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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-31-000-2019-00218-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-31-000-2019-00218-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 21 de enero de 2021 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, las cuales quedarán así: 79 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 6 de agosto de 2019; C.P. Rocío Araújo Oñate; NUR 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 55 Núm. único de radicación: 630012331000201900218-01 “TERCERO: DECLARAR la amenaza del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: Para hacer efectivo el amparo del derecho colectivo vulnerado, se imparten las siguientes órdenes: - La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ deberá dentro del término de 6 meses contados a partir de la notificación de esta decisión adelantar todas las actuaciones necesarias, sean de índole administrativo, presupuestal y/o contractual para reparar su equipo de medición de contaminantes a fuentes móviles, lograr la consecución de uno nuevo o realizar los convenios de cooperación o contratos en los términos señalados en el artículo 23 de la Resolución 762 de 2022. - Cumplido lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ deberá en forma coordinada con los municipios de Armenia, Calarcá, La Tebaida y Quimbaya programar los operativos de verificación de las emisiones de que trata la Resolución 762 de 2022 a las fuentes móviles en circulación en cada una de sus jurisdicciones. Así mismo, deberá efectuar estos operativos junto al Instituto Departamental de Tránsito del Quindío - IDTQ en los municipios de Salento, Filandia, Pijao, Circasia, Buenavista, Génova, Córdoba y Montenegro. Estos operativos deben realizarse como mínimo con la periodicidad establecida en el artículo 23 de la Resolución 762 de 2022 y en los términos establecidos en dicha normativa. - Los entes territoriales a través de sus Secretarías de Tránsito y el […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 63001-23-31-000-2019-00218-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 630012331000201900218-01
Actor: Sebastián Peláez Uribe
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Quindío, Municipio de Armenia,
Municipio de Quimbaya, Municipio de La Tebaida, Municipio de Calarcá e Instituto
Departamental de Tránsito del Quindío1

Tema: Derecho colectivo al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo
establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias. Fuentes
móviles de contaminación ambiental.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma
Regional del Quindío y por el Municipio de Armenia, contra la sentencia de 21 de
enero de 2021 proferida por la Sala Segunda del Tribunal Administrativo del
Quindío2.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda3

1. Sebastián Peláez Uribe4, en adelante la parte actora, presentó demanda en
ejercicio del respectivo medio de control contra la Corporación Autónoma Regional

1 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: 124ED_CARATULA
2
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
111ED_090SENTENCIA1ªINSTAN
3
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
2ED_001DEMANDAACCIONPOPU
4
La demanda fue presentada el 22 de octubre de 2019.

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del Quindío; el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío; el Municipio de
Armenia - Alcaldía Municipal y Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia; el
Municipio de Calarcá - Alcaldía y Subsecretaría de Tránsito y Transporte de Calarcá;
el Municipio de La Tebaida - Alcaldía y Secretaría de Tránsito y Transporte de La
Tebaida; y el Municipio de Quimbaya - Alcaldía y Secretaría de Tránsito y
Transporte de Quimbaya, en adelante parte demandada, con el objeto de lograr la
protección del derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Le solicito al señor juez, se dé cumplimiento del artículo 15 de la
resolución 910 de 2008, en cuanto la CRQ realice mínimo los 30 operativos por un
año referente a fuentes móviles que la norma le establece realizar conjunto con cada
secretaria u organismo de tránsito departamental y municipal, teniendo en cuenta
que el Quindío cuenta con 5 diferentes cada uno con su propia jurisdicción.

SEGUNDO: Como la CRQ argumenta que sus equipos están dañados, se le ordene
el arreglo inmediato o como dice la norma contrate personal idóneo y que así lo
demuestre para realizar los operativos (teniendo en cuenta que se deben realizar los
operativos y que los CDA solo se limitan a la revisión de gases y no a la realización
de los operativos y que los CDA solo se limitan a la revisión de gases y no a la
realización de los operativos de fuente móviles conjunto con los organismos de
tránsito), como debió haber hecho desde un principio, pues la norma prevé que dicha
situación y exige que se realicen convenios de cooperación o contratos con personas
naturales o personas jurídicas con dicha capacidad.

TERCERO: Se realicen el monitoreo de los contaminantes del (sic) tabla 1 del artículo
2 de la resolución 2254 de 2017, que incluyen PM10, PM2.5, SO3, NO2, 03, CO.

CUARTO: Se realice la campaña de monitoreo preliminar de conformidad con el
artículo 4 de la resolución 2254 de 2017, teniendo en cuenta la evidencia periodística
y la generada por MINSALUD en los informes de enfermedades respiratorias en
donde el Quindío, sufre el índice más alto de mortalidad por este motivo, en el que
se deberían realizar la revisión de los materiales como el Benceno, Plomo y sus
compuesto (sic), Cadmio, Mercurio Inorgánico (vapores), Tolueno, Niquel y sus
compuestos, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos expresados como Benzo (a)
pireno, y en caso de encontrar alguno de estos se realice monitoreo permanente
como dice la resolución.

QUINTO: Sean arregladas e instaladas de manera inmediata las dos estaciones
inoperativas que posee la CRQ, para poder realizar las campañas de monitoreo
solicitadas con anterioridad, de igual modo que se realicen los informes en las
periodicidades que establece la norma, como mínimo mensuales, trimestrales y
anuales del estado de la calidad del aire, en su página web y del SISAIRE, puesto
que los informes generados en la página web de la entidad (solo se hace uno al año,
omitiendo el mensual y el trimestral) y en el SISAIRE, también se debe tener en
cuenta que solo se hace en base a un contaminante (PM10) y una estación cuando

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los informes Estales nos hablan del PM2.5, lo que significa que no están dando un
panorama totalmente incompleto. […]”5.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1 Según reportajes periodísticos, el Departamento del Quindío refiere la tasa
de mortalidad más alta por contaminación del aire en Colombia, en consecuencia,
fallecen 54 personas por cada 100.000 habitantes al año.

3.2 El Instituto Nacional de Salud reportó que el Departamento del Quindío es el
más pequeño y con menor industria que registra los niveles más altos de
contaminación en el aire, lo cual genera una alta tasa de mortalidad por
enfermedades respiratorias ligadas a la contaminación del aire para el año 2016.

3.3 En relación con las autoridades encargadas de proteger el derecho invocado
como vulnerado se encuentran: el Ministerio de Ambiente; el Departamento del
Quindío, la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ-, el Instituto
Departamental de Transito y Transporte -IDTQ- y las Secretarías de Tránsito y
Transporte de Armenia, Calarcá, Quimbaya y La Tebaida Quindío.

3.4 Por medio de petición, solicitó a la corporación información sobre el
cumplimiento de la Resolución 910 de 20086, en relación con los operativos de
verificación de emisiones a las fuentes móviles en circulación, el estado de los
equipos para realizar los operativos y el cumplimiento de los artículos 2, 3 y 4 y el
incumplimiento del artículo 24 de la Resolución 2254 de 2017 frente al sistema
SISAIRE, teniendo en cuenta que de las estaciones instaladas, una sola de ellas
generaba información actualizada.

3.5 También presentó petición a la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Armenia, solicitando información sobre el cumplimiento de la Resolución 910 de
2008, específicamente lo relacionado con los operativos de verificación de
emisiones a las fuentes móviles en circulación, los procesos sancionatorios
adelantados, los niveles y el parque automotor mayor a los 20 años en relación con
la Resolución 332 de 2017.

5
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
2ED_001DEMANDAACCIONPOPU, páginas 8 a 9.
6
“Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles
terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones”. Expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

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3.6 La Corporación Autónoma Regional manifestó que realizó 6 operativos en el
año 2017, 6 en el año 2018 y en relación con el año 2019 no realizó ningún operativo
por presentar fallas en los equipos, por lo que, según el actor popular, admitió de
esa manera que no cumple con el artículo 4 de la Resolución 2254 de 2017, pues
no realiza la revisión de esos parámetros, solo monitorea el parámetro PM10 de
todos los establecidos en el artículo y tampoco cumple con el artículo 24 de esa
resolución al no subir el informe trimestral de la calidad del aire desde el 2016 al
sistema SISAIRE.

3.7 La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia realizó un operativo de
fuentes móviles en el mes de diciembre de 2018, porque no cuenta con equipos
móviles de medición ni personal operativo capacitado y en los años de 2016, 2017
y 2018 realizó comparendos derivados de la vigilancia y control de gases y técnico
mecánica y relacionó la lista de “busetas” de la ciudad de Armenia, clarificando que
algunas de ellas ya tienen más de 20 años en servicio.

3.8 La Corporación Autónoma Regional de Quindío informó que la realización de
operativos es una labor que está a cargo de los centros de diagnóstico automotor y
que también participan las demás autoridades de tránsito y se debe realizar con una
periodicidad de mínimo 2 meses de diferencia cada una para completar un total de
30 al año, en el Departamento. Expresó que sólo realiza la medición del PM10 y no
cumple con las mediciones del artículo 4 de la Resolución 2254 de 2017.

3.9 Realizó peticiones a las demás entidades territoriales demandadas, ante lo
cual, la respuesta fue entre otros asuntos que: i) no contaban con los equipos; ii)
que están pendientes de la programación de la Corporación Autónoma Regional; iii)
que es el Instituto Departamental de Tránsito el que organiza la revisión de
emisiones de fuentes móviles en conjunto con la Corporación Autónoma Regional
del Quindío; iv) en relación con la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de
Calarcá, esta manifestó que ha realizado operativos dentro de su jurisdicción y ha
impuesto multas por revisión técnico mecánica, pero no hizo referencia sobre el
operativo conjunto con la corporación.

Contestaciones de la demanda

4. La Corporación Autónoma Regional del Quindío presentó escrito7 en el
que se opuso a todas las pretensiones de la demanda. Se pronunció en relación

7
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
24ED_024CONTESTACIONCRQP

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con los hechos de la demanda y fundamentó su contestación con los siguientes
argumentos.

4.1. Respecto de la naturaleza jurídica de la entidad, la Ley 99 de 22 de diciembre
de 19938 creó las Corporaciones Autónomas Regionales como entes de carácter
público y dentro de sus funciones se encuentra la de ejercer la evaluación, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo y el aire. En ese entendido,
realiza la labor de control y seguimiento a las diferentes emisiones contaminantes
por fuentes fijas o móviles en el Departamento del Quindío con el objetivo de
evidenciar situaciones de alerta para generar acciones correctivas y evitar la
contaminación de los recursos naturales.

4.2. El Decreto 1076 de 2015 es la norma principal que fija los principios
generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y
atención de episodios por contaminación del aire generada por fuentes
contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las
normas de calidad del aire o niveles de inmisión, entre otras. El artículo 2.2.5.1.6.2
es la norma que establece las funciones de las autoridades ambientales en relación
con la calidad y control a la contaminación del aire, el artículo 2.2.5.1.2.2 estableció
las actividades especialmente controladas y los artículos 2.2.5.1.2.19, 2.2.5.1.6.4
establecieron las competencias de las entidades públicas.

4.3. En relación con las obligaciones de la entidad en materia de calidad del aire,
ha realizado seguimiento y monitoreo desde el año 2003 en el Municipio de
Armenia. En el año 2008 realizó un diagnóstico de la calidad del aire en el cual
recopiló la información existente desde el año 2003, en ese año se medía el
contaminante criterio PST, los datos meteorológicos y realizó monitoreos de PM10,
de acuerdo con las indicaciones del Protocolo de Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del aire, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
cual contiene las generalidades sobre los sistemas de vigilancia de la calidad del
aire.

4.4. A partir de lo anterior, se determinaron los puntos en donde debían estar
ubicadas las estaciones de monitoreo, criterio para medir en la ciudad de Armenia.
En los años 2009 a 2010, se obtuvo en comodato un equipo semiautomático
entregado por el Ministerio de Ambiente y se ubicó en la estación denominada
Comfenalco, en el centro de la ciudad; posteriormente, fue trasladado a una nueva

8
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.

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estación denominada CAM. En el año 2017 realizó el mantenimiento preventivo,
correctivo y de calibración del equipo. Sin embargo, la corporación tomó la decisión
de cambiar el equipo por falta de un repuesto.

4.5. En respuesta al diagnóstico de la calidad del aire, la entidad reubicó la
estación que se encontraba en la corporación y empezó a monitorear el PM10 desde
el año 2012.

4.6. Con el fin de mejorar la red de monitoreo, la corporación manifestó que
instalará una tercera estación de monitoreo ubicada en el suroccidente de la ciudad
con el objetivo de realizar un mayor control de la calidad del aire para el año 2020.
Adicionalmente la corporación adelantó un proceso contractual con el fin de adquirir
insumos y repuestos para la correcta operación de las estaciones de monitoreo
CRQ y CAM. En ese sentido desde mediados de noviembre de 2019 se puso de
nuevo en operación las estaciones de monitoreo de la calidad del aire para medir el
contaminante PM10.

4.7. Para los años 2018 y 2019, no se sobrepasaron los niveles máximos
permisibles de contaminación en relación con el criterio PM10. El parque automotor
en la ciudad de Armenia creció considerablemente y se han ejecutado los recursos
respectivos y los convenios destinados al monitoreo del aire.

4.8. En relación con el cumplimiento de la Resolución 910 de 5 de junio de
2008realizó los operativos en la vía al menos unas 6 veces al año. Así en el año
2017 se realizaron 5 operativos a vehículos a gasolina, en el año 2018 se realizaron
6 operativos a vehículos a gasolina y diésel. En consecuencia, profirió el documento
denominado: Reporte de Análisis de Emisiones para cada automóvil evaluado. La
corporación es la encargada de otorgar o negar los certificados ambientales en
materia de revisión de gases los cuales se otorgan a los Centros de Diagnóstico
Automotor.

4.9. En el Departamento del Quindío existen 12 CDA autorizados para realizar las
mencionadas pruebas, y estos establecimientos son sujetos de control y
seguimiento en el programa de control y seguimiento ambiental de emisiones
atmosféricas que emite la Subdirección de Regulación y Control Ambiental cada
año en el mes de enero. Además, concedió 12 permisos de emisiones atmosféricas
en el departamento. Sin embargo, realizó seguimiento a los establecimientos que
no requieren un permiso de emisiones atmosféricas, pero son sujetos de control y
seguimiento por parte de la corporación.

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4.10. Como argumentos de defensa propuso las siguientes excepciones que
denominó: i) “Improcedencia de la acción popular”; y ii) “Cumplimiento de los
deberes y obligaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío”.

5. El Municipio de Armenia presentó escrito9 en el que se opuso a las
pretensiones de la demanda. Manifestó en relación con los hechos que la base de
la acción se sustenta en reportajes de prensa donde se realiza una denuncia pública
sobre la contaminación de los buses que circulan en la ciudad y que la misma cuenta
con el índice de mortalidad por contaminación mas alto en el país. Sin embargo, las
anteriores afirmaciones no se encuentran probadas en el líbelo de la acción.
Además, no resulta coherente con la información publicada por la autoridad
competente en esos temas, es decir la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

5.1. El argumento sobre la relación de causa de muerte por asma o EPOC,
respecto de los índices de contaminación, no es verificable por cuanto esas
enfermedades tienen un sin numero de factores entre los cuales está el consumo
de tabaco o cigarrillo. En ese sentido, el actor popular no demostró el nexo de
causalidad entre la causa de muerte señalada y la presunta contaminación en el
aire a causa de partículas de buses y vehículos que circulan en la ciudad.

5.2. El Municipio, por medio de la Secretaría de Tránsito y Transporte, articuló
acciones de control y seguimiento, relacionadas con la formulación de medidas de
control y vigilancia a los automotores de la ciudad, no obstante ser una función
propia de la misionalidad de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, como
entidad encargada de la preservación del medio ambiente.

5.3. Adelantó un operativo a las fuentes móviles contaminantes en diferentes
zonas de la ciudad de Armenia. Precisó que la diligencia es compleja porque no
cuenta con equipos móviles de medición, ni personal operativo capacitado en estos
temas; y que por ello se contratan los servicios de un centro de diagnóstico
automotor que aporta los equipos y el personal idóneo para la captura de muestras
con equipos propios durante las actividades operativas. En ese sentido, suscribió
en la vigencia 2018 y 2019 un convenio con la finalidad de la prestación de servicios
con equipo especializado para el control de emisiones contaminantes a fuentes
móviles.

5.4. El número de comparendos realizados en el año 2016 a 2018 corresponden
a 67 por infracción D17, es decir, a vehículos que no cumplen con la norma sobre

9
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
14ED_014CONTESTACIONDEMAN

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emisión de gases contaminantes, evidenciando el ejercicio de control y vigilancia
desplegado. Adujo que todos los propietarios de vehículos deben recurrir a los CDA
para presentar el estado actual de sus vehículos y aprobar las pruebas de
optimización para garantizar su funcionamiento.

5.5. Adicionalmente realizó múltiples acciones como el día sin carro, con el
propósito de maximizar y mejorar las condiciones ambientales y contribuir a la
mejora constante del medio ambiente y de las actividades contaminantes.

5.6. El actor popular realizó insinuaciones infundadas relacionadas con la
ausencia de informes y estaciones de medición de aire en la ciudad de Armenia, sin
tener en cuenta las estaciones de medición, los informes semestrales y anuales
presentados por la Corporación Autónoma Regional del Quindío y los resultados
expuestos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -
IDEAM.

5.7. Propuso las excepciones que denominó: i) “Falta de Legitimación en la
Causa por Pasiva”; ii) “Inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad”; y la iii) “Inexistencia de vulneración a derecho y/o interés colectivo
invocado”.

6. El Municipio de La Tebaida presentó escrito10 en el que se opuso a las
pretensiones de la demanda porque no está probada la vulneración de los derechos
colectivos, para lo cual indicó los siguientes argumentos: las pretensiones de la
demanda recaen sobre el cumplimiento de una norma, asunto propio de la acción
de cumplimiento.

6.1. Dentro de las funciones de los municipios no se encuentra la competencia en
materia ambiental; toda vez que, tal función es exclusiva de las autoridades del
orden nacional y regional como las Corporaciones Autónomas Regionales.

6.2. Realizó constantemente puestos de control con el fin de educar, prevenir y
sancionar a aquellas personas que infrinjan las normas de tránsito y realiza un alto
porcentaje de comparendos por no tener la revisión tecno mecánica del vehículo
automotor al día. Argumentó que ha solicitado el apoyo de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, pero la respuesta ha sido que los equipos presentan fallas.

6.3. Propuso las excepciones que denominó: i) “Falta de legitimación en la causa
por pasiva”; ii) “Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al

10
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
16ED_016CONTESTACIONTEBAI

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que corresponde”; iii) “Obligación de terceros”; “Incompetencia legal e inexistencia
de obligación”; iv) “Incompetencia legal e inexistencia de obligación”; y v) “La
genérica”.

7. El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío presentó escrito11 en
el que se opuso a todas y cada una de las pretensiones. Propuso las excepciones
que denominó: i) “Falta de legitimación en la causa por pasiva”; ii) “Inexistencia de
vulneración de los derechos colectivos por parte del IDTQ”; iii) “Carencia de prueba
de la conducta omisiva endilgada al IDTQ”; y iv) “Excepción genérica”.

7.1. En relación con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
el instituto carece de competencia constitucional y legal para atender los
requerimientos efectuados por el actor popular, toda vez que realiza el
acompañamiento a los operativos de verificación en caso de que sea convocado
por la Corporación Autónoma del Quindío.

7.2. La competencia que le corresponde a las autoridades de tránsito dentro de
los operativos de verificación de emisiones a las fuentes móviles en circulación, se
circunscribe a imponer los comparendos e iniciar los procesos sancionatorios de
acuerdo con el Título IV de la Ley 769. Por lo tanto, la realización de actuaciones
diferentes como llevar a cabo la práctica de la medición de emisiones a las fuentes
móviles en circulación, se traduciría en una inexorable extralimitación a las
funciones, porque la facultad está atribuida de manera exclusiva a las autoridades
ambientales.

7.3. En relación con la excepción de inexistencia de vulneración de los derechos
colectivos por parte del instituto, señaló que, de acuerdo con lo anterior, ha realizado
el acompañamiento a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, es decir, el
instituto se encuentra cumpliendo con su obligación en el territorio de su jurisdicción.

7.4. El actor no probó la conducta omisiva endilgada al instituto, por el contrario,
se demostró el acompañamiento realizado a la corporación por medio de los
agentes de tránsito para practicar los operativos en los municipios de su jurisdicción.

8. El Municipio de Calarcá presentó escrito12 en el que se pronunció sobre los
hechos de la demanda y argumentó que la Corporación Autónoma Regional es la

11
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
19ED_019CONTESTACIONINSTI
12
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
20ED_020CONTESTACIONCALAR

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que ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción y
que los municipios no tienen funciones asignadas en ese sentido.

8.1. Es competente para realizar el control operativo de las fuentes móviles
terrestres que funcionan con cualquier tipo de combustible y que son los agentes de
tránsito adscritos a la Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial, quienes realizan
constantes operativos en la jurisdicción del Municipio imponiendo comparendos por
no realizar la revisión técnico mecánica.

8.2. Los vehículos que funcionan a diésel se les mide la opacidad bajo los
parámetros definidos por la Resolución núm. 910 de 2008 expedida por el Ministerio
de Ambiente, por ello no es procedente el señalamiento sobre el incumplimiento en
la realización de los operativos ambientales de que trata las resoluciones 910 y
2254, porque no se encuentra dentro del ámbito de competencia del Municipio de
Calarcá, pero sí en el ámbito de la autoridad ambiental.

8.3. La corporación autónoma correspondiente cuenta con un equipo
especializado para realizar la medición de emisión de gases, pero no se han
realizado los controles conjuntos debido a que los equipos están en reparación.

8.4. El actor popular debió incoar la acción de cumplimiento, porque no se
pretende la protección o cese de vulneración de los derechos colectivos sino el
cumplimiento de la norma.

8.5. Concluyó que el Municipio de Calarcá no ha vulnerado ningún derecho
colectivo, por el contrario, ha cumplido las normas expedidas por la autoridad
ambiental del orden nacional.

8.6. Propuso las excepciones que denominó: i) “Falta de legitimación en la causa
por pasiva”; ii) “Inexistencia de la acción u omisión”; y iii) “Obligación de un tercero”;
iv) “Inexistencia de obligación”; y v) “La genérica”.

9. El Municipio de Quimbaya presentó escrito13 por medio del cual solicitó
declarar que no están llamadas a prosperar las peticiones del actor popular. Indicó
que, lo que se está analizando es una acción de cumplimiento; por lo tanto, no se
puede perseguir el cumplimiento de normas que comprometan los presupuestos de
carácter nacional y municipal y el monitoreo de los gases que generan los buses y
demás automotores que transitan por el municipio requiere de un rubro
presupuestal.

13
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
21ED_021CONTESTACIONQUIMB

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11

Núm. único de radicación: 630012331000201900218-01

9.1. Se deben realizar convenios con la Corporación Autónoma Regional del
Quindío que permitan dar cumplimiento a la norma ambiental, y esa situación
genera unos gastos onerosos para el municipio.

La audiencia de pacto de cumplimiento

10. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 13 de
febrero de 202014; sin embargo, en aras de concretar una propuesta de pacto de
cumplimiento, se suspendió la audiencia para reanudarla el 27 de febrero de esa
anualidad.

11. En auto de 5 de marzo de 202015 se decidió fijar nueva fecha para la
audiencia de pacto de cumplimiento con la finalidad de corregir las irregularidades
encontradas en la formula y precisar los detalles de la oferta presentada.

12. El día 12 de agosto de 202016 por medio de auto se declaró fallida la etapa
de pacto de cumplimiento.

Sentencia proferida, en primera instancia

13. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío17
mediante sentencia proferida el 21 de enero de 2021, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada
parcial, frente a las pretensiones relacionadas con el cumplimiento de la
Resolución 2254 de 2017 y la puesta en marcha de las estaciones de monitoreo
en la ciudad de Armenia Q, conforme a las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones invocadas así: la de falta
de legitimación en la causa por pasiva por el municipio de Armenia, las
denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva, habérsele dado a la
demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde, obligación de
terceros - incompetencia legal e inexistencia de obligación propuestas por el
municipio de La Tebaida, la de falta de legitimación en la causa por pasiva y
carencia de prueba de la conducta omisiva endilgada, formuladas por el IDTQ. La
de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de acción u omisión,
obligación de un tercero e inexistencia de la obligación invocadas por el municipio
de Calarcá y las de improcedencia de la acción popular y cumplimiento de los
deberes y obligaciones propuestas por Corporación Autónoma Regional del
Quindío.

TERCERO: DECLARAR vulnerado el derecho colectivo al goce de un ambiente
sano.

14
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
30ED_032ACTAAUDIENCIAPACT
15
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
46ED_049AUTOCONOCEFIJAFEC
16
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
62ED_065AUTOFALLIDAETAPAP
17
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
111ED_090SENTENCIA1ªINSTAN

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12

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CUARTO: Para hacer efectivo el amparo del derecho colectivo vulnerado, se
imparten las siguientes órdenes:

• La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ deberá dentro del
término de 6 meses contados a partir de la notificación de esta decisión
adelantar todas las actuaciones necesarias, sean de índole administrativo,
presupuestal y/o contractual para reparar su equipo de medición de
contaminantes a fuentes móviles, lograr la consecución de uno nuevo o realizar
los convenios de cooperación o contratos en los términos señalados en el
artículo 15 de la Resolución 910 de 2008.

• Cumplido lo anterior, la CRQ deberá en forma coordinada con los municipios
de Armenia, Calarcá, La Tebaida y Quimbaya programar los operativos de
verificación de las emisiones de que trata la Resolución 910 de 2008 a las
fuentes móviles en circulación en cada una de sus jurisdicciones. Así mismo,
deberá efectuar estos operativos junto al IDTQ en los municipios de Salento,
Filandia, Pijao, Circasia, Buenavista, Génova, Córdoba y Montenegro.

Estos operativos deben realizarse mínimo cada dos meses, en cada uno de los
entes territoriales.

• Los entes territoriales a través de sus Secretarías de Tránsito y el IDTQ
deberán adelantar los procesos sancionatorios a que haya lugar con ocasión
del incumplimiento a los límites de emisión que establece la Resolución 910 de
2008 para fuentes móviles de contaminación.

• De cada uno de los operativos realizados las entidades responsables deberán
levantar un informe en el que incluirán los vehículos objeto de evaluación,
contaminantes medidos, resultado de la medición y decisiones adoptadas
según corresponda. Estos deberán presentarse cada dos meses ante esta
Corporación teniendo en cuenta que en ese período deben haberse realizado
al menos un operativo en cada uno de los municipios del Quindío.

• La Corporación Autónoma Regional del Quindío junto a cada uno de los entes
accionados (excepto el municipio de Armenia) deberán en forma coordinada y
dentro de los 12 meses siguientes a la notificación de este fallo y previa las
apropiaciones presupuestales respectivas, actualizar el inventario de
emisiones atmosféricas de fuentes móviles para cada ente territorial y adoptar
las medidas pertinentes que se deriven de ellas.

• La Corporación Autónoma Regional del Quindío en el plazo de 18 meses
contados a partir de la notificación de esta decisión y con la información
recaudada de las actividades dispuestas anteriormente, deberá hacer un
balance general de las condiciones atmosféricas en el Departamento del
Quindío.

QUINTO: EXHORTAR a la CRQ para que cumpla a cabalidad con las visitas de
verificación a los Centros de Diagnóstico Automotor en aras de establecer que
éstos cumplan continuamente con los requisitos para su operación.

SEXTO: CONFORMAR un Comité de Verificación para la constatación de la
ejecución de las órdenes contenidas en la presente sentencia, en los términos de
los artículos 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por el Magistrado
Ponente, el actor popular, el Agente del Ministerio Público delegado ante este
Tribunal y un representante de cada entidad accionada, el cual se reunirá por
convocatoria del Magistrado Ponente. Ante él se deberá rendir además de los ya
mencionados, informes trimestrales sobre las acciones que se están adelantado
para conjurar las problemáticas detectadas en esta providencia. El primer informe
deberá ser presentado al mes siguiente de quedar en firme la presente providencia.

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13

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SÉPTIMO: CONDENAR solidariamente al Municipio de Armenia, Municipio de La
Tebaida, Municipio de Quimbaya, Municipio de Calarcá, a la Corporación
Autónoma Regional del Quindío y al IDTQ a pagar a favor del accionante las
agencias en derecho. La suma será fijada por el Magistrado ponente una vez en
firme la providencia siguiendo las reglas establecidas en el Acuerdo 10554
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura el 05 de agosto de 2016. Para
tal efecto, Secretaría deberá dar cuenta del asunto en la oportunidad debida para
proceder de conformidad […]”.

Consideraciones del Tribunal

14. El Tribunal consideró que el problema jurídico consistía en determinar “[…] si
existe amenaza o vulneración del derecho colectivo a un ambiente sano por parte
de las entidades accionadas, debido a la presunta inobservancia del contenido de
las Resoluciones 910 de 2008 y 2254 de 2017 y a la carencia de recursos
tecnológicos que impide a las autoridades cumplir con las competencias que le han
sido atribuidas, concretamente para la conservación de la calidad del aire en el
Departamento del Quindío […]” y determinó si “[…] [e]n este asunto se materializó
el fenómeno de cosa juzgada o de agotamiento de jurisdicción […]”.

15. Luego de establecer el alcance de la acción popular como mecanismo
preventivo de vulneración de los derechos colectivos y de estudiar los marcos
normativos y desarrollos jurisprudenciales del derecho colectivo invocado, a saber,
el derecho al goce de un ambiente sano; consideró, en cuanto a lo relacionado con
el agotamiento de la jurisdicción y el fenómeno de cosa juzgada, que el primero se
concreta cuando dos acciones en curso se han suscitado por unos mismos hechos
y pretensiones; que, en el caso concreto, no se configuró, porque se profirió
sentencia en el proceso 630013333001201600163-00 el 6 de febrero de 2020, la
cual quedó ejecutoriada; y que, en ese sentido, lo que procedía era analizar la
configuración del fenómeno de la cosa juzgada.

16. Consideró en relación con lo anterior, que se materializó el fenómeno de cosa
juzgada parcial al existir un pronunciamiento judicial previo sobre parte de las
pretensiones, específicamente en lo que tiene que ver con el monitoreo de
contaminantes en la ciudad de Armenia, la reparación y puesta en marcha de las
estaciones de monitoreo y la elaboración de los respectivos informes por parte de
la Corporación Autónoma Regional.

17. Respecto del material probatorio allegado al expediente, el Tribunal
determinó que, i) se configuró la omisión persistente de las entidades demandadas
en relación con el cumplimiento de sus deberes legales, específicamente frente a la
medición de contaminantes a fuentes móviles. Explicó que, en ese sentido, no fue
posible conocer con precisión cuáles son las condiciones actuales o los niveles de

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contaminación; ii) la única entidad que contaba con equipos de medición a fuentes
móviles era la Corporación Autónoma Regional del Quindío, pero que, sin embargo,
se encontraban averiadas; y iii) quedó demostrado que las entidades territoriales
demandadas como el Instituto justificaron su incumplimiento en la falta de equipos
para realizar las mediciones, y precisamente esa era la razón por la que acudían a
la corporación.

18. Precisó que, a pesar de que las entidades allegaron soportes de los
operativos realizados para verificar que los vehículos cumplieran con la
documentación para circular, ello no permitía verificar el nivel de contaminación que
las fuentes estaban emitiendo.

19. Destacó que la Resolución 910 de 2008 determinó una responsabilidad
compartida entre las entidades demandadas en la realización de los operativos de
verificación de emisiones a las fuentes móviles en circulación, el tiempo de
realización de los mismos y la autoridad competente para la imposición de las
sanciones a que hubiere lugar, lo que descarta los argumentos sobre la falta de
legitimación en la causa por pasiva o la inexistencia de obligaciones a cargo de las
demandadas.

20. Estimó frente al argumento sobre la falta de equipo para cumplir con la
obligación determinada, que la norma no establece que estos tengan que ser de
propiedad de las entidades, abriendo la posibilidad para realizar convenios de
cooperación o contratos con personas naturales o personas jurídicas que
demuestren la capacidad técnica y operativa. De igual forma determinó que las
pruebas aportadas como fotografías y videos no cumplían con los requisitos para
ser apreciados como prueba por si solas sobre la medición a fuentes móviles.

21. Precisó que, aunque se allegaron soportes sobre el funcionamiento de las
estaciones de monitoreo del aire en la ciudad de Armenia, que analizan los niveles
de contaminación del PM10, no realizó pronunciamiento alguno porque ello hace
parte del cumplimiento de la Resolución 2254 de 2017, tema que fue objeto de
decisión dentro del proceso 2019-163, el cual permitió la materialización del
fenómeno de cosa juzgada relativa.

22. Consideró que, aunque las entidades mostraron interés en la etapa de pacto
de cumplimiento para satisfacer las obligaciones y contribuir a la protección de del
derecho colectivo invocado como vulnerado, ello no permitió determinar que se haya
superado el suceso generador de las pretensiones de la demanda. Por lo anterior,

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15

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amparó el derecho colectivo amenazado, en el entendido que la medición permite
la adopción de medidas preventivas, correctivas y sancionatorias correspondientes.

23. Por último, condenó a las entidades demandadas al reconocimiento de las
agencias en derecho, siguiendo las reglas establecidas en el Acuerdo 10554 del 5
de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

Recurso de apelación presentado por la Corporación Autónoma Regional del
Quindío18

24. La Corporación Autónoma Regional del Quindío presentó escrito por medio
del cual interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera
instancia, en el que solicitó su revocatoria con fundamento en los siguientes
argumentos:

24.1. En relación con el cumplimiento de los deberes y obligaciones de la
corporación, la Ley 99 estableció su naturaleza jurídica y especificó las
competencias, dentro de las cuales se destaca la de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo y el aire.

24.2. De acuerdo con la función mencionada anteriormente la corporación realizó
el control y seguimiento a las diferentes emisiones contaminantes por fuentes fijas
y móviles en el Departamento del Quindío para evidenciar las situaciones de alerta
y generar acciones correctivas para evitar la contaminación de los recursos
naturales, teniendo en cuenta el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible núm. 1076 de 2015.

24.3. El decreto también reguló los aspectos relacionados con la calidad del aire y
las competencias de los Municipios. Por un lado, indicó las actividades
especialmente controladas por parte de las autoridades ambientales establecidas
en el artículo 2.2.5.1.2.2.; y por el otro, las competencias de las entidades públicas
en los artículos 2.2.5.1.5.19. y 2.2.5.1.6.4.

24.4. La corporación tiene establecida la función de vigilancia y control de las
fuentes móviles en la Resolución 0910 de 2008, y respecto del tema relacionado
con la calidad del aire, se tiene que las Resoluciones 2254 de 2017; 650, 2153 y
651 de 2010 le establecen obligaciones igualmente.

18
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
113ED_09211RECURSOAPELAC

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16

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24.5. Dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 910 al
realizar operativos en la vía al menos 6 veces al año. Manifestó que en el transcurso
del año 2017 se realizaron 5 operativos a vehículos a gasolina y en el año 2018 se
realizaron 6 operativos a vehículos a gasolina y diésel, cuyos resultados arrojados
fueron que el 52 % de los vehículos a gasolina monitoreados en el año 2017 fueron
rechazados y para el año 2018 el 77.8% a gasolina y 22.2% a diésel fueron
rechazados, el año 2019 no se realizaron operativos debido a que los equipos han
presentado fallas, indicó que esa situación se está solucionando por parte de esa
entidad.

24.6. Allegó al expediente el documento denominado “Reporte de Análisis de
Emisiones”, para cada automóvil evaluado en los reportes proferidos en los
operativos realizados en el año 2017 y 2018.

24.7. Es la encargada de otorgar o negar los certificados ambientales en materia
de revisión de gases los cuales se expiden a favor de los Centros de Diagnóstico
Automotor, quienes son los encargados de emitir los certificados de revisión técnico
mecánica y de gases.

24.8. Otorgó 12 permisos de emisiones atmosféricas en el Departamento del
Quindío, incluso realiza control y seguimiento a los establecimientos que no
requieren un permiso de emisiones atmosféricas, además de realizar
acompañamiento a los estudios de emisiones atmosféricas que estos
establecimientos deben realizar con laboratorios acreditados por el IDEAM, a la
fecha identificados 80 establecimientos, de estos 45 están ubicados en el municipio
de Armenia.

24.9. No se están vulnerando los derechos colectivos invocados, porque de
acuerdo con los informes proferidos por la corporación no se han sobrepasado los
límites permisibles establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Además, se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones establecidas
por el marco legal.

24.10. Un inventario de emisiones atmosféricas debe incluir los tipos de fuentes y
se requiere tener conocimientos técnicos específicos para determinar con detalle la
evaluación arrojada por los informes de cada intervención. Dentro de las fuentes de
información se encuentran: bases de datos del tránsito municipal, características de
los combustibles locales, tipo, cantidad y calidad del combustible que se consume,
volumen y edad del parque automotor, tendencias de crecimiento en este campo,

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17

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distribución del transporte urbano, estado actual y uso de las vías principales,
realización de conteos y caracterización de la flota vehicular en las principales vías.

24.11. Esa información debe ser recolectada en un periodo de tiempo de por lo
menos 1 año, y el plazo otorgado en la sentencia de primera instancia no es
suficiente y por ello solicitó que se amplíe el mismo a 18 meses.

24.12. Por último, solicitó que se requiera a los entes territoriales o a las secretarías
de tránsito y transporte para que durante el año 2021 recolecten la información
necesaria para realizar los inventarios de emisiones atmosféricas de fuentes
móviles y sea entregada a la corporación en enero de 2022.

24.13. Por las anteriores consideraciones, solicitó revocar en su totalidad la
sentencia apelada.

Recurso de apelación presentado por el apoderado del Municipio de Armenia

25. El apoderado del Municipio de Armenia presentó escrito19 por medio del cual
interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia,
en el que solicitó la revocatoria de la sentencia en relación con la condena en
agencias en derecho, debido a que consideró no haber sido vencido en ningún
aspecto de la sentencia.

Actuaciones en segunda instancia

25.1. El Despacho sustanciador, mediante auto 2 de septiembre de 202220, admitió
los recursos de apelación presentado por la Corporación Autónoma Regional del
Quindío y el Municipio de Armenia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

26. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
e interés colectivo al goce de un medio ambiente sano; v) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial sobre el principio de prevención en materia ambiental; vi)

19
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
115ED_09221RECURSOAPELAC
20
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
133AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION de la carpeta Apelación sentencia.

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18

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el marco normativo sobre la contaminación atmosférica por fuentes móviles; y vii) el
análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

27. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201921, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; iii) el artículo 15022 de la Ley 1437, sobre competencia del
Consejo de Estado en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer
de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en
primera instancia, por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones
populares.

28. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

29. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte actora en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de 21 de enero de 2021 proferida por la Sala Segunda del Tribunal
Administrativo del Quindío, de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201223, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.

Problemas jurídicos

30. La Sala deberá determinar, con fundamento en los argumentos de los
recursos de apelación presentados:

30.1. Si se encuentra o no probado que existe vulneración o amenaza del derecho
colectivo al goce de un medio ambiente sano, por parte de las entidades
demandadas, por causa de la omisión en el cumplimiento de las obligaciones
determinadas en la Resolución 762 del 18 de julio de 2022 24, relacionadas con la

21 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
22 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
23 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
24
“Por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes
móviles terrestres, se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6.1, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan
otras disposiciones”.

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19

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realización de operativos de verificación de las emisiones contaminantes generadas
por las fuentes móviles terrestres de carretera en circulación empleando los equipos
y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas Colombianas (NTC) 4231,
4983 y 5365.

30.2. Si es procedente o no la condena en agencias en derecho efectuada por el
Tribunal en la sentencia de primera instancia, en relación con el Municipio de
Armenia.

30.3. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 21 de enero de 2021 proferida por la Sala Segunda de decisión del
Tribunal Administrativo del Quindío, en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

31. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

32. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

33. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

34. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.

35. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,

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20

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además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”25.

36. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de prevención
en materia ambiental

37. El principio de prevención en materia ambiental tiene sustento en el Principio
17 de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo según el cual
“[…] deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente
haya de producir impacto negativo considerable en el medio, y que esté sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente […]”.

38. Es menester recordar que el artículo 80 de la Constitución Política le impone
al Estado la obligación de prevenir los factores de deterioro ambiental; así las cosas,
al igual que el principio de precaución, el principio de prevención está señalado en

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de 2014; C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.

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21

Núm. único de radicación: 630012331000201900218-01

la Ley 99, principalmente por la remisión que efectúa el numeral 1 del artículo 1.º,
norma según la cual “[…] el proceso de desarrollo económico y social del país se
orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en
la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo […]”, postulado que también se manifiesta en el numeral 7 ibidem cuando
se refiere al principio de “quien contamina paga” al prever que “[…] el Estado
fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y
para la conservación de los recursos naturales renovables […]”.

39. La Corte Constitucional en sentencia C-499 de 201526 se refirió al principio
de prevención definiéndolo en los siguientes términos:

“[…] aquel que busca ‘que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o
minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con
independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de
otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas -regulatorias, administrativas
o de otro tipo- que se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se
produzca o se agrave’. La doctrina ha expresado que ‘se ha producido, en nuestros
días, una toma de consciencia de que no basta con reparar (modelo curativo) sino
que se impone prevenir (modelo preventivo), y ello convierte al principio de prevención
en uno de los grandes principios estructurales de este sector del derecho internacional
público. La finalidad o el objeto último del principio de prevención es, por tanto, evitar
que el daño pueda llegar a producirse, para lo cual se deben adoptar medidas
preventivas’.

Ello encuentra fundamento en la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial
de la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992]. La eficacia práctica de la
acción preventiva requiere de una armonización con el principio de precaución, al
flexibilizar este último el rigor científico que se exige para que el Estado adopte una
determinación. El principio de prevención se aplica en los casos en que es posible
conocer las consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta en marcha
de determinado proyecto o actividad, de modo que la autoridad competente pueda
adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca, mientras que el
principio de precaución opera en ausencia de certeza científica absoluta […]”.

40. El principio de prevención abarca los supuestos en los cuales el estado del
conocimiento revela con algún grado de precisión los efectos que sobre el medio
ambiente son provocados por determinada actividad, por lo que es necesario el
despliegue de las facultades de la Administración para evitar que se concrete el
riesgo o el daño previo a que ocurran.

41. En ese sentido la debida diligencia constituye un elemento fundamental del
principio de prevención en materia ambiental, teniendo en cuenta que ello implica la

26 Corte Constitucional. Sentencia C-449/15. Referencia: Expediente D-3748. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo 3 (parcial),
de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.” Demandante: Ricardo Vanegas Sierra.
Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra, 23 de abril de 2002.

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aplicación en el proceder de la administración de los instrumentos legales para
controlar y eventualmente mitigar los posibles daños sobre el medio ambiente. Es
de suma importancia para garantizar la aplicabilidad del mencionado principio, el
proceder de acuerdo con el reglamento o instrumento autorizado. Así, la actuación
diligente implica acciones de preservación y otras de atención a obligaciones,
incluso de carácter internacional.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental como
garantía de los derechos colectivos al goce al ambiente sano

42. En el orden internacional27 existen una serie de instrumentos normativos que
hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Río de Janeiro, adoptada
el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en su preámbulo tiene como objetivo
establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y
las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se
respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de
desarrollo mundial.

43. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, por un
lado, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la Constitución Política y, por el
otro, debido a que el Estado Colombiano los hizo vinculantes por virtud de lo
dispuesto en el numeral 1.º del artículo 1.º de la Ley 99 de 22 de diciembre de
1993.28

44. En efecto, el artículo 1.º Ibidem sobre los principios generales ambientales
dispone que:

“[…] La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios:

1. El proceso económico y social del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de
Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo […]”.

45. En sentido similar, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

27
Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el
19 de julio de 2018, proceso identificado con número único de radicación 270012331000201100179-02(AP), C.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
28
Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones.

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23

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"Protocolo de San Salvador"29, adoptado el 17 de noviembre de 1988, aprobado en
nuestro ordenamiento jurídico por virtud de la Ley 319 de 20 de septiembre de
199630 y promulgado mediante Decreto 429 de 14 de marzo de 200131, estableció:

“[…] ARTICULO 11. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.

2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente […]” (Destacado de la Sala).

46. Ahora bien, en el ordenamiento jurídico interno, el medio ambiente está
amparado por lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional32 ha denominado
la “Constitución Ecológica”, esto es, el conjunto de disposiciones contenidas en la
Carta Política que fijan los supuestos con fundamento en los cuales debe regularse
la interacción entre la sociedad y la naturaleza, con miras a proteger el medio
ambiente.

47. Sobre el particular hay más de 30 disposiciones Constitucionales que
desarrollan la materia, entre las cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95
que prevén: i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y
fomentando la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.

48. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) como un servicio
público y, iii) como un principio que permea el ordenamiento jurídico en su

29
El citado instrumento internacional entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 de acuerdo con lo previsto en su artículo 21,
numeral 3.
30
Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador', suscrito en San Salvador el 17de noviembre de
1988.
31
Por el cual se promulga el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de
1988.
32
Corte Constitucional: Sentencias T-411 de 17 de junio de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-523 de 22 de
noviembre de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-126 de 1 de abril de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-
431 de 12 de abril de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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integridad, dado que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así
como a los particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un
carácter de objetivo social.

49. En relación con el medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional33 ha resaltado su importancia “[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer", toda vez que "la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.

50. Asimismo, sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico, la referida
Corporación en sentencia T-046 de 29 de enero de 199934 precisó lo siguiente:

“[…] cabe señalar que existen unos deberes estatales encaminados a la protección
de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y el fomento de la educación para obtener esos fines, que
comportan igualmente una planificación del manejo y del aprovechamiento de los
recursos naturales de manera que se garantice su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución, así como la prevención y control de los
factores de deterioro ambiental, que se traducen en las acciones más importantes
para que el Estado cumpla con los propósitos especialmente definidos respecto de
la existencia de un medio ambiente sano y equilibrado, las cuales vienen
acompañadas para su eficacia con la correlativa posibilidad de imponer sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados, junto con el deber de
cooperación con otras naciones para la protección de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas (C.P., arts. 8, 79 y 80) […]”.

51. El marco legal en materia ambiental encuentra sus mediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197335 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197436, cuyos artículos 1.° y 2.°, dictan que el medio ambiente es un patrimonio
común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los
particulares y precisan que el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio
Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del
ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la
explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y
regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la

33
Corte Constitucional, sentencia C-699 de 18 de noviembre de 2015, M.P. Diana Fajardo Rivera.
34
M.P. Hernando Herrera Vergara.
35
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos
Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
36
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

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actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

52. Más recientemente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, “Por medio del
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe seguir, haciendo
remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad y el derecho de
los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica, sin perjuicio de la aplicación del
principio de precaución.

53. Finalmente, el goce de un ambiente sano ha sido entendido, tanto por la
Corte Constitucional como por esta Corporación, como un derecho multidimensional
fundamental y colectivo. Al respecto, se considera pertinente citar la sentencia
proferida por esta Sección el 14 de marzo de 201937, en los siguientes términos:

“[…] Atendiendo a este marco constitucional, el goce de un ambiente sano ha sido
entendido por la Corte Constitucional y por esta Corporación judicial, como un
derecho multidimensional fundamental y colectivo38. Precisamente, en sentencia de
28 de marzo de 2014, esta Sección adujo lo siguiente:

“[…]Resulta lógico que dicho derecho cuente con varias dimensiones, toda
vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse
estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud);
ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente
sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii)
de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente
para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras) y,
iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo
de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e
imposición las sanciones a que haya lugar). […]39

Ahora bien, acerca de la noción de medio ambiente y los alcances del derecho al
goce del ambiente sano y existencia del equilibrio ecológico, la Sección Primera del
Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

37
Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de marzo de 2019, C.P.
Roberto AU9usto Serrato Valdés; número único de radicación: 17001-23-00-000-2011-00337-01 (AP).
38
Corte Constitucional. Sentencia C-632 del 24 de agosto de 2011. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Demanda de
inconstitucionalidad contra los articulas 31 y 40 (parcial) de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Actor: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Exp. 0-8379.
39
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 25000-23-
27-000-2001-90479-01 (AP)

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“[…] Así, se ha entendido y desarrollado la noción de medio ambiente como
todo lo que rodea a los seres vivos y comprende elementos biofísicos, los
recursos naturales como el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna,
etc.; y los componentes sociales. Las distintas normativas buscan establecer
la correcta interrelación de los distintos elementos en aras de salvaguardarlo.

En ese orden de ideas, resulta lógico que dicho derecho cuente con varias
dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por
encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida
y a la salud); ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de
un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de
protegerlo); iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio
ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y
futuras), iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente
manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo
sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar) y v) de derecho
colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior.

Es así como, en relación con la primera de las dimensiones reconocidas al
derecho al ambiente sano, como derecho fundamental por su inescindible
relación con los derechos a la vida y a la salud, la Corte Constitucional
determinó:

“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y
a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio
ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así
habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para
la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta
Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los
hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que
el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”40.

Por su parte, respecto de la connotación de derecho deber, se ha precisado:

“Bajo ese entendido, uno de los principios fundamentales del nuevo régimen
constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación, en virtud de la cual, la Constitución
recoge en la forma de derechos colectivos y obligaciones específicas las
pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema.
Estas disposiciones establecen, por ejemplo, (i) el derecho colectivo a gozar
de un ambiente sano, (ii) la obligación estatal y de todas las personas de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, (iii) la obligación del Estado
de prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo
sostenible y (iv) la función ecológica de la propiedad. (…)

De ahí que todos los habitantes del territorio colombiano tienen derecho a
gozar un entorno o hábitat sano y el deber de velar por la conservación de
éste […]” (Subraya inserta en el texto)

[…]

Por ello, el principio de desarrollo sostenible se convierte en el parámetro
que debe guiar las relaciones sociales, ambientales y económicas.

El mencionado principio facilita el proceso de armonización de las tensiones
existentes entre el uso y la explotación de los recursos naturales; con la
necesidad de conservar y proteger el ambiente41. En efecto, el artículo 80 de
la Carta Política consagra una garantía estatal de racionalización de los

40
Corte Constitucional, Sentencia C - 671 de 2001.
41
Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), sentencia de 17 de agosto
de 2017. Radicación número: 20001-23-33-000-2016-00114-01 (AP).

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recursos naturales, a través de la cual se establecen pautas de preservación
del ambiente al interior de la estrategia de crecimiento económico que
promueva el Estado.

A nivel normativo el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, define el desarrollo
sostenible como aquel que: “[…] conduzca al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades […]”. En igual sentido, la Ley 1523
de 201242, dispuso en su artículo 3° que: “[…] el desarrollo es sostenible
cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras
e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del
desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación
insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente constituyen características
irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo
de desastres […]”.

Cabe precisar que este concepto también se nutre de diversos compromisos
multilaterales de los Estados. Particularmente, la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, el
informe Brundtland de 1987, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible Río + 20 de 22 de junio de 2012 y la XXI Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático de 2015, entre otros.

Estos instrumentos internacionales ponen de presente la necesidad de
promover políticas que mantengan y expandan la base de los recursos
naturales desde una estrategia de equidad intergeneracional, la cual
reconoce que: i) es necesario preservar los recursos naturales para el
beneficio de las generaciones futuras; ii) la explotación de los recursos debe
ser sostenible, prudente y racional; y, iii) las consideraciones
medioambientales deben ser parte de los planes de desarrollo.

En efecto, recientemente el Estado Colombiano suscribió el Acuerdo de
París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y aprobado mediante Ley 1844
de 2017, en cuyo marco el gobierno nacional reitera el compromiso global de
armonizar el bienestar de las personas con el de la naturaleza, de manera
que el medio ambiente sea considerado como parte fundamental del proceso
de desarrollo.

Sin embargo, esta actividad de ponderación de ambos bienes jurídicos no
resulta sencilla. Por ello, esta Sección, en la sentencia de 21 de junio de
2001, recordó que el Estado que no puede frenar el desarrollo cuando este
sea sostenible. Es decir, aquel que “[…] lleve al crecimiento económico, al
mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar los
recursos, ni deteriorar el ambiente […]”43.

Sumado a ello, en la sentencia de 18 de marzo de 2010, la Sección Primera
de esta Corporación judicial, al reconocer el escenario complejo que afrontan
las autoridades públicas en la interpretación del principio de desarrollo
sostenible, puso de presente que: “[…] el medio ambiente involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la

42
"Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres".
43
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero.

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diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida
del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural […]”44.

De igual manera, conforme al criterio jurídico definido en la sentencia de 28
de marzo de 201445, el concepto de desarrollo sostenible posibilita el
desarrollo de actividades productivas que conduzcan al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin
agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

Por lo anterior, es dable concluir que, a nivel normativo y jurisprudencial, la
protección del medio ambiente es un tema transversal que tiene como gran
garante al Estado, pero que, sin duda, termina involucrando a todas las
personas (naturales y jurídicas) que habitan y coexisten en el ecosistema
nacional y mundial […]” (Subrayado de la Sala).

Marco normativo sobre la contaminación atmosférica por fuentes móviles

54. Visto el artículo 3 de la Ley 23 de 19 de diciembre de 197346 se considera el
aire como un bien contaminable y el artículo 8 del Decreto 2811 de 18 de diciembre
de 197447, que establece que se consideran factores que deterioran el ambiente,
entre otros: la contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás
recursos renovables, es decir, “[…] [s]e entiende por contaminación la alteración del
ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana
o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la
calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares […]”.

54.1. En ese sentido, el concepto de contaminante se define como “[…] [c]ualquier
elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o
potencialmente pueda producir alteración ambiental […]”.

54.2. El artículo 73 indica que corresponde al gobierno “[…] [m]antener la
atmósfera en condiciones que no causen molestias o daños o interfieran el
desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y de los recursos naturales
renovables […]”.

54.3. El artículo 74 establece la prohibición, restricción o condición sobre la
descarga en la atmósfera “[…] de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y,
en general, de sustancias de cualquier naturaleza que pueda causar enfermedad,

44
Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): Maria Claudia Rojas
Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-
01(AG). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
45
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 25000-23-
27-000-2001-90479-01(AP).
46
“Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos
Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones”.
47
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.

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daño o molestias a la comunidad o a sus integrantes, cuando sobrepasen los grados
o niveles fijados […]”.

54.4. El artículo 75 determina las disposiciones que se deben dictar para prevenir
la contaminación atmosférica relacionadas con: i) la calidad que debe tener el aire;
ii) el grado permisible de concentración de sustancias aisladas o en combinación
capaces de causar perjuicios o deterioro en los bienes, en la salud humana, animal
y vegetal; iii) los métodos más apropiados para impedir y combatir la contaminación
atmosférica; iv) la contaminación atmosférica de origen energético, inclusive la
producida por aeronaves y demás automotores; v) restricciones o prohibiciones a la
importación, ensamble, producción o circulación de vehículos y otros medios de
transporte que alteren la protección ambiental, en lo relacionado con el control de
gases, ruidos y otros factores contaminantes; vi) la circulación de vehículos en
lugares donde los efectos de contaminación sean más apreciables; vii) el empleo
de métodos adecuados para reducir las emisiones a niveles permisibles; y el viii)
establecimiento de estaciones o redes de muestreo para localizar las fuentes de
contaminación atmosférica y detectar su peligro actual o potencial.

54.5. El Decreto 948 de 5 de junio de 199548 establece las normas y los principios
generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control
y atención de episodios por contaminación del aire generada por fuentes
contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de
las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la
fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera.
Tiene por objeto “[…] [d]efinir el marco de las acciones y los mecanismos
administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejorar y
preservar la calidad del aire […]”. Definió los conceptos para la interpretación de las
normas contenidas como el concepto de aire, contaminación atmosférica,
contaminantes, fuentes de emisión y fuente móvil, esta última entendida como “[…]
la fuente de emisión que por razón de su uso o propósito, es susceptible de
desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de
cualquier naturaleza […]” (Destacado fuera de texto).

54.6. El artículo 3 del decreto indica los tipos de contaminantes, dentro de los
cuales se tiene el “[…] monóxido de carbono […]”. El artículo 18 del capítulo III
establece como clasificación de fuentes contaminantes, las “[…] fuentes móviles
[…]” las cuales puede ser aéreas, terrestres, fluviales y marítimas.

48
“Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de
1974; los artículos 41, 42, 43,44, 45, 48 y 49 de la Ley 9a. de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y
control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire”.

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54.7. El capítulo IV en los artículos 36, 37 y 38, determina las condiciones sobre
las emisiones contaminantes de fuentes móviles al prohibir la descarga de esas
emisiones “[…] por vehículos a motor activados por cualquier combustible que
infrinjan los respectivos estándares de emisión vigentes […]”, en específico, “[…]
[s]e prohíbe la descarga al aire, por parte de cualquier fuente móvil, en
concentraciones superiores a las previstas en las normas de emisión, de
contaminantes tales como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos
de nitrógeno (NOX), partículas, y otros que el Ministerio del Medio Ambiente
determine, cuando las circunstancias así lo ameriten […]”. Se prohíben las
emisiones de vehículos diésel que presenten una opacidad superior a la establecida
en las normas de emisión.

54.8. La Resolución 910 de 5 de junio de 200849, vigente para la fecha en que se
profirió la sentencia, en primera instancia, había reglamentado los niveles
permisibles de emisión de contaminantes que deben cumplir las fuentes móviles
terrestres, los requisitos y certificaciones a los que están sujetos los vehículos y
demás fuentes móviles, sean importadas o de fabricación nacional. Igualmente
estableció los operativos de revisión y control de fuentes móviles cada dos meses
dentro de la jurisdicción de cada ente territorial. Posteriormente, la Resolución 762
de 18 de julio de 202250, actualmente vigente, estableció en el artículo 23 la
frecuencia mínima de los operativos de la siguiente forma:

Municipios con población Frecuencia mínima Puntos mínimos/día

> 1,000,000 habitantes 15 días/mes 4

> 300,000 habitantes 4 días/mes 2

> 100,000 habitantes 4 días/año 2

54.8.1. Para la determinación del número de habitantes se debe tener en cuenta la
información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) e incluso se permitió la realización de operativos en la vía en
municipios con población inferior a cien mil (100.000) habitantes.

54.9. El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99, determina las funciones de las
corporaciones autónomas regionales, para ejercer las funciones de evaluación,

49
“Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles
terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones”. Expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
50
“Por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes
móviles terrestres, se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6.1, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan
otras disposiciones”. Expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo y el aire. El artículo
65 establece las funciones de los municipios y los distritos en los numerales 5 y 6
para colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales. El artículo 13 de la
Ley 768 de 2002, igualmente les otorga competencia a los distritos en el área de su
jurisdicción ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del
uso del aire y los demás recursos naturales, las cuales comprenderán la emisión o
incorporación de residuos líquidos, sólidos y gaseosos al aire, así como las
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro los recursos naturales
renovables.

54.10. La sección 4 del Decreto 1076 de 201551 en los artículos 2.2.5.1.4.1 a
2.2.5.1.4.6. regula lo relacionado con las emisiones contaminantes de fuentes
móviles y establece la prohibición de descargar de emisiones contaminantes,
visibles o no, por vehículos a motor activados por cualquier combustible, que
infrinjan los respectivos estándares de emisión vigentes. En la sección 6 los
artículos 2.2.5.1.6.1. a 2.2.5.1.6.7. se determinan las funciones de las autoridades
ambientales encargadas del control y calidad de la contaminación del aire. Por
último, en la sección 8 en los artículos 2.2.5.1.8.1. a 2.2.5.1.8.3. se indican los
mecanismos de evaluación y certificación para fuentes móviles.

54.11. La Resolución 2254 de 1 de noviembre de 201752 que establece la norma de
calidad del aire o nivel de inmisión y adopta disposiciones para la gestión del recurso
aire en el territorio nacional, con el objeto de garantizar un ambiente sano y
minimizar el riesgo sobre la salud humana indica los niveles máximos permisibles
de contaminantes criterio así:

51 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
52
“Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones”.

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54.12. Igualmente ordenó, por un lado, la realización de las mediciones de los
contaminantes de acuerdo con los procedimientos, frecuencias y metodologías
establecidas en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.
Y, por el otro, que las autoridades ambientales competentes deban monitorear las
concentraciones en la atmosfera de carbono negro y otros contaminantes
climáticos, y reportar los resultados al Subsistema de Información sobre Calidad del
Aire (SISAIRE).

55. Esta sección, en relación con el monitoreo de la calidad del aire de fuentes
fijas, ha considerado en sus decisiones la importancia de la protección y el control
de fuentes respecto de la exigencia a las autoridades ambientales en la realización
de mediciones y su respectivo seguimiento, específicamente se determinó en un
caso sobre contaminación del aire que:

“[…] [E]l sistema de monitoreo de la calidad del aire del Valle de Aburrá está
afectado de serias deficiencias que imposibilitan -cuando menos a la
ciudadanía- el conocimiento exacto, oportuno y completo de las condiciones
atmosféricas que se registran con ocasión de las emisiones de todo tipo de
contaminantes y de gases de efecto invernadero.

458. Como ya se ha venido señalando a lo largo de esta providencia, corresponde
al Estado y a los particulares velar por la protección de la diversidad e
integridad del ambiente y los recursos naturales. Así, pues, la planificación
ambiental constituye un aspecto fundamental en orden a materializar dicho
postulado. El Sistema de Información Ambiental impone a las autoridades,
entre otros, el deber de inventariar los bienes del patrimonio natural, así como
de examinar permanentemente el estado de los recursos naturales. Esta,
resulta siendo una actividad esencial a la hora de desplegar una debida planificación
ambiental.

459. Para el caso concreto, el ordenamiento jurídico colombiano les exige a
las autoridades ambientales realizar actividades de observación, medición,
seguimiento, evaluación y control permanentes de los fenómenos de
contaminación atmosférica.

460. Pues bien, la Sala observa que las entidades accionadas no han cumplido
de manera estricta con este deber fundamental que se erige como un medio para
consolidar el derecho a gozar de un ambiente sano, precisamente por las
deficiencias que presenta el sistema de monitoreo de la calidad del aire del Valle de
Aburrá.
[…]

462. Las entidades accionadas no demostraron las razones por las cuales
las estaciones de monitoreo del municipio de Girardota no se encuentran en
las condiciones adecuadas para entregar de manera exacta, oportuna y
completa los informes sobre las concentraciones de los contaminantes que
podrían encontrarse en la atmósfera. Como muestra de esta afirmación, se
exponen los siguientes hallazgos:

i) La estación GIR-INDE del municipio de Girardota no funcionó entre febrero
y diciembre de 2014, con lo cual no se logró obtener el promedio anual de
contaminación que exige la ley. Pero la estación tampoco logró obtener los datos
suficientes para determinar la concentración promedio del único mes de ese año
que fue objeto de medición, esto es, de enero.

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Valga destacar que dicha estación fue configurada para revelar las concentraciones
de PM2.5 en la atmósfera, esto es, de un contaminante que puede causar serios
efectos en la salud de los seres humanos; tal y como lo reconoció el Tribunal de
primera instancia, «el más perjudicial para la salud».

ii) Durante el 2015, la estación GIR-SOSN del municipio de Girardota solo
empezó a funcionar el 4 de septiembre. Tampoco se explicó el motivo por el cual,
durante el lapso que no operó dicha estación (enero – agosto), no se reportaron las
mediciones adecuadas de PM2.5 por parte de la estación GIR-INDE, la cual se
encontraba funcionando con anterioridad. Lo cierto es que, para ese año, no se pudo
reportar un promedio anual de PM2.5, sino sólo desde septiembre hasta diciembre,
aclarando que en el mes de septiembre no se obtuvo el mínimo de datos para revelar
la concentración promedio de ese mes.

iii) De igual forma, durante el 2016, las estaciones GIR-IECO y GIR-SOSN del
municipio de Girardota solo operaron durante los meses de enero a mayo de ese
año, con lo cual no se logró obtener el promedio anual de las concentraciones de
contaminantes atmosféricos.

iv) El A.M.V.A. no publicó el documento «Aunar Esfuerzos para Operar la Red
de Monitoreo de Calidad del Aire, Meteorología y Ruido en el Valle de Aburrá» para
el municipio de Girardota y sus emisiones durante el 2017.

v) Finalmente, el sistema de monitoreo de calidad del aire que se encuentra
disponible en la página web de del A.M.V.A., no revela las mediciones de
contaminantes atmosféricos del Valle de Aburrá ni de Girardota, desde el 2018 a la
fecha.

vi) Además, las informaciones sobre la calidad del aire que allegó el A.M.V.A.
durante el término de traslado para alegar de conclusión ante esta instancia, no
incluyen el segundo semestre de los años 2018 y 2019, ni las mediciones del 2020.
Esta circunstancia no solamente hace evidente la deficiencia del sistema de
monitoreo de la calidad del aire, sino que también denota la falta de diligencia por
parte de esa entidad para allegar ante esta Sección los informes que permiten
valorar la eficacia de su gestión administrativa en lo relacionado con la protección
del ambiente y los recursos naturales.

463. Visto lo anterior, resulta evidente que el sistema de monitoreo de
calidad del aire, debido a sus grandes deficiencias, no ha podido ser
implementado con éxito en el municipio de Girardota.

464. Es necesario que la ciudadanía se entere en torno a si la calidad del aire
que respira representa o no una afectación para su salud. Para ello, la ley
establece dos parámetros de medición: un promedio anual y otro diario. Pues
bien, el hecho de que las autoridades no estén tomando los recaudos del caso
para obtener los datos que permitan precisar el promedio de las
concentraciones diarias y anuales de contaminantes atmosféricos de manera
completa y oportuna, representa una amenaza para los derechos colectivos
aquí invocados.

465. En otras palabras, los episodios críticos de contaminación atmosférica que
se han presentado en el Valle de Aburrá, aunado a que el sistema de medición de
contaminantes atmosféricos no permite conocer de manera oportuna,
pormenorizada y completa la calidad del aire de las personas expuestas, hace
procedente la acción popular de la referencia.

466. Como puede observarse, dicho sistema de información no solo debe
ser eficiente, sino que también debe ser público, accesible para cualquier
persona, especialmente para la población expuesta a las emisiones de
contaminantes atmosféricos. Las personas tienen derecho a conocer el estado

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de los recursos naturales, sobre todo cuando ello tiene efectos directos sobre
su salud […]”53 (Destacado fuera de texto).

55.1. Se resalta, por un lado, que si bien la sentencia anterior se relaciona con la
medición de contaminación por fuentes fijas, sus consideraciones son aplicables a
este caso en que se estudia la posible vulneración o amenaza de derechos e
intereses colectivos con ocasión de falencias en la medición de contaminación por
fuentes móviles, en la medida en que: i) en esta sentencia se analiza en forma
general el “sistema de monitoreo de la calidad del aire” y su importancia en torno
al conocimiento exacto, oportuno y completo de las condiciones atmosféricas que
se registran con ocasión de las emisiones “[…] de todo tipo de contaminantes y de
gases de efecto invernadero […]”, que pueden ser originados tanto por fuentes fijas
como por fuentes móviles; ii) se predica que “[…] corresponde al Estado y a los
particulares velar por la protección de la diversidad e integridad del ambiente
y los recursos naturales […]” y que “[…] la planificación ambiental constituye
un aspecto fundamental en orden a materializar dicho postulado […]”, con la
claridad de que el Sistema de Información Ambiental impone a las autoridades,
entre otros, el deber de examinar permanentemente el estado de los recursos
naturales, entre ellos, la calidad del aire; consideración que es aplicable tanto a la
contaminación derivada de fuentes fijas como a fuentes móviles, teniendo en cuenta
que, como se explica en la precitada sentencia, “[…] el ordenamiento jurídico
colombiano les exige a las autoridades ambientales realizar actividades de
observación, medición, seguimiento, evaluación y control permanentes de los
fenómenos de contaminación atmosférica […]”.

55.1.1. En ese caso se explicó que las entidades accionadas no habían cumplido
de manera estricta con este deber fundamental que se erige como un medio para
consolidar el derecho a gozar de un ambiente sano, precisamente por las
deficiencias que presenta el sistema de monitoreo de la calidad del aire, situación
que se argumenta y, como se verá, se evidencia igualmente en este caso, pero con
ocasión de la ausencia de monitoreo de las fuentes móviles, con ocasión de la
ausencia de instrumentos para ello. Adicionalmente, la Sala prohíja las
consideraciones de ese caso en torno a que, en el marco del goce de un ambiente
sano y de la garantía del derecho a la sanidad, se erige el derecho de la ciudadanía
en torno a conocer “[…] si la calidad del aire que respira representa o no una
afectación para su salud […]”, lo cual no solo implica el cumplimiento de
obligaciones en torno al monitoreo de fuentes fijas, sino también de las fuentes

53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 12 de noviembre de 2020, NUR
050012333000201800501-02; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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móviles porque tanto una como la otra contribuyen en forma determinante a la
contaminación atmosférica, con la claridad, en los términos explicados en ese caso,
que “[…] el hecho de que las autoridades no estén tomando los recaudos del
caso para obtener los datos que permitan precisar el promedio de las
concentraciones diarias y anuales de contaminantes atmosféricos de manera
completa y oportuna, representa una amenaza para los derechos colectivos
aquí invocados […]”. Se trata de un sistema que debe ser eficiente, público y
accesible para cualquier persona, especialmente para la población expuesta a las
emisiones de contaminantes atmosféricos porque las personas tienen derecho a
conocer el estado de los recursos naturales, sobre todo cuando ello tiene efectos
directos sobre su salud.

55.1.2. En suma, se reitera que es deber del Estado y de los particulares el de velar
por la protección de la integridad del medio ambiente por medio del Sistema de
Información Ambiental, que impone a las autoridades el deber de inventariar y
examinar el estado de los recursos ambientales y de las fuentes de contaminación
-sean estas móviles o fijas- para planificar las medidas de protección posterior a la
observación, medición, seguimiento, evaluación y control de los fenómenos
atmosféricos.

55.2. En este caso, se comprobó la importancia de la actividad de medición para
la obtención de datos que permitan determinar el promedio de las concentraciones
diarias y anuales de contaminantes atmosféricos y la ausencia de información
obtenida por medio de esa actividad, lo cual representaba una amenaza a los
derechos colectivos invocados.

56. En esa misma línea, esta Sala54 en un caso sobre olores ofensivos determinó
el alcance de la queja y la obligación de la autoridad ambiental para analizar y
verificar técnicamente los umbrales de tolerancia frente a los olores ofensivos
mediante el criterio estadístico, así: “[…] los niveles permisibles de calidad del aire,
mediante las evaluaciones de inmisión y/o de emisión de sustancias constitutivas
de olores ofensivos. Todo esto, se reitera, con el fin último de garantizar el debido
ejercicio de los derechos de la colectividad […]”.

56.1. Se consideró la finalidad preventiva de este mecanismo constitucional y en
ese sentido se estableció que “[…] [e]l estado de indeterminación o incertidumbre
acerca de la magnitud de los olores ofensivos percibidos por la comunidad,

54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 13 de junio de 2016, NUR
680012333000201500962-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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propiciado por la autoridad ambiental so pretexto del cumplimiento litúrgico de la
Resolución 2087 de 2014, sin duda lleva implícito la posibilidad de perturbación de,
entre otros, el derecho a gozar de un ambiente sano. En ese caso, la acción popular
se torna procedente en su modalidad de daño contingente, es decir que, ante
aquella afectación respecto de la cual no se tiene certeza de su acaecimiento
pasado o futuro, en relación con un hecho potencialmente perjudicial, es
deber del juez de la acción popular adoptar las medidas adecuadas para
eliminar el riesgo al que estarían sometidos los derechos colectivos (finalidad
preventiva -apartado X.2.-) […]”.

Análisis del caso concreto

57. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir
el caso concreto.

58. El Tribunal consideró que existía una omisión persistente de las entidades
accionadas en el cumplimiento de sus deberes legales en lo relacionado con la
medición de contaminantes de las fuentes móviles, y que, como consecuencia de
ello, no ha sido posible conocer con precisión los niveles de contaminación
derivadas de éstas en el Departamento del Quindío.

59. Encontró probado que la única entidad que cuenta con equipos para la
medición de fuentes móviles de contaminación es la Corporación Autónoma
Regional pero que; sin embargo, estos se encontraban dañados y debido a eso no
se realizaban los operativos en los términos de la Resolución 910 de 2008. La
anterior razón es precisamente la justificación de las demás entidades para no
cumplir con la actividad de medición. En ese sentido, el Tribunal consideró que, si
bien, las medidas implementadas y probadas por las entidades contribuían al
cumplimiento de las normas de tránsito, ello no permitía analizar el nivel de
contaminación de las fuentes móviles.

60. El Tribunal explicó la existencia de una responsabilidad compartida de las
entidades demandadas para realizar los operativos de verificación de emisiones a
las fuentes móviles en circulación y que incluso la falta de equipo no es la razón
para no dar cumplimiento a la norma –Resolución 910 de 2008-, porque se probó
con la información recaudada que los centros de diagnóstico automotor cuentan con
los elementos de medición y que se podrían realizar convenios de cooperación o

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contratos con personas naturales o personas jurídicas que demuestren capacidad
técnica para realizar los operativos.

61. El Tribunal determinó que no es posible deducir el cumplimiento del deber de
realizar los operativos de revisión con la sola mención de haberse programado ni
con la exhibición de imágenes de los vehículos involucrados, porque ello no
conduce a establecer los valores de las mediciones obtenidas. De igual forma,
dentro del acervo probatorio no obra el inventario de emisiones atmosféricas de
fuentes móviles de cada uno de los municipios del departamento, lo cual no permite
realizar un balance general del estado de contaminación derivado de esas fuentes.

62. En lo que tiene que ver con la información allegada sobre las fuentes fijas, el
Tribunal considero que el tema ya había sido agotado en la sentencia del 6 de
febrero de 2020 y que esa información tampoco significaba que se estuviera dando
cumplimiento a la Resolución 910 de 2008.

63. Por lo anterior, el Tribunal consideró amparar el derecho colectivo
amenazado, entendiendo la importancia del cumplimiento de las mediciones a
contaminantes de fuentes móviles para adoptar las medidas preventivas,
correctivas y sancionatorias correspondientes.

64. En consecuencia ordenó: i) a la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
dentro del término de 6 meses adelantar todas las actuaciones necesarias, sean de
índole administrativo, presupuestal y/o contractual para reparar su equipo de
medición de contaminantes a fuentes móviles, lograr la consecución de uno nuevo
o realizar los convenios de cooperación o contratos; ii) en cumplimiento de lo
anterior, realiza la programación de los operativos de verificación de las emisiones
en cada una de sus jurisdicciones y junto con el instituto en los municipios
respectivos, mínimo cada dos meses y de acuerdo con la siguiente programación;

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65. Además, estableció: iii) adelantar los procesos sancionatorios a que haya
lugar con ocasión del incumplimiento; iv) el levantamiento de un informe que
contenga las entidades responsables, los vehículos objeto de revisión, el resultado
y las decisiones adoptadas, el cual será presentado cada dos meses al Tribunal; v)
la actualización por parte de la corporación y los demás demandados del inventario
de emisiones atmosféricas de fuentes móviles para cada ente territorial; vi) la
corporación deberá realizar en el plazo de 18 meses un balance general de las
condiciones atmosféricas en el Departamento del Quindío; y vii) se exhortó a la
corporación para que cumpla a cabalidad con las visitas de verificación de los
Centros de Diagnóstico Automotor.

66. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub
examine son las siguientes55:

67. En efecto, las pruebas relevantes para resolver el caso concreto,
relacionadas con los supuestos a probar conforme se indicó supra, son las
siguientes:

68. Copia del oficio núm. 00004122 del 2 de abril de 2019 56, suscrito por el
Subdirector de Regulación y Control Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío. El cual indicó en relación con los operativos de verificación
de emisiones de gases a las fuentes móviles: “[…] [e]n cuanto a esta solicitud le
informo que la Corporación Autónoma Regional del Quindío realizó 6 operativos en

55
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
1ED_000INDICETRIBUNALQUI
56
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
3ED_002RESPUESTAOFICION

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el año 2017 y seis operativos en el año 2018 en vía en acompañamiento de las
secretarias de tránsito respectivas, en el año 2019 se presentan fallas en los
equipos por lo cual no se han iniciado los operativos hasta que se solucionen
dichas fallas […]”. (Destacado fuera de texto)

69. Copia del oficio núm. ST-PTM-CS-005245 del 22 de abril de 201957, suscrito
por el Subcomandante de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Armenia, mediante el cual se determinó:

“[…] 1. La secretaria de Tránsito y transporte de Armenia efectuó control operativo
a fuentes móviles contaminantes en diciembre de 2018, para 2019, los operativos
de control de reinician a partir del mes de abril del año enciso (sic).

2. La secretaria e (sic) tránsito y transporte no cuenta con equipos móviles de
medición, ni personal operativo capacitado en estos temas, para estas actividades
se contratan los servicios de un CDA que aporta los equipos y el personal idóneo
para la captura de muestras con equipos propios durante las actividades operativas.
3. Para el año 2016 se realizaron dos (2) procesos sancionatorios derivados de la
vigilancia y control de fuentes móviles, para el año 2017 se realizaron catorce (14)
procesos sancionatorios derivados de la vigilancia y control de las fuentes móviles
y para el año 2018 se realizaron diez (10) procesos sancionatorios derivados de la
vigilancia y control de las fuentes móviles. Dicha información fue suministrada por
las inspecciones de Tránsito y Transporte.

4. Los procesos de vigilancia y control establecidos por la entidad en cuanto a los
parámetros máximos y procedimientos que se manejan frente a los limites máximos
de emisión permisibles según el Articulo 6 y 7 de la Resolución 910 de 2008 que es
para límites máximos de emisión permisibles para vehículos bi-combustibles
gasolina-gas natural vehicular o gasolina -GLP también motocicletas, motociclos y
moto triciclos nos muestra los niveles de emisión accionadas con gasolina (cuatro
tiempos) en marcha mínima o ralentí, a temperatura normal de operación.
[…]

5. En la vigencia 2018 y 2019 se suscribió convenio con la siguiente finalidad d (sic)
“prestación de servicios con equipo especializado para el control de emisiones
contaminantes a fuentes móviles (vehículos automotores) que circulan en el
municipio de Armenia”.

6. Relaciono el número de comparendos realizados del año 2016 a 2018 67 por
infracción D17, que corresponde a vehículos que no cumplen con la norma sobre
emisión de gases contaminantes, Articulo 131 literal C35 de la ley 769 de 2002.

7. Envió formato de parque Automotor de los buses de Transporte publico municipal
o intermunicipal que iniciaron los trámites inherentes a política publica de
modernización del parque automotor de carga y que por ende dichos buses no
exceden los 20 años de servicio y cumplen con la resolución 332 de 2017 el
Ministerio de Transporte […]”.

70. Copia del oficio núm. 00007257 de 17 de mayo de 201958, suscrito por el
Subdirector de Regulación y Control Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, en el que se determinó:

57
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
5ED_004RESPUESTAPETICION
58
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
6ED_005RESPUESTASUBDIREC

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Núm. único de radicación: 630012331000201900218-01

“[…] Resolución 910 de 2008, le informo que la corporación ha venido realizando los
operativos en vía al menos 6 veces al año, cabe corregir que en el año 2017 se
realizaron 5 operativos a vehículos a gasolina y diésel, cuyos resultados arrojaron
fueron que el 52% de los vehículos monitoreados en el año 2017 fueron rechazados
y para el año 2018 el 77.8% a gasolina y el 22.2% a diésel fueron rechazados, el
presente año no se ha comenzado a realizar operativos debido a que los equipos
han presentado fallas, situación que se está solucionando por parte de los técnicos
de esta entidad. También desde el trabajo de control y seguimiento que realiza esta
entidad se realiza regulación y control y seguimiento a los centros de diagnóstico
automotor en cuanto a los equipos y procedimientos que tengan que ver con el tema
de gases en el departamento del Quindío se tienen 9 CDA con certificado ambiental
en materia de revisión de gases vigentes, de los cuales 5 son en la ciudad de
ARMENIA, además se cuenta con un programa de control y seguimiento de
emisiones atmosféricas para fuentes fijas y móviles, en el cual se tiene programado
realizar mínimo dos visitas al año de control y seguimiento, además dentro de las
obligaciones de los CDA deben enviar cada mes los datos de los vehículos
inspeccionados, lo cual se hace una revisión por parte de esta oficina.

Resolución 2254 de 2017, en cuanto a esta resolución la entidad solamente realiza
la medición de los contaminantes criterio PM10 establecidos sus niveles permisibles
en el artículo 1, no realizamos la medición de los parámetros establecidos en el
artículo 4.

71. Copia del oficio núm. CT-331 de 16 de julio de 201959 suscrito por un
funcionario del área técnica, registros y control del tránsito del Instituto
Departamental de Tránsito del Quindío, en el que se indicó que: “[…] [e]l Instituto
Departamental de Tránsito realizo operativo en compañía con la CRQ estamento en
el cual tiene los equipos propios para realizar la revisión de gases a vehículos
automotores o fuentes móviles. Por tal motivo nosotros como organismos de
tránsito estamos implementando operativos con la CRQ en la programación
que esta misma entidad bien considere […]”. (Destacado fuera de texto)

59
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
8ED_007RESPUESTAPETICION

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Núm. único de radicación: 630012331000201900218-01

72. Copia del oficio núm. 00011192 del 1 de julio de 201960 suscrito por el
Subdirector de Regulación y Control Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, por medio del cual se estableció:

“[…] Cordialmente informo que en los meses de enero a octubre del año 2018, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO C.R.Q., no realizó los
operativos en la frecuencia establecida por la norma citada, debido a fallas en
los equipos. Sin embargo, en los meses de noviembre y diciembre del año 2018,
funcionarios del grupo de emisiones atmosféricas en conjunto con los funcionarios
de la Secretaria de Transito del Municipio de Quimbaya realizaron en esta
municipalidad los operativos. Así mismo, con el Instituto Departamental de Tránsito
del Quindío, IDTQ, se efectuaron operativos en los Municipios de Salento, Circasia,
Montenegro y Pijao, siendo la prioridad los operativos al transporte público y las
volquetas.

Ahora, respecto a los Artículos 16 y 17 de la Resolución 910 de 2008, “Por la cual
se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán
cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948
de 1995 y se adoptan otras disposiciones […]. Cordialmente informo que las
sanciones previstas en estos artículos son competencia de la autoridad de tránsito
[…]”. (Destacado fuera de texto)

72.1. En relación con el numero de operativos que se deben realizar de acuerdo
con la Resolución 910 de 2008, vigente para la época, se indicó:

“[…] no establece que se deba realizar con cada una de las Secretarías de Tránsito
del Departamento.

Como se manifestó en el punto 1, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
QUINDÍO C.R.Q., en los meses de noviembre y diciembre del año 2018, en conjunto
con los funcionarios de la Secretaría de Tránsito del Municipio de Quimbaya
realizaron en esta municipalidad los operativos pertinentes. Así mismo, con el apoyo
del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ, se efectuaron operativos
en los Municipios de Salento, Circasia, Montenegro y Pijao.

Es preciso mencionar que la Secretaría de Transito de Armenia, formalizó un
contrato para realizar operativos en las vías, sin previo acompañamiento de esta
Autoridad Ambiental. […]”.

73. Copia del Oficio núm. 00004503 de 9 de abril de 2019, por el cual se da
respuesta al Oficio núm. 3318 de 201961, suscrito por el Subdirector de Regulación
y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en el que
se determinó: “[…] [d]e acuerdo a su solicitud “préstamo de instrumentos de
medición de la calidad de aire (opacímetro analizador de gases, etc)”, le informo
que la Corporación para esa fecha no podrá realizar el préstamo de los
equipos de monitoreo de emisiones de gases a fuentes móviles, debido a que
dichos equipos presentan fallas y a la fecha no se han solucionado, sin

60
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
8ED_007RESPUESTAPETICION
61
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
17ED_017SOLICITUDSECRETAR

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Núm. único de radicación: 630012331000201900218-01

embargo para cuando se tengan los equipos operando se tendrá en cuenta esta
secretaria de transito y transporte dentro del cronograma de operativos para
realizarlos en su jurisdicción […]”. (Destacado fuera de texto)

74. Copia del oficio F-DSTMRT-T de 16 de enero de 202062, suscrito por la
Subsecretaria de Tránsito y Transporte (e) del Municipio de Quimbaya, en el cual
se solicitó el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional del Quindío
para realizar el monitoreo de gases que generan los buses y demás automotores
que transitan por el municipio y hace parte del plan de mejoramiento de la
subsecretaria en el tema ambiental y de protección del entorno.

75. Copia del oficio núm. SRCA-606-2020, de fecha 9 de septiembre de 202063,
suscrito por el Subdirector de Regulación y Control Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, por medio del cual indicó en relación con los
operativos realizados en la vía con los Municipios de la Tebaida y Calarcá para el
año 2020:

“[…] Le informo que en el año 2020, ya se han realizado operativos en vía con las
secretarías de transito de la Tebaida y Calarcá, los días 22 de julio y 12 de agosto,
respectivamente, y se tiene programado para los días 16 de septiembre en el
municipio de Calarcá y 25 de septiembre en el municipio de la Tebaida, realizar
nuevamente operativos en vía en esos municipios, también cabe anotar que para el
último trimestre de 2020, se tiene programado realizar operativos en vía a fuentes
móviles con una empresa acreditada por el IDEAM, por lo cual ya la CRQ está
adelantando el proceso precontractual con PCT 730, y con un presupuesto de
$18.000.000, cuyo objeto es “Realizar operativos de verificación de gases de
combustión en fuentes móviles correspondientes a vehículos accionados con ciclo
diésel y vehículos que operan ciclo otto de servicio público y particulares,
motocicletas, motociclos, mototiciclos, motocarros y cuatrimotos, accionadas tanto
con gasolina (cuatro tiempos) como con mezcla gasolina-aceite (dos tiempos) en el
departamento del Quindío”, razón por la cual no se ha efectuado ningun (sic)
requerimiento a estos municipios, por cuando se contado con el acompañamiento
de estos para la realización de los operativos en vía.

75.1. En lo que tiene que ver con los elementos para la medición de emisiones de
gases y opacidad, la corporación indicó que, el equipo con el que contaban presentó
fallas en el año 2019 y por esa razón no se realizaron operativos. Para el año 2020,
según la corporación, se adelantaron algunos operativos así:

“[…] en donde se tiene programados realizar un total de 11 operativos de gases a
fuentes móviles al transporte público del departamento del Quindío en compañía de
las secretarias de tránsito y transporte del departamento (Armenia, Calarcá, La
tebaida y Quimbaya) y con el Instituto Departamental de Transito del Quindío-IDTQ,
a continuación se presenta el cronograma:

62
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
23ED_023MEMORIALTRANSITOQ
63
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
78ED_07527RESPUESTAVERI

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Cabe anotar que los equipos con los que se están realizando los operativos en vía
en la vigencia 2020, son propiedad del Centro de Diagnóstico CENDA y los cuales
se encuentran acreditados por la ONAC para su operación, y los que están en
préstamo por la CRQ para la realización de los 11 operativos en mención […]”.
[…]

En el año 2019, la entidad suscribió el convenio No 011-2019, cuyo objeto fue “Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, académicos para la recolección
primaria de información de movilidad vehicular en la zona urbana del municipio de
Armenia, que sirva como insumo para el conocimiento de las emisiones generadas
por fuentes móviles”, dicho estudio analizó el comportamiento del tránsito en la
ciudad de Armenia, mediante aforos vehiculares en 15 intersecciones, durante 7
días de la semana en periodos de 16 horas y 8 horas dependiendo de la jerarquía y
su ubicación geográfica. El estudio de aforos vehiculares permitirá definir y
sectorizar los mayores volúmenes de tránsito en la ciudad de Armenia, su
caracterización, las horas de mayor demanda y servirá de base para seleccionar y
medir algunos parámetros contaminantes de la calidad del aire en áreas urbanas,
que incidan en la salud pública y los recursos naturales.

Es importante mencionar que este estudio es un insumo para la realización del
inventario de emisiones de gases de fuentes móviles en el casco urbano de la ciudad
de Armenia, el cual como ya se mencionó estará listo en el año 2021, para llegar al
inventario de emisiones de gases de fuentes móviles se requiere complementar
otros análisis e investigaciones, además de correr un modelo matemático, para la
vigencia 2020, se planteo (sic) el proyecto 5 “Gestión de la Calidad del Aire y del
Ruido Ambiental” y la actividad 3 “Realizar un estudio técnico para el levantamiento
de información de línea base del diagnóstico de la Calidad del Aire en el municipio
de Armenia”, Acción 1 “Realización de un inventario de fuentes móviles”, con un
rubro presupuestal de $80.000.000 […]”.

76. Copia del oficio núm. ST-PTM-SD- de 16 de septiembre de 202064, suscrito
por el Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, por medio del cual se indican
los operativos que se realizaron en compañía de la Corporación Autónoma Regional
del Quindío, sin embargo, en el resultado se estableció “[…] Se encontró en óptimas
condiciones […]”. Se adjuntó la siguiente tabla:

64
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
80ED_07531OPERATIVOSTRA

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76.1. En relación con la ejecución de actividades u operaciones futuras, dejó claro
que: “[…] [e]n cuanto a la ejecución de acciones futuras, estamos supeditados a la
disponibilidad del equipo contratado por la CRQ y a la agenda que esta entidad tiene
disponible con los diferentes organismos de tránsito del departamento para la
realización de controles a fuentes contaminantes en esta jurisdicción […]”.

77. Copia del oficio núm. 645 de fecha 19 de noviembre de 2020, suscrito por el
Subsecretario de Tránsito y Transporte de la Alcaldía del Municipio de Quimbaya65,
mediante el cual se da respuesta a la solicitud sobre el informe de actividades
realizadas a emisiones atmosféricas, se indicó:

“[…] [C]on el fin de ejercer control sobre la emisión de gases contaminantes por
parte del parque automotor que circula en el área del municipio, esta subsecretaria
ha realizado un operativo en el mes de septiembre, instalando los equipos de la
CRQ en un sitio estratégico, donde se efectuó la revisión de gases a las busetas
que prestan servicio público de transporte de pasajeros de este municipio a la ciudad
de armenia. Y en el mes de octubre nuevamente se coordinó con la CRQ para
realizar operativos de revisión de coordinó gases, instalando sus equipos en la
empresa de buses que prestan servicio de pasajeros desde este municipio a la
ciudad de Pereira, armenia, Cartago, Alcalá y otros municipios circunvecinos. De
otro lado por parte del personal de reguladores y agentes de tránsito en el mes de
septiembre se realizaron 15 puestos de control sobre las vías principales del
municipio, solicitando a los diferentes conductores de los vehículos de servicio
público, particular y motocicletas que porten al día la revisión tecno mecánica del
vehículo para su desplazamiento, teniendo como resultado la elaboración de cinco
(5) ordenes (sic) de comparendo Nacional para el mes de septiembre. De igual forma
en el mes de octubre se realizaron 16 puestos de control sobre las diferentes salidas
del municipio donde se verifico que los vehículos que salen e ingresan a nuestro
municipio porten todos sus documentos, en especial la revisión tecno mecánica y
de gases, en este mes fueron realizadas siete (7) ordenes (sic) de comparendo por
no portar el certificado de la revisión tecno mecánica y de gases al día. En lo que ha
transcurrido del mes de noviembre se han realizado 10 puestos de control con el
personal de agentes y reguladores adscritos a esta subsecretaria de tránsito, en
donde se han elaborado a la fecha un total de doce (12) ordenes (sic) de
comparendo a diferentes vehículos que no portaban el certificado de revisión tecno
mecánica y de gases […]”.

65
Cfr. Cuaderno principal del Tribunal, del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
64ED_067PASOALDESPACHOTAQ que contiene el siguiente link:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectribadmarm_cendoj_ramajudicial_gov_co/Elf4tv-
WjlNJto31mpaJUlMB9kGpiPaKPf7D4igcKZl-oQ?e=UNHOIK
archivo denominado: 080RequerimientosAuto8Octubre

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Núm. único de radicación: 630012331000201900218-01

78. Copia del oficio núm. OAJ -147/ 2020 de 10 de octubre de 202066, suscrito
por el asesor jurídico del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, por medio
del cual informó sobre la realización de monitoreos a la calidad del aire y determinó
que: “[…] El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, con jurisdicción en los
municipios de Filandia, Circasia, Salento, Córdoba, Buenavista, Pijao, Génova y
Montenegro, no ha realizado monitoreos a la calidad del aire, toda vez que esta
entidad no es una autoridad ambiental y no le corresponde dicha actividad; de igual
manera carece del equipo técnico y tecnológico para desarrollar los mencionados
monitoreos […]”.

79. Copia del oficio núm. SETTE–1788-2020 de 9 de noviembre de 202067,
suscrito por la secretaria de Tránsito y Transporte de la Tebaida, respecto de la
estrategia para la prevención y el control de la contaminación del aire, se señaló
que:
“[…] [Q]ue por situaciones presupuestales no ha sido posible llevar a cabo el
proceso contractual pero se ha estimado la necesidad y pertinencia de realizar
durante la próxima vigencia 2021, el proceso de revisiones a automotores, a fin de
establecer si se encuentran cumpliendo con los niveles permitidos de emisiones de
gases; para determinar si pese a contar con certificado de revisión técnico mecánica
y de emisiones contaminantes, cumplen con las condiciones técnicas exigidas en
cuanto a emisión de gases. Para tal efecto, la Secretaria de Tránsito y Transporte
de la Tebaida realizará proceso contractual donde cuente con un equipo
especializado para el control de emisiones contaminantes a fuentes móviles
(Vehículos automotores) que circulan en el Municipio de la Tebaida.
[…]

Sin embargo desde la Secretaria se realizan controles operativos y han extendido
194 órdenes de comparendo por a infracción C35, en el marco de los cambios
normativos introducidos por los artículos 201 y 202 del Decreto Ley 019 de 2012
toda vez que debemos tener en cuenta que no portar la revisión técnico mecánica y
de emisiones contaminantes o portarla vencida es una infracción de tránsito, de
conformidad con el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21
de la Ley 1383 de 2010 […] ”.

80. Copia del oficio núm. SRCA-885 del 5 de noviembre de 202068, suscrito por
el Subdirector de Regulación y Control Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, por medio del cual indicó:

66
Cfr. Cuaderno principal del Tribunal, del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
64ED_067PASOALDESPACHOTAQ que contiene el siguiente link:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectribadmarm_cendoj_ramajudicial_gov_co/Elf4tv-
WjlNJto31mpaJUlMB9kGpiPaKPf7D4igcKZl-oQ?e=UNHOIK
archivo denominado: 080RequerimientosAuto8Octubre
67
Cfr. Cuaderno principal del Tribunal, del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
64ED_067PASOALDESPACHOTAQ que contiene el siguiente link:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectribadmarm_cendoj_ramajudicial_gov_co/Elf4tv-
WjlNJto31mpaJUlMB9kGpiPaKPf7D4igcKZl-oQ?e=UNHOIK
archivo denominado: 080RequerimientosAuto8Octubre
68
Cfr. Cuaderno principal del Tribunal, del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
64ED_067PASOALDESPACHOTAQ que contiene el siguiente link:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectribadmarm_cendoj_ramajudicial_gov_co/Elf4tv-
WjlNJto31mpaJUlMB9kGpiPaKPf7D4igcKZl-oQ?e=UNHOIK
archivo denominado: 080RequerimientosAuto8Octubre

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Núm. único de radicación: 630012331000201900218-01

“[…] [e]n cuanto a los equipos de medición de gases a fuentes móviles propiedad
de la CRQ, le informo que estos se encuentran descompuestos y la entidad les dará
de baja, por lo cual para suplir estos equipos la entidad en el año 2020, pidió
cooperación con el préstamo de los equipos de medición de gases a fuentes móviles
y personal idóneo a la empresa CENDA, con el fin de llevar a cabo 11 operativos
preventivos de medición de gases a fuentes móviles en el departamento del Quindío,
en compañía con las 4 secretarias de tránsito del Departamento (La Tebaida,
Armenia, Calarcá y Quimbaya) y el instituto departamental del transito del Quindío,
también la entidad está adelantando un proceso de contratación con un presupuesto
de dieciocho millones de pesos ($18.000.000)M/cte, para ejecutar en los meses de
noviembre y diciembre del 2020, cuyo objeto es “Prestar servicios en la Subdirección
de Regulación y Control Ambiental en la realización de operativos de verificación de
gases de combustión a fuentes móviles accionados con gasolina (cuatro tiempos)
como con mezcla gasolina-aceite (dos tiempos)”, con una empresa autorizada por
el IDEAM, esto último se seguirá llevando a cabo en los años venideros (convenios
de cooperación o contratos con personas naturales o personas jurídicas), con
el fin de cumplir con la resolución 910 de 2008 […].

81. Copia del oficio núm. Smysv: 979-2020 del 10 de septiembre de 202069 por
medio del cual se da respuesta al oficio OJ 2020-629, suscrito por el Subsecretario
de Movilidad y Seguridad Vial del Municipio de Calarcá, en el que se indicó: “[…]
este organismo actualmente no realiza monitoreo a la calidad del aire, debido a que
no cuenta con los equipos necesarios para tales fines. Se han adelantado controles
de opacidad a los vehículos de servicio público, que su motor trabaja a diésel, lo
anterior en apoyo interadministrativo con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL QUINDÍO, operativos que se han adelantado de manera
educativo, es pertinente mencionar que para el próximo 16 del presente mes y
presente año, se realizara otro control enfocado a la opacidad […]”.

82. Copia del documento de septiembre de 200770, que contiene el estudio
realizado por el Grupo de investigación en aerosoles contratado por la Corporación
Autónoma Regional del Quindío -Contrato de prestación de servicios profesionales núm.
676 de 2008-, por medio del cual se realiza la evaluación de las emisiones
atmosféricas generadas a partir de la evaluación de fuentes móviles en la ciudad de
Armenia, el cual determinó para las emisiones por combustión en el exosto los
siguientes resultados:

69
Cfr. Cuaderno principal del Tribunal, del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
64ED_067PASOALDESPACHOTAQ que contiene el siguiente link:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectribadmarm_cendoj_ramajudicial_gov_co/Elf4tv-
WjlNJto31mpaJUlMB9kGpiPaKPf7D4igcKZl-oQ?e=UNHOIK
archivo denominado: 075PruebasEntidades/ 075.1MunicipioCalarca
70
Cfr. Cuaderno principal del Tribunal, del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
64ED_067PASOALDESPACHOTAQ que contiene el siguiente link:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectribadmarm_cendoj_ramajudicial_gov_co/Elf4tv-
WjlNJto31mpaJUlMB9kGpiPaKPf7D4igcKZl-oQ?e=UNHOIK
archivo denominado: 025CdAnexosPruebas/025.1SoportesAcciónPopular

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“[…]

Los resultados directos de emisiones en exosto muestran que para la
mayoría de los tipos de vehículos encontrados en la ciudad de Armenia el
contaminante que se encuentra en mayor proporción corresponde al
monoxido, y solamente para pick up (LDGT) el contaminante es VOC,
mientras que para camiones y volquetas (HDDV) el contaminante es el NOx
[...]”.

82.1. En el mencionado estudio se llegó a las siguientes conclusiones: “[…] Los
Buses son los mayores generadores de CO2, SO2 y NOx en todos los puntos
evaluados, a pesar de la poca edad del parque automotor. El punto con las mayores
emisiones de CO2, SO2 y NOx corresponde al terminal de transportes. El punto con
la mayor emisión de monóxido de carbono (CO) es el punto de la estación Bomberos
Norte (Glorieta Calle 2N), seguido muy de cerca por la estación Hotel Maitama y el
Bosque, todo ello generado por el enorme flujo de automóviles en dichas vías […]”.

83. Copia del documento de enero de 202071 denominado programa de control y
seguimiento emisiones atmosféricas de la Subdirección de Regulación y Control
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, el cual definió dentro
de su alcance: “[…] En ejercicio de la función legal de vigilancia y control, las
autoridades ambientales competentes, realizarán operativos de verificación de
emisiones contaminantes a las fuentes móviles en circulación, en conjunto con las
secretarías y demás organismos de tránsito departamentales, distritales y
municipales, al menos 6 veces al año dentro de su jurisdicción […]”. Se recomendó
a la entidad “[…] [d]isponer los recursos técnicos, operativos y de logística para las
actividades de control y seguimiento ambiental a las fuentes fijas, móviles y de ruido
[…]”.

71
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archivo denominado: 075PruebasEntidades / 075.2InformesCorporacinCRQ

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Núm. único de radicación: 630012331000201900218-01

84. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

85. La Sala considera que, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, y conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…]
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo
30 de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba corresponderá al demandante […]”,
sin perjuicio de la posibilidad para el juez de impartir órdenes para suplir las
deficiencias probatorias y, de ser el caso, obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir sentencia de mérito.

86. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado72, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por la Sección
Primera, consideró lo siguiente:

“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:

“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por
razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el
juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella.

En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de
lo establecido en el inciso anterior, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el
juez podrá ordenar su práctica con cargo al fondo para la defensa de los derechos e
intereses colectivos.”

En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho
colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
vulneración […] Es así, que la Sala confirmará la sentencia impugnada […]”73
(Destacado fuera de texto).

72
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010, NUR
150012331000200501867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010,
NUR 250002325000200501345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección Primera, sentencia de 22 de enero
de 2009, NUR 680012315000200300521-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de
abril de 2010, NUR 680012315000200301472-01(AP), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de
julio de 2008, NUR 250002326000200500240-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.
73
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010, NUR
410012333000200401275-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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Núm. único de radicación: 630012331000201900218-01

87. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y
30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167
de la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta
Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 202074.

88. La Resolución 762 de 2022 en el artículo 23 reglamenta los niveles
permisibles de emisión de contaminantes que deben cumplir las fuentes móviles
terrestres de carretera en circulación. El artículo 2 de la Ley 769 define el nivel de
emisión de gases contaminantes como la cantidad descargada de gases
contaminantes por parte de un vehículo automotor u otra clase de fuentes móviles,
la cual es establecida por la autoridad competente. La resolución mencionada
ordena realizar operativos de revisión para la verificación de emisiones de fuentes
móviles terrestres de carretera en circulación, en colaboración con las autoridades
ambientales y las autoridades departamentales, distritales y municipales de tránsito,
establece la periodicidad para la realización de esos operativos de acuerdo con el
número de habitantes en una frecuencia mínima y unos puntos mínimos por día y
la imposición de las sanciones por parte de las autoridades competentes.

89. Para el cumplimiento de la función anteriormente indicada se debe tomar en
consideración los equipos y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas
Colombianas 423175, 498376 y 536577. Para la Sala, se probó en el proceso, que la
Corporación Autónoma Regional del Quindío; por un lado, es la única entidad que
tiene un equipo propio para realizar las mediciones; y, por el otro, que desde el año
2019, de acuerdo con lo manifestado por la misma Corporación Autónoma Regional
del Quindío, el equipo presentó fallas, de acuerdo con lo manifestado por el
Subdirector de Regulación y Control Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, en cuanto informó “[…] que en los meses de enero a octubre
del año 2018, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO C.R.Q.,
no realizó los operativos en la frecuencia establecida por la norma citada, debido a

74
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2020 NUR
150012333000201500316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
75
“Procedimientos de evaluación y características de los equipos de flujo parcial necesarios para medir las emisiones de
humo generadas por las fuentes móviles accionadas con ciclo diésel. método de aceleración libre”.
76
“Calidad del aire. Evaluación de gases de escape de vehículos automotores que operan con ciclo otto. Método de ensayo
en marcha mínima (ralentí) y velocidad crucero, y especificaciones para los equipos empleados en esta evaluación”.
77
“Calidad del aire. Evaluación de gases de escape de motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos,
accionados tanto con gas o gasolina (motor de cuatro tiempos) como con mezcla gasolina aceite (motor de dos tiempos).
Método de ensayo en marcha mínima (ralentí) y especificaciones para los equipos empleados en esta evaluación”.

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fallas en los equipos […]”78. Información ratificada igualmente por los municipios del
Departamento del Quindío en las respuestas a los requerimientos realizados, por lo
que la Sala considera que, en este caso, no hay información actualizada sobre la
contaminación del aire por fuentes móviles derivada de la ausencia de equipos o
fallas en estos.

90. Los municipios demandados y el Instituto Departamental de Tránsito del
Quindío establecieron que no tienen los equipos propios para realizar la revisión de
gases a fuentes móviles y que dependen exclusivamente de la programación que
establezca la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Sin embargo, para el
año 2020 según lo mencionado por la corporación autónoma regional en relación
con los operativos realizados en la vía con los Municipios de la Tebaida y Calarcá,
estos fueron adelantados con equipos de propiedad del Centro de Diagnóstico
CENDA acreditado para su operación.

91. Al proceso se allegó documentación que da cuenta de la realización de
operativos para la revisión de la documentación relacionada con el cumplimiento de
las exigencias del Código Nacional de Tránsito, pero no sobre los resultados
obtenidos en los operativos de revisión con el uso de un equipo móvil para
verificación de gases contaminantes; adviértase que, según se indicó anteriormente
y probó, el único equipo para la revisión de fuentes contaminantes móviles es de
propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

92. En ese orden, la Sala considera que, en este caso, es necesario aplicar el
principio de prevención porque, si bien, no existe en el expediente una prueba que
permita concluir con certeza absoluta que, en la actualidad, los niveles de
contaminación por emisiones de fuentes móviles están sobrepasando los límites
permisibles en la zona objeto de esta acción popular, esa falta de certeza no es de
naturaleza científica o técnica, sino derivada de la omisión de las autoridades
ambientales en la realización de los operativos de revisión en los términos y con el
equipo dispuesto para ello, de acuerdo con lo ordenado en su momento por la
Resolución 910 de 2008 y actualmente por la Resolución 762 de 2022. Las pruebas
recaudadas tampoco permiten concluir que se ha efectuado alguna labor
contractual, técnica o presupuestal para corregir la mencionada dificultad.

93. En ese entendido, de conformidad con la normativa aplicable y los desarrollos
jurisprudenciales anteriormente citados, incluido el caso en que se analizó la

78
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
8ED_007RESPUESTAPETICION.

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contaminación derivada de fuentes fijas, es de suma importancia establecer por
medio de la prueba técnica idónea los límites de emisión permisibles con la finalidad
de garantizar el conocimiento de las autoridades y particulares sobre los niveles de
contaminación atmosférica y el origen de los mismos con el propósito de que, dado
el caso, se adopten las medidas correctivas a que haya lugar o se inicien los
respectivos procesos sancionatorios, de acuerdo con la Ley 769.

94. Para la Sala es imperativo que las autoridades ambientales competentes, en
conjunto con las secretarías y demás organismos de tránsito departamentales,
distritales y municipales, en cumplimiento de su función de vigilancia y control,
realicen los operativos de revisión de las fuentes móviles con los equipos de
medición y el personal técnico idóneo; ello, teniendo en cuenta que, si bien, se
reitera, no está probado algún nivel de contaminación atmosférica derivada de las
fuentes móviles, en el caso concreto, en el marco del principio de prevención,
tampoco se probó que se estén adelantando acciones para cumplir con el deber
mencionado y en los términos establecidos en la norma, lo cual constituye una
amenaza que debe ser objeto de medidas de protección.

95. En este punto, la Sala considera que, en este caso, la amenaza de los
derechos e intereses colectivos no tiene origen en el incumplimiento de las normas,
sino en las consecuencias en materia ambiental y de sanidad que se pueden derivar
para el medio ambiente y para la comunidad con ocasión de la falta de control por
parte de las autoridades competentes en torno a la contaminación atmosférica
derivada de fuentes móviles.

96. En ese orden, la Sala modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia el 21 de enero de 2021, en el sentido de clarificar que la afectación de los
derechos e intereses colectivos en este caso no se atribuye a título de vulneración
porque no está probado que con ocasión de la falta de control de la contaminación
derivada de las fuentes móviles se haya generado contaminación atmosférica, sino
de amenaza, derivada de la falta de control periódico por parte de las autoridades,
en relación con la contaminación atmosféricas derivada de fuentes móviles.

97. Igualmente se modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia teniendo en cuenta que, si bien, para la fecha en la
que fue proferida se encontraba vigente la Resolución 910 de 2008, posteriormente
fue expedida la Resolución 762 de 2022, y, en ese orden de ideas, las órdenes se
deben fundamentar con esta última para garantizar una mejor protección de los
derechos e intereses colectivos invocados.

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98. Ahora bien, en lo relacionado con el inventario de emisiones ordenado en la
sentencia proferida, en primera instancia, el apelante manifiesta que la información
recolectada para su realización debe ser mínimo de un año, que el término que se
otorgó por el Tribunal no es suficiente y que, por ello, solicita que se amplíe el
término a 18 meses.

99. Al respecto, se debe tener en cuenta que, según la guía para la elaboración
de inventarios de emisiones atmosféricas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible del año 2017, los inventarios en los procesos de gestión de calidad del
aire son instrumentos indispensables para la toma de decisiones al ser el punto de
partida para la implementación, evaluación y ajuste de programas y medidas de
control, tendientes a mejorar la calidad del aire. Además, se menciona que, un
inventario de emisiones debe ser completo y preciso, en la medida de las
posibilidades técnicas disponibles y de acuerdo con los objetivos planteados.

100. El proceso de elaboración de un inventario de emisiones atmosféricas consta
de cuatro etapas: a) formulación; b) planificación; c) ejecución; d) evaluación y
actualización. Según la guía mencionada la estimación de emisiones generadas por
fuentes móviles puede ser bastante compleja, porque involucra aspectos como la
tipología vehicular, las características del combustible, el diseño y las condiciones
de funcionamiento del motor, los dispositivos de control utilizados, los ciclos de
conducción, el estado de la red vial, entre otras.

101. En ese sentido, se accederá a la solicitud presentada por la Corporación
Autónoma Regional del Quindío y se modificará el término de 12 a 18 meses para
la realización de la actualización del inventario de emisiones atmosféricas de
fuentes móviles para cada ente territorial, a excepción del municipio de Armenia,
teniendo en cuenta que este término incluye que los municipios demandados deban
aportar la información y coordinar con la corporación los tiempos de entrega.

102. Lo anterior, sin perjuicio de que, en el evento que durante la ejecución de la
sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional
a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo del Quindío, en el marco del
Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

103. En lo que tiene que ver con el argumento del recurso de apelación presentado
por el apoderado judicial del Municipio de Armenia, relacionado con la condena en

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agencias en derecho a ese Municipio, téngase en cuenta que si bien, en la sentencia
proferida, en primera instancia, se declaró probada de oficio la excepción de cosa
juzgada parcial, frente a las pretensiones relacionadas con: i) el cumplimiento de la
Resolución 2254 de 2017; ii) la puesta en marcha de las estaciones de monitoreo
en la ciudad de Armenia de las fuentes fijas; y iii) la actualización del inventario de
fuentes móviles de ese Municipio.

104. También, en la sentencia que es objeto del recurso de apelación, en este
caso concreto, se resolvió declarar “[…] no probadas las excepciones invocadas
así: la de falta de legitimación en la causa por pasiva por el municipio de Armenia
[…]”; y se ordenó en el ordinal cuarto, en relación con el precitado Municipio, que: i)
en forma coordinada con la Corporación Autónoma Regional del Quindío, debía “[…]
programar los operativos de verificación de las emisiones de que trata la Resolución
910 de 2008 [hoy Resolución 762 de 2022] […]”; ii) debía “[…] adelantar los
procesos sancionatorios a que haya lugar con ocasión del incumplimiento a los
límites de emisión […]”; y iii) que, como entidad territorial, debía, en relación con
“[…] cada uno de los operativos realizados […] levantar un informe en el que
incluirán los vehículos objeto de evaluación […]”.

105. Es de resaltar que en la sentencia de 21 de enero de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío se consideró en relación con el Municipio de
Armenia, lo siguiente:

“[…] [P]ara que en caso de encontrarse que se excede el límite permitido de
emisiones de material particulado a la atmosfera se adopten las medidas urgentes
y necesarias no solo para reducir el nivel de contaminación a los niveles
normales y admisibles, sino para salvaguardar la salud y la integridad física
de los habitantes del municipio.

“[…] [P]ara en forma coordinada y dentro de los 18 meses siguientes a este fallo y
previas las apropiaciones presupuestales correspondientes procedan a actualizar
el diagnóstico de la calidad de aire del municipio de Armenia así como el
inventario de emisiones atmosféricas de fuentes móviles para dicho ente
territorial, así como adoptar las medidas pertinentes que se deriven de ellas
[…]” (Destacado fuera de texto).

106. Teniendo en cuenta lo anterior, si bien, se considera que la sentencia de 6
de febrero de 2020 si constituyó cosa juzgada en relación con el Municipio de
Armenia en torno a la orden de actualización de inventario de emisiones de fuentes
móviles, dicha situación no impide que en esta instancia se confirme la condena en
agencias en derecho efectuada, debido a que, por un lado, las órdenes impartidas
en relación con el Municipio de Armenia no fueron objeto de apelación; por el otro,
en la sentencia proferida, en primera instancia, se accedió a las pretensiones de la
demanda y se atribuyó responsabilidad a dicho Municipio en materias que no fueron

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abordadas en la sentencia de 6 de febrero de 2020 -en especial sobre fuentes
móviles-; y, en consecuencia, se impartieron consecuencialmente órdenes
tendientes a la protección del derecho colectivo invocado en relación con esta
entidad territorial, según se explicó anteriormente.

107. En ese sentido es pertinente traer a colación la sentencia de unificación
proferida por esta Corporación79 en la que se determinó el alcance del artículo 38
de la Ley 472 de 1998 y su interpretación a la luz del artículo 365 de la Ley 1564 de
2012, en el sentido de admitirse el reconocimiento de las agencias en derecho a
favor del actor popular siempre que la sentencia le resulte favorable y el pago estará
sujeto a su causación y comprobación.

Conclusiones

108. La sala considera que se encuentra probada la amenaza del derecho e
interés colectivo al goce de un ambiente sano, por causa de la ausencia de un
equipo de medición móvil y revisiones periódicas que permita obtener certeza sobre
el estado actual de los niveles de contaminación atmosférica en el Departamento
del Quindío.

109. En consecuencia, se modificará el ordinal tercero en el sentido de clarificar
que la afectación de los derechos e intereses colectivos se atribuye a título de
amenaza y no de vulneración, también se modificará el ordinal cuarto en cuanto a
la fundamentación de las órdenes en los términos señalados por la Resolución 762
de 2022 y se confirmará en lo demás la sentencia proferida, en primera instancia,
por el Tribunal Administrativo del Quindío.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia de 21 de enero de 2021 proferida por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia, las cuales quedarán así:

79
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 6 de agosto de 2019; C.P. Rocío Araújo
Oñate; NUR 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.

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“TERCERO: DECLARAR la amenaza del derecho colectivo al goce de un
ambiente sano, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

CUARTO: Para hacer efectivo el amparo del derecho colectivo vulnerado, se
imparten las siguientes órdenes:

• La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ deberá dentro del
término de 6 meses contados a partir de la notificación de esta decisión
adelantar todas las actuaciones necesarias, sean de índole administrativo,
presupuestal y/o contractual para reparar su equipo de medición de
contaminantes a fuentes móviles, lograr la consecución de uno nuevo o
realizar los convenios de cooperación o contratos en los términos señalados
en el artículo 23 de la Resolución 762 de 2022.

• Cumplido lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Quindío -
CRQ deberá en forma coordinada con los municipios de Armenia, Calarcá,
La Tebaida y Quimbaya programar los operativos de verificación de las
emisiones de que trata la Resolución 762 de 2022 a las fuentes móviles en
circulación en cada una de sus jurisdicciones. Así mismo, deberá efectuar
estos operativos junto al Instituto Departamental de Tránsito del Quindío -
IDTQ en los municipios de Salento, Filandia, Pijao, Circasia, Buenavista,
Génova, Córdoba y Montenegro.

Estos operativos deben realizarse como mínimo con la periodicidad
establecida en el artículo 23 de la Resolución 762 de 2022 y en los términos
establecidos en dicha normativa.

• Los entes territoriales a través de sus Secretarías de Tránsito y el
Instituto Departamental de Tránsito del Quindío - IDTQ deberán adelantar
los procesos sancionatorios a que haya lugar con ocasión del
incumplimiento a los límites de emisión que establece la Resolución 762 de
2022 para fuentes móviles de contaminación.

• De cada uno de los operativos realizados las entidades responsables
deberán levantar un informe en el que incluirán los vehículos objeto de
evaluación, contaminantes medidos, resultado de la medición y decisiones
adoptadas según corresponda. Estos deberán presentarse cada dos meses
ante esta Corporación teniendo en cuenta que en ese período deben
haberse realizado al menos un operativo en cada uno de los muncipios del
Quindío.

• La Corporación Autónoma Regional del Quindío junto a cada uno de
los entes accionados (excepto el municipio de Armenia) deberán en forma
coordinada y dentro de los 18 meses siguientes a la notificación de este fallo

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y previa las apropiaciones presupuestales respectivas, actualizar el
inventario de emisiones atmosféricas de fuentes móviles para cada ente
territorial y adoptar las medidas pertinentes que se deriven de ellas.

• La Corporación Autónoma Regional del Quindío en el plazo de 18
meses contados a partir de la notificación de esta decisión y con la
información recaudada de las actividades dispuestas anteriormente, deberá
hacer un balance general de las condiciones atmosféricas en el
Departamento del Quindío”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 21 de enero de 2021
proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

CUARTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
Administrativo del Quindío, dejando las anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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