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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04198-00

Fecha
13 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04198-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la identidad étnica y cultural de la Comunidad Indígena Ikarwa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia, (i) se deja sin efectos el auto del 4 de julio de 2024; (ii) las providencias dictadas en desarrollo de la audiencia especial del 16 de julio de 2024; (iii) las providencias proferidas en desarrollo de la audiencia de pruebas del 12 de agosto de 2024, en el proceso de protección a los derechos e intereses colectivos radicado con el número 20001-23-33-000-2022-00303-00, y (iv) se ordena al Tribunal Administrativo del Cesar que, en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, emita un nuevo pronunciamiento respecto de la solicitud de realizar de manera presencial la audiencia especial prevista en el artículo 27 (pacto de cumplimiento) de la Ley 472 de 1998, presentada el 25 de junio de 2024 por el señor Adalberto Torres Izquierdo, de conformidad con lo razonado en las consideraciones de este fallo. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04198-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

13 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04198-00
Demandante: COMUNIDAD INDÍGENA IKARWA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala1 decide la acción de tutela presentada por la Comunidad Arhuaca de Ikarwa
contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 11 de agosto de la presente anualidad, el señor Adalberto Torres Izquierdo, en
calidad de vocero de la Comunidad Arhuaca de Ikarwa, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
diversidad étnica y cultural2, con ocasión de las providencias proferidas en el medio
de control de protección a los derechos e intereses colectivos con radicado 20001-
23-33-000-2022-00303-00. Formularon las siguientes pretensiones:

1. Se proteja nuestro derecho fundamental de debido proceso y acceso a la
administración de justicia, consagrado en los artículos 29 y 229 de la
Constitución Política.
2. Que, en tal virtud, se ordene anular el Acta que declara fallido el pacto de
cumplimiento de julio 16 de 2024, por las razones expuestas y por
consiguiente, las actuaciones dentro y con posterior a esta.

1 Se advierte que, el 29 de agosto de 2024, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente
2 Aunque no fue expresamente invocado, la Sala entiende que la parte actora también reclama la

protección de la identidad étnica y cultural, cuando la demanda se sustenta, entre otros, en los
«Derechos PreAntiguo o Derecho Mayor y Ley de Origen», sumado a que, en su criterio, existe un
fundamento ancestral, legal y constitucional para proteger sus derechos. Según lo expuesto por la
Corte Constitucional en la sentencia T-365 de 2020, «la jurisprudencia constitucional ha reconocido
el derecho de las comunidades étnicas o pueblos indígenas a la identidad étnica y cultural. La Corte
ha sostenido que este derecho tiene como objetivo “que las comunidades que no ostentan los valores
culturales y sociales de la sociedad mayoritaria puedan ejercer sus derechos fundamentales de
acuerdo con su propia manera de ver el mundo. Ello implica que también los individuos que
pertenecen a una comunidad indígena puedan expresarse y autodeterminarse de acuerdo con su
cosmovisión cultural dentro y fuera de sus territorios”».

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04198-00
Demandante: Comunidad Indígena Ikarwa
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Cesar, fijar nueva fecha para
celebrar audiencia de pacto de cumplimiento y en tal virtud, hacerse de forma
presencial.

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

El señor Adalberto Torres Izquierdo, en calidad de vocero de la Comunidad Arhuaca
de Ikarwa, quien manifestó también actuar como agente oficioso de la Nación
Tayrona (conformada por comunidades pertenecientes a los pueblos Kogui,
Arhuaco, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta o de
«Gonawindúa»), en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos, demandó al Departamento Nacional de Planeación, con el fin
de que se decretara la suspensión del contrato que tiene por objeto la estructuración
integral del proyecto denominado «embalse multipropósito Los Besotes».

El proceso le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Cesar y se le
asignó el radicado 20001-23-33-000-2022-00303-00. En providencia del 7 de marzo
de 2023, se admitió la demanda. El 14 de abril de 2023, se negó la solicitud de
medida cautelar solicitada. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante auto del 24 de
junio de la presente anualidad, el Tribunal Administrativo del Cesar no repuso la
providencia recurrida, rechazó por improcedente el recurso de apelación y dispuso
lo siguiente:

3) Señálese el día 16 de julio de 2024, a las 9:00 de la mañana, con el fin de
realizar de manera virtual en este proceso la audiencia especial de que trata el
artículo 27 de la Ley 472 de 1998, a través de la plataforma LIFESIZE. Para tal
efecto, cítese a las partes y Ministerio Público.

Requerir a las partes intervinientes en este asunto, para que suministren la
cuenta de correo electrónico a la que se les enviará el vínculo de ingreso a la
referida audiencia. Término para responder: dos (2) días, contados a partir del
recibo de la respectiva comunicación. Ofíciese.

En memorial del 25 de junio de la presente anualidad, el señor Adalberto Torres
Izquierdo solicitó que la audiencia del 16 de julio de 2024 se realizara en forma
presencial, en atención a lo siguiente:

Nosotros en la comunidad, no contamos con el conocimiento y acceso a
internet, para atender la diligencia de audiencia, por lo que tenemos
“…dificultad para hacer uso de los medios digitales…” en atender esta
audiencia de forma correcta, donde el Río Guatapurí, la Nación Tayrona y los
Ezwamas, sean correspondidos en nuestra labor humana de defenderlos en
los estrados judiciales. Es así que por inmediatez, ya que es posible que
lleguemos presencialmente al Palacio de Justicia y a la dificultad tecnológica
que poseemos, le requerimos, programe la audiencia que cita en la parte
resolutiva del auto de junio 24 de 2024, para el día 16 de julio de 2024, de forma
presencial, para todas las partes.

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Demandante: Comunidad Indígena Ikarwa
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Como fundamento jurídico de la solicitud, citó el contenido del inciso cuarto del
artículo 2 de la Ley 2213 de 2022, el cual establece (i) que los grupos étnicos que
tengan alguna dificultad para hacer uso de los medios digitales podrán acudir
directamente a los despachos judiciales y gozarán de atención presencial en el
horario ordinario de atención al público y (ii) que las autoridades judiciales
adoptarán las medidas necesarias para asegurar a dichas personas el acceso y la
atención oportuna por parte del sistema judicial.

De igual modo, invocó el inciso tercero del artículo 7 de la misma ley, que establece
que cuando las circunstancias de «inmediatez (…) excepcionalmente lo requieran,
serán presenciales las audiencias».

El 2 de julio siguiente, nuevamente el actor popular manifestó que era imposible
asistir de manera virtual a la diligencia, toda vez que la comunidad necesitaba
asistencia en ese procedimiento y que por las vías digitales no podían acceder ni al
acompañamiento, defensa o diálogo presencial. Asimismo, con el fin de «poder
hacer los preparativos jurídico espirituales y logístico legales respectivos».

En providencia del 4 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar negó la
solicitud de realización presencial de la audiencia especial prevista en el artículo 27
(pacto de cumplimiento) de la Ley 472 de 1998, con el argumento de que las
audiencias deben realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición de las
autoridades judiciales y, en ese proceso, no se configuraba la excepción prevista en
el inciso tercero del artículo 7 de la Ley 2213 de 2022, por cuanto en la audiencia
de pacto de cumplimiento programada no se practicaban pruebas.

En el mismo sentido, indicó que le correspondía al señor Torres Izquierdo adoptar
las medidas tecnológicas necesarias para asistir a la audiencia virtual de pacto de
cumplimiento programada, para lo cual debía suministrar la cuenta de correo
electrónico a la que le sería enviado el vínculo para ingresar a la audiencia.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
reposición y argumentó que se requería la presencialidad de la audiencia «desde la
perspectiva cosmogónica, toda vez que la complejidad de la defensa que aquí se
trata», en el cual se exige para él, como representante de la comunidad, la presencia
física en el lugar en el cual se lleva a cabo la diligencia con acompañamiento
espiritual, legal e integral «(que comprenda, los lenguajes de defensa occidental y
desde la cosmovisión propia), incluyendo personas mayores de la comunidad (…)
por la garantía de realizarse respetando los procedimientos étnicos que exigen
presencialidad por la práctica de las costumbres en el desarrollo de la audiencia y

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la fidelidad, porque se cumple con el ejercicio del derecho mayor o ley de origen,
que fundamentan los argumentos de la demanda».

En dicho recurso, también se insistió en la imposibilidad técnica de acceso a las
tecnologías de la información y las comunicaciones.

El 16 de julio de la presente anualidad, se celebró la audiencia especial de pacto de
cumplimiento a la que asistieron el apoderado del Departamento Nacional de
Planeación, la apoderada de la Corporación Autónoma Regional del Cesar y la
Procuradora 17 Judicial II para Asuntos Administrativos de Valledupar.

Con respecto al recurso de reposición interpuesto contra el auto del 4 de julio de
2024, en decisión proferida en esa misma diligencia, el Tribunal consideró que en
la audiencia de pacto de cumplimiento no existe la posibilidad de practicar pruebas,
por lo que es perfectamente posible desarrollar el objeto de esa audiencia por
medios virtuales, con la presencia de los sujetos procesales cuya asistencia es
necesaria y obligatoria, tal como lo prevé la normativa que rige el medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos. Adicionalmente, señaló que:

[A]dvierte con pesar que la ausencia del actor popular en esta audiencia impide
la realización de un pacto porque las circunstancias procesales como se
avizoran en este momento permitían perfilar la realización de un pacto, habida
cuenta, salvo que haya otra información que no conozca en este momento, el
Departamento Nacional de Planeación había allegado con destino a este
proceso un documento donde informa de la liquidación y terminación del
contrato sobre el que versa la acción popular y adicionalmente advierte el
Tribunal que se han proferido dos sentencias por parte de este Tribunal que
disponen la protección del Río Guatapurí.

Por lo anterior, declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento, se decretaron
algunas pruebas y se negaron otras. De igual modo, fijó el 12 de agosto de 2024,
como fecha para la celebración de la audiencia de práctica de pruebas.

En memorial del 11 de agosto de la presente anualidad, el actor popular manifestó
su imposibilidad de asistir a la audiencia de pruebas.

El pasado 12 de agosto se llevó a cabo la audiencia de pruebas, se incorporó al
expediente el informe rendido por el director del Departamento Nacional de
Planeación, se realizó el saneamiento del proceso y se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión por el término de 5 días y, vencido el mismo, señaló que
contaba con 20 días para proferir sentencia.

En criterio de la parte actora, es improcedente que, a través de una diligencia
irregular, con falencias previas y de contenido, se cierre el periodo probatorio y se

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corra traslado para alegar de conclusión, sin haber tenido la oportunidad de
interponer recurso alguno, a lo cual agregó que, de haberse adelantado el
procedimiento con respeto a las garantías fundamentales, se hubiera advertido
sobre la necesidad de decretar y practicar una prueba pericial científica solicitada
el 19 de junio de 2024, consistente en un estudio de limnología integral sobre toda
la cuenca del río Guatapurí.

Asimismo, considera que se desconocieron las garantías al debido proceso y de
acceso a la justicia de la comunidad como «pueblo originario» y en atención a que
la solicitud de que se realizara la audiencia en forma presencial se realizó en
atención al «factor étnico, cosmogónico y de imposibilidad de acceso a los sistemas
de la información y la comunicación».

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 20 de agosto de 2024, se admitió la solicitud de amparo y
ordenó que se notificara a las partes y a los terceros con interés. Asimismo, se
dispuso la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En esa misma providencia, tras encontrar acreditados los requisitos de humo de
buen derecho, peligro en la mora y proporcionalidad, se decretó como medida
provisional la suspensión de los efectos de los autos dictados en desarrollo de la
audiencia celebrada el 12 de agosto de 2024, mediante los cuales el Tribunal
Administrativo del Cesar dio por terminado el periodo probatorio y corrió traslado a
las partes para que presentaran alegatos de conclusión.

2.2. En memorial del 22 de agosto de 2024, el señor Adalberto Torres Izquierdo
manifestó que los Pueblos de la Sierra Nevada (Kogui, Arhuaco, Wiwa y
Kankuamo) «las formas organizativas, en temas de fondo, que no corresponden a
factores políticos de representación o de administración, se subordinan a un
principio mayor de defensa, como lo es el Río Guatapurí», en el cual realizan
trabajos espirituales previos para iniciar el proceso jurídico de defensa sobre la
represa Los Besotes.

De esa manera, explicó que la Comunidad de Ikarwa, ubicada en el Valle de
Besotes, asumió la agencia oficiosa de todos los pueblos de la Unidad Tayrona.

Expuso que es complejo explicar los trabajos espirituales que se exigen para iniciar
acciones judiciales ante las instancias que no corresponden a su sistema propio de
justicia, con el fin de obtener la protección de derechos colectivos, por lo que, «más
que Adalberto Torres, es la comunidad Arhuaca de Ikarwa quien asume este peso

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y responsabilidad, porque es la comunidad: madres, padres, jóvenes, niños y
ancianos, entre sitios sagrados o ezwanas, quienes soportan el peso espiritual, de
lo que corresponde asumir una defensa de este tipo».

Respecto de las demás comunidades asentadas en la Sierra Nevada, afirmó que
tienen «una imposibilidad logística de coordinar la presentación de una acción
judicial por la barrera geográfica y los tiempos que exigen los trabajos espirituales
previos y la urgencia de acudir al mecanismo de tutela; además, por cuanto son
derechos de todos «desde la unidad Cosmogónica, más allá de las
representaciones político administrativas u organizativas».

2.3. El Departamento Nacional de Planeación adujo que carece de competencia
legal para abordar las situaciones específicas descritas en el escrito de tutela.

Sostuvo que es esencial que se determine si se pudo haber vulnerado algún
derecho de la comunidad accionante o, por el contrario, si se respetaron las normas
procesales, sin incurrir en «exigencias arbitrarias por parte de los demandantes,
quienes no solo pretendían su participación presencial, sino también la de las
entidades accionadas».

2.4. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar manifestó que el proceso
con radicado 20001-23-33-000-2022-00303-00 (medio de control de protección a
los derechos e intereses colectivos) ingresó al Despacho para dictar sentencia el
22 de agosto de 2024, una vez finalizado el traslado para presentar los alegatos de
conclusión; no obstante, tan pronto se recibió la providencia que admitió la solicitud
de amparo, informaron al Despacho 03 y realizaron la respectiva anotación en el
aplicativo SAMAI.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto en los antecedentes, corresponde a la Sala
determinar si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. De cumplirse, se deberá establecer si el
Tribunal Administrativo del Cesar vulneró o no los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la Comunidad Arhuaca
de Ikarwa, con ocasión de los autos en los que se negó la realización presencial de
la audiencia de pacto de cumplimiento.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2. Análisis de la Sala

2.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, dado que las providencias
objeto de inconformidad fueron proferidas el 4 y 16 de julio de la presente anualidad,
mientras que la demanda de tutela fue presentada el 11 de agosto siguiente, esto
es, antes de seis meses, término que resulta razonable.

2.1.2. Dichos autos no se dictaron en otro proceso de tutela.

2.1.3. Subsidiariedad: la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, en providencia del 26 de junio de 20193, reafirmó la regla según la cual
las únicas decisiones apelables en acciones populares son el auto que decreta una
medida cautelar y la sentencia de primera instancia, por lo que todas las demás
decisiones que se adopten en el trámite de esos procesos son únicamente pasibles
del recurso de reposición.

La Subsección estima que este requisito también está acreditado, puesto que contra
la decisión atacada procedía el recurso de reposición y la parte actora acreditó su
interposición, el cual fue resuelto en la audiencia especial del 16 de julio de 2024.

2.1.4. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante alegó que el Tribunal
Administrativo del Cesar vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, prerrogativas tradicionalmente relevantes
en la institución de la acción de tutela. La satisfacción de este requisito también
encuentra sustento en lo siguiente:

(i) El presente asunto involucra un debate que gira en torno al contenido, alcance y
goce de un derecho fundamental, como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y aquellos relacionados con la protección a la diversidad
étnica y cultural4 de la comunidad indígena demandante, que es un grupo minoritario
en condiciones de debilidad manifiesta y, además, goza de especial protección
constitucional a cargo del Estado5.

3 Expediente con radicado 25000-23-27-000-2010-02540-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
4 En la sentencia T-414 de 2015, la Corte Constitucional al estudiar una solicitud de amparo en contra

de una providencia judicial promovida por una comunidad negra, sostuvo que el requisito de
relevancia constitucional porque «se ven comprometidos bienes de relevancia constitucional
relacionados con la protección a la diversidad étnica y cultural que pueden requerir de la intervención
del juez constitucional. Concretamente, frente a los derechos de las comunidades negras y su
relación con el territorio, que, en cuanto grupos minoritarios en condiciones de debilidad manifiesta,
son sujetos destinatarios, como ya se ha indicado reiteradamente a lo largo de esta providencia, de
una protección constitucional especial a cargo del Estado, materializada, entre otros, en la garantía
a los derechos a la igualdad y a la propiedad colectiva».
5 En la sentencia T-041 de 2023, la Corte Constitucional tuvo por acreditado el requisito de relevancia

constitucional en una acción de tutela contra una providencia judicial proferida en un proceso de

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(ii) No se trata de un asunto meramente económico o legal, por cuanto se debe
determinar si la autoridad judicial demandada la prerrogativa de acceder a la justicia
en condiciones de igualdad, al no permitir la realización en forma presencial de la
audiencia especial del artículo 27 de la Ley 472 de 1998.

(iii) Se cumple con la carga argumentativa mínima en relación con los reproches
alegados, toda vez que explicó con suficiente claridad las razones por las cuales
consideran que el Tribunal Administrativo del Cesar desconoció sus garantías
iusfundamentales, ante la imposibilidad de acceder a los sistemas de la información
y las comunicaciones, y en atención a los factores étnicos y cosmogónicos que los
caracterizan, lo cual impide la asistencia a la audiencia a través de los medios
virtuales.

(iv) No se está utilizando la solicitud de amparo como una instancia adicional al
proceso de origen.

Cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, y siguiendo lo planteado en el
problema jurídico, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del
Cesar, al negarse a adelantar presencialmente la audiencia de pacto de
cumplimiento, vulneró los derechos fundamentales de la comunidad indígena
Ikarwa.

3. Análisis de la Sala

3.1. Protección a la diversidad étnica y cultural6

Los artículos 17, 78, 89, 910 y 7011 de la Constitución Política establecen el principio
de la diversidad étnica y cultural como expresión del carácter democrático,

reparación directa, porque, entre otros asuntos «los accionantes son sujetos de especial protección
constitucional, en tanto el señor Arcadio Restrepo Arce y su familia pertenecen a una comunidad
indígena».
6 La Corte Constitucional, en las sentencias T-221, T-164 y T-154 de 2021; T-541 y T-151 de 2019;

T-281 y T-151 de 2019; SU-123 de 2018; T-6014 y T-005 de 2016, T-196, T-188 y T-155 de 2015,
T-857, T-646 y T-461 de 2014; T-371 de 2003 y T-1105 de 2008, desarrolló este importante principio,
que es otro de los cimientos de la Constitución Política de 1991. Por su trascendencia y pertinencia,
la Sala adoptará las consideraciones que sobre este principio se realizaron en dichos fallos.
7 «Colombia es un Estado social de derecho (…) democrática, participativa y pluralista (…)».
8 «El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana».
9 «Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la

nación».
10 «Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en (…) el respeto a la autodeterminación

de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia».
11 «El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos

en igualdad de oportunidades (…). La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de
la nación».

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participativo y pluralista del Estado, a partir del cual se reconoce la coexistencia de
múltiples formas de vida y cosmovisiones dentro del territorio colombiano.

De hecho, para la Corte Constitucional, las anteriores normas constitucionales
permiten garantizar la pervivencia y participación de las distintas etnias en las
decisiones que les impactan, en condiciones dignas e iguales.

En criterio de la Corte, la diversidad étnica y cultural supone que los pueblos
étnicamente diferenciados son destinatarios de un tratamiento especial, de acuerdo
con los valores y las particularidades propias de su cultura12. Protección a partir de
la cual se han reconocido dos ámbitos de protección:

(i) Como colectividad, tales como el derecho de propiedad de los resguardos y las
tierras colectivas; la jurisdicción especial, el derecho a gobernarse por sus propias
autoridades según sus usos y costumbres, y el régimen especial de representación
en el Congreso para las comunidades indígenas y los grupos étnicos.

(ii) En el ámbito de los individuos que pertenecen a estos grupos étnicamente
diferenciados, la Corte ha estudiado casos en los que existieron patrones de
discriminación asociados a su pertenencia étnica, y también se ha protegido el
derecho a la igualdad y la libre expresión, en el cual ha identificado como criterio
sospechoso de discriminación la utilización de características relacionadas con la
etnia para limitar o negar el ejercicio de un derecho, para lo cual se ha acudido a la
razonabilidad y proporcionalidad de las medidas que limitan derechos de negros y
afrodescendientes.

Conviene precisar que los instrumentos internacionales, como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (artículos 213 y 714), la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (artículos 115 y 2416) y el Convenio 169 de la OIT

12 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias T-541 de 2019, T-576 de 2014, T-857 de 2014, T-646

de 2014, T-371 de 2013, T-552 de 2012 y T-564 de 2011.
13 «Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (…)».
14 «Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación».
15 «Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social».
16 «Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación,

a igual protección de la ley».

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(artículos 117, 218 y 819) ofrecen una protección similar, tendiente a garantizar el
ejercicio de los derechos de estos pueblos en condiciones dignas e iguales.

Es más, en el artículo 12 del Convenio 169 de la OIT se estableció una garantía a
favor de los pueblos étnicamente diferenciados, según la cual, estos deberán tener
protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos
legales, personalmente o por conducto de sus organismos representativos, para
asegurar el respeto efectivo de los derechos. Para tal efecto, se dispuso que los
Estados deben tomar medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos
puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales,
facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

En esos términos, la Corte Constitucional sostuvo que, de conformidad con las
normas que conforman el bloque de constitucionalidad, el Estado y los gobiernos
«deben incluir medidas: “a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos [en referencia
a las comunidades indígenas] gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades
que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan
la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos,
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros
de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de

17 «1. El presente Convenio se aplica:

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y
económicos les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época
de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.
3. La utilización del término ''pueblo" en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que
tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el
derecho internacional».
18 «1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los

pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que
aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y
oportunidades que la legislación otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la
plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su
identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los
miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir
entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera
compatible con sus aspiraciones y formas de vida».
19
«1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 2. Dichos
pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que
estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico
nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario,
deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la
aplicación de este principio. 3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir
a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos y asumir
las obligaciones correspondientes».

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Demandante: Comunidad Indígena Ikarwa
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
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vida” (Se subraya), postulados que implican que los Estados partes reconocen a los
pueblos indígenas y tribales como sujetos de derechos y agentes políticos relevantes de
cada sociedad»20.

Por lo anterior, la Sala considera que la protección constitucional a la diversidad
étnica y cultural de los grupos étnicamente diferenciados debe aplicarse en asuntos
relacionados con el acceso a la justicia en igualdad de condiciones por parte de este
tipo de sujetos, de ahí que las decisiones que se adopten en el marco de los
procesos judiciales que se promuevan deben tener un enfoque diferencial que
atienda a su cosmovisión y cultura, sin que se limiten de manera desproporcionada
las garantías constitucionales y convencionales de este tipo de sujetos.

3.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso particular, la comunidad indígena demandante sostuvo que la negativa
del Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo del Cesar en realizar de
manera presencial las audiencias de pacto de cumplimiento y de pruebas, es
contraria a su perspectiva cosmogónica y a sus costumbres. Indicó, además, que
no se consideró su imposibilidad técnica de acceder a las tecnologías de la
información y las comunicaciones, todo lo cual desconoce sus garantías
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues,
en su criterio, la presencia física en la audiencia posibilita el acompañamiento legal
e integral, al tiempo que permite comprender los lenguajes de defensa occidental
desde la cosmovisión propia que los caracteriza.

En orden a resolver la controversia, se observa que en la acción popular la
comunidad demandante le solicitó al Tribunal Administrativo del Cesar que la
audiencia fijada para el 16 de julio 2024 se programara de forma presencial con
fundamento en que dicha comunidad no cuenta con el conocimiento y acceso a
internet para atender esa audiencia, de ahí su dificultad para «hacer uso de los
medios digitales y en atender[la] de forma correcta, donde el Río Guatapurí, la
Nación Tayrona y los Ezwanas, sean correspondidos por nuestra labor humana de
defenderlos en los estrados judiciales». Como fundamento de su solicitud, citó el
contenido de los artículos 2 y 7 de la Ley 2213 de 2022.

En providencia del 4 de julio de 2024, el Despacho sustanciador del Tribunal
Administrativo del Cesar, luego de citar lo dispuesto en los artículos 7 y 20 de la Ley
2213 de 2022, negó la solicitud de que la audiencia especial en ese proceso se
realizara de forma presencial para todas las partes, por cuanto «las audiencias

20 Sentencia T-001 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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deben realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición de las autoridades
judiciales y en el presente caso no se da la excepción prevista en el inciso tercero
del artículo 7 de la Ley 2213 de 2022, porque la audiencia de pacto de cumplimiento
programada para el día 16 de julio de 2024, no es para práctica de pruebas».

Asimismo, en la misma providencia requirió al señor Adalberto Torres para que
adoptara las medidas tecnológicas necesarias para asistir a la audiencia virtual de
pacto de cumplimiento, para lo cual debía suministrar la cuenta de correo electrónico
a la que se le enviaría el vínculo para ingresar.

Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición, el cual
fundamentó en lo siguiente:

Por el contrario, a la luz de las circunstancias de Seguridad, Inmediatez y
Fidelidad, es que se requiere la presencialidad de la audiencia, desde la
perspectiva cosmogónica, toda vez que la complejidad de la defensa que aquí
se trata y el entendido integral de las razones, primero lógicas en un Tribunal
de la zona con los Pueblos Originarios que gozan de un reconocimiento
mundial, no solo por lo antiguo de su existencia, sino por el profundo contenido
del pensamiento y más allá de las “aparentes” inconsistencias en la práctica,
pensamiento que se vive en las comunidades en general de la Sierra Nevada
de Gonawindua y con más fuerza en las zonas más profundas. Seguido,
razones jurisprudenciales, que reconocen la imposibilidad técnica de
acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para
atender un procedimiento de éstos, donde se EXIGE para el representante
de la comunidad, Adalberto Torres, la presencia física en el lugar donde
se lleva la diligencia con acompañamiento espiritual, legal e integral (Que
COMPRENDA, los lenguajes de defensa occidental y desde la
Cosmovisión propia), incluyendo personas Mayores de la comunidad, así se
hará con toda la seguridad, requerida desde lo espiritual, inmediatez por la
garantía de realizarse respetando los procedimientos étnicos que exigen
presencialidad por la práctica de las costumbres en el desarrollo de la
Audiencia y la Fidelidad, porque se cumple con el ejercicio del Derecho
Mayor o Ley de Origen, que fundamentan los argumentos de la demanda.

El anterior recurso fue negado en desarrollo de la audiencia especial de pacto de
cumplimiento del 16 de julio de 2024, porque el trámite que se realizaría estaba
previsto para adelantar el pacto de cumplimiento, sin que existiera la posibilidad de
practicar pruebas en ese acto procesal «siendo perfectamente posible desarrollar el
objeto de la audiencia con la presencia de los sujetos procesales cuya asistencia es
necesaria y obligatoria por medios virtuales como lo prevé la norma que rige este
medio de control».

En este punto, conviene precisar que, el 12 de agosto de 2024, se llevó a cabo la
audiencia de pruebas -también por medios virtuales- y en la misma se corrió traslado
para alegar de conclusión. Según el informe que rindió la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Cesar, el expediente ingresó al Despacho para dictar sentencia
el 22 de agosto de 2024, con la anotación en SAMAI de que las providencias

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proferidas en esa diligencia fueron suspendidas por orden del Despacho
sustanciador del presente proceso constitucional.

En primer lugar, la Sala advierte que la Corte Constitucional, en la sentencia C-134
de 2023, al realizar el control previo, automático e integral del proyecto de Ley
Estatutaria por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la
Administración de Justicia-, en relación con la reforma de los artículos 6321 y 6422

21
«ARTÍCULO 63. Modifíquese el artículo 122 de la Ley 270 de 1996 que se ubicará en el Título
Quinto, y el cual quedará así: USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES. Todas las personas tienen derecho a comunicarse con los órganos y
despachos de la Rama Judicial a través del uso de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales y en los reglamentos.

En la administración de justicia, en el marco del Plan de Transformación Digital de la Rama Judicial
se deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones, con el fin de facilitar y
agilizar el acceso a la justicia, asegurando el acceso, la autenticidad, confidencialidad, integridad,
disponibilidad, trazabilidad, conservación e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios
que se gestionen en el ejercicio de sus funciones. Deberán habilitarse diferentes canales o medios
para la prestación de los servicios electrónicos de justicia, asegurando el acceso a ellos de toda la
ciudadanía, con independencia de su localización, circunstancias personales, medios o
conocimientos, en la forma que estimen adecuada, procurando la permanente actualización de los
recursos disponibles y la formación adecuada de los servidores públicos y usuarios en el uso de
estos.
(…)

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones judiciales, sin perjuicio de la
necesaria presencia en las audiencias y diligencias destinadas a la práctica de pruebas, y se
permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales
disponibles, evitando exigir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente
necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas, presentaciones
personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos, cuando
no lo exija la regulación procesal respectiva.

El CSJ dará a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información
mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán.

En aplicación de los convenios y tratados internacionales se prestará especial atención a las
poblaciones rurales y remotas, así como a los grupos étnicos y personas con discapacidad
que enfrentan barreras para el acceso a las tecnologías de la información y las
comunicaciones, para asegurar que se apliquen criterios de accesibilidad y se establezca si
se requiere, algún ajuste razonable que garantice el derecho a la administración de justicia en
igualdad de condiciones con las demás personas.
(…)

PARÁGRAFO 2. En aquellos eventos en que los sujetos procesales o la autoridad judicial no
cuenten con los medios tecnológicos para cumplir lo dispuesto en este artículo, deberán
manifestar las razones por las cuales no pueden realizar una actuación judicial específica a
través de las tecnologías de la información y las comunicaciones de lo cual se dejará
constancia en el expediente y se realizará de manera presencial, al igual que serán presenciales
las audiencias y diligencias destinadas a la práctica de pruebas, con excepción de los casos expresa
y excepcionalmente permitidos en la ley procesal respectiva, cuando las circunstancias así lo
imponga.

Igualmente, por razones de imparcialidad, necesidad o inmediación la autoridad judicial podrá
tramitar presencialmente alguna o toda la actuación judicial» (Se destaca).
22
«ARTÍCULO 64.
Adiciónese el artículo 123 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

ARTÍCULO 123. DEBERES DE LOS SUJETOS PROCESALES EN RELACIÓN CON LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. En todos los procesos
judiciales, adelantados por los despachos judiciales y por otras autoridades con funciones
jurisdiccionales, en los cuales se haya adoptado el uso de tecnologías de información y las
comunicaciones, el operador jurídico podrá disponer que el proceso judicial se adelantará a través
de ellas, en cuyo caso será deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones y asistir a las
audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos, salvo el caso de las destinadas a la práctica

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del proyecto de ley, sostuvo que se introdujo un cambio que se puede resumir como
el derecho de toda persona a comunicarse con los órganos y despachos de la Rama
Judicial por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, por lo
que surgían obligaciones derivados de ese derecho, tales como «aplicar ajustes
razonables que garanticen el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para
las personas en situación de discapacidad, los grupos étnicos y poblaciones
rurales y remotas».

La Corte precisó que la realidad del país en materia de conectividad es otro
elemento que permite privilegiar la autonomía del juez para determinar caso a caso
cuando se debe preferir la virtualidad o la presencialidad. Para tal efecto, indicó que
en la actualidad son graves las desigualdades de acceso a internet que existen en
el país, tal como se puede observar en la gráfica del Banco Interamericano de
Desarrollo publicado en 2020, en el cual se indica que los hogares rurales en
Colombia con un nivel de conectividad apropiado no superan el 20%, mientras que
solo el 60% de los hogares urbanos tienen garantizado el acceso a internet.

A partir de lo anterior, la Corte consideró que, por regla general, la modalidad
presencial o virtual del proceso judicial la determina el juez en ejercicio de su
autonomía, con excepción de la audiencia de juicio oral en materia penal que deberá
ser presencial.

Ahora bien, se advierte que el inciso final del artículo 2 de la Ley 2213 de 202223
dispuso que los grupos étnicos que tengan alguna dificultad para hacer uso de los

de pruebas que serán siempre presenciales, a menos que la norma procesal expresa y
excepcionalmente permita la audiencia probatoria virtual».

23 «ARTÍCULO 2. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES. Se podrán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones,
cuando se disponga de los mismos de manera idónea, en la gestión y trámite de los procesos
judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia.

Se utilizarán los medios tecnológicos, para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se
permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales
disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean
estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales,
presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios
físicos.

Las autoridades judiciales darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación
e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que
emplearán.

La población rural, los grupos étnicos, las personas con discapacidad y las demás personas
que tengan alguna dificultad para hacer uso de los medios digitales, podrán acudir
directamente a los despachos judiciales y gozarán de atención presencial en el horario
ordinario de atención al público; adicionalmente, las autoridades judiciales adoptarán las
medidas necesarias para asegurar a dichas personas el acceso y la atención oportuna por
parte del sistema judicial». (Énfasis de la Sala).
(…).

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medios digitales podían acudir directamente a los despachos judiciales y,
adicionalmente, se les impuso un deber a las autoridades judiciales de adoptar las
medidas necesarias para asegurar a dichas personas el acceso y la atención
oportuna por parte del sistema judicial.

De acuerdo con el material probatorio allegado, no se observa que la autoridad
judicial demandada hubiera verificado la circunstancia alegada y, con base en ello,
adelantado acciones o tomado decisiones que garantizaran el acceso del grupo
indígena Ikarwa al sistema judicial, en general, medidas encaminadas a superar los
obstáculos tecnológicos que, según la solicitud de amparo, aquejan a dicha
comunidad. Por el contrario, la respuesta del Tribunal Administrativo del Cesar a la
solicitud de realizar de manera presencial la audiencia de pacto de cumplimiento se
ciñó siempre a la tesis de que ello era procedente únicamente en aquellas
diligencias destinadas a la práctica de pruebas24, en los términos del artículo 7 de
la Ley 2213 de 202225, ignorando los inconvenientes señalados por la comunidad
étnica para asistir a la audiencia virtual y, de paso, la normativa que impone a las
autoridades judiciales el deber de tomar las medidas necesarias para garantizar el
acceso de sujetos de especial protección, entre ellos los grupos étnicos, al sistema
judicial .

Según el Tribunal, como en la audiencia de pacto de cumplimiento no se practican
pruebas, entonces debe celebrarse, sin excepciones, a través de medios
tecnológicos.

Para la Sala, tal conclusión obedece a una lectura aislada del citado artículo 7, pues
la propia Ley 2213 brinda soluciones en caso de que los usuarios de la justicia
tengan dificultades para utilizar los medios digitales, como se desprende del
parágrafo 1º del artículo 126 ejusdem, que estableció como excepción a la
virtualidad, la imposibilidad de realizar una actuación judicial específica a través de

24 Ver autos del 4 y del 16 de julio de 2024, este último dictado en la audiencia especial celebrada

en esa misma fecha.
25 «ARTÍCULO 7. AUDIENCIAS. Las audiencias deberán realizarse utilizando los medios

tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales o por cualquier otro medio puesto a
disposición por una o por ambas partes y en ellas deberá facilitarse y permitirse la presencia de todos
los sujetos procesales, ya sea de manera virtual o telefónica. No se requerirá la autorización de que
trata el parágrafo 2 del artículo 107 del Código General del Proceso.

No obstante, con autorización del titular del despacho, cualquier empleado podrá comunicarse con
los sujetos procesales, antes de la realización de las audiencias, con el fin de informarles sobre la
herramienta tecnológica que se utilizará en ellas o para concertar una distinta.

Cuando las circunstancias de seguridad, inmediatez y fidelidad excepcionalmente lo
requieran, serán presenciales las audiencias y diligencias destinadas a la práctica de pruebas.
La práctica presencial de la prueba se dispondrá por el juez de oficio o por solicitud motivada
de cualquiera de las partes». (Destacado de la Sala).
(…).
26 Que subrogó al artículo 1 del Decreto 806 de 2020.

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las TIC, lo cual debe ser expresamente manifestado por los sujetos procesales o la
autoridad judicial, dejando constancia de ello en el expediente27.

De hecho, en el análisis efectuado en la sentencia C-420 de 2020 sobre el Decreto
806 del mismo año, la Corte Constitucional reconoció que una de las excepciones
frente al adelantamiento virtual de los procesos judiciales se presentaba justamente
cuando los sujetos procesales no contaran con los medios tecnológicos para cumplir
con las cargas allí establecidas, como lo sería la de asistir, a través de una
plataforma o software, a la audiencia de pacto de cumplimiento.

Y aunque ya no estemos en el contexto de la pandemia de COVID-19, época en la
que se dictó la aludida sentencia C-420, lo cierto es que, en eventos como este, en
el que se alega la imposibilidad de realizar una actuación judicial específica
mediante las TIC, afectando el acceso a la administración de justicia, es procedente
aplicar el criterio sentado por la Corte Constitucional, según el cual «[c]orresponderá
al juez, en cada caso en concreto, como director del proceso, (i) verificar las
condiciones particulares de acceso de quienes acuden a la administración de
justicia, y, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, (ii) determinar si el
proceso debe adelantarse de manera virtual o presencial»28.

Criterio que pasó por alto el Tribunal accionado, dado que se habría limitado a
constatar que en la audiencia de pacto de cumplimiento no se practicaban pruebas,
sin detenerse a reflexionar sobre la viabilidad de tramitar el proceso presencial o
virtualmente —lo cual, desde luego, incluye las audiencias—, a partir de las
condiciones de accesibilidad al sistema judicial del grupo étnico demandante.

27 «ARTÍCULO 1. OBJETO. Esta ley tiene por objeto adoptar como legislación permanente las
normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020 con el fin de implementar el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los
procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia,
jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como las
actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los
procesos arbitrales.

Adicionalmente, y sin perjuicio de la garantía de atención presencial en los despachos judiciales,
salvo casos de fuerza mayor, pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia
con el uso de las herramientas tecnológicas e informáticas como forma de acceso a la administración
de justicia.

El acceso a la administración de justicia a través de herramientas tecnológicas e informáticas debe
respetar el derecho a la igualdad, por lo cual las mismas serán aplicables cuando las autoridades
judiciales y los sujetos procesales y profesionales del derecho dispongan de los medios tecnológicos
idóneos para acceder de forma digital, no pudiendo, so pena de su uso, omitir la atención presencial
en los despachos judiciales cuando el usuario del servicio lo requiera y brindando especiales
medidas a la población en condición de vulnerabilidad o en sitios del territorio donde no se disponga
de conectividad por su condición geográfica.

PARÁGRAFO 1o. Los sujetos procesales y la autoridad judicial competente deberán
manifestar las razones por las cuales no pueden realizar una actuación judicial específica a
través de las tecnologías de la información y las comunicaciones de lo cual se dejará
constancia en el expediente y se realizará de manera presencial». (Subrayas y negrillas propias).
(…).
28 Sentencia C-420 de 2020. M.P. (e) Richard Steve Ramírez Grisales.

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De otra parte, conviene recordar que las comunidades indígenas se han visto
históricamente enfrentadas a conductas discriminatorias y excluyentes 29, lo cual, de
cierto modo, ha impedido que ejerzan a plenitud sus derechos, con mayor razón si
se considera que, por cuenta de la imposición de una visión del mundo
mayoritariamente aceptada y del acceso restringido a instancias de decisión, han
visto debilitadas sus prácticas culturales, sociales y espirituales.

Es por ello que en paralelo con la obligación estatal de proteger la diversidad étnica
y cultural de estas comunidades está la de garantizar su acceso a la justicia en
condiciones de igualdad30, mandato superior que la Corte Constitucional quiso
destacar en la sentencia C-420 de 2020, al señalar que incluso en el denominado
derecho blando o soft law31 se incorporan reglas que «invitan al aprovechamiento
de los avances tecnológicos para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de
las personas en situación de pobreza, las comunidades indígenas, las personas en
situación de discapacidad, entre otros», mas no para convertirse en una barrera
para lograr la efectividad de sus derechos, como ocurrió en este caso, por la
negativa de la autoridad judicial accionada a analizar rigurosamente la posibilidad
de realizar audiencias presenciales, en el marco del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos, a pesar de que la parcialidad étnica
demandante informó que carece de conocimientos y medios tecnológicos para
asistir virtualmente.

El hecho de que el Tribunal Administrativo del Cesar hubiera negado realizar las
audiencias presenciales, sin razonar sobre las dificultades de acceso a las
tecnologías de la información y las comunicaciones que puso de presente la
Comunidad Ikarwa, desconoce que la justicia debe ser accesible para todos, sin
discriminación alguna y sin que se impongan obstáculos o barreras
desproporcionadas.

29 Ver, entre otras, las sentencias T-172-2020, T-046 de 2021, T-372 de 2021 y T-445 de 2022. En

esta última providencia, la Corte Constitucional sostuvo:

109. Asimismo, es de recordar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido a los
pueblos indígenas como sujetos de especial protección constitucional. Esto en razón de “la
existencia de patrones históricos de discriminación aún no superados frente a los pueblos y
las personas indígenas; la presencia de una cultura mayoritaria que amenaza con la
desaparición de sus costumbres, su percepción sobre el desarrollo y la economía y, en
términos amplios, su modo de vida buena (lo que suele denominarse cosmovisión); y la
especial afectación que el conflicto armado del país ha significado para las comunidades
indígenas, principalmente por el interés de las partes en conflicto de apoderarse o utilizar
estratégicamente sus territorios, situación que adquiere particular gravedad, en virtud de la
reconocida relación entre territorio y cultura, propia de las comunidades aborígenes”.
30 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada

por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, constituye un referente internacional
importante en esta materia, especialmente por lo establecido en su artículo 40, según el cual «[l]os
pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos
y controversias con los Estados u otras partes».
31 La Corte Constitucional se refirió específicamente a las «“100 Reglas de Brasilia sobre acceso a

la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, cuyo fin es garantizar condiciones de
acceso efectivo a la justicia, sin discriminación alguna, para el pleno goce de los servicios del sistema
judicial».

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Las anteriores consideraciones cobran mayor relevancia, si se tiene en cuenta que
el Estado colombiano, al ratificar los tratados internacionales a los que se hizo
referencia en el anterior acápite, adquirió unos compromisos y deberes especiales
frente a los grupos étnicamente diferenciados, que lo obligan a evitar eventuales
discriminaciones y a desarrollar acciones tendientes a que les garanticen el goce
efectivo de todos los derechos constitucionales, individuales y colectivos, en
igualdad de condiciones.

Esta Subsección considera que el Tribunal Administrativo del Cesar debió adelantar
un estudio que considerara la identidad cultural, las costumbres y las tradiciones
culturales de los integrantes de la comunidad indígena, máxime si en la solicitud de
realización de la audiencia presencial, le indicaron expresamente que se requería
la presencia física en el lugar del representante de la comunidad para realizar el
debido acompañamiento legal e integral, que comprenda, entre otros, el lenguaje
de defensa occidental y «desde la cosmovisión propia, incluyendo personas
Mayores de la comunidad».

No sobra recordar que uno los derechos que la Constitución32 y la jurisprudencia33
le han reconocido a este tipo de comunidades es la garantía a la autodeterminación
o de autogobierno de conformidad con sus tradiciones y valores culturales propios,
lo cual implica el derecho que tienen a determinar sus propias instituciones jurídicas
y a administrar justicia en su territorio de acuerdo con sus propias normas y
procedimientos. Garantías de esta naturaleza permiten el respeto a las diferencias
culturales. Es más, la propia Corte Constitucional ha reconocido que el derecho
propio de cada comunidad «debe concebirse como un sistema jurídico particular e
independiente, no como una forma incipiente del derecho occidental o mayoritario»,
para lo cual no es necesario que este tipo de comunidades adopten las formas
procesales o los estándares de juzgamientos de la sociedad mayoritaria34.

En esas condiciones, resulta claro para la Sala que la Comunidad demandante
acudió ante un sistema de justicia que es ajeno a sus costumbres y tradiciones, con
el fin de obtener la protección al derecho colectivo al goce de un ambiente sano,
que consideró amenazado con ocasión de la ejecución del proyecto hidroeléctrico
Los Besotes. Para tal efecto, según afirmaron, hubo una preparación espiritual y se
siguieron los procedimientos que internamente tienen establecidos, los cuales
«exigen presencialidad por la práctica de las costumbres en el desarrollo de la
audiencia».

32 Artículo 246.
33 Corte Constitucional. Sentencia T-445 de 2022.
34 Corte Constitucional. Sentencia T-387 de 2020.

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Lo anterior no significa que se deban desconocer las normas procedimentales que
rigen los procesos ordinarios o constitucionales cuando uno de los sujetos
procesales sea una comunidad étnicamente diferenciada; lo que echa de menos la
Sala es que el Tribunal Administrativo del Cesar no verificó ni estudió las
circunstancias especiales puestas a su consideración, para establecer si había lugar
a adoptar medidas positivas encaminadas a garantizar esa protección constitucional
especial de la comunidad indígena demandante, tendiente a disminuir las barreras
tecnológicas y de lenguaje, y que respetara la cultura y los usos y costumbres que
la caracterizan.

Máxime si, como quedó reseñado líneas atrás, el parágrafo 1° del artículo 1° de la
Ley 2213 de 2022, establece la posibilidad para realizar las actuaciones procesales
en forma presencial, cuando no sea posible realizarlo a través de medios virtuales,
como ocurre en el presente caso. De hecho, el mismo Convenio 169 de la OIT en
su artículo 8 dispuso que, al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados,
deberían tomarse en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario,
situación que no ocurrió en el presente asunto, toda vez que el tribunal demandado
hizo caso omiso a lo dispuesto por la legislación nacional y a los instrumentos
internacionales.

Aún más, siendo la audiencia de pacto de cumplimiento un escenario de
interlocución, fundamentalmente dialogante, que impone al juez el deber de
escuchar las opiniones de las partes respecto del contenido de la demanda popular,
resulta cuando menos insólito que la corporación judicial accionada se hubiera
empeñado en llevarla a cabo virtualmente, a sabiendas de que la parcialidad
indígena demandante acusaba dificultades de conectividad, tanto por falta de
conocimiento como por cuestiones de acceso al servicio de internet, para luego
lamentarse por la ausencia del actor popular en dicha diligencia, porque la postura
asumida por el DNP permitía llegar a un acuerdo. Textualmente, así lo expresó el
magistrado ponente en la audiencia del 16 julio de 2024:

IV.- PROPUESTAS DE PACTO DE CUMPLIMIENTO.–

El despacho advierte con pesar que la ausencia del actor popular en esta
audiencia impide la realización de un pacto porque las circunstancias
procesales como se avizoran en este momento permitían perfilar la realización
de un pacto, habida cuenta, salvo que haya otra información que no conozca
en este momento, el Departamento Nacional de Planeación había allegado con
destino a este proceso un documento donde informa de la liquidación y
terminación del contrato sobre el que versa la acción popular y adicionalmente
advierte el Tribunal que se han proferido dos sentencias por parte de este
Tribunal que disponen la protección del Río Guatapurí; una de primera instancia
proferida en el año 2022 que fuera apelada, pero que ya fue resuelto ese
recurso por parte del Consejo de Estado, básicamente confirmando las
decisiones que se adoptaron para la protección de los derechos colectivos y
orientadas a la protección y recuperación del Río Guatapurí. Y otra dictada por
este despacho judicial también, con ponencia de este magistrado, en la que

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Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

también se dispuso la protección del Río Guatapurí desde su nacimiento hasta
su desembocadura, protegiendo también los derechos relacionados con el
medio ambiente y los derechos ecológicos. Esa sentencia del Tribunal también
se encuentra ejecutoriada por no haberse interpuesto recursos de apelación.

En este caso estaban dadas las circunstancias propias para haberse perfilado
un pacto de cumplimiento, pero como se advierte la ausencia del actor popular,
impide acoger esta atapa del proceso, por lo tanto, se declara fallido el pacto
de cumplimiento, decisión que queda notificada en estrados35.

No resulta desproporcionado, entonces, que, tras estudiar seriamente las
circunstancias especiales alegadas en el proceso popular, el Tribunal Administrativo
del Cesar realizara la audiencia especial de pacto de cumplimiento en forma
presencial, tal y como lo solicitó la comunidad demandante. Ciertamente, la
autoridad judicial accionada, con el fin de garantizar el acceso efectivo a la
administración de justicia, debió adoptar las acciones positivas encaminadas a
promover la plena efectividad de los derechos de la parte actora, respetando su
identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones.

En conclusión, como el Tribunal Administrativo del Cesar se abstuvo de analizar la
solicitud consistente en llevar a cabo de forma presencial las audiencias en el
proceso de protección a los derechos e intereses colectivos 20001-23-33-000-2022-
00303-00, con el rigor que exigía la situación particular señalada por el actor popular
en sus diferentes intervenciones, quien advirtió que se trataba de un grupo étnico
con dificultades de conectividad, la Sala amparará los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la diversidad étnica y
cultural de la comunidad indígena Ikarwa.

Como consecuencia de lo anterior, y para que el amparo tenga efectos prácticos,
se dejarán sin efectos las siguientes decisiones adoptadas por el Tribunal
Administrativo del Cesar: (i) el auto del 4 de julio de 2024, por el cual negó la solicitud
de realizar de manera presencial la audiencia especial prevista en el artículo 27
(pacto de cumplimiento) de la Ley 472 de 1998; (ii) las providencias dictadas en
desarrollo de la audiencia especial del 16 de julio de 2024, (iii) las providencias
proferidas en desarrollo de la audiencia de pruebas del 12 de agosto de 2024.

También se ordenará a la autoridad judicial accionada que, en el término de diez
(10) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, se pronuncie
nuevamente frente a la solicitud de adelantar presencialmente la audiencia especial,
que fue presentada el 25 de junio de 2024 por el señor Adalberto Torres Izquierdo,
de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente providencia.

35 Texto extraído del Acta 002 de la audiencia especial del artículo 27 de la Ley 472 de 1998 (pacto

de cumplimiento). Archivo con certificado D070E67E64D01A9E 68012CE64C878803
DC204F0ACBA7A556 54F094589041E022, visible en el índice 00011 del expediente de tutela
cargado en el aplicativo Samai.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04198-00
Demandante: Comunidad Indígena Ikarwa
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la identidad étnica y cultural de la Comunidad
Indígena Ikarwa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Como consecuencia, (i) se deja sin efectos el auto del 4 de julio de 2024; (ii) las
providencias dictadas en desarrollo de la audiencia especial del 16 de julio de 2024;
(iii) las providencias proferidas en desarrollo de la audiencia de pruebas del 12 de
agosto de 2024, en el proceso de protección a los derechos e intereses colectivos
radicado con el número 20001-23-33-000-2022-00303-00, y (iv) se ordena al
Tribunal Administrativo del Cesar que, en el término de diez (10) días, contado a
partir de la notificación de la presente providencia, emita un nuevo pronunciamiento
respecto de la solicitud de realizar de manera presencial la audiencia especial
prevista en el artículo 27 (pacto de cumplimiento) de la Ley 472 de 1998, presentada
el 25 de junio de 2024 por el señor Adalberto Torres Izquierdo, de conformidad con
lo razonado en las consideraciones de este fallo.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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