Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00932-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00932-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00932-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00932-00
Accionante: Comunidad Arhuaca de Ikarwa
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / SUBSIDIARIEDAD – no agotó
los mecanismos judiciales con los que contaba.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 18 de febrero de 2025, el señor Adalberto Torres Izquierdo, obrando como
vocero de la Comunidad Arhuaca de Ikarwa que, a su vez, actúa como agente
oficioso de los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, instauró
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, en busca de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Consideró que estos fueron vulnerados por la autoridad
accionada con ocasión de las decisiones adoptadas el 22 de enero, 13 y 18 de
febrero de 2025, dictadas al interior de la acción popular2 que promovió la referida
comunidad contra el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de que se
decretara la suspensión del contrato que tiene por objeto la estructuración integral
del proyecto denominado embalse multipropósito Los Besotes.
2.
El asunto lo conoció el Tribunal Administrativo del Cesar, que en auto del 24 de
junio de 20243 fijó como fecha para realizarse de manera virtual la audiencia de
pacto de cumplimiento el 16 de julio de dicha anualidad. El señor Adalberto Torres
Izquierdo solicitó que la audiencia se realizara en forma presencial ante la dificultad
de la comunidad de acceder a medios digitales. En providencia del 4 de julio de 2024
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 20001-23-33-000-2022-00303-00.
3 En la misma providencia resolvió no reponer la decisión de negar una medida cautelar, y rechazó por
improcedente el recurso de apelación.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00932-00
Accionante: Comunidad Arhuaca de Ikarwa
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
el Tribunal negó dicha solicitud. El demandante presentó reposición insistiendo en
la realización presencial de la audiencia.
3.
El 16 de julio de 2024, se celebró la audiencia de pacto de cumplimiento, pero la
misma se declaró fallida. En ella, el Tribunal expuso que estaban dadas las
circunstancias propias para haberse perfilado un acuerdo, habida cuenta de que el
Departamento Nacional de Planeación había allegado un documento donde informó
de la liquidación y terminación del contrato sobre el que versaba la acción popular
y, la misma entidad judicial había proferido dos sentencias que disponen la
protección del río Guatapurí, pero ante la ausencia del actor popular no era posible
un pacto. Se decretaron algunas pruebas y se negaron otras.
4.
Respecto al recurso de reposición interpuesto contra el auto del 4 de julio de 2024,
en la misma audiencia, el Tribunal consideró que en aquella no existía la posibilidad
de practicar pruebas, por lo que se podía realizar por medios virtuales, con la
presencia de los sujetos procesales cuya asistencia es necesaria y obligatoria. En
memorial del 11 de agosto de 2024, el actor popular manifestó su imposibilidad de
asistir a la audiencia de pruebas.
5.
El 12 de agosto de 2024 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, se incorporó al
expediente el informe rendido por el Departamento Nacional de Planeación, se
realizó el saneamiento del proceso y se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión por el término de 5 días.
6.
El actor popular presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Cesar, la cual fue conocida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A4, dentro de la cual mediante fallo de 13 de septiembre de 2024 se
ampararon los derechos fundamentales de la comunidad indígena, dejando sin
efectos el auto del 4 de julio de 2024 y, las providencias dictadas en desarrollo de
las audiencias del 16 de julio y 12 de agosto de 2024.
7.
En cumplimiento de la anterior decisión, por auto de 27 de septiembre de 2024, el
Tribunal Administrativo del Cesar dispuso rehacer las actuaciones dispuestas por el
juez constitucional. Fijó el 29 de octubre de 2024 como fecha para realizar -de
manera presencial- la audiencia de pacto de cumplimiento. Aquella fue aplazada y
se reprogramó para el 19 de noviembre siguiente.
8.
Llegado ese día se celebró la referida audiencia, la cual fue suspendida para que
las demandadas llevaran ante sus comités de conciliación la propuesta presentada
por la comunidad demandante.
9.
Dicha diligencia se reanudó el 22 de enero de 2025, y en aquella, el Tribunal
Administrativo del Cesar declaró fallido el pacto de cumplimiento y, se pronunció
sobre las pruebas solicitadas por la parte actora en el curso del proceso, en el
sentido de: (i) negar la prueba testimonial de citar a las autoridades espirituales y
políticas de los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Gonawindúa, al ser extemporánea;
4 Magistrada ponente María Adriana Marín, radicado 11001-03-15-000-2024-04198-00.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00932-00
Accionante: Comunidad Arhuaca de Ikarwa
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(ii) negó el interrogatorio de la directora del Departamento Administrativo de
Planeación, para en su lugar, incorporar al expediente el informe escrito rendido por
el Departamento Administrativo de Planeación sobre el procedimiento adelantado
para la contratación de los estudios y diseños del embalse multipropósito Los
Besotes; (iii) ordenó recibir la declaración de parte al Mamo Zeukukwy; (iv) negó
solicitar de oficio el expediente administrativo que se lleva en razón al contrato
interadministrativo derivado DNP-861-2020 / ENT 220008, al ya obrar en el proceso
el documento de terminación del contrato citado y; (v) no decretó las pruebas de
visita para inspección ocular y científica pericial, al ser extemporáneas.
10.
La comunidad accionante interpuso recurso de reposición contra la decisión
anterior, en lo relativo al decreto de pruebas, el cual fue rechazado por
extemporáneo mediante auto del 13 de febrero de 2025; debido a que el auto
atacado fue proferido en audiencia, por lo que se debía haber interpuesto y
sustentado el recurso de reposición en forma verbal inmediatamente, no de forma
escrita horas después, cuando la decisión había adquirido ejecutoria. Afirmó que,
por el hecho de no haber asistido a la audiencia, el actor perdió la oportunidad de
impugnar el auto dictado en la misma en cuanto a las pruebas solicitadas.
11.
El 18 de febrero de 2025 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, dentro de la
cual el Tribunal Administrativo del Cesar aceptó la solicitud de coadyuvancia
presentada por Seigundyba Quigua Izquierdo, la cual opera hacia la actuación
futura, por lo que negó las pruebas solicitadas por dicha persona, al ser una petición
extemporánea, ya que en el proceso hubo pronunciamiento sobre las pruebas
solicitadas en la audiencia realizada el 22 de enero de 2025; también prescindió de
la declaración de parte de Mamo Zeukukwy al no haber comparecido, y porque el
proceso puede ser fallado sin dicha prueba. Una vez clausurada la etapa probatoria,
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
12.
En la tutela, la parte actora manifestó que en la audiencia especial de pacto de
cumplimiento se decidió el recurso por él promovido, sin contar con su presencia,
por no haber existido una contestación previa del recurso interpuesto relacionado
con llevar a cabo la audiencia de forma presencial; donde se realizaron
aseveraciones fuera de base, faltando en doble vía al derecho de argumentación,
defensa y participación. Afirmó que es de simple hermenéutica y procedimiento
lógico, que, si no existe pronunciamiento previo frente a un recurso es inviable
procesalmente la asistencia o manifestación alguna previo a la diligencia.
13.
Por otra parte, expuso que en la audiencia que declaró fallida la propuesta de
pacto de cumplimiento, se negaron unas pruebas por extemporáneas, las cuales el
Despacho pudo tener presente para decretarlas de oficio. Además, en la decisión se
dijo que sobre el río Guatapurí ya había dos sentencias que antecedían, emitidas
por la misma corporación judicial para su protección; alejándose con ello del factor
de riesgo que presentaron, alrededor de la construcción de un embalse, represando
el río e inundando su comunidad, lo cual fue presentada en la demanda; adicionando
a modo de prejuzgamiento, que ya se había terminado por voluntad mutua el
contrato administrativo de elaboración de estudios previos.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00932-00
Accionante: Comunidad Arhuaca de Ikarwa
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
14.
Indicó que la autoridad accionada integró al proceso una prueba que resultó de
una oportunidad procesal anulada y que es inválida e ineficaz para los fines de
demostrar la vulnerabilidad y el riesgo, toda vez que aquella era un resumen de lo
que ya había en el proceso y versaba sobre el contrato administrativo. Para en su
lugar, negar la solicitud probatoria sobre la directora del Departamento Nacional de
Planeación, para que rindiera informe de las diferentes manifestaciones de rechazo
en todos los momentos donde se contempló el proyecto de represamiento e
inundación, que reposan dentro del expediente de los estudios, el cual no quiso que
se aportara al proceso por considerarlo inútil.
15.
Arguyó que la accionada dio por cerrada la etapa probatoria y ordenó correr
traslado, sin permitir a la coadyuvante manifestarse sobre la negativa al decreto de
pruebas por ella solicitadas.
16.
Conforme lo anterior, la parte actora solicitó anular la decisión de 22 de enero de
2025 para que sea corregida y, por auto separado, se declare fallida la audiencia de
pacto de cumplimiento, y, en otra decisión emita auto de decreto de pruebas. De
igual forma, pidió se ordene anular las actuaciones surtidas con posterioridad a esa
etapa.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
17. Mediante auto de 24 de febrero de 20255 se admitió la presente acción, se ordenó
notificar de su presentación a la autoridad accionada, se negó la solicitud de medida
provisional y, se vinculó al Departamento Nacional de Planeación, a la Corporación
Autónoma Regional del Cesar -Corpocesar- y a Seigundyba Quigua Izquierdo en
calidad de terceros con interés. Igualmente, se ordenó comunicar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(i) Departamento Nacional de Planeación6
18.
Manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no es
la competente para atender las solicitudes planteadas en el proceso constitucional
promovido por el accionante, toda vez que no profirió las decisiones que son objeto
de debate; por ende, solicitó su desvinculación del proceso.
19.
Adicionó que es esencial determinar si en el caso se pudo haber vulnerado algún
derecho de la comunidad actora o, por el contrario, si se siguieron las preceptivas
procesales de manera adecuada, sin incurrir en exigencias arbitrarias por parte de
los demandantes, quienes no asistieron a la diligencia judicial del 22 de enero en
donde se emitió auto que decretó pruebas, el cual recurrieron de manera
extemporánea.
(ii) Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR-7
5 Notificado el 26 de febrero de 2025.
6 Intervención digital contenida en 16 folios con anexos.
7 Intervención digital contenida en 15 folios con anexos.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00932-00
Accionante: Comunidad Arhuaca de Ikarwa
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
20.
Indicó que, si bien se adelantó la audiencia de pruebas el 18 de febrero de 2025,
el accionante omitió mencionar que el apoderado de la comunidad Ikarwa no
compareció a dicha diligencia. En esta medida, la ausencia del testigo, el Mamo
Zeykukwy (q.e.p.d.), resultaba evidentemente comprensible y justificada, sin
embargo, esta circunstancia no se extiende al apoderado, quien no presentó una
justificación adecuada para su inasistencia, razón por la cual perdió la oportunidad
procesal de pronunciarse respecto de la decisión del Magistrado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 318 del CGP. Así como tampoco compareció a la audiencia
de continuación de pacto de cumplimiento del 22 de enero de 2025.
21.
Expresó que el caso no supera el requisito general de subsidiariedad, por cuanto
la comunidad Ikarwa ha estado ausente en las audiencias celebradas el 22 de enero
y 18 de febrero de 2025, y en tal virtud no resultaría procedente acudir a la acción de
tutela para reclamar la protección de derechos que, por su propia inactividad, ha
dejado de ejercer, al haber perdido la oportunidad procesal correspondiente. Agregó
que no existía perjuicio irremediable.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
22.
En relación con la legitimación en la causa por activa del señor Adalberto Torres
Izquierdo para promover el presente mecanismo de amparo, se observa que aquel
fue el actor dentro de la acción popular donde se dictaron los actos cuestionados.
Allí se le reconoció como agente oficioso de las comunidades pertenecientes a los 4
pueblos de la Sierra Nevada de Gonawindúa (Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo),
y se tuvo como delegado de comunidad Arhuaca de Ikarwa; motivo por el cual esta
Sala encuentra demostrada su legitimación activa.
23.
Por otro lado, no se accederá a la solicitud de desvinculación elevada por el
Departamento Nacional de Planeación, en la medida en que dicha entidad es la parte
demandada dentro de la acción popular donde fueron dictadas las providencias
cuestionadas a través de este mecanismo constitucional. Por lo que ante un eventual
amparo sus derechos podrían verse involucrados directamente, motivo por el cual su
participación en esta acción constitucional resulta indispensable.
D. Análisis del caso concreto
24.
Como primera medida, la Sala observa que el actor esgrimió varios reparos, los
cuales, como se verá, van dirigidos principalmente contra las decisiones adoptadas
en las audiencias de 22 de enero y 18 de febrero de 2025. No obstante, también
esbozó unos relacionados con la audiencia de 16 de julio de 2024; concretamente,
los relativos a que en la audiencia de pacto de cumplimiento se decidió el recurso
por él promovido para que la diligencia se desarrollara en forma presencial. Al
respecto, indicó que esa decisión debió adoptarse antes de la audiencia y no en
desarrollo de aquella a la cual no asistió. También objetó la consideración del
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00932-00
Accionante: Comunidad Arhuaca de Ikarwa
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Tribunal relativa a que ya esa corporación judicial había proferido dos sentencias
relacionadas con la protección del río Guatapurí del mismo.
25.
Sobre los reparos expuestos frente a la audiencia del 16 de julio de 2024, basta
con decir que aquella diligencia fue dejada sin efectos por esta Subsección en el
fallo de tutela de 13 de septiembre de 20248. En razón de ello, la Sala se abstendrá
de realizar algún pronunciamiento al respecto.
26.
Por otra parte, frente a los demás argumentos, se declarará improcedente la
solicitud de amparo por no estar acreditado el requisito general de subsidiariedad.
27.
De conformidad con el artículo 869 de la Constitución Política y el numeral 1 del
artículo 6 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela únicamente procede
cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Por
lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el interesado
debió haber agotado todos los recursos -idóneos y eficaces- que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos. De lo contrario, la tutela deviene improcedente.
28.
En el presente asunto, se observa que las censuras de la comunidad actora se
centran en las pruebas que fueron incorporadas al proceso y las que fueron negadas
por extemporáneas. Las decisiones en ese sentido, fueron adoptadas principalmente
en la audiencia de pacto de cumplimiento realizada el 22 de enero de 2025 (inició en
19 de noviembre de 2024 y se reanudó en esta fecha).
29.
Sin embargo, al realizar una revisión del expediente allegado en préstamo, así
como del aplicativo SAMAI y los proveídos cuestionados; se logra advertir con suma
claridad que el actor no asistió a la continuación de esa diligencia, que tuvo lugar en
la referida fecha (22 de enero de 2025), perdiendo con ello la posibilidad de presentar
el recurso de ley procedente; concretamente, el de reposición, tal como lo dispone el
artículo 36 de la Ley 472 de 199811; el cual, conforme con lo establecido en el artículo
8 Magistrada ponente María Adriana Marín, radicado 11001-03-15-000-2024-04198-00.
9 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
10 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
11 “RECURSOS
DE REPOSICIÓN. Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular procede el
recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil”.
En el mismo sentido, en auto de unificación del 26 de junio de 2019 (25000-23-27-000-2010-02540-01[AP]B,
C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio), la Sala Plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado precisó
que “(…) el recurso de apelación en materia de acciones populares sólo procede en los casos expresamente
señalados en la Ley 472 de 1998, por lo que contra el resto de las decisiones proferidas en el marco de una
acción popular sólo procede el de reposición”.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00932-00
Accionante: Comunidad Arhuaca de Ikarwa
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
318 del CGP12, debe interponerse de forma verbal inmediatamente se pronuncie la
decisión, si aquella fue dictada en audiencia, tal como sucede en el caso bajo
análisis.
30. Aunado a lo anterior, a pesar de que el actor envió, antes de la realización de la
audiencia, un memorial donde se excusaba por su inasistencia, la misma realmente
da cuenta es de una determinación autónoma de no estar presente, pues indicó lo
siguiente: “(…) les solicitamos excusa por la no presencia FÍSICA DE NOSOTROS,
PERO HA SIDO, improcedente, por diferentes circunstancias, siendo la más
relevante, la falta de ánimo conciliatorio por CORPOCESAR. Así las cosas,
solicitamos se de continuidad con la etapa probatoria y el honorable Magistrado,
considere el memorial anterior, donde se corrigen algunos vacíos formales en
pruebas solicitadas en el libelo (sic) de la demanda y otras pruebas requeridas”
(subrayado fuera del texto original).
31. El referido memorial evidencia que la inasistencia atendió a la clara voluntad de
no acudir, por considerar ello innecesario, lo cual evidentemente no justifica la falta
de comparecencia a una diligencia que el mismo actor solicitó que se llevara a cabo
de forma presencial. Aunado a lo cual, no existió una imposibilidad material para
dejar de asistir a aquella, pues la falta de ánimo conciliatorio de la parte demandada
no es motivo justificable para no acudir a las distintas etapas o audiencias que tiene
cualquier proceso judicial, a las cuales tienen como deber acudir las partes
procesales, justamente para ejercer su defensa.
32. Sumando a lo anterior, aunque el mismo día la comunidad indígena presentó
recurso de reposición, aquel se dio de forma escrita, horas después de finalizada la
audiencia, es decir, cuando las providencias dictadas allí ya estaban ejecutoriadas,
esto, en virtud del artículo 302 del CGP13. Por lo que la decisión de rechazar el
recurso por extemporáneo, adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar en
auto de 13 de febrero de 2025 de manera alguna puede señalarse como arbitraria o
ajena a la legalidad.
33. Por otra parte, en relación con el argumento de que la accionada dio por cerrada
la etapa probatoria y ordenó correr traslado, sin permitir a la coadyuvante
manifestarse sobre la negativa al decreto de pruebas por ella solicitadas; se
vislumbra que corre la misma suerte del anterior reparo, pues lo plasmado en el auto
de 18 de febrero de 2025 también quedó notificado en estrados, por lo que era en la
audiencia, después de notificada la decisión, que debía interponer el recurso de ley
procedente. Sin embargo, como la actora popular tampoco asistió a dicha audiencia,
12 “PROCEDENCIA
Y OPORTUNIDADES. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los
autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.
El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una
queja.
El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente
se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito
dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto…”.
13 “EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no
sean impugnadas o no admitan recursos…”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00932-00
Accionante: Comunidad Arhuaca de Ikarwa
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
perdió la oportunidad de debatir las decisiones allí adoptadas. Así como la
coadyuvante, quien tampoco presentó recurso en dicho momento.
34. Del mismo modo, se observa que a pesar de que el actor presentó una excusa
por su inasistencia a esta última audiencia -la de pruebas-, de forma posterior a la
realización de la misma, en aquella no esgrimió una justa causa para su ausencia,
pues en el memorial allegado indicó lo siguiente: “Nos excusamos en nombre propio
y del Mamo Zeykukwy, que ha fallecido y no pudo asistir a la diligencia por tal motivo.
En los procedimientos y consultas internas, se ha definido al Mamo Andrés
Chaparro, en reemplazo del Mamo designado para cumplir la prueba (…)
Agradecemos, reciba la excusa, como Justa Causa, hecha llegar en el período
correspondiente(…)” (subrayado fuera del texto original).
35.
Excusa que, tal como lo manifestó una de las partes vinculadas, sólo resulta
comprensible para la ausencia del Mamo Zeykukwy, pero no para el representante
de la comunidad indígena actora, quien simplemente no presentó una justificación
adecuada para su inasistencia.
36. Además de lo anterior, el hecho de supuestamente no permitirle a la coadyuvante
manifestarse sobre la negativa al decreto de pruebas por ella solicitadas, es un
asunto que únicamente le concierne a dicha persona, es decir, los presuntos
derechos lesionados son los de Seigundyba Quigua Izquierdo, no de la comunidad
actora. Por ende, el actor no está legitimado para agenciar esos derechos.
37. Conforme lo anterior, para esta Sala de Subsección es claro que la parte actora
dejó fenecer la oportunidad procesal que tenía dentro de la acción popular para
presentar el recurso de ley procedente contra las decisiones que ahora cuestiona,
por el hecho de no haber asistido a 2 de las 3 audiencias. Pues tal como se vio en
párrafos anteriores, era en aquellas, después de notificadas en estrados cada una
de las decisiones allí adoptadas, que se debía promover los recursos ordinarios.
38. Sumado a ello, se hace un llamado de atención a la comunidad indígena actora,
debido a que es claro que a través del presente mecanismo constitucional pretende
que se omitan unos procedimientos judiciales que se encuentran fijados
normativamente, tales como la presentación y sustentación de los distintos recursos
dentro de las audiencias judiciales. Audiencias a las que, valga resaltar, se debe
asistir por ser un deber de las partes procesales14 o, en su defecto, presentar
excusas válidas que justifiquen su ausencia antes de llevarse a cabo la diligencia
judicial, con el fin de buscar una reprogramación, si ésta aplica.
39. Máxime cuando es la promotora de la acción popular y, sobre todo, cuando inició
una tutela para que las audiencias se hicieran de forma presencial y no virtual; acción
constitucional que en su momento le amparó sus derechos y retrotrajo casi todo el
trámite surtido en la demanda popular. Por lo anterior, en este punto es injustificable
que la comunidad actora no asista a las diligencias programadas, y pretenda que le
14 “Artículo 78. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados (…) 7.
Concurrir al despacho cuando sean citados por el juez y acatar sus órdenes en las audiencias y diligencias(…)”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00932-00
Accionante: Comunidad Arhuaca de Ikarwa
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
acepten unas pruebas que pudo controvertir dentro de la acción popular, pero no lo
hizo por su propia inactividad.
40. Debe dejarse claro que la tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario para
la protección de derechos fundamentales. El primer escenario para la defensa de
los derechos en el marco de una acción popular, es justamente ese proceso, al cual
se debe comparecer y ejercer la defensa, en los términos que dispone la normativa
procesal. El juez de tutela no es una autoridad paralela al juez natural, pues su
competencia sólo se activa ante la evidencia de que este último -en desarrollo de su
ejercicio judicial- afecta prerrogativas de orden constitucional, respecto de las cuales
el ordenamiento jurídico no contempla ningún otro mecanismo de defensa.
41.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela.
42.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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