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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01008-01

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01008-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, por los motivos señalados. Como consecuencia, queda separado del conocimiento de esta acción de tutela. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2025-01008-01 Accionante: Edgar Fernando Guzmán Robles Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de 20 de marzo de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, para en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01008-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

30 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta (30) mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01008-01
Accionante: Edgar Fernando Guzmán Robles
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – MODIFICA /
Improcedencia – Relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 20 de marzo de 2025, por el Consejo de Estado – Sección
Cuarta, mediante la cual se declaró carencia de objeto por hecho sobreviniente.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 31 de febrero de 2025, el señor Edgar Fernando Guzmán Robles instauró
acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Quinta, con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad
jurídica y legalidad. Consideró que dichas prerrogativas fueron vulneradas con la
expedición de los autos de 5 de agosto, 24 de septiembre, 29 de octubre y 28 de
noviembre de 2024, dictados al interior del proceso de nulidad electoral1 que
promovió contra el señor Renson de Jesús Martínez Prado, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto de elección, por el cual se le declaró gobernador de
Arauca para el período 2024-2027.

2.
Por auto de 5 de agosto de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado fijó el
litigio delimitándolo a los siguientes puntos: rompimiento de la cadena de custodia
del material electoral, indebida incineración de votos, existencia de más votos que
votantes, diferencias injustificadas en los formularios E-14 y E-24, violación del
derecho al debido proceso, indebido trámite de reclamaciones y denuncias, no
implementación del sistema de biometría y, diferencias entre preconteo y escrutinio.
Así mismo, incorporó al expediente los documentos aportados con los escritos de
demanda y contestación y negó otros, adicionalmente corrió traslado para alegar.

1 Radicado 11001-03-28-000-2024-00016-00 y 11001-03-28-000-2024-00018-00 (acumulado). La otra demanda

la presentó el partido Centro Democrático.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01008-01
Accionante: Edgar Fernando Guzmán Robles
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3. Contra la decisión que fijó el litigio el señor Guzmán Robles interpuso recurso de
reposición con el fin de que se incluyera un punto adicional, relativo a “la ilegalidad
en las mesas donde fue descargada y cargada la información de los E-14 pasada la
media noche del día de las elecciones”, y se decretara el testimonio del señor Jorge
Humberto Nieto Ortiz, que estaba relacionado con el mismo tema, así como una
prueba pericial.

4. Por auto de 24 de septiembre de 2024 el Consejo de Estado – Sección Quinta
resolvió no reponer la decisión reprochada y adoptó otras decisiones sobre aspectos
diferentes al aquí discutido.

5.El accionante presentó recurso de súplica contra la anterior decisión, reiterando
su solicitud probatoria y la adición del referido punto en la fijación del litigio.

6. Por auto de 29 de octubre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
rechazó por improcedente dicho recurso, en lo relativo a la fijación del litigio conforme
lo establecido en el numeral 3 del artículo 243A del CPACA, pero dio curso al mismo
respecto a la objeción probatoria, con fundamento en el literal d) del artículo 246
ibidem.

7.Finalmente, por auto de 28 de noviembre de 2024, la consejera Gloria María
Gómez resolvió el recurso de súplica interpuesto por el señor Guzmán Robles,
confirmando la decisión de no acceder a la solicitud probatoria, en la medida en que
estaba relacionada con un aspecto que no se incluyó en la fijación del litigio.

8.La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
yerros:

9.
Defecto fáctico, en tanto la Sección Quinta del Consejo de Estado, rebasando el
texto de la norma constitucional, negó la valoración de las pruebas aportadas, pese
a cumplirse con todos los requisitos formales para que aquellas fueran decretadas y
consideradas al momento de emitir sentencia. Afirmó que en los autos reprochados
se fueron desestimando de manera gradual las pruebas solicitadas y aportadas en
la demanda, para finalmente desconocerse por no haberse incluido en la fijación del
litigio el punto solicitado.

10. Adicionó que la accionada desconoció la importancia de las pruebas frente al

proceso, a pesar de que contiene una relación con el cargo de los “formularios E-14
delegados” donde se encuentran las 18 mesas rurales que fueron descargadas y
posteriormente cargadas pasada la media noche.

11. Defecto procedimental absoluto, toda vez que la autoridad judicial accionada

cercenó la posibilidad de ejercer el derecho al debido proceso y acceso a la
administración al no decretar las pruebas necesarias en el proceso, desconociendo
las formas del juicio.

12. Por otro lado, al haber fijado el litigio como acto discrecional se desconocieron los

hechos planteados en la demanda y las pretensiones perseguidas, obviando lo
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01008-01
Accionante: Edgar Fernando Guzmán Robles
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

reglado en los artículos 281 y 372 del CGP y, el artículo 180 numeral 7 del CPACA.
Adicionó que en el proceso al haberse considerado los elementos para dictar
sentencia anticipada se omitió la audiencia inicial y con ello la fijación del litigio y el
debate sobre las pruebas.

13. “Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial”, por
desconocer lo establecido en el CGP y en el CPACA, en lo relativo a la fijación del
litigio y el decreto de prueba, ya que contraría las oportunidades y derechos que
como parte le garantizaban el debido proceso. Citó de forma extensa la sentencia de
28 de febrero de 2019, radicado 11001-03-28-000-2018-0035, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

14. Por último, manifestó que se vulneraron los principios a la seguridad jurídica y a

la igualdad, al aplicar la normatividad de una manera diferente a como se ha venido
dando de tiempo atrás y de manera pacífica.

B. Sentencia de primera instancia

15.
En fallo de 20 de marzo de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
la carencia actual de objeto por configurarse una situación sobreviniente. Primero
sostuvo que para el momento en que se presentó la acción de tutela -21 de febrero
de 2025-, se desatendió el carácter residual y subsidiario de este mecanismo de
protección constitucional de derechos fundamentales, en tanto el proceso de nulidad
electoral se encontraba en curso.

16.
Sin perjuicio de lo anterior, el aplicativo SAMAI da cuenta de que el pasado 13 de
marzo la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de única instancia
en el medio de control de nulidad electoral, cuya notificación electrónica se surtió el
mismo día. En tal sentido, se configuró una carencia actual de objeto por acaecer
una situación sobreviniente, que hace inocuo emitir algún pronunciamiento, pues la
situación que justificó la presentación de la solicitud de amparo dejó de existir.

C. La impugnación

17.
La parte accionante cuestionó la consideración del juez constitucional de primera
instancia relativa a que con la acción de tutela se pretende remplazar mecanismos
ordinarios propios del proceso, cuando lo cierto es que agotó todos los recursos a su
disposición, aunado a que se trata de un proceso electoral de única instancia, lo que
le impide que un superior analice las decisiones adoptadas.

18.
Manifestó que resultaba paradójico que el a quo manifestara que por estar el
proceso en curso no había lugar a la acción constitucional contra los autos dictados
en su interior, y que a su vez declarara carencia de objeto, por el hecho que el 13 de
marzo de 2025 se dictó sentencia. Indicó que no entendió si la negativa al estudio
fue por haberse presentado la acción en un proceso que se encontraba en curso, o
porque se profirió sentencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01008-01
Accionante: Edgar Fernando Guzmán Robles
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

19.
Por otra parte, arguyó que la acción de tutela fue presentada el 21 de febrero de
2025 y fallada el 20 de marzo siguiente, pero el Decreto 2591 de 1991 en su artículo
29 consagra que dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud el
juez dictará fallo. Concluyó que por las anteriores razones la Sección Cuarta del
Consejo de Estado desconoció el contenido y los argumentos presentados en la
acción de tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Cuestión previa: manifestación de impedimento

20.
A través de escrito del 28 de mayo de 2025 el consejero Fernando Alexei Pardo
Flórez manifestó estar incurso en la causal de impedimento contenida en el numeral
5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, para lo cual indicó lo siguiente:

<< (…) la Sección Quinta de esta Corporación profirió sentencia el 13 de marzo
del año en curso en la que negó “la nulidad del formulario E-26 GOB del 6 de
noviembre de 2023, por el cual la Comisión Escrutadora Departamental declaró la
elección del señor Renson de Jesús Martínez Prada como gobernador de Arauca,
para el período 2024-2027”; ponencia que fue presentada por el magistrado Omar
Joaquín Barreto Suárez con quien mantengo una amistad estrecha desde hace
ocho años aproximadamente dado que hemos compartido innumerables espacios
académicos y personales, fruto de los cuales: (i) conozco de manera cercana a su
familia (esposa e hijo) y él a la mía, (ii) nos acompañamos en momentos
significativos de nuestras vidas (logros e infortunios personales), (iii) mantenemos
una comunicación abierta, (iv) nos visitamos frecuentemente, incluso en nuestras
viviendas y (v) guardamos un profundo respeto mutuo.>>

21. Revisado el escrito de tutela y los documentos allegados a este trámite
constitucional, se constata que el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en efecto, fue ponente en el proceso en el
que se profirieron las providencias cuestionadas y suscribió la mayoría de ellas.
Además, el magistrado Pardo Flórez explicó de forma clara y concreta que desde
hace 8 años mantiene con aquel una amistad íntima, que se exterioriza en
situaciones como el hecho de conocer de manera cercana a su familia, haberse
acompañado en diferentes momentos de sus vidas, la constante comunicación entre
ambos y las visitas frecuentes en sus hogares, todo lo cual los lleva a guardarse un
profundo respeto mutuo. Lo anterior permite concluir que su imparcialidad puede
verse afectada para decidir la acción de tutela de la referencia, por lo que se
declarará fundado el impedimento manifestado.

E. Competencia

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01008-01
Accionante: Edgar Fernando Guzmán Robles
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

22.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.

F. Análisis del caso concreto

23. La Sala anticipa que modificará la decisión de primera instancia, para en su lugar

declarar improcedente el amparo solicitado, al no encontrar acreditado el requisito
de relevancia constitucional. Como se pasa a explicar, no se comparte lo expuesto
por el a quo respecto al presupuesto de subsidiariedad y la configuración de una
carencia actual de objeto por una situación sobreviniente.

24. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la subsidiariedad debe
considerarse a partir de dos circunstancias. La primera, si el proceso judicial ha
terminado y, la segunda, si aún se encuentra en curso. En el último caso, la
competencia del juez de tutela es aún más restringida, pues la acción de tutela no
puede convertirse en un mecanismo alternativo o paralelo para resolver los
problemas jurídicos o desavenencias que por naturaleza deben resolverse al interior
de los procesos judiciales.

25. Lo anterior no implica una restricción absoluta al ejercicio de la acción de tutela

contra providencias previas a la sentencia, máxime cuando se ejercen los
mecanismos ordinarios y, a pesar de ello, la parte accionante considera que lo
resuelto por la autoridad judicial comporta una vulneración de los derechos
fundamentales invocados, respecto a lo cual no se volverá en un estudio posterior.
Una postura en ese sentido contraviene lo dicho por esta Sala en otros casos en los
que se ha pretendido cuestionar la sentencia a partir de situaciones procesales que
no se concretaron en la misma, sino en etapas previas que no fueron oportunamente
debatidas.

26. Tampoco se estima que la adopción de la sentencia determine la carencia de

objeto por acaecer una situación sobreviniente, pues la jurisprudencia ha establecido
que esta figura tiene lugar cuando la vulneración alegada cesa o, porque se presentó
una nueva situación -ajena a la autoridad- que hace innecesario conceder el amparo.
Es decir, para que se configure la situación sobreviniente, es necesario que (i) ocurra
una variación en los hechos que originaron la acción; (ii) que dicha variación implique
la pérdida de interés del accionante en que se acceda a sus pretensiones, o; (iii) que
estas no se puedan satisfacer3.

27. Así,en el presente caso, no cesó la vulneración alegada, pues los autos
cuestionados han seguido surtiendo efectos, al punto que con base en ellos se dictó
fallo de única instancia y, si la presunta vulneración de los derechos hubiera
terminado, aquello no se dio por circunstancias ajenas a la voluntad de la entidad
accionada.

.2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3 Sentencias T-431 de 2019, T-379 de 2018, T-107 de 2018, T-149 de 2018, T-025 de 2019, T-038 de 2019,

entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01008-01
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

28. Además, el hecho de haberse dictado sentencia no varía los hechos que
originaron el mecanismo constitucional, y si los proveídos cuestionados lesionan los
derechos fundamentales invocados pueden ser dejados sin efectos. Vale mencionar
que, ante un eventual amparo, el juez constitucional tiene la potestad de adoptar las
medidas que considere pertinentes, con el objeto de materializar la salvaguarda de
las garantías superiores quebrantadas. Entre estas medidas se cuenta incluso la
posibilidad de retrotraer actuaciones judiciales posteriores a la decisión censurada4.

29. Aunado a eso, con el recurso de impugnación es claro que el actor no ha perdido

el interés en que se acceda a sus pretensiones, ya que las mismas hasta la fecha
aún pueden ser satisfechas.

30. Pese a lo anterior, como se adelantó, esta Sala de Subsección estima que el

asunto no supera el requisito general de relevancia constitucional, debido a que la
parte actora pretende reabrir el debate zanjado en forma razonable por la autoridad
judicial, relativo a la fijación del litigio y el decreto de una prueba testimonial.

31. Al revisar los distintos autos emitidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado

al interior del proceso de nulidad electoral, se constata que en aquellos se explicó
los motivos por los cuales no se podía acceder a lo solicitado; lo cual se dio de forma
razonada, debidamente motivada y ajustada a derecho.

32. Así, se tiene que en relación con la petición de la prueba testimonial de Jorge

Humberto Nieto Ortiz para que expusiera sobre los documentos denominados
“proyección técnica pdf, informe de cargue de información y documento diferencias
entre el preconteo y el escrutinio”, los cuales fueron elaborados en el marco del
resultado de las elecciones del 29 de octubre de 2023 en el departamento de Arauca,
y sobre “el cargue y descargue” de información del formulario E-14, en la respectiva
plataforma administrada por la RNEC; en el proveído de 5 de agosto de 2024 se
indicó que la prueba era innecesaria, toda vez que para establecer si existían
diferencias injustificadas entre los formularios electorales E-14 claveros, preconteo y
E-24, no se requería de la misma, por cuanto la comparación de los referidos
documentos estaba a cargo del juez.

33. Por otro lado, en el auto de 24 de septiembre de 2024 en el que se resolvió el

recurso de reposición contra el anterior proveído, la autoridad judicial accionada
expresó que el recurrente solicitó que se incluya dentro de la fijación del litigio la
“posible ilegalidad de las mesas donde fue cargada la información de los E-14
pasada la media noche del día de las elecciones”. Frente a ello, explicó que en la
fijación del litigio se delimitó el reproche por las diferencias injustificadas en los
formularios E-14 y E-24, en las zonas, puestos y mesas señalados; por lo que los
aspectos relacionados con el proceso de ingresar la información en la plataforma no
guardaban relación con la controversia, pues lo que correspondía determinar era si
existió una variación en el diligenciamiento de los formularios y si esta encontraba
una justificación por parte de la comisión escrutadora en la correspondiente acta

4 Así como lo efectuó esta Sala en sentencia de 13 de septiembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-

04198-00, C. P. María Adriana Marín.
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general de escrutinio o, en caso contrario, por el juez electoral luego de advertir
alguna circunstancia particular y concreta que hubiera originado el cambio. Además,
de establecer la incidencia de esa posible irregularidad en el resultado electoral.

34. Este es el punto central de la controversia, pues además de que en esa
providencia concluyó la discusión relativa a la fijación del litigio y se definió no incluir
el punto solicitado, esa decisión determinó la relativa al asunto probatorio, en tanto
la autoridad judicial consideró que tampoco había lugar al decreto de la prueba
testimonial del señor Jorge Humberto Nieto Ortiz, que estaba ligada a aquel aspecto.

35. Para la Sala lo expuesto en la referida decisión no se antoja arbitrario, pues se

sustenta en una postura razonable sobre los elementos fácticos que tiene que
considerar el juez electoral en este tipo de litigios. En tal sentido se advierte que más
que la exclusión caprichosa de un asunto de relevancia en la controversia,
corresponde a una delimitación sobre los aspectos cardinales, que ameritan
discusión.

36. En consideración del consejero ponente de la Sección Quinta del Consejo de

Estado, en lo que atiende a los formularios E-14 y E-24, el punto determinante para
establecer si había lugar a declarar o no la nulidad electoral, estaba dado por las
inconsistencias que se advirtieran en los datos consignados en los mismos, más allá
de las incidencias señaladas por el accionante. La explicación se advierte razonable,
pues el juez natural centra su atención en definir si se presentan discrepancias entre
el acta de escrutinio de los jurados de votación (E-14) y el cuadro de resultados que
que utilizan las comisiones escrutadoras (E-24), a efectos de establecer si las
eventuales diferencias tenían una justificación válida y, de considerarse irregular,
evaluar la incidencia de ello en el resultado de la elección.

37. El accionante no explica en qué medida esa consideración, y en concreto, el

ejercicio de delimitación de la controversia está por fuera de los límites de la
razonabilidad, pues de cara a la normativa electoral no presenta razones que
evidencien que esa determinación comporta que se deje de abordar un asunto con
una incidencia en la decisión que habrá de adoptarse respecto a las pretensiones de
nulidad electoral.

38. En cuanto a las otras decisiones objetadas, en auto de 29 de octubre de 2024, la

accionada indicó que lo relativo a la fijación del litigio fue objeto del recurso de
reposición, decidido mediante el auto del 24 de septiembre anterior. Por
consiguiente, el recurso de súplica interpuesto respecto de esa providencia resultaba
manifiestamente improcedente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del
artículo 243A del CPACA.

39. Por último, en el auto de 28 de noviembre de 2024, se negó la súplica en relación

con el testimonio del señor Jorge Humberto Nieto Ortiz, al estimar la entidad judicial
accionada que lo que pretendía probar el demandante con ese testigo no era una
cuestión sobre la cual debía realizarse algún pronunciamiento por estar excluido del

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Accionante: Edgar Fernando Guzmán Robles
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

litigio el cargo, por lo que dicho elemento de juicio perdió su sustento y no resultaba
ser pertinente, su decreto y práctica en el proceso.

40. Esadecisión final, con la que se cerró la discusión sobre la prueba, es
consecuente con lo definido respecto a la fijación del litigio, de ahí que tampoco se
pueda predicar arbitrariedad en la misma.

41.
Conforme lo anterior, para esta Sala de Subsección es evidente que la accionada
ya analizó en los distintos autos cuestionados los asuntos traídos a colación de
nuevo por el señor Edgar Fernando Guzmán Robles -fijación del litigio y prueba
testimonial-; sin que se advierta un estudio caprichoso o carente de fundamento.

42. Además, se resalta que fue esa instancia judicial la que tuvo a su cargo valorar

los elementos de hecho y de derecho que se sometieron a su consideración, así
como las solicitudes probatorias, y confrontarlas con la normativa aplicable al asunto;
sin que ahora quepa prolongar el debate sobre los mismos, pues la acción de tutela
es mecanismo principal, no complementario al del medio control ordinario y, no tiene
por fin revisar las bases del debate judicial, para definir como instancia final la
interpretación del tema realizada por el juez natural.

43. Del mismo modo, la parte actora tampoco fue clara en explicar cómo ni de qué

forma se lesionaron los derechos fundamentales traídos a colación a través de este
mecanismo constitucional; máxime cuando, como se vio, a lo largo del asunto
siempre se le explicó con suficiencia los motivos por los cuales no era dable acceder
a lo pedido. En consonancia con lo anterior, la Sala advierte que las decisiones
cuestionadas en esta sede encuentran claro sustento en el principio de libre
valoración judicial, independencia y autonomía del juez.

44. De ahí que verificado que el malestar que se formula contra la providencia judicial

es por el análisis realizado por la accionada, esto, con el fin de que el juez de tutela
reevalúe la postura finalmente adoptada por el fallador natural de la causa, ningún
espacio cabe para el juez constitucional

45.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala MODIFICARÁ la sentencia de 20 de marzo
de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, para en su lugar
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

46.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado
Fernando Alexei Pardo Flórez, por los motivos señalados. Como consecuencia,
queda separado del conocimiento de esta acción de tutela.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01008-01
Accionante: Edgar Fernando Guzmán Robles
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de 20 de marzo de 2025 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Cuarta, para en su lugar DECLARAR
IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

5 VF

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