»15. Negrillas y subrayas de la Sala.

38. De tal manera, en el caso concreto se advierte que la acción de tutela no
cumple con la carga de relevancia constitucional toda vez que el debate procesal
ya concluyó.

39. Así las cosas, el accionante pretende que se acoja la manera como, a su juicio,
ha debido contabilizarse el término para la admisión del recurso de apelación
contra la providencia del 7 de octubre de 2024, pero aparte de que se evidencia
que el actor hizo una interpretación subjetiva de los términos procesales, no logró
demostrar, más allá de su inconformidad con la decisión judicial atacada, como la
supuesta aplicación incorrecta de la normativa trasgredió sus derechos
fundamentales.

40. En ese entendido, el simple desacuerdo con una decisión judicial no habilita
para que se estudie su validez en sede de tutela, especialmente cuando la Corte
Constitucional ha establecido que la tutela solo es procedente cuando el asunto
planteado trasciende el debate legal y afecta directamente derechos
fundamentales, circunstancia que no se demostró en este asunto. En este caso,
no se evidencia una afectación grave que requiera intervención del juez
constitucional.

41. Adicionalmente, el accionante no puede pretender que la otra parte no ejerza
su derecho a apelar, ya que el acceso a los recursos procesales es una garantía
fundamental dentro del debido proceso. La doble instancia permite que las
decisiones judiciales sean revisadas, asegurando equidad y justicia. Así que en
este caso su simple inconformidad con la decisión no es suficiente para
desconocer el derecho de la contraparte a defenderse dentro del marco legal.
Impedir la apelación significaría restringir un mecanismo legítimo de impugnación,
lo que contraría los principios de imparcialidad y equilibrio procesal.

42. Ahora bien, el recurso de reposición interpuesto por el accionante ya fue
tramitado y resuelto, y en la decisión la Sección Primera de esta corporación
explicó con sustento en la normativa, las razones jurídicas por las cuales la
posición del actor respecto a los términos procesales estaba errada, lo que
demuestra que ya tuvo la posibilidad de controvertir la decisión que reprochó, con
lo cual queda agotado el requisito de subsidiariedad echado de menos en la
primera instancia, razón por la cual se confirmará la providencia impugnada en
cuanto declaró la improcedencia de la tutela, pero por las razones expuestas en
precedencia.

43. En ese entendido, la parte actora no logró demostrar cómo fue afectado su
derecho fundamental al debido proceso ni alguna otra garantía que se desprenda
del núcleo esencial de este.

44. Por el contrario, se pudo evidenciar que el proceso en general se ha llevado
de manera transparente, atendiendo los requerimientos de las partes, en los
plazos establecidos por la ley, con respeto al derecho de defensa y de

15
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00899-01
Accionante: José William Sánchez Páez

contradicción, sin vulnerar en medida alguna ningún derecho fundamental del
accionante, por lo que resultan claramente débiles los argumentos de la parte
actora.

45. Así las cosas, en los términos en que fue planteada la controversia, la Sala,
como ya lo dijo, confirmará la providencia impugnada, pero por las razones antes
expuestas, pues se evidenció que la misma no cumple con el presupuesto de
relevancia constitucional toda vez que el tutelante no fundamentó ni demostró con
suficiencia la presunta vulneración de los derechos fundamentales deprecados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia que declaró improcedente
la acción, pero por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.