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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00977-02

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00977-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia, en los siguientes términos: «SEGUNDO: DECLARAR probada la amenaza a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico, por el riesgo de contaminación auditiva presente en la carrera 10 entre las calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas contra la DIAN, por las razones señaladas en la presente providencia. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, elabore un estudio técnico que permita determinar si, en la carrera 10.ª entre las calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero, se exceden los límites máximos de ruido ambiental permitidos, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 17 de la Resolución 627 de 2006. Los resultados de dicho estudio deberán incorporarse al mapa de ruido del Distrito Capital, como insumo para la formulación de políticas de control acústico. QUINTO: En caso de constatarse la superación de los niveles máximos permitidos, la Secretaría Distrital de Movilidad, con la asesoría de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y demás autoridades competentes del Distrito Capital, en aplicación de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 2450 de 2025, deberá formular, en el término de dos (2) años, el plan de acción enunciado en la citada norma. El plan de acción incluirá medidas técnicas, operativas y de gestión que garanticen la mitigación efectiva de la contaminación acústica en el sector». SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO: INSTAR Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Transporte para que ejerzan sus funciones, con el propósito de definir las bases 35 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de 6 de agosto de 2019, radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2023-00977-02

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de octubre de 2025

1

Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
Actor: José William Sánchez Páez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente (E): GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 25000 23 41 000 2023 00977 02
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionados: Congreso de la República, Ministerio de Transporte, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá
Tesis: Las Secretarías de Ambiente y Movilidad de Bogotá vulneraron los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia de un equilibrio ecológico,
como consecuencia del indebido manejo de la contaminación auditiva que se
presenta en la carrera 10, entre las calles 64 y 69, en la localidad de Chapinero, en
Bogotá D.C.

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las Secretarías
Distritales de Movilidad y Ambiente de Bogotá, en contra de la sentencia de 7 de
octubre de 2024, emitida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José William Sánchez Páez presentó la demanda de la referencia en contra
del Congreso de la República y la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. En el
libelo introductorio estimó como vulnerados los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, así como los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la
intimidad. Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:

«PRETENSIONES

Señor Juez, muy respetuosamente solicito lo siguiente y a fin de proteger los
derechos fundamentales del ser humano como es: el derecho a la vida, el

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Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
Actor: José William Sánchez Páez

derecho a la intimidad, el derecho a gozar de un ambiente sano, el derecho a
un equilibrio ecológico, la protección a la familia, adolescentes, niños y adultos
mayores:

1. Prohíbase la importación y circulación de nuevos Vehículos y Motos al
territorio Nacional, con excepción de los destinados a la fuerza pública (Ejército
y Policía Nacional) y Bomberos y hasta que:

a. El Gobierno Nacional reconozca el ruido vehicular como problema de salud
pública en las zonas urbanas y a fin de que el congreso de la república le dé
prioridad en legislar sobre este tema

b. El congreso de la República legisle y saque normativas eficientes y eficaces
para la protección a las personas del ruido vehicular que están en Zonas
Urbanas, como son:

i. Prohibir y que se desmonte las cornetas de fuentes móviles (buses, camiones,
volquetas, vehículos, motos y demás) y que se dé un tiempo de desmonte no
superior a un año

ii. Crear Normativa con nuevas disposiciones, al ruido Vehicular, proveniente de
alarmas, pitos, bocinas, motores y demás y a fin de proteger al ser humano de
estas fuentes de ruido y para que el Ministerio de Transporte, empiece a regular,
limitar, controlar y medir el ruido de alarmas, bocinas, pitos, motores y demás

iii. Crear Normativa que autorice a los Alcaldes de Zonas Urbanas a incorporar
mecanismos para que cualquier persona pueda reportar contaminación auditiva
de fuentes móviles (vehículos y Motos) y como puede ser: tránsito de Vehículos
de Carga por zonas no autorizadas, uso de Sirenas de Ambulancias a 200
metros y cuando está llegando a un hospital, Alarmas de Vehículos que dejan
en conjuntos residenciales y demás zonas y se activan automáticamente sin
ninguna necesidad, entre otras

iv. Si es el caso crear impuesto al ruido, por concepto de alarmas, bocinas, pitos,
motores y demás, tanto en Motos como en Vehículos

c. Se reduzca los niveles de contaminación del aire y de ruido en zonas urbanas
del territorio Nacional, a los parámetros que recomienda la Organización
Mundial de la Salud

d. Se mejore en calidad del servicio y seguridad del transporte público (buses,
trenes)

e. Los centros de Diagnóstico empiecen a medir los niveles de ruido tanto en
alarmas, pitos, bocinas, motores en estado de aceleración y demás, si estos
superan los límites, impleméntese el Impuesto al Ruido y/o de acuerdo a rangos
de contaminación auditiva, que implemente el Ministerio de Transporte

2. Prohíbase la importación de partes, autopartes, piezas de vehículos y motos
para la producción y/o ensamble de nuevos Vehículos y Motos, que circulen en
el territorio nacional, con excepción de los destinados a la fuerza pública
(Ejército y Policía Nacional) y Bomberos y hasta que:

a. El Gobierno Nacional reconozca el ruido vehicular como problema de salud
pública en las zonas urbanas y a fin de que el congreso de la república le dé
prioridad en legislar qqq este tema

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Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
Actor: José William Sánchez Páez

b. El congreso de la República legisle y saque normativas eficientes y eficaces
para la protección a las personas del ruido vehicular que están en Zonas
Urbanas, como son:

i. Prohibir y que se desmonte las cornetas de fuentes móviles (buses,
camiones, volquetas, vehículos, motos y demás) y que se dé un tiempo de
desmonte no superior a un año

ii. Crear Normativa con nuevas disposiciones, al ruido Vehicular, proveniente de
alarmas, pitos, bocinas, motores y demás y a fin de proteger al ser humano de
estas fuentes de ruido y para que el Ministerio de Transporte, empiece a regular,
limitar, controlar y medir el ruido de alarmas, bocinas, pitos, motores y demás.

iii. Crear Normativa que autorice a los Alcaldes de Zonas Urbanas a incorpora
mecanismos para que cualquier persona pueda reportar contaminación auditiva
de fuentes móviles (vehículos y Motos) y como puede ser: tránsito de Vehículos
de Carga por zonas no autorizadas, uso de Sirenas de Ambulancias a 200
metros y cuando está llegando a un hospital, Alarmas de Vehículos que dejan
en conjuntos residenciales y demás zonas y se activan automáticamente sin
ninguna necesidad, entre otras.

iv. Si es el caso crear impuesto al ruido, por concepto de alarmas, bocinas, pitos,
motores y demás, tanto en Motos como en Vehículos

c. Se reduzca los niveles de contaminación del aire y de ruido en zonas urbanas
del territorio Nacional, a los parámetros que recomienda la Organización
Mundial de la Salud.

d. Se mejore en calidad del servicio y seguridad del transporte público (buses,
trenes).

e. Los centros de Diagnóstico empiecen a medir los niveles de ruido tanto en
alarmas, pitos, bocinas, motores en estado de aceleración y demás, si estos
superan los límites, impleméntese el Impuesto al Ruido y/o de acuerdo a rangos
de contaminación auditiva, que implemente el Ministerio de Transporte

3. Que se Permita la importación de nuevos Vehículos y Motos, de partes,
autopartes y piezas para nuevos vehículos y motos al territorio Nacional,
únicamente por chatarrización o reposición de otro vehículo o moto, que salga
de circulación del territorio nacional

4. Prohíbase la circulación de Bicicletas con Motor a gasolina, por el ruido que
estos generan en el ser humano y hasta que: a. Hallan (Sic) nuevas tecnologías
en motores para bicicletas que no contaminen el aire y no generen ruido que
afectan al ser humano y b. Que estas nuevas tecnologías estén autorizadas por
el Congreso de la República, para que el Ministerio de Transporte las regule
con normativas

5. Que se ordene a las entidades que corresponda (DIAN, Ministerio de
Comercio, Ministerio de Transporte y demás) a implementar controles, para el
cumplimiento de la prohibición y excepciones de las importaciones antes
mencionadas

6. Que se Ordene a la Secretaria de Movilidad de Bogotá, a implementar
señalización Horizontal y Vertical, a fin de mitigar aún más la contaminación
auditiva sobre la Carrera 10 entre calles 64 y 69 y como es:

a. Demarcación en vía de acuerdo a la norma Técnica Colombiana NTC4744,
sobre la carrera 10 entre calles 66 y 69, ya que no está demarcada actualmente.

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Actor: José William Sánchez Páez

b. Señalizaciones horizontales estratégicamente colocadas de 20km, de
acuerdo a la norma Técnica Colombiana NTC4744, sobre la carrera 10 entre
calles 67 y 69, a fin que los vehículos observen y se disuadan a transitar a 20
KM.

c. Señalización Horizontal con Pictogramas de peatones en la Calle 67 y 67A
con Carrera 10 y de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana NTC4744.

d. Señalización de acuerdo a la norma Técnica Colombiana NTC4744 y/o
NTC4745 de Reducción a un carril sobre la carrera 10 y en la curva para tomar
la Calle 69, ya que no está señalizado actualmente.

e. Señalización Vertical sobre la carrera 10 entre calles 64 y 67,
estratégicamente colocada de, Prohibido Pitar, de acuerdo a la norma Técnica
Colombiana NTC4739 de 2020, a fin que las sirenas de las ambulancias,
cornetas de los demás vehículos, entiendan que está Prohibido Pitar y que
están llegando a la Clínica Infantil Colsubsidio

7. Que se Ordene a la Secretaria de Movilidad y a fin de mitigar aún más el
impacto auditivo en los residentes de la Carrera 10 entre calles 64 y 69, los
residentes de la calle 67A entre carrera 9 y 10, los residentes de la calle 69
entre carreras 9 y 11 y Pacientes del Hospital Infantil Colsubsidio, a implementar
señalización Vertical de acuerdo a la norma Colombiana NTC4739 de
2020(Lamina Retroreflectiva) de "Circulación Prohibida de Vehículos de Carga"
sobre:

a. La Carrera 9A, con Calle 63 esquina
b. La Calle 66 con Carrera 11 esquina
c. La Calle 69 con carrera 11 esquina

Señor Juez muy respetuosamente solicito las siguientes medidas:

1. Que se Prohíba la importación de nuevos Vehículos y Motos al territorio
Nacional, con excepción de los destinados a la fuerza pública (Ejército y Policía
Nacional) y Bomberos.

2. Que se Ordene a la Secretaria de Movilidad y a fin de mitigar aún más el
impacto auditivo en los residentes de la Carrera 10 entre calles 64 y 69, los
residentes de la calle 67A entre carrera 9 y 10, los residentes de la calle 69
entre carreras 9 y 11 y Pacientes del Hospital Infantil Colsubsidio, a implementar
señalización Vertical de acuerdo a la norma Colombiana NTC4739 de 2020
(Lamina Retroreflectiva) de "Circulación Prohibida de Vehículos de Carga"
sobre: a. La Carrera 9A, con Calle 63 esquina b. La Calle 66 con Carrera 11
esquina c. La Calle 69 con carrera 11 esquina»1

Como sustento de las pretensiones adujo que en los últimos años se ha
incrementado de manera significativa el número de vehículos, motocicletas y
bicicletas a motor que circulan en el territorio nacional, lo cual ha generado mayores
niveles de congestión vehicular, especialmente en zonas urbanas como Bogotá,
Medellín y Cali. Estas ciudades se han visto obligadas a implementar medidas de

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal.

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Actor: José William Sánchez Páez

control como el pico y placa. Resaltó, además, que dicho aumento en el parque
automotor también ha ocasionado un elevado nivel de ruido, producto tanto del uso
constante de pitos como de la operación de motores de alto cilindraje.

Mencionó que la exposición prolongada al ruido genera daños en la salud humana,
los cuales pueden manifestarse en alteraciones fisiológicas, psicológicas, del sueño
y cognitivas, así como en afecciones cardiovasculares y metabólicas. Advirtió,
igualmente, que dicho fenómeno puede ocasionar tinitos, complicaciones en el
desarrollo del embarazo y resultados adversos en los partos, entre otras
afectaciones.

Refirió que un ejemplo del exceso de ruido se presenta en la ciudad de Bogotá,
particularmente en la carrera 10, entre las calles 64 y 69, sector por el que transitan
de manera constante camiones, volquetas, mezcladores de cemento, ambulancias
y carros de bomberos con sirena, buses de transporte especial, motocicletas de
diversos cilindrajes y bicicletas con motor a gasolina. Esta situación, junto con las
obras que existen en la zona, genera elevados niveles de contaminación auditiva
en la zona y ha ocasionado afectaciones en la salud de los residentes, entre quienes
se encuentra el propio actor popular.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN2

2.1. La acción fue presentada el 12 de agosto de 2022 ante el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Bogotá. Con auto del 16 del mismo mes y año, se
dispuso la admisión de la demanda y se ordenó notificar al Congreso de la
República, a los Ministerios de Transporte, de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en
adelante MADS) y a las Secretarías de Ambiente y Movilidad de Bogotá3.

2.2. En oficio del 29 de agosto de 2022, el Senado de la República solicitó que
se declarara la improcedencia de la acción popular, al considerar que en la demanda
no se identificaron de manera concreta los derechos colectivos cuya protección se
pretendía. Asimismo, adujo que el actor, en realidad, buscaba un beneficio de
carácter particular y que la eventual prosperidad de las pretensiones generaría un
perjuicio general a la comunidad.

2 Todo el trámite de la acción de la referencia en la primera instancia se encuentra en Samai.
3 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI

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Actor: José William Sánchez Páez

Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
argumentando que a dicha corporación no le corresponde la aplicación de las
leyes4.

2.3. En memorial del 29 de agosto de 2022, las Secretarías de Ambiente y
Movilidad de Bogotá respondieron la demanda, esgrimiendo los siguientes
argumentos5:

2.3.1. Manifestaron que las referidas secretarías se encuentran a la espera de que
el MADS expida el acto administrativo mediante el cual se fijen los estándares
máximos permitidos de emisión sonora para automotores y motocicletas, con el fin
de contar con un marco regulatorio que permita adoptar medidas efectivas para la
mitigación de dicha fuente de contaminación.

Con todo, indicaron que, con fundamento en el ordenamiento jurídico vigente, la
Secretaría de Movilidad ha adelantado controles permanentes respecto de la
activación de alarmas, pitos, cornetas y demás dispositivos sonoros, con el
propósito de verificar su conformidad con los requisitos establecidos en el artículo
104 del Código Nacional de Tránsito. Anotó que, gracias a esos controles, ha
impartido 32 comparendos a motocicletas en la localidad de Chapinero.

Refirieron que, de conformidad con los lineamientos previstos en el Decreto 77 de
2020, en la zona en la que reside el accionante se encuentra restringida la
circulación de vehículos de transporte de carga con peso bruto vehicular superior a
8.500 kilogramos, en el horario comprendido entre las 6:00 y las 8:00 horas y entre
las 17:00 y las 20:00 horas, de lunes a viernes. Además, los vehículos de carga con
una antigüedad de 20 años no podrán circular de lunes a viernes de 6:00 a.m. a
8:00 a.m. y entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. y el sábado entre las 5:00 a.m. y las
9:00 p.m. de forma rotativa de acuerdo con el último dígito de la placa, par o impar.

Alegaron que en el sector comprendido entre la carrera 10 y las calles 64 y 69, la
Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana de Tránsito han adelantado
actividades operativas orientadas a verificar el cumplimiento de las normas de

4 Ibidem.
5 Ibidem.

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tránsito. Adicionalmente, indicó que en dicho corredor vial se encuentran
autorizados algunos Planes de Manejo de Tránsito derivados de obras de servicios
públicos y de infraestructura.

2.3.2. Entre tanto, tras aludir al Decreto Distrital 175 de 2009, manifestaron que las
pretensiones de la demanda se orientan a obtener la prohibición de determinadas
actividades, competencia que corresponde al Congreso de la República, en su
calidad de órgano legislativo.

Alegaron que la Secretaría de Ambiente, a través del Grupo de Fuentes Móviles,
realiza operativos diarios orientados a vigilar y controlar el cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente en materia de límites de emisiones contaminantes,
en aplicación de lo dispuesto en la Resolución 910 de 2008 y en el Decreto 840 de
2019.

Refirieron que, a través de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, es
posible estimar el estado del aire con una proyección de hasta 48 horas, teniendo
en cuenta el pronóstico de variables meteorológicas y los comportamientos típicos
de emisiones en la ciudad durante los días evaluados. Añadieron que dicha red está
conformada por 20 estaciones equipadas con sensores y analizadores automáticos
que reportan datos actualizados cada hora.

2.3.3. Por último, propusieron la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.

2.4. En memorial del 30 de agosto de 2022, el Ministerio de Transporte
respondió el libelo introductorio señalando que carecía de legitimación en la causa
por pasiva, ya que el control de la contaminación ambiental correspondía a los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud y a las Asambleas
Departamentales y los Concejos Municipales.

Refirió que la competencia para la creación de normas estaba a cargo del Congreso
de la República, quien es la entidad encargada de autorizar o prohibir la circulación
de cierta clase de vehículos.

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Además, expresó que las Secretarías de Ambiente y Movilidad de Bogotá eran las
encargadas de tomar medidas para superar la problemática que se presenta en el
área objeto de debate.

2.5. En escrito del 7 de febrero de 2023, el señor Mauricio Rueda Gómez
presentó coadyuvancia a la demanda6.

2.6. En auto del 21 de julio de 2023, el Juzgado Dieciocho Administrativo de
Bogotá declaró su falta de competencia para conocer del asunto y ordenó su
remisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca7.

2.7. En proveído del 4 de agosto de 2023, la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, avocó conocimiento de
asunto8.

2.8. El 21 de noviembre de 2023, se declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento en el proceso de la referencia9.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El 7 de octubre de 2024, la Subsección “A” de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, profirió sentencia en la que declaró
probada la afectación a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y la
existencia del equilibrio ecológico, por el indebido manejo de la contaminación
auditiva que se presenta en la carrera 10 entre las calles 64 y 69, de la localidad de
Chapinero en la ciudad de Bogotá. A continuación, se transcribe la parte resolutiva
de la sentencia enjuiciada:

«RESUELVE

PRIMERO. - DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el SENADO DE LA REPÚBLICA. En
consecuencia, se NIEGAN las pretensiones 1 a 5 de la demanda formuladas en
contra del Congreso de la República, por las razones anotadas en la presente
providencia.

6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Visible en el índice 46 del Sistema de Gestión Samai del Tribunal.

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Actor: José William Sánchez Páez

SEGUNDO. - DECLÁRASE PROBADA la afectación a los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico, por el
indebido manejo de la contaminación auditiva que se presenta en la carrera 10
entre las calles 64 y 69, localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C.

TERCERO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda formuladas contra el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Trabajo y la
DIAN, por las razones señaladas en la presente providencia.

CUARTO.- ORDÉNASE a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, que
dentro del término de un mes realice el análisis del tráfico vehicular que se
presenta en la carrera 10 entre las calles 64 y 69 localidad de Chapinero en la
ciudad de Bogotá D.C., y determinar si los niveles de contaminación ambiental
tienen relación con el volumen de tránsito circundante por la zona, por lo que
deberá realizar las gestiones de control y señalización de tráfico que impida la
proliferación de ruido y contaminación auditiva.

QUINTO.- ORDÉNASE a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá que, en
concurrencia con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, en el término
de un mes contado a partir de la notificación de la presente providencia,
adelanten las gestiones necesarias y requeridas en la carrera 10 entre las calles
64 y 69 localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C., que generen
conciencia de la contaminación auditiva generada por automotores y demás
actores viales, así como el impacto ambiental de dicha contaminación en la
salud humana y animal.

SEXTO.- CONFÓRMASE el Comité de Verificación el cual es integrado por la
parte demandante, un delegado de la Secretaría Distrital de Movilidad de
Bogotá y un delegado de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, el cual
será presidido por el Magistrado Ponente. Las partes deberán remitir un informe
al despacho para su valoración en el Comité de Verificación de la sentencia,
para lo cual el magistrado lo convocará en la oportunidad que considere
necesario.

SÉPTIMO REMÍTASE copia de esta sentencia al Registro Público centralizado
de acciones populares y de grupo de la Defensoría del Pueblo.

OCTAVO.- Sin condena en costas.

NOVENO.- Ejecutoriada esta providencia y previa las constancias del caso
ARCHÍVESE el expediente»10

Como fundamento de lo anterior, efectuó el siguiente análisis:

3.1.1. En primer lugar, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Congreso de la República, señalando que las
pretensiones de la demanda se refieren a la modificación del tránsito vial en la
carrera 10 entre las calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero. Además, resaltó que
esa entidad no puede ser accionada en ejercicio de la acción popular, para exigir el
cumplimiento de sus funciones constitucionales. De otro lado, negó el medio

10 Visible en el índice 60 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal.

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exceptivo invocado por las Secretarías de Movilidad y de Ambiente de Bogotá, al
señalar que dichas entidades tienen funciones específicas y complementarias en
materia de regulación y control de la contaminación auditiva en la ciudad.

3.1.2. Entre tanto, expuso que, revisada la plataforma Google Earth se encontraba
probado que en la zona objeto de controversia existe proximidad de vehículos a
sitios como la Clínica Infantil Colsubsidio, colegios y unidades residenciales.
Además, indicó que, de acuerdo con las imágenes aportadas en la demanda, en
dicho lugar se evidencia el tránsito de ambulancias, carros de bomberos, camiones
y una alta congestión vehicular.

Destacó que es un hecho notorio que en la ciudad de Bogotá se adelantan diversas
obras de mejoramiento de la malla vial, las cuales han generado una significativa
contaminación auditiva. Además, resaltó que, según la misma Secretaría Distrital
de Ambiente, en varias zonas de la ciudad los niveles de ruido superan los 85
decibeles, lo que excede el umbral que la Organización Mundial de la Salud
considera dañino para la salud humana en casos de exposición prolongada.

Al respecto, trajo a colación la siguiente imagen del visor geográfico ambiental en la
carrera 10 entre las calles 64 y 69 de Bogotá:

«

»11

Adujo que había una falta de control efectivo sobre los niveles de ruido en ese
sector, lo que denotaba una deficiencia en la implementación de las políticas
ambientales y de salud pública. Destacó que, a pesar de que existe una regulación
que establece los niveles máximos permitidos de ruido, así como restricciones
horarias para la circulación de ciertos vehículos, su aplicación resultaba débil, en

11 Visible a folio 27 de la sentencia recurrida.

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Actor: José William Sánchez Páez

tanto muchos infractores no son sancionados y no se ejerce el control
correspondiente.

Alegó que en la zona no hay ninguna señal que indique a los conductores la
precaución, prohibición o moderación de bocinas o cualquier aparato sonoro que
genere ruido, como lo es el logo vertical SR-29 de señalización vial.

Por ende, destacó que no se han realizado acciones para evitar la proliferación de
ruido innecesario en la zona estudiada, puesto que sería imposible prohibir el paso
vehicular en el sector.

Por ende, amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la
existencia de un equilibrio ecológico e impuso las órdenes previstas en la parte
resolutiva de la decisión impugnada.

De otro lado, se negaron las pretensiones formuladas en contra de los Ministerios
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Transporte y la DIAN, por cuanto no se
acreditó su participación en los hechos expuestos en la demanda y, además,
carecen de funciones de inspección, vigilancia y control en materia de ruido
ambiental. No obstante, en el ordinal tercero de la parte resolutiva de dicha
providencia, al consignar esta decisión, se mencionó al Ministerio del Trabajo en
lugar del Ministerio de Transporte.

3.2. En proveído del 19 de noviembre de 2024, la anotada sentencia fue aclarada
en los siguientes términos:

«PRIMERO. - ACLARAR el numeral tercero de la sentencia de primera
instancia proferida el siete (7) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. - CORRÍJASE el numeral tercero de la sentencia de primera
instancia proferida el siete (7) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) el cual
quedará así:

TERCERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda formuladas contra el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Transporte y la
DIAN, por las razones señaladas en la presente providencia.

TERCERO. - En firme esta providencia, continúese con el trámite
correspondiente»12

12 Visible en el índice 83 del Sistema de Gestión SAMAI.

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12

Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
Actor: José William Sánchez Páez

En dicha providencia, se resolvió la solicitud de aclaración presentada por el
Ministerio de Transporte, al advertirse que, en el ordinal tercero de la parte resolutiva
de la sentencia, se hizo referencia a dicha cartera y no al Ministerio del Trabajo,
como erróneamente se consignó. En consecuencia, el a quo dispuso aclarar la
sentencia objeto de solicitud, con el fin de corregir la anotada imprecisión.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

4.1. En memorial del 16 de octubre de 2024, las Secretarías de Ambiente y
Movilidad de Bogotá interpusieron recurso de alzada por las razones que se
resumen enseguida13:

4.2. Manifestaron que la Secretaría de Ambiente carece de potestades para
solventar la problemática, en la medida en que, si bien los artículos 10 y 11 de la
Resolución 627 de 2006 se refieren a las pruebas estáticas y dinámicas aplicables
a vehículos automotores y motocicletas, el MADS no ha expedido la reglamentación
necesaria para su implementación. En consecuencia, no se ha definido la
metodología de medición ni se han fijado los estándares máximos permisibles de
emisión de ruido, lo que imposibilita a dicha entidad ejercer competencias efectivas
en ese ámbito.

Agregaron que, aunque la Ley 769 de 2002 otorga facultades a las autoridades de
tránsito para garantizar la seguridad vial y mitigar los impactos ambientales, dicha
normativa no establece mecanismos específicos para la medición ni para el control
del ruido generado por fuentes móviles.

Acotaron que, conforme con el artículo 6 de la Constitución Política y la sentencia
T-413 de 1996 de la Corte Constitucional, cuando no existe una regulación clara y
definida, no puede exigirse a las autoridades públicas la adopción de medidas que
desborden el marco de sus competencias legales.

4.3. Cuestionaron que en el fallo recurrido se hubiera proferido condena con
fundamento en unas imágenes extraídas de un enlace de Google Earth, junto con

13 Visible en el índice 74 del Sistema de Gestión SAMAI.

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13

Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
Actor: José William Sánchez Páez

el demás material probatorio obrante en el expediente, sin que se precisara a cuáles
de estas últimas pruebas se hacía referencia, circunstancia que les impidió ejercer
de manera adecuada su derecho de defensa. Alegaron, además, que los vehículos
que se observan en las referidas imágenes tienen autorización para circular en la
zona, en tanto se encuentran dentro de las excepciones previstas en el artículo 1.º
del Decreto 546 de 2021, mediante el cual se modificó el artículo 6.º del Decreto
Distrital 840 de 2019.

Añadieron que en el fallo de primera instancia se hizo referencia a un mapa del visor
geográfico que, si bien es un instrumento producido por las autoridades distritales,
dicha prueba no fue controvertida dentro del proceso, circunstancia que desconoce
su derecho de defensa.

Arguyeron que sí se están realizando controles al tráfico terrestre en la zona y que,
en los alrededores de ese sector, se ejecutan obras de gran importancia para la
comunidad, por lo que resulta lógico que se generen incomodidades a los
habitantes. No obstante, señalaron que han adelantado operativos orientados a
mitigar la contaminación auditiva en el área. En consecuencia, aseveraron que no
obra en el expediente prueba que demuestre la vulneración de los derechos
colectivos por parte de esas entidades.

4.4. Controvirtieron que, en el ordinal cuarto de la parte resolutiva del fallo
enjuiciado, se hubiera ordenado medir el impacto ambiental ocasionado en la salud
humana y animal, cuando la regulación en materia de emisión de ruido no contempla
a los animales, sino que está orientada a cuantificar el daño que se produce en el
entorno y que es percibido por el oído humano. Con todo, aseveraron que la entidad
encargada de realizar el seguimiento continuo y sistemático a eventos relacionados
con problemas de salud por la exposición de ruido era la Secretaría de Salud.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA14

5.1. Mediante auto del 22 de enero de 2025, el Despacho Sustanciador admitió el
recurso de alzada y prescindió del traslado para alegar de conclusión15.

14 Toda la actuación en esta instancia se encuentra visible en Samai en el expediente digital.
15 Visible a índice 4 ibidem.

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Actor: José William Sánchez Páez

5.2. Contra la precitada decisión la parte actora interpuso recurso de reposición, el
cual fue resuelto de manera adversa a sus pretensiones en auto del 2 de abril de
202516

5.3. El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en este proceso.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por
el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y
derechos colectivos.

6.2. Planteamiento

En ese orden, se advierte que el debate en esta instancia se circunscribe a dos
aspectos: (i) la valoración probatoria, (ii) la acreditación de la presunta vulneración
de los derechos colectivos en este asunto y (iii) el alcance de las órdenes impartidas
para superar la situación que ocupa la atención de la Sala.

En efecto, en primer lugar, para las entidades accionadas, el Tribunal valoró
pruebas obtenidas de internet que no fueron debidamente aportadas al proceso,
razón por la cual, no podían ser tenidas en cuenta en la decisión 1, dado que no
fueron incorporadas mediante los mecanismos procesales previstos ni sometidas a
contradicción por las partes.

En segundo lugar, las accionadas refieren que no existe prueba de la vulneración
de los derechos colectivos, máxime cuando: (i) el MADS no ha desarrollado la
reglamentación prevista en los artículos 10 y 11 de la Resolución 627 de 2007 y,
adicionalmente, la Ley 769 de 2002 no contempla mecanismos específicos para

16 Visible en índice 15 del Sistema de Gestión SAMAI.

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Actor: José William Sánchez Páez

mitigar impactos ambientales derivados de fuentes móviles; (ii) en la sentencia de
primera instancia no se especificaron las demás pruebas que, junto con las
imágenes de Google Earth, darían cuenta de alguna afectación a los mencionados
intereses superiores invocados como desconocidos (iii) las anotadas imágenes
mostraban vehículos que podían circular en la zona objeto de controversia, por
encontrarse en las excepciones previstas en el artículo 1.º del Decreto 546 de 2021,
mediante el cual se modificó el artículo 6.º del Decreto Distrital 840 de 2019 y (iv)
han realizado operativos para mitigar el ruido en la zona. En contraposición, la
sentencia de primera instancia, con base en las anotadas imágenes, consideró que
era un hecho notorio que en la ciudad de Bogotá se adelantan diversas obras de
mejoramiento de la malla vial, que junto con el tráfico denso que se presenta en el
área objeto de controversia, han generado una significativa contaminación auditiva,
sin que se hubiera adoptado alguna medida para solventar esa situación.

Por último, se reprocha que en el ordinal cuarto de la parte resolutiva del fallo
enjuiciado se hubiera ordenado medir el impacto ambiental ocasionado en la salud
humana y animal, pese a que la regulación en materia de ruido está orientada
exclusivamente a cuantificar el daño que este produce en el oído humano como
factor de deterioro ambiental. Además, se destaca que es la Secretaría de Salud la
entidad competente para realizar el seguimiento a los eventos relacionados con
enfermedades derivadas de la exposición al ruido.

La alzada se absolverá en el orden propuesto.

6.3. De la controversia sobre la valoración de las pruebas en el fallo
recurrido

Al respecto, la Sala deberá determinar si es cierto que, en la sentencia de primera
instancia, se valoraron documentos extraídos de internet que no fueron
incorporados al expediente como pruebas.

A efectos de resolver el interrogante planteado, resulta pertinente transcribir los
apartes relevantes de la sentencia objeto de apelación, con el fin de verificar los
elementos materiales probatorios tenidos en cuenta por el a quo:

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Actor: José William Sánchez Páez

«Revisada la plataforma Google Earth, en el enlace transcrito
https://earth.google.com/web/search/Carrera+10+%26+Calle+64,+Bogot%C3
%A1/@4.65040567,-74.06104634,2576.50227728a,1076.21270248d,35y,
0h,0t,0r/data=Co0BGl8SWQolMHg4ZTNmOWE0NmYxODBmNGJiOjB4YTV
MjA1NzJhYjNhYjNkMRlK7NrebpkSQCF9YCI59INSwCoeQ2FycmVyYSAxM
AmIENhbGxlIDY0LCBCb2dvdMOhGAIgASImCiQJNcYDhYylEkARn21iFfeNE
AZ_OazG1qCUsAhxnHyJHeFUsBCAggBOgMKATBKDQj___________8BEAA
y de conformidad con las especificaciones y direcciones que constan en el
expediente, se tiene que la ubicación estaría relacionada así:

De la imagen se evidencia la proximidad de los vehículos con sitios como la
Clínica infantil Colsubsidio, colegios y unidades residenciales del cual
manifiesta el actor popular es el lugar directamente afectado por los hechos
narrados.

Así mismo, revisado el mismo link de Google Earth junto con el material
probatorio aportado al expediente se tiene que se lograron extraer las siguientes
imágenes en donde se evidencia lo manifestado por el actor popular:

(…)

La Sala protegerá los derechos al goce de un ambiente sano y al equilibrio
ecológico en las zonas señaladas por el actor popular y de las cuales se
extrajeron las anteriores fotografías desde la plataforma Google Earth.

Lo anterior se hará de conformidad con las precisiones que se realizan a
continuación.

Sostiene el demandante que acude a la acción popular al no haber sido
escuchado por las diferentes entidades encargadas de proteger los derechos a
un ambiente sano y al equilibrio ecológico tanto del actor popular como de los
residentes y transeúntes de la Carrera 10 entre calles 64 y 69 de la Localidad
de Chapinero en Bogotá, lugar en donde se encuentra la contaminación auditiva
ocasionada por los vehículos y automotores que resulta ser la causa de los
problemas alegados por el actor.

En este punto, se abordarán los derechos invocados de manera separada.

Sobre el derecho al goce de un ambiente sano, no cabe duda tampoco que los
hechos referenciados en la demanda tienen un impacto ambiental significativo.

La contaminación auditiva es un problema silencioso que afecta a millones de
personas en todo el mundo. En Bogotá esta forma de contaminación se ha
convertido en un desafío significativo que amenaza la salud y la calidad de vida
de sus habitantes. Si bien es ruido no es tan visible como la contaminación del
aire o del agua, sus efectos pueden ser igualmente nocivos además de sus
repercusiones físicas y psicológicas lo cual evidentemente vulnera el derecho
colectivo al goce de un ambiente sano.

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17

Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
Actor: José William Sánchez Páez

Bogotá es una ciudad dinámica y bulliciosa con más de 8 millones de habitantes
y un sistema de transporte congestionado, además es un hecho notorio que
actualmente la ejecución de distintas obras de mejoramiento de la malla vial ha
generado sin duda alguna contaminación auditiva importante, pues esto incluye
miles de vehículos y motocicletas que se ven potenciadas por actividades
comerciales, construcciones y el auge de ciertos establecimientos
especialmente en sectores comerciales.

Las principales fuentes de contaminación auditiva incluyen el tráfico vehicular,
las obras de construcción y la actividad nocturna en zonas comerciales, y según
la misma Secretaría Distrital de Ambiente en varias zonas de la ciudad los
niveles de ruido superan los 85 decibeles, el umbral que la organización mundial
para la salud considera dañino para la salud humana si se está expuesto de
forma prolongada.

Al respecto el visor geográfico ambiental sobre la zona en la que el actor popular
relaciona, esto es la Carrera 10 entre calles 64 y 69 de Bogotá, indica los niveles
de contaminación auditiva así:

Así las cosas, resulta evidente la exposición constante a altos niveles de ruido,
pues esta tiene efectos físicos y psicológicos graves. A nivel físico la
contaminación auditiva puede causar la pérdida de audición, hipertensión y
enfermedades cardiovasculares. Las personas expuestas a niveles de ruido
superiores a los recomendados pueden desarrollar problemas de audición de
forma gradual, que en muchos casos son irreversibles. A nivel psicológico, el
ruido crónico contribuye al estrés, la ansiedad y la irritabilidad afectando el
bienestar mental de las personas»17 (Subrayas de la Sala).

En ese orden, se advierte que en la decisión recurrida se ampararon los derechos
colectivos con fundamento en una georreferenciación obtenida de la plataforma
Google Earth y en un mapa proveniente de un visor geográfico ambiental, elementos
que no fueron allegados al proceso por las partes ni incorporados formalmente al
expediente como pruebas.

17 Visible a folios 25 a 28 de la sentencia de primera instancia.

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18

Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
Actor: José William Sánchez Páez

En consecuencia, la Sala se abstendrá de valorar dicho material, toda vez que su
consideración implicaría desconocer el derecho de defensa y de contradicción de
las partes. Ello obedece a que solo pueden ser objeto de análisis aquellas pruebas
que hayan sido debidamente aportadas, practicadas y controvertidas dentro del
proceso.

6.4. De la controversia sobre la vulneración de los derechos colectivos

Tendrá que absolverse si las Secretarías de Ambiente y Movilidad de Bogotá
vulneraron los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia de
un equilibrio ecológico, como consecuencia del indebido manejo de la
contaminación auditiva que se presenta en la carrera 10, entre las calles 64 y 69,
en la localidad de Chapinero, en Bogotá D.C.

6.4.1. Con miras a resolver este problema, es pertinente señalar que, de
conformidad con el artículo 2.2.5.1.5.1 del Decreto 1076 de 2015, estarán sujetas a
restricciones y control todas las emisiones de ruido que sean continuas, fluctuantes,
transitorias o de impacto. Asimismo, se dispuso que corresponde al MADS fijar los
estándares aplicables a las diferentes clases y categorías de emisiones de ruido,
así como los mecanismos para su control y medición, siempre que aquellas
trasciendan al medio ambiente y al espacio público18.

18 «Artículo 2.2.5.1.5.1. Control a emisiones de ruidos. Están sujetos a restricciones y control

todas las emisiones, sean continuas, fluctuantes, transitorias o de impacto.
Las regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control de la emisión de ruido
urbano, rural doméstico y laboral que trascienda al medio ambiente o al espacio público. El Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá los estándares aplicables a las diferentes clases y
categorías de emisiones de ruido ambiental y a los lugares donde se genera o produce sus efectos,
así como los mecanismos de control y medición de sus niveles, siempre que trascienda al medio
ambiente y al espacio público».

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Actor: José William Sánchez Páez

A su vez, los artículos 2.2.5.1.5.1519, 2.2.5.1.5.1820 y 2.2.5.1.5.2121 ibídem regulan,
entre otros aspectos, lo relativo a la operación de equipos de construcción,
demolición y reparación de vías, al uso de claxon o bocina y al ruido generado por
vehículos de servicio público, así como al empleo de sirenas y alarmas.

6.4.1.1. Ahora bien, en la Resolución 627 de 2006, el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy MADS, reglamentó las normas y
niveles máximos permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental.
Particularmente, en el anexo técnico de dicho acto administrativo, se definió la
norma de ruido ambiental en los siguientes términos:

«Norma de ruido ambiental: Es el valor establecido por la autoridad ambiental
competente, para mantener un nivel permisible de presión sonora, según las
condiciones y características de uso del sector, de manera tal que proteja la
salud y el bienestar de la población expuesta, dentro de un margen de
seguridad».

Además, resulta pertinente señalar que en el anexo de la citada resolución se
incluyeron varias definiciones de especial relevancia para el presente asunto, entre
las cuales se destacan las siguientes:

«Autopista: Vía de calzadas separadas, cada una con dos (2) o más carriles,
control total de acceso y salida, con intersecciones en desnivel o mediante
entradas y salidas directas a otras carreteras y con control de velocidades
mínimas y máximas por carril.

19 «Artículo 2.2.5.1.5.15. Operación de equipos de construcción, demolición y reparación de

vías. La operación de equipos y herramientas de construcción, de demolición o de reparación de
vías, generadores de ruido ambiental en zonas residenciales, en horarios comprendidos entre las
7:00 p. m. y las 7:00 a. m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingos y feriados,
estará restringida y requerirá permiso especial del alcalde o de la autoridad de policía competente.
Aún si mediare permiso del alcalde para la emisión de ruido en horarios restringidos, este deberá
suspenderlo cuando medie queja de al menos dos (2) personas.
Parágrafo. Se exceptúa de la restricción en el horario de que trata el inciso 10 de este artículo, el
uso de equipos para la ejecución de obras de emergencia, la atención de desastres o la realización
de obras comunitarias y de trabajos públicos urgentes».
20 «Artículo 2.2.5.1.5.18. Claxon o bocina y ruido en vehículos de servicio público. El uso del

claxon o bocina por toda clase de vehículos estará restringido, conforme a las normas que al efecto
expidan las autoridades competentes.
Los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros, tales como buses y taxis, no podrán
mantener encendidos equipos de transmisiones radiales o televisivas, que trasciendan al área de
pasajeros, a volúmenes que superen el nivel de inteligibilidad del habla. Las autoridades ambientales
establecerán normas sobre localización de altoparlantes en esta clase de vehículos y máximos
decibeles permitidos».
21 «Artículo 2.2.5.1.5.21. Sirenas y alarmas. El uso de sirenas solamente estará autorizado en

vehículos policiales o militares, ambulancias y carros de bomberos. Prohíbase el uso de sirenas en
vehículos particulares.
Serán sancionados con multas impuestas por las autoridades de policía municipales o distritales, los
propietarios de fuentes fijas y móviles cuyas alarmas de seguridad continúen emitiendo ruido
después de treinta (30) minutos de haber sido activadas».

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(…)

Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de
vehículos, personas y animales.
Vía arteria: Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de
tránsito sobre las demás vías, con excepción de la vía férrea y la autopista.
Vía principal: Vía de un sistema con prelación de tránsito sobre las vías
ordinarias.
Vía ordinaria: La que tiene tránsito subordinado a las vías principales.
Vía troncal: Vía de dos (2) calzadas con ocho o más carriles y con destinación
exclusiva de las calzadas interiores para el tránsito de servicio público masivo.
Vías de alta circulación vehicular: Las contempladas en la Ley 769 de 2002
como vías troncales, autopistas, vías arterias y vías principales».

En ese contexto, es menester indicar que el artículo 9 ibídem fijó los estándares
máximos permisibles de emisión de ruido. Por su parte, los parágrafos segundo y
tercero de dicha disposición establecieron, de una parte, que las vías en general
serán objeto de medición de ruido ambiental, y de otra, que las vías troncales,
autopistas, arterias y principales, ubicadas en áreas urbanas o cercanas a
asentamientos humanos, no se consideran como subsectores inmersos en otras
zonas o subsectores definidos en ese artículo; veamos:

«Artículo 9. Estándares Máximos Permisibles de Emisión de Ruido: En la
Tabla 1 de la presente resolución se establecen los estándares máximos
permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles
ponderados A (dB(A)):

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Parágrafo Primero: Cuando la emisión de ruido en un sector o subsector,
trascienda a sectores o subsectores vecinos o inmersos en él, los estándares
máximos permisibles de emisión de ruido son aquellos que corresponden al
sector o subsector más restrictivo.

Parágrafo Segundo: Las vías troncales, autopistas, vías arterias, vías
principales, en general las vías, son objeto de medición de ruido ambiental, más
no de emisión de ruido por fuentes móviles.

Parágrafo Tercero: Las vías troncales, autopistas, vías arterias y vías
principales, en áreas urbanas o cercanas a poblados o asentamientos
humanos, no se consideran como subsectores inmersos en otras zonas o
subsectores». (Subrayas de la Sala).

En concordancia con lo anterior, el artículo 17 ibídem, al regular los niveles
permisibles de ruido ambiental, estableció que las vías troncales, autopistas,
arterias y vías principales se encuentran clasificadas dentro del Sector C, ruido
intermedio restringido, cuyo límite máximo de ruido ambiental es de 80 dB(A) en el
período diurno y de setenta decibelios 70 dB en la noche.

«Artículo 17. Estándares Máximos Permisibles de Niveles de Ruido
Ambiental. En la Tabla 2 de la presente resolución, se establecen los
estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en
decibeles ponderados A (dB(A)).

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Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
Actor: José William Sánchez Páez

Parágrafo Primero: Se definen como vías de alta circulación vehicular las
contempladas en la Ley 769 de 2002 como vías troncales, autopistas, vías
arterias y vías principales.» (Subrayas y resaltado en rojo de la Sala).

A su vez, el artículo 18 y siguientes de la mencionada Resolución regularon lo
relativo a los equipos de medición y a los procedimientos de calibración. Por su
parte, el artículo 22 ibidem asignó a las autoridades ambientales la obligación de
elaborar mapas de ruido, cuyos fines fueron enunciados en el artículo 23 de la
misma Resolución, en los siguientes términos:

«Artículo 23. Fines y Contenidos de los Mapas de Ruido: Los mapas de
ruido son utilizados como documento básico para conocer la realidad de ruido
ambiental en la población y poder desarrollar planes, programas y proyectos
preventivos, correctivos o de seguimiento. Igualmente, estos deben ser
utilizados como soporte e insumo técnico en la elaboración, desarrollo y
actualización de los planes de ordenamiento territorial.

Los mapas de ruido tienen entre otros los siguientes objetivos:

• Permitir la evaluación ambiental de cada municipio en lo referente a
contaminación por ruido.
• Permitir el pronóstico global con respecto a las tendencias de los niveles de
ruido.
• Posibilitar la adopción de planes de acción en materia de contaminación por
ruido y en general de las medidas correctivas, preventivas y de seguimiento
adecuadas.
• Establecer las condiciones en las cuales se encuentran los niveles de ruido
a nivel nacional.
Los mapas de ruido deben contener como mínimo la siguiente información:
• Valor de los niveles de ruido ambiental existentes en cada una de las áreas
evaluadas.
• Delimitación de zonas afectadas de contaminación por ruido.
• Fecha de elaboración del mapa de ruido.
• Especificación de la altura a la cual se hace la representación gráfica»

En ese contexto, la elaboración de los mapas de ruido no constituye una obligación
meramente formal, sino una herramienta técnica esencial para la gestión ambiental
urbana. Estos instrumentos permiten identificar las zonas más críticas de
contaminación auditiva, establecer prioridades de intervención, orientar la
planificación territorial y adoptar medidas de prevención y mitigación ajustadas a la
realidad del territorio.

De hecho, el artículo 25 ibidem, determinó que a las autoridades ambientales les
corresponde establecer y ejecutar planes de descontaminación los cuales deben
ser elaborados con base en los mapas de ruido; veamos:

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«Artículo 25. Planes de Descontaminación por Ruido: Las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades
Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el articulo 13
de la Ley 768 de 2002, deben establecer y ejecutar planes de descontaminación
por ruido. Estos planes deben ser desarrollados con base en los mapas de ruido
elaborados para cada una de las áreas evaluadas de que trata el artículo 22»

Asimismo, los artículos 28 y 29 ibidem establecieron que la responsabilidad de
ejercer la vigilancia y control en materia de emisiones de ruido recae en las
autoridades ambientales, quienes, en virtud de sus competencias legales, deben
garantizar el cumplimiento de los estándares máximos fijados y adoptar las medidas
correctivas necesarias frente a los infractores. Las normas en contexto se
transcriben enseguida:

«Artículo 28. Competencia: Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo
66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, ejercerán las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a lo dispuesto en la
presente resolución, de conformidad con las competencias asignadas por la Ley
99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 29. Sanciones: En caso de violación a las disposiciones ambientales
contempladas en la presente resolución, las autoridades ambientales
competentes, impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya
lugar, de conformidad con el artículo 85 de la ley 99 de 1993 y sus disposiciones
reglamentarias, o las que las modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás
acciones a que hay lugar».

6.4.1.2. Posteriormente, con la expedición de la Ley 2450 de 2025, el
Legislador definió los objetivos, lineamientos, responsabilidades y competencias de
los entes territoriales, las autoridades ambientales y de policía, orientadas a la
formulación, implementación y seguimiento de la política nacional de calidad
acústica.

Particularmente, el artículo 7 ibídem dispuso que los Ministerios de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y de Salud y Protección Social dispondrían de un plazo de 18
meses contados a partir de la promulgación de la ley, para actualizar la
reglamentación sobre la contaminación acústica que afecte la tranquilidad y la
convivencia ciudadana.

A su vez, en el artículo 8 ibidem ordenó la formulación de la Política de Calidad
acústica en los siguientes términos:

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Actor: José William Sánchez Páez

«Artículo 8o. Lineamiento de armonización y actualización normativa. En
la formulación de Política de Calidad Acústica se construirá una línea base que
revise la legislación aplicable a la gestión de la contaminación acústica en
materia de salud, ambiente y ordenamiento territorial, vivienda y construcción,
educación y cultura, tranquilidad, seguridad, convivencia ciudadana, desarrollo
económico, entre otros, con el objetivo de crear un marco normativo articulado
y establecer un modelo de gobernanza nacional que pueda acompañar a los
distritos y municipios de manera que se garantice una gestión unificada e
integral de la Política de Calidad Acústica en todo el país.

Parágrafo 1o. De acuerdo con el diagnóstico normativo que entregará la línea
base, los responsables de la Política de Calidad Acústica identificarán las
oportunidades de actualización e integración normativa, para lo cual propondrán
los proyectos de ley y la reglamentación pertinentes. En todo caso, se
establecerá la necesidad de regular y armonizar los mecanismos de prevención
y sancionatorios de competencia de las autoridades ambientales, territoriales
de salud y de la Policía Nacional y demás entidades competentes del ente
territorial respectivo.

Parágrafo 2o. Para la construcción de la línea base de la Política de Calidad
Acústica se empleará una metodología participativa que observe los estándares
de los derechos de acceso a la información y participación, de acuerdo con la
Ley 2273 de 2022, la Ley 1757 de 2015 y la Ley 1712 de 2014 o aquellas que
las modifiquen o sustituyan. Para lograr este lineamiento, la Política de Calidad
Acústica deberá:

(…)

4. Crear la reglamentación que indique la metodología de cálculo y medición de
los indicadores o descriptores acústicos para el sector transporte. Se incluye
toda la infraestructura y el parque automotor. Para el efecto, se deberá
determinar un periodo de transición para la aplicación de los límites permisibles
de emisión de ruido para fuentes móviles, que tenga en cuenta vida útil
remanente de los vehículos» (Subrayas de la Sala).

A su vez, el artículo 11 ibídem estableció que la infraestructura de transporte deberá
contar con una zona de servidumbre acústica, dentro de la cual la excedencia de
los indicadores de ruido fijados por el MADS no se considerará como un
incumplimiento de la norma, siempre que los responsables de dicha infraestructura
presenten y ejecuten un plan de acción orientado a reducir progresivamente el
impacto sonoro generado por su operación. Para tal efecto, los proyectos existentes
dispondrán de un plazo máximo de dos (2) años para la presentación de dicho plan.

La norma en comento es del siguiente tenor:

«Artículo 11. Servidumbres acústicas. Para las infraestructuras de
transporte, el Ministerio de Transporte con el apoyo de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
(Aerocivil), el Instituto Nacional de Vías (Invias), las gobernaciones y alcaldías
definirán las condiciones de emisión de ruido actuales y justificarán, en función
de sus proyecciones de desarrollo, el escenario previsto a futuro de mayor
emisión sonora, según el cual se delimitará la zona de servidumbre acústica.

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Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
Actor: José William Sánchez Páez

Dentro de dicha zona, las excedencias a los indicadores o descriptores
acústicos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no
se entenderán como incumplimiento a la norma, siempre que los responsables
de la infraestructura que la delimite presenten un plan de acción, tendiente a
reducir progresivamente el impacto generado por la emisión de ruido hasta el
cumplimiento de los indicadores o descriptores acústicos o hasta proteger a los
receptores expuestos, de conformidad con los estándares acústicos al interior
de las edificaciones expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El plan de acción de que trata el apartado anterior deberá ser presentado a la
autoridad ambiental competente previo inicio de las actividades para los nuevos
proyectos y, para los existentes, se contará con un plazo de dos (2) años para
su presentación.

La zona de servidumbre acústica declarada quedará sujeta a la elaboración del
mapa estratégico de ruido hasta alcanzar el cumplimiento de los indicadores o
descriptores acústicos para los receptores, según la reglamentación expedida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los resultados de dichos
mapas determinarán la evaluación técnica y revisión periódica del plan de
acción» (Subrayas de la Sala).

6.4.1.3. En ese orden de ideas, resulta evidente para la Sala que tanto la
Resolución 627 de 2006 como la Ley 2450 de 2025 contienen disposiciones
reglamentarias que facultan a las entidades recurrentes para adoptar medidas en la
zona objeto de controversia. En efecto, como se expuso, en la primera de ellas se
establecieron los niveles máximos permisibles de ruido ambiental en las vías, así
como los procedimientos para su medición.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley 2450 de 2025 dispuso que los responsables de
las vías deberán presentar un plan de acción cuando se excedan los límites de ruido
fijados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el propósito de
reducir progresivamente los niveles de contaminación acústica y mitigar sus efectos
sobre la población y el entorno.

Ahora, no se pasa por alto que los artículos 10 y 11 de la Resolución 627 de 200622
aún no han sido objeto de reglamentación, así como los artículos 7 y 8 de la Ley del

22 «Artículo 10. Prueba Estática para Vehículos Automotores y Motocicletas: Para el
establecimiento de los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en automotores y
motocicletas, los Centros de Diagnóstico Automotor, deben realizar las mediciones de ruido emitido
por vehículos automotores y motocicletas en estado estacionario, de conformidad con lo consagrado
en la Resolución 3500 de 2005 de los Ministerios de Transporte y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, información que deben registrar y almacenar en forma sistematizada.
En el término de un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente resolución, el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial solicitará a los Centros de Diagnostico Automotor, la
información relacionada con las emisiones de ruido emitido por vehículos automotores y motocicletas
en estado estacionario, con el finde fijar la normas y los estándares máximos permisibles de emisión
de ruido por vehículos automotores y motocicletas en estado estacionario.

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año en curso. No obstante, tal circunstancia no exonera a la autoridad ambiental de
verificar si en la zona objeto de controversia se exceden los niveles máximos de
ruido ambiental fijados en los artículos 9 y 17 de la misma resolución.

En ese sentido, resulta relevante señalar que esta Corporación en sentencia del 6
de junio de 2024, anotó lo que sigue a continuación respecto de las competencias
en materia de gestión del ruido por las autoridades ambientales:

«“[…] El ruido es un agente contaminante del medio ambiente de conformidad
con el artículo 8° del Decreto 2811 de 1974, el artículo 2° del Decreto 948 de 5
de junio de 1995 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
Corporación. Por ello, la legislación ambiental define unos límites auditivos
máximos para las emisiones sonoras dependiendo de la situación espacial y
temporal en la que se produce el sonido.

Concretamente, el Decreto 948 de 1995, compilado en el Decreto 1076 de 2015,
adoptó la siguiente clasificación sectorial:

“[…] ARTÍCULO 2.2.5.1.2.13. Clasificación de sectores de restricción
de ruido ambiental. Para la fijación de las normas de ruido ambiental el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible atenderá a la siguiente
sectorización:

1. Sectores A. (Tranquilidad y Silencio), áreas urbanas donde estén
situados hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares
geriátricos.

2. Sectores B. (Tranquilidad y Ruido Moderado), zonas residenciales
o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parques
en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios.
3. Sectores C. (Ruido Intermedio Restringido), zonas con usos permitidos
industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos
relacionados.

4. Sectores D. (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido
Moderado), áreas rurales habitadas destinadas a la explotación
agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y
descanso. […]”. (Negrilla fuera del texto).

La misma norma confirió a las autoridades ambientales las siguientes funciones
en la materia:

“[…] ARTÍCULO 2.2.5.1.6.2. Funciones de las Autoridades Ambientales.
Las Autoridades Ambientales competentes dentro de la órbita de su

Parágrafo: Hasta tanto el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, no establezca las
normas y estándares máximos permisibles de emisión de ruido por vehículos automotores y
motocicletas en prueba estática, las mediciones realizadas tendrán como objeto obtener información
básica para su evaluación.
Artículo 11. Prueba Dinámica para Vehículos Automotores y Motocicletas: En el término de dos (2)
años contados a partir de la vigencia del presente acto administrativo, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial mediante resolución expedirá las normas y los estándares máximos
permisibles de emisión de ruido por vehículos automotores y motocicletas nuevos en prueba
dinámica».

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competencia, en el territorio de su jurisdicción, y en relación con la calidad
y el control a la contaminación del aire, las siguientes; (…)

d) Realizar la observación y seguimiento constante, medición,
evaluación y control de los fenómenos de contaminación del aire y
definir los programas regionales de prevención y control;

e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de
impactos contaminantes del aire en asocio con los municipios y
distritos, y absolver las solicitudes de conceptos técnicos que éstos
formulen para el mejor cumplimiento de sus funciones de control y
vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire;

(…) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención,
control y vigilancia de los fenómenos de contaminación atmosférica;
Adelantar programas de prevención y control de contaminación
atmosférica en asocio con las autoridades de salud y con la participación
de las comunidades afectadas o especialmente expuestas;

j) Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan
por la comisión de infracciones a las normas sobre emisión y
contaminación atmosférica […]”. (Negrilla fuera del texto).

(…)

La Resolución 0627 reconoció las siguientes competencias de las autoridades
ambientales:

“[…] Artículo 28. Competencia: Las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la
Ley 768 de 2002, ejercerán las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental, a lo dispuesto en la presente resolución, de
conformidad con las competencias asignadas por la Ley 99 de 1993
y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 29. Sanciones: En caso de violación a las disposiciones
ambientales contempladas en la presente resolución, las autoridades
ambientales competentes, impondrán las medidas preventivas y
sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con el artículo 85
de la ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias, o las que las
modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás acciones a que
hay lugar. […]”. (Negrilla fuera del texto).

La Ley 99 de 1993 precisó que las corporaciones autónomas regionales deben:
i) asesorar a los municipios en la definición de los programas de protección del
medio ambiente; ii) ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos y emisiones al aire; y iii) imponer y ejecutar a prevención
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación
a las normas de protección ambiental. Como refuerzo de lo anterior, la Ley 1333
de 21 de julio de 200939 confirió a esas autoridades una potestad sancionatoria
prevalente en materia ambiental.

En este contexto normativo, es claro que Corantioquia, como máxima autoridad
ambiental del territorio donde se sitúa el municipio de Segovia, debe ejercer
“[…] las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental […]” de las
conductas transgresoras de las normas de emisión de ruido contenidas en la
Resolución núm. 627 de 2006 y, en consecuencia, aplicar las medidas
sancionatorias correspondientes.

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Actor: José William Sánchez Páez

Finalmente, la Sala recuerda que esta Sección, al resolver un caso con similares
supuestos fácticos, en las sentencias de 4 de abril de 2019 y 11 de abril de
2019, ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Caldas y a la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga,
respectivamente que, junto con los municipios demandados, efectuaran
acciones de medición y control de los niveles de contaminación auditiva […]”»
(Subrayas de la Sala)23.

En consecuencia, es imprecisa la afirmación conforme a la cual no existe una
reglamentación aplicable en materia de control del ruido, pues tanto la Resolución
627 de 2006 como la Ley 2450 de 2025 establecen parámetros técnicos,
competencias institucionales y mecanismos de gestión que permiten adelantar
acciones de prevención, monitoreo y mitigación de la contaminación acústica.

Por lo tanto, la falta de reglamentación de los artículos 10 y 11 de la Resolución 627
de 2006 y de los artículos 7 y 8 de la Ley 2450 de 2025, por parte del MADS, en
coordinación con el Ministerio de Transporte, no constituye un obstáculo para el
ejercicio de las funciones de control y vigilancia ambiental que corresponden a las
autoridades ambientales, territoriales y de policía en el ámbito de sus competencias.

6.4.2. Definido lo anterior, la Sala procederá a verificar si, con fundamento en las
pruebas obrantes en el plenario, se encuentra acreditada la vulneración de los
derechos colectivos invocados en el presente asunto. Los siguientes son los
elementos probatorios más relevantes que obran en el plenario:

A) Petición efectuada el 10 de julio de 2022, por el actor popular, ante la Secretaría
de Movilidad de Bogotá en los siguientes términos:

«Estimados Señores:

Con el presente me dirijo y me permito aclarar y manifestar lo siguiente, en
cuanto a la respuesta recibida el 6 de julio de 2022 a mi Radicado
202231106231691.

HECHOS

1. En el tercer párrafo de la respuesta mencionan “En cuanto a señalización
horizontal, contiene líneas de borde, líneas de carril, senderos peatonales,
flechas direccionales y pictogramas de peatones, entre otras marcas viales,

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 6 de

junio de 2024. Proceso radicado número 05001 23 33 000 2022 01296 01. Consejero Ponente:
German Eduardo Osorio Cifuentes.

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Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
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dicha señalización actualmente presenta desgaste normal debido a las
condiciones atmosféricas y el tránsito normal de los vehículos, entre otros.”.

2. Lo anterior no es cierto y es falso, en la carrera 10 entre calles 66 y 69, no
existe y no ha existido ninguna señalización horizontal, como están
mencionando, prueba de esto, están las mismas fotos que ustedes tomaron y
que están en las páginas 3 (Fotografía 1 y Fotografía 2) y página 4 (Fotografía
1) y las que adjunto a continuación.

3. Lo que hubo es negligencia e ignorar, a colocar señalización horizontal desde
la calle 66 hasta la calle 69 y como mencione en el punto 2.

4. Veo que no hay interés de solucionarnos el tema de ruido que
constitucionalmente nos afecta y si veo un protocolo de cómo responder
(primero ignorando el tema de ruido vehicular que solicitamos en la petición,
luego tomar unas fotos, luego argumentos como son artículos 1, 74 y 109 de la
ley 769 de 2002 y el artículo 24 de constitución política y con eso argumentos
me responden y cierran el tema).

5. Este problema de ruido viene de atrás y es la segunda vez que le Secretaria
de Movilidad, no está teniendo presente nuestra solicitud, que tenemos un
problema de ruido vehicular que nos afecta a nosotros como residentes.

6. De igual forma me dan una respuesta parcial, ya que falta lo que le
corresponde a la Subdirección de Transporte Privado.

7. Esta misma solicitud de ruido vehicular, ya lo presentamos en 2017 con
radicado SDM:191835 a la Secretaria de Movilidad y tampoco recibimos
solución.

8. Una de las problemáticas es que, desde la calle 67 a la calle 69, es vía de 2
carriles (es un embudo), ya que recibe toda la carga de volumen vehicular, de
los 3 carriles que tiene desde la calle 64 hasta la 66 por la carrera 10.

9. Esto nos afecta más a nosotros, residentes de la calle 67 a la 69.

10. Otra problemática es que se convirtió en vía rápida la carrera 10 desde la
calles 64 a 69, mi concepto es como implementar medidas disuasivas para
reducir la velocidad.

11. Otro problema de Ruido adicional es las sirenas de los Bomberos que están
ubicados en la calle 61 con carrera 9A, a mí personalmente me ha despertado
a altas horas de la noche y no es justo.

12. Los Bomberos antes cogían la carrera 8 calle 67 y carrera 9, pero por la
implementación de más semáforos por toda la carrera 8 y calle 67 y el no dejar
espacio por mal diseño y ejecución de la obra (Contrato 1564 de 2017) en la
calle 62 entre 9A y 8, para que los Bomberos salieran a la carrera 8.

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Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
Actor: José William Sánchez Páez

13. Otro problema de ruido, es las sirenas de las Ambulancias, que en gran
parte llegan a la Clínica Colsubsidio, que está ubicado en la calle 67 y otras
ambulancias, siguen su trayecto por la carrera 10 hasta las calles 69

14. Por todos estos impactos negativos en nuestra calidad de vida, es que
pasamos la Acción Popular, cuando la Secretaria de Movilidad nos quiso meter
todo el flujo vehicular de la carrera 8 a la carrera 10, por arreglo en la malla vial
de la calle 67 entre Carrera 7 y 9, que se hizo en su momento

15. Mi conclusión es ¿Cómo reducir la velocidad sobre la carrera 10 entre calles
64 y 69, a fin de proteger los derechos a la intimidad, tranquilidad y desarrollo
de nosotros como residentes?»24 (Subrayas de la Sala, negrillas dentro del
texto).

B) Oficio del 1 de agosto de 2022, identificado con radicado 202231107696831
emitido por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en el que se expuso:

«Para el requerimiento No. 3. “…Solicito se coloque señalización vertical en
la carrera 9A con calle 63 esquina, donde se Prohíba el paso de Vehículos
de carga pesada y liviana… ¨, se informa:

Teniendo en cuenta, que dentro del diseño de señalización para este punto no
contempla señalización SR-18 “Circulación prohibida de vehículos de carga” se
solicita a la Subdirección de Transporte Privado de esta Secretaría, conceptuar
de acuerdo con las competencias establecidas en el Decreto 672 de 20182. Una
vez se cuente con dicho concepto, esta Subdirección adelantará las actividades
en temas de señalización que haya lugar.

A continuación, se presenta registro fotográfico realizado el día 24 de junio de
2022:

»25

24 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal.
25 Ibidem.

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Actor: José William Sánchez Páez

C) Fotografías tomadas por el actor popular entre la carrera 10 entre las calles 66
y 67 de Bogotá26.

D) Imagen del plan de manejo de tránsito para la entrada y salida de volquetas en
la carrera 11 número 66 -53:

27

Adicionalmente, en ese sector se previó el siguiente plan de manejo de movilidad:

«NOTAS: 1. SE DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION
VIGENTE DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO. 2. IMPLEMENTAR
RAMPA METALICA PARA EL ACCESO DE LAS VOLQUETAS AL PREDIO,
CONFORME LO INDICA LA PROPUESTA TECNICA. LA SDM AUTORIZA
PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO OCCIDENTAL
PARA PARA EL REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, ADECUACION,
MODIFICACION DE LAS AREAS RECONOCIDAS, DEMOLICION PARCIAL Y
AMPLIACION DE PARTE DE LA EDIFICACION DEL PROYECTO EDIFICIO
CHAPINERO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR LA
PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA
Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. NO
SE AUTORIZA LA FORMACION DE COLAS DE VEHICULOS DE OBRA AL
EXTERIOR DEL PREDIO SOBRE LA AK 11, NI SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS
A LA ESPERA DE INGRESAR AL PREDIO EN OBRA. LAS ACTIVIDADES DE
CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR AL
INTERIOR DEL PREDIO PRIVADO EN CONSTRUCCION. NO SE AUTORIZA
AFECTACION EN ANDEN NI EL USO DEL MISMO COMO ZONA DE ACOPIO
DE MATERIAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS
DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS
ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA
CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD
EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE
CARGA»28.

E) Además, para las obras de construcción del metro, se previeron los siguientes
planes de manejo de movilidad:

26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem.

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Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
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• Entre la calle 69 con carrera 19 hasta la calle 69 con carrera 9:

«NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO
DEBE REALIZAR COORDINACION ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION
CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA
INTERVENCIÓN 2. LA DEMARCACION DE LAS VIAS QUE REQUIERAN
CAMBIO DE SENTIDO VIAL SE DEBERAN REALIZAR NOCHE ANTERIOR AL
CIERRE.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRES POR CARRILES DE MANERA NO
SIMULTANEA PARA ACTIVIDADES DEMARCACION Y MANTENIMIENTO
VIAL (ETAPA 1 PLANO 1, 2,9,10). (ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA
CIERRE TOTAL DE LA CALZADA NORTE Y SUR DE LA AC 72 ENTRE KR 13
Y KR 17 SIN INCLUIR LA AV. CARAC PARA CONSTRUCCION DEL
DEPRIMIDO). BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN LOS
PLANOS PRESENTADOS.

2. REALIZAR TRANSICION Y CERRAMIENTO CON DELINEADORES
TUBULARES Y TRIPLE CINTA GARANTIZAM LONGITUDES DE
CANALIZACION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
MANUAL DE SEÑALIZACIÓN.

3. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA EN LA ZONA
DE TRANSICION Y/O EN EL AREA SEGURIDAD.

4. SE DEBE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑAL
LUMINOSA.

5. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE
LA INTERVENCION Y EN LOS SIT PROPUESTOS EN EL PMT.

6. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) LA
CALZADA DEBE HABILITARSE CONDICIONES SEGURAS PARA EL
TRANSITO VEHICULAR.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA
IMPLEMENTACION DE LOS PMT TIPO AUTORIZADO POR LA SDM»29

• Por su parte, en la carrera 8, número 66 – 66 se autorizó el siguiente plan:

«NOTA: PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS
ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO
ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO
TEMPORAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE
MATERIALES CON TRASLADO DEL SENDERO PEATONAL A LA CALZADA
DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y
DE 1,50m DE ANCHO MINIMO, Y ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS

29 Ibidem.

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Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
Actor: José William Sánchez Páez

COSTADO ORIENTAL, REFERENTE AL PROYECTO EDIFICIO CARRERA 8.
IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y
MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON
DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA
GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. GARANTIZAR
EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 5,8m PARA
CIRCULACION VEHICULAR. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN
(1) VEHICULO DE OBRA. EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN
TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL
TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES
CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA
CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE
ANDENES NI DE CALZADA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE
BANDEREROS PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y
EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO
MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE
VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE
CARGUE Y DESCARGUE SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN Y LA
CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD»30

6.4.3. En tal contexto, el material probatorio allegado al plenario permite advertir
que en el sector de la carrera 10, entre calles 64 y 69, se registra una elevada
afluencia de vehículos de carga, transporte público y motocicletas, a lo que se suma
el tránsito de ambulancias y carros de bomberos. A esta situación se agregan las
obras civiles que se ejecutan en la zona, las cuales, con el ingreso y salida
permanente de volquetas y maquinaria pesada, incrementan de manera significativa
los niveles de ruido ambiental percibidos por los residentes.

De igual manera, está acreditado que el actor popular quien es uno de los vecinos
del sector, radicó diversas quejas ante las entidades accionadas, en las que ponen
de presente los efectos adversos del ruido constante sobre su vida diaria, tales
como la dificultad para conciliar el sueño, la pérdida de tranquilidad y la afectación
de su salud.

Además, no obra en el expediente prueba que demuestre que las entidades
recurrentes hubieran adoptado medidas concretas para atender la problemática
advertida. De hecho, las accionadas, en la alzada, se limitaron a invocar que el
tránsito de los vehículos observados en las imágenes reseñadas en el literal c) de
esta providencia estaba autorizado, al amparo de las excepciones previstas en el
artículo 1.º del Decreto 546 de 2021, que modificó el artículo 6.º del Decreto Distrital
840 de 201931. Sin embargo, ese reproche resulta claramente insuficiente e

30 Ibidem.
31 «Artículo 1. Modifíquese el artículo 6 del Decreto Distrital 840 de 2019, modificado por el
artículo 3 del Decreto Distrital 077 de 2020, el cual quedará así:

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irrelevante, pues de ninguna manera exonera a las entidades de su obligación de
adoptar medidas concretas de prevención y mitigación del ruido.

En ese orden, es pertinente señalar que esta Sección ha sostenido de manera
reiterada que la omisión de las autoridades competentes de adelantar los estudios

"Artículo 6°.- Excepciones. Estarán exceptuados de la restricción establecida en el presente
decreto, los siguientes vehículos de transporte de carga, los cuales deberán el portar los distintivos
o documentos correspondientes que acrediten las condiciones que dan origen a la excepción (ver
Tabla 2).
(…)
Parágrafo 1 °.- Los vehículos de carga extradimensionada y extrapesada estarán sujetos a la
Resolución 4959 de 2006 del Ministerio de Transporte y a las disposiciones que la modifiquen,
adicionen o sustituyan, cumpliendo los horarios de circulación contemplados en el presente Decreto
e/entro del Distrito capital y las disposiciones que establezca la Secretaría Distrital de Movilidad en
cada caso. Parágrafo 2°.- La excepción establecida en el numeral 9 del presente artículo, para vehículos tipo
grúas, sólo aplica de lunes a viernes sin incluir días festivos. Parágrafo 3°.- En un plazo de hasta 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia del
presente decreto, las Secretarías Distritales de Ambiente y Movilidad expedirán conjuntamente un
acto administrativo con e/fin de actualizar e/programa de Autorregulación Ambiental que establecerá
las características de la excepción de circulación a que hace referencia el numeral 12 del presente
artículo. Parágrafo 4°.- Transitorio - Excepción numeral 13. Mientras entre en vigencia el acto administrativo
de que trata el parágrafo 3 del presente artículo, los vehículos de carga de servicio público y
particular; con tipo de carrocería: estacas, furgón, estibas v panel con capacidad de carga igual o
inferior a 3500 kg y que se encuentren registrados en la plataforma RUNT con tipo de combustible
Gas-Gasolina podrán ser inscritos por el propietario, locatario o poseedor en el beneficio de
circulación por condiciones ambientales para transportadores de carga liviana en Bogotá, con el fin
de obtener la excepción a 1cm restricción establecida en el numeral 13 del presente artículo para los
días sábado. Los interesados deberán registrarse mediante el diligenciamiento de un formulario dispuesto en la
Página Web de la Secretaria Distrital de Movilidad www.movilidadbogota.gov.co en la página web
de la Secretaría Distrital de Ambiente wwv.ambientebogota.gov.co. Una vez registrado, por medio de correo electrónico se le asignará la cita para revisión de su vehículo
en el Centro de Revisión Vehicular de la Secretaría Distrital de Ambiente donde se llevará a cabo
una prueba de emisiones. Seguidamente la Secretaria Distrital de Ambiente verificará el cumplimiento de las condiciones e
informará a la Secretaria Distrital de Movilidad para que el vehículo quede registrado en la plataforma
de excepciones del SIMUR y de esta manera pueda circular los días sábados en la ciudad con
vigencia de un año. Una vez entre en vigencia el acto administrativo de que trata el parágrafo 3 del presente artículo, no
se aprobarán nuevas solicitudes ni se renovarán las existentes por el beneficio de circulación por
condiciones ambientales para transportadores de carga liviana en Bogotá. El beneficio ambiental se mantendrá vigente por el plazo establecido por la Secretaria Distrital de
Ambiente para los vehículos de carga que hayan aprobado el trámite o estén en curso antes de la
entrada de vigencia del acto administrativo mencionado en el parágrafo 3. Parágrafo 5°.- Condiciones para la evaluación de los vehículos automotores a gas. A continuación
se describe el procedimiento de evaluación y se presentan los requisitos de aprobación. La norma con la cual se analizarán los vehículos que se presenten a evaluación de vehículos
automotores de ciclo Otto es la NTC 4983 de 2012. En ella se describen los procedimientos
requeridos para evidenciar los niveles de contaminación. A continuación, se establecen los límites máximos de emisión permisibles para vehículos convertidos
a gas natural vehicular o GLP en velocidad de crucero y en condición de marcha mínima, ralentí o
prueba estática.

Resolución 910 de 2008.
(…)
Los vehículos inscritos deben cumplir con los límites de emisiones descritos en la tabla anterior. Es
decir bajo la Resolución 910 de 2008 o aquella que la modifique sustituya; para que se otorguen los
beneficios de este programa».

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sobre la contaminación constituye una amenaza al derecho colectivo al goce de un
ambiente sano. Ello es así, pues esa inactividad no solo desconoce las obligaciones
legales de diagnóstico y control sobre la materia, sino que además priva a la
comunidad de los insumos técnicos indispensables para adoptar medidas de
prevención, mitigación o corrección frente a los impactos ambientales.

Al respecto, en sentencia del 11 de julio de 2024, se indicó:

«Esta Sección, en relación con el monitoreo de la calidad del aire de fuentes
fijas, ha considerado en sus decisiones la importancia de la protección y el
control de fuentes respecto de la exigencia a las autoridades ambientales en la
realización de mediciones y su respectivo seguimiento, específicamente se
determinó́ en un caso sobre contaminación del aire que:

“[…] 464. Es necesario que la ciudadanía se entere en torno a si la calidad
del aire que respira representa o no una afectación para su salud. Para
ello, la ley establece dos parámetros de medición: un promedio anual y
otro diario. Pues bien, el hecho de que las autoridades no estén tomando
los recaudos del caso para obtener los datos que permitan precisar el
promedio de las concentraciones diarias y anuales de contaminantes
atmosféricos de manera completa y oportuna, representa una amenaza
para los derechos colectivos aquí́ invocados.

465. En otras palabras, los episodios críticos de contaminación
atmosférica que se han presentado en el Valle de Aburrá, aunado a que
el sistema de medición de contaminantes atmosféricos no permite
conocer de manera oportuna, pormenorizada y completa la calidad del
aire de las personas expuestas hace procedente la acción popular de la
referencia.

466. Como puede observarse, dicho sistema de información no solo debe
ser eficiente, sino que también debe ser público, accesible para cualquier
persona, especialmente para la población expuesta a las emisiones de
contaminantes atmosféricos. Las personas tienen derecho a conocer el
estado de los recursos naturales, sobre todo cuando ello tiene efectos
directos sobre su salud [...]”

55.1. Se resalta, por un lado, que si bien la sentencia anterior se relaciona con
la medición de contaminación por fuentes fijas, sus consideraciones son
aplicables a este caso en que se estudia la posible vulneración o amenaza de
derechos e intereses colectivos con ocasión de falencias en la medición de
contaminación por fuentes móviles, en la medida en que: i) en esta sentencia
se analiza en forma general el “sistema de monitoreo de la calidad del aire” y su
importancia en torno al conocimiento exacto, oportuno y completo de las
condiciones atmosféricas que se registran con ocasión de las emisiones “[...] de
todo tipo de contaminantes y de gases de efecto invernadero [...]”, que pueden
ser originados tanto por fuentes fijas como por fuentes móviles; ii) se predica
que “[...] corresponde al Estado y a los particulares velar por la protección de la
diversidad e integridad del ambiente y los recursos naturales [...]” y que “[...] la
planificación ambiental constituye un aspecto fundamental en orden a
materializar dicho postulado [...]”, con la claridad de que el Sistema de
Información Ambiental impone a las autoridades, entre otros, el deber de
examinar permanentemente el estado de los recursos naturales, entre ellos, la

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calidad del aire; consideración que es aplicable tanto a la contaminación
derivada de fuentes fijas como a fuentes móviles, teniendo en cuenta que, como
se explica en la precitada sentencia, “[...] el ordenamiento jurídico colombiano
les exige a las autoridades ambientales realizar actividades de observación,
medición, seguimiento, evaluación y control permanentes de los fenómenos de
contaminación atmosférica [...]”.

55.1.1. En ese caso se explicó́ que las entidades accionadas no habían
cumplido de manera estricta con este deber fundamental que se erige como un
medio para consolidar el derecho a gozar de un ambiente sano, precisamente
por las deficiencias que presenta el sistema de monitoreo de la calidad del aire,
situación que se argumenta y, como se verá, se evidencia igualmente en este
caso, pero con ocasión de la ausencia de monitoreo de las fuentes móviles, con
ocasión de la ausencia de instrumentos para ello. Adicionalmente, la Sala
prohíja las consideraciones de ese caso en torno a que, en el marco del goce
de un ambiente sano y de la garantía del derecho a la sanidad, se erige el
derecho de la ciudadanía en torno a conocer “[...] si la calidad del aire que
respira representa o no una afectación para su salud [...]”, lo cual no solo implica
el cumplimiento de obligaciones en torno al monitoreo de fuentes fijas, sino
también de las fuentes móviles porque tanto una como la otra contribuyen en
forma determinante a la contaminación atmosférica, con la claridad, en los
términos explicados en ese caso, que “[...] el hecho de que las autoridades no
estén tomando los recaudos del caso para obtener los datos que permitan
precisar el promedio de las concentraciones diarias y anuales de contaminantes
atmosféricos de manera completa y oportuna, representa una amenaza para
los derechos colectivos aquí́ invocados [...]”. Se trata de un sistema que debe
ser eficiente, público y accesible para cualquier persona, especialmente para la
población expuesta a las emisiones de contaminantes atmosféricos porque las
personas tienen derecho a conocer el estado de los recursos naturales, sobre
todo cuando ello tiene efectos directos sobre su salud.

55.1.2. En suma, se reitera que es deber del Estado y de los particulares el de
velar por la protección de la integridad del medio ambiente por medio del
Sistema de Información Ambiental, que impone a las autoridades el deber de
inventariar y examinar el estado de los recursos ambientales y de las fuentes
de contaminación -sean estas móviles o fijas- para planificar las medidas de
protección posterior a la observación, medición, seguimiento, evaluación y
control de los fenómenos atmosféricos.

55.2. En este caso, se comprobó́ la importancia de la actividad de medición para
la obtención de datos que permitan determinar el promedio de las
concentraciones diarias y anuales de contaminantes atmosféricos y la ausencia
de información obtenida por medio de esa actividad, lo cual representaba una
amenaza a los derechos colectivos invocados […]”»32.

Mientras que en fallo del 11 de abril de 2024 se expuso:

«92. En ese orden, la Sala considera que, en este caso, es necesario aplicar el
principio de prevención porque, si bien, no existe en el expediente una prueba
que permita concluir con certeza absoluta que, en la actualidad, los niveles de
contaminación por emisiones de fuentes móviles están sobrepasando los límites
permisibles en la zona objeto de esta acción popular, esa falta de certeza no es
de naturaleza científica o técnica, sino derivada de la omisión de las autoridades

32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de

julio de 2024. Sentencia del 11 de julio de 2024. Proceso radicado número 66001 23 33 000 2019
00311 01. Consejera ponente: Nubia Margotth Peña Garzón.

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ambientales en la realización de los operativos de revisión en los términos y con
el equipo dispuesto para ello, de acuerdo con lo ordenado en su momento por
la Resolución 910 de 2008 y actualmente por la Resolución 762 de 2022. Las
pruebas recaudadas tampoco permiten concluir que se ha efectuado alguna
labor contractual, técnica o presupuestal para corregir la mencionada dificultad.

93. En ese entendido, de conformidad con la normativa aplicable y los
desarrollos jurisprudenciales anteriormente citados, incluido el caso en que se
analizó la contaminación derivada de fuentes fijas, es de suma importancia
establecer por medio de la prueba técnica idónea los límites de emisión
permisibles con la finalidad de garantizar el conocimiento de las autoridades y
particulares sobre los niveles de contaminación atmosférica y el origen de los
mismos con el propósito de que, dado el caso, se adopten las medidas
correctivas a que haya lugar o se inicien los respectivos procesos
sancionatorios, de acuerdo con la Ley 769»33.

6.5. Así las cosas, y ante la falta de certeza técnica sobre los niveles de ruido
existentes en la zona objeto de controversia, se modificará el ordinal segundo de la
parte resolutiva de la sentencia recurrida, en el sentido de declarar probada la
amenaza a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia
del equilibrio ecológico, por el riesgo de contaminación auditiva presente en la
carrera 10 entre las calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero en la ciudad de
Bogotá D.C.

Asimismo, se modificarán las órdenes contenidas en los ordinales cuarto y quinto
de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, para que las medidas de amparo se
ajusten estrictamente a los parámetros previstos en la Resolución 627 de 2006 y en
la Ley 2450 de 2025.

Por ende, se ordenará a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá que, dentro
de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, elabore un
estudio técnico que permita determinar si, en la carrera 10.ª entre las calles 64 y 69
de la localidad de Chapinero, se exceden los límites máximos de ruido ambiental
permitidos, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 17 de la Resolución 627 de
2006.

Los resultados de dicho estudio deberán incorporarse al mapa de ruido del Distrito
Capital, como insumo para la formulación de políticas de control acústico.

33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de

abril de 2024. Proceso radicado número: 63001 23 31 000 2019 00218 01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez

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Radicado: 25000 23 41 000 2023 00977 02
Actor: José William Sánchez Páez

En caso de constatarse la superación de los niveles máximos permitidos, la
Secretaría Distrital de Movilidad, con la asesoría de la Secretaría Distrital de
Ambiente de Bogotá y demás autoridades competentes del Distrito Capital, en
aplicación de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 2450 de 2025, deberá formular,
en el término de dos (2) años, el plan de acción enunciado en la citada norma.

El plan de acción incluirá medidas técnicas, operativas y de gestión que garanticen
la mitigación efectiva de la contaminación acústica en el sector.

6.6. Finalmente, la Sala advierte que el control del ruido vial está directamente
relacionado con el control del ruido producido por los vehículos y demás medios de
transporte terrestre, ya que el tráfico rodado es la principal fuente móvil de
contaminación acústica en la infraestructura vial.

En ese contexto, la falta de regulación específica sobre cómo medir el ruido de los
automóviles, motocicletas y otros vehículos dificulta la implementación de medidas
preventivas y correctivas, máxime cuando los artículos 7 y 8 de la Ley 2450 exigen
una coordinación interministerial en la formulación del componente de transporte
terrestre de la política nacional de calidad acústica.

Por lo tanto, de conformidad con el último inciso del artículo 34 de la Ley 472, se
modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia, y se instará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al
Ministerio de Transporte para que ejerzan sus funciones, con el propósito de definir
las bases técnicas y reglamentarias necesarias para la medición y el control del
ruido generado por los vehículos y otros medios de transporte terrestre.

6.7. Teniendo en cuenta lo anterior y en atención a que se modificarán las
órdenes relativas a la determinación del impacto de la contaminación auditiva,
previstas en el ordinal quinto de la decisión recurrida, la Sala se abstendrá de
pronunciarse respecto de los reparos formulados sobre las órdenes de primera
instancia.

Aunado a ello, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 de
la Ley 1564 de 12 de julio de 201234 y atendiendo el criterio sostenido por la Sala

34
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

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Especial de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 2019 35, no se
condenará en costas en esta instancia porque no se acreditó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de la parte
resolutiva de la sentencia recurrida, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de
esta providencia, en los siguientes términos:

«SEGUNDO: DECLARAR probada la amenaza a los derechos colectivos al goce
de un ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico, por el riesgo de
contaminación auditiva presente en la carrera 10 entre las calles 64 y 69 de la
localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas contra la DIAN,
por las razones señaladas en la presente providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá que, dentro
de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, elabore un
estudio técnico que permita determinar si, en la carrera 10.ª entre las calles 64 y
69 de la localidad de Chapinero, se exceden los límites máximos de ruido
ambiental permitidos, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 17 de la
Resolución 627 de 2006.

Los resultados de dicho estudio deberán incorporarse al mapa de ruido del Distrito
Capital, como insumo para la formulación de políticas de control acústico.

QUINTO: En caso de constatarse la superación de los niveles máximos permitidos,
la Secretaría Distrital de Movilidad, con la asesoría de la Secretaría Distrital de
Ambiente de Bogotá y demás autoridades competentes del Distrito Capital, en
aplicación de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 2450 de 2025, deberá formular,
en el término de dos (2) años, el plan de acción enunciado en la citada norma.

El plan de acción incluirá medidas técnicas, operativas y de gestión que garanticen
la mitigación efectiva de la contaminación acústica en el sector».

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: INSTAR Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio
de Transporte para que ejerzan sus funciones, con el propósito de definir las bases

35
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de
6 de agosto de 2019, radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.

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Actor: José William Sánchez Páez

técnicas y reglamentarias necesarias para la medición y el control del ruido
generado por los vehículos y otros medios de transporte terrestre.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del 23 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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