Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02235-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02235-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02235-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02235-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela. Subtemas: 1). Retardo justificado y 2). Requisitos generales de
procedibilidad – Subsidiariedad. Decisión: Se niega el amparo respecto a la pretensión formulada
contra la Sección Primera del Consejo de Estado y se declara improcedente la solicitud en relación
con la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el señor José William Sánchez
Páez en contra del Consejo de Estado, Sección Primera y la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá.
I.– ANTECEDENTES
1.– La solicitud de tutela
El 21 de abril de 20252 el interesado interpuso acción de tutela con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales a la intimidad y a la salud, los cuales
considera vulnerados como consecuencia de una presunta mora judicial
injustificada atribuible a la Sección Primera del Consejo de Estado, por no haber
resuelto oportunamente los recursos de apelación interpuestos en el proceso de la
acción popular identificado con el radicado No. 25000-23-41-000-2023-00977-02.
En relación con la Secretaría Jurídica del Distrito de Bogotá, señaló la omisión de
establecer una restricción al tráfico pesado en las direcciones objeto de estudio en
el trámite antes esbozado.
2.– Hechos
2.1.– Por un lado, el señor José William Sánchez Páez promovió acción de tutela
dirigida en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, por la supuesta
mora en resolver el recurso de apelación interpuesto por la Secretaría Jurídica del
1 Obra en el certificado 0599720668C79851 C1418D2EE2DF023E D5CF6B0B69DF39F3
039FBB1E0EB1B026, índice 2.
2 Obra en el certificado 419CBCD7DA51C538 C32DAAFDDB6ABEC2 D9E72224BFBEB4E7
2D57D5B7773BC615, índice 2.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02235-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Distrito Capital de Bogotá dentro del expediente No. 25000-23-41-000-2023-00977-
02.
2.1.1.– Manifestó que el recurso de apelación fue admitido y notificado el 3 de
febrero de 2025, según consta en el auto de admisión del expediente No.
25000234100020230097702. No obstante, advirtió que, pese a lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 472 de 1998 y el artículo 325 del Código General del Proceso,
han transcurrido más de cuatro meses sin que se haya emitido decisión definitiva,
por lo cual el expediente permanece en trámite ante dicha Secretaría.
2.1.2.– Indicó que presentó recurso de reposición contra el auto admisorio el 4 de
febrero de 2025, el cual fue resuelto por la Sección Primera el 7 de abril del mismo
año; aseveró que dicha autoridad confirmó la admisión del recurso.
2.2.– De otro lado, el interesado elevó la presente tutela también contra la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá, por no implementar medidas de control en el Plan
de Manejo de Tránsito –PMT– adoptado para las obras del Metro de Bogotá,
situación que, según él, ha generado la desviación de vehículos de carga pesada
sobre la Carrera 10 entre calles 64 y 69, sin justificación, hecho que afecta su salud,
tranquilidad, intimidad y calidad de vida, así como la de su madre, adulto mayor de
82 años.
2.2.1.– Señaló que el 11 de mayo de 2024 presentó petición ante la Secretaría
Distrital de Movilidad a través de “Bogotá te escucha”, radicada bajo el número
2575152024, en la que solicitó: (i) la aprobación de señalización vertical de
“Prohibido Tráfico de Carga Pesada” en puntos específicos; y (ii) la adopción de
controles conjuntos con la Policía de Tránsito para evitar la circulación de dichos
vehículos por el tramo señalado.
2.2.2.– Indicó que la Secretaría Distrital de Movilidad respondió el 26 de mayo de
2024 y negó la restricción al tránsito de carga pesada y que, frente a la segunda
solicitud, únicamente creó el operativo OP-202310, sujeto a disponibilidad de
recurso humano y técnico. Aclaró que en dicha respuesta: (i) no se mencionó la
obligación de establecer un PMT para el tráfico de carga pesada; (ii) se omitió el
precedente del pacto de cumplimiento proferido por el Juzgado 11 Administrativo de
Bogotá el 2 de julio de 2021; (iii) no se consideraron las disposiciones del Decreto
Único Reglamentario 1076 de 2015, ni del Decreto Distrital 840 de 2019; y (iv) se
omitió que en la Carrera 10 entre calles 67A y 69 se encuentra la Clínica Infantil
Colsubsidio.
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Accionante: José William Sánchez Páez
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2.2.3.– Afirmó que la Secretaría sacó conjeturas apresuradas al decir que en la
Carrera 10 solo está permitido el paso de vehículos de carga de dos ejes, sin tener
en cuenta que entre las calles 67A y 69 la vía está clasificada como V8, en la cual,
según el artículo 7 del Decreto 840 de 2019, no está permitido el tránsito de carga
pesada.
2.2.4.– Sostuvo que el 5 de octubre de 2024 se cerró la Avenida Caracas entre
calles 57 y 67 por las obras del Metro Bogotá, a cargo de Metro Línea 1 S.A.S., y
que la Secretaría Distrital de Movilidad aprobó un PMT que establece como ruta de
desvío la Calle 63 hacia el oriente, Carrera 9A al norte y luego la Carrera 8. Sin
embargo, en la práctica, no se cumple dicho PMT, pues las volquetas del consorcio
Metro Línea 1 S.A.S. y otros vehículos pesados toman la Calle 63, luego la Calle 64
al occidente y posteriormente la Carrera 10 al norte, por lo que circulan por la zona
afectada.
2.2.5.– Adjuntó fotografías que evidencian la circulación de volquetas sobre la
Carrera 10 entre calles 64 y 69, en las cuales se identifican las placas de varios
vehículos, como WGO-877, SNW-254, TOQ-723, SNV-553, GUU-493 y WGZ-514,
y señaló que dichas imágenes demuestran el incumplimiento del PMT por parte del
consorcio Metro Línea 1 S.A.S., así como la falta de control efectivo por parte de la
Secretaría Distrital de Movilidad.
2.2.6.– Finalmente, advirtió que sobre la Carrera 10 entre calles 64 y 69 no existe
señalización vertical de “Prohibido el Tráfico de Vehículos de Carga”, a pesar de
que se trata de una vía local y que en dicho tramo se ubica la Clínica Infantil
Colsubsidio.
3.– Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora afirmó que la falta de pronunciamiento por parte de la Sección
Primera del Consejo de Estado respecto a los recursos de apelación presentados
en el marco de la acción popular identificada con el radicado No. 25000-23-41-000-
2023-00977-02 vulnera sus derechos fundamentales, debido a una supuesta mora
judicial sin justificación.
Destacó la omisión de la Secretaría Jurídica del Distrito de Bogotá, citó que
conforme con los artículos 2.2.5.1.2.13, 2.2.5.1.5 y 2.2.1.5.19 del Decreto Único
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Accionante: José William Sánchez Páez
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Reglamentario 1076 de 2015, debe establecerse una restricción al tráfico pesado
en los sectores definidos como zonas de tranquilidad y silencio.
4.– Pretensiones de la acción
La parte accionante textualmente solicitó:
“1. Se solicite a la Sección Primera del Consejo de Estado para que dentro de un plazo
razonable resuelva el Recurso de Apelación interpuesto por la Secretaria Jurídica del
Distrito Bogotá.
2. O se ordene mientras que se resuelve el Recurso de Apelación, a la Secretaria
Distrital de Movilidad, para que adopte en la Carrera 10 entre Calles 64 y 69 junto con
la policía de tránsito de Bogotá, medidas de control y desvíos vial, sobre los
VEHICULOS DE CARGA, los cuales deberán ser incluidos en el PMT de la Primera
Línea del Metro Bogotá
3. Si es necesario solicito que se ordene al Distrito Bogotá para que venga delegados
del Distrito y me visiten y corroboren todo lo que me está pasando y que detalle en los
hechos”3.
5.– Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1.– Mediante auto del 23 de abril de 20254 el ponente admitió la acción de tutela
y ordenó su notificación, en calidad de demandados, al Consejo de Estado, Sección
Primera y a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
5.2.– A través de auto del 19 de mayo de 20255 este Despacho requirió a la
Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá por no allegar el informe indicado en el
artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
5.3.– El Consejo de Estado – Sección Primera6, por conducto del Consejero de
Estado Oswaldo Giraldo López, señaló que el asunto en estudio no versa sobre
alguna providencia judicial dictada dentro del proceso identificado con el número de
radicado 25000-23-41-000-2023-00977-02. Precisó que la controversia se centra en
la supuesta demora atribuida al Despacho a su cargo para decidir el recurso de
apelación presentado por la Secretaría Jurídica del Distrito de Bogotá contra la
sentencia emitida el 7 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro de la acción popular referida.
3 Obra en los folios 24 y 25 del certificado 0599720668C79851 C1418D2EE2DF023E D5CF6B0B69DF39F3
039FBB1E0EB1B026, índice 2.
4 Obra en certificado AD4049C6F74F5661 D742EDE13E7B3093 C01C1A81DDA3BCCD A34232412A76393F,
índice 4.
5 Obra en certificado 8299B3109EF08004 66597939249C4D95 81F2D859ABA7AE71 9324AC06D14B55B4,
índice 10.
6 Obra en certificado 18419E6BB09D3DCC 26C6EDE0C7C27825 450F7010D0D5EE25 AF396A0C3742A9C7,
índice 8.
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Accionante: José William Sánchez Páez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5.3.1.– En relación con lo anterior, afirmó que, aunque el expediente fue remitido el
18 de diciembre de 2024, el Despacho ha obrado con diligencia, mediante el
desarrollo de las actuaciones judiciales requeridas, que buscan garantizar un trámite
adecuado. En ese sentido, destacó: i) el 22 de enero de 2025 se profirió auto
mediante el cual se admitieron los recursos de apelación presentados por las
Secretarías Distritales de Ambiente y Movilidad de Bogotá; y ii) el 2 de abril de 2025
se resolvió el recurso de reposición formulado por el señor José William Sánchez
Páez, cuya notificación se surtió el 7 del mismo mes.
5.3.2.– Agregó que, al verificar el estado del proceso en la plataforma SAMAI, se
constató que el expediente ingresó al Despacho para proferir fallo el 22 de abril de
2025.
5.3.3.– Finalmente, sostuvo que ha desplegado las actuaciones pertinentes para
resolver la controversia conforme con los parámetros legales, motivo por el cual
solicitó negar la acción de tutela, al no encontrarse acreditada la existencia de mora
judicial.
5.4.– La Secretaría Distrital de Movilidad7 manifestó que ha atendido lo solicitado
por el señor José William Sánchez Páez en el marco de las acciones populares
promovidas, y afirmó que ha actuado conforme con la normatividad vigente.
5.4.1.– Indicó que, en la acción popular No. 2021-00108, durante la audiencia de
pacto de cumplimiento celebrada el 2 de junio de 2021, esa Secretaría aceptó
implementar una alternativa de tránsito que no afectara al accionante, autorizando
los cambios de sentido vial en la Calle 66 entre las Carreras 8 y 10, los cuales
pasaron de un único sentido occidente-oriente a doble sentido. Aclaró que la obra
objeto del pacto se ejecutó de conformidad con lo acordado.
5.4.2.– Agregó que, en la acción popular No. 2022-00292, el Juzgado 18
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá negó, mediante auto del 28 de
noviembre de 2022, la medida cautelar solicitada por el accionante. En dicho pedido
el demandante requirió que se ordenara a la Secretaría de Movilidad implementar
señalización vertical conforme a la norma colombiana NTC 4739 de 2020 (Lámina
Retroreflectiva) de “Circulación Prohibida de Vehículos de Carga” en las siguientes
ubicaciones: a) Carrera 9A con Calle 63 esquina; b) Calle 66 con Carrera 11
esquina; y c) Calle 69 con Carrera 11 esquina, con el fin de mitigar el impacto
7 Obra en certificado ECE536ABDB49F752 3B0DE8194FCB0116 8CBF202445C4EA86 5E8380685EA861AD,
índice 14.
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Accionante: José William Sánchez Páez
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auditivo en los residentes de la Carrera 10 entre calles 64 y 69, en la calle 67A entre
las carreras 9 y 10, y en los pacientes del Hospital Infantil Colsubsidio.
5.4.3.– Posteriormente, mediante auto del 21 de julio de 2023, el mismo juzgado
declaró su falta de competencia y remitió el proceso al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera, donde se asignó el radicado No.
25000234100020230097700.
5.4.4.– Señaló que, dentro de dicho proceso, el Tribunal resolvió negar la medida
cautelar mediante auto del 12 de junio de 2024, en el que indicó que no se habían
modificado los supuestos que justificaron la negativa inicial, y que acceder a dicha
medida afectaría el interés general y la ejecución del contrato objeto del litigio.
Posteriormente, el 7 de octubre de 2024, el Tribunal ordenó a la Secretaría Distrital
de Movilidad, en concurrencia con la Secretaría Distrital de Ambiente, realizar en el
término de un mes un análisis del tráfico vehicular y de los niveles de contaminación
en la Carrera 10 entre calles 64 y 69, así como adelantar gestiones de control y
señalización para mitigar la contaminación auditiva. También explicó que dicha vía
hace parte de la malla vial local y permite el tránsito de vehículos de carga de dos
ejes (designación 2), conforme con el Decreto Distrital 555 de 2021 y la tipología
vial establecida por la Secretaría Distrital de Planeación.
5.4.5.– Finalmente, la Secretaría Distrital de Movilidad solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, argumentó que no se acreditó perjuicio
irremediable alguno y que el accionante ha reiterado sus solicitudes en múltiples
oportunidades, incluso habiendo presentado las acciones de tutela –11001-03-15-
000-2024-05118-00 y 11001-03-15-000-2025-00899-00–, las cuales fueron
resueltas en su contra. Reiteró que el accionante persiste en sus pretensiones pese
a existir una acción popular en curso, y que todas sus peticiones han recibido
respuesta conforme con la normatividad vigente.
II.– CONSIDERACIONES
1.– Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por José
William Sánchez Páez de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
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Accionante: José William Sánchez Páez
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2.– Problema jurídico
Corresponde a la Sala decidir si las instituciones convocadas vulneraron los
derechos fundamentales alegados por la parte actora.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala examinará, en primer lugar, la
presunta mora judicial relacionada con la decisión de los recursos de apelación a
cargo de la Sección Primera del Consejo de Estado. En segundo lugar, se verificará
si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos generales de
procedibilidad respecto a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
3.– Mora Judicial
3.1.– En anteriores oportunidades la jurisprudencia8 ha precisado que, de
conformidad con el artículo 229 de la Norma Superior, todas las personas son
titulares del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y, por lo
tanto, según la voluntad del constituyente, los asuntos que sean de conocimiento
de los administradores de justicia deben resolverse dentro de los términos
establecidos en la ley.
3.2.– Por este motivo, bajo la idea de progresividad en el desarrollo y respeto de los
derechos fundamentales, las razones que justifican el retardo en la observancia de
los términos deben ser cada vez más estrictas. Frente a este planteamiento, la
jurisprudencia constitucional9 ha establecido que no son admisibles los retrasos de
la administración de justicia cuando se dan las siguientes condiciones:
1. Hay incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial;
2. No hay una justificación razonable que explique dicha demora, como lo es
la congestión judicial o el volumen de trabajo; y
3. La tardanza es imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del funcionario judicial.
3.3.– En el mismo orden, la Corte Constitucional ha expresado que hay
circunstancias que justifican la tardanza en el cumplimiento de los términos. En
punto de ello ha expuesto10 que tales se configuran, así:
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, fallo de tutela del
31 de julio de 2019, expediente: 11001-03-000-2019-03155-00.
9 Sentencia T-230 de 2013 y reiterado en la sentencia SU-394 de 2016.
10 Sentencia T-230 de 2013.
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1. Cuando se encuentra gran complejidad en el asunto y dentro del proceso se
encuentra que el operador judicial ha sido diligente;
2. En los eventos que se logra demostrar que el retardo es producto de
problemas estructurales de la administración de justicia que generan un
exceso en la carga laboral;
3. Se configuran circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
solución de la controversia en el término establecido por la ley.
3.4.– De esta manera, acreditadas ciertas realidades, no puede afirmarse que haya
mora judicial injustificada, puesto que se está en presencia de un mero retardo en
la observancia de los plazos, que no le es imputable al juez; lo cual recuerda la idea
de un Estado real, al que solamente le es exigible aquello que puede proveer.
4.– Mora judicial en el caso concreto
4.1.– El señor José William Sánchez Páez interpuso acción de tutela contra la
Sección Primera del Consejo de Estado con el propósito de obtener la protección
constitucional de los derechos fundamentales a la intimidad y a la salud. A su juicio,
tales derechos fueron desconocidos por la presunta mora judicial injustificada en
resolver los recursos de apelación presentados dentro del proceso de acción
popular identificado con el radicado No. 25000-23-41-000-2023-00977-02.
4.2.– El titular del despacho judicial accionado manifestó que el recurso de
apelación fue remitido el 18 de diciembre de 2024. Aseguró que su Despacho ha
obrado con diligencia al adelantar las actuaciones judiciales requeridas para
garantizar un trámite conforme a derecho. En ese sentido, destacó: i) el 22 de enero
de 2025 se dictó auto que admitió los recursos de apelación interpuestos por las
Secretarías Distritales de Ambiente y Movilidad de Bogotá, y ii) el 2 de abril de 2025
se resolvió el recurso de reposición formulado por el señor José William Sánchez
Páez, cuya notificación se surtió el día 7 del mismo mes.
4.3.– Según la información registrada en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI,
se evidencian las siguientes actuaciones dentro del proceso identificado con el
radicado No. 25000-23-41-000-2023-00977-02:
• El 18 de diciembre de 2024 el recurso de apelación se asignó mediante
reparto.
• El 22 de enero de 2025 se profirió el auto que admitió el recurso de apelación.
• El 4 de febrero de 2025 el señor José William Sánchez Páez presentó recurso
de reposición contra el auto que admitió el recurso de apelación.
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Accionante: José William Sánchez Páez
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• El 2 de abril de 2025 la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra el auto del 22 de enero de 2025.
• El 7 de abril de 2025 se notificó dicha providencia a los sujetos intervinientes.
4.4.– En este contexto, conforme con las actuaciones surtidas en el proceso, la Sala
observa que los derechos fundamentales invocados por el demandante no han sido
vulnerados. Esto se debe a que, desde que el asunto fue asignado por reparto a la
autoridad judicial accionada el 18 de diciembre de 2024, se ha demostrado que el
magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado ha proferido
diversas actuaciones para resolver los recursos de apelación interpuestos por las
Secretarías Distritales de Ambiente y Movilidad de Bogotá.
Recientemente la Corte Constitucional en la sentencia T-309 de 2023 recordó que
la mora judicial injustificada se configura “[e]n primer lugar, cuando se presente un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial. En segundo término, cuando no exista un motivo razonable que justifique
dicha demora (i.e. congestión judicial o el volumen de trabajo). Por último, cuando
la tardanza sea imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones
por parte de una autoridad judicial”. (Negrilla y subrayada fuera del texto original)
4.5.– En el caso bajo examen, se ha demostrado la existencia de diversas
actuaciones judiciales sin que se evidencie un actuar negligente o tardío. Por el
contrario, el proceso ha seguido su trámite con diligencia. Desde que el asunto fue
asignado el 18 de diciembre de 2024, hasta la interposición de la acción de tutela el
21 de abril de 2025, han transcurrido cuatro (4) meses y tres (3) días, incluidas
las vacancias judiciales.
En virtud de lo anterior, se denegará lo solicitado en relación con la Sección Primera
del Consejo de Estado, dado que no se observa un actuar negligente que origine o
configure una dilación injustificada por parte del administrador de justicia censurado.
4.6.– En atención a lo expuesto, la Sala procederá a verificar si la solicitud de
amparo constitucional cumple con los requisitos generales de procedibilidad en
relación con la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
5.– El cumplimiento de los requisitos generales en el caso concreto
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5.1.– El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que
la acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio
de defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la
solicitud de amparo procede de forma excepcional i) cuando a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales, o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable. En el primero de los casos la orden de protección sería definitiva y, en
el segundo, transitoria.
5.2.– En relación con el asunto bajo examen, la Secretaría Distrital de Movilidad
manifestó haber atendido las solicitudes del señor José William Sánchez Páez
dentro de los procesos de acciones populares en curso, conforme con la
normatividad aplicable. Precisó que en la acción popular No. 2021-00108 se ejecutó
cabalmente un pacto de cumplimiento que incluyó modificaciones viales para no
afectar al accionante. En cuanto a la acción popular No. 2022-00292, relató que la
medida cautelar fue negada tanto por el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá como
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 12 de junio de
2024.
5.3.– Dado lo señalado por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá,
corresponde observar en esta instancia lo solicitado por el señor José William
Sánchez Páez en la medida cautelar dentro del proceso No.
25000234100020230097700, que a continuación se transcribe:
“Que se Prohíba la importación de nuevos Vehículos y Motos al territorio Nacional, con
excepción de los destinados a la fuerza pública (Ejército y Policía Nacional) y Bomberos
2. Que se Ordene a la secretaria de Movilidad y a fin de mitigar aún más el impacto
auditivo en los residentes de la Carrera 10 entre calles 64 y 69, los residentes de
la calle 67A entre carrera 9 y 10, los residentes de la calle 69 entre carreras 9 y 11
y Pacientes del Hospital Infantil Colsubsidio, a implementar señalización Vertical
de acuerdo a la norma colombiana NTC4739 de 2020 (Lamina Retroreflectiva) de
“Circulación Prohibida de Vehículos de Carga” sobre: a. La Carrera 9A, con Calle
63 esquina b. La Calle 66 con Carrera 11 esquina c. La Calle 69 con carrera 11
esquina.”. (Subrayado y negrillas de la Sala).
5.4.– Por lo expuesto, esta Sala procederá a exponer la ratio decidendi del proveído
proferido el 12 de junio de 2024, dentro del proceso No.
25000234100020230097700, que a la letra reza:
“Con base en lo anteriormente expuesto en tanto que se está valorando el interés de la
comunidad frente al interés particular de los directamente afectados, y por cuanto no
han variado los supuestos que impusieron negar la primera medida cautelar, será del
caso negarla, pues adoptar medidas cautelares en el presente caso irían en contra del
interés general de la comunidad, pues pondría en juego la ejecución misma del contrato,
y tal como ya se ha advertido por parte de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, al juez de la acción
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02235-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
popular le está prohibido inmiscuirse en las decisiones que pongan en peligro la
ejecución misma de un contrato, pues para ello, la ley ha previsto los mecanismos
necesarios para hacerlo”.
5.5.– Luego de lo precedente, la Sala advierte que el pedido elevado en contra de
la Secretaría tutelada es improcedente, por las razones que a continuación se
expondrán.
La parte actora interpuso la acción de tutela con el fin de que el juez constitucional
intervenga en el debate sobre la protección de derechos colectivos. En efecto, la
petición presentada en el escrito de demanda de tutela, en la que solicitó que “se
ordene mientras que se resuelve el Recurso de Apelación, a la Secretaria Distrital
de Movilidad, para que adopte en la Carrera 10 entre Calles 64 y 69 junto con la
policía de tránsito de Bogotá, medidas de control y desvíos vial, sobre los
VEHICULOS DE CARGA”, fue la misma elevada en la solicitud de medidas
cautelares del radicado No. 25000234100020230097700, pedido que, como se
señaló líneas atrás, fue negado mediante auto del 12 de junio de 202411 por parte
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5.6.– En consecuencia, la Sala nota que el actor insiste, sin nuevos razonamientos,
ante el juez de tutela, para que se acceda a la medida cautelar que ha sido negada
en varias oportunidades por el juez natural. En punto de esto debe resaltarse que el
juez constitucional no puede suplir la función del juez de la causa, máxime cuando
el accionante tiene la posibilidad de solicitar, en cualquier momento, la adopción de
medidas dentro del proceso popular, ante el ponente12.
Ahora, si bien es cierto que el juez de tutela puede intervenir de manera transitoria
ante la presencia de un perjuicio irremediable, a continuación, la Sala analizará si
se dan las condiciones de tal.
5.7.– La Sala observa que la parte demandante invoca como perjuicio irremediable
la edad de su madre – 82 años – y las patologías que la afectan. No obstante, dicha
alegación carece de sustento probatorio suficiente para concluir de manera
inequívoca que el deterioro de la salud de la señora sea consecuencia de los hechos
materia de amparo.
11 Obra en el certificado 9923B87A62FFE29B C927BE5FE0592127 CDAA8E4DB47E5B4C
E9747F632ECEB28B, índice 53 en el expediente No.25000234100020230097700.
12 Artículo 229 y siguientes del CPACA, en lo pertinente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02235-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
En particular, el interesado hace referencia13 a un cuadro de disnea14 padecido por
su progenitora, condición – que corresponde a la sensación subjetiva de dificultad
respiratoria o falta de aire, síntoma común en afecciones respiratorias o
cardiovasculares –15.
Es preciso señalar que, tras un análisis exhaustivo de la documentación aportada y
de los elementos probatorios examinados, la Sala concluye que se ha acreditado
que la progenitora del accionante padece de disnea, una condición respiratoria que,
en principio, no guarda relación con la exposición al ruido o, al menos, el señor José
William Sánchez Páez no acreditó que la patología sea una causa directa de los
hechos denunciados en el amparo.
En este contexto, a pesar de la solicitud del accionante de que se habilite la acción
de tutela como mecanismo transitorio ante la supuesta configuración de un perjuicio
irremediable, la Sala considera que la historia clínica aportada no evidencia una
afectación que justifique la intervención de este juez constitucional. Por tanto, la
solicitud de amparo no cumple con los requisitos para su procedibilidad.
Sea del caso indicar que, pese a que el actor denunció que padecía él mismo,
algunos problemas de salud, no se aportó historia clínica que lo evidenciara.
6.– Por las razones expuestas, la Sala negará la pretensión presentada en relación
con la Sección Primera del Consejo de Estado y, a su vez, declarará la
improcedencia de la acción de tutela en lo que respecta a la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá por lo aquí expuesto.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
13 Obra en el certificado C209BC0B2D54AAC8 1D47ACA3CC7B9CB7 AF6DEF2417DB4F97
266F5FC92CAAB199, índice 2.
14 Obra en el certificado C209BC0B2D54AAC8 1D47ACA3CC7B9CB7 AF6DEF2417DB4F97
266F5FC92CAAB199, índice 2.
15 Merck Manual. "Dificultad respiratoria (Disnea)." Merck Manuals. https://www.merckmanuals.com/es-
us/hogar/trastornos-del-pulmón-y-las-vías-respiratorias/síntomas-de-los-trastornos-pulmonares/dificultad-
respiratoria
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02235-00
Accionante: José William Sánchez Páez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
PRIMERO: NEGAR la pretensión presentada en relación con la Sección Primera
del Consejo de Estado de conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en lo que respecta
a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, por las razones aquí expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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