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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00912-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00912-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECONOCER a la abogada a Ledia María Cifuentes Rendón, portadora de la tarjeta profesional n.º 84.519 del Consejo Superior de la Judicatura, para que En lo relacionado con dicho alegato, se evidencia que, si bien el actor no proporcionó de manera completa los radicados de los procesos en mención, sí indicó cuáles habían sido los magistrados ponentes de las decisiones, pudiendo concluir que ninguno de los casos fue conocido por la misma Sala que falló el caso del señor Suárez». 21 Providencias proferidas al interior de los procesos: «250002326000-2001-01493-01 […], 13001- 23-31-000- 1999-01306-01(25583) […], 19001-23-31-000- 2006-00426-01(36684) 22 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573 de 2017 y C-590 de 2005. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Yorleni Andrea Pérez Rodríguez y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00912-01 actúe en representación de los accionantes, conforme a la sustitución de poder que obra en el aplicativo Samai. SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia de 19 de marzo de 2025, que NEGÓ la solicitud de amparo, para en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00912-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de junio de 2025

Demandantes: Yorleni Andrea Pérez Rodríguez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión
y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00912-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, cinco [5] de junio de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00912-01
Demandantes: YORLENI ANDREA PÉREZ RODRÍGUEZ Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SÉPTIMA DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial - Reparación directa - Revoca
negativa y declara improcedente por falta de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 19
de marzo de 2025, proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 18 de febrero de 2025, la señora Yorleni Andrea Pérez Rodríguez y otros1, a
través de apoderada, presentaron acción de tutela contra el Juzgado Veintisiete
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Decisión, con el fin de que se les protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, «indemnización por daños antijurídicos causados
por el Estado, el derecho a la independencia y correcta administración de justicia, a
la igualdad y a la tutela judicial efectiva»2.

Las referidas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión
de las sentencias proferidas el 16 de enero de 2017 y 11 de diciembre de 2024, por
las autoridades judiciales en mención, que negaron, en las respectivas instancias,

1
Santiago Hernán Madrigal Pérez, Ana Cecilia Madrigal Espinosa, Angela María Madrigal, Juan
Diego Herrera Madrigal, Dahiana Herrera Madrigal, Cesar Alejandro Madrigal, Luz Mary Osorio
Madrigal, Diana Marcela Madrigal Espinosa, Luisa María Madrigal Espinosa, Sara Martínez Madrigal,
Gloria Elena Madrigal, Jorge Andrés Ortega Madrigal, Laura Fernanda García Madrigal, Mariana
Ortega Madrigal, Marisela Mena Moreno, Yirney Patricia Mosquera Mena, Mariana Mosquera Mena,
Maryi Melissa Mosquera Mena, Luz Marina Palacios Palacios, Franklin Agualimpia Palacios, Nelson
Mosquera Palacios, Martha Lucia Palacios Palacios, Dayrin Antonio Mosquera Murillo y Clara María
Mosquera Córdoba.
2
Transcrito con posibles errores ortográficos del texto original.

1
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Demandantes: Yorleni Andrea Pérez Rodríguez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión
y otro
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las pretensiones del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 05001-33-33-027-2013-00983-00/01.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

Se solicita amparar los derechos fundamentales invocados y conculcados a los
accionantes, dejando sin efecto las sentencias No. 303 del 11 de diciembre de 2024
y 005 de enero 16 de 2017 proferidas dentro del proceso de reparación directa
radicado 05001333302720130098300, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD Y JUZGADO VEINTISIETE
ADMINISTRATIVO ORAL CIRCUITO DE MEDELLÍN; y en consecuencia ordenar
una sentencia de conformidad con las hechos y consideraciones expuestos,
accediendo a la reparación integral de los demandantes3.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• La señora Yorleni Andrea Pérez Rodríguez y otros4 ejercieron el medio de control
de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional por los perjuicios causados con ocasión de la muerte de los soldados
profesionales Jairo Hernán Madrigal y Yilman Mosquera Palacios5, al considerar
que se les sometió a un riesgo superior al que ordinariamente deben estar
sometidos.

• El 16 de enero de 2017, el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín negó las pretensiones al exponer que no se probó que existió una falla
en el servicio por error táctico y operacional de los superiores. Razón por la cual,
resolvió que se acreditaron las excepciones de inexistencia de medios probatorios,
riesgo propio del servicio y hecho de un tercero.

• El 11 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima
de Decisión confirmó la decisión del a quo, al considerar que la muerte de los
soldados profesionales «tuvo lugar sin que mediara una falla de la administración y
que ambas muertes se dieron como consecuencia directa de la concreción de un
riesgo propio del servicio militar, esto es, la posibilidad de ser atacado por el
enemigo, situación que, […] es aceptada y asumida por quienes voluntaria y
profesionalmente ingresan a las filas de las Fuerzas Armadas y para el cual son
plenamente integrados».

• Dicha providencia fue notificada el 12 de diciembre de 2024.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Los tutelantes consideraron que la autoridad judicial accionada incurrió en los

3
Transcrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original.
4
Mencionados en la referencia 1.
5
Ocasionada por la activación de un artefacto explosivo improvisado.

2
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defectos: fáctico y desconocimiento del precedente.

Resaltaron que el tribunal de cierre omitió valorar diversos testimonios6, como los
de los «soldados GRANDA DAVID Y PULGARIN MONSALVE», así como las
declaraciones7 recibidas al interior del proceso disciplinario aportado al expediente
contencioso, de las cuales se puede concluir la acreditación del riesgo excepcional,
en atención a que el comandante de unidad no cumplió con los protocolos de
seguridad.

Agregaron que no valoraron: las ordenes operacionales de carácter permanente con
fecha enero 01 de 2011; ni la misma orden de operaciones 134; el reporte de hechos
anteriores donde soldados perdieron la vida por activación de artefactos explosivos,
y mucho menos las lecciones aprendidas por los hechos ocurridos el 09 de agosto
de 2011.

Por su parte, en lo que tiene que ver con el desconocimiento del precedente,
señalaron que en los hechos de 9 de agosto de 2011 fallecieron tres soldados
profesionales8, y si bien se negaron las pretensiones frente a los familiares de Jairo
Hernán Madrigal y Yilman Mosquera Palacios, sí se accedió a lo requerido en la
demanda radicada por los familiares de Gustavo Adolfo Usuga Carvajal.

En efecto, destacaron que la «Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia, integrada por los magistrados MARTHA NURY VELASQUEZ
BEDOYA (PONENTE), JAIRO JIMENEZ ARISTIZABAL Y ANDREW JULIAN
MARTINEZ MARTINEZ, (Rdo. 05001333300420130058001) en sentencia de 23 de
junio de 2021, declaró la responsabilidad del Estado a título de riesgo excepcional
por cuanto la víctima fue sometida a un riesgo mayor al que asumió
voluntariamente».

Agregaron que se debió llegar a la misma conclusión en ambos procesos, porque
«[s]e trata de dos providencias producidas por autoridades de la misma jerarquía, e
incluso por el propio funcionario ya que la DRA MARTHA NURY VELASQUEZ
BEDOYA integró las salas en dichas decisiones, e incluso en el radicado
05001333300420130058001 del soldado USUGA fue la ponente», máxime cuando
«se allegaron prácticamente las mismas pruebas».

Señalaron que también se desatendió el antecedente en donde se debatió la
responsabilidad de la Nación por la muerte del «SLP. YUNIER ROMAÑA
QUEJADA, compañero de patrulla de los soldados GUSTAVO ADOLFO USUGA
CARVAJAL, JAIRO HERNAN MADRIGAL, YILMAN MOSQUERA PALACIOS, del
mismo Escuadrón “CORCEL II”, [que] muere casi un año después, […], también por
artefacto explosivo improvisado activado por radiofrecuencia, […]. La Sala Cuarta

6
«soldados GRANDA DAVID Y PULGARIN MONSALVE […] DAIRON ALONSO GRANDA DAVID
y LEON ARNULFO PULGARIN MONSALVE».
7
Las declaraciones de «CS. TORRES VEGA WILMER OLIVERIO, PF. PULGARIN QUINTERO
JULIAN DAVID, PF SUAREZ GUERRA UBERNEY, PF. VARGAS RIVERA ROLANDO ALEXIS. PF.
LONDOÑO BLANDON RODRIGO ANDRES, PF. LOPEZ MONTOYA CARLOS MARIO, SS. OCORO
VALENCIA JHONNY, Y EL TE. VAQUIRO ALDANA IVAN RODOLFO».
8
«GUSTAVO ADOLFO USUGA CARVAJAL, JAIRO HERNAN MADRIGAL, YILMAN MOSQUERA
PALACIOS».

3
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Demandantes: Yorleni Andrea Pérez Rodríguez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión
y otro
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de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el radicado
05001333302420140142501, declaró administrativa y patrimonialmente
responsable a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL,
a título de falla en el servicio, […]».

Finalmente precisaron que se desatendió el precedente vertical contenido en tres
providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado9, sin embargo, los
tutelantes solo se limitaron a citar algunos apartes de esos proveídos y a resaltar
los presupuestos generales de cuándo se configura un riesgo excepcional en casos
por muerte de soldados profesionales.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 20 de febrero de 2025 el magistrado sustanciador de la primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar como demandados al Juzgado
Veintisiete Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión.

Por su parte, vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso a la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión por
intermedio del magistrado a cargo del despacho sustanciador de la providencia
controvertida, solicitó declarar improcedente el mecanismo, al exponer que la tutela
no cuenta con el respaldo suficiente para acreditar alguno de los defectos alegados,
luego entonces lo pretendido es discutir nuevamente sobre la responsabilidad por
la muerte de los soldados profesionales.

Precisó que en la providencia controvertida se valoró la totalidad del material
probatorio aportado al expediente, del cual se pudo concluir que ambas muertes se
dieron como consecuencia directa de la concreción de un riesgo propio del servicio
militar.

Enfatizó que no se acreditó el cargo por desconocimiento del precedente, porque,
en lo que respecta a las decisiones de los tribunales regionales, «lo cierto es que la
decisión fue adoptada por una sala distinta a la que emitió la providencia tutelada,
por tanto, se trata de decisiones adoptadas por salas de decisión diferentes y con
igual jerarquía y, por ende, debe decirse que no puede alegarse que una u otra
decisión vincule a ambas salas».

1.6.2. El Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito Judicial de Medellín,
a través del juez instructor, señaló que, en lo que respecta a su decisión, se

9
Providencias proferidas al interior de los procesos: «250002326000-2001-01493-01 […], 13001-23-
31-000- 1999-01306-01(25583) […], 19001-23-31-000- 2006-00426-01(36684).

4
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garantizaron todos los derechos de las partes y profirió sentencia con sujeción a la
normatividad aplicable.

1.6.3. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, pidió que
se negaran las pretensiones del mecanismo, porque las autoridades judiciales
accionadas resolvieron de conformidad con el material probatorio, del cual se pudo
concluir que las muertes se dieron en servicio y bajo el riesgo propio de la profesión
de soldados.

1.7. Fallo impugnado

El 19 de marzo de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado negó la solicitud de tutela al considerar que «el análisis probatorio efectuado
por el tribunal demandado se encuentra debidamente soportado en la integridad del
material probatorio allegado al plenario».

Aclaró que:

[…] la sentencia proferida el 23 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, […], aunque en principio se trató de un daño ocasionado por los mismos
hechos ahora discutidos, lo cierto es que la carga probatoria en ambos fue diferente,
pues, por ejemplo, en ese proceso se anexó, entre otros, «copia de la indagación
adelantada por la Fiscalía 16 ante Jueces Penales del Circuito Especializado de
Medellín con el delito de homicidio agravado y utilización de medios y métodos de
guerra ilícitos por la muerte del señor Gustavo Adolfo Carvajal».

32. Además, se trató de una decisión adoptada por una sala de decisión distinta a la
ahora tutelada, sin que constituya un precedente de obligatorio cumplimiento, pues,
se insiste, las decisiones están fundamentadas en lo que dentro del proceso se logró
acreditar y de conformidad con la interpretación del juez natural del asunto, por lo que
no es posible ordenar que una decisión prevalezca frente a la otra.

33. En esas condiciones, lo que se evidencia es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la
medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, sin que la
solicitud de tutela pueda convertirse en una tercera instancia.

1.8. Impugnación10

Los accionantes reiteraron los cargos por defecto fáctico y desconocimiento del
precedente «horizontal y vertical», destacaron que las pruebas que permitieron
acceder a las pretensiones en el caso 05001333300420130058001 son las mismas
que en el asunto 05001333302720130098300, y precisaron que los antecedentes
proferidos por las autoridades de la misma jerarquía sí tienen fuerza vinculante.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

10
El fallo fue notificado el 24 de abril de 2025, la impugnación se presentó el 28 siguiente.

5
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Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por la señora Yorleni Andrea Pérez Rodríguez y otros, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa – sustitución de poder

El 3 de junio de 2025 la apoderada de los accionantes presentó escrito en el cual
manifestó que sustituía el poder a ella conferido a la abogada Ledia María Cifuentes
Rendón, en consecuencia, y como el mandato inicial no prohíbe tal actuación
procesal11, se reconocerá como apoderada de los tutelantes a la señora Ledia María
Cifuentes Rendón.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 19 de marzo de 2025, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado al interior del presente mecanismo
constitucional.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201212
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

11
Artículo 75. Designación y sustitución de apoderados. […] Podrá sustituirse el poder siempre que
no esté prohibido expresamente […].
12
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
13
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
14
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».

6
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.16

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201417, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde

15
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Énfasis de la sala.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.

7
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definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia18.

Sobre el particular, se considera que, diferente a lo expuesto por el a quo, este
asunto no es relevante constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primer lugar, se recuerda que el fundamento de la autoridad judicial accionada
para negar las pretensiones es que si bien los accionantes del proceso contencioso
acreditaron las circunstancias de tiempo y lugar de la muerte de los soldados
profesionales, no probaron que el fatídico desenlace se diera con ocasión de una
falla en el servicio materializada en un riesgo excepcional.

En esta oportunidad los tutelantes buscan que se declaren los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente, porque a su juicio, de las pruebas obrantes en el
expediente ordinario, es posible inferir la responsabilidad de la Nación, máxime
cuando existen diversos medios probatorios que ponen en evidencia el indebido
actuar del comandante de unidad porque no cumplió con los protocolos de
seguridad para el efecto. Además, porque en una demanda que se adelantó por
mismos hechos, el resultado fue distinto al punto que se accedieron a las
pretensiones.

Aclarado lo anterior, en primera medida se debe enfatizar que en materia de tutelas
contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en
asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el
estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre
constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela, ya que de
no hacerlo, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas,
se convertiría el mecanismo en una tercera instancia.

Además, que si bien la tutela puede ser procedente para controvertir decisiones de
cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones de cierre, también es importante
resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional hace especial énfasis en la
carga argumentativa que se debe tener cuando se pretende dejar sin efectos una
providencia judicial que se encuentra revestida por el principio de la cosa juzgada.

2.5.1.1. Ahora, para resolver este asunto, resulta pertinente recordar que los cargos
de la impugnación se podrían resumir en la oposición que tienen los tutelantes frente
a la forma como se valoraron las pruebas, así como la obligatoriedad de aplicar el
precedente horizontal respecto de las decisiones proferidas por una sala de igual
jerarquía.

En este orden de ideas, esta colegiatura no pasa por alto que en la solicitud de
amparo se reiteraron los cargos que se elevaron tanto en la demanda como en la
apelación, aspecto que, prima facie, permite deducir a esta colegiatura que se
intenta reabrir el debate probatorio.

18
Énfasis de la sala.

8
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Al respecto, esta sala advierte que el juez natural de la causa se enfrenta a múltiples
posibilidades hermenéuticas en su labor de valoración probatoria, y no le
corresponde al juez constitucional señalar cuál es la «correcta», pues se vulneraría
la independencia y autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite
ordinario, donde cabe destacar que, de hacerlo, esta Sección se convertiría en una
tercera instancia.

En consecuencia, se considera que si bien la parte actora intentó exponer las
razones por las cuales considera que el tribunal accionado incurrió en una
«vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales» o en «una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales», en realidad lo que se
evidencia es una mera inconformidad con el análisis probatorio efectuado por el ad
quem.

En otras palabras, constituye un deber para los accionantes exponer con suficiencia
los motivos de inconformidad o las actuaciones vulneradoras de sus derechos
fundamentales sobre todo cuando se trata de tutelas ejercidas contra providencias
judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces
constitucionales un estudio más riguroso de la materia, sin que sea admisible que
el juez de tutela puede imponer su valoración frente al material probatorio, que para
el caso de la referencia, obedece a una controversia en donde por un lado se
encuentran los accionantes que consideran que se configuró la falla en el servicio,
y por otro lado el juez natural de la causa, que a raíz de un análisis del material
probatorio, concluyó, que a su juicio, los lamentables decesos de los soldados
profesionales se dieron por un riesgo propio de la profesión, sobre todo cuando pudo
constatar «las características de la operación, la estructura delincuencial que se
pretendía combatir y la razón por la cual se adoptó dicha determinación, su
ubicación, las coordenadas de la intervención, el armamento con el cual se contaba,
el modo en que se efectuaría y las unidades militares de apoyo».

2.5.1.2. Ahora, en lo que tiene que ver con el cargo por desconocimiento del
precedente «horizontal », que se podría adecuar al de la trasgresión al derecho a la
igualdad, también se considera que no se cumple el requisito de relevancia
constitucional19.

Lo anterior, porque, si bien se alegó que no se tuvo en cuenta algunas providencias
de dos salas que pertenecen al Tribunal Administrativo de Antioquia, se debe
recordar que, para que se configure un desconocimiento del derecho a la igualdad,
uno de los presupuestos es que las decisiones enjuiciadas deben ser proferidas por
la misma Sala en todos los casos20, y de entrada es posible concluir que las salas

19
Consultar en similar sentido Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, providencias de 10 de abril de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-01366-00, y 24 de
abril de 2025, expediente11001-03-15-000-2025-01617-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
20
Ver al respecto, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
providencia de 5 de diciembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04645-01 , M.P. Gloria
María Gómez Montoya: « Adicionalmente, se llama la atención sobre el cargo de igualdad alegado
por el accionante, pues refirió que varios de los compañeros implicados en el mismo proceso penal,
acudieron a la jurisdicción contenciosa administrativa, solicitando la reparación por la privación
injusta de la libertad que también sufrieron, no obstante, en sus casos, el tribunal sí se pronunció de
forma favorable a sus pretensiones, demostrando un desvío en la postura reiterada que venían
manejando.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Yorleni Andrea Pérez Rodríguez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión
y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00912-01

que emitieron esas decisiones no son la misma que dictó la providencia hoy
controvertida, luego no se podría predicar, de entrada, el desconocimiento del
precedente «horizontal» alegado, o la obligación de la colegiatura que profirió el
fallo cuestionado a resolver en el mismo sentido de sus pares.

Finalmente, la misma suerte corre el cargo por desconocimiento del precedente del
precedente vertical, comoquiera los tutelantes se limitaron a citar algunos apartes
de esos proveídos21 y a resaltar los presupuestos generales de cuándo se configura
un riesgo excepcional en casos por muerte de soldados profesionales, sin realizar
una consideración frente a la trasgresión de una garantía por desatenderse los
eventuales criterios fijado en esas providencias, donde el hecho de que esos
proveídos se relacionen casos por muertes, ello no implica que se deban aplicar la
misma decisión, ya que no estamos en presencia de casos por responsabilidad
objetivo, sino subjetiva, luego cada caso debe revisarse independientemente.

Por todo lo anterior, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación 573 de 2019 y
215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia constitucional,
puesto que la controversia se enfocó en intentar, con sustento en la presunta
transgresión de algunos derechos fundamentales, en reabrir el debate ya zanjado
en sede contenciosa.

En este sentido, para esta Sección, resulta claro que la controversia es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»22.

2.6. Conclusión

Así las cosas, esta Sala revocará la decisión del a quo en cuanto a la negativa del
amparo y declarará la improcedencia de este mecanismo, en atención a que no
puede el juez constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo,
toda vez que no se supera el requisito de relevancia Constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: RECONOCER a la abogada a Ledia María Cifuentes Rendón, portadora
de la tarjeta profesional n.º 84.519 del Consejo Superior de la Judicatura, para que

En lo relacionado con dicho alegato, se evidencia que, si bien el actor no proporcionó de manera
completa los radicados de los procesos en mención, sí indicó cuáles habían sido los magistrados
ponentes de las decisiones, pudiendo concluir que ninguno de los casos fue conocido por la misma
Sala que falló el caso del señor Suárez».
21
Providencias proferidas al interior de los procesos: «250002326000-2001-01493-01 […], 13001-
23-31-000- 1999-01306-01(25583) […], 19001-23-31-000- 2006-00426-01(36684)
22
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.

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Demandantes: Yorleni Andrea Pérez Rodríguez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión
y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00912-01

actúe en representación de los accionantes, conforme a la sustitución de poder que
obra en el aplicativo Samai.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia de 19 de marzo de 2025,
que NEGÓ la solicitud de amparo, para en su lugar, DECLARAR LA
IMPROCEDENCIA de la acción de tutela.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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